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Una red exige acciones para proteger los derechos de las personas LGBT migrantes de Latinoamérica

Jueves, 14 de noviembre de 2024

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Más de 30 organizaciones debatieron sobre la vulneración de los derechos de personas LGBT migrantes. Por qué es necesario visibilizar una migración cis-no heterosexual.

Fuente Agencia Presentes

6 de noviembre de 2024
Geo González
Edición: Maby Sosa

El incremento de la xenofobia, vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ y la urgencia de que los Estados intervengan con acciones claras, son algunos de los puntos que se debatió en el IV encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas.

Más de 30 organizaciones en Cartagena de Indias intercambiaron saberes, buenas prácticas, la situación de vulneración de derechos humanos para estas poblaciones en sus territorios, las deudas de los Estados y las oportunidades que desde la Red construyen para que las personas LGBTIQ+ en movilidad estén informadas y reciban apoyo comunitario, institucional y protección internacional con enfoque diferenciado.

La Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas nació en 2019. Su origen está vinculado a los desafíos que las personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan en la región. Sobre todo, en consecuencia, a la discriminación, violencia generalizada, y falta de enfoques y perspectivas por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ en su derecho a recibir asilo debido a la violencia y persecución por su orientación sexual, expresión e identidad de género.

Este cuarto encuentro de la Red tiene vigencia por tres aspectos, según lo explicó a Presentes, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La organización colombiana que da acompañamiento jurídico y psicosocial a personas LGBT en situación de movilidad humana.

Las crisis humanitarias en la región ha aumentado el nivel de personas LGBTIQ+ en movilidad humana que están transitando buscando mejor calidad de vida. Las organizaciones sociales tenemos que transformar nuestras estrategias para dar una respuesta. El incremento de la xenofobia que, unido a prácticas de prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género está agudizando la vida de las personas LGBTIQ+ y debemos exigirle a los Estados acciones contundentes para que en la atención humanitaria y la atención migratoria existan enfoques diferenciales que garanticen una atención adecuada a las personas LGBTIQ+ en procesos de movilidad humana”.

Los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ en situación de movilidad

IMG_8461Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.

De manera generalizada durante las discusiones se pudieron identificar algunos elementos compartidos por la mayoría de las organizaciones. Ellos son la falta de acceso a servicios de salud incluyendo atención a personas que viven con VIH; falta de políticas públicas y acciones afirmativas que validen certificados educativos y así garantizar el derecho a la educación y el trabajo y su integración social. Además de la dificultad para acceder a documentación en los procesos de regularización, sobre todo a personas trans, en la que se respete su nombre elegido, su expresión e identidad de género.

Otro factor es que algunos países de la región siguen sin reconocer los derechos y las vulneraciones de las personas LGBTI+. Ello es motivo de persecución y salida de sus países, tampoco hay protección a la discriminación como en Guatemala, El Salvador y Honduras.

No se reconoce la vulneración a su orientación sexual o identidad de género, lo cual es motivo de persecución. Son, por lo tanto, víctimas de discriminación, de redes de trata y violencia estructural de las instituciones de su Estado. No hay seguimiento al acceso a la justicia, salud y otras garantías de derechos humanos. En Guatemala tampoco son reconocidas como vulneración todas esas violaciones en su ruta o en el país como tal. Y hay abuso de las autoridades que hacen cobros no permitidos y con eso les limitan el acceso o el tránsito”, explicó a este medio Ale Morales, integrante de la Asociación Lambda.

Falta de enfoques diferenciados

Esta misma falta de reconocimiento de esas vulnerabilidades es ejercida por las autoridades migratorias. La falta de capacitación y sensibilización limita la garantía al derecho al asilo y refugio de las personas LGBTI+.

La violencia generalizada, los crímenes de odio, procesos de discriminación de manera más acotada en entornos familiares y comunitarios son otros factores que podrían elevar los riesgos y necesidades de desplazarse a otros países en búsqueda de protección internacional. De ahí la importancia de tener atenciones diferenciadas a través del tránsito, en las casas de acogida. Pero también en los procesos de asilo identificando estas necesidades y contextos sobre los que estas poblaciones podrían verse afectadas. Al mismo tiempo identificando que no es un grupo homogéneo, y que, por ejemplo, las personas trans podrían estar en mayor riesgo”, comentó en entrevista Cristina Sousa. Ella trabaja como asociada de protección comunitaria en la oficina regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las políticas migratorias con sesgos racistas y xenófobas. La militarización y el control de las fronteras por parte del crimen organizado son otros obstáculos que compartieron las organizaciones. Incluso la repartición de la ayuda humanitaria y los espacios de alojamiento que en su gran mayoría no trabajan con un enfoque de diversidad sexual y de géneros, y han documentado que son espacios en donde aumenta el riesgo de las personas LGBTI+ a vivir discriminación y violencias.

Las pocas ayudas que hay no tienen perspectiva de diversidad. Las personas son alojadas en lugares donde hay agresores hacia la orientación sexual e identidad de género. Las ayudas que entrega ACNUR son en lugares religiosos donde son revictimizadas y en Argentina en particular, en este contexto político, sabemos que ya está habiendo y va a haber más retrocesos en materia de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Así que estamos alertas”, dijo a Presentes, María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT.

Visibilizar una migración no cis-heterosexual

IMG_8462Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.

Es muy importante reconocer la importancia de esta red para visibilizar que hay una migración no cis-heterosexual. Estamos construyendo acciones poco a poco y en ese sentido estamos ganando un territorio que garantiza derechos y permite que las personas LGBTIQ+ que salen de sus países tengan espacios de cuidado a los países donde llegan. Y principalmente, reconocer la participación política y la agencia política que tienen las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+. Hacemos una acción política, tenemos trayectorias de vida y una agencia que tenemos que seguir fortaleciendo comunitariamente en términos de derechos”, dijo a Presentes, María Botero, parte de la Rede Milbi y de la secretaría técnica de la Red.

Al finalizar el encuentro se rescató el valor de estos espacios para la generación de conocimiento, información, datos y producción de informes, que ayuden a conocer estas realidades. Y, en consecuencia, incidir en las instituciones migratorias de los Estados que tienen por responsabilidad brindar apoyo y asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en movilidad.

Las organizaciones participantes son de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. También se juntaron con un objetivo: llevar acciones comunitarias que incorporen enfoques de diversidad sexual y de géneros para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas LGBTI+ hacia la próxima revisión de la Declaración de Cartagena 1984 que sucederá este diciembre en Santiago de Chile.

La Declaración de Cartagena 1984 es un documento amplio de cooperación y responsabilidad entre países de la región que abarca la protección y tratamiento que ha de brindarse a las personas migrantes y refugiadas.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wilson Castañeda: «Los grupos antiderechos usan América Latina como laboratorio»

Martes, 20 de agosto de 2024
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Entrevista al activista por los derechos humanos colombiano Wilson Castañeda, experto en procesos de paz y diversidad sexual, y director de la organización Caribe Afirmativo.

Fuente Agencia Presentes

29 de julio de 2024
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro

El experto de la subcomisión de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, Wilson Castañeda, trazó, en su paso por la Argentina, un diálogo entre lo que fue el Terrorismo de Estado y el conflicto armado colombiano. Para el politólogo y activista, ambos procesos “tienen en común que hicieron más difícil la vida de los grupos históricamente más marginados, como la de las personas LGBTIQ+.

En el proceso de Paz que enfrenta Colombia desde 2016, para Castañeda “es muy importante leernos frente a un proceso de dictadura: qué significa construir un proceso de reparación integral, garantizando vida digna a las personas LGBT”.

Castañeda es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana y doctorando de esa misma universidad. También es director de la Corporación Caribe Afirmativo, una organización de defensa de los derechos LGBTI, y fue consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Compartimos dos realidades que, si bien son diferentes, tienen la misma estructura. La dictadura argentina y el conflicto armado colombiano tienen en común que hicieron más difícil la vida de los grupos históricamente más marginados. Tanto en Argentina como en Colombia, las personas LGBTIQ+ fueron victimizadas por la dictadura y el conflicto armado. Hicieron más difícil sus proyectos. Las sanciones morales que impuso tanto la dictadura como el conflicto armado terminaron generando sanción social a la diversidad sexual y de género, analizó Castañeda.

IMG_6552En esta línea, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata reconoció en marzo de este año por primera vez en la historia que ocho mujeres trans y travestis fueron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). En los fundamentos de este fallo histórico, el Poder Judicial consideró que “el Terrorismo de Estado fue garante de un modelo sexo genérico hegemónico (…) en una cultura netamente patriarcal-occidental”. Las identidades trans y travestis fueron consideradas “subversivas” del modelo “occidental y cristiano” por lo que fueron perseguidas y violentadas especialmente.

