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Castilla y León suspende la puesta en marcha del protocolo de atención al alumnado trans en las escuelas

Lunes, 16 de diciembre de 2019
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jcylLa Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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VOX y Hazte Oir: las conexiones entre la ultraderecha y el lobby ultracatólico homófobo llegan a las instituciones

Miércoles, 11 de diciembre de 2019
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Ignacio-Arsuaga-Santiago-Abascal_2145395543_13816993_660x371Ignacio Arsuaga, con Santiago Abascal

Decenas de activistas logran actas en el Congreso y las cámaras autonómicas y municipales

La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga es previa al nacimiento de VOX. La vinculación entre el presidente de Hazte Oir y Santiago Abascal es personal

Durante los años de irrelevancia política del partido de Abascal, el lobby ultraconservador ha ejercido como su altavoz mediático y social

“Cada uno de los miembros de El Yunque tiene que estar presente en algún tipo de asociación pública, tipo Hazte Oír, CitizenGO, Women of the World, Instituto de Política Familiar o España Generosa”, explica Santiago Mata

En una sentencia del 19 de mayo de 2014, el Juzgado de 1ª Instancia número 48 de Madrid consideró probada y “esencialmente veraz” la relación entre la secta secreta y miembros de Hazte Oír, y desestimó la demanda presentada por Arsuaga contra López Luengos.

La entrada de Vox en las instituciones no solo ha supuesto la imposición de su discurso de extrema derecha, también ha permitido la entrada de nombres vinculados o muy cercanos a lobbies ultracatólicos como Abogados Cristianos o Hazte Oír (HO) en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales. Una investigación de Laura Gallaup en eldiario.es en la que este cronista ha colaborado.

La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga, fundador y presidente de la organización ultraconservadora que fletó el autobús transfóbo y llenó las calles de Madrid – con el apoyo de una veintena de obispos – contra el matrimonio igualitario en 2005, es previa al nacimiento de Vox. En algunos casos, como el de Arsuaga y Santiago Abascal, esta cercanía va más allá del activismo y la vinculación es personal: son amigos. El vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, y la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, también han compartido espacio con Arsuaga en eventos organizados por HO durante años.

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Fuente Religión Digital

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Continúa llegando a los colegios material homófobo de HazteOír

Martes, 10 de diciembre de 2019
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mis_hijosLa organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

imageEl kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

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L’Osservatore Romano define a Vox como partido “de extrema derecha”

Lunes, 9 de diciembre de 2019
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vox-263x600Tras la formación de la Mesa del Congreso

“Aquí no vamos a decir cómo etiquetamos algunos al Osservatore, al actual Vaticano y a este Papa”, le responde Hermann Tersch

El diario de Ciudad del Vaticano, L Osservatore Romano, ha definido a Vox como un partido de extrema derecha” en un artículo publicado este jueves en su versión en papel.

La publicación religiosa se hace eco de la constitución del Congreso de los Diputados del pasado 3 de diciembre y a la hora de mencionar a Ignacio Gil Lázaro, el vicepresidente cuarto de la Mesa que pertenece al partido de Abascal, lo sitúa en “una formación política de extrema derecha”.

En la formación de extrema derecha no le ha gustado mucho la etiqueta. Por este motivo algunos miembros han salido a responder el diario del Vaticano, como ha sido el caso del eurodiputado HermannTertsch, quien en un tuit ha dicho: Aquí no diremos cómo etiquetamos algunos al Osservatore, el actual Vaticano y este Papa”.

Osservatore Romano es un diario propiedad de la Santa Sede que se define como “un diario politico-religioso”. Fundado el 1861, esta cabecera da cobertura a la actualidad del Papa Francisco y publica artículos de opinión escritos por destacados miembros del clericato de la Iglesia Católica.

