Tres historias que cuentan cómo las familiares mayas viven y aceptan la identidad sexual de sus hijxs.

Katia Rejón

Kelly Gómez / Katia Rejón

Fuente Agencia Presentes

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Una hija recién nacida y un niño de seis años fueron separados en forma irregular de su mamá por ser lesbiana. Denuncian al menos diez casos en diferentes estados del país.

CIUDAD DE MÉXICO, México. Julissa Chuc Hass es una madre lesbiana de 30 años a la que le arrebataron a su hija recién nacida e hijo de seis años. Desde el 26 de octubre, sus hijes están bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) después de que una trabajadora social criminalizara a Julissa por ser lesbiana, tener expresión de género masculina y ser pobre. La Red de Madres Lesbianas en México afirma que hay más casos de lesbofobia institucional en hospitales y oficinas de registro civil en el país.

A partir del caso de Julissa, la Red de Madres Lesbianas está sistematizando información de casos similares. En entrevista con Presentes, Miztli Leal afirma que en este momento al menos hay diez casos en diferentes estados del país. Madres lesbianas, gestantes y no gestantes, y sus hijes tienen negado su derecho a la familia, al reconocimiento y a la identidad.

“El caso de Julissa es muy particular. Pero en la Red detectamos casos similares en donde hay una lesbofobia institucional en hospitales, públicos y privados, y en registros civiles hacia madres lesbianas gestantes y no gestantes. Esto pasa desde Tapachula hasta Tijuana. Las madres lesbianas tienen que pagar amparos, abogadas, viajes y venir a la Ciudad de México para conseguir un trámite que a una pareja heterosexual jamás le van a negar”, explica Miztli Leal.

La abogada de Julissa, Dariana Quintal afirmó a Presentes que en Yucatán la Prodennay, la cual pertenece al DIF (Desarrollo Integral de la familia) estatal. Es un organismo descentralizado coordinado por el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, es una institución que lleva al menos diez años violando los derechos de menores de edad que pertenecen a familias indígenas y que están en situación de vulnerabilidad.

“Separan a los menores de su familia de forma injustificada, los llevan a albergues, promueven pérdidas de patria potestad de formas arbitrarias y ventajistas sobre todo con personas indígenas y personas que pertenecen a zonas marginadas y utilizan a estos menores para las adopciones. Así es como el DIF estatal se involucra en la trata de menores. Desde mi trabajo rescaté a 100 niños en esta situación”, denuncia Quintal.

“En este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales”

En 2019, a través de un amparo presentado por la organización México Igualitario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que se limite el derecho de filiación de menores que nacen en senos de familias lesbomaternales.

La SCJN determina que el derecho al matrimonio igualitario implica el derecho a la familia, la comaternidad, la seguridad social, la adopción y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y pese a que este año se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, a las familias lesbomaternales mexicanas les siguen negando sus derechos.

Miztli Leal enumera así los casos que la Red de Madres Lesbianas en México ha detectado sobre violaciones a derechos en hospitales y oficinas de registro civil:

– Hospitales públicos y privados que niegan el derecho de visitas e información a las madres no gestantes durante y posterior al parto.

– Hospitales privados en donde niegan el registro de nacimiento con los apellidos de ambas madres.

– Oficinas de registro civil que recomiendan registrar a sus hijes como madres solteras y se les niega el reconocimiento a las madres no gestantes.

– Casos en donde a pesar de estar reconocido el matrimonio igualitario en todo el país y tener derecho a la familia, en los registros civiles no hacen resguardo de actas cuando las madres viajan a la Ciudad de México a registrar a sus hijes. Y cuando llegan a sus estados para resguardar el acta, los registros civiles niegan ese derecho y les obligan a pagar un amparo.

Niñes con derechos negados

A les hijes de estas familias lesbomaternales también se les viola su derecho a la identidad. En México, el acta de nacimiento es el documento que brinda identidad a sus ciudadanes y abre la puerta a otros derechos.

De acuerdo a la abogada Ninde Molre, integrante de México Igualitario, pese a que existen varios ordenamientos que hablan de que el derecho a la identidad implica el derecho a tener un acta de nacimiento gratuita esto no siempre se cumple.

“Es muy común que haya prácticas en hospitales de no entregar actas hasta que paguen cantidades absurdas de dinero. Son violencias que se perpetúan sobre todo contra personas que no tienen seguro, ni información, ni herramientas para defenderse. Y que además, viven una realidad de pobreza o son indígenas”, explica.

Y agrega, “en este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales. Por eso es urgente que en todo el país se reconozcan estos derechos”.

Caso Julissa

Julissa es originaria de Quintana Roo y migró a Yucatán luego de sobrevivir un ataque de odio por ser lesbiana. Es de oficio albañila y trabajadora del hogar. El 26 de octubre una trabajadora social del hospital público, General Agustín O’Horán, le hizo un estudio socioeconómico para determinar cuánto debía pagar por parir.

Además, cuestionó su maternidad por ser lesbiana con expresión de género masculina. Al ver cicatrices que Julissa tiene en su cuerpo por las violencias que vivió, la acusó de consumir sustancias.

“La trabajadora social criminalizó a Julissa. Alegó que por ser una mujer lesbiana con expresión de género masculina no tiene derecho a la maternidad. La juzgó por su situación económica y que va a ser un mal ejemplo para sus hijos. Así empieza el calvario de Julissa, simplemente por ser lesbiana, vivir en estado de vulneración y decidir ser madre”, dice su abogada, Dariana Quintal.

La trabajadora social que acusó a Julissa lo hizo sin pruebas. La denunció ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), quien abrió una carpeta de investigación contra Julissa.

Julissa Chuc acompañada de la Red de Madres Lesbianas. Foto: Georgina González.

Para defenderla, sus vecinas juntaron 60 firmas que presentaron a la Procuraduría respaldando que “es una mujer trabajadora y madre amorosa y responsable”. 

Por su parte, el DIF de Yucatán lanzó un comunicado en donde dijo que activó un protocolo para “proteger” a dos menores. Los medios de comunicación locales reforzaron ese discurso.

“El caso de Julissa nos está mostrando la violencia institucional y la discriminación en todo su esplendor. Muestra cómo el sistema niega y quiere invisibilizar cualquier existencia lesbiana. No solo está vulnerando los derechos de Julissa, también de sus hijes”, agrega la abogada Ninde Molre.

Múltiples violaciones a derechos humanos contra Julissa y sus hijes

Julissa también vivió violencia obstétrica. Al momento del parto le practicaron sin su consentimiento una episiotomía (una incisión en el periné). Se trata de una práctica considerada violencia obstétrica por “invasiva y que puede causar daño físico”, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una vez que nació la bebé de Julissa, no se la dejaron ver, abrazar, ni amamantar. Tampoco pudo registrarla como su hija. Desde que nació, hace 48 días, Julissa la vio solo en dos ocasiones con duración de una hora cada vez y bajo supervisión del DIF de Yucatán.

A los nueve días de haber parido, la Procuraduría citó a Julissa y a su hijo de seis años. Le pidieron llevar una carta de antecedentes no penales, comprobante de ingresos y examen toxicológico. A su hijo lo separaron de ella para realizarle un estudio psicológico, con el fin, dice la abogada Quintal de “comprobar si el niño era víctima de violencia”.

La Prodennay además de quitarle a su recién nacida, supo que su hijo no cuenta con acta de nacimiento. Fue razón suficiente para también arrebatárselo. Su hijo no tiene acta de nacimiento porque cuando nació las autoridades del hospital exigieron a Julissa 7 mil pesos para registrarlo como “nacido vivo”.

Julissa no tiene documentos oficiales que demuestren y acrediten que es madre de su hijo de seis años y su bebé recién nacida.

“El DIF al conocer ésto no tendría que vulnerar el derecho a la familia e identidad de esos niños. Tendría que buscar el camino para garantizar sus derechos y los de Julissa, pero son cómplices y responsables”, agrega la abogada Quintal.

Julissa con su abogada. Foto: Georgina González.

“Esto no se puede quedar así”

Dariana Quintal prepara, junto a la Fiscalía de Yucatán, una estrategia de defensa para que le regresen a sus hijes a Julissa lo más pronto posible, sean registrades y obtengan su acta de nacimiento.

