La mayoría de los equipos de la Premier League apoyaron la campaña el fin de semana. 

03 de diciembre. Escrito por Chantelle Billson

El capitán del Ipswich Town, Sam Morsy, decidió no llevar un brazalete de arcoíris LGBTQ+ en apoyo a la comunidad debido a sus creencias religiosas, según confirmó su club.

Durante el fin de semana, todos los equipos de la Premier League participaron en la campaña Rainbow Laces de Stonewall, que ha demostrado haber mejorado las actitudes de los seguidores de los deportes hacia la comunidad LGBTQ+.

Como parte de la campaña, los capitanes de los equipos llevaron un brazalete de arcoíris. Morsy, que lideró a los Tractor Boys durante su derrota por 1-0 ante el Nottingham Forest, fue el único de los 20 capitanes que no lo hizo.

“El Ipswich Town Football Club se compromete a ser un club totalmente inclusivo que dé la bienvenida a todos”, decía un comunicado oficial. “Apoyamos con orgullo la campaña Rainbow Laces de la Premier League y apoyamos a la comunidad LGBTQ+ en la promoción de la igualdad y la aceptación”.

“Al mismo tiempo, respetamos la decisión de nuestro capitán Sam Morsy, que ha optado por no llevar el brazalete de capitán arcoíris debido a sus creencias religiosas. Seguiremos fomentando un entorno en el que todos sean valorados y respetados, tanto dentro como fuera del campo”.

Morsy juega como centrocampista defensivo en el Ipswich Town. Nacido en Wolverhampton, también juega para la selección nacional de Egipto en competiciones internacionales.

El año pasado, el organismo rector de la FIFA prohibió a los futbolistas que llevaran brazaletes arcoíris en la Women’s World Cup (Copa Mundial Femenina) de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, algunos jugadores encontraron formas sutiles de mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El brazalete también generó controversia durante el Mundial masculino de Qatar el año anterior, cuando varias selecciones nacionales planearon usarlo, pero se echaron atrás tras recibir amenazas de fuertes sanciones por parte de la FIFA.

Fuente PinkNews

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La encuesta la realizó la Defensoría del Pueblo y muestra que no están garantizados el acceso a la salud, la educación, el empleo y la vivienda.

Fuente Agencia Presentes

2 de diciembre de 2024

Leny C. Chuquimia Ch.
Edición: Ana Fornaro

La igualdad ante la ley es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y justa. Sin embargo, para muchas personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género en Bolivia, este ideal sigue siendo una promesa lejana. A pesar de algunos avances legales y sociales, las desigualdades persisten en áreas clave. El acceso a la salud, la educación, el empleo y la vivienda no está garantizada, lo que perpetúa las condiciones de vulnerabilidad y exclusión.

Así lo muestran los resultados de la Primera Encuesta Virtual para la población LGTBIQ+ de Bolivia. Los datos del informe son contundentes. Más del 60% de las personas encuestadas señalaron haber enfrentado discriminación en algún momento de su vida. Esto abarca desde agresiones verbales y físicas, hasta exclusión laboral, educativa y social.

Entre los resultados también se evidencia como el acceso a una vivienda digna se ve limitado. Y es que muchas personas LGBTI se enfrentan a prejuicios tanto al intentar alquilar como al adquirir propiedades.

Pedro Francisco Callisaya, Defensor del Pueblo de Bolivia, enfatizó que la desigualdad no es solo un problema jurídico, sino también cultural y estructural.

“El principio de igualdad ante la ley no debe tener excepciones ni exclusiones”, afirmó.

¿Cuántas personas LGTBIQ+ se registraron?

La encuesta, realizada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), fue aplicada en 2022 y los resultados presentados en 2023. Las personas participantes alcanzaron a 4.054 en los nueve departamentos de Bolivia.

Cerca del 77% de los encuestados se concentraron en el eje troncal del país. El departamento de Santa Cruz fue el mayor, con 1.255 registros (31%), concentró la mayor cantidad de registros. Le sigue La Paz con 1.201 registros (29,6%) y Cochabamba con 672 registros (16,6%).

En el resto de los departamentos la distribución fue la siguiente: Tarija con 239 registros (5,9%), Oruro con 169 registros (4,2%), Chuquisaca con 166 registros (4,1%), Beni con 155 registros (3,8%), Potosí con 113 registros (2,8%) y Pando con 84 registros (2,1%).

Sin acceso a la salud y víctimas de discriminación

Según esta encuesta el 33% de la población participante no cuenta con ningún tipo de cobertura en salud. En este caso, las poblaciones más desprotegidas son las personas disidentes sexuales, las mujeres trans y trans femeninas.

Asimismo, el 65% de quienes respondieron a la encuesta señaló desconocer sobre cómo acceder al Sistema Único de Salud (SUS). Así como los requisitos y el procedimiento para adscribirse. “Estos son datos muy importantes. Demuestran la necesidad de tomar acciones en el tema salud. Fundamentalmente porque el 65% de las personas encuestadas carece de información de los requisitos (para adscribirse al SUS). Eso sin entrar en el tema de que el servicio salud pueda o no tener los servicios requeridos”, manifestó Callisaya.

Asimismo, el 53% de las personas participantes señalaron haber sido víctima de algún hecho de discriminación durante el último año y que solamente el 4% realizaron denuncia, siendo la Policía Boliviana (41%) y la Defensoría del Pueblo (19%), las instancias donde se acude con más ocurrencia. También se acude al Ministerio Público (15%) y al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación (14%).

Del total de personas que indicaron haber denunciado el hecho de discriminación, el 73% señaló que su denuncia continúa en trámite o no se tienen resultados. El 23% de estas denuncias concluyeron con sanción para la persona denunciada en tanto que un 4% indicó que la denuncia concluyó en un acuerdo, teniendo un 1% de registros que señalaron no tener ningún resultado.

Sólo el 25% tiene un trabajo formal

Gabriela Blas, representante del colectivo Wiñay Wara, reflexionó sobre los resultados de la Encuesta Virtual. “Me ha parecido súper necesario porque refleja todo lo que está pasando actualmente”, señaló.

Para Gabriela, uno de los puntos críticos es la falta de énfasis en las condiciones laborales formales de las personas LGBTI. Afirma que aunque muchos recurren al emprendeudurismo como forma de subsistencia, pocos tienen acceso a empleos con beneficios como seguridad social y jubilación. Esto no solo afecta su presente, sino que también condena a la precariedad a las personas mayores de la diversidad sexual.

“Las personas adultas mayores de la diversidad sexual están en una situación de desprotección mucho mayor incluso que las personas heterosexuales. Muchas veces no tienen un círculo de apoyo, como hijos o familiares, debido al rechazo que han enfrentado durante toda su vida”, explicó.

La información recolectada por la Encuesta Virtual establece que el 72% de la población participante se encontraba realizando alguna actividad que le representaba una remuneración económica. El 35%, es decir un tercio, viven con menos de la mitad del salario mínimo nacional, mientras que un 24% señaló percibir de 1.000 a 2.000 bolivianos.

Si bien el porcentaje de los empleados o con alguna actividad que le representa ingresos es alta, esto puede arrojar un falso positivo. Y es que, de acuerdo al informe defensorial, el nivel de ingresos al que accede la población LGTBIQ+, difícilmente puede procurarse, para sí o sus familias, el acceso a educación, la salud, vivienda y la alimentación.

Según el informe, solo el 25% de las personas LGBTI encuestadas tiene acceso a empleos formales con seguridad social. La informalidad laboral prevalece, lo que perpetúa ciclos de exclusión.

Asimismo, París Galán, secretaría de Asuntos Políticos del colectivo TLGB de Bolivia, añade que esta precariedad afecta especialmente a las mujeres trans, quienes enfrentan mayores índices de exclusión laboral y estigmatización. La discriminación en los espacios de trabajo, combinada con la falta de políticas inclusivas, limita gravemente sus posibilidades de desarrollo personal.

Una encuesta incompleta 

“El acceso a la vivienda, el impacto del consumo de sustancias en jóvenes LGBTI y la salud mental son problemas que afectan gravemente a nuestra población y merecen mayor atención”, subrayó París.

Lamentó que los resultados y el informe defensorial de los mismos, sea uno más de los varios que ya se han hecho. “Es decir, este es un informe de una institución muy seria, como el Defensor del Pueblo, pero revela los mismos datos de estudios, sondeos y encuestas que han hecho las mismas organizaciones. El colectivo TLGB de Bolivia, por ejemplo, ha hecho un sondeo muy parecido en los albores de la pandemia del año 2020”.

Además, cuestionó la muestra limitada del estudio, que incluyó a solo 4.000 personas. Sostuvo que una encuesta más amplia habría arrojado datos más precisos y reveladores.

Para Blas, es interesante que en La Paz, capital política del país,  se haya llegado a los 1.200 registros, también observa que estos deberían ampliarse en el futuro con una mayor difusión. Indicó que las diferentes organizaciones jugaron un papel importante porque fueron pasando las encuestas a sus integrantes.

“Hay que considerar que es bien pequeñito el porcentaje de personas que son parte de las organizaciones, es algo mínimo en comparación de las personas de la diversidad sexual que no son parte y que muchas veces, incluso no viven de manera pública su orientación sexual o identidad de género”, finalizó.

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El concepto de dignidad humana indica el valor de la persona humana como tal. Por esta razón, la dignidad de la persona representa la base sustancial y ontológica de todos los derechos que tiene la persona humana y la finalidad por la cual esos derechos deben ser reconocidos y protegidos.

Como subrayaba el gran jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde Bockenforde, la dignidad “pertenece al hombre independientemente de sus características específicas, signos distintivos o capacidades existentes; pertenece únicamente al ser hombre, cualquiera que sea la etapa de ese ser hombre… Y la dignidad reconocida es válida tanto para cada hombre individual como para toda la humanidad: la fórmula “dignidad del hombre” abarca ambos, incluso la referencia a los hombres como género humano. Indica lo que se debe a cada hombre individual y al hombre como tal, es decir, una dignidad intangible, y cómo los hombres debemos tratarnos entre nosotros en base a esta dignidad y cómo el Estado debe tratar a los hombres, es decir, en el reconocimiento y respeto de esta dignidad“.

Parece claro, en este sentido, por qué el primer concepto que recuerda el preámbulo y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está específicamente dedicado a la dignidad de la persona, así como el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y por numerosas declaraciones internacionales y cartas constitucionales.

Por este motivo, establecer una jornada mundial de reflexión sobre la dignidad de la persona humana es una iniciativa oportuna y digna. Los días mundiales sobre los derechos humanos y las libertades individuales son de gran importancia para mantener la atención mundial sobre cuáles son las cuestiones jurídicas y sociales más importantes a nivel mundial. Lo que falta, sin embargo, es la valorización del sustrato común de todos estos contenidos: y el sustrato común es, precisamente, la dignidad de la persona humana.

Como tal, merece ser recordado por las Naciones Unidas como un previo lógico a las distintas jornadas de promoción y protección de los derechos y libertades, para dejar clara su matriz común, su raíz unitaria, que es su arraigo sustancial en el valor de la persona humana. Es necesario proporcionar pruebas tangibles de que todos los derechos y todas las libertades tienen su fundamento y su finalidad en el bien de la persona humana: sólo desde esta perspectiva pueden interpretarse y aplicarse los derechos y las libertades individuales de manera justa y coherente, de lo contrario vacían su alma.

Como todo valor auténtico, la dignidad de la persona humana tiene un carácter absoluto, innegociable, inaccesible a quien la posee.

Cada valor tiene una raíz objetiva, que es independiente de la voluntad de quienes lo poseen o de quienes lo afirman. Existe como tal, simplemente porque existen las condiciones para ello. El valor de la dignidad existe por el mero hecho de que una persona humana existe, independientemente de todas sus características y de todos sus merecimientos. Por este motivo debe considerarse un valor absoluto, que no nos puede ser quitado por ningún motivo.

Como dijo Giovanni Pico della Mirandola en la oración De hominis dignitate de 1486, el creador creó al hombre ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, para que pudiera moldearse a sí mismo, libre de degenerar en las cosas inferiores que son las bestias, o de ser capaz de regenerarse en cosas superiores que son divinas. Sin embargo, sigue siendo el depósito de semillas de toda vida, lo que establece su valor constante incluso cuando ha sido destruido.

Ni siquiera el comportamiento más reprobable priva a la persona de ese núcleo de valor que la caracteriza por el mero hecho de ser persona. Algunas de sus facultades pueden, y si es necesario deben, restringirse en caso de culpabilidad, pero nunca hasta el punto de negar el valor de la persona como tal. En efecto, la dignidad humana, como valor absoluto, es inviolable.

Como dijo Cesare Beccaria en su célebre obra Sobre los delitos y las penas de 1764, anticipando el contenido del actual artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «¿Quién no siente estremecerse todas las partes más sensibles al ver a un culpable despedazado por la tortura y los tratos inhumanos?». Y más adelante: «Si demuestro que la pena de muerte no es útil ni necesaria, habré ganado la causa de la humanidad». Hoy podríamos decir: la causa de la dignidad humana.  

Nacido con la persona, el valor de la dignidad no es fruto del trabajo, acción, trabajo, méritos,…, de la propia persona. Por tanto, este valor no se encuentra entre las cosas de las que la persona puede disponer. La dignidad es algo que nos caracteriza intrínseca e innatamente como seres humanos y que no podemos renunciar ni cambiar por otra cosa (en particular, con dinero).

Es particularmente importante reiterar este concepto hoy en día, donde el economicismo que aflige a nuestra sociedad en todo el mundo tiende a otorgar a cada aspecto de la vida un valor económico y, por lo tanto, comerciabilidad. El valor de la persona humana, su dignidad, no puede ser objeto de negocio económico.