Fuente Religión Digital

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VOX amenaza los presupuestos de Madrid si PP y Cs mantienen las subvenciones LGTB+

Lunes, 2 de diciembre de 2019
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C1E67263-4A3A-4D6D-B015-95162FC93AF6El alcalde de Madrid (PP), flanqueado por sus socia Begoña Villacís (Ciudadanos)y su muleta Ortega Smith (VOX)

Aunque el gobierno se compromete con los derechos del colectivo, las subvenciones a (por ejemplo) el MADO peligran de una forma u otra por la presión de VOX a PP y Ciudadanos.

Nos preguntamos dónde están ahora los del  #YOSOYGAYYDELPP y los gays de Ciudadanos, o las señoras Inés Arrimadas y Patricia Reyes, tan defensoras ellas de acudir (más bien reventar) a la manifestación del Orgullo  después de haber blanqueado a la extrema derecha y utilizarlos como forma de alcanzar el poder contra PSOE y Podemos en cualquier institución (Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Ayuntamiento de madrid… dándoles espacio y validez al discurso fascista, racista, xenófobo, machista y LGTBfóbico… Nos preguntamos dónde están ahora los de ahora firmo y luego no cumplo… el señor Javier Maroto y su compañeras Andrea Levy,

Una de las terribles consecuencias  de llegar al poder apoyado por partidos políticos racistas, xenófobos, machistas, misóginos y LGTBfóbicos es que cuando toque ir a los inmigrantes, a las mujeres y a las personas LGTB+ a pedirles votos a lo mejor te reprochan que las subvenciones a las entidades que son vitales para esos colectivos estén en peligro. Y eso es exactamente lo que puede pasar con el dinero público que el Ayuntamiento de Madrid otorga tanto a los organizadores del Orgullo como a varias entidades sociales que reciben subvenciones nominativas fijadas por el anterior gobierno de Manuela Carmena.

El pasado lunes, durante la comisión de presupuestos, el gobierno municipal de Almeida y Villacís aseguró, a través del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que el ayuntamiento «no dará un paso atrás» en la defensa de los derechos LGTBI ante la exigencia de VOX de que se deroguen todas las subvenciones nominativas  destinadas a dichos colectivos.

“Este gobierno no va a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la lucha por los derechos LGTBI. No vamos a tocar en los presupuestos ninguna de las subvenciones nominativas o convenios fijados. Tenéis la garantía de este gobierno. Está en los presupuestos”, le dijo Aniorte a los concejales de Más Madrid y PSOE quienes, lógicamente,  no se creyeron lo dicho. Ya que aunque esas subvenciones estén en los presupuestos, los presupuestos necesitan el apoyo de VOX para ser aprobados.

Aránzazu Cabello, advirtió a Aniorte y a sus «compañeros de ideología» de que “de una forma o de otra conseguiremos nuestro objetivo y no daremos pasos atrás”. Y  es que no es una forma de hablar: si los presupuestos de PP y Cs no cuentan con el apoyo de sus nuevos amigos se acabarían prorrogando los de Carmena. “Tendrán que consultar la disposición adicional séptima del presupuesto”, explicó la Cabello, “Que dice que cuando se prorroga decaen todas las subvenciones nominativas. Así que de una forma u otra conseguiremos nuestro objetivo.”

Es decir,  que o bien PP y Cs se comprometen con VOX a perjudicar de alguna manera al colectivo LGTB+ (entre otros) para que éstos aprueben sus presupuestos… O no hay nuevos presupuestos, se mantienen los de Carmena y, por lo tanto,  desaparecen automáticamente las subvenciones.

Lo dicho… el blanqueador PP,Ciudadanos es tan maravilloso que elimina toda “mancha” rebelde…

Fuente Europa Press , vía hazte Queer

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El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha, y HazteOir dice que hará “todo lo posible” para “frenar” la ley LGTBI de Cantabria

Martes, 26 de noviembre de 2019
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imag2.phpLo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

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PP, Ciudadanos y Vox unen sus votos en Castilla y León para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos

Miércoles, 20 de noviembre de 2019
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1564672422433mdnFrancisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

  • la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
  • la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
  • la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

  • Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
  • Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
  • Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
  • Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
  • Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
  • Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
    que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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Una diputada de VOX cuestiona la existencia de niños gays y trans

Martes, 19 de noviembre de 2019
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2802139La diputada Alicia Rubio asegura que la ley LGTBI tiene “taras ideológicas”, que “vulnera derechos” y promete derogarla en cuanto sea posible.