Durante su paso por la Argentina, Presentes conversó con él sobre los puentes que se pueden tender entre ambos momentos históricos, los tipos de reparaciones necesarias para garantizar la no repetición y la avanzada de ultra derechas a nivel global.

– ¿Cómo empeoraron la vida de las personas LGBTIQ+, tanto la dictadura argentina como el conflicto armado colombiano?

– Las democracias están hechas para garantizar derechos. Una dictadura y un conflicto armado rompen la democracia, es decir ponen en jaque los derechos, y adicionalmente tienen un componente moral. Esto termina generando una afectación a los grupos poblacionales más invisibilizados. En el caso de las personas LGBTIQ+ esa calidad de vida, en un ejercicio comparado entre Argentina y Colombia, se puede ver en tres factores. En primer lugar, el aumento de violencia: asesinatos, feminicidios, travesticidios, amenazas, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual. Lo usan para desaparecer, controlar o eliminar las vidas de las personas LGBTIQ+.

El segundo asunto es que genera unas cadenas jerárquicas de acceso a recursos y allí no hay cabida para las personas LGBTIQ+. Entonces la pobreza, la habitabilidad de calle, el no participar en las políticas de distribución de bienes y servicios empieza a hacer que los renglones de pobreza y marginalidad sean ocupados por estos grupos. Y en tercer lugar, tanto las dictaduras como los conflictos armados ponen en jaque la vida digna de las personas LGBTIQ+ porque cierran espacios de participación. La dictadura en la última fase y el conflicto en su decadencia -cuando ya hay una sanción social-, reducen el tema de la eliminación de personas pero acuden al tema de la invisibilización. Entonces se cierran espacios de participación, se empieza a tener control social y político sobre los cuerpos. Por eso, reconstruir la democracia después de un conflicto armado o dictadura tiene su principal apuesta en darle visibilidad a los grupos poblacionales que históricamente fueron invisibilizados.

– ¿Cómo se piensa en Colombia el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado?

IMG_6553– Nuestro proyecto de paz y nuestra ley de víctimas considera como los cuatro valores fundamentales de la justicia transicional a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, entendiendo que hay un vínculo entre uno y otros. En materia de reparación apelamos tanto a la reparación individual como a la reparación colectiva, la monetaria y la simbólica. La individual porque cada vida tiene que ser reparada en su mismidad. La colectiva porque el conflicto armado rompió procesos organizativos que deben recuperarse. La monetaria porque empobreció a la gente y hay que darle recursos para que acceda a servicios que mejoren su calidad de vida. Y la simbólica porque el conflicto armado impuso un proyecto moral y político homofóbico, transfóbico, misógino, patriarcal y machista.

Pero el mayor reto de la reparación en Colombia tiene que ver con proponer una reparación transformativa. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+. Entonces, el gran reto de la reparación es hacer cambios estructurales. Ir a la raíz de esas prácticas que son sociales, anteriores al conflicto armado. Y erradicar de raíz esas prácticas para que no vuelvan a ocurrir. De lo contrario, podemos firmar la paz, superar el conflicto, garantizar que los actores armados vuelvan a la civilidad, pero se va a seguir victimizando a las personas LGBT.

– ¿Cómo observás la avanzada de proyectos políticos de ultraderecha a nivel global y su impacto en América Latina?

– En los últimos años la derecha y el neoliberalismo han dejado constancia de que quieren desmantelar derechos, quieren reducir el Estado a su mínima expresión. Hoy es notorio en el mundo que las empresas y el capital están controlando la democracia. La agenda social pone en jaque sus proyectos de expansión. Hay una claridad que es que América Latina es hoy por hoy un escenario en el cual los grupos antiderechos están haciendo de él un laboratorio. Se trata de reducir el Estado social a la más mínima expresión y permitir que la empresa privada avance.

IMG_6554Les activistas Darío Aries, de Conurbanes por la Diversidad, Flor Guimaraes, de la organización La Casa de Lohana y Diana, Wilson Castañeda y la activista Greta Pena, de 100% Diversidad y Derechos, en la Facultad de Derecho

– ¿Cómo analizás la relación entre esta avanzada reaccionaria con la promoción de una agenda anti derechos?

Tenemos quienes están buscando que ese desmonte de derechos tenga el apoyo del pueblo. Crean discursos de odio para hacerle creer a la gente que el avance de nuestros derechos causa la crisis económica y material. Hoy la agenda antiderechos es agenda política. Se ha instalado el discurso anti derechos como una forma de gobernar, que eso no pasaba antes. Había gobiernos muy conservadores pero jamás usaban el discurso anti derechos para gobernar.

Se trata de una estrategia multinacional que escapa a los países. Los grupos antiderechos son grupos de estrategia regional. Tienen gente en Argentina, Brasil, Colombia, México, actúan en bloque y tienen grandes financiamientos que vienen del norte.Lo que está pasando hoy en Argentina tiene apoyos y redes de grupos antiderechos de otros países. que terminan jalonando inclusive en términos mediáticos. América Latina es la región más fácil donde los grupos antiderechos pueden desmantelar el estado social de derecho. Porque tenemos unas prácticas culturales y religiosas que nos unen. Los grupos antiderechos dicen que no se puede avanzar en derechos LGBT porque eso va a destruir la familia y la familia es un valor que nos une. 

– ¿Cuáles son las estrategias que puede tener el activismo LGBT y la ciudadanía frente a este panorama?

Yo creo que las estrategias de la ciudadanía deben ser, primero, construir proyectos políticos que superen los gobiernos. El movimiento LGBT en Argentina actúa por el día a día. Creo que nos toca construir proyectos políticos de largo plazo que nos permitan consolidar las conquistas. También es necesario sumar cada vez más aliados. Nos hace mucho daño cuando actuamos en gueto. 

Según el PNUD, Colombia es uno de los países que más garantiza los derechos de las personas LGBTIQ+ por la normativa que tiene. Sin embargo, también es uno de los países más violentos. Es algo muy frustrante. En este sentido, creo que las normas necesitan de cultura ciudadana para poder implementarlas. Nosotros en Colombia nos hemos dedicado a hacer incidencia en quien crea la norma. Pero no lo hemos hecho en quien finalmente materializa la norma, que es el señor de la tienda, del colegio, el vigilante, la inspectora, el policía de la calle.

Por otra parte creo que tenemos que ser más creativos en el lenguaje. A veces somos muy aburridos, muy racionales; tenemos que crear unos mecanismos que nos acerquen más a la gente. Los grupos anti derechos en eso nos han llevado ventaja porque son muy creativos: apelan a las emociones. Además, tenemos que exigir que la sociedad deje de ver lo nuestro como privilegios. Lo nuestro son derechos y los derechos no se ponen en jaque. Por último, no perder el optimismo, la alegría. Que no se nos olvide que resistimos a gobiernos horribles.

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Cada dos días, una persona LGBTIQ+ es asesinada en Colombia

Viernes, 12 de abril de 2024
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imagesEn su más reciente informe, la Corporación Caribe Afirmativo revela la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2023. Estos son algunos de sus hallazgos.

Aunque la violencia contra personas LGBTIQ+, en términos totales, disminuyó en 2023, pues la organización Caribe Afirmativo registró 3.751 casos frente a 3.798 del 2022, eso no significa que el escenario para las personas con orientación sexual o identidad de género diversa sea mucho mejor, por el contrario, “el 2023 fue un año que dio cuenta de una situación precaria de derechos humanos para las personas LGBTIQ+”, señaló Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Falta de información y claridad en las cifras de las instituciones estatales. Disparidad en los datos reportados. Ineficiencia de los procesos de denuncia. Deficiencias en la administración de la justicia. Impunidad. Ausencia de medidas que permitan cambios estructurales. Y aumento en la violencia contra personas LGBTIQ+. Todos son hallazgos preocupantes que consignó la Corporación Caribe Afirmativo en su informe Incontables: sin registro no hay memoria, presentado en Cartagena este miércoles 20 de marzo.

Según ‘Incontables: Sin registro, no hay memoria’, informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en 2023, el año pasado los homicidios y/o feminicidios aumentaron, pues se registraron 156 casos en todo el país, frente a 145 en 2022. “Es decir, aproximadamente cada 2.3 días se cometió un asesinato contra una persona con una orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género diversas”, dice el informe, que añade que pese al aumento de 7.59 por ciento entre el año pasado y el anterior, hay una disminución importante frente a los datos de 2021, que habían sido 205 homicidios y/o feminicidios.