Esta conclusión es sustancialmente compartida en su contenido esencial: pensemos en la esclavitud. Como comportamiento reconocido como profundamente perjudicial para la dignidad de la persona (art. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), nunca puede permitirse, incluso si, paradójicamente, la persona aceptó renunciar a su libertad a cambio de dinero. Además, no podemos dejar de señalar que hay áreas en las que aún hoy en algunos países se permite la disponibilidad del propio cuerpo o de funciones vitales para fines económicos.

La dignidad de la persona humana, en otras palabras, va unida a la verdad sobre el hombre. «Es a la luz de la dignidad de la persona humana -que hay que afirmar por sí misma- como la razón capta el valor moral específico de ciertos bienes, a los que la persona está naturalmente inclinada. Y puesto que la persona humana no es reducible a una libertad autodiseñada, sino que comporta una determinada estructura espiritual y corporal, la exigencia moral originaria de amar y respetar a la persona como fin y nunca como mero medio, implica también intrínsecamente el respeto de ciertos bienes fundamentales, sin los cuales se cae en el relativismo y en la arbitrariedad». «Sin embargo, es siempre de la verdad de donde deriva la dignidad de la conciencia» (Veritatis Splendor, 48, 63).

El propio Immanuel Kant, al afirmar que “la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana”, no pretende afirmar un principio libertario de autodeterminación, sino conectarse con la racionalidad intrínseca de la persona: “los seres racionales se llaman personas, porque su naturaleza ya los distingue como fines en sí mismos, es decir, como algo que no puede usarse simplemente como medio, y en consecuencia limita toda arbitrariedad (y es objeto de respeto)… En el reino de los fines todo tiene un precio o dignidad. Lo que tiene precio puede ser sustituido por otra cosa a modo de equivalente. Lo que en cambio no tiene precio, y por tanto no admite equivalente, tiene dignidad… Lo que constituye la condición bajo la cual, sólo, algo puede ser un fin en sí mismo, no tiene simplemente un valor relativo, es decir, un precio, sino un valor intrínseco, es decir, la dignidad” (Fundamento de la metafísica).

El valor como tal de la dignidad de la persona humana permanece incluso en la persona que sufre. El dolor y el sufrimiento no degradan a la persona humana, al contrario, a menudo refuerzan su valor.

“El sufrimiento contiene una llamada particular a la virtud, que el hombre debe ejercer por su parte. Y ésta es la virtud de la perseverancia para soportar lo que perturba y duele. Al hacerlo, el hombre libera la esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no le privará de la dignidad propia del hombre, unida a la conciencia del sentido de la vida” (Salvifici Doloris, 23).

La Jornada Mundial de los Derechos Humanos que celebramos hoy es también una oportunidad para llamarnos la atención, por ejemplo en nuestro continente europeo, del valor del ser humano, de cualquiera y de todo ser humano, como tal. Porque el fundamento de esos Derechos Humanos no es otro sino la dignidad de la persona humana.

Joseba Kamiruaga Mieza CMF

(Remitido por el autor)

General, Homofobia/ Transfobia. Democracia, Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, Dignidad humana

De su blog Homoprotestantes:

En octubre de 2004, hace ahora 20 años, el Consejo de Ministros español aprobó el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario que en junio de 2005 sería finamente aprobado por el Congreso de los Diputados. En aquellos meses de impás mi marido y yo —como la mayoría del colectivo lgtbiq+— temíamos que al final no tuviese nada de igualitario, y que el Partido Popular junto a los grupos de presión conservadores obligaran a José Luis Rodríguez Zapatero a rebajar sus pretensiones para dejarlo en aquello que había prometido dos años atrás en la revista Zero: «Matrimonio, sí. Adopción, ya veremos» —poniendo aún más dificultades a nuestra decisión de tener hijas, y a la de miles de familias lgtbiq+ que ya las tenían—. O, en el peor de los casos, se optara por crear una figura alternativa al matrimonio, una especie de apartheid para las familias lgtbiq+.

Tengo que reconocer que ese temor convivía con una especie de emoción por estar siendo no solo testigos sino también parte de esa transformación por una sociedad más justa. Estar del lado correcto, no solo de la historia sino también del evangelio, ese lado donde se busca la dignificación de los seres humanos —y no la protección de los privilegios de una parte— hace que los temores sean mucho más llevaderos y no te paralicen. Aunque, y eso no lo voy a negar, como protestantes también nos acompañó la decepción por ver cómo las instituciones evangélicas más relevantes, cometieron uno de los errores estratégicos más importantes de su historia reciente: tratar de reproducir la discriminación que durante años habían sufrido en carne propia, hacia el colectivo lgtbiq+. Hace ya 20 años de todo esto, pero creo que es importante que no se olvide el papel que jugaron algunas instituciones evangélicas en aquel momento.

El primer comunicado oficial de una iglesia evangélica española sobre homosexualidad lo realizó en febrero de 2004 el obispo Carlos Lozano de la Iglesia Evangélica Reformada Episcopal (IERE) en contra de la consagración del obispo episcopaliano abiertamente gay, Gene Robinson, donde aprovechaba para posicionarse contra el matrimonio igualitario con la misma rotundidad como ignorancia: «dos personas del mismo sexo nunca podrán complementarse». La inseguridad y la falta de visión del obispo de una iglesia en la que otras voces sí se estaban posicionando a favor del matrimonio igualitario y de la inclusión de las personas lgtbiq+ dentro de sus comunidades, le hizo acabar el comunicado identificando las demandas de derechos de las familias lgtbiq+ con los ataques «con los que la Iglesia de Dios ha sido atacada a lo largo de la historia», y animando a sus comunidades a centrarse en la buena noticia de que Dios ama a este mundo. Le faltó decir, a este mundo heteronormativo y patriarcal, pero supongo que en aquel momento no hacía falta, todo el mundo lo sobreentendía.

En octubre de 2004, con Pablo Martínez Vila como presidente y Jaume Llenas como secretario general, llegó el comunicado La homosexualidad: ley y moral de la Alianza Evangélica Española (AEE). En él defendían que «no existe un derecho civil al matrimonio homosexual, porque el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual», y mostraban su preocupación porque «una opción de vida desde la orientación homosexual se confunda cada vez más con un derecho humano fundamental». Que los hijos y sucesores de los evangélicos/protestantes que padecieron el franquismo utilizaran frases que bien podrían haber escrito sus antiguos opresores cambiando algunos términos: «no existe un derecho civil al matrimonio evangélico, porque el matrimonio es una institución religiosa esencialmente católica», o «una opción de vida desde cualquier secta evangélica no se puede confundir con un derecho humano fundamental», y que no fueran conscientes de ello, dejaron en evidencia la deriva sectaria en la que se habían embarcado.

En marzo de 2005 llegaría la declaración de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), una entidad creada para representar a las diversas iglesias evangélicas ante el Estado, no para imitar a la Conferencia Episcopal Católica marcando perfil en cuanto a las doctrinas y creencias válidas y no tan válidas de las iglesias evangélicas/protestantes que la constituyen. Desde la Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya les enviamos una carta antes de la reunión que dio lugar a dicha declaración —yo mismo firmé aquella carta— pidiendo que nos dejaran asistir y hablar a personas lgtbiq+ evangélicas/protestantes antes de que tomaran una decisión. Su respuesta fue el silencio. En realidad esa ha sido siempre la estrategia de la mayoría de iglesias evangélicas en España, invisibilizarnos, para luego crear una imagen sobre nosotras que no se corresponde con la realidad, sino con la que necesitan para proteger su visión fundamentalista de la Biblia.

El encabezado del comunicado comenzaba con la frase: «Declaración pidiendo protección del matrimonio heterosexual», tratando así de tergiversar la realidad, de manipularla, de hacer parecer las demandas de igualdad de los colectivos lgtbiq+ un ataque al resto de la sociedad. Después, entre otras demandas, pedían que las parejas de distinto sexo o las personas solas que querían adoptar, tuvieran prioridad legal a las parejas del mismo sexo. Mostrando así, no solo la más absoluta ignorancia sobre la diversidad de formas en las que las familias lgtbiq+ —y también no lgtbiq+— se constituyen,  sino su voluntad de que fuéramos legalmente discriminados, marcados como los últimos padres y madres que un niño, niña, o niñe necesita.

Cuando pensábamos que el comunicado anterior, firmado por Mariano Blazquez y José María Baena, sería el momento más vergonzoso y alejado del evangelio de la historia reciente de las iglesias evangélicas/protestantes en España, en abril de 2005 llegó el único comunicado conjunto de la historia de los representantes de la Conferencia Episcopal Española, FEREDE, la Federación de Comunidades Judías de España y el Vicario General en funciones y Deán de la Catedral Ortodoxa Griega en Madrid. Y el motivo para tan increíble suceso no fue pedir un salario justo para todos, exigir el final de una guerra, demandar una sanidad pública de calidad, posicionarse contra los delitos de odio, la xenofobia, o los asesinatos machistas,  ni siquiera para defender la libertad religiosa; sino para que no se aprobase la ley de matrimonio igualitario y se buscara otro tipo de unión que no pudiera afectar -es decir, que privilegiara- al matrimonio entre personas de distinto sexo.

Una de las cosas que más nos abrió los ojos a mi marido y a mí sobre los efectos de una religiosidad que se aleja de la realidad y del prójimo para tratar de parapetarse tras supuestas verdades que le dan seguridad, es que más allá de las siglas de instituciones como la IERE, AEE o FEREDE, está el nombre de personas que desde esas instituciones trataron de oponerse —y todavía hoy lo siguen haciendo— a los derechos de sus propios hijos, hermanas, padres… a los derechos de personas con las que han convivido y a las que conocen. Personas que hablaron de los homosexuales como si vivieran en otro mundo y fueran un peligro para la sociedad, cuando sabían que eran parte de sus comunidades y de sus propias familias —no entiendo cómo son capaces de mirarles a los ojos—. Cuando alguien es capaz de hacer algo semejante, creo que queda totalmente desacreditado como cristiano, y ya solo le queda recorrer el camino del arrepentimiento y la demanda de perdón a quienes han fallado.

El 1 de julio de 2005, dos días antes de que entrara en vigor la ley de matrimonio igualitario, llegó el comunicado de la Iglesia Evangélica Española (IEE) en el que valoraba como positiva la legalización por parte del Estado del matrimonio igualitario —al que se refería como «nuevas formas de convivencia basadas en relaciones de amor y fidelidad»—. Para nosotros, como para muchas otras personas de fe evangélica/protestante, aquel comunicado fue muy importante porque sentimos que en la lucha por los derechos de nuestras familias había otras personas con nuestra misma fe que nos acompañaban. En aquel comunicado la IEE se comprometía a impulsar un proceso de reflexión dentro de sus comunidades, que en solo diez años —un periodo tan breve para una iglesia como inasumible para una familia— haría posible la Declaración de Mamré de 2015 en contra de la discriminación y a favor de la apertura de sus comunidades a las personas homosexuales y sus familias. Aquello fue sin duda un acto de valentía, alejándose de las posiciones fundamentalistas que imperan en el movimiento evangélico español —que desde entonces han tratado de marginarla—, y una muestra de que es posible vivir el evangelio sin negar la realidad, abriéndose a la realidad del otro.

En diciembre de 2007 mi marido y yo nos casamos en la Església Evangélica de parla Alemanya de Barcelona. El pastor Enric Capó, de l’Església Protestante Barcelona-Centre, ofició nuestra boda. Desde entonces, otras parejas evangélicas/protestantes lgtbiq+ se han casado en diferentes iglesias evangélicas del Estado, sobre todo iglesias de la IEE —pero también de otras denominaciones— a pesar de que FEREDE mantiene su —nada evangélica, lgtbiqfóbica, y opino que ilegal— amenaza de expulsar a las pastoras y pastores que casen a personas del mismo sexo. Quizás ya es hora de que otras iglesias den el paso —pienso por ejemplo en la IERE— y se abran por fin a la inclusión, al reconocimiento y a la bendición del amor entre personas lgtbiq+. No es imposible, solo hace falta valentía, o mejor dicho, solo hace falta estar a la altura del evangelio. Negar la bendición del matrimonio a una pareja del mismo sexo, es negar la bendición a toda la comunidad a la que estas personas pertenecen. Porque bendecir el matrimonio de una pareja del mismo —o diferente sexo— es una bendición que alcanza a toda la comunidad.

Carlos Osma

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Un proyecto de ley busca prohibir el cambio de género en menores de edad. Alba Rueda escribe sobre cómo el gobierno y los grandes medios abonan el terreno para tirar abajo la ley de identidad de género, modelo en el mundo en materia de derechos humanos.

Fuente Agencia Presentes

21 de noviembre de 2024
Alba Rueda
Edición: Ana Fornaro

Hace meses desde el activismo venimos advirtiendo que el gobierno de Javier Milei y sus aliados de extrema derecha estaban armando el escenario para atacar la Ley de Identidad de Género. Lamentablemente ayer se confirmó esta afrenta. El diputado Álvaro Martínez de La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el cambio registral a menores de edad. Modificaría así la ley de identidad de Género 26.743. símbolo de democracia diversa que reconoce derechos a todes.

En las últimas semanas, funcionarios argentinos publicaron en sus redes mensajes anti  LGBTIQ+ y antitrans. Esto se suma al ataque sistemático del gobierno a la diversidad desde su asunción. El detonante fue un congreso sobre infancias trans organizado de forma autogestiva por La Casita Trans, una asociación civil cordobesa que trabaja por los derechos de las niñeces y juventudes trans y no binarias.