De acuerdo a su abogada, los peritajes realizados por la Fiscalía al hijo de Julissa no demostraron que fuera víctima de violencia y les niñes cuentan con peso y talla acorde a su edad con respecto a estándares de la OMS. 

De los peritajes, Dariana Quintal denunció que la Prodennay solicitó revisiones invasivas de tipo proctológicas al hijo de Julissa. “Para la Procuraduría, que su madre sea una mujer lesbiana es seguro que violente y haga algo inmoral. Fíjate tú la forma de juicio que tienen sobre Julissa”, añade.

También, mencionó que parte del pedido de justicia es buscar que quienes son responsables de estas violaciones a derechos humanos no las repitan y reparen el daño.

“Vamos a hacer todo lo posible para que no repitan las violaciones a derechos humanos que están cometiendo contra mujeres y niños. Esto no se puede quedar así, hay responsables y son el DIF estatal y la procuradora de la Prodennay, Teresita de Jesús Anguas Zapata”, dice.

El 6 de diciembre en una transmisión en vivo Julissa se dirigió a la procuradora Teresita de Jesús y le mandó este mensaje:

“Es injusto lo que usted está haciendo conmigo. Yo necesito a mis hijos. Amo a mis hijos. Y no es justo que no me los quiera entregar. Es injusto que yo esté esperando feliz un 24 de diciembre, ya le compré a mi hija un vestidito para estrenar, a mi hijo le he comprado su ropa, como para que vengan y me quiten ese derecho como madre”.

¿Qué opciones tienen las madres lesbiana para defenderse?

Miztli Leal considera que una forma para defenderse es que las madres lesbianas y familias lesbomaternales tengan información sobre sus derechos y hacerlos valer. Así como la visibilidad de su existencia como familia, pero también de las violencias que atraviesan.

“Algo que consideramos en la Red de Madres Lesbianas es que debemos hacer ruido cuando la violencia institucional y violencia económica niega nuestros derechos. Es vital contar lo que atravesamos para dar cuenta que no son problemas aislados”, comenta.

Por otro lado, considera que “es urgente” que haya sensibilización en las instituciones de salud pública y privada y en las oficinas de registro civil, en donde las personas servidoras públicas escuchen de primera voz experiencias de familias lesbomaternales y madres lesbianas.

“También es importante la visibilidad porque no somos una moda. Entiendo que la salida del clóset puede ser compleja pero sí es importante salir, de esa forma podemos llegar a ver nuestras vivencias como cualquier otra familia. Aquí estamos, existimos, resistimos y no nos vamos a ir”, insiste Miztli.

Georgina González@georginagon

Georgina G. Álvarez

Fuente Agencia Presentes

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Es alucinante lo que acaba de suceder en Yucatán, México. El 26 de octubre Julissa dio a luz en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán de Mérida a su hija. Además de la recién nacida, también tiene un niño de 6 años.

Pero solo pudo abrazar a su niña un día. El DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) se la quitó. A ella y a su hermanito. ¿La razón? Julissa es lesbiana y eso, al DIF, le parece nefasto para los niños.

Según narra la víctima, una trabajadora social le preguntó poco antes del parto si tenía esposo y el por qué no, señalando que no estaba bien ser lesbiana, pues podría ser «un mal ejemplo para los niños».

Julissa contó que le hicieron muchas preguntas, y en una de ellas respondió que cuando era adolescente había consumido marihuana, pero que solo fue durante esa etapa. Ahora tiene 30 años, pero el DIF la ha descrito como «drogadicta», para poder tener más argumentos para despojarla de sus hijos.

Lee también: Mi madre perdió mi custodia por ser lesbiana. La realidad de las madres de los 70, contada por una hija

Dentro de esos argumentos estaba también que el niño y la recién nacida tenían signos de maltrato. Julissa se sometió a una prueba toxicológica que salió negativa, presentó el testimonio de varios vecinos que avalaron que era una madre responsable y cariñosa, incluso el DIF le hizo exámenes al niño de 6 años para saber si había sufrido algún tipo de abuso y nada. Negativo.

Pero aún así no ha conseguido recuperar la custodia de sus hijos, que ahora mismo se encuentran en Centro De Atención Integral al Menor en Desamparo.

“Julissa está devastada; ingresó al hospital con la ilusión de salir con su niña en brazos y ahora le niegan la oportunidad de ver crecer y cuidar a sus dos hijos”, declaró la abogada, que declaró que no es solo discriminación por orientación sexual, también porque Julissa tiene bajos recursos y trabaja de limpiadora. Porque no había inscrito al niño en el Registro Civil, algo que según ella muchas familias no hacen por cuestiones económicas. «[Julissa] tiene 6 años sacando adelante al niño. No lo maltrata y lo lleva a todos lados. Imagínense lo que está sufriendo el niño sin ella y con la ilusión de ver a su hermanita».

Fuente Oveja Rosa

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A lo largo del 2022, culminando en este mes de octubre, los estados mexicanos que aún no habían legislado el matrimonio igualitario ya lo han implementado, de modo que ya forma parte del cuerpo legislativo de los 31 estados que componen la nación norteamericana, además de Ciudad de México, que fue el territorio pionero. Si bien el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2015 permitía de derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, el proceso de adaptación de las legislaciones y constituciones estatales para que no fuera necesario un procedimiento judicial ha sido lento, dada la imposibilidad política de que se aprobara una ley de ámbito nacional. Aunque desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se incluyó a México en la lista de los países con matrimonio igualitario, actualmente 34, ahora ya forma parte definitivamente de ese grupo sin la acotación de «en parte de su territorio».

En marzo de este 2022, concluyó el proceso de modificaciones del estado de Yucatánpara adaptar su legislación a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo llevada a cabo por el Congreso estatal en agosto de 2021. Así se iniciaba un año en el que, definitivamente, México se ha convertido en uno de los 34 países donde el matrimonio igualitario está legislado en todo su territorio.

El 30 de mayo, la Corte Suprema del estado de Veracruz declaraba la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Días después, el Congreso estatal modificaba la ley en aplicación de la sentencia, teniendo efectos del 16 de junio.

El 18 de septiembre, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, firmaba un decreto que ordenaba a los registros tramitar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo. El 21 de septiembre, el Congreso estatal modificaba la legislación al respecto.

En un vertiginoso fin de carrera, el 11 de octubre el Congreso del estado de México aprobaba el matrimonio igualitario. El 19 lo hacía el Congreso del estado de Tabasco. El 25 el Congreso del estado de Guerrero y, finalmente, el 26 de octubre el Congreso de Tamaulipas convertía a ese estado en el 31º en otorgar a las parejas el mismo sexo el acceso a la institución del matrimonio. Las modificaciones legislativas aprobadas en los estados de México, Guerrero y Tamaulipas están aún pendientes del trámite de publicación en sus respectivos boletines oficiales.

De esta manera, México finalmente ha concluido el proceso de adaptación de las constituciones y legislaciones de ámbito estatal a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2015 declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La sentencia llegó seis años después de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2009, que fue el primer territorio de América Latina donde se implementó, unos meses antes de su aprobación en Argentina.

No obstante, esa misma sentencia también declaraba inconstitucional la prohibición de la adopción a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Tabasco y Guerrero aún no han modificado sus legislaciones para permitirla.

Aun así, tras la modificación legislativa en todos sus estados, México ya forma parte definitivamente de los 11 países del continente americano donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio.

También se incluye de manera integral entre los 34 países del mundo donde existe la igualdad para las parejas LGTBI.

El matrimonio igualitario en México

Como hemos señalado, Ciudad de México fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano. Previamente a esa definitiva sentencia, el matrimonio igualitario había sido aprobado en los estados de Quintana Roo, Coahuila y, tan solo un día antes, Chihuahua.

La capital mexicana abría así un camino que luego fueron siguiendo los 31 estados de la nación, un país federal en el que cada uno de esos estados goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que no permitían su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se celebraron bodas por orden judicial. En los estados que aún no celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes debían presentar un recurso de amparo, un trámite que aumentaba los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del entonces presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTBI.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se presentaron dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conllevaba una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas se aprobó.

Fuente Dosmanzanas

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Cinco millones de personas (el 5,1 % de la población de 15 años y más) se identifican como LGTBI+ en México. Así lo pone de manifiesto la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), realizada entre agosto de 2021 y enero de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese país. La población trans+ (identificada por la encuesta como personas transgénero, transexuales o de una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer) asciende en concreto a 909.000 personas.