Tras las elecciones, se ha confirmado lo peor: VOX es la tercera fuerza política de España y, además de tener un programa homófobo, machista y xenófobo, por el que han apostado millones de españoles, también tiene diputadas como Alicia Rubio, que cuestiona la existencia de la infancia LGTBIQ y su necesidad de protección con frases como No hay que proteger a niños gays, si es que existe semejante cosa”.

Su intervención se produjo el pasado 14 de febrero y ante la entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien después pactaron un acuerdo de investidura. El nombre de Alicia Rubio toma relieve ahora tras recomendar sustitur el feminismo , al que tacha de “cáncer“, por cursos de costura en las aulas escolares:

De estas declaraciones se hacían eco en Los Replicantes, donde recogen las frases de la diputada de VOX en la Asamblea de Madrid y dirigente del partido, que dice cosas como:

“El problema es que no hay que defender a los niños homosexuales o a los niños trans, si es que existe semejante cosa, sino que hay que defender a todos los niños”

Alicia Rubio hace referencia a la ley LGTBI, de la que dice que «está plagada de taras ideológicas y vulnera derechos fundamentales». La Ley LGTBI a la que Rubio se refiere es la norma 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. La finalidad de esta ley, aprobada en la Asamblea de Madrid durante la etapa de Cristina Cifuentes, es defender al Colectivo LGTBI de la violencia, en una región en la que se registra una agresión diaria. El texto con el que se busca combatir esta problemática se puede consultar íntegramente en la web oficial de la Comunidad de Madrid pulsando en este enlace.

A juicio de la diputada de VOX, situada en la cúspide del partido al ejercer como vicesecretaria de movilización, la norma representa una “ley ideológica” porque considera que “vulnera derechos fundamentales. El problema es que no hay que defender a los niños homosexuales o a los niños trans, si es que existe semejante cosa, sino que hay que defender a todos los niños”. Nadie en la mesa rebate ese argumento y Rubio prosigue asegurando que la ley que protege al colectivo solo sirve para “crear redes clientelares“, sin explicar cuáles ni aportar datos.

Rubio finalmente considera que esta ley es “una vergüenza social” y ha prometido que la derogará en cuanto tenga influencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid, donde actualmente sostiene el gobierno de PP y Ciudadanos.

Aquí os dejamos su intervención en Intereconomía:

La verdad es que oír esto y pensar que ha recibido el respaldo de millones de personas es aterrador. Sí, por supuesto que hay que defender y cuidar a todos los niños para que vivan en un entorno de amor y educación que les permita crecer felices.

El problema es que mientras que existe infancia que efectivamente, vive con una familia donde es aceptado y querido, con un profesorado y compañeros donde puede desarrollarse plenamente, otras personas viven con miedo. Con miedo al que dirán. Con miedo la opinión de sus padres. A que sus compañeros de clase se rían, les agredan verbal o físicamente.

Hay infancia que crece pensando lo que siente está mal y que es un bicho raro. Sí, esas personas también necesitan ser defendidos, unos referentes y que alguien les diga que son perfectamente normales. Y es que la igualdad no es dar a todas las personas lo mismo, sino ayudar a que todos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades.

Fuente Los Replicantes/AmbienteG

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Pintadas homófobas contra el alcalde socialista de la localidad murciana de Algezares

Lunes, 18 de noviembre de 2019
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pintadas_murcia«La ultraderecha está envalentonada con el resultado de las elecciones y con su discurso de odio pasan cosas como esta», ha asegurado el político socialista, que ve reforzado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades colectivos.

Como bien sabemos, el partido de ultraderecha Vox, fue el partido más votado en Murcia en las últimas elecciones generales. Una comunidad que ya estaba llevando a cabo reformas de sus Estatutos Autonómicos, como el del derecho de identidad de género.