El primero en reaccionar fue el legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Publicó un mensaje en la red social X, donde compartía el flyer de la actividad diciendo que era una “atrocidad”.

Recordemos que hasta aquí, el reconocimiento de niñes trans o NB es un derecho que se desarrolla bajo las normativas nacionales y tratados internacionales con estatus constitucional. Así lo establece la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos. Y se resguarda el libre desarrollo personal, y por sobre todes, resguardar el interés superior del niño, y la no discriminación.

El otro congreso

Pero el ataque de nervios de Marra no es aislado. Unos días más tarde, el 7 de noviembre, la Dirección de Atención Ciudadana – una Dirección que trabaja con las organizaciones sociales, perfilando los reclamos útiles a la gestión de turno- organizó el II Seminario llamado “Género e Identidad: el problema de la sexualización infantil”. Allí  la periodista Claudia Peiró convocó a la organización Manada: mamás y papás de niños adolescentes con “disforia de género de inicio acelerado”. Este Seminario tuvo la misma posición transfoba que Marra sobre niñes y adolescentes pero con matices de patologización.

Uno de los ejes de este seminario fue promover “la detección temprana de disforia de género acelerada y el derecho de los menores y sus padres en el contexto de la ley de identidad de género” y el otro es una acusación de “adoctrinamiento” por la Ley de Educación Sexual Integral.

La organización hace tiempo desarrolla una crítica a la ley de Identidad de Género.  Busca prohibirla para todes les niñes en virtud de una mirada patologizadora sobre las infancias y adolescencias trans. En Manada trabajan con “familias rotas por la ideología de género”, “rescatando a sus hijos de estas locuras”, vinculando a los padres de niñes trans con terapias de conversión. Dan cuenta que cuentan con “detransicionadores” de la identidad de género, y pautas para los padres: “reconocer sus errores”, “poner nuevos límites” y “respetar el nombre que pusieron a sus hijos al nacer”; “luego empiezan las mejorías”, prometen.

La ESI, otra enemiga

La interpretación de estos papis es que sus hijos son víctimas de una exigencia social sobre estereotipos, especialmente para las niñas, crecer y tener un cuerpo desarrollado incomoda a sus hijas, entonces usan ropa holgada, se cortan el pelo del mismo modo. Esta sensibilidad a la violencia, más “traumas”, más los animé, los lleva a “ablaciones corporales” llega a decir Patricia Galarza, integrante de Manada.

En una pobre oratoria, frente al asentimiento y aplausos de la vicepresidenta Villarruel, también se ocuparon de acusar la ley de la Educación Sexual integral. Una polémica que llegó a los grandes medios de comunicación cuando grandes medios de comunicación señalaron que había libros con contenido pornográfico e hipersexualizado distribuidos por la ESI de la Provincia de Buenos Aires.

Sileoni aclaró en una discusión con el periodista Eduardo Feinmann que no son pornográficos, que son para leer y acompañar con adultos, que no se les entrega a los niños sino a las bibliotecas de las escuelas y es bibliografía complementaria a docentes. Y además aclara: “la escuela no niega la diferencia entre el hombre y la mujer, no enseña prácticas sexuales, no alienta la homosexualidad o la transexualidad, no enseña a abortar. Te acepta como vos, en eso es mejor que la sociedad. No discrimina, no los persigue, no los mete en cana”. Al final, Feinmann coincide con lo que el II Seminario busca decir: “¿no es mejor dejar esto a los padres?”.

Armado político y mediático

Sin salir del eje de la Identidad de Género, volvemos a Córdoba unos días más parte por una sentencia del 31 de octubre pero que llegó a los medios de comunicación nacionales hace unos días. Se trata de una persona que a fines de 2016 quedó detenida en Bouwer por violencia de género hacia su ex compañera. En 2018, cambió su género y sexo registral, motivo por el que fue trasladada al área de mujeres de la cárcel de Bouwer fue nuevamente imputada por ejercer violencia, amenazas, y abuso sexual hace una de sus compañeras detenidas.

Esta noticia provocó la reacción de la vicepresidenta Villarruel. A través de su cuenta de X señaló: «Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo». Sin mención del Seminario “Género e Identidad: el problema de la sexualización infantil” no se entiende la mezcolanza de temas vinculados a la identidad de género que expresa.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, compartió una nota de Infobae y dijo que va a combatir la “ideología de género” que “sexualiza a los niños“. De esta manera desinforma y estigmatiza a las diversidades. pic.twitter.com/VPkjnqJ5mb

— @presenteslatam.bsky.social (@PresentesLatam) November 12, 2024

Y por su parte Milei también en X aprovecha y repostea a alguien que dice:  «Un abusador con condena dijo que se percibía mujer para ir a una cárcel de mujeres y terminó violando a compañeras de celda. Un logro del feminismo”.

Esta semana, el diario La Nación, publicó también una noticia de un jefe narco que habría pedido cambiar su identidad de género en la cárcel.

De esta manera se estigmatiza a las personas trans a partir de casos puntuales y también se presenta a la ley de identidad de género como una herramienta para uso delincuencial y no por lo que es: un instrumento para garantizar el derecho humano a la identidad.

El contexto desde la asunción de Milei

El gobierno argentino viene atacando a la población LGBTIQ+ desde que asumió. A partir de los discursos y sus políticas.

Ejemplos: el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre virtual del INADI, la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, la prohibición de pasar contenidos culturales sobre diversidad sexual, la representación en el exterior de la política LGBTIQ+, los despidos por cupo trans, la falta reducción mínima o nula de las leyes de ESI y Micaela y la total clausura de las políticas con perspectiva de género y diversidad, aunque subsistan áreas que brindan atención a las violencias basadas en el género, aunque todas reducidas en personal, recursos y atendiendo casi exclusivamente a personas cis.

El traslado al Congreso de la Nación de esta agenda antiderechos tampoco es sorpresa o novedad a esta altura del año. Desde el inicio, el mileinismo  intentó acordar con los partidos de centroderecha para lograr la gobernabilidad en Diputados y en el Senado.

Pero también en el Congreso vimos el constante coqueteo de LLA con los genocidas desde el inicio. Lastimosamente este año tuvo un capítulo de impunidad a los diputados asesorados por genocidas, sin más reproches de quienes tienen convicciones sobre los Derechos Humanos y el rol de nuestra sociedad en la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia.

Este punto también hay que problematizar porque este año pudimos ver que amplios sectores de la sociedad argentina se sienten cómodo con los recortes, los chantajes -si no quitamos derechos a algunos, entonces no hay plata para otros-. y las medidas revanchistas, mirando con indiferencia un gobierno que lleva la pobreza a más del 50% y quienes vivimos en áreas urbanas vemos dolorosamente la indigencia escondida bajo la alfombra macrista de la ciudad.

Falsa libertad

El anarcocapitalismo de Milei no busca la libertad sino la redistribución económica de un sector pequeño de la sociedad, destruyendo a otros sectores, como el cierre de algunos de los ministerios, las políticas públicas y sus trabajadorxs. Desarrolla esta posición desde el propio Estado, en la suma del poder que el voto democrático le da, le permite distribuir esos recursos a las áreas que benefician a los sectores más poderosos. Un ejemplo de esta redistribución es el aumento de presupuesto en la SIDE, que utiliza fondos sin declarar, permite investigar de manera interna, y gobernar con carpetazos. O bien, políticas como el RIGI, que benefician de manera directa a los grandes grupos de empresarios transnacionales sin que nada quede para el estado.

En política exterior en la Asamblea General de la OEA promovieron las terapias de conversión, se niegan a desarrollar la agenda 2030 con los objetivos para el desarrollo, votan sistemáticamente en contra de los derechos de las mujeres en toda su diversidad.

La persecución a la LIG

Respecto a lo que sigue me parece que los últimos meses fueron bastante elocuentes, especialmente respecto a la Ley de Identidad de Género. Por un lado, en términos de políticas públicas, el gobierno no envió los pliegos para la compra de hormonas para el próximo año, varias provincias están utilizando lo que tienen pero posiblemente sin las compras de nación no se cumplirá con el art 11 de acceso a la salud integral para el año 2025.

En la misma línea, las obras sociales ganaron en discrecionalidad debido a que su organismo de control estatal, la superintendencia de servicios de salud, dejó de tener dictámenes vinculados a la ley de Id de género para las O.S. Por lo que podemos esperar un mayo deterioro de las políticas públicas vinculadas a la diversidad.

Lamentablemente en el Congreso no estamos ni las feministas populares ni las trans defendiendo nuestros derechos. Seguramente senadorxs trans o diputades no solo estarían haciendo pedagogía con sus colegas sino que además eventos como el II Seminario no pasarían con la impunidad del silencio o la indiferencia. Y esto nos lleva a un planteo en torno a la política partidaria.

Un debate urgente

Hace tiempo que necesitamos un debate al interior de los partidos progresistas, porque el movimiento LGBTIQ+ no está en el congreso defendiendo nuestros derechos y la democracia argentina. Esto es problemático porque no podemos entrar y salir por interés electoral. No da lo mismo, a las personas cis hetero no se les juega la vitalidad o la urgencia. La impunidad de Milei y quienes votan con ellos es la ignorancia y la ausencia de los movimientos sociales en las instituciones democráticas.El espanto que siente Marra por el Congreso de Infancias Trans en Córdoba se desarticula cuando esta agrupación y otras sostienen un diálogo, una presencia, en las instituciones que representan a todo el pueblo.

Finalmente, las resistencias de los movimientos sociales, marcados por la época del tik tok, nos turnamos para la secuencia de eventos, actos y movilizaciones que buscan romper el aislamiento e indiferencia de los medios de comunicación. Las excepciones son sin duda: el movimiento estudiantil, la movilización de jubilades. Pero con muchas pérdidas de temas y agendas políticas, es decir de derechos, como el reclamo de recuperación de tierras que constitucionalmente están para las naciones originarias, medio ambiente, derechos de las personas con discapacidad, entre muchos temas vitales.

En todo este escenario, que es más florido, se desarrolla la democracia argentina y una pobre institucionalidad violentada por el gobierno, vulnerando derechos fundamentales. Un dato que llama la atención en la agenda libertaria es la repulsión que sienten por el ejercicio real de la libertad, entendida como un derecho fundamental para todes.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Homofobia/Transfobia, Javier Milei, La Libertad Avanza, Ley de Identidad de Género, Ramiro Marra

El año pasado se incautaron más de 170 relojes en 11 centros comerciales porque simbolizaban el Orgullo.

Por Mira Lazine Sábado, 30 de noviembre de 2024

Un tribunal de Malasia falló en contra del gobierno del país después de que el año pasado confiscara 172 relojes arcoíris porque simbolizaban la bandera del Orgullo. Malasia ahora debe devolver los relojes al fabricante de relojes, Swatch.

El juez del Tribunal Superior de Kuala Lumpur, Amarjeet Singh Serjit Singh, dictaminó que Malasia carecía de una orden judicial para confiscar los relojes y que la incautación era ilegal porque se aprobó una ley que prohibía la venta de los relojes después del hecho.

Las tiendas Swatch fueron allanadas en mayo de 2023, pero no se prohibió la venta de los relojes hasta agosto de ese año. Por tanto, Swatch no cometió ningún delito a los ojos del tribunal.

Los relojes fueron confiscados porque presentaban “elementos LGBT“. La homosexualidad es ilegal en el país y puede dar lugar a penas de hasta 20 años de prisión.

El ministro del Interior de Malasia, Saifuddin Nasution Ismail, dijo que el gobierno y su equipo legal tendrán que “examinar la base de la sentencia” antes de dar una indicación sobre si apelarían la sentencia. Ismail añadió que “deben respetar la decisión, o de lo contrario se consideraría un desacato al tribunal”.

Swatch argumentó en 2023 que el producto “no era de ninguna manera capaz de causar ninguna alteración del orden público o la moralidad o ninguna violación de la ley”. Argumentaron que la incautación perjudicó significativamente su negocio y que la bandera del Orgullo es un “símbolo de humanidad que habla por todos los géneros y razas”.

No se concedió ninguna indemnización por daños y perjuicios en el caso, sin embargo, la empresa puede presentar una demanda por daños y perjuicios más adelante si se descubre que los relojes han sufrido algún tipo de daño.

Se incautaron más de 170 relojes en 11 centros comerciales de todo el país durante un período de tres días. También se advirtió a cinco establecimientos por tener en stock estos relojes.

Las fuerzas del orden alegaron que los relojes tenían la inscripción “LGBTQ”.

Un entorno difícil para las personas LGTBIQ+. 

Varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la increíblemente arcaica visión de Malasia sobre los derechos de las personas LGBTQ+.

Actualmente, el país encarcela a las personas abiertamente LGBTQ+, además de impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la transición de género.

Según una encuesta de Ipsos en 2021, Malasia es uno de los peores países en cuanto a la opinión pública sobre las personas LGBTQ+. En total, el 65% de los ciudadanos malayos cree que no se debe permitir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio ni obtener ningún tipo de reconocimiento legal, como la unión civil. Por el contrario, sólo un 8% dijo que apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El país no sólo castiga la homosexualidad con la cárcel, sino que apoya activamente los centros de terapia de conversión con financiación del gobierno. Un informe de Human Rights Watch reveló que el gobierno de Malasia financia retiros de terapia de conversión sancionados por el Estado, cuyo objetivo es “rehabilitar” a las personas LGBTQ+. A pesar de que estas instituciones afirman que la orientación sexual puede cambiarse, las identidades LGBTQ+ no pueden curarse, ya que no son enfermedades, ni tampoco enfermedades mentales.