Entremos en el detalle de los números, que siempre es interesante conocer. Eso sí, debemos precisar que, a partir de aquí, la terminología utilizada para categorizar las respuestas es la que proporciona el propio informe de la ENDISEG. Lo hacemos así para facilitar la exposición de los datos.

Orientación sexual

Por lo que se refiere a la orientación sexual, la ENDISEG muestra que el 95,2% de la población de 15 años y más (92,6 millones de personas) se identificó como heterosexual, mientras que el 4,8% (4,6 millones) se identificó con otra orientación (lesbiana, gay, bisexual, pansexual, asexual o demisexual, entre otras).

De esos 4,6 millones de personas, el 51, 7% se autoidentificaron como bisexuales; el 26,5%, como gais u homosexuales; el 10,6% como lesbianas, mientras que el 11,2% reportó tener otra orientación:

Identidad de género

Por lo que se refiere a la identidad de género, el 99,1% de la población de 15 años y más (96,3 millones de personas) se identificó como cisgénero (su identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer). El 0,9 % (909.000 personas) se identificó como trans+ (transgénero, transexual, no binario, género fluido o agénero, entre otros). Este grupo engloba, por tanto, a las personas que experimentan una vivencia interna e individual de género que no corresponde necesariamente con el sexo que les fue asignado al nacer.

Es interesante señalar que del total de personas con identidad de género trans+ (seguimos utilizando la terminología de la ENDISEG), el 34,8% se identificó transexual o transgénero, mientras que el restante 65,2% lo hizo con alguna otra identidad de género diversa:

Distribución geográfica

Por estados, el estado de México es el que mayor cantidad de población LGTBI+ concentra, con 490.ooo personas, seguido de la Ciudad de México, con 311.ooo personas y Veracruz, con 308.000. En términos relativos, sin embargo, es el estado de Colima el que mayor porcentaje de de población LGBTI+ presenta (un 8,7%), seguido de Yucatán (8,3%) y Querétaro (8.2%).

La población de mayor edad, todavía en el armario

Llama la atención que el 67,5% de la población que se reconoce como LGTBI+ tiene entre 15 y 29 años. El propio informe de la encuesta reconoce que este dato «puede deberse a una mayor apertura y autorreconocimiento por la población de menor edad». Otro 20,3% se sitúa en el rango de 30 a 44 años.

De hecho, al observar el porcentaje de personas LGTBI+ en cada grupo etario, se identifica que para las edades más jóvenes este es mayor. En el grupo de 15 a 19 años, por ejemplo, el porcentaje de población LGTBI+ es del 15,6%. En contraste, en el grupo de 60 y más años, solo un 0,9% se identifica como LGTBI+.

Por lo que se refiere a la edad de identificación como LGTBI+ (la edad aproximada en que la persona comenzó a percatarse de que su orientación sexual o su identidad de género no correspondía con lo esperado culturalmente. según la definición de la encuesta), tanto para la población con orientación sexual LGB+ como para aquella con identidad de género trans+, el mayor porcentaje respondió «haberse dado cuenta» durante su primera infancia (antes de los 7 años). De hecho, en este último colectivo, el de las personas trans+, son mayoría (el 62,4%) dijo que lo supo durante su primera infancia.

Reacción de los padres

Para aquella población LGTBI+ que informó que el padre o madre (o ambos) saben de su orientación sexual o identidad de género, la encuesta ha encontrado que, en términos generales, se ha recibido aceptación, respeto o respaldo. Así lo señaló más de 80%. Las reacciones no favorables, no obstante, fueron más frecuentes para las personas trans+ (un 22,2% de los casos). Entre estas, también sucedió en un porcentaje más elevado el haber sido obligada a asistir a un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución para «corregirlo». Esto sucedió en un 9,8% de la población LGB+ y en un 13,9% de la población trans+:

Salud emocional

Por lo que respecta a la salud emocional, la ENDISEG preguntó a la población de 15 años y más si alguna vez había tenido pensamientos suicidas o si había intentado llevarlo a cabo. Pues bien, el 26,1% de la población LGTBI+ mexicana ha tenido alguna vez pensamientos suicidas, frente al 7,9% de la población no LGBTI+. Respecto al intento de suicidio los porcentajes ascienden al 14,2% (población LGTBI+) frente al 4,2% (población no LGTBI+).

Puedes consultar todos los datos de la encuesta ENDISEG aquí (comunicado de prensa en formato PDF) o aquí (formato web).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ciudad de México, Colima, Discriminación, encuestas, ENDISEG, Estadísticas, Estado de méxico, INEGI, México, Querétaro, Visibilidad LGTBI, Visibilidad trans, Yucatán

El Congreso de Yucatán ha aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario.

El Estado sigue la estela de Sinaloa y Baja California, que también han avalado la unión entre parejas homosexuales este verano

El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario con 20 votos a favor y cinco en contra. Hace solo tres semanas que Baja California tomó la misma decisión y también este verano, a finales de junio, la unión entre parejas homosexuales fue aceptada en Sinaloa. Con estas tres nuevas resoluciones son ya 22 de los 32 Estados mexicanos los que reconocen este derecho.

En una larga sesión de más de cuatro horas, los diputados de Yucatán han votado a favor de modificar el artículo 94 de la Constitución del Estado para replantear los términos: en vez de algo exclusivo entre un hombre y una mujer,  la reforma aprobada define el matrimonio como «una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica, libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua» y abre la figura del concubinato a todas las parejas.

Yucatán se convierte en la última jurisdicción de México en adoptar una definición igualitaria del matrimonio (ya sea por vía puramente legislativa o por mandato judicial) tras Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Baja California, Puebla, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala y Sinaloa, esta última en junio de este mismo año. Los territorios mencionados albergan al 62% de la población del país

Con 20 votos a favor y 5 en contra, se aprueba matrimonio igualitario #LXIILegislatura #Yucatán pic.twitter.com/b5fgWIPRjo

— Congreso Yucatán (@CongresoYucatan) August 25, 2021

El camino hasta esta reforma no ha sido fácil en la península. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaró inconstitucional prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación. Eso dejaba la responsabilidad en los congresos estatales, que debían modificar su legislación, pero varios de ellos se han negado a corregir sus códigos. Ese fue el caso de Yucatán.

En 2019, en una votación secreta, el Congreso yucateco rechazó el matrimonio homosexual. Pero el colectivo PTFY presentó un amparo contra el Poder Legislativo estatal por ir en contra del mandato de la SCJN y esta obligó a los legisladores a repetir la votación, que finalmente se ha desarrollado este miércoles. La resolución ha sido en esta ocasión aprobada con una amplia mayoría.

No podemos olvidar que, en 2019, Ricky Martin y diversas personalidades exigían al gobierno de Yucatán para que aprobase el matrimonio igualitario.

En la misma sesión, los diputados han prohibido las llamadas terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual, y han aprobado que el delito de feminicidio no prescriba. En este mismo sentido, los congresistas han establecido que en caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja, la patria potestad de los hijos no sea para el agresor sino para los abuelos de los menores.

El matrimonio igualitario en México

En México, el matrimonio igualitario está en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Ciudad de México, de hecho, fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial. En los estados que no celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes deben presentar un recurso de amparo, un trámite que aumenta los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de que una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se han presentado dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conlleva una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas ha sido aprobada.

Con la entrada de Yucatán, Baja California y Sinaloa estos últimos tres meses, el mapa mexicano avanza en la igualdad, iniciada hace 11 años en Ciudad de México. Aunque todavía 10 Estados (Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) se resisten a reformar sus leyes. Las parejas homosexuales de estas entidades tienen que presentar un amparo para que los jueces aprueben la unión caso por caso, en vez de hacerlo con un trámite ante el Registro Civil.

Fuente Agencias/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Por Georgina González

Fotos: Gentileza de It Get’s Better México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México decidirá si el Congreso de Yucatán está en desacato por no garantizar el matrimonio igualitario y si debería aprobarlo. La resolución que emita es resultado del amparo presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) contra el poder legislativo luego que en dos ocasiones, de manera secreta, votará en contra de este derecho en 2019.

El miércoles 17 de marzo las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN iban a discutir el amparo, sin embargo, decidieron enviarlo al Pleno del máximo tribunal para que sean las 11 ministras y ministros quienes decidan al respecto.