Pues bien Vox, ya está empezando a derogar todas estas reformas, incluyendo las leyes LGTB que ya estaban aprobadas. Y el problema es que ahora con Vox gobernando en Murcia, las cosas solo van a ir a peor.

Por eso no es de extrañar las pintadas de odio que han aparecido en un parque en la localidad murciana de Algezares, dirigidas al alcalde Juan José Garre del PSOE. Mensajes de odio, que afortunadamente los servicios públicos ya se han encargado de borrar.

Pero que dejan en evidencia el sentimiento actual de la región murciana hacia el colectivo LGTB. Y no es la primera vez que ocurre algo similar, en el año 2018 el ayuntamiento de Murcia concedió una subvención de más de 8000 euros a una organización católica que ofrecía terapias de conversión.

Frases como «Muere alcalde maricón», «Maricas HDP [hijos de puta] fuera», «Asco» y un intento de dibujar una esvástica aparecieron el pasado martes en un columpio del parque frente al cual se sitúa la Junta Municipal de Algezares, una pedanía del municipio de Murcia.

El objetivo de las pintadas no es otro que Juan José Garre, el alcalde pedáneo. Se trata de un político visible y casado con su pareja que goza de un importante apoyo vecinal: en las pasadas elecciones municipales consiguió por segunda vez la victoria, consiguiendo en esta ocasión la mayoría absoluta de vocales en su Junta Municipal. Se trata, de hecho, de los pocos pedáneos que han reeditado el apoyo a fuerzas progresistas. Solo 3 de las 59 pedanías que conforman el municipio de Murcia votaron mayoritariamente al PSOE, formación para la que Garre ha obtenido el apoyo en los niveles local, regional y también nacional.

El alcalde ha presentado denuncia de los hechos:

Y ha recibido el apoyo de vecinos y del PSOE.

Cargos electos de formaciones políticas diversas han manifestado su apoyo a Garre, incluyendo al primer teniente de alcalde y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez (Ciudadanos); la segunda teniente de alcalde del municipio de Murcia y concejal de Juventud y Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez (Partido Popular), e incluso del representante de Vox en la pedanía, Ernesto Ballester. «Estoy abrumado por el cariño recibido, incluso se ha montado una concentración de apoyo, estoy muy agradecido», ha expresado Garre.

Además, los vecinos de Algezares convocaron para el pasado sábado, día 16, una concentración a las 12:00 horas en la Plaza de la Rosaleda:

Garre también ha indicado que este hecho solo sirve para «reforzar la ilusión y determinación en favor de los derechos y libertades colectivos». «Ayer fue la gota que colmó el vaso», ha añadido el pedáneo, en referencia a la última propuesta del partido de extrema derecha, la derogación de la ley murciana contra la discriminación de las personas LGTBI.

Por otra parte, el grupo socialista del Ayuntamiento de Murcia ha presentado una denuncia por la aparición de las pintadas.

El discurso de odio arrecia en Murcia

Como hemos comentado, Vox, que se siente reforzada tras ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma el pasado 10 de noviembre, ya ha pedido en la Asamblea regional la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI. Tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que los naranjas niegan y que es aún más evidente tras hacerse Vox con la presidencia de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia, el discurso homófobo, bifobo, tránsfobo, machista, supremacista y xenófobo ha quedado legitimado en todo el territorio regional y respaldado por una parte significativa de la población en las urnas.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas, Vox ya había puesto encima de la mesa la derogación de la ley LGTBI, que PP y Ciudadanos no aceptaron. Sin embargo, los partidos de Gobierno sí han cedido ante una de las principales exigencias de los ultra católicos: implantar el mal llamado «pin parental» en la Región de Murcia para evitar las charlas contra la LGTBIfobia en los centros escolares. Una deriva LGTBIfoba que parece que solo acaba de comenzar.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

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PP y Cs tumban el proyecto de ley LGTB de Castilla y León con el apoyo de Vox, y afirman que ellos harán uno mejor