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. El pasado 2023 se supo que el gobierno de Malasia podría ampliar los casos en los que se juzguen delitos según la sharia. En noviembre de 2022, detenían a 20 personas LGTB+ durante la fiesta de Halloween por ser  “Culpables de travestirse y fomentar el vicio”

Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían en septiembre de 2018 seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Y en 2019, el ministro de turismo Datuk Mohamaddin bin Ketapi  afirmaba en un evento en Alemania, que “No hay gays en Malasia”.

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año 2017, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de 2018 nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual. En 2021, una mujer trans enfrenta años de prisión por usar ropa de mujer .

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año 2017 conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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La única sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas pide que se recuse al juez de la causa. Revictimización e irregularidades en la investigación.

Fuente Agencia Presentes

5 de diciembre de 2024
Maby Sosa
Ariel Gutraich
Edición: María Eugenia Ludueña

BUENOS AIRES, Argentina. La querella que representa a Sofía Riglos Castro, sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas, pidió la recusación del juez Edmundo Rabbione, al frente de la causa. El pedido se conoció una semana antes de cumplirse 7 meses del brutal ataque contra Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Riglos Castro.

Se fundamenta en una constante revictimización de Sofía durante el proceso judicial y el incumplimiento de la debida diligencia reforzada. En el comunicado difundido desde la querella que la representa -firmado por Luli Sánchez y el equipo del colectivo Yo no fui- también se destaca que, a pesar de las recomendaciones por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 7, el juez no aplicó la perspectiva de género y desestimó la violencia contra lesbianas. Tampoco realizó las medidas de prueba que solicitaron Sofía y otras querellas.

Manifestación frente del hotel donde se cometió el triple lesbicidio.
Foto: Ariel Gutraich.

El pedido de la misma justicia al juez

Dos jueces de la sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones pidieron al juez Rabbione que aborde el caso con perspectiva de género, pero no fue tomado en cuenta. Uno de ellos es el juez de Cámara Esteban Cicciaro quien señaló la debida diligencia del Estado en hechos como el que concita la atención del Tribunal. Por su parte, el juez de Cámara Ricardo Matías Pinto recordó que en la Argentina “rige la obligación de debida diligencia asumida por el Estado tanto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) como en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará) y la ley de protección integral a las mujeres (número 26.485)».

Pinto expresa que la investigación deber ser examinada «con perspectiva de género, de acuerdo con los compromisos asumidos por nuestro país para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer». En el pedido plantea que deben garantizarse «procedimientos legales eficaces». Ello implica «aplicar la debida diligencia por parte de los órganos estatales para investigar y juzgar estos episodios con los máximos esfuerzos”. Pero estas pautas no fueron tomadas en cuenta por el juez.

Cómo revictimizar

Entre las irregularidades que denuncian desde la querella, expresan que el juez “propició el despojo a Sofía de sus pertenencias”. Mientras las víctimas estaban hospitalizadas, entregó sus pertenencias a los vecinos del hotel.

“Como resultado, los documentos, teléfonos, recuerdos que se habían salvado del fuego y el agua, se tiraron a la basura, y se sustrajeron los celulares de las víctimas”, se indica entre los fundamentos de la presentación. Este hecho se sumó al sufrimiento y aportó a profundizar la situación traumática que había vivido Sofía.

Además, destacan que a pesar de que se aportaron pruebas del vínculo amoroso y la convivencia con Andrea, el juez desconoció los derechos de Sofía como su pareja. De ese modo, impidió que sea querellante representando también a Amarante. En ese sentido, la recusación da cuenta de la ausencia de los familiares de Andrea en el proceso penal. Al no reconocerla como pareja, impide que Sofía represente los intereses de ambas en el juicio.

El cuarto de hotel donde fueron atacadas las cuatro mujeres.
Foto: Ariel Gutraich.

Violencia por ser lesbianas

Durante el proceso judicial, Sofía Riglos Castro aportó también pruebas de haber sufrido violencia verbal, física y sexual por ser lesbiana. Probó que se desestimaron las diversas denuncias y reclamos frente a esas agresiones. Detalló que esas agresiones tenían su origen en su convivencia lesbiana cuando se usaban los espacios comunes.

“El juez desconoce los intereses y derechos de Sofía Castro Riglos como sobreviviente, violando la ley de derechos de las víctimas 27.372. Quiere quitarle el derecho a participar del proceso ampliamente y a ser asistida por equipos especializados, no convocó a la Unidad Fiscal de Investigación de Femicidios (UFEM) ni a la Dirección de Orientación a las Víctimas (DOVIC)”, se lee en la presentación.

Sin protocolos en violencia por motivos de género

La “falta de debida diligencia”, que es trascendente en los procesos de investigación en casos de violencia por motivos de género, es otro de los motivos de la recusación. “El juez no puso en marcha los protocolos adecuados para investigar femicidios. No preservó el lugar del hecho para medidas posteriores y no tomó recaudos básicos para cualquier homicidio”, denuncia el comunicado.

Desde la querella explican que esta decisión afectó a la posibilidad de realizar medidas de pruebas posteriores. “No hay filmaciones del lugar, los croquis no están completos ni a escala. Tampoco preservó los celulares o ropas de las víctimas para peritajes”, enumera la querella. Y continúa señalando que no se secuestró la ropa de Barrientos en el momento del ataque ni tomó muestra de sus manos para determinar el uso del combustible. No hubo allanamiento de la habitación para determinar el uso de combustibles, celulares u otros elementos de interés. Actualmente, vive en ese lugar otra persona y se desconoce dónde están las pertenencias del agresor.

A siete meses del ataque, el juez no tomó declaración a las vecinas que expresaron que el ataque a las mujeres fue por ser lesbianas. “Esto es prejuzgar, porque descarta que haya sido un lesbicidio, antes de hacer las medidas de prueba y cuando hay indicios, los elude”, dice el comunicado.

Irregularidades en la investigación

Entre otras irregularidades, detallan que a pesar de que la policía identificó cámaras que podían ser útiles en el hotel, el juez no las secuestró. Ante el pedido de Sofía por esas filmaciones, expresó que se habían perdido por el paso del tiempo. Tampoco se peritaron audios de llamadas al 911 de ese día ni las anteriores por los ataques meses antes.

A esta situación se suma, según denuncia el comunicado, que el juez no comparó la sangre encontrada en los baños del hotel con la del agresor ni con las víctimas. Tampoco pruebas de ADN sobre el cuerpo de las víctimas fatales.

“Desde el inicio de la causa y durante los 6 meses de investigación, las omisiones en el debido proceso, expresan la tendencia del juez Rabbione a no aplicar los criterios constitucionales y convencionales respecto de juzgar con perspectiva de género y enfoque diferenciado por la orientación sexual percibida de las víctimas, en detrimento de una investigación penal exhaustiva como dimensión del derecho de protección judicial y acceso a la justicia de Sofía”.

Fue crimen de odio

Sofía Castro Riglos es la única sobreviviente del ataque perpetrado por Justo Fernando Barrientos. La mujer fue atacada en el lugar donde estaban su pareja Andrea Amarante y Roxana y Pamela. Durante la madrugada del 6 de mayo, el lesbicida prendió fuego a la habitación y tras el ataque murieron tres de las mujeres, mientras que Sofía quedó con vida, pero con graves secuelas.

De acuerdo a lo que denuncian, a lo largo de los seis meses que se realiza la investigación, hubo “constante sospecha, despojos y falta de reconocimiento del juez hacia ella, su identidad y su vínculo con Andrea, y la comunidad lesbiana que formaba con Pamela y Roxana”, expresan. “El proceso que debiera ser reparador para la única sobreviviente de este Lesbicidio atroz, le genera más daño”, agrega. Además, la víctima y querellante teme que tras la falta de investigación Barrientos sea liberado.

El miércoles 6 de noviembre al cumplirse seis meses del ataque se instaló una placa y se realizó un festival para homenajear a Pamela, Roxana y Andrea.

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Amarante, Argentina, Barracas, Delitos de Odio, Edmundo Rabbione, Justo Fernando Barrientos, Lesbianas, Lesbicidio, Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Sofía Riglos Castro

 Tim Pool, (imagen de su perfil en X)

Sus comentarios demuestran que no sabe nada ni de la Constitución ni de la Biblia.

Por Daniel Villarreal miércoles 27 de noviembre de 2024

Tim Pool, un locutor anti-LGBTQ+ que apoya a Trump y a quien el gobierno ruso le pagó para llevar propaganda y desinformación rusas a las audiencias estadounidenses, ha afirmado que las enmiendas cuarta, quinta y sexta de la Constitución de los Estados Unidos se derivaron todas de la historia bíblica de Sodoma y Gomorra.

En la historia bíblica, Dios hace llover fuego del infierno sobre las dos ciudades de Sodoma y Gomorra por su injusticia y falta de hospitalidad después de que la gente del pueblo amenazara con dañar a dos de los mensajeros angelicales de Dios. Los fundamentalistas cristianos anti-LGBTQ+ dicen repetidamente que las ciudades fueron destruidas por tolerar la homosexualidad, pero esa es una lectura estrecha de toda la historia.

De todos modos, en una transmisión reciente con Milo Yiannopoulos, un troll de derecha ex gay que fue repudiado en gran medida por los conservadores después de decir que estaba personalmente agradecido de que un sacerdote abusara sexualmente de él cuando era niño porque eso lo hacía bueno en el sexo oral, Pool argumentó que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana.

Durante su argumento, Pool dijo: “¿Sabe por qué los Padres Fundadores crearon la cuarta, quinta y sexta [enmiendas]? Es la historia de Sodoma y Gomorra. Es literalmente como la palabra hablada de los Padres Fundadores. Benjamín Franklin dijo: ‘Es mejor que 100 culpables escapen a que sufra un inocente’, lo que era un juego de palabras con la formulación de [el jurista británico William] Blackstone; es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra, que es literalmente la historia de Sodoma y Gomorra [donde Dios dijo] ‘Si existe una sola persona justa, no destruiré esta tierra’. Era literalmente la Biblia,por eso dijeron que deberíamos consagrar esto en la Constitución”.

El grupo de vigilancia del discurso de odio Right Wing Watch calificó los comentarios de Pool como “en gran medida incoherentes y desinformados”. Benjamin Franklin no tuvo nada que ver con la redacción de la Declaración de Derechos que se produjo alrededor de 1789. James Madison redactó las enmiendas basándose en las recomendaciones de otros estados de EE. UU. que estaban ratificando sus propios documentos fundacionales. La Declaración de Derechos enumeró en gran medida protecciones contra ciertas acciones tomadas contra los colonialistas estadounidenses por las fuerzas imperiales británicas.

La Cuarta Enmienda protege a los ciudadanos estadounidenses contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno. La Quinta Enmienda establece que nadie puede ser privado de “la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”. La Sexta Enmienda establece los derechos de los ciudadanos en los juicios judiciales. Ninguno de ellos tiene nada que ver con la mencionada historia bíblica.

Right Wing Watch escribió sobre el comentario de Pool: “Una de las características definitorias de los nacionalistas cristianos es su voluntad de tergiversar la historia, ya que una y otra vez  ellos difunden flagrantes falsedades en defensa de su ideología de derecha. A menudo, esto se debe a su propia ignorancia sobre la época de la fundación y la creación de la Constitución”.

Pool ha hecho numerosos comentarios anti-LGBTQ+ en el pasado. Afirmó que Dios usa huracanes para castigar a las drag queens por vestirse como monjas y que las personas queer son abusadores de niños responsables de sus propios asesinatos.

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Fuente LGTBQNation

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• 6 de cada 10 personas LGTBI+ vuelven al armario para regresar a sus casas estas fiestas.
• 4 de cada 10 han sufrido actos de odio en los últimos cinco años, mientras que una de cada tres se ha visto obligada a abandonar su hogar debido al rechazo.
• La campaña apela a la acción colectiva y al compromiso social e institucional, subrayando la urgencia de políticas públicas y efectivas que erradiquen el odio y la discriminación.

Madrid, 04/12/2024.–

 La Federación Estatal LGTBI+ lanza la campaña ‘El mejor premio es no vivirlo’, una iniciativa que busca sensibilizar sobre la dura realidad que enfrentan las personas LGTBI+ durante la Navidad. Aunque estas fechas suelen asociarse con alegría, reencuentros y calidez, para muchas personas del colectivo suponen una experiencia de miedo, rechazo y la necesidad de ocultar quienes son para protegerse en el lugar donde deberían sentirse más seguras: sus propios hogares.

El impacto del odio, en cifras

Los datos muestran una realidad desoladora e inaceptable. Según el informe Estado del Odio LGTBI+ 2023, seis de cada diez personas LGTBI+ vuelven al armario para regresar a casa por Navidad, una cifra que pone en evidencia el peso de los prejuicios y la discriminación, incluso dentro del ámbito familiar. Además, cuatro de cada diez personas del colectivo han sido víctimas de actos de odio en los últimos cinco años, mientras que una de cada tres se ha visto obligada a abandonar su hogar debido al rechazo, buscando refugio en amistades o parientes, según el estudio Estado Socioeconómico LGTBI+ 2023.

Para las generaciones más jóvenes, la realidad es igualmente preocupante: uno de cada cuatro estudiantes LGTBI+ sigue sufriendo acoso escolar por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, de acuerdo con el informe Estado de la Educación LGTBI+ 2024. En el ámbito laboral, la situación tampoco mejora, ya que una de cada diez personas LGTBI+ ha recibido un trato desigual en su lugar de trabajo, reflejo de una sociedad en la que el odio todavía encuentra espacio para manifestarse en múltiples formas.