Votos ilegales

Alex Orué, integrante del Colectivo PTFY comentó en entrevista con Presentes que hay mucha confusión en relación al amparo y la decisión de la Suprema Corte y aclaró que “lo que se discute es cómo actuaron (las y los legisladores). Hubo votos ilegales, no democráticos y en secreto y la votación no fue apegada a la Constitución. El matrimonio igualitario no está a discusión”.

Esto último lo sostiene porque desde 2015 la SCJN declaró bajo la jurisprudencia 43/2015 que las leyes de cualquier estado del país que considere el matrimonio como “la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional” por ir contra el principio de igualdad y no discriminación.

Y aunque todavía no hay fecha para que el Pleno discuta el amparo y otorgue una deliberación, les activistas se mantienen positivos ante la decisión de mandar al Pleno del Tribunal por la trascendencia y peso que puede significar pues la resolución puede definir los alacances que tenga en la protección de derechos y el actuar de los Congresos frente a los principios de igualdad y no discriminación.

“Confiamos que las ministras y los ministros del Pleno resuelvan y emitan la sentencia en el pleno a la brevedad posible para que la actual Legislatura LXII de Yucatán repare el agravio antes del fin de sus funciones de la última sesión ordinaria” señaló El Colectivo PTFY en un comunicado.

Más de diez años de lucha

En Yucatán los activismos LGBT+ llevan más de una década defendiendo el derecho al matrimonio igualitario. Posicionar el tema ha sido gracias a los esfuerzos de diversas organizaciones, colectivos y personas que han alzado la voz como Indignación, el albergue Oasis, el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY), y más.

En diez años se han presentado al menos tres iniciativas que buscan garantizar el matrimonio igualitario y todas han sido rechazadas; los activismos se han fortalecido pero también los grupos antiderechos.

En julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas artículos del Código Civil y Familiar para establecer que el matrimonio es “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer (…) con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

Este candado legal fue resultado de una propuesta ciudadana que encabezó la Red Pro Yucatán, un brazo aliado del Frente Nacional por la Familia. Fue presentada ante el Congreso por las bancadas del PRI y PAN —dos partidos conservadores— y apoyada también por la arquidiócesis del estado.

De acuerdo a Orué, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha sido parte de la oposición al reconocimiento del matrimonio igualitario. “Los ombudsman se han negado a presentar una acción de inconstitucionalidad pese a que está en sus facultades”, comenta.

Mayoría de la población, a favor

En 2017 el 63.2% de las personas mayores de edad en Yucatán que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación dijeron estar de acuerdo con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2018 el Colectivo PTFY presentó ante el Congreso una iniciativa que formó parte de un paquete de reformas enviadas al Congreso por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, quien terminó sus funciones es año.

Para abril de 2019 el Congreso sometió a consulta ciudadana el matrimonio igualitario. Mientras activistas reclamaban “los derechos humanos no se consultan” el plebiscito se desarrolló y el resultado fue más de 14 mil mensajes de personas exigiendo a las y los legisladores “avanzar” la iniciativa.

De este recorrido resalta 2019 como el año en que el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán decide tomar la batuta en defensa de este derecho que hoy es atraído por el máximo tribunal de justicia del país.

Amparos atraídos por la Suprema Corte

En abril y julio de 2019 el Congreso votó en secreto las iniciativas que buscaban reformar la Constitución local y el Código Familiar para garantizar el matrimonio igualitario. Por estas razones las y los abogados del Colectivo PTFY decidieron tomar acción presentaron amparos amparos contra el poder legislativo de Yucatán y los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia.

Alex Orué explica que un amparo va en el sentido de la votación secreta porque “es ilegal, viola la libertad de expresión de la ciudadanía porque nos limita la información que debería ser pública y viola nuestros derechos políticos porque sin esa información no podemos tomar decisiones informadas en las próximas elecciones”.

Y otro es el amparo que reclama la decisión del Congreso como inconstitucional y violatorio de derechos humanos al contradecir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fue atraído por la Primera Sala del máximo tribunal.

El 24 de febrero de 2021 las y los ministros pospusieron la votación del proyecto de sentencia y este 17 de marzo de 2021 turnaron la discusión del amparo al Pleno de la SCJN.

En un ejercicio de retrospectiva Orué sostiene que la lucha por el matrimonio igualitario “será sin duda la primera victoria de muchas”. Y advierte, “que nos esté tomando más de diez años no significa que lo demás tarde tanto, pero esto es lo que nos está costando. Llegamos hasta la Suprema Corte por la desidia, desinterés y posturas antiderechos de nuestros gobernantes y representantes. Y no es el único pendiente del Estado en tema de derechos humanos”.

Un precedente

Desde 2015 el matrimonio igualitario está protegido constitucionalmente por la SCJN. Pese a ello, aún hay 11 Congresos con leyes que no garantizan este derecho y en consecuencia hay parejas que para casarse interponen juicios de amparo que son costosos y tardados.

La revisión y sentencia de la Suprema Corte de Justicia al amparo interpuesto por el Colectivo PTFY es un hito y una sentencia favorable puede ser relevante no solo para Yucatán, también para el resto del país.

“Si seis ministras y ministros votan a favor, de los 11 que componen el Pleno, el caso se ganaría, se ordenaría al congreso de Yucatán a modificar su legislación interna, y por otro lado se crearía un precedente, que sería de mucho peso para casos futuros. Pero si el caso es aprobado por ocho votos o más, la sentencia genera jurisprudencia de manera inmediata. Esto significa que en casos futuros ya no habría pierde. Los juzgados en casos similares tendrían que conceder el amparo”, explicó Kalycho Escoffie, asesor jurídico del Colectivo PTFY, al diario La Jornada.

¿Qué sigue?

Esperar la resolución del Pleno de la Suprema Corte al amparo promovido en contra de la omisión legislativa del Congreso de Yucatán, al no garantizar el matrimonio igualitario. Y a los amparos en relación a la votación secreta.

Si bien ahora mismo el tema del matrimonio igualitario atrae una mayor atención mediática, Alex Orué detalla que la agenda en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT+ en Yucatán es amplia.

“Mientras parte del equipo está con el matrimonio igualitario, otros vemos por las juventudes en situación de calle, los crímenes de odio, las pseudo terapias de conversión, los discursos de odio, el reconocimiento de la identidad de género de personas trans y no binarias. Queremos romper el mito de que ‘en Yucatán no pasa nada’ porque sí pasa. Pero al Estado no le interesa ver, analizar, atender casos de discriminación, que no es exclusivo de las personas LGBT. Al gobierno del estado de Yucatán no le interesa eso, ni entenderlo ni verlo y para ellos si no lo ven no existe”.

Fuente Agencia Presentes

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Los famosos, entre ellos Ricky Martin, alzaron la voz por los LGBT+. / Foto: Chicago Tribune

La voz por los LGBT+ se oyó en la cumbre del Nobel de la Paz, donde Ricky Martin junto a otros famosos presionaron al gobierno de Yucatán.

En días pasados se realizó la cumbre del Premio Nobel de la Paz en Mérida, Yucatán. En ese foro, varios famosos levantaron la voz en favor de los derechos de la comunidad LGBT+. La exigencia se centró en la aprobación del matrimonio igualitario, que ha sido rechazada en un par de ocasiones en la entidad.

Diversas personalidades acudieron al evento realizado en la península para dialogar sobre temas que competen a la paz y promoción de los derechos humanos. Entre estas figuras se encontraron Yuriria Sierra, periodista y conductora; Diego Luna, actor; Joy Huerta, cantante; Rigoberta Menchú, activista y ganadora del Nobel de la Paz; Miguel Bosé, cantante; y Ricky Martin, cantante y actor. Todos ellos pusieron en evidencia que en Yucatán aún no se hacen valer los derechos de la comunidad.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán / Foto: La Verdad Noticias

A raíz de estos reclamos, el gobernador del estado, Mauricio Vila, declaró que si se llevara a cabo otra votación sobre el matrimonio igualitario esta debería ser abierta, y no en secreto como las anteriores.

No obstante, el líder del ejecutivo no dio indicios de enviar una nueva propuesta de ley sobre el tema para que fuera votada en el Congreso. Asimismo, el dirigente estatal, se escudó diciendo que él respetaba la ley y por eso respetaba la decisión de los diputados.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia al respecto. Según lo que dicta el máximo tribunal del país, el rechazo al matrimonio igualitario es discriminatorio e inconstitucional. Entonces, ¿a qué ley se estará refiriendo el gobernador de Yucatán?