La corporación analizó la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2023 y encontró que durante el año se registraron 156 homicidios y/o feminicidios de personas con orientación, identidad o expresión de género diversa. Esto equivale a que cada 56 horas, poco más de dos días, se cometió un asesinato a personas LGBTIQ+. De estos casos, solo 20 se encuentran etapa de juicio, es decir, solo el 13.28% han avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos. Además, la cifra aumentó con relación a los 145 casos que fueron reportados en 2022.

 Frente a las víctimas de los delitos, el informe señala que 46 eran personas con experiencias de vida trans (41 mujeres trans, 3 hombres trans y 2 personas no binarias), seguidas de 46 hombres gais, 31 hombres bisexuales, 12 mujeres lesbianas, una mujer bisexual y 20 personas LGBTIQ+ sin especificar.

 Además, Castañeda comentó que es preocupante particularmente la situación de Valle del Cauca, “que terminó concentrando un número de homicidios altísimos. Uno de cada cinco homicidios se cometieron en Valle del Cauca”, sostuvo el director de Caribe Afirmativo, que añadió que el segundo departamento de preocupación es Antioquia, que registró 20 casos. Estos dos departamentos juntos sumaron 53 hechos en 2023, representando el 33.75 por ciento de todos los homicidios y/o feminicidios. Otras regiones con cifras altas fueron Atlántico (13), Bogotá (12) y Sucre (9).

 En cuanto a los homicidios, el informe también midió los cometidos contra personas migrantes, encontrando que 7 víctimas eran migrantes de origen venezolano. Para Castañeda esto es reflejo de la doble discriminación que enfrentan por ser migrantes y por ser personas LGBTIQ+.

Otro tipo de violencia que midió este informe fueron las amenazas, encontrando que son la forma más prevalente de violencia.

 “Ser una persona sexo-género disidente en el país implica enfrentarse a desafíos significativos en un entorno marcado por constantes amenazas tanto individuales como colectivas, que buscan hostigar, intimidar, excluir o restringir el goce o disfrute de los derechos de estas personas y grupos sociales”, señala el documento, que indica que en 2023 se reportaron 2.333 casos de amenazas individuales, lo cual representa un 24 por ciento menos en comparación con las cifras reportadas en 2022, cuando hubo 2.657 casos.

 Es frustrante constatar que, pese a los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional por garantizarle una vida digna a las personas LGBTIQ+, en Colombia su visibilidad sigue suponiendo un riesgo mortal para ellas. Así lo asegura la corporación en el informe. Además, hay otras violencias que no cesan, como las amenazas, agresiones verbales y violencia física, que si bien disminuyeron con relación a 2022, la cifra de 2.333 casos registrados sigue siendo alarmante.

También se registraron, según información entregada por la Fiscalía, 155 víctimas de violencia policial, lo cual es un incremento del 49,03 por ciento frente a las 104 víctimas reportadas para el año 2022. Otras 1.106 personas fueron víctimas de actos de discriminación y hostigamiento el año pasado, frente a 892 que hubo en 2022.

¿Quién está detrás de las violencias?

Sobre la investigación de los hechos y la determinación de los responsables, Castañeda comentó que hay pocos avances judiciales en la investigación de los hechos, y aunque en varios casos se presume que los victimarios hacen parte de bandas criminales y de violencia común, la información de la Fiscalía es escasa.

En otros casos en los que las víctimas estaban involucradas en trabajos en los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o en consejos comunitarios de paz, se presume como victimarios, entre otros, a disidencias de las Farc, comentó el director de Caribe Afirmativo.

“Las investigaciones de casos de asesinatos de personas LGBTIQ+ tienen muy pocos avances. En el año 2022 solo avanzaron a etapa de juicio oral el 13 por ciento de 145. Esta tendencia se repite en el 2023 donde solo el 13 por ciento de 156 llegó a esta etapa. Se tiene conocimiento de que 105 procesos están en etapa de indagación y 11 en investigación. De estos 115, solo 42 tuvieron avances procesales, es decir, más de las mitad no avanzaron nada”, añadió.

 El poco avance en los procesos judiciales, que favorece la impunidad, así como la normalización y “complicidad social e indiferencia”, que se ve frente a los hechos, envía, para Caribe Afirmativo, un mensaje perverso de que “las vidas de las personas LGBTIQ+ no importan”, indicó Castañeda.

 Por eso, para el director de la organización, hace falta mucho trabajo para enfrentar las violencias que afectan a las personas con experiencias de vida diversas. Castañeda también refirió que es necesario que el Estado mejore la recolección y manejo de la información sobre estos hechos para “construir un panorama más claro y preciso de las violencias que contribuya a la protección integral de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”.

 El director de Caribe Afirmativo concluyó mencionando que un “un país para la vida no es posible para las personas LGBTIQ+ si siguen enfrentando todas estas violencias y el retroceso de sus derechos”.

Aunque los datos puedan parecer abstractos y lejanos, son fundamentales en términos de la construcción de un futuro diferente para las personas con orientación, identidad y expresiones de género diversas. Así lo asegura Cristian De la Rosa Russo, abogado y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo.

“Esta información es necesaria para poder crear políticas públicas que ayuden a prevenir y erradicar la violencia hacia personas LGBTIQ+. Si no existen estos datos, la posibilidad de que el Estado realice intervenciones reales y efectivas que garanticen la vida, la seguridad y los derechos de las personas LGBTIQ+ será muy limitada”, le explicó el abogado a El Espectador.

Pese a eso, según Caribe Afirmativo, la desprotección del Estado se ve reflejada en la ausencia de datos que den cuenta de las violencias que sufrieron las personas LGBTIQ+ durante el año. Wilson Castañeda, director de la corporación, le dijo a este diario que hay un problema estructural en las bases de datos de instituciones como la Fiscalía y Medicina Legal, que no son claras a la hora de recoger la información que permita reconocer realmente a las víctimas.

“Encontramos muchos datos mal formulados. Personas trans que eran presentadas como hombres gais, orientaciones sexuales invisibilizadas, confusión u omisión de las categorías de orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. No tenemos una institucionalidad que se haya sensibilizado y que forme a sus funcionarios para que puedan hacer una recolección precisa de los datos de las víctimas LGBTIQ+”, indica Castañeda.

Valeria Bonilla Ruiz, mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos, explica que es fundamental que las instituciones “se pongan la camiseta” para recoger esta información, que históricamente ha llevado la sociedad civil. “Nosotras tenemos que llevar las cuentas porque al Estado no le interesa. Han invisibilizado nuestras identidades y, como somos invisibles, no nos cuentan, no nos protegen, no escuchan nuestras denuncias, minimizan nuestros casos y la justicia termina siendo inoperante”.

De allí el nombre del informe “Sin registro no hay memoria”, que busca denunciar esta indiferencia del Estado. Según le dijo Castañeda a este diario, son los datos y la información los que permiten construir memoria de las víctimas e insumos que lleven a las autoridades y a la sociedad en su conjunto a tomar decisiones que permitan prevenir estas violencias.

“Queremos que el informe sirva de denuncia pública sobre la responsabilidad que tiene el Estado, en representación de instituciones como Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Policía y demás instituciones. Es una denuncia que va desde esta deficiencia de los sistemas de información, hasta las pocas garantías que tienen las personas LGBTIQ+ en el país para la resolución de todas las violencias de las que son víctimas”, asegura De la Rosa.

Así lo dice el texto en una de sus 232 páginas: “Las personas LGBTIQ+ seguiremos denunciando la indiferencia del Estado a nuestra lucha por la identidad y el reconocimiento. Resistimos a vivir en la invisibilización, a que nos impongan cómo vivir, a que destruyan nuestros cuerpos, a que no nos cuenten. Nosotrxs contamos”.

Fuente El Espectador/El Tiempo

El Espectador – Cada dos días, una persona LGBTIQ+ es asesinada en Colombia

El Tiempo – Violencia contra personas LGBTIQ+ en 2023 no dio tregua, hubo 156 asesinatos

Blu Radio – “Cada 55 horas asesinan a una persona LGBTIQ+ en Colombia”: organización Caribe Afirmativo

Cambio – Cifras de violencia contra la comunidad LGBTIQ+: Cada dos días asesinan a una persona 

Cablenoticias – Se registraron 156 homicidios de personas LGTBIQ+ en 2023

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Asesinan a mujer trans en el suroriente de Barranquilla (Colombia)

Lunes, 20 de abril de 2020
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D4B3A6BF-5699-42BA-8A72-351FE40F6A39La magnitud de violencia usada en el crimen de Leider Alberto Salas Jiménez, de 33 años, asesinado con más de 20 puñaladas en El Barrio La Chinita y cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana de este jueves, le da a Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo, una lectura de que sus atacantes tenían la intención de causar el mayor daño posible, lo que se traduce en un “crimen de odio”.