«La Navidad, que debería ser una época de refugio y seguridad, se convierte para muchas personas en una vuelta al armario y un recordatorio de todo lo que queda por cambiar. No podemos seguir permitiendo que el miedo marque el rumbo de nuestras vidas, menos aún en el seno de nuestro entorno familiar y social. Frenar esta espiral de odio es una prioridad que debe implicar a toda la sociedad”, destaca Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

No es solo una cuestión de Estado

Desde hace años, la Federación trabaja, junto con otras entidades, en la implementación del Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, una medida esencial para erradicar el odio desde sus raíces. Sin embargo, esta campaña no solo busca visibilizar la urgencia de políticas públicas que enfrenten el problema, sino también promover un cambio social profundo. “El verdadero cambio requiere acción colectiva. El rechazo al odio no debe limitarse a los espacios institucionales, sino ser un compromiso asumido por toda la sociedad. La normalización del odio tiene consecuencias devastadoras, y solo erradicándolo podremos construir un mundo libre de miedo y discriminación”, añade Iglesias.

«El odio no surge de manera espontánea. Se alimenta de estereotipos, prejuicios y discursos que lo normalizan y que, en muchos casos, se convierten en la antesala de los delitos. Es urgente establecer medidas concretas y coordinadas para combatirlo, desde la educación hasta el ámbito legislativo, pasando por políticas públicas que protejan a los grupos más vulnerables. No podemos aceptar que, en pleno siglo XXI, sigamos permitiendo que el silencio que impone el miedo acalle las voces que hacen a nuestra sociedad más diversa y más libre.”, concluye Iglesias.

Spot completo aquí.

Más información en www.elmejorpremioesnovivirlo.org

Fuente FELGTBI+

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La ley se aplicará al menos en 15 países, principalmente en Europa.

Por Molly Sprayregen martes 26 de noviembre de 2024

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que prohíbe la adopción por parte de personas de países donde los cuidados que afirman el género son legales.

La ley fue aprobada por el parlamento a principios de este mes después de que la Duma Estatal (la cámara baja) aprobara la legislación por unanimidad. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, dijo que el proyecto de ley tenía como objetivo proteger a los niños que no pueden protegerse a sí mismos y calificó “la política de Occidente hacia los niños” como “destructiva”.

“Es necesario hacer todo lo posible para que las nuevas generaciones de nuestros ciudadanos crezcan orientadas hacia los valores familiares tradicionales”, escribió Volodin en una publicación de Telegram.

Los delegados de la Duma estatal señalaron que el proyecto de ley tiene como objetivo impedir que los miembros de la comunidad LGBTQ+ adopten niños rusos y que también prohíbe efectivamente la adopción por parte de ciudadanos de los estados miembros de la OTAN.

La ley se aplicará al menos en 15 países, principalmente en Europa, según CBS News (los estadounidenses tienen prohibido adoptar niños rusos desde 2012).

El proyecto de ley es sólo el último de la actual represión de Rusia contra los derechos LGBTQ+. En 2013, Putin firmó una ley que prohibía la llamada “propaganda” LGBTQ+ en presencia de minorías. Ese mismo año, firmó una ley que prohíbe la adopción de niños rusos por parejas extranjeras del mismo sexo cuya patria reconozca su unión como matrimonio, así como por personas solteras o parejas no casadas de esos países.

A finales de 2022, Putin firmó una nueva ley que amplía la definición del país de lo que constituye “propaganda” LGBTQ+ para incluir cualquier “promoción” de la homosexualidad en público, en línea o en los medios. La ley también prohíbe la “demostración” de homosexualidad a los niños. La ley de 2022 prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia.

En noviembre pasado, la Corte Suprema de Rusia declaró al “movimiento social LGBT internacional” una “organización extremista”, dando de hecho a las autoridades amplia libertad para arrestar y procesar a miembros de la comunidad LGBTQ+. En el año transcurrido desde el decreto del tribunal, ha habido múltiples redadas en bares LGBTQ+ y otros establecimientos en ciudades de toda Rusia, y varias personas han sido arrestadas y acusadas en virtud de las leyes anti-LGBTQ+ del país.

Putin firmó el proyecto de ley anti-trans el mismo día que también firmó una legislación para prohibir la difusión de “propaganda” que promueve no tener hijos.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños” de cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicaciónLGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

Obispos católicos de Rusia

Tampoco la Iglesia Católica se queda atrás en s7 homofobia… como respuesta a la declaración vaticana Fiducia Supplicans, los obispos católicos de Rusia respondieron considerando inaceptable la bendición de cualquier pareja en situación “irregular”… Los obispos católicos de Rusia manifestaron su rechazo absoluto a cualquier bendición de una pareja que viva en una situación “irregular”. En un comunicado publicado tras la reunión plenaria de su Conferencia Episcopal (CCER) del pasado marzo, los prelados salían al paso de los supuestos malentendidos provocados por la declaraciónFiducia Supplicans, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.  Los obispos católicos de Rusia no difieren respecto a los ortodoxos sobre la bendición de parejas que, según ellos,  vivan en pecado y rechazan el contenido de Fiducia Supplicans.

Dios los cría…

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Adopción, Afirmación de género, Personas LGTBIQ, Personas trans, Rusia, Vyacheslav Volodin

Los ugandeses han estado viviendo bajo una brutal ley contra la homosexualidad durante el año pasado.

Por Mira Lazine martes 26 de noviembre de 2024

La semana pasada, el Tribunal Superior de la División Civil de Uganda otorgó 40.000 dólares (el equivalente a 150 millones de chelines ugandeses) a 20 hombres que fueron torturados por la policía después de sus arrestos en 2020 por presunta homosexualidad.

“Afirman que en la mañana de dicha fecha su residencia fue invadida por una turba, entre los que se encontraban los demandados, que los sometió a todo tipo de torturas porque practicaban la homosexualidad”, habría declarado el juez Douglas Singiza.

“Las presuntas acciones de tortura incluyen golpear, golpear, quemar con un trozo de leña caliente, desnudar, atar, morder, realizar un examen anal e infligir otras formas de violencia física, mental y psicológica basadas en la sospecha de que son homosexuales, una acusación que ellos niegan”.

La tortura ocurrió en la aldea de Nkokonjeru en el Ayuntamiento de Kyengera, distrito de Wakiso. Los demandantes trabajaron con el Human Rights Awareness and Promotion Forum (Foro de Promoción y Concientización de los Derechos Humanos), una organización de derechos humanos sin fines de lucro. Presentaron una denuncia de derechos humanos contra el ayuntamiento de Kyengera, el alcalde Abdul Kiyimba, el funcionario principal Philimon Woniala y el fiscal general.

Los arrestos ocurrieron justo después de que el gobierno de Uganda implementara bloqueos por COVID-19.

“Basados en la misma sospecha [de homosexualidad], los solicitantes fueron arrestados, llevados a la comisaría de policía de Nkokonjeru B y acusados de cometer un acto negligente que probablemente propagaría la infección mediante una enfermedad”, dijo Singiza. Señaló que se habían aportado pocas pruebas de violaciones de las leyes antihomosexualidad del país y que las investigaciones carecían de fundamento.

Luego, los hombres fueron enviados a prisión el 31 de marzo de 2020, “donde nuevamente supuestamente fueron golpeados, examinados, acosados y sometidos a discriminación”.

Uganda tiene leyes estrictas contra la homosexualidad. La “Ley Anti-Homosexualidad” de 2023 (AHA23), firmada por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en mayo de 2023, castiga la “homosexualidad agravada“, -incluidos los actos entre personas del mismo sexo que transmiten el VIH- con la pena de muerte e impone cadena perpetua por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales. La ley incluso prohíbe identificarse como LGBTQ+ en Uganda. La ley ha sido condenada rotundamente por organizaciones de derechos humanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Joe Biden e incluso el Papa Francisco.

Recientemente publicábamos que las amenazas de muerte y violación han obligado a un activista heterosexual que defiende a su hermana queer, a huir de Uganda por ley anti-LGBTQ+: “Las consecuencias (de la defensa de LGBTQ+ en Uganda) son aterradoras”, dijo Morris a The Guardián. “Desde que comenzaron estas acusaciones, la gente tiene miedo de que se les asocie conmigo porque corren el riesgo de ser etiquetadas como activista (gay)”.

El Dr. Frank Mugisha, activista de derechos humanos y director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, dijo en X el día del fallo: “Un tribunal de Uganda ha concedido 150 millones de chelines a 20 ugandeses que fueron torturados por presunta homosexualidad durante el confinamiento por COVID, lo que marca una victoria significativa para la comunidad LGBTQ+. Esta decisión se basa en éxitos anteriores, incluido un fallo de 2008 a favor de Victor Mukisa y un fallo favorable contra Rolling Stone, un tabloide ugandés conocido por sus publicaciones dañinas”.

A Ugandan court has awarded Shs150 million to 20 Ugandans who were tortured for alleged homosexuality during the COVID lockdown, marking a significant victory for the LGBTQ+ community. This decision builds on earlier successes, including a 2008 ruling for Victor Mukisa and a…

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) November 25, 2024

“Se ha advertido a los líderes y políticos locales que si golpeas a las personas por su orientación sexual e identidad de género, lo pagas de tu propio bolsillo“, dijo Adrian Jjuuko, director ejecutivo del Foro de Promoción y Concientización sobre los Derechos Humanos de Uganda, en una declaración a Barron’s.

Además de la brutalidad experimentada por las personas LGBTQ+, la Ley Anti-Homosexualidad de Uganda ya le ha costado al país hasta 1.600 millones de dólares en el año transcurrido desde que se convirtió en ley, según un nuevo informe de Open for Business, una coalición de empresas globales dedicadas a Inclusión LGBTQ+.

“Se estima que en los doce meses posteriores a la aprobación de la AHA, Uganda ha sufrido una pérdida económica de entre 470 millones y 1.600 millones de dólares”, según el informe, una suma que representa entre el 0,9% y el 3,2% del producto interno bruto del país ( PIB).

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Ugandahabía llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso más de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Abdul Kiyimba, Alde Nkokonjeru, Ayuntamiento de Kyengera, Distrito de Wakiso, Douglas Singiza, Homofobia/Transfobia, Philimon Woniala, Sexual Minorities Uganda, Uganda

En la reciente asamblea de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en noviembre, los líderes conservadores del grupo apoyaron los pasajes negativos sobre las personas transgénero de la declaración del Vaticano de 2024, Dignitas Infinita. Sin embargo, las elecciones en la asamblea pueden señalar un cambio hacia un liderazgo más moderado para la conferencia de obispos.

Los presidentes de los comités presentan un trabajo rápido sobre Dignitas Infinita

Los presidentes de tres comités de la conferencia se dirigieron a los obispos reunidos sobre cómo planeaban incorporar las enseñanzas de Dignitas Infinita. Según el Detroit Catholic:

“‘En los Estados Unidos, un énfasis radical en la autonomía individual a expensas de la relación caracteriza las formas en que a menudo se viola la dignidad humana’, dijo el obispo Robert E. Barron, presidente del comité de Laicado, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, sobre la importancia del documento y su impacto en el trabajo de los tres comités. . .

“Citó la observación de ‘Dignitas Infinita’ de que la teoría de género ‘pretende negar la mayor diferencia posible que existe entre los seres vivos: la diferencia sexual… Destacó la oferta de formación de su comité en lovemeansmore.org que aborda una amplia gama de temas sobre la naturaleza del amor y la persona humana. También señaló que la iniciativa ‘Love Means More’ ofrecerá herramientas a los obispos sobre el tema de la teoría de género”.

Barron instó a los obispos a ofrecer una “voz católica audaz” y “distintiva”, como afirma que hace la declaración, y agregó: “Hemos sido demasiado apologéticos durante demasiado tiempo… Y no deberíamos dejarnos intimidar por las celebridades y demás en la cultura que están predicando algo que es profundamente problemático”. La campaña Love Means More  de los obispos ha sido criticada repetidamente por los defensores LGBTQ+, especialmente por ser dañina para los jóvenes.

El obispo de Spokane, Thomas Daly, presidente del Comité de Educación Católica, dijo que la enseñanza social católica, arraigada en la dignidad humana, es lo que los jóvenes necesitan que se les enseñe, pero también agregó, según Detroit Catholic:

“‘Queremos que nuestros estudiantes vean la enseñanza de la iglesia sobre la sexualidad como una expresión de esta comprensión más profunda de la persona humana’, dijo [Daly], ‘y no simplemente un conjunto de reglas para oponerse a nuestra cultura popular’.

“Dijo que los obispos dan la bienvenida a ‘Dignitas Infinita’ en un momento en el que están viendo una ‘creciente confusión’ por parte de los jóvenes y ‘el concepto de identidad, particularmente la identidad de género y la orientación sexual parece estar a la vanguardia de estos problemas culturales’”.

El obispo de Arlington, Virginia, Michael Burbidge, presidente del Comité de Actividades Pro-vida, anunció que su comité estaba desarrollando insertos para boletines sobre temas abordados en la declaración, como la pena de muerte, el aborto, la fertilización in vitro y la gestación subrogada.

Antes de la reunión, el presidente de la USCCB, el arzobispo Timothy Broglio de la Arquidiócesis de los Servicios Militares, citó la dignidad humana como una razón clave por la que los católicos apoyaron a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Broglio dijo en una entrevista con EWTN que, “creo que ciertamente nuestra preocupación preeminente por la dignidad de la persona humana es una cosa que habría influido en esos votantes”. También criticó la sinodalidad como “un proceso nebuloso”. Michael Sean Winters delNational Catholic Reporter describió la entrevista como “espantosa”.