Sábado, 16 de noviembre de 2019
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bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xPP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

lgtbcortesmiriam-kEVF-U90414260552gT-624x385@El NorteRegistro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

abascal-casado-rivera-696x456Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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Lo temíamos… la extrema derecha “blanqueada” crece en España

Martes, 12 de noviembre de 2019
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abascal-k06E-620x349@abcNo corren buenos tiempos para las personas LGTBIQ+. Las elecciones generales en España del pasado domingo han evidenciado que hay más de 3 millones de personas que nos quieren como ciudadanos de segunda… o algo peor. Verdaderamente aterrador. En estos momentos solo nos queda seguir luchando por nuestros derechos más que nunca. ¿Por qué? Porque elegimos ser libres y valientes, y estamos orgullosas de ello.

Ayer por la noche, conocíamos los resultados de las segundas elecciones generales celebradas en un año, Ganó el PSOE de Pedro Sánchez, muy por delante del PP, pero, por desgracia hemos visto un crecimiento desmesurado de la ultraderecha. Ahora mismo Vox es la tercera fuerza política de nuestro país superando a la derecha en varias provincias y siendo la primera fuerza en la Comunidad autónoma de Murcia… Uno de las consecuencias del blanqueo que han hecho Ciudadanos (que se ha desplomado) y del PP, pactando con la extrema derecha en Andalucía, Madrid, Murcia…

Con sus 52 escaños, más que Podemos y Ciudadanos juntos, su líder, Santiago Abascal ya quiso dejar claro lo que van a intentar hacer.

Van a ir contra “las mordazas, las dictaduras y leyes que ha impuesto la dictadura progre”. Con esta guisa empezaba Abascal su discurso frente a una multitud portando banderas franquistas. En esa primera intervención el líder de Vox también tocó el tema de la inmigración, como suele ser habitual, en lo que ellos consideran como un deber patriótico y social restablecer cierto orden social.

Aunque no mencionó las leyes LGTB, que tanto han dado que hablar desde que empezara su andadura política, con lo que ellos llaman la defensa de la familia tradicional. Por suerte para todos, sus intentos han quedado frustrados por la falta de apoyos en los distintos gobiernos.

Lo importante, es que gracias a sus más de 50 escaños en el Congreso, Vox puede presentar recursos de inconstitucionalidad de lo que desean. Por lo que en los próximos días seguramente empiecen a recurrir todas aquellas ‘leyes liberticidas y anticonstitucionales’.

Nos esperan días duros, y más que nunca nos toca aresistir y continuar con el activismo. Luego no nos quejemos…

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Colectivo Diversitat denuncia ante fiscalía posible delito de odio

Martes, 5 de noviembre de 2019
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fotonoticia_20191028170041_640El otro día informábamos de que se produjeron  insultos homófobos a los asistentes del Salón del Comic celebrado en Alicante el fin de semana. Aquellos que insultaron fueron los anteriores asistentes de un evento en el mismo recinto, eran grupos de ultraderecha seguidores de Vox.

El colectivo Diversitat ya anuncio del suceso, ahora ha llevado el asunto a la Fiscalía, para que se investigue un posible delito de incitación al odio al discurso que dio el líder de Vox, Santiago Abascal, momentos antes de que se iniciara el evento del Salón del Comic. Este delito está recogido en el artículo 510 del Código Penal.

Asimismo, se ha solicitado la identificación de aquellos que increparon e insultaron a los asistentes que portaban banderas arcoíris con gritos homófobos, así como que se tomen las medidas legales establecidas ante tales sucesos.

Y ante la pasividad mostrada por el Ayuntamiento de Alicante, han exigido a la Generalitat Valenciana, que se abra un expediente al recinto que organizo ambos eventos, por poner en peligro la integridad física y moral de las personas que asistieron al Salón del Comic, haciéndolo coincidir de manera muy imprudente con un acto de precampaña electoral del grupo de extrema derecha.