Esta es una mujer trans que tenía mucha visibilidad en el sector de La Chinita y por esa misma razón era muy hostigada por los actores ilegales que controlan ese territorio. Además nos estremece la sevicia de su crimen porque 20 puñaladas en su cuerpo da cuenta de una clara intención de parte del perpetrador, no solo de matarla, sino de general alto nivel de violencia como para mandar un mensaje de rechazo a lo que la víctima representa”, indicó Castañeda.

Para el director de conglomerado que representa la comunidad LGBTI en Barranquilla, las mujeres transexuales son las principales víctimas de los crímenes de prejuicio que se comenten contra esta población.

De todo el universo de personas LGBTI, las más afectadas siempre son las personas transexuales porque son las más visibles, es decir, los gays y las lesbianas pasamos más desapercibidos porque no se nos nota nuestra orientación sexual, o la podemos disimular, pero en el caso particular de Paloma, siempre estaba de mujer. Ella evidencia y lo que quería los actores armados era precisamente que no evidenciara su identidad de género, pero ella no lo podía hacer porque era su esencia. La conclusión es que a mayor visibilidad, mayor riesgo, comentó Wilson Castañeda.

Caribe Afirmativo reitera el llamado a las autoridades distritales para que le brinden protección a las personas trans porque la vía pública es justamente el escenario donde se cometen este tipo de crímenes contra ellas.

“Nosotros tenemos identificadas cinco zonas donde hay mayor riesgo de ataques contra la población LGBTI y son: el Paseo Bolívar, La Chinita, el sector que conduce hacia el puente Pumarejo, un sector entre las calles 70 y 72 y Soledad, que son donde estas personas suelen hacer uso del espacio público y el trabajo de las autoridades no debería ser retirarlas de ese espacio, sino protegerlo para que ellas puedan estar”, sostuvo el director de la corporación.


***

*En medio de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio y límites a la circulación a raíz del COVID-19, el día de hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de Paloma, mujer trans residente del barrio la Chinita al suroriente de la ciudad.

*Tercer homicidio contra una persona LGBT en el marco del aislamiento social.

16 de abril de 2020. En horas del mediodía, en proximidades al Caño de la Auyama en el barrio La Chinita al suroriente de la ciudad de Barranquilla, fue encontrado el cuerpo sin vida de Paloma, mujer trans de 33 años residente del sector. Acorde a las impresiones iniciales de las autoridades, el delito habría sido cometido en horas de la noche del día de ayer. Frente al suceso, se evidencia sevicia en la realización de la conducta al haber sido herida en múltiples áreas de su cuerpo con objeto cortopunzante.

Esta forma de violencia se ha configurado como un patrón dentro de los delitos de homicidio o feminicidio hacia personas con orientaciones sexuales, identidades de género o expresiones de género diversas, siendo ejemplo de ello casos como el de Alid, hombre gay residente de la ciudad de Cartagena y, José y Yojarvis, también hombres gais de la ciudad de Valledupar, casos todos documentados,  sumando  en lo que va del año 2020 (incluyendo el de Paloma), 11 homicidios contra personas LGBTI en la región Caribe, en contraste con 23, registrados a nivel nacional.

En 2019, se presentaron en el Caribe colombiano, 19 homicidios de personas LGBT: 10 hombres gays, 7 mujeres trans y 2 mujeres lesbianas; de ellos 7 se cometieron en la ciudad de Barranquilla. En los meses transcurridos del año 2020, en el caribe han sido asesinadas 11 personas LGBT: 3 de ellas en la ciudad de Barranquilla y todos durante el periodo de aislamiento social (23 de marzo, 31 de marzo y 14 de abril) y dos, de los tres, ocurridos en el barrio la Chinita.

Frente a esta situación, es necesario recordar que las mujeres trans configuran una de las poblaciones más vulnerables dentro de la sigla LGBT; los prejuicios hacia su vivencia del género y la visibilidad que las caracteriza, las posiciona fácilmente frente a múltiples formas de discriminación y abuso a raíz de los prejuicios en contra de sus identidades, cargas éstas, negativas que se reproducen en ambientes familiares, sociales e institucionales y,  por lo cual, en muchas ocasiones se ven obligadas a vivir en condiciones de violencia, precariedad, desigualdad, temor y sin poder acceder a la protección que el Estado debería brindarles; muy por el contrario, terminan siendo víctimas de discriminación ante las autoridades o uso excesivo de la fuerza policial, persecución y abuso.

La Fiscalía debe tener el feminicidio como hipótesis y buscar los hechos indicadores del prejuicio para verificar o descartar esa hipótesis, recordando que el feminicidio es aplicable cuando se da muerte a una mujer trans por su identidad de género. No es suficiente sacar medidas legislativas como la que creó el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo, puesto que la Ley 1761 de 2015, al establecer este tipo penal para favorecer y garantizar la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres con motivos de género, recordó también la obligación del Estado de trabajar para prevenir y erradicar toda forma de violencia o discriminación, obligación que nace en marco de la constitución e instrumentos internacionales como la Convención Belém Do Pará.

Además la Corte Constitucional en sentencia C-539 de 2016 y la C-297-2016, ha recordado que los asesinatos hacia mujeres por motivos de su identidad de género (que serían feminicidios agravados), deben ser analizados desde un contexto amplio de vulnerabilidad y opresión al que han sido sometidas históricamente las mujeres; las mujeres trans particularmente, se encuentran sometidas a procesos de marginalización y estigmatización, incluso luego de ser asesinadas, por parte de la sociedad, la institucionalidad y los medios de comunicación. Por tanto, reconocer este atroz acto como un feminicidio agravado resulta imprescindible para poder explicar el por qué ocurrieron los hechos tal como acontecieron.

Por todo lo anterior, desde Caribe Afirmativo, lamentamos y rechazamos el suceso ocurrido e instamos a las autoridades pertinentes a que adopten las medidas adecuadas con el propósito de esclarecer los presuntos móviles prejuiciosos, y evitar la repetición de casos similares, que se sumen a las filas de la impunidad judicial, ya tan colmada de casos de homicidios o feminicidios por prejuicio. Asimismo, recordamos a los medios de comunicación y periodistas en general, la obligación de reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans, ya que, el no hacerlo constituye un agravio hacia la dignidad de la víctima.

OFICINA DE COMUNICACIONES
CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO

Fuente Agencias/ Caribe Informativo

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Crisis humanitaria de venezolanos LGBT en el Caribe

Jueves, 6 de septiembre de 2018
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640x0-noticias-cortesia-caribe-afirmativo36 líderes LGBT venezolanos se reunieron en Barranquilla con el apoyo de Caribe Afirmativo y la Friedrich Ebert Stiftung.

En un trabajo publicado por el diario colombiano El Espectador, la organización Caribe Afirmativo informa que ha contabilizado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays y trans venezolanos en la zona de los departamentos caribeños de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar. En el trabajo periodístico se indica que podría tratarse de una oleada violenta de la mal llamada “limpieza social” —que según denuncias incluye muchas veces a las fuerzas policiales—, desatada contra la población venezolana trans.

En lo que va de 2018  en la región caribe, una mujer trans venezolana ha sido asesinada, cinco han muerto en etapa SIDA por falta de acceso a medicamentos; tres panfletos han amenazado directamente a personas venezolanas en la región y se han instaurado más de 29 tutelas exigiendo atención inmediata en materia de salud con enfoque diferencial hacia las personas LGBT;  se han denunciado dos hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans venezolanas en espacios públicos de la región y 42 quejas se han interpuesto por discriminación y xenofobia hacia ellos y ellos sumando a el rechazo a su nacionalidad su pertenencia a la población LGBT.

Caribe Afirmativo, realizó en la ciudad de Barranquilla un encuentro con líderes LGBT venezolanos que tuvieron que migrar del vecino país por presiones o amenazas a su activismo o por la insostenibilidad de sus proyectos sociales por la crisis económica.  Asistieron 36 personas que hoy residen en Guajira (Maicao y Riohacha), Magdalena (Santa Marta y Ciénaga), Atlántico (Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia) y Bolívar (Cartagena y Turbaco).