Las elecciones indican un posible cambio en la Conferencia Episcopal

Una señal de esperanza en la asamblea fue el resultado de las elecciones para los nuevos presidentes de los comités. Más relevante para los temas LGBTQ+, el obispo de Dallas, Edward Burns, derrotó al candidato anti-LGBTQ+, el obispo James Conley de Lincoln, en una votación de 147 a 91.

En la elección para presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, el arzobispo de Louisville, Shelton J. Fabre, se impuso al obispo de Paterson, Kevin J. Sweeney, en una votación de 158 a 81. También hubo votaciones para elegir a los presidentes de los comités de Migración, Taller Divino y Clero, Vida Consagrada y Vocaciones, así como al tesorero de la USCCB.

Al analizar los resultados de las elecciones, Michael Sean Winters escribió en el National Catholic Reporter que “constituían un rechazo de algunos de los candidatos más conservadores en favor de obispos más centristas, o al menos de centroderecha”. Explicó:

“En dos contiendas, los obispos más asociados con el ala de los guerreros culturales perdieron, y en las otras cuatro contiendas, los obispos seleccionaron candidatos cuyas credenciales pastorales son más obvias que cualquier preferencia ideológica.

“Discernir las señales de una reunión de la conferencia episcopal nunca es fácil, pero los concursos para elegir a los presidentes de los comités y los puestos de liderazgo son uno de los pocos medios para medir la dirección que la conferencia quiere tomar en su conjunto. Las votaciones se toman en público, pero se llevan a cabo mediante votación secreta, por lo que los obispos no necesitan sentirse presionados a conformarse y el resto de nosotros podemos ver los resultados en tiempo real…

“¿Estos resultados indican un cambio hacia el equipo de Francisco? No exactamente. Pero sí representan un repudio del equivalente episcopal de la extrema derecha… La conferencia de obispos sigue siendo decididamente de centro-derecha, y todavía hay una incapacidad o falta de voluntad para involucrarse realmente en la agenda del Papa Francisco por parte de muchos obispos. Aun así, el primer paso para encontrar un nuevo centro es deshacerse de los extremos. No hay nadie de extrema izquierda en una reunión de obispos, pero el organismo en su conjunto decidió deshacerse de su extrema derecha. Eso es un progreso”.

Se aprueba una directiva para llegar a los jóvenes y los católicos desafiliados

Por último, los obispos votaron a favor de una nueva directiva de misión para “priorizar el trabajo de la Conferencia para ayudar a equipar a los obispos, el clero, los religiosos y los laicos en la evangelización de aquellos que no están afiliados religiosamente o que están desafiliados de la Iglesia, con especial atención a los adultos jóvenes y a los jóvenes”.

Ninguno de los obispos mencionó una razón principal, si no la principal, por la que los católicos estadounidenses se han desafiliado de la iglesia y por la que los jóvenes dudan en participar: la exclusión de las personas LGBTQ+. Encuesta tras encuesta en la última década ha demostrado que la forma en que la iglesia institucional trata, o maltrata, a la comunidad queer es central para la decisión de los católicos de abandonar la iglesia.

Además, cuando se trata de jóvenes, hay fuertes demandas de una iglesia que actúe por la justicia, no solo por la igualdad LGBTQ+, sino también por el cambio climático, el racismo y otras cuestiones urgentes de la actualidad.

Si el deseo es dar la bienvenida nuevamente a los católicos desafiliados y a los jóvenes, la decisión de los obispos de actuar tan rápidamente en Dignitas Infinita, en particular sus secciones contra las personas transgénero y los derechos al aborto, parece equivocada. Esto es especialmente cierto dado que la conferencia de obispos de Estados Unidos ha ignorado en gran medida otras enseñanzas del Papa Francisco durante más de una década. Este otoño, una discusión de 36 minutos en la asamblea de obispos sobre la encíclica ecológica del papa, Laudato Si, fue la primera vez desde 2015 que los obispos la discutieron colectivamente. Y pasaron varios años antes de que la USCCB desarrollara algún plan de implementación para la exhortación del papa sobre la familia, Amoris Laetitia, que varios obispos estadounidenses criticaron cuando se publicó en 2016.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos puede estar alejándose ligeramente de sus líderes de derecha. Pero cualquier plan nuevo parece destinado al fracaso si la conferencia de obispos mantiene su enfoque en recortar los derechos de las personas LGBTQ+ y las mujeres, especialmente bajo una segunda administración de Trump.

—Robert Shine (él), New Ways Ministry, 27 de noviembre de 2024

Fuente New Ways Ministry

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Los expertos dicen que otra prohibición sería terrible para la preparación militar en un momento en que el reclutamiento ya es un problema.

Por Molly Sprayregen Lunes, 25 de noviembre de 2024

Según se informa, Donald Trump está planeando restablecer su prohibición de que las personas trans entren en el ejército mediante una orden ejecutiva en su primer día en el cargo. Los informes dicen que el presidente electo no solo prohibirá que las personas trans se unan, sino que también planea dar de baja médica a los 15.000 miembros del personal trans que actualmente están en servicio.

Si se lleva a cabo de esta manera, la prohibición será significativamente más severa que la primera vez que prohibió a las personas trans ingresar en el ejército en 2017, cuando se permitió que las personas trans que ya estaban en servicio permanecieran en sus puestos. Debido a que el ejército ya está experimentando problemas de reclutamiento, los expertos están preocupados de que la política perjudique significativamente la preparación militar.

“Estas personas se verán obligadas a irse en un momento en que el ejército no puede reclutar a suficientes personas”, dijo una fuente anónima a The Times. “Solo el Cuerpo de Marines está alcanzando sus cifras de reclutamiento y algunas personas que se verán afectadas están en puestos muy superiores”.

“Si se implementa una prohibición de las personas trans desde el primer día de la administración Trump, socavaría la preparación de las fuerzas armadas y crearía una crisis de reclutamiento y retención aún mayor”, agregó Rachel Branaman, directora ejecutiva de la Asociación Militar Moderna de Estados Unidos, “sin mencionar que señalaría vulnerabilidad a los adversarios de Estados Unidos”.

“Dar de baja abruptamente a más de 15.000 miembros del servicio, especialmente considerando que los objetivos de reclutamiento del ejército se quedaron cortos en 41.000 reclutas el año pasado, agrega cargas administrativas a las unidades de combate, daña la cohesión de la unidad y agrava las brechas críticas de habilidades”, continuó. “Habría un costo financiero significativo, así como una pérdida de experiencia y liderazgo que posiblemente tomará 20 años y miles de millones de dólares para reemplazar”.

Un oficial trans de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que también eligió permanecer anónimo expresó su preocupación por cubrir puestos altamente calificados. “Hay muy pocos miembros de mi campo profesional con esta experiencia, y en caso de una contingencia a gran escala, sería difícil reemplazar el nivel de experiencia que aporto”.

La portavoz de la transición de Trump-Vance, Karoline Leavitt, negó que Trump tenga planes concretos de prohibir la entrada de miembros transgénero en el ejército. “Estas fuentes anónimas están especulando y no tienen idea de lo que están hablando en realidad. No se ha tomado ninguna decisión sobre este tema. Ninguna política debe considerarse oficial a menos que provenga directamente del presidente Trump o sus portavoces autorizados”.

La administración Obama abrió el servicio militar a las personas transgénero en 2016, pero en 2017, Trump anunció una prohibición militar de las personas transgénero a través de un tuit. “Nuestro ejército debe estar centrado en una victoria decisiva y abrumadora y no puede cargarse con los tremendos costos médicos y la disrupción que implicaría la presencia de personas transgénero en el ejército”, declaró Trump.

No estaba claro cómo se implementaría la prohibición, ya que Trump no había avisado al Pentágono de que su tuit iba a llegar. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

El anuncio se encontró con la oposición inmediata de los demócratas e incluso de algunos republicanos y de la mayoría de la población. Hasta el difunto senador John McCain (republicano por Arizona), que se mostró reacio a derogar la ley Don’t Ask, Don’t Tell, la calificó de “un paso en la dirección equivocada”. Los cuatro jefes de las fuerzas armadas también manifestaron su apoyo a los militares transgénero.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales. Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes

Los tribunales federales emitieron órdenes judiciales contra la prohibición. En 2018, la administración volvió a empezar de cero. Esta vez, el entonces vicepresidente Mike Pence y los activistas antitransgénero Ryan Anderson y Tony Perkins ayudaron a dar forma a un nuevo enfoque.

Esta vez, la política revisada pudo tener éxito porque Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión. La Corte Suprema falló a favor de la administración, revocando los fallos en contra de la prohibición de los tribunales inferiores. Como resultado, la prohibición entró en vigor en abril de 2019. Prohibió efectivamente a las personas trans alistarse e impuso múltiples restricciones al personal militar trans que ya estaba en servicio.

Trump no consultó a ningún experto militar antes de anunciar la prohibición. Aunque afirmó que la atención médica para personas trans era demasiado cara para el ejército, se reveló que el ejército gasta 41,6 millones de dólares anuales en el medicamento para la disfunción eréctil Viagra, entre cinco y veinte veces más de lo que cuesta financiar la atención médica para personas trans.

El presidente Joe Biden revocó la prohibición cuando asumió el cargo en 2021.

Otra prohibición transmilitar le costaría a Estados Unidos miles de millones de dólares

Y ese podría ser el menor de los problemas causados.

Por Greg Owen martes 26 de noviembre de 2024

Donald Trump está planeando implementar una prohibición total de reclutas y miembros del servicio transgénero desde el “Día Uno”, según expertos del Departamento de Defensa, lo que tendrá costos enormes que afectarán tanto la preparación militar como los resultados del Departamento de Defensa.

Una prohibición total a las personas trans le costará al Pentágono al menos 18 mil millones de dólares, según Emily “Hawking” Shilling, presidenta de SPARTA, una importante organización de defensa de las personas trans militares.

El grupo estima que el 73% de los 15.000 miembros transgénero del servicio militar estadounidense son personal alistado de alto rango con entre 12 y 21 años de experiencia. La inversión operativa total en ellos es de hasta 176.000 dólares al año por persona, lo que suma una inversión de capital de 18.000 millones de dólares.

Esa cifra se suma a una estimación de mil millones de dólares para reclutar y capacitar reemplazos para aquellos despedidos bajo una posible prohibición, según un estudio del Palm Center.

“Despedir abruptamente a más de 15.000 miembros del servicio, especialmente teniendo en cuenta que los objetivos de reclutamiento del ejército no alcanzaron los 41.000 reclutas el año pasado, agrega cargas administrativas a las unidades de guerra, daña la cohesión de las unidades y agrava las brechas críticas de habilidades”, dijo Shilling al Erin in the Morning. “Habría un costo financiero significativo, así como una pérdida de experiencia y liderazgo que posiblemente tomará 20 años y miles de millones de dólares para reemplazar”.

En su primer mandato, Trump emitió un memorandum que prohibía a las personas transgénero realizar el servicio militar, citando una “carga financiera”. Luego, la Administración Biden anuló la prohibición.

Shilling dijo que los ahorros en costos de atención médica por miembro transgénero del servicio ascenderían a alrededor de $650 al año, o $8 millones en ahorros cada año. El presupuesto del Pentágono para 2023 fue de 820.300 millones de dólares, o aproximadamente el 13,3% del presupuesto federal.

Shilling dijo que el impacto más inmediato de una prohibición total a las personas trans sería en la preparación militar “en todos los teatros del mundo. Si se tratara de una prohibición bastante rápida, estarías sacando a estos individuos de sus unidades, dejando vacíos críticos en habilidades, experiencia y posiciones de liderazgo que simplemente no podrás llenar con personas equivalentes en ningún momento. pronto, especialmente dadas las deficiencias en el reclutamiento”, dijo Shilling.

A pesar de los rumores (la transición de Trump sostiene que no se han tomado decisiones sobre los miembros trans del servicio, a pesar de las promesas de campaña), Shilling tiene la esperanza de que se hagan adaptaciones para el personal trans. “Mientras tanto”, dice, “las organizaciones sin fines de lucro están explorando todas las vías para ayudar”, incluida la asistencia para la transición laboral, la financiación de la atención médica y el apoyo legal. La conclusión es que somos voluntarios desplegados, listos para el combate, listos para hacer el trabajo de la nación de apoyar y defender a ella y a cada individuo en nuestro país, sin importar cuáles sean sus opiniones o diferencias”, dijo Shilling. “Luchamos como uno solo”.

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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 Blaze Bernstein (Izda) y Samuel Woodward (Dcha)

La madre de la víctima dijo que su hijo fue obligado a “morir mirando una máscara de Atomwaffen”.

Por Greg Owen Lunes 18 de noviembre de 2024

Un miembro de un grupo neonazi cuya computadora estaba llena de propaganda anti-gay y anti-judía fue sentenciado a cadena perpetua el viernes por la brutal muerte a puñaladas de un ex compañero de secundaria gay y judío.

Un juez de California condenó a Samuel Lincoln Woodward, de 26 años, de Newport Beach, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de que un jurado lo declarara culpable en julio de asesinato en primer grado con un delito de odio potenciado por la muerte de Blaze Bernstein, que tenía 19 años. en el momento de su muerte y regresaba de la universidad durante las vacaciones de invierno de 2018.

La jueza Kimberly Menninger dijo que Woodward, que entonces tenía 21 años, estaba impulsado por “puro odio e ira” debido a la “orientación sexual y creencias religiosas” de la víctima. Ella caracterizó a los dos ex compañeros de escuela como en “extremos opuestos de una guerra cultural”.