Esto fue lo que los famosos dijeron a favor de los LGBT+ en la cumbre del Nobel:

Yuriria Sierra, periodista

La conductora del noticiario de Imagen Televisión fue moderadora del foro Celebremos nuestras diferencias, donde participaron Miguel Bosé, Joy Huerta, Rigoberta Menchú y Bernice King —hija de Martin Luther King. Desde ese puesto, Yuriria aprovechó para darle voz a la comunidad LGBT+. Esto fue lo que mencionó la periodista:

«Esta mañana escuchaba la mesa sobre armas nucleares y pensaba: «Espero que nuestra mesa tenga una incidencia y que el Congreso en Yucatán pueda aprobar el matrimonio igualitario de una manera mucho más rápida antes de que vuelva a desaparecer el tema de la proscripción de las armas nucleares».

Diego Luna, actor

El protagonista de Y tu mamá también participó en otro foro de la Cumbre. Diego llamó la atención al Congreso de Yucatán y señaló que la comunidad LGBT+ de esa entidad no se siente representada.

«Hay que decirlo para que les quede claro y no sea como un mensaje subliminal. La comunidad LGBT+ en este estado no se siente representada».

Hoy tuve la oportunidad de estar en #YucatanForPeace , hablamos de responsabilidad ciudadana, diversidad, de igualdad e inclusión, hablamos de paz y el arte como una herramienta de cambio. Gracias a todos los que asistieron, fue un placer ser parte. pic.twitter.com/rxopLaS1I4

— diego luna (@diegoluna_) 20 de septiembre de 2019

Joy Huerta, cantante

La artista mexicana mencionó en su intervención el par de veces que el Congreso yucateco ha desechado las propuestas para avalar el matrimonio igualitario en ese estado. Asimismo, ella puntualizó que los LGBT+ solo buscamos que se reconozcan los derechos que nos otorga la Constitución.

«México, señoras y señores, es un país laico. Y así como nosotros no queremos cambiar ideologías religiosas y las respetamos, simplemente estamos pidiendo que también se reconozcan nuestros propios derechos, como seres humanos, pero también nuestros derechos constitucionales».

Perdonen mi ausencia por acá estos días. Tuve una semana fuera de lo común con gente extraordinaria que dedica su vida a crear un mundo donde la paz no suene a un sueño lejano… pic.twitter.com/ZPi3esSuzU

— Joy (@solamentejoy) 23 de septiembre de 2019

Rigoberta Menchú, activista y premio nobel de la paz

Por su parte, la ganadora del Premio Nobel de la Paz señaló que ella misma ha trabajado con miembros de la diversidad para luchar por sus derechos. Rigoberta añadió que solo por la dignidad humana todos deberíamos respetarnos sin fingir. Y agregó que debemos «darle el lugar al otro como se lo merece y no solo fingir».

«Incluso decían nuestros padres: ¿Qué sería de nuestra madre naturaleza si tuviera un solo color? ¡Qué aburrido! La madre Tierra tiene tantos colores como todos sus hijos».

#repost @ricky_martin
Para lograr la paz, primero tenemos que luchar por nuestro derecho a vivir en LIBERTAD.

Honrado de recibir de la mano de la doctora @RigobertMenchu el premio Peace Summit Award que me otorgó la Cumbre Mundial de Laureados de Nobel de La Paz. ✌️ pic.twitter.com/DbTLs0BhlZ

— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) 22 de septiembre de 2019

Miguel Bosé, cantante

El intérprete de “Morena mía” señaló que para lograr igualdad de derechos se deben tomar acciones radicales y determinadas. Sumado a ello, Miguel Bosé indicó que para que la lucha sea mejor se debe hacer mano a mano y no por separado.

«Si ustedes se juntan y apoyan desde lo que está ahora en el Congreso de Yucatán, que es el matrimonio igualitario, hasta cualquier otro derecho, seremos mucho más fuertes y las cosas se harán mucho más rápido y mejor».

Feliz y agradecido de haber sido parte de esta 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz realizada en Mérida, Yucatán. #MiHuellaPorLaPaz #NobelPeaceSummitYucatan Y es así como celebro hoy el #DíaInternacionalDeLaPaz pic.twitter.com/oTu2MTQbYC

— Miguel Bosé (@BoseOfficial) 22 de septiembre de 2019

Ricky Martin, cantante y actor

Ricky Martin recibiendo el Premio de la Cumbre de la Paz de manos de Rigoberta Menchú. / Foto: Instagram (@ricky_martin)

Finalmente, Ricky Martin recibió el Premio de la Cumbre de la Paz de manos de Rigoberta Menchú. Él también dio voz a los LGBT+ durante su discurso en la ceremonia. El cantante habló acerca de las vejaciones que aún se cometen en contra de los miembros de la diversidad.

Aunado a ello, Ricky exigió respeto e igualdad para la comunidad de la que él es parte.

«Como miembro de la comunidad LGBT+ es muy sencillo, no pedimos tener más derechos que el resto de los ciudadanos, no pedimos tener menos derechos, simplemente queremos igualdad».

Es verdaderamente importante que estas figuras den voz a los LGBT+ en un foro tan trascendente. Las cartas están sobre la mesa, ahora solo falta que las autoridades se pongan manos a la obra y ya no dejen de lado a ciertos sectores de la población.
Esperamos que estas voces no queden en el olvido y el gobierno de Yucatán haga su trabajo como debe.

Con información de El Diario de Yucatán, Forbes y La Jornada Maya , vía SoyHomosensual

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Es increíble que en la cumbre del Premio Nobel de la Paz hayan tratado de esta forma a activistas que ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT+.

Resulta difícil creer que en el foro del mayor galardón a quien procura la paz se niegue el acceso a los que luchan por los derechos. Hoy 19 de septiembre inició la cumbre de los Premios Nobel de la Paz en Merida, Yucatán. Y algunos activistas LGBT+ acudieron al recinto en el que se realiza dicho evento; no obstante, al llegar el acceso les fue negado.

Homosensual habló en exclusiva con Alex Orué, director de It Gets Better México y uno de los activistas que fue retirado del lugar. Él había hecho su registro para asistir a uno de los paneles que se realizarían en los próximos días y asistió al lugar para recoger sus accesos. Asimismo, acudió al recinto para una entrevista que le harían por parte de W Radio.

Sin embargo, al llegar al evento le fue notificado que su acceso estaba bloqueado y que no podía ingresar a las instalaciones. Sumado a ello, no le permitieron acceder al lugar donde le harían la entrevista, pese a que la producción de W Radio notificó de la intervención a los miembros de seguridad.

A varios activistas del @ColectivoPTFYuc, el Comité Organizador de los @nobelforpeace nos bloquearon el registro al evento. Hoy tenía programada una entrevista en @WRADIOMexico y ya me querían sacar del recinto. Al final pude hacer la entrevista.

🔗 https://t.co/iVAZyc1Xov pic.twitter.com/P8l88AlGYp

— Alex Orué (@Alex_Orue) September 19, 2019

Alex Orué pudo ingresar para la entrevista con ayuda de miembros del staff del programa de radio. Sin embargo, al termino del programa alrededor de 20 integrantes del personal de seguridad ya lo esperaban para escoltarlo a la salida. Hasta el momento no se les ha ofrecido una explicación a él y a los demás activistas del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán sobre por qué les negaron de manera arbitraria el acceso.

Una plataforma para alzar la voz por los derechos

La cumbre de los Premios Nobel de la Paz podría servir como un panel para discutir los derechos LGBT+ que recientemente se han visto vulnerados en Yucatán. A este evento acudirá Ricky Martin, cantante abiertamente gay y que además ha levantado la mano para proteger los derechos de la comunidad. No obstante, la oportunidad de abogar por la población LGBT+ ha sido arrebatada de manera injusta a los defensores locales de esta causa.

 Pese a este momento deplorable, Alex Orué y sus compañeros activistas entregaron un escrito al gobernador del estado, Mauricio Vila, para que haga algo en favor de las familias diversas de Yucatán. Los miembros del colectivo solicitaron al dirigente estatal usar la cumbre del Nobel para posicionarse a favor de la igualdad y el respeto.

