En el marco del 12 aniversario del asesinato de Daniel Zamudio Vera, fueron instalados en el Memorial de la Diversidad los tres nuevos nombres de las víctimas fatales de la homo/transfobia, luego de aumentar  un 52% los casos de discriminación en Chile.

Hasta el Memorial de la Diversidad, ubicado en el Cementerio General llegó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para homenajear junto a la familia del joven Daniel Zamudio Vera a las 67 personas LGBTIQ+ que han sido asesinadas en Chile en razón su orientación sexual, identidad  o expresión de género.

La actividad, que incluyó el despliegue de la bandera LGBTIQ+ y la instalación de flores; entre esas un rosa azul, la preferida por Zamudio; se enmarcó en el duodécimo aniversario que  hoy cumplió el crimen de odio que quitó la vida a este joven, contándose con la asistencia y participación de la Fundación Iguales y la Fundación Chile Diverso, así como de familiares de personas LGBTIQ+ asesinadas el 2023

En la ocasión, el Movilh anunció que gracias al apoyo del Municipio de Recoleta el  próximo mes comenzará  la reparación del Memorial de la Diversidad,  tras ser vandalizado.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, dijo que “esta conmemoración se da en un contexto de mucha tristeza y dolor. Recientemente el asesinato de Ariel Millar enlutó el 2024 al convertirse en la primera víctima fatal de la homofobia. A él se suman otras tres personas que en 2023 fueron asesinadas en razón de su orientación sexual o identidad de género y cuyos nombres añadimos hoy al Memorial de la Diversidad: Ever Albarrán, Keny Riasco y Sandra Almeida”

“Como si fuera  poco en el Congreso está avanzando una reforma a la Ley Zamudio que presenta problemas tan alarmantes como regresivos para la protección de la discriminación”, dijo.

Explicó que la reforma “por un lado crea una institucionalidad antidiscriminatoria para funcionar en todo el país con un  presupuesto paupérrimo. Pero más preocupante aún es el hecho de que es regresiva en relación a la ley actual, toda vez que contrapone el derecho a la no discriminación a  muchos más derechos constitucionales que la actual”–

“El derecho a la no discriminación se supedita o se contrapone al respeto a la vida privada y a las libertades de conciencia, de enseñanza, de opinión e información, de asociación, de trabajo y de desarrollo de la actividad económica, con lo cual la reforma abre la puerta a la discriminación en los más diversos planos, lo que es intolerable. Exigimos, en consecuencia, al Congreso Nacional que elimine esta barbaridad de la reforma que hoy tramita”.

Durante la conmemoración, la madre de Daniel, Jacqueline Vera, llamó “a las personas a mantener viva la memoria de mi hijo y de todas las personas que ha sido asesinadas por su orientación sexual o identidad de género”. A su vez, el padre de Daniel. Iván Zamudio, instó a “seguir manifestándose y marchando por los derechos LGBTIQ+”

A su vez, Javiera, hija de Sandra Almeida Lizama, quien fue asesinada por su orientación sexual en 2023, pidió “justicia para mi madre y la pena máxima para quienes le quitaron la vida”.

Finalmente familiares, y representantes de Fundación Chile Diverso, Fundación Iguales y Movilh añadieron al Memorial de la Diversidad los nombres de las víctimas fatales de la homo/transfobia.

En paralelo, ayer la familia Zamudio Vera, la Fundación Chile Diverso, Fundación Iguales y el Movilh ser reunieron con representantes del municipio de Santiago  para solicitar que el Parque San Borja, lugar donde fue atacado Daniel, sea renombrado con el nombre del joven. El 12 aniversario del fallecimiento de Daniel, también fue abordado ayer en una reunión que sostuvo la madre de Daniel Zamudio  y la Fundación Chile Diverso con el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano

De acuerdo al XXII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, recientemente lanzado, las denuncias y casos por homofobia y transfobia  sumaron 1.597 en 2023, la cifra más alta que se tiene registro y que implicó un aumento del 52% de los abusos en relación al año previo.