Woodward se volvió a conectar con Bernstein a través de una aplicación de citas gay y acordaron encontrarse mientras él estaba en la ciudad durante las vacaciones de enero. El estudiante de la Universidad de Pensilvania se encontró con Woodward en un parque público, donde los fiscales dicen que Woodward apuñaló al joven 28 veces y lo enterró en una tumba poco profunda.

Los padres de Bernstein denunciaron su desaparición al día siguiente y revisaron su actividad en línea en busca de pistas. Descubrieron que había estado en contacto con Woodward, un ex compañero de clase en la Escuela de Artes del Condado de Orange, una escuela intermedia y secundaria en Santa Ana.

“Woodward les dijo a los Bernstein que se había reunido con su hijo pero que se había ido al parque con una persona desconocida y nunca lo volvió a ver”, dijo la oficina del fiscal de distrito.

El cuerpo mutilado de Bernstein fue encontrado en el parque una semana después, tras de haber quedado expuesto durante fuertes lluvias.

La sangre del estudiante fue descubierta en una máscara de calavera en posesión de Woodward vinculada al grupo neonazi Atomwaffen, a quien Woodward había prometido lealtad. El objetivo declarado del grupo nihilista es utilizar la violencia para provocar el colapso de la sociedad y el gobierno.

En el juicio que duró tres semanas en julio, el abogado de Woodward argumentó que el asesinato fue un acto espontáneo e irracional, y Woodward testificó que sentía “una ira como nunca había sentido en toda mi vida”, lo que lo llevó a seguir “conduciendo y conduciendo y llevando. el cuchillo hacia abajo.” Cuando se le preguntó si recordaba cuántas veces apuñaló a Bernstein, Woodward respondió: “No”.

Woodward afirmó en el mismo testimonio que lo habían provocado para que apuñalara a Bernstein cuando supuestamente tomó una fotografía de los genitales de Woodward. Woodward también afirmó que había fumado cannabis en el parque y que estaba aturdido cuando descubrió que Bernstein lo estaba tocando.

En la sentencia, los fiscales recordaron al juez que Woodward era un ex Eagle Scout que esperaba impresionar a Atomwaffen con el asesinato y demostrar que no era gay.

La madre de Bernstein dijo en la sentencia que la perseguía la idea de que su hijo fue hecho “para morir mirando una máscara de Atomwaffen”.

Fuente LGBTQNation

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No hay evidencia de que las niñas transgénero tengan una ventaja biológica significativa en los deportes.

Por Mira Lazine Lunes, 25 de noviembre de 2024

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, se unió a otros 23 estados para presentar un escrito amicus curiae en apoyo de la prohibición de las chicas transgénero en los deportes.

En concreto, el escrito pide a la Corte Suprema que revise y revoque una orden judicial que impuso la prohibición de Arizona a los atletas transgénero por parte del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de los Estados Unidos.

Marshall escribió el escrito junto con el fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, y con el apoyo de Alaska, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wyoming.

El tribunal instituyó la orden judicial en septiembre en una decisión de 3 a 0 en respuesta a la Ley de Arizona Save Women’s Sports Act, (Salvar los Deportes Femeninos), que promulgó una prohibición general de las chicas transgénero en los deportes femeninos, independientemente de cuánto tiempo hubieran estado en transición y si estaban tomando bloqueadores de la pubertad. Los demandantes en el caso eran dos chicas transgénero y sus padres que demandaban para revocar la ley.

La jueza Morgan Christen, que redactó la decisión, dijo que “[La ley] permite que todos los estudiantes, excepto las mujeres y niñas transgénero, jueguen en equipos que coincidan con sus identidades de género. Sólo las mujeres y niñas transgénero tienen prohibido hacerlo. Esta es la esencia de la discriminación”.

El escrito amicus curiae presenta varios argumentos a favor de prohibir a las niñas transgénero participar en deportes. Uno de ellos es que sería costoso y difícil para las escuelas implementar políticas que permitan a las niñas transgénero participar en equipos deportivos femeninos, un argumento que ignora la facilidad con la que muchas escuelas en todo el país han implementado políticas favorables a las personas transgénero.

El escrito también sostiene que el sexo no es equivalente a la identidad de género según la Cláusula de Igual Protección de la Constitución, una afirmación que ignora el precedente establecido del caso de la Corte Suprema Bostock v. Clayton County, que dictaminó que las personas transgénero están sujetas a protecciones basadas en el sexo debido a su modalidad de género.

Los fiscales generales luego presentan dos argumentos legales, afirmando que el Tribunal de Circuito tomó su decisión sobre bases erróneas y que otras lecturas de la ley pueden ser más plausibles. También sostienen que se requiere una revisión de base racional para determinar si la demanda de los demandantes es poco inclusiva. Esto significa que se realizaría una revisión adicional, informada por el derecho constitucional, para determinar si el argumento que se está presentando es internamente consistente con la protección igualitaria; si no, se desestimaría.

No está claro si estos argumentos se sostendrán en los tribunales. SCOTUS no ha dado ninguna indicación pública de si aceptará este caso. Ya ha aceptado el caso de Estados Unidos v. Skrmetti, que determinará si los estados pueden prohibir legalmente la atención de afirmación de género para menores.

No hay evidencia de que las niñas transgénero tengan una ventaja biológica significativa en los deportes. Más bien, la evidencia sugiere que la transición nivela el campo de juego.

Sin embargo, el sentimiento anti-trans continúa alimentando la lucha contra los derechos trans. “Nuestra coalición está decidida a preservar los 50 años de trabajo que ampliaron las oportunidades y nivelaron el campo de juego para las niñas y las mujeres en los deportes“, dijo el Procurador General Marshall en un comunicado de prensa.

“Pero la izquierda sigue complaciendo a una pequeña minoría de su base… Los padres de las hijas están indignados con razón por la pérdida de puestos en los equipos y becas universitarias. Como muestran nuestros múltiples escritos ante la Corte Suprema, es hora de volver a la equidad en las oportunidades para los deportes”.

Fuente LGBTQNation

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Maëlle Jacques

En New Hampshire, el equipo de fútbol femenino de la escuela secundaria Bishop Brady se negó a competir contra la escuela secundaria regional Kearsarge porque en esta última había una atleta transgénero. El boicot fue apoyado por grupos de derecha, entre ellos Moms for Liberty.

Las atletas universitarios de Bishop Brady High School en Concord, New Hampshire, se negaron a presentarse a su partido programado contra Kearsarge Regional High School en North Sutton el viernes, según varios informes.

Según los informes, las chicas de Bishop Brady creían que Kearsarge tenía una ventaja porque su portera Maëlle Jacques era un “hombre biológico” y “boicotearon” el juego en un esfuerzo por “decir no a la competencia desleal“, afirmó el grupo fundamentalista y ultraderchista Moms for Liberty del condado de Hillsborough en las redes sociales.

Jacques, de 16 años, fue expulsada del equipo a principios de este año después de que la junta escolar de Kearsarge votara para que el distrito cumpliera con una nueva ley estatal que prohibía a los estudiantes transgénero competir en deportes femeninos.

Pero la junta escolar dictaminó en agosto que podía volver a unirse al equipo después de que ella presentara una apelación directa, citando una demanda que afirmaba que la prohibición deportiva de New Hampshire viola las medidas federales del Título IX. El mes pasado, un tribunal federal también emitió una orden que bloqueaba la aplicación de la prohibición.

Kearsarge es una de las dos escuelas del estado que tiene una jugadora trans y compite en deportes femeninos.

Los Bishop Brady Giants tenían previsto jugar contra los Kearsarge Cougars el viernes, pero en su lugar decidieron abandonar el partido. Su acto de protesta recibió elogios de la ex nadadora competitiva Riley Gaines, que se encontraba entre las 16 atletas femeninas que presentaron una demanda contra la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA) después de competir contra la nadadora transgénero Lia Thomas.

Gaines, una activista transexcluyente, elogió la protesta de los Giants en un tuit, diciendo: ‘El equipo de fútbol femenino de la escuela secundaria Bishop Brady en NH abandona y acepta una derrota contra el equipo contrario cuyo jugador estrella es un hombre.

‘Son el segundo equipo del distrito en hacerlo. Este es el camino. #BOYcott’.

Sin embargo, el equipo no recibió el mismo nivel de apoyo de la Diócesis Católica Romana de Manchester, que apoya a Bishop Brady.

The Daily Mail informó que cuando el obispo de Manchester, Peter Libasci, se enteró de que los padres y los estudiantes pueden tomar medidas contra los jugadores de Kearsarge, él y su equipo legal redactaron una declaración oponiéndose al boicot.

El superintendente de escuelas de la diócesis, Dave Thibault, dijo que la “caridad cristiana” significaba que los atletas debían jugar, y agregó: “No creemos que sea correcto simplemente perder un partido cuando se juega contra un equipo con un atleta transgénero porque tenemos un problema que no está siendo manejado adecuadamente por otra parte, dijo Thibault en una declaración obtenida por el periódico.

Pero finalmente, el partido fue cancelado porque varias estudiantes se negaron a jugar. Según se informa, la directora de comunicaciones de la diócesis, Tara Bishop, intentó restar importancia al boicot y le dijo al NH Journal: “Simplemente no había suficientes jugadores disponibles para este juego“.

La cuestión de los deportistas transgénero es polémica en New Hampshire. El boicot de Bishop Brady se produce solo dos meses después de que un juez federal en New Hampshire dictaminara que dos estudiantes transgénero podían ignorar una ley estatal que les prohíbe competir en deportes femeninos y femeninos en sus escuelas secundarias públicas.

En agosto, la jueza principal del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Landya McCafferty, permitió que Parker Tirrell, de 15 años, e Iris Turmelle, de 14 (ambas usan los pronombres she y her) participaran en deportes femeninos después de que sus familias presentaran una demanda para revocar la “Ley de Equidad en los Deportes Femeninos” (HB 1205).

Obispo Peter Libasci

Los legisladores aprobaron una ley que prohíbe a los deportistas transgénero participar en deportes femeninos en julio. El gobernador republicano Chris Sununu firmó la nueva ley que requiere que los estudiantes jueguen en equipos deportivos que se alineen con el sexo que figura en su certificado de nacimiento. Cuando firmó el proyecto de ley, Sununu dijo que “garantiza la equidad y la seguridad en los deportes femeninos al mantener la integridad y el equilibrio competitivo en las competiciones deportivas“.

Pero las familias Tirrell y Turmelle en su demanda alegaron que el proyecto de ley “niega [a la pareja] oportunidades educativas iguales y las discrimina únicamente por ser niñas transgénero“. También argumentaron que la prohibición violaba la ley federal y las garantías constitucionales de protección igualitaria, así como niega los beneficios educativos, sociales y de salud física y mental asociados con la práctica de deportes. La demanda también afirmó que la prohibición aísla a las jugadoras transgénero de sus amigos y compañeros de equipo.

El mes pasado, un tribunal federal bloqueó la aplicación de la ley HB 1205, al dictaminar que la legislación discrimina a los estudiantes transgénero en violación del Título IX y la Constitución de los Estados Unidos.

El juez dictaminó que el proyecto de ley “a primera vista, discrimina a las niñas transgénero“, y agregó que “no es ni siquiera una cuestión de probabilidades“. El fallo también declaró que “el estigma y la humillación que se derivan de ese trato a una niña a manos del Estado son sustanciales e irreparables“.

Fuente The Daily Mail

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Wayans dijo que finalmente se dio cuenta de que su trabajo no era controlar a su hijo, sino amarlo.

Por Mira Lazine miércoles, 23 de octubre de 2024

El actor Marlon Wayans revela que, antes de aceptar a su hijo transgénero, Kai, intentó con ellos una terapia de conversión hipnótica.

Wayans habló con Neal Brennan para su podcast, Podcast de bloquesy dijo que no siempre aceptaba a su hijo y, de hecho, probó varios métodos diferentes para evitar que Kai fuera trans.

Dijo: “Traté de hipnotizar a esa zorra. Y protesté contra ello y no lo digo con orgullo. Miro hacia atrás, a esas acciones y me avergüenzo. Me sentí avergonzado en el momento en que me obligaron a mirarme en el espejo. Me sentí avergonzado”.

La terapia de conversión hipnótica es un género de práctica desacreditada que ha resultado en un daño inconmensurable hacia las personas LGBTQ+. No hay evidencia de que la terapia de conversión funcione y la evidencia vincula la práctica con un empeoramiento de la salud mental y un mayor riesgo de depresión, ansiedad e ideas suicidas.

También dijo que intentó imponer “sanciones” a Kai para evitar que hicieran la transición, como retener su asignación.

“(Kai) dijo: ‘¿Y qué? A la mierda, me moriré de hambre’”, dijo Wayans. “Nada funcionaba. Esto es lo que querían hacer. Siempre dije que quiero que mis hijos sean felices. Para ser feliz, no vas a complacer a todo el mundo”.

Wayans dice que se dio cuenta de que no es su trabajo intentar cambiar a su hijo, sino amarlo y apoyarlo pase lo que pase. “Esta es su vida y deberían estar felices si hacen esto y si quieren volver a cambiar o lo que quieran hacer; no me corresponde a mí golpear a mi hijo. Depende de mí amar a mi hijo. Período. Eso es todo, lo único que puedo hacer es amar a mi hijo y eso es lo que hago”, dijo.

Wayans no ha hablado de estas experiencias anteriormente, solo mencionó brevemente su ignorancia previa durante las declaraciones al afirmar: “Cuanto más te conozcas a ti mismo, más podrás gobernarte a ti mismo, cuanto más vivas tu verdad, más feliz será tu existencia. Entonces, si no pueden conseguir eso en un hogar con su padre y su madre, ¿cómo carajo los envío al mundo con ese tipo de confianza? Y estoy muy orgulloso de ellos por ser ellos, pero eso no significa que no tenga chistes”.