En lo que va del año, Caribe Afirmativo ha registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y trans del vecino país, que han llegado al Caribe colombiano huyéndole a la crisis de Venezuela.  29 ciudadanos LGBT viviendo con VIH han tenido que interponer tutelas para acceder a medicamentos y en lo que va del año, ya 4 han muerto en etapa SIDA por falta de acceso a ellos. En relación con las mujeres trans, muchas de ellas, están en las ciudades de la región en trabajo sexual, y han sido víctimas de riñas internas con trabajadoras sexuales colombianas, de presión y control por parte de grupos ilegales y de amenazas de muerte, en Valledupar, Santa marta y Cartagena han circulado panfletos amenazándolas y en Valledupar fue asesinada en días pasados una mujer trans de nombre Lily, oriunda de Venezuela y quien se dedicaba al trabajo sexual. En relación con la violencia policial, se han presentado dos casos de agresiones masivas, uno en Maicao, en el mes de abril donde resultaron gravemente heridas seis mujeres trans y otro más en Santa Marta, donde dos mujeres trans venezolanas denunciaron ser víctimas de abuso de autoridad; en términos generales las personas LGBT venezolanas, aseguran que han sufrido agresiones por parte de funcionarios de Migración Colombia.  La mayoría de estos ciudadanos residen en Barranquilla, Cartagena, Maicao y Riohacha. Estos dos últimos en La Guajira.

“Constantemente, en la calle donde trabajamos han pasado hombres en camionetas y motos y nos han agredido tanto verbal como físicamente, obligándonos en varias ocasiones a desplazarnos de nuestro sitio de trabajo”, señala Ángeles Cardozo, una mujer trans que reside en Maicao (La Guajira).

Por su parte, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, indicó que se ha registrado un ingreso significativo de venezolanos LGBT en la zona de Maicao (La Guajira), frontera con el estado petrolero de Zulia, en Venezuela.

Muchas de estas personas no se encuentran en óptimas condiciones de salud y recurren al trabajo sexual como una vía para sostenerse económicamente, advierte Castañeda. Los registros de Caribe Afirmativo dan cuenta de la presencia de, por lo menos, 150 personas abiertamente LGBT procedentes de Venezuela que residen en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Maicao, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

Con el propósito de establecer un diagnóstico sobre la situación real que viven las personas LGBT venezolanas que han migrado al Caribe colombiano, la organización alemana Friedrich Ebert Stiftung en conjunto con Caribe Afirmativo, sostuvieron un encuentro con 36 líderes LGBT venezolanos que residen en esta zona del país y de donde salieron las denuncias que prendieron las alarmas sobre la realidad que viven.

Las personas  LGBT venezolanas refugiadas en  Colombia, pertenecen a seis tipos de  perfiles migratorios: Colombianos retornados con sus familias; nacionales venezolanos en condición regular; inmigrantes con Permiso Especial de Permanencia-PEP, nacionales Venezolanos en tránsito; miembros de pueblos Indígenas en territorios de frontera con Venezuela
y migrantes Irregulares.

El abordaje de esta última población es uno de los grandes retos en salud y migración. Por ejemplo, en relación a la atención en salud, se asegura la atención inicial de urgencias en los términos que define la norma; así como también pueden ser beneficiarias de las intervenciones colectivas gestionadas desde las entidades territoriales y las acciones de gestión de la salud pública que cobijan a toda la población del territorio.

La mayor emergencia y desafío en el trabajo con las personas LGBT venezolanas en el caribe es la atención en VIH; dado la situación migratoria, y de su situación social y en salud, en especial la atención medica recibida en nuestro país para las personas diagnosticas con VIH/Sida, para ello se vio necesario instalar de inmediato una campaña que:

  1. Indague y documente información que dé cuenta de situaciones relacionadas con el acceso, atención y tratamiento de VIH que enfrentan los ciudadanos venezolanos LGBT en Colombia.
  2. Esta información permite contar con evidencia de la situación humanitaria y en salud de las personas con VIH ó Sida venezolanas inmigrantes en Colombia, para el dialogo y exigibilidad de derechos ante el sistema de salud y gobierno colombiano.

Con el Decreto 1288 de 2018 se adoptaron medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan medidas sobre el retorno de colombianos. El Decreto establece la regularización temporal de los 442.462 venezolanos que realizaron el Registro y que habían ingresado a Colombia, quienes tendrán un permiso de permanencia temporal de dos años y acceso a servicios básicos de salud, educación y trabajo.

Caribe Afirmativo ha hecho uso de este decreto para incidir con las autoridades locales y lograr que los y las personas LGBT venezolanas tengan acceso a la atención de urgencias, puedan afiliarse al Sistema de Seguridad Social en salud a través de la encuesta Sisben para ubicarlos en el régimen contributivo o subsidiado, 442.462 venezolanos realizaron hasta el día 8 de agosto de 2018 el Registro. En total, hasta esa fecha, existían 894 mil venezolanos en todo el país y de ellos el 27,9 % en el caribe colombiano

Recomendaciones

  1. Para las alcaldías y gobernaciones del Caribe diseñar e implementar planes de acciones afirmativas para atender integralmente y con enfoque diferencial a las personas LGBT, recogiendo particularmente las recomendaciones del Ministerio de Salud de adelantar seis acciones para prevenir problemas de salud y atender a la población migrante.
  2. Las acciones prioritarias son la coordinación intersectorial, particularmente con las autoridades migratorias y del sector social; el desarrollo de capacidades en problemas de salud habituales de inmigrantes; la afiliación al sistema de salud para quienes cumplan los requisitos; el control de alimentos y bebidas que ingresan al país; la vigilancia de brotes y epidemias; y las intervenciones colectivas, entre las que se incluyen la denuncia de situaciones de violencia y el fortalecimiento de espacios de convivencia.
  3. Garantizar que en los programas que se implementan con personas LGBT en específico y con la ciudadanía en general se incluya con igualdad de derechos a las personas procedentes de Venezuela.
  4. Hacer modificaciones a las rutas y protocolos de atención para que tengan en cuenta la atención diferenciada e integral a personas LGBT venezolanas.

Fuente Caribe Afirmativo/ El Espectador

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Asesinan a una mujer lesbiana en Colombia y los testigos la desnudan para saber su género

Martes, 6 de diciembre de 2016
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780x580-noticias-estefany-stefanell-perezEstafany Stefanell Pérez es una lesbiana que, tras ser asesinada por unos motoristas, los mismos vecinos que tratan de socorrerla, terminan por ultrajar su cuerpo al desnudarla para saber si es hombre o mujer. 

Distribuidora de bebidas alcohólicas para establecimientos de ocio, Estefany Stefanell Pérez, de 27 años, se encuentra charlando en la confluencia de las calles 1 y 42, en el barrio de Ciudadela 20 de julio, a las 8:30 de la mañana del sábado, 27 de noviembre, cuando un grupo de cuatro individuos se acercan en dos motocicletas, disparándole hasta en cinco ocasiones y dejándola gravemente herida en el suelo para huir a continuación por la Avenida Las Torres, en dirección a la calle Murillo, según testigos presenciales que explicaron que «a nadie le dio tiempo de correr y le dieron los disparos de frente, todos» y asegurando que los motoristas «nunca que quitaron los cascos al bajarse de la moto».

Con la probable intención de socorrer a la víctima y llevarla al hospital más cercano, algunos vecinos de la zona deciden arrastrar su cuerpo al interior de un vehículo, pero al percatarse de que ya no presenta signos de vida, deciden volver a depositarlo en la calle, temerosos de ser vinculados con una probable investigación, en lo que constituye el principio de una serie de decisiones de lo más insólitas y escabrosas. «Algunos personas no hicieron nada con ayudarla, sino que aprovecharon para ver si tenía algo de valor para llevárselo. La gente no tiene consideración por la vida de un ser humano. Debemos cambiar esos comportamientos», asegura un vecino de la zona, describiendo el proceder de los curiosos que se acercan al lugar, que llegan incluso a bajarle los pantalones para «verificar si era hombre o mujer». Un gesto total y absolutamente innecesario dado que no podían haber hecho nada por salvar su vida, independientemente de que fuera de género masculino como femenino. Finalmente sería trasladada a la Clínica de la Policía donde ingresa sin signos vitales.

lesbiana-1-696x452«Reprochamos esas conductas tan deshonrosas como la de quitarle la ropa a la mujer asesinada, para ‘buscar inspeccionar si se trataba de una mujer’ por su apariencia altamente masculina. Poner el riesgo la dignidad de un ser humano, incluso luego de ser víctima de una muerte violenta, donde puede más la curiosidad que el afán por auxiliarla y respetar su integridad personal, demuestra cómo los prejuicios hacia las mujeres lesbianas perviven en la sociedad incluso después de la muerte, buscando quizás justificar en su orientación sexual la responsabilidad de su muerte. Es urgente no solo investigar y prevenir este tipo de violencia sino generar campañas con la ciudadanía para el respeto a la dignidad humana y reconocimiento de derechos de las mujeres lesbianas, sin clasificarlas como portadoras de perversidad», declara Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

«Estefany asumía abiertamente su orientación sexual, y no había recibido amenazas e intimidaciones por eso, ella asistía a los espacios de encuentros para personas LGBTI de la ciudad», explica Castañeda, exigiendo prioridad a la Fiscalía encargada de asuntos LGBTI de la capital del Atlántico para una investigación que sirva para resolver los hechos y encontrar a los culpables de la mujer número 51 que ha resultado asesinada este año en el departamento de Atlántico (Colombia), la tercera víctima perteneciente a la comunidad LGBT. Hasta 30 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en la zona del Caribe el año pasado, siendo los casos de víctimas lesbianas son los que presentan mayores niveles de crueldad, demostrando que su orientación sexual las hace más vulnerables.