Listado de víctimas fatales de la homofobia y la transfobia en Chile (Listado investigado y producido por Movilh)

1975: NN

1984: Mónica Briones Puccio

2002: Pilar Ibáñez Carrasco, Mauricio Ortega Julio, Amanda Jofré Cerda, Fernanda Covarrubias y Edgardo Vera.

2004: Bárbara Rivero Salazar, Andrea Sánchez Sánchez

2006: Ronald Zambra Donoso, Andrés Navarrete Collao, Viviana Cuevas Henríquez y Hans Pozo.

2007: Moria Donaire González, Graciela Carrasco Berríos, Alejandra Albornoz Jiménez

2010: Manuel Menéndez González, Ramón Saa Valdivia

2011: Cinthia González Rodríguez, Camila Guzmán Trujillo

2012: Daniel Zamudio Vera, Juan Manuel Vidal, Fernando Valdivia Chávez

2013: Lorenzo Vigueras Torres, José González Quiroga, Diego Aliaga Rosales, Arturo Lomboi Muñoz

2014: Alejandro Bustamante Godoy, Esteban Parada Armijo, Wladimir Sepúlveda, Zaconi Orellana Acevedo, Dilan Vera Parra

2015: Claudio Olivares Bignani, Josefa Salazar Almeida, Teresa Ruiz Núñez

2016: Marcelo Lepe, Litzi Odalis Parales, Nicole Saavedra Bahamondes, Vicente Vera.

2017:  Susana Sanhueza, Álvaro Constanzo, Ana Villarroel González

2018: Paloma Paredes Carrasco, José Ferrada Aguilera, Felipe Olguín Gómez

2019: Sussy Montalbán, Aliro Andrade Almonacid, Brenda Plaza Vallejos, Samuel Gamboa

2020: Miguel Miranda Bustos, Cynthia Leslie Velásquez, Marcelo Cea Espinoza, Jorge Ruz García, Miguel Arenas Rodríguez, Vicente González Lorca.

2021: Sebastián Abarca, Stefanía Breve, Richard Barría

2022: Ana Almonacid Águila, Yuridia Pizarro Torres, Jaime Vergara Jiménez, Josefa Palma Villarroel, Keyti Rodríguez Vásquez, Claudia Díaz Pérez

2023: Ever Albarrán, Keny Riasco y Sandra Almeida

Fortín Mapocho

Fuente MOVILH

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Autoridades gubernamentales y municipales ubicaron la placa en Arica porque ahí ocurrió el único crimen  homofóbico cometido por agentes de la Dictadura del cual se tiene registro. El Movilh calificó a la inauguración de la placa como un gesto “de transcendencia humana e histórica”

La Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Justicia, la Municipalidad de Arica (encabezada por el alcalde Gerardo Espíndola)  y la Red Comunitaria de Organizaciones y Activistas LGBTIQAN+ de la ciudad instalaron en las cercanías del Morro una placa en memoria de las víctimas de la Dictadura de Augusto Pinochet, siendo el gesto aplaudido hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En el marco de las conmemoraciones  de los 50 años del Golpe de Estado, la placa fue instalada con una ceremonia donde estuvieron el Subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, la encargada de la Oficina Municipal de DDHH, Silvana Durán Ciña y el presentante del Área de la Diversidad Sexual de la comuna, Bastián Tapia Sánchez, entre otras autoridades y dirigentes.

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“Valiente es aquel que en medio de balas y tortura eligió amar su naturaleza para trascender en libertad. En memoria del Caso N.N, detenido desaparecido por su orientación sexual, víctima de la Dictadura Militar de 1973-1990”, dice la la leyenda de la Placa, para añadir “En homenaje a todas las personas de las diversidades sexuales que fueron asesinadas y desaparecidas durante ese período; y por aquellos que fueron arrebatados de sus hogares, comunidades y la historia oficial de nuestro país”.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó como “un gesto de trascendencia histórica y humana la instalación de esta Placa, que no solo ayuda a recordar a una persona N.N y a otras víctimas de la Dictadura. La placa es por sí misma una señal contra la homo/transfobia en Arica, una comuna dónde aún falta mucho para erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género”

“Aplaudimos a las instituciones, autoridades y personas que hicieron esto posible”, añadió.