Desde el @ColectivoPTFYuc acabamos de entregar al gobernador @MauVila un oficio para pedirle que reconsidere cambiar sus posturas antiderechos y use la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz para posicionarse a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ. #Yucatán 🇲🇽🏳️‍🌈 pic.twitter.com/g50u6leeTP

— Alex Orué (@Alex_Orue) September 19, 2019

Sin duda esta es la oportunidad perfecta para que el gobernador Mauricio Vila se pronuncie a favor de la protección de todas las familias en Yucatán.

Fuente SoyHomosensual

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Foto: Plumas Atómicas

La situación que enfrenta Yucatán en cuanto al matrimonio igualitario es complicada. Esto es lo que está pasando en la entidad.

La lucha por la igualdad y el pleno respeto a los derechos de toda la población es un trabajo constante. En este año se ha rechazado en dos ocasiones la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán. Por esta razón, diversas organizaciones y activistas se han unido en un frente en contra de la discriminación en la entidad. Algunos de ellos son It Gets Better México, Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán, Igualdad sustantiva, Grupo local de activismo de Amnistía Internacional en Yucatán, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha manifestado que las leyes que definan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer son discriminatorias. No obstante, algunos estados continúan haciendo caso omiso a esta postura de la Corte. A raíz de esto, defensores de los derechos humanos han tomado cartas en el asunto.

Alex Orué es activista LGBT+ y director de It Gets Better México, él habló en exclusiva con Homosensual sobre las acciones que se han tomado contra los artífices del rechazo a las uniones entre personas del mismo sexo.

Los activistas y las organizaciones han interpuesto tres amparos en contra del Congreso de Yucatán por los resultados y métodos utilizados a la hora de votar la iniciativa del matrimonio igualitario. La primera de estas denuncias fue por el rechazo al matrimonio igualitario en la sesión parlamentaria del 10 de abril. Y la segunda fue por haber hecho la votación de forma secreta, con lo que los diputados evadieron su responsabilidad legislativa.

Asimismo, el 15 de julio se volvió a votar la iniciativa que permitiría aprobar el matrimonio igualitario en la entidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y se desechó de la agenda legislativa. Por esta razón, los activistas también presentaron un amparo en contra de la Mesa Directiva del Congreso y su presidente, Enrique Castillo Ruz.

Por el momento estas agrupaciones se encuentran a la espera de una resolución favorable a los amparos. Con ello se podría repetir la votación en el Congreso de Yucatán, pero esta vez con un método transparente.

Un llamado a la sociedad y autoridades

Finalmente, Alex Orué comentó que esto es un llamado a la sociedad para seguir alzando la voz a favor de los derechos humanos y en contra de la discriminación. Sumado a ello, la discusión no debe quedarse en el umbral de las redes sociales, sino que debe trascender y discutirse en los diversos círculos sociales.

«Todos tenemos la oportunidad de hacer algo, más allá de recabar firmas».

Aunado a ello, Alex Orué hizo un llamado a las autoridades para que sean congruentes con lo que dicta la Constitución Mexicana. Él agregó que el poder ejecutivo de Yucatán debe acatar las leyes, pues aparte de no pronunciarse sobre este tema, firmó en campaña la agenda antiderechos del Frente Nazional por la Familia. Asimismo, instruyó a su bancada en el Congreso estatal para que bloqueara la iniciativa.

«Legalidad y reconocimiento a los derechos humanos es lo que se pide, de lo contrario nos encargaremos de que sus posturas antiderechos sean su legado».

Homosensual agradece a Alex Orué por su aportación para escribir este artículo.

Fuente SoyHomosensual

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alex Orué, Amnistía Internacional, Colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán, Frente Nacional por la Familia, Homofobia/Transfobia, Igualdad sustantiva, It Gets Better México, Matrimonio igualitario, México, Yucatán

Con 15 votos en contra y nueve a favor el Congreso del Estado de Yucatán resolvió desechar la iniciativa a través de la cual se buscaba el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad. Esta votación se convirtió en la segunda ocasión en la que los diputados dicen no a las uniones legales entre personas homosexuales.

Cabe destacar que las votaciones de los diputados para aprobar o rechazar la iniciativa de matrimonio igualitario se dieron en secreto

La primera vez que esta iniciativa se sometió a votación fue el pasado 10 de abril, fecha en la que fue desfavorecedor el resultado, mismo que antecedió a diversas acciones de los legisladores para desechar la iniciativa, como la falta de quorum por parte de los legisladores del PAN, PVE y el PRI.

Ante la constante negativa, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán presentó dos amparos en contra del Congreso. Estos amparos fueron presentados contra la decisión de votar de manera secreta la iniciativa del matrimonio igualitario, y por la no aprobación de la reforma que permitiría la unión entre personas del mismo sexo.

De acuerdo con el colectivo, la negación del Congreso a aprobar el matrimonio igualitario incumple lo ordenado desde 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señaló que las leyes y códigos locales que nieguen el matrimonio igualitario deben ser consideradas inconstitucionales por no apegarse a los principios de igualdad y no discriminación de la Constitución.

Asimismo el 30 de abril organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas LGBT en Yucatán solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado una demanda de acción en contra del Congreso local, por omisión legislativa o normativa por negar a las parejas del mismo sexo el derecho al matrimonio.

Fuente Desastre.mx

General, Homofobia/ Transfobia. Colectivo por la Protección de Todas las Familias, Congreso del Estado, Homofobia/Transfobia, Yucatán

De su blog Iglesia y Sociedad:

En el año 2007 fui invitado por la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a ofrecer una conferencia. Estaba entonces en discusión el tránsito de las Sociedades de Convivencia –aprobadas ya en el entonces Distrito Federal y, con otro nombre, en la ciudad de Saltillo, Coahuila– hacia el matrimonio universal, que permitiera la aplicación de esta figura jurídica a las uniones entre personas del mismo sexo.

Publico ahora en el espacio de esta columna la primera parte de dicha conferencia, en el entendido de que en el Congreso del Estado de Yucatán se libra ahora, febrero de 2019, la discusión, no exenta de prejuicios discriminatorios, como era de esperarse en este cambio de época, acerca de la aprobación de la aplicación de la figura de matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo. Pero, como reza el refrán: “A cada capillita le toca su fiestecita”. Expuestas hace ya cerca de doce años, la pertinencia de estas reflexiones adquiere relevancia en el hoy político de Yucatán. No le he hecho variación alguna al texto inédito, aunque algunos de sus datos estén ya fuera de época. Me he permitido solamente introducir, en negritas cursivas, una actualización del estado de la cuestión en el mundo, dado que el avance del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en el mundo es, en sí mismo, un argumento digno de consideración. Quien lea con atención notará inmediatamente el añadido. También pongo el índice de la segunda parte de la conferencia aunque, por razones de espacio y pertinencia, no sea publicada aquí. Ya suficientemente larga es esta primera parte. Sólo espero que algunos/as alcancen a tener la paciencia de leer esta entrega completa.

Las uniones legales entre personas del mismo sexo

Una opinión desde los derechos humanos y la teología

1. Desde los derechos humanos

Estado de la cuestión en México y en el mundo

La situación jurídica de las personas homosexuales

Las siete discriminaciones en México

Las recomendaciones de la OACNUDH en México

Objeciones a las uniones de personas del mismo sexo

Un asunto de igualdad y de derechos de las minorías

2. Desde la teología

La posición de la iglesia con respecto a la homosexualidad

La posición de la jerarquía ante las uniones de personas del mismo sexo

La cuestión central

Condición para una teología de lo gay o desde lo gay

La sacramentalidad del matrimonio

1. Desde los derechos humanos

Estado de la cuestión en México y en el mundo

Un fantasma recorre el mundo: se trata del reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Dos entidades federativas, el Distrito Federal y el estado de Coahuila, han aprobado ya una reglamentación que protege los derechos de personas, sean del mismo o de diferente sexo, que hayan decidido establecer una unión estable de convivencia bajo el mismo techo, otorgando reconocimiento de derechos mínimos de tutela, arrendamiento, alimentación y sucesión de bienes a compañeros co-residentes que deciden cohabitar sin comprometerse en matrimonio.