El colectivo ha informado que han recibido apoyo por parte de la ministra de justicia en funciones, Dolores Delgado y de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por los hechos ocurridos el fin de semana.

El presidente de Diversitat, Toño Abad, manifestó este lunes al respecto de este ataque que «no podemos permitir que en el espacio público se vulneren los derechos de las personas que estaban en un acto pacífico y que se han visto involucradas en un acto político de la extrema derecha». Añadió que «IFA no tuvo en cuenta las consecuencias que tendría» (refiriéndose a la celebración simultánea de ambos actos) y añadió que «desde Diversitat le exigimos tanto al ayuntamiento y la diputación de Alicante, como a la Generalitat y al patronato de IFA, compuesto por los alcaldes y alcaldesas de varias ciudades de la provincia, que no cedan espacio participado por entidades públicas a aquellas personas que nos condenan día a día e intentan coartar nuestra libertad». En su opinión, «permitir que, en el espacio público, pagado por todas las personas que residen en la provincia, se perpetúe el discurso de odio convierte a la institución en cómplice de los insultos con los que nos atacan. Así mismo, instamos al gobierno de la Generalitat a que realicen todas las acciones pertinentes recogidas en la Ley LGTBI Valenciana para que estos actos no queden impunes. Como sociedad y como colectivo no vamos a permitir que ni una persona más sufra las represalias de la expresión de su libertad».

Desde Diversitat, consideran que permitir que un espacio público pagado por todos, se use como herramienta para discursos de ultraderecha convierte a la propia institución en cómplice de los mismos insultos. Por eso instan a la Generalitat valenciana a tomar medidas urgentes recogidas en las leyes LGTB valenciana para que no se vuelvan a repetir los hechos ocurridos el sábado.

El colectivo LGTB de Alicante opina que no se puede defender a la diversidad si se abraza a fuerzas de extrema derecha para poder conseguir el gobierno.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, condenó el ataque homófobo sufrido «empujado y auspiciado por miembros de un partido de la ultraderecha». De esta manera se refirió la ministra al ataque denunciado por el colectivo Diversitat que ha reclamado a la Generalitat y al ayuntamiento de Alicante que «actúe mediante los mecanismos recogidos en la ley LGTBI».

Delgado se pronunció así durante la presentación en Madrid del libro ‘Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso’, de Guillermo Portilla Contreras, que ha publicado el ministerio de Justicia, donde la ministra lamentó que la LGTBIfobia «existió y existe ahora con otras connotaciones y vestido con otro mant. Ataques como el de ayer demuestran que ahora la sociedad es diversa y plural, pero siguen los episodios homófobos que ponen de manifiesto que no hemos terminado y que no vamos a permitir dar un paso atrás en los derechos que tenemos adquiridos», advirtió.

Por ello, calificó de «absolutamente necesario y con nombres y apellidos» el trabajo desarrollado por Portilla en su libro para recordar la «persecución del franquismo contra la libertad sexual», que, según dijo, fue «calculada, sistemática e institucional».

Por otro lado, han criticado a la concejala de LGTBI, María del Carmen Sánchez, cuando esta pidió que no se use el colectivo LGTBI como bandera política. También han reclamado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, del Partido Popular, que retire de la competencia LGTBI a la concejala, por tardar tanto en condenar el incidente, alegando que no les representa.

Fuente Agencias

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Denuncian insultos homofobos en el Salón del Comic IFA

Miércoles, 30 de octubre de 2019
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fotonoticia_20191028170041_640Varios asistentes al mitin de Abascal se colaron en el Salón del Cómic y el Videojuego y gritaron “maricón” a algunos asistentes y “si no te gusta España, vete a tu país, maricón”. Diversitat denuncia el ataque y pide responsabilidades políticas

El colectivo Diversitat de Alicante y el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia denunciaron ayer públicamente los insultos misóginos, homófobos y xenófobos vertidos por algunos asistentes al mitin del líder de Vox, Santiago Abascal el pasado sábado en la Institución Ferial Alicantina (IFA) en Elche, tras irrumpir en un pabellón contiguo donde se estaba celebrando el Salón del Cómic y el Videojuego.