Fuente Caribe Afirmativo, vía Universogay

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Pese a la presión de los grupos homófobos, el nuevo acuerdo de paz en Colombia sigue contemplando a las víctimas LGTBI

Martes, 22 de noviembre de 2016
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Bandera_gay_ColombiaEl colectivo LGTBI siendo estando reconocido en el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Un acuerdo que tuvo que ser reformulado después de que el acuerdo original fuese rechazado en un plebiscito (por la mínima y con una baja participación) celebrado el pasado 2 de octubre. Un resultado que en parte fue debido a la intensa movilización de los sectores conservadores más abiertamente homófobos, que criticaron con fiereza el hecho de que el acuerdo incorporase el enfoque de género y reconociese de forma específica a las víctimas LGTBI.

Como explicamos días antes del plebiscito, por primera vez en un proceso de este tipo los acuerdos incorporaron de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, algo que fue celebrado por los colectivos LGTB colombianos, como Colombia Diversa o Caribe Afirmativo. El acuerdo reconocía como víctimas a las personas LGTBI, les permitía exigir justicia individual y colectiva por los daños motivados por la LGTBfobia y les reconocía el derecho a una atención diferencial y a una reparación integral. Permitía, asimismo, que las personas LGTBI se involucrasen en la construcción de la paz, asegurándoles que los derechos adquiridos serían realidad en todos los territorios de Colombia.

Es por todo ello que los colectivos LGTB apoyaron de forma rotunda el “sí”, pero también que por ejemplo muchas iglesias evangélicas utilizaron el argumento de que Colombia sería entregada a la “dictadura homosexual” (también al “ateísmo” y al “castrochavismo”) para movilizar a sus feligreses. El argumento de que los acuerdos de paz suponían la aceptación oficial de la “ideología de género” fue de hecho uno de los más utilizados por los partidarios del “no”. Y no solo por las pujantes iglesias evangélicas: también líderes políticos católicos utilizaron este argumento, y ello a pesar de que el papa Francisco había mostrado expresamente su satisfacción por el acuerdo de paz (aunque por lo que se refiere al plebiscito la Iglesia católica mantuvo la “neutralidad oficial”). Un ejemplo es el de Alejandro Ordóñez, que recientemente ha dejado su cargo como procurador general, desde el cual ha liderado múltiples batallas contra los avances en materia LGTB que se han ido produciendo en Colombia en los últimos años. Ordoñez, cuya reelección como procurador el Consejo de Estado declaró nulo en septiembre, se convirtió en otro de los rostros del “no”. “La Colombia creyente tiene la obligación de votar ‘no’”, llegó a asegurar“Aunque lo quieren negar, en más de 144 apartes del acuerdo hablan del enfoque de género, y en muchas de las utilizaciones de esa expresión está implícita la ideología de género”, fue una de las razones que argumentó.

Fuertes presiones de los líderes homófobos

Como recogíamos tras conocer el resultado del plebiscito, el peligro más inmediato era que una renegociación del acuerdo excluyese al colectivo LGTBI colombiano, que ya se enfrenta de hecho a numerosos desafíos (como la iniciativa de referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras que promueve la senadora liberal Viviane Morales). De hecho, las presiones de los homófobos, como recopilaba hace días Colombia Diversa. Alejandro Ordoñez se llegó a reunir con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y aseguró a la salida del encuentro que el acuerdo iba a ser “purgado” de la “ideología de género”. Líderes evangélicos (de distintas sensibilidades) también se reunieron con Santos, transmitiéndole la preocupación que el tema suscitaba entre varias de sus iglesias. Tras la reunión, los líderes evangélicos destacaron “el espíritu de grandeza y el gran pragmatismo político con que el presidente Santos recibió el resultado” del plebiscito.

20150211171627173vivian-1Incluso la mencionada senadora Morales llegó a viajar a Cuba para acordar con las FARC un documento de compromiso que asegurase que el enfoque de género recogido en el acuerdo se refería “a la reivindicación y protección especial de los derechos de la mujer como víctima principal del conflicto y como protagonista esencial en la construcción de la paz” y no a otros colectivos, así como que este no daba pie al reconocimiento expreso de los diferentes modelos de familia y respetaba “el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores”.

El reconocimiento del colectivo LGTBI se mantiene

Por fortuna, una vez conocida la nueva versión del acuerdo, no parece que el daño haya sido grave, y los colectivos LGTB colombianos siguen considerándolo muy positivo. Es cierto que las iglesias han ganado peso en el proceso de implementación de los acuerdos, pero los derechos de las personas LGTBI se mantienen (de hecho, el afán por definirlos mejor y no dar lugar a interpretaciones que pudieran ser utilizadas en contra del acuerdo han llevado a que sean citadas aún más veces que en el anterior acuerdo). Por lo que se refiere a la familia, el texto se deja claro que se protege a esta y a sus integrantes como núcleo de la sociedad, pero no la define ni en un sentido ni en otro, aunque se mantiene una referencia al pluralismo y la no discriminación.

Algo que satisface suficientemente, por ejemplo, a Caribe Afirmativo, un colectivo que tras hacer un primer análisis del texto considera que sigue siendo positivo. “Caribe Afirmativo celebra que en el nuevo acuerdo (…) no solamente se haya mantenido el reconocimiento a la afectación que el conflicto armado hizo en relación a la orientación sexual o la identidad de género de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, sino que también se continúa sosteniendo que, tal como se ha reflejado en el día a día en los territorios del país, son actores clave de la construcción de paz”, asegura su director, Wilson Castañeda. “Seguiremos estos días estudiando con mucho detenimiento el acuerdo y leeremos allí la competencia que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en la construcción de paz. Desde ya asumimos un compromiso de rodear el acuerdo, cooperar en su implementación y hacer pedagogía en la región, saludando y agradeciendo el esfuerzo del equipo de negociación entre el gobierno y las FARC, los movimientos sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía para construir una paz estable y duradera”, ha añadido.

Desde dosmanzanas nos felicitamos que así sea, y esperamos que pese a los tropiezos el proceso de paz en Colombia siga su camino.

Fuente Dosmanzanas

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Casas de Paz, espacios de concordia para el colectivo LGTB colombiano

Miércoles, 14 de septiembre de 2016
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30293_pareja-de-chicas-colombia-manifestacionTras medio siglo de conflicto armado, no hay colectivo que no haya sufrido los estragos de la violencia en Colombia. Ahora, gracias al esfuerzo de las asociaciones de DDHH de la región, se han creado las Casas de Paz con el objetivo de convertirse en un espacio de confort y libertad para las personas LGTB.

Combatir el odio con arte. Apagar la violencia con sonrisas. Silenciar la discriminación con el crecimiento personal… las Casas de Paz que se han creado en Colombia para acoger y crear un espacio de libertad para el colectivo LGTBI se han convertido en la mejor solución para paliar la constante violación de los DDHH que se produce en el país cafetero desde hace medio siglo.

La película de terror que han protagonizado durante décadas el gobierno colombiano y las FARC ha segado millones de vidas. El diario local ‘El Espectador’, afirma que en Colombia hay 7.212.010 víctimas registradas, de las cuales la Unidad de Víctimas del país destaca que 1.795 pertenecen al colectivo de LGBTI.

Una comunidad que ha sufrido de un modo especialmente grave puesto que por la guerrilla siempre ha tenido la intención de establecer la heterosexualidad como única forma de amor.