La legislación a favor del reconocimiento a las uniones de personas del mismo sexo ha seguido en cada país, senderos diferentes. Fue Holanda el primer país en reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. Ya desde 1998 se aprobaron las “uniones registradas”, no restrictivas para parejas del mismo sexo, de hecho una tercera parte de las uniones registradas se conforman hasta el día de hoy por parejas de sexo distinto. Más tarde, en diciembre de 2000, el parlamento holandés reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo con una sencilla adición al artículo 1:30 del vigente código civil holandés: “Pueden contraer matrimonio dos personas de distinto o del mismo sexo”. Cuatro meses después, en la madrugada del 1 de abril de 2001, una vez en vigor la ley, el alcalde de Ámsterdam casó a las cuatro primeras parejas del mismo sexo.

Siguió después Bélgica en 2003, España y Canadá en 2005 y Sudáfrica en 2006. Los casos hasta ahora mencionados se refieren a legislaciones nacionales, es decir, que tienen vigencia en todo el país y, en el caso de Holanda, debe ser reconocido en las Antillas Holandesas y en Aruba.

En algunos otros países, como Israel, no se ha reconocido nacionalmente este derecho, pero otorgan los derechos correspondientes a parejas del mismo sexo casadas en países extranjeros. Otros países han reconocido matrimonios entre personas del mismo sexo solamente en algunas de sus regiones, como Massachussets, en los Estados Unidos.

Aparte del matrimonio, existen otras figuras que contemplan la convivencia de personas del mismo sexo: Las uniones civiles otorgan a las partes muchos de los derechos y obligaciones que supone el matrimonio entre personas heterosexuales, aunque no las equiparan totalmente. Existen en 12 países europeos: Alemania, Andorra, Dinamarca, Finlandia. Francia. Islandia. Luxemburgo, Noruega. Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. Las parejas formadas por personas del mismo sexo también tienen acceso a algunos derechos que las legislaciones reconocen al matrimonio en  Australia, Austria, Colombia, algunas ciudades y estados de Brasil, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Portugal, así como en varios estados en los Estados Unidos (como Hawai, New Jersey, Vermont y California) y en Argentina en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Río Negro. El 9 de noviembre de 2006 fue aprobada la Ley de sociedades de convivencia, que permite el reconocimiento legal de las uniones civiles entre homosexuales en la Ciudad de México; así como el estado de Coahuila reconoció la unión de personas del mismo sexo llamándolo Pacto Civil de Solidaridad. El 7 de febrero de 2007 en Colombia, fue aprobada y reconocida los derechos patrimoniales en la decisión del fallo de la Corte Constitucional que equipa algunos derechos a las parejas heterosexuales y a quienes ya se les permite inscribirse en una relación conocida como unión libre para que puedan convivir dos años. En España, además de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, existen leyes de parejas de hecho en Navarra, el País Vasco, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Actualmente, otros países como Australia, Rumania, Francia, Suecia, Irlanda, Italia y el Reino Unido, están discutiendo la aprobación de leyes para matrimonios entre personas del mismo sexo, lo mismo que en la región de California, en los Estados Unidos.

Los países en los que es posible que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio son 27: Países Bajos (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Brasil (2013), Francia (2013), Uruguay (2013), Nueva Zelanda (2013), Inglaterra (2014), Gales (2014), Escocia (2014), Luxemburgo (2015), Estados Unidos (2015), Irlanda (2015), Colombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Alemania (2017) y Australia (2017), Austria (entró en vigor el 1 de enero de 2019). El próximo país será Taiwán (a más tardar el 24 de mayo de 2019, convirtiéndose en el primer país asiático en legalizar estos matrimonios).

En México, cuando ya existía en el Distrito Federal las uniones de convivencia, fue Yucatán el primer estado del país que impulsó, en 2008, una iniciativa popular para exigir el matrimonio entre personas del mismo sexo; no logró las firmas reglamentarias para que el proyecto fuera discutido en el congreso yucateco. Y conservo en mi archivo personal la propuesta completa, incluyendo la presentación de motivos. El Distrito Federal fue la primera entidad en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en diciembre 2009, incluyendo el derecho de adopción. En agosto de 2010, la Suprema Corte dictaminó que no todos los estados están obligados a legalizar estos matrimonios, “aunque están obligados a reconocer los que se realizan en estados que los han legalizado”, que, en 2010 eran Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Quintana Roo. En 2015 la Suprema Corte consideró inconstitucionales las leyes que los prohíben y desde entonces se permiten cuando son tramitados ante un juez. En 2016 el presidente mexicano impulsó una iniciativa para legalizarlos en todo el país, pero la comisión parlamentaria votó en contra.

La situación jurídica de las personas homosexuales

Pero si esta es la panorámica respecto a las uniones entre personas del mismo sexo, independientemente de que sean llamadas matrimonios, o uniones de hecho, o sociedades de convivencia, o pactos civiles y voluntarias, el panorama respecto al estatuto jurídico de la homosexualidad está muy lejos de ser tan tolerante. El mapa que año con año nos presenta la asociación internacional ILGA, muestra el estado de la situación (puede consultarse en:

https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual. El color verde fuerte señala los lugares donde son reconocidos los matrimonios del mismo sexo. El color verde marino los lugares donde existen uniones del mismo sexo, aun cuando no sean equiparables totalmente al matrimonio, y el verde más tenue señala los lugares donde, aunque no existe reconocimiento para estas uniones, la homosexualidad no es catalogada como delito. Los demás colores, en cambio, señalan los países donde la práctica de la homosexualidad es considerada un delito a perseguir. Y las variaciones que van del color beige hasta el rojo subrayan la intensidad de la pena. Todavía sobrecoge el número de países donde la intolerancia es ley y las personas homosexuales, por el hecho de serlo, sufren las consecuencias.

Las siete discriminaciones en México

Nuestro país vive dentro del concierto de las naciones. En este ámbito global se ha ido conformando lo que llamamos el “derecho internacional de los derechos humanos”, que es la denominación que se usa para referirse al “conjunto de declaraciones y principios que sirven como base para la consolidación de instrumentos internacionales convencionales que comprometen a los Estados a respetar los derechos humanos reconocidos universalmente… Estos instrumentos de protección a los derechos humanos imponen obligaciones formales a los Estados (incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y se rigen por las condiciones establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.”. Esta es la definición que ofrece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Cfr. OACNUDHM, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (México 2004).

México se ha incorporado al sistema internacional de protección a los derechos humanos a través de lo dispuesto en los artículos 133, 89, fracción X y 76 de la Constitución Política y mediante la firma y ratificación de diversos tratados y convenios emanados principal, aunque no exclusivamente, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El 27 de marzo de 2001 se instaló en México la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación cuyo objetivo era buscar la promoción de los cambios legales e institucionales necesarios para luchar contra la discriminación en el país. Después de varios meses de sesionar, sus 161 integrantes publicaron, en los últimos meses de 2001, un informe titulado “La discriminación en México: por una nueva cultura de la legalidad”, que sirvió de base para la promulgación de la Ley Federal en contra de la Discriminación y, más tarde, la constitución de la Comisión Nacional de Prevención contra la Discriminación ( Leer más…

Espiritualidad, General Matrimonio igualitario, México, Raúl Lugo, Yucatán

El proyecto del Museo de la diversidad sexual se desarrollará dentro de un par de meses

General, Historia LGTBI México, Museo Lésbico-Gay, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roger Aguilar Arroyo, Yucatán

Pantallazo Tuit @SCJN | Foto: Uso Permitido

El máximo tribunal concedió un amparo para que un menor de 3 años de edad fuera registrado con los apellidos de sus padres, un matrimonio de hombres que procrearon mediante un procedimiento de maternidad subrogada.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México reconoció que las parejas del mismo sexo cuentan con el derecho a la procreación mediante técnicas de reproducción asistida.

“Considerando que el derecho a convertirse en padre o madre se entiende dado a toda persona, sin distinción en cuanto a preferencia sexual, tal como se prescribe en el artículo 1° de la Constitución y el 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe reconocerse el derecho a las parejas homosexuales para acceder a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida, y a convertirse en padres o madres a través de esos métodos”, se lee en la ponencia.

La máxima instancia judicial también determinó que el amparo permite garantizar al infante su derecho a tener una identidad y ser inscrito en el Registro Civil; así como a la madre biológica de tener derecho a su vida privada y el libre desarrollo de su personalidad.