Marlon Wayans es conocido por protagonizar exitosas películas de comedia como pollitos blancos (2004), Película de miedo (2000), y Película de baile (2009). Es más conocido por protagonizar la comedia. Los hermanos Wayan. (1995-1999) con su hermano Shawn Wayans y se hizo famoso por primera vez en los años 90 cuando apareció en En colores vivosun programa de comedia creado por su hermano Keenan Ivory Wayans.

Wayans se pronunció anteriormente contra la transfobia y criticó a Elon Musk por no aceptar a su hija trans, Vivian Jenna Wilson. Le dijo al podcast Club Shay Shay que está a punto de llevar su Tesla “al precipicio” debido al comportamiento de Musk hacia Wilson. Musk ha confundido deliberadamente a Wilson con el género, afirmando que está “muerta” y que fue “asesinada por el virus de la mente despierta”.  “No me gusta lo que está diciendo sobre su hijo trans. No tratas así a los bebés, no repudias a tu bebé. ¡Ama a tu hijo!”

Durante el Mes del Orgullo, publicó varias fotografías de su hijo celebrando. Cuando se encontró con un grupo de enemigos en sus respuestas, dijo: “Como padre de un niño en la comunidad LGBTQ+, muestro mi apoyo. Cero jode lo que piensa la gente. Si te perdiera… ¡BIEN! Tu odioso culo nunca me amó en primer lugar. ¿Cómo puedes amar a alguien cuando estás demasiado ocupado juzgando? Algunos de ustedes son graciosos. Soy un troll. Publicaré todo el día”.

Fuente LGBTQNation

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Arzobispo Dennis Schnurr

Ampliamos la noticia que ya publicamos… acerca de la repugnante decisión de este sátrapa episcopal.

La Arquidiócesis de Cincinnati ha puesto fin a más de un siglo de colaboración con Girl Scouts USA debido a las opiniones inclusivas de la organización sobre género y sexualidad.

El arzobispo Dennis Schnurr anunció el fin de la colaboración en octubre en el sitio web de la arquidiócesis, afirmando que Girl Scouts USA ha “adoptado y promovido” una “visión del mundo empobrecida con respecto al género y la sexualidad”. Los pastores de la Arquidiócesis han recibido instrucciones de eliminar gradualmente las colaboraciones de sus parroquias con Girl Scouts USA y Girl Scouts of Western Ohio para diciembre de 2025, con la instrucción de que “toda tropa de Girl Scouts que opere en cualquier campus católico” dentro de la Arquidiócesis de Cincinnati debe “convertirse en una tropa de American Heritage Girls” (una alternativa explícitamente cristiana a Girls Scouts), “encontrar otro lugar en el que reunirse” o “disolverse” por completo, según el National Catholic Reporter.

Girl Scouts USA, que se describe a sí misma como “una organización secular que acoge a niñas de todas las religiones” y que reconoce la existencia de niñas LGBTQ+ y sus familias y crea espacios para ellas, es descrita por Schnurr como “[que defiende] ideas que la Iglesia considera falsas y dañinas”.

Las Girl Scouts y la Arquidiócesis de Cincinnati han estado entablando “discusiones y comunicaciones de mutuo respeto” durante varios años con respecto a las preocupaciones de la arquidiócesis. En 2012, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) aconsejó a las diócesis que llegaran a acuerdos con sus capítulos locales de Girl Scouts con respecto a lo que era y lo que no era aceptable para los grupos católicos de Girl Scouts después de que una investigación de la conferencia identificara preocupaciones sobre los supuestos vínculos de las Girl Scouts con la Asociación Mundial de Guías Scouts y Planned Parenthood Internacional. La archidiócesis de Cincinnati y las Girl Scouts del Oeste de Ohio llegaron a un memorando de entendimiento en 2016.

Cuando expiró en 2021, la archidiócesis volvió a examinar los materiales de las Girl Scouts y expresó “preocupaciones no identificadas anteriormente sobre una creciente defensa, tanto a nivel nacional como local, de ideologías sexuales y de género contrarias a la comprensión católica de la persona humana y la enseñanza moral de la Iglesia”. La archidiócesis propuso un nuevo memorando en 2023, solicitando que las Girl Scouts “dejen de promover actividades, recursos, insignias y premios que repugnaran a la enseñanza católica”. Un contramemorando propuesto por las Girls Scouts se consideró insuficiente, y la archidiócesis consideró que se pondría fin a la asociación con la organización.

Entre las actividades y recursos que la archidiócesis considera “repugnantes” se encuentran “Diversos. Inclusivos. Juntos”. El parche de mérito, que incluye una actividad de “rueda de identidad social” que incita a hablar sobre diferentes identidades, como heterosexual, gay, transgénero e intersexual. Además, el parche “Diversión en el mes del orgullo LGBTQ+”, que incluye actividades opcionales como crear arte que represente a familias diversas, asistir a una celebración del Orgullo o leer materiales de la lista de recursos de GLSEN sobre la historia LGBTQ+, también fue objetable. La organización Girl Scouts también se ha enfrentado a una reacción negativa por su aceptación de jóvenes transgénero.

Con respecto a la inclusión de jóvenes transgénero, el sitio web de Girl Scouts afirma:

“La colocación de jóvenes transgénero se maneja caso por caso, y el bienestar y los mejores intereses del niño y los miembros de la tropa/grupo en cuestión son una prioridad máxima… Dicho esto, si la familia y la escuela/comunidad reconocen a la niña como una niña y vive culturalmente como una niña, entonces Girl Scouts es una organización que puede atenderla en un entorno que es seguro tanto emocional como físicamente”.

En una declaración compartida con Crux, las Girl Scouts del Oeste de Ohio dijeron que están “profundamente decepcionadas” por la decisión:

“Seguimos abiertos a un diálogo de respeto mutuo y esperamos que la Arquidiócesis vuelva a la conversación para que podamos seguir trabajando juntos para apoyar el papel beneficioso que cada uno desempeña en el desarrollo de la juventud y el apoyo a las familias en nuestras comunidades”.

Esta no es la primera vez que un obispo advierte contra asociarse con las Girl Scouts. En 2016, el arzobispo Robert Carlson de St. Louis, Missouri, emitió una advertencia contra el apoyo de la organización a la inclusión LGBTQ+. Otras diócesis han criticado de manera similar a otras organizaciones de scouts por sus esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión.

A pesar de estos esfuerzos de exclusión y negación, los jóvenes LGBTQ+, sus familias y sus aliados seguirán existiendo, aunque, lamentablemente, la Iglesia Católica estará más lejos de sus vidas. La Arquidiócesis de Cincinnati, si alguna vez decide volver a colaborar con ellas, tiene la suerte de contar con las Girl Scouts como ejemplo de una organización que reconoce la dignidad que Dios le dio a cada individuo, se compromete con el bienestar de cada joven y sigue comprometida con la misión de inclusión que proclama.

—Phoebe Carstens (ellos), New Ways Ministry, 22 de noviembre de 2024

Fuente New Ways Ministry

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• El 30,6% de las personas LGTBI+ vive en riesgo de pobreza, un 13% más que la población general. 
• Las mujeres LBTI+ son las que sufren mayor tasa de desempleo, alcanzando un 17,39%, un reflejo de la doble discriminación a la que se enfrentan.
• 4 de cada 10 personas mayores LGTBI+ se encuentra en situación de desempleo.

Madrid. 27/11/2024. – La Federación Estatal LGTBI+ ha publicado hoy el Informe Estado LGTBI+ 2024, que ofrece una radiografía exhaustiva de las condiciones socioeconómicas y laborales del colectivo en España. Los datos son contundentes: a pesar de los avances legales, las personas LGTBI+ continúan enfrentando desigualdades profundas que limitan su acceso a derechos básicos como empleo, vivienda y seguridad.

El informe destaca que las personas LGTBI+ tienen un 13% más de riesgo de sufrir situaciones de pobreza, con una tasa de riesgo del 30,6%. Este dato, que afecta especialmente a mujeres lesbianas y personas trans, se agrava con la elevada precariedad laboral. Un 14,7% de los hogares del colectivo tiene una baja intensidad laboral —menos de dos meses trabajados al año—, mientras que la temporalidad sigue siendo una constante, poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de personas.

En el ámbito del empleo, las mujeres LTBI+ se enfrentan a una tasa de paro del 17,39%, significativamente superior al promedio femenino de población general (13,73%), de los propios hombres del colectivo GTBI+ (8,92%) y hombres de población general (11%). Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, “estos datos reflejan que el género sigue siendo un factor de exclusión que, en combinación con la orientación sexual, la identidad de género o la diversidad corporal, supone un aumento del riesgo de exclusión. Las mujeres del colectivo enfrentan una doble, o incluso triple, discriminación que las empuja a los márgenes del mercado laboral.”

El informe también revela cómo el edadismo afecta gravemente a las personas LGTBI+ mayores, quienes registran una tasa de desempleo del 40% a partir de los 60 años, una cifra que triplica la media nacional. Este fenómeno, que combina discriminación por cuestión de edad y de diversidad sexual, de género o corporal, priva a las personas mayores LGTBI+ de una vejez digna y estable.

La desigualdad estructural sigue castigando al colectivo

A estas cifras de precariedad económica y laboral se suma una realidad devastadora: la violencia extrema que enfrentan las personas LGTBI+ en situación de sinhogarismo. Según el informe, un 23% de las personas del colectivo ha experimentado situaciones de violencia en algún momento de su vida. Entre quienes han estado en situación de calle, las tasas de agresión física se quintuplican, y un 50% reporta haber sido víctima de discriminación en el último año. “No podemos ignorar que el sinhogarismo en el colectivo LGTBI+ es una consecuencia directa de la discriminación, el rechazo y la exclusión social. Las políticas públicas deben abordar este problema con urgencia, garantizando protección efectiva y acceso a recursos para quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad”, afirma Iglesias.

Desde la Federación Estatal LGTBI+, se hace un llamado a los poderes públicos para implementar medidas inmediatas que aborden estas desigualdades estructurales. “El primer paso es implementar de manera efectiva la Ley LGTBI+, pero no nos podemos quedar ahí, hay que avanzar en el desarrollo de políticas públicas para la construcción de una sociedad donde toda persona, independientemente de su orientación sexual, diversidad corporal o su identidad y/o expresión de género tengan acceso a los derechos que les corresponden” concluye.

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Exclusión social, Homofobia/Transfobia, Paula Iglesias, Personas LGTBIQ, Pobreza, Riesgo de pobreza, Sinhogarismo

En octubre, el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, organizó la cena Al Smith, una recaudación de fondos en la que suelen hablar los candidatos presidenciales estadounidenses. Este año, sin embargo, solo asistió Donald Trump. Posteriormente, Maureen Dowd, columnista de The New York Times, criticó duramente a Dolan por permitir que los comentarios desagradables y groseros de Trump quedaran sin respuesta. Dowd escribió que “el cardenal debería confesarse“. Citando varios de los comentarios misóginos, antitransgénero e insultantes de Trump, Dowd continuó:

“Dolan podría haberse levantado y haberle dicho a Trump ‘¡Basta!’ Hemos estado ansiando esa voz de autoridad que pudiera pronunciar la frase de Joseph Welch —‘¿No tiene sentido de la decencia, señor, por fin?’— a nuestro moderno Joe McCarthy. Después de todo, es el trabajo de la iglesia enseñar a distinguir el bien del mal.

“En lugar de decirle a Trump que se había pasado de la raya, Dolan le permitió en su esfuerzo blasfemo presentar su campaña como una cruzada cuasirreligiosa y a él mismo como un santo mártir salvado por Dios. Al cardenal conservador no le importó ensuciar el legado del gran patriota demócrata Al Smith…

“Ciertamente, Dolan está contento con la ofensiva de Trump contra el aborto. Pero ¿no puede ver que Trump está corroyendo el núcleo moral de nuestro país? Tratar de robar una elección viola el Octavo Mandamiento. Y Trump ha roto los mandamientos sobre el engaño, la mentira y la codicia”.

Después de la elección, el National Catholic Reporter cubrió las reacciones católicas a la victoria de Trump, especialmente considerando que aproximadamente el 55% de los fieles votaron por él. Entre los entrevistados se encontraba Maxwell Kuzma, un defensor católico transgénero y colaborador de Bondings 2.0, quien le dijo a NCR que una administración Trump “es una amenaza no solo para los servicios de salud vitales sino también para la seguridad personal” de las personas LGBTQ. Agregó:

“‘Trump ha difundido mentiras sobre la juventud trans y ha alentado la violencia contra aquellos que considera enemigos. En este panorama político, la juventud trans especialmente está aterrorizada de convertirse en víctimas de crímenes de odio… Estoy profundamente preocupado por la próxima generación de personas trans’”.

JR Zerkowski, director ejecutivo de Fortunate Families, dijo que una cantidad “asombrosa” de personas LGBTQ+ “se han comunicado conmigo porque están asustadas y ansiosas, deprimidas y suicidas”. Jeanné Lewis, directora ejecutiva de Faith in Public Life, quien es católica, comentó:

“‘[El Proyecto 2025] plantea una grave amenaza a los derechos y protecciones duramente ganados de los más vulnerables entre nosotros: personas que viven en la pobreza, minorías raciales y étnicas, personas LGBTQIA+, minorías religiosas y otras personas que históricamente han enfrentado discriminación y opresión sistémicas… [Las personas de fe deben] usar nuestro poder moral colectivo para resistir la violencia y emprender acciones no violentas para construir un futuro de libertad y dignidad para todos’”.

Fuente The New York Times/National Catholic Reporter

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