El primer paso para que el colectivo dejase la situación de silencio a la que se ha visto abocado se ha dado con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El segundo paso, para la reconstrucción de sus vidas, ha llegado con la creación de las Casas de Paz.

Arte Vs Violencia

Los establecimientos han nacido gracias al ingente esfuerzo de Wilson Castañeda, creador de ‘Caribe Informativo‘ y uno de los líderes del LGTBI más activos de la región. Están ubicados en cuatro municipios caribeños de Colombia (Maicao, Ciénaga, El Carmen de Bolívar y Soledad) y quieren convertirse en espacios de la memoria y a la asesoría psicosocial de las víctimas de este colectivo.

En estos espacios, se apostará por diferentes expresiones artísticas y culturales que buscan la sensibilización con aquellas personas que hayan recibido algún tipo de rechazo por diferentes factores relacionados con la orientación sexual durante los años de la guerra.

Además, se realizarán talleres grupales e individuales que estarán encaminadas a la construcción de la personalidad y se les formará “en la incidencia política en sus territorios para que puedan hacer uso de sus derechos ciudadanos y ser parte activa de la construcción del tejido social”, según ha indicado Castañeda en la entrevista.

Si se cumplen los plazos previstos, la apertura de estos espacios se producirá en el próximo mes de octubre con la finalidad de servir como medio de ayuda en la resolución del conflicto armado, no solo para la comunidad LGTBI, sino también para aquellos actores sociales comprometidos con la paz y la igualdad.

Fuente: Redacción Chueca

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Asesinan en Riohacha (Colombia) a una lideresa trans víctima del conflicto

Miércoles, 24 de agosto de 2016
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Oriana-Nicoll-Martínez-300x268Oriana Nicoll Martínez,

Una mujer trans que se había desplazado a Medellín luego de que un grupo de paramilitares la persiguiera en Sincelejo, Sucre, fue asesinada en un hotel de La Guajira.  Apenas hace dos meses había denunciado su caso ante la Defensoría del Pueblo.

***

Barranquilla, 18 de agosto de 2016. Es ilógico, pero mientras en Colombia la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, todavía se conocen historias de odio, que develan cuán hace falta trabajar para acabar con la homofobia y la transfobia.  Oriana Nicoll Martínez, lideresa trans de 32 años, que fue asesinada ayer en un hotel de Riohacha, es el más reciente caso que tristemente nos toca sumar a la cifra de víctimas LGBT de este año.

Martínez es una conocida activista LGBT de Sincelejo, Sucre, de donde es oriunda, que fue víctima del conflicto armado cuando un grupo paramilitar se ensañó con varias mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual en la vía El Maizal, donde las golpeaban y amenazaban.  Ella, que apenas hace dos meses interpuso una denuncia formal sobre este caso ante la Defensoría del Pueblo seccional Sucre, tuvo que desplazarse a Medellín, Antioquia, para proteger su vida. Esta lideresa también fue víctima de una agresión policial el año pasado, cuando un agente le disparó a ella y otras mujeres trans en Sincelejo, situación que fue puesta en conocimiento ante la Fiscalía.

Oriana fue encontrada sin vida con dos heridas con arma blanca: una en el cuello y otra en el brazo derecho. De los dos hombres que supuestamente estaban con ella en el hotel, no se ha sabido nada. CARIBE AFIRMATIVO pudo constatar que el cuerpo de esta mujer fue encontrado con señales de tortura y violencia sexual.

Como Martínez era víctima del conflicto armado, es importante que la Unidad de Víctimas resuelva la inclusión de su hecho ‘victimizante’, se apropie de este caso y solicite a las autoridades competentes que pronto se conozca que pasó en ese hotel, quiénes estarían detrás del asesinato de esta líder trans y por qué la asesinaron.

Con la muerte de Oriana ya van 10 personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, asesinadas en la región Caribe este año: seis son hombres y mujeres transgénero, y dos de estos casos han ocurrido en La Guajira.

La corporación CARIBE  AFIRMATIVO hace un llamado a la Fiscalía  para  que avance con celeridad en esta investigación, y se determinen las  causas  de este homicidio, que –casualmente- ocurre dos mes después de que Oriana denunciara  que fue víctima del conflicto armado; y que también se esclarezcan otros casos de personas LGBT, y se establezca si estos guardan relación con la orientación sexual e identidad de género de cada una de estas personas.

“También solicitamos a las entidades competentes que ofrezcan otras alternativas laborales a las personas trans, para que se desempeñen en otras actividades diferentes al trabajo sexual. La mayoría de las mujeres transgénero denuncian que se dedican a este oficio, porque no tienen otras opciones”, afirma el director de CARIBE AFIRMATIVO, Wilson Castañeda.

Fuente Caribe Afirmativo

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Personal de seguridad de centro comercial condenado a aprender sobre comunidad LGTB

Jueves, 14 de julio de 2016
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Caso-centro-comercialTomado de revista Semana.

Un tribunal condena al personal de seguridad de un centro comercial de Barranquilla (Ecuador) a aprender sobre la comunidad LGTB por un caso de discriminación por orientación sexual.

La Corte Constitucional reconoce los derechos de un joven homosexual de Barranquilla (Colombia) que había sufrido discriminación en base a su orientación sexual, condenando al Centro Comercial Portal del Prado a presentar disculpas públicas a la víctima en un plazo no superior a 48 horas tras el comunicado de la sentencia, asimismo, el personal deberá instruirse sobre la comunidad LGTB, como también apela a que lo haga el propio personal jurídico que falló en primera instancia contra el joven homosexual.

«Instruir, por el tiempo que considere conveniente, al representante legal, al jefe de seguridad, a los supervisores y demás personal de seguridad del centro comercial mediante algún programa pedagógico con el cual promocione los derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, a la honra, a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBT, así como a la erradicación de cualquier forma de discriminación contra esa comunidad», explica la notificación de la corte en un fallo que sienta un precedente histórico para la comunidad LGTB colombiana.

1468087031_955219_1468101576_noticia_normalHéctor Barros/Archivo personal

La agresión se produce el 21 de enero de 2015, cuando Héctor Barros, de 23 años de edad, tras haber entrado a uno de los cuartos de baño del establecimiento, es interpelado por un vigilante de seguridad, quien le prohibe hacer uso del baño y lo saca del lugar acusándolo de protagonizar actos obscenos. «Lo sacaron a la fuerza con gritos y burlas, incluso le decían a los usuarios del Centro Comercial que lo sacaban por cometer actos obscenos en el baño con otro hombre», explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que presentó la denuncia junto a Barros en la semana posterior al incidente.

Ante la denuncia presentada, el personal del Centro Comercial no accede a la revisión de las cámaras de vigilancia, tal y como solicita el demandante lo que según él mismo alega, demostraría que no había cometido acto ilícito o impúdico alguno. De hecho, un juez de segunda instancia falla inicialmente en su contra al determinar que no tiene pruebas que demuestren lo que ha sucedido. De ahí que en su fallo, la Corte Constitucional arremeta también contra los jueces, el Defensor del Pueblo y todas las personas involucradas en el caso, porque según se interpreta, Héctor Barros «se identificó como una persona de orientación sexual diversa, condición que lo ubica como víctima potencial de actos discriminatorios, por lo que adquiere la calidad de sujeto de especial protección constitucional», recordando que no es competencia de una persona demostrar que ha sido discriminada, sino a sus agresores demostrar, en todo caso, que no lo hicieron.

Comunicado de Caribe Afirmativo quien celebra fallo de la Corte Constitucional en contra del centro comercial en Barranquilla

Caribe AfirmativoLa corporación acompañó desde principios de 2015  una denuncia ante este órgano de control que garantizó con una sentencia los derechos de un joven gay en la capital del Atlántico, y ordenó al centro comercial Portal del Prado pedir disculpas públicas.

La corporación Caribe  Afirmativo recibió en 2015 una  denuncia de un  joven que busco  nuestra asesoría jurídica por un acto de discriminación del que  fue  víctima en el centro comercial Portal del  Prado,  cuando los vigilantes  le  prohibieron hacer uso  del baño público y lo acusaron, sin ninguna  prueba,  de tener actos obscenos dentro de ese lugar.