De acuerdo al XVI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género (Movilh, 2018), hasta ahora solo hay registro de un crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.   Se trata  de un hombre de entre 30 y 45 años, cuya estatura oscilaba entre los 1.63 y 1.69 metros y cuya muerte la provocó en Arica  un militar con un disparo calibre 38 en la cabeza, según arrojó la autopsia y la confesión en 2010 del entonces funcionario en retiro de la Armada, Bernabé Vega, quien dijo haber actuado junto a su compañero, Héctor Morales.

“La víctima, según consta en el expediente del caso, fue asesinada luego de mantener un contacto erótico con un soldado que podría ser Jesús Teovaldo Ponce Peña, quien estuvo varias veces detenido por el delito de sodomía (artículo 365 del Código Penal) y falleció de neumonía en Arica a los 57 años, sin alcanzar a dar su testimonio. Si bien se encontró el cuerpo de la víctima, su identidad es desconocida, por lo cual está catalogada como N.N”, finalizó el Movilh

*Fotografías de la Subsecretaría de DDHH

Fuente MOVILH

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En compañía de los padres de Daniel Zamudio y de organizaciones de diversos grupos discriminados.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó hoy una serie de indicaciones para fortalecer la Ley Zamudio, destacando aquella que crea una institucionalidad anti-discriminatoria, la principal demanda enarbolada en la XXIII Marcha del Orgullo que el pasado domingo reunió a más de 180 mil personas.

Las ceremonia, liderada por el Ministro (s) de Justicia y DDHH, Jaime Gajardo Falcón, contó con la presencia del ministro secretario general de la Presidencia; Álvaro Elizalde; del subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano; de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer de la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, y  de las diputadas Lorena Fríes y Emilia Schneider, entre otras autoridades.

Las autoridades explicaron que  la Institucionalidad Anti- Discriminatoria será patrocinada en el marco de la reforma a la Ley Zamudio que hoy tramita el Congreso Nacional y quedará radicada en la Subsecretaría de DDHH.

Su fin será fortalecer la prevención de las discriminaciones arbitrarias en razón de la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la  maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la  identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

Entre otros aspectos, la Institucionalidad Antidiscriminatoria diseñará planes y política públicas, generará programas de capacitación a funcionarios públicos, abordará las exclusiones interseccionales y brindará asistencia y orientación a las víctimas de la discriminación.

Representantes de diversos grupos de discriminados estuvieron  en el lanzamiento, entre esos la Fundación Chile Diverso, Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh); así como la Red de Municipios de la Diversidad y la Comunidad Judía de Chile, entre otros

“Estamos muy felices de que nuestras demandas fueran escuchadas y que este anuncio se haga hoy en compañía de Jaqueline Vera e Iván Zamudio, la madre y el padre de Daniel”, señaló el presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez

“No debemos olvidar que la Ley Antidiscriminatoria aceleró su aprobación tras el brutal ataque homofóbico que en 2012 quitó la vida a Daniel Zamudio. Junto a él, otras 63 personas han sido asesinadas en Chile en razón de su orientación sexual o identidad de género. A ellos, y ellas y tantas víctimas de otras formas de discriminación, es que a quienes debemos dedicar este anuncio de fortalecimiento de la ley, tras más de una década de lucha por una institucionalidad anti-discriminatoria”, añadió.

De acuerdo al XXI Informe Anual de los Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual y de Género (Movilh, 2023), los crímenes de odio se duplicaron en Chile en el último año.  “Muchas personas creen que con la aprobación del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental cesaron los abusos, pero las exclusiones persisten. La reforma a la Ley Zamudio es urgente, pues hasta ahora es un león y dientes, a tal nivel que en apenas 5 ocasiones, en más de una década, se ha aplicado agravante por crímenes de odio”.