El colectivo Diversitat ha presentado denuncias por delitos de odio contra grupos de ultraderecha vinculados a Vox. Estos hechos ocurrieron el sábado en el Salón del Comic en el Instituto Ferial de Alicante, cuando estos grupos empezaron a increpar e insultar a algunos asistentes del salón del comic que portaban banderas LGTB.

En el mismo recinto, momentos antes había habido un mitin de Santiago Abascal. Una vez finalizó el acto de Vox, en lugar de abandonarlo por la salida pertinente, un grupo se coló por unas puertas que comunican ambos pabellones y que normalmente utiliza el personal del catering y la limpieza.«Eran varios, algunos echaron un vistazo a los stands y salieron sin más. Pero unos cuatro o cinco ya entraron gritando «Arriba España» o «Viva Franco y a quien no le guste, le meto un puñetazo», explicó a este diario una de las personas a las que insultaron y que iba vestida con un disfraz cosplay. «Empezaron a burlarse de mi escote, que se me iban a salir las tetas y que si se salían mucho mejor». Esta chica charlaba con otra en un puesto donde vendían varios objetos y en ese momento, ambas tenían una bandera LGTBI en las manos. «Se pusieron a insultar a la otra chica, la llamaron ‘sucia’ e ‘hija de puta’», indicó.

En ese momento, otro joven se percató de los insultos y salió en defensa de las dos mujeres y pidió a estas personas que se fueran. Fue ahí donde los atacantes se pusieron más violentos y empezaron a gritarle «maricón» y «si no te gusta España, vete a tu país, maricón», tal y como ha quedado recogido en los vídeos difundidos en las redes sociales. Según el testimonio de esta persona, «lo amenazaron y tenían intención de pegarle pero la novia del chico se lo llevó y la cosa no fue a más». Esta persona criticó que los insultos tuvieron lugar bajo la «permisividad» del personal de seguridad y que «nadie de Institución Ferial Alicantina se manifestó, dio explicaciones de la irrupción de estas personas o lamentó lo ocurrido, cosa que sí hizo la organización del certamen». También lamentó que todo esto sucedió en una zona infantil en la que había «multitud de niños de entre cinco y ocho años».

Diversitat público un video en redes sociales en que se puede observar al grupo con banderas de España comienzan a insultar. Seguido de un tuit, en el que denuncia el ataque homofóbico por parte de los asistentes al mitin de Vox.

El colectivo ha informado que el recinto ferial sirvió para que Abascal volviera a deleitar a sus seguidores de la única manera que sabe, con mensajes de odio homofóbico, misógino y xenófobo. Algo que no se debería permitir en un espacio público, que sirviera para tales medios, ha afirmado el presidente de Diversitat, Toño Abad.

Por su parte, fuentes de IFA lamentaron «profundamente» el comportamiento de las personas que provocaron el altercado, aunque matizaron la «excepcionalidad» de lo ocurrido, ya que «salvo este incidente, los dos actos programados transcurrieron con absoluta normalidad». Las mismas fuentes subrayaron que el incidente «apenas duró unos minutos» e indicaron que las personas que accedieron desde el mitin de Vox al Salón del Comic «no fueron más de siete u ocho personas y solo cuatro de ellas provocaron el altercado, siendo acompañados inmediatamente por el guardia de seguridad a la puerta».

El presidente de Diversitat, Toño Abad, manifestó este lunes al respecto de este ataque que «no podemos permitir que en el espacio público se vulneren los derechos de las personas que estaban en un acto pacífico y que se han visto involucradas en un acto político de la extrema derecha». Añadió que «IFA no tuvo en cuenta las consecuencias que tendría» (refiriéndose a la celebración simultánea de ambos actos) y añadió que «desde Diversitat le exigimos tanto al ayuntamiento y la diputación de Alicante, como a la Generalitat y al patronato de IFA, compuesto por los alcaldes y alcaldesas de