Nuestro  equipo jurídico  presentó junto con el  demandante  una  tutela  ante  el  Juez  20 Civil Municipal de Barranquilla, por vulneración de los derechos al buen nombre y dignidad humana a nombre del afectado, pero el juez de primera instancia determinó que no hubo violación de los derechos fundamentales; impugnamos la  decisión y  el Juzgado  Décimo del Circuito de Barranquilla solicitó en segunda instancia que se utilizara como prueba el testimonio del exjefe del accionante, pues  el centro comercial negó el  hecho y  pidió además, una inspección judicial en las cámaras del centro comercial, solicitud del mismo demandante en una carta en la que se relaciona la prueba extrajudicial  y además, donde el ex jefe reconoce que el hechos si se  presentó  y donde solicitamos  revisar nuevamente las  cámaras.

El argumento  del cuerpo de  vigilantes  para  sacar al  ciudadano del baño público  fue que  éste  estaba  protagonizando actos obscenos en  ese lugar y con  ´empujones¨, a la  fuerza,  con  gritos y  burlas lo  retiraron del lugar, incluso  le decían a los usuarios del  centro comercial que lo sacaban por  cometer actos  obscenos en el baño  con  otro  hombre.

Según la Corte, a partir de ahora todos los jueces del país que conozcan casos de discriminación como este deben obligar a la parte demandada a que demuestre con pruebas que no cometió el abuso, así la presunta víctima no tenga los elementos suficientes para acreditarlo. De lo contrario, dice la corporación, se dará por hecho que se produjo la violación de los derechos del accionante.

Caribe  Afirmativo manifiesta  con preocupación  cómo se ha convertido en un  hecho sistemático y  permanente la  agresión y negación  al uso  y disfrute de los espacios  de los  centros  comerciales en la  región  Caribe  a las  personas  LGBT, pues  denuncias  similares hemos  recibido de centros  comerciales de  Barranquilla, Cartagena y  Montería, a pesar de que  en sentencias  anteriores  de la  Corte  por casos similares, ocurridos  en    Cali y  Bogotá,  se  ha  exigido a  estas empresas,  garantizar que los espacios  de circulación  y públicos deben  contar con todas las  garantías  para  los ciudadanos que  hacen uso de ellos,  sin  ninguna expresión  de  discriminación o  exclusión;  por  ello es  importante y urgente  que  la Alcaldía  Distrital  haga  seguimiento y  establezca acciones  preventivas al  respecto y que genere un programa  de   formación  con los  centenares  de  vigilantes  privados que  velan  por la seguridad de espacios públicos y mixtos   y que  excusados en que  no son  funcionarios públicos,  no asumen  un compromiso con la  garantía  de  los  derechos  de los  usuarios y  transeúntes, en relación que su servicio  se hace en el marco  de un servicio  público.

Caribe  Afirmativo  espera  que  el centro comercial tan pronto sea notificado proceda a pedir disculpas  públicas al  afectado; pero  además  solicita que  de inmediato el  centro comercial, y como medida de reparación,  genere un programa de  sensibilización  y  capacitación a  su cuerpo de  vigilancia y a  funcionarios sobre el respeto y reconocimiento  a los  derechos de las  personas  LGBT; que se  genere  una campaña  comunicacional en el centro  comercial   en sus carteleras y  espacios  públicos que  envíen  mensajes a los transeúntes de respeto y  convivencia  con la  diversidad sexual y  las  identidades  de  género.

Fuente Universogay/Caribe Afirmativo

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Un municipio de Colombia elige al primer alcalde abiertamente gay del país

Sábado, 31 de octubre de 2015
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alcalde_gay_colombiaJulián Antonio Bedoya, nuevo alcalde del municipio de Toro, al oeste del país, logró un total de 3.764 votos, equivalente al 52 % de los electores, venciendo a por un amplio margen a sus tres contendientes.

Las elecciones regionales de este domingo en Colombia hicieron historia despúes de que Julián Antonio Bedoya, candidato a la alcaldía de Toro, en el departamento de Valle del Cauca, se convirtiera en la primera persona abiertamente gay en ser elegida para este cargo.

“Creo que juntos podemos buscar un mejor progreso. Este pueblo (Toro) merece oportunidades nuevas. Gente nueva. Merece el cambio”, dijo en uno de sus videos de campaña.

Ángelo Araujo, líder de la comunidad LGBT en el Valle, dijo que la elección de Bedoya representa un hecho histórico. Sin embargo, también añadió que hay mucho trabajo que hacer, “ya que no todos tienen su misma suerte”.

Asimismo dijo que ahora el reto es dejar en alto el nombre de la comunidad porque “de nada sirve tener un candidato abiertamente gay y que tenga problemas de corrupción y que deje cosas inconclusas en su municipio”.

Por su parte, el director de la asociación LGTB Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, aseveró que “lo que pasa con Julián es que se demuestra que el movimiento tiene mucho que aportarle a la democracia. Es un mensaje claro a los partidos políticos”.

Fuente Cáscara Amarga

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Se llevó a cabo el 1° Encuentro de Liderazgo Político LGBTI

Lunes, 15 de septiembre de 2014
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carlos-bruceDel 4 al 6 de setiembre se llevó a cabo en Lima, Perú el Primer Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y El Caribe, del que participaron decenas de autoridades como congresistas, ministros, regidores y concejales que a la vez son activistas y líderes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. La actividad se llevó a cabo en el campus sur de la Universidad Cayetano Heredia, en la avenida Armendáriz 445, Miraflores.

Durante estas jornadas, los líderes y lideresas analizaron diversos puntos de la agenda política LGBTI y dieron a conocer sus propios balances y sus retos a futuro. Así, por ejemplo, se llevaron a cabo los paneles “La participación política de personas LGBTI en Latinoamérica y el Caribe”, “Liderazgos LGBTI en los partidos políticos” y también se realizaron talleres como “Creación y funcionamiento de equipos de campaña”, “Claves para un buen mensaje de campaña”, entre otros.

El alcalde de Long Beach, Robert García, primer alcalde latino y abiertamente gay de Long Beach (EE.UU) participó junto al congresista peruano Carlos Bruce y la legisladora argentina María Rachid del primer panel del evento, denominado “La visibilidad LGBTI: Un cambio a la construcción de una democracia real. En él, García narró su experiencia como autoridad LGBTI en Estados Unidos.

“Era la primera vez que un latino y además abiertamente gay postulaba a un puesto así en el país y en uno de los estados más grandes. Tenía mucho temor, pero todo resultó excelente. Especialmente la comunidad latina nos apoyó mucho. En Estados Unidos tenemos tres alcaldes LGBTI: en Houston, en Seattle y yo, en Long Beach, indicó García.

Por su parte, el congresista Carlos Bruce, consideró que, pese a la demora en el debate del proyecto de Unión Civil en el Perú, se ha avanzado, pues “al margen de que se apruebe o no, considero que hemos avanzado y demostrado que nuestra identidad de género u orientación sexual no tiene nada que ver al momento de ejercer un cargo público o alguna representación pública, que ser gay no te hace ni mejor ni peor servidor público”.

“Yo tengo una ventaja. He sido ministro de Estado, he sido reelegido congresista, hasta mis adversarios reconocen que hemos realizado un buen trabajo. Si asumir eso significa un costo, pues habrá que asumirlo para tener un país más equitativo”, expresó.

Además, sostuvo el parlamentario, “hemos propuesto a los partidos políticos peruanos crear en sus organizaciones las secretarías LGBTI, una propuesta que ha tenido acogida de diversos partidos, sectores y líderes políticos como el Apra, el Frente Amplio, la Izquierda, Pedro Pablo Kucsynski, Acción Popular no lo ha descartado. El único que, por razones evidentes, no lo ha aceptado, es el PPC”, indicó.

Por su parte, la legisladora argentina María Rachid narró cómo fue el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en su país. También participaron de la inauguración Carlos Cáceres, director IESSDEH de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como los representantes de las instituciones organizadoras del evento: Luis Abolafia, director de Programas Internacionales Gay & Lesbian Victory Institute, EE.UU; Wilson Castañeda, director de Corporación Caribe Afirmativo-Colombia; y Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

Al respecto, Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) expresó que “ha sido una gran experiencia participar del Primer Encuentro de liderazgos LGTBI de América Latina ya que pudimos compartir nuestras experiencias con quienes luchan en todo el continente por más igualdad. La FALGBT ha impulsado grandes cambios en nuestro país y ese trabajo es mirado con enorme atención en todos los países de la región, lo cual nos llena de orgullo. Asimismo pudimos constatar el clima muy positivo que se vive en toda la región, lo que augura un pronto avance de nuestros derechos a nivel continental.”

Fuente: Perú.com, Prensa FALGBT, vía SentidoG

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Colombia: Comunidad LGBTI es víctima de las bacrim

Viernes, 1 de agosto de 2014
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6e1d5bba1200b487a30a5d32ee63490eLa zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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