Por ello, se argumentó que con o sin la consanguinidad de los interesados en el cuidado del menor se permite el establecimiento de la filiación jurídica, ya que lo que se exige es el interés superior del menor, siempre y cuando existe la voluntad procreacional expresada por la pareja y el consentimiento expresado por la madre gestante de no reclamar derechos y aceptar que sean éstos los tutores del niño, por lo que serán quienes asuman todas las obligaciones derivadas de la filiación.

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Familias Homoparentales, Gestación subrogada, José Cossío Díaz, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yucatán

Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

Historia LGTBI Adopción, Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Eduardo Medina, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Margarita Luna, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Suprema Corte de Justicia de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán

Pues nada, va a estar monísima su Ilustrísima con la mitra a rayas… Y Francisco sigue con su ambigüedad… gestos de buen rollito pero nombrando obispos cañeros.

La Iglesia mexicana carga contra el matrimonio igualitario

Ha supuesto un fuerte avance en la lucha por los derechos civiles y se adelanta a Estados Unidos 

Los obispos se enfrentan a la Suprema Corte y piden vetar los enlaces entre personas del mismo sexo como se prohíbe “el voto a los menores”

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado inconstitucionales las prohibiciónes para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, la Iglesia católica toma una postura más conservadora, tal como declara el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega, que acaba de ser nombrado por Francisco como arzobispo de Yucatán, quien dice que  prefiere ir a la cárcel antes que entrelazar a una pareja que no esté conformada por un hombre y una mujer.

Subrayó que aunque los homosexuales puedan casarse por lo civil, los eclesiásticos no deben darles la bendición ya que se trata de una “aberración” defendida por una ley terrenal, que la Iglesia católica tiene que tolerar.

En sus declaraciones hechas al periódico Excelsior, el obispo dijo: “Que la Corte meta a la cárcel a quien quiera, pero la Iglesia no puede ir contra la ley de Jesucristo”. Pues asegura que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una tradición de hace más de 2 mil años, y su finalidad es la de procrear.

Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo y arzobispo de Yucatán, recordó que la Biblia asegura que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer que quieren procrear.

“La postura oficial de la Iglesia, respetuosos de las instituciones de nuestro país, y de las diversas formas de sentir, pensar y vivir, reiteramos nuestra convicción basada en razones científicas, antropológicas, sociales y religiosas, de que la Biblia, cédula de la sociedad, se fundan en matrimonio un hombre y una mujer, como consta en la tradición jurídica milenaria de occidente, tradición de 2 mil años; es la unión de un hombre y una mujer que quieren procrear. Definitivamente es un parteaguas y no todo mundo va a estar de acuerdo y la Iglesia no está de acuerdo con esta definición”, dijo.

Dijo que si al estar en contra de lo que ellos llaman una “verdadera aberración”, nadie los puede obligar a casar a hombres con hombres o mujeres con mujeres, porque esa acción no la contempla la Iglesia católica y es una ley terrenal.

“Sabemos que podemos ir a la cárcel, si alguna pareja decide casarse por el civil, pero nosotros no le daremos la bendición; esta ley no puede obligar a la Iglesia, la Iglesia no puede ir contra sus principios y de hecho vendrán a la Iglesia solamente quienes compartan nuestros principios. No se puede obligar a una institución como esta Iglesia a ir contra sus principios. Que la Suprema Corte meta a la cárcel a los obispos y a los sacerdotes, a quien quiera, pero la Iglesia no puede ir contra la ley de nuestro Señor Jesucristo”, aclaró.

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México, D.F, 18 de junio de 2015

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE PRESIDENCIA Y DE LA COMISIÓN EPISCOPAL PARA FAMILIA, JUVENTUD, LAICOS Y VIDA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO RESPECTO AL DICTAMEN DE LA SUPREMA CORTE

Los cristianos obedecen las leyes establecidas, pero con su vida las sobrepasan (Carta a Diogneto, V, siglo II).

El 3 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: “La Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Esta jurisprudencia, avalada sólo por 4 ministros, deberá ser acatada por todos los jueces del país.

Los obispos, respetuosos de las instituciones y de las diversas formas de pensar y vivir, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, que la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad. De ahí que, por ser de eminente interés social, el derecho civil confiera a esta unión un reconocimiento institucional, que el Estado ha de promover y tutelar para el bien común.

Esta convicción consta en la tradición jurídica bimilenaria de Occidente, recogida y profundizada a lo largo de nuestra historia por legisladores y juzgadores de diversas corrientes de pensamiento e ideologías, la cual se ve reflejada ya desde el Código Civil de 1870 emanado bajo el gobierno del presidente Benito Juárez, del Código Civil Federal de 1928 promulgado por el presidente Plutarco Elías Calles, y en la mayoría de los actuales Códigos Civiles o Familiares de los Estados de la República.

Por eso, como ciudadanos, consideramos que la sentencia de la Suprema Corte, además de romper con esta sólida tradición jurídica y el bien social que custodia, contraviene los principios del federalismo y la razón de ser de los diversos códigos civiles, que pretenden responder a la realidad concreta de cada entidad federativa y su pluralidad, lo que debe reflejarse en las acciones de los jueces.

Todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tenemos dignidad y derechos. Y dado que toda persona es idéntica a sí misma y diferente a las demás, han de derivarse tratos variados según esas diferencias. Con esta convicción, la Iglesia sostiene que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, y defiende este valor para el bien de las personas y de toda la sociedad.

La discriminación es una distinción injustificada, que en este caso no se da, ya que el matrimonio siempre ha sido entre personas de diferente sexo, hombre y mujer. No corresponde a la Suprema Corte crear nuevas formas de matrimonio, porque ya no sería matrimonio, sino otro tipo de unión. En el caso que nos ocupa, sí se justifica la distinción, como la hay, por ejemplo, al no permitir el voto a un menor de edad o a un extranjero, ya que no atenta a sus derechos políticos, sino salvaguarda la Nación.

Si bien valoramos que nadie deba ser objeto de discriminación, tal como lo consigna el artículo primero constitucional, esto no significa que deba modificarse la esencia del matrimonio, ni que se olvide el espíritu del Constituyente que en el artículo cuarto, primer párrafo de la propia Ley Fundamental reconoce la igualdad del varón y la mujer y establece el deber legal de proteger el desarrollo y organización de la familia.

Fuente Excelsior y Conferencia del Episcopado Mexicano

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Conferencia del Episcopado Mexicano, Gustavo Rodríguez Vega, Nuevo Laredo, Papa Francisco, Yucatán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

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Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

General, Historia LGTBI Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Discriminación, Durango, Estado de méxico, Guanajuato, Jalisco, Matrimonio, Mexicali, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Suprema Corte de Justicia de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán

Prosigue el goteo de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario en México, en un proceso que parece imparable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicas este mes de junio dos sentencias que vuelven a considerar inconstitucional la prohibición de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo en dos nuevos estados, Colima y Baja California.

La más reciente de las sentencias, conocida esta misma semana, es la de Baja California. La Suprema Corte examinaba el amparo interpuesto por Víctor Manuel Espinoza y Víctor Fernando Urías, una pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Mexicali negó el matrimonio, ya que la legislación del estado solo autoriza el matrimonio entre un hombre y una mujer, e incluso lo vincula con la perpetuación de la especie. El alto tribunal considera sin embargo que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, al dar un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega además de forma expresa que la perpetuación de la especie o el formar una familia con hijos sea la finalidad jurídica del matrimonio.

Pocas semanas antes la Suprema Corte había emitido un fallo similar referido a otra pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Colima (estado de Colima) había negado también su derecho a contraer matrimonio.

La Suprema Corte de Justicia ha entrado en juego

Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se viene pronunciando a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo. En marzo recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres. Michoacán seguía los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró en diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Sentencias similares se habían producido ya en otros estados, como Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán, y también en Baja California y Colima.

Podemos considerar sin embargo que se ha pasado ya a una nueva fase, al comenzar a conocerse sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de Oaxaca, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace más un año. Ahora se han conocido las sentencias referidas a Colima y Baja California. Y hace poco más de dos meses la Suprema Corte fallaba a favor de 39 personas homosexuales residentes en el estado de Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia especialmente importante, en tanto que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte, que tiene pendiente estudiar un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace cuatro años y medio, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio del año pasado en la propia Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que posiblemente serán superados por la acumulación de jurisprudencia en favor del matrimonio igualitario en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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