La reforma a Ley Zamudio que hoy tramita el Congreso Nacional también contempla la indemnización y reparación  para las víctimas, la eliminación de restricciones que impiden apelar a la ley para derogar normas o sentencias discriminatorias y la instalación de posibilidades  reales para aplicar el agravante ante un delito relacionado con  exclusiones, enfatizando el enfoque preventivo de la vulneración de derechos-

“Desde asumido este Gobierno, efectuamos al menos 4 marchas multitudinarias exigiendo la Institucionalidad, la más reciente el domingo pasado cuando más de 180 personas salieron a las calles. Festejamos que por fin el Ejecutivo escuchará al movimiento social y animamos el Congreso Nacional a darle rápida aprobación a esta norma”, puntualizó el Movilh.

Fotos de las autoridades: autoría del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Fuente MOVILH

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Iniciativa encabezada por la senadora Rincón fue presentada junto a la diputada Olivera, el Movilh la Fundación Iguales, la Liga Chilena contra el Párkinson, la ONG de Migrantes Tepuy y la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua.

Tras meses de trabajo conjunto con el Movilh y otras organizaciones sociales, la senadora Ximena Rincón y la diputada Érika Olivera presentaron hoy un proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría contra la Discriminación, definida como “una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

“Hay que trabajar en el proyecto que se está tramitando para reformar la ley antidiscriminación y ahora en la reforma constitucional que crea la Defensoría contra la Discriminación (…) Todos y todas debemos entender que las personas por el derecho de ser personas merecen un trato igualitario y sin discriminación”, señaló Rincón (Demócratas).

El proyecto de ley en cuestión añade al artículo 19 de la Constitución “el derecho a la protección contra toda forma de discriminación arbitraria o que no se base en criterios objetivos. Ante la confluencia de más de un elemento susceptible de discriminación arbitraria, los poderes públicos atenderán a cada una de ellas en su actuación”

Para tales efectos, establece “una Defensoría contra la Discriminación, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la prevención, promoción y protección, del derecho a la no discriminación, así como la creación de políticas públicas,  implementación y coordinación de medidas concretas, así como la supervigilancia y fiscalización de ellas, sean preventivas o reparativas contra las discriminaciones, tanto en el ámbito público como el privado”.

Añade que una ley “determinará su composición y organización” de la Defensoría “considerando al menos un Directorio y un Consejo Consultivo; sus funciones y atribuciones; relación, colaboración y coordinación con los demás poderes del Estado, órganos públicos o privados, especialmente en la mejora de la política pública en la materia; derecho de petición y mecanismos judiciales de tutela general o específica; presencia regional o municipal de la Defensoría; composición y atribuciones del Directorio y elección de su Presidenta o Presidente; composición y atribuciones del Consejo Consultivo con representación de las organizaciones de la sociedad civil contra los diferentes tipos de discriminaciones”.

Tal ley deberá surgir de un proyecto que presente el Presidente de la República, luego de aprobarse la reforma constitucional

“Tanto en el proceso de elaboración del proyecto de ley, como en su tramitación legislativa, se tendrá en consideración y se oirán las observaciones de una mesa técnica permanente con representantes de organizaciones de la sociedad civil contra las discriminaciones, que el Presidente conformará al efecto. En el proyecto de ley (…) se contemplará un estatuto regulatorio de la Defensoría para proteger el derecho a la no discriminación en sus diferentes manifestaciones, y al menos, por raza, etnia, nacionalidad, religión o creencias, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, condiciones de salud, sin perjuicio de las demás condiciones no mencionadas expresamente pero que impliquen un menoscabo de la dignidad humana”, apunta un artículo transitorio de la reforma constitucional.

Junto con valorar «esta valiosa iniciativa de la senadora Rincón que atiende las necesidades y el sentir de las personas discriminadas», el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “desde el 2012 venimos demandando al Estado, y a diversos gobiernos, dotar a Chile de una institucionalidad antidiscriminatoria que brinde asistencia a personas que sufren abusos o delitos en razón de su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual e identidad de genero; entre otras categorías, así como para que genere  campañas y estadísticas sobre las exclusiones arbitrarias y armonice y sistematice las diferentes leyes o políticas públicas que prohíben la discriminación, pues en la actualidad no hay coordinaciones. Hoy, por primera vez, damos un paso decisivo en tal sentido, presentando el primer proyecto de ley sobre la materia”.

Añadió que “desde asumido el actual gobierno le hemos pedido su patrocinio a una institucionalidad antidiscriminatoria en el marco de la reforma a la Ley Zamudio que en la actualidad tramita el Congreso Nacional. Dado que ello no ocurrió, y no hemos recibido respuesta, esperamos que el Gobierno asuma este proyecto de ley que presentamos como una gran oportunidad para responder a tal demanda. Llamamos al Gobierno a dar suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que hoy presentamos”, apuntó Jiménez.

En la ocasión también respaldaron la reforma constitucional representantes de la Fundación Iguales, María José Cumplido; de la Liga Chilena contra el Párkinson; de la ONG de Migrantes Tepuy, Mary Montesinos,  y de  la Fundación para la Solidaridad Panchito Mandefua, Alejandro Aragort.

El proyecto de reforma constitucional también cuenta con los respaldos de los senadores Pedro Araya (IND), Sebastián Keitel (Evópoli),  Ximena Órdenes (IND), Ricardo Lagos Weber (PPD), “quienes expresaron su apoyo a la creación de una Defensoría contra la Discriminación en conversaciones que sostuvimos con ellos/as”, apuntó el Movilh.

Gobierno confirma que presentará proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria

Así lo señaló el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, en reunión con el Movilh, organismo que festejó el anuncio.

El Ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero Vega, confirmó hoy en cita con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentará un proyecto de ley para crear una institucionalidad antidiscriminatoria, una demanda que dicho organismo LGBTIQ+ viene impulsado hace una década.

En la cita Cordero Vega señaló que el Gobierno espera anunciar próximamente detalles de la iniciativa y la fecha cuando el proyecto de ley ingresará a trámite en el Congreso Nacional, precisando que la iniciativa buscará proteger a todos los sectores discriminados o históricamente desaventajados. Del mismo modo, el Jefe de Cartera anunció que la institucionalidad quedará radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en la actualidad encabeza Xavier Altamirano.

“Estamos muy felices con esta información, pues implica que vamos avanzando decididamente en la creación de la institucionalidad. Agradecemos la disposición del ministro para recibirnos, así como por confirmarnos un aspecto en torno al cual había mucha incertidumbre y nebulosa”, dijo las vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, quien junto al activista Rolando Jiménez y al encargado de DDHH de la organización LGBTIQ+, Ramón Gómez, participó de de la reunión.

Zúñiga añadió que “frente a nuestra inquietud de que la Institucionalidad cuente con alguna autonomía, de manera que su quehacer no dependa de la autoridad del turno, el Ministro nos precisó que la Subsecretaría de Derechos Humanos está analizando mecanismos que garanticen cierta independencia del órgano contra la discriminación, lo cual valoramos”

Del mismo modo el ministro señaló que, al igual que el pasado y porque le corresponde por mandato legal, “la Subsecretaría de DDHH seguirá abordando temáticas LGBTIQA+ en beneficio de la igualdad y la no discriminación”, dijo Zúñiga.

“Si el Gobierno anuncia la fecha de ingreso del proyecto de ley en los próximos días, habrá sin duda una especial valoración, pues significará que en la XXIII Marcha del Orgullo del próxima 24 de junio no saldremos solo a demandar la institucionalidad, sino también a festejar el avance que registre tal demanda”, finalizó Zúñiga.

Fuente MOVILH (1, 2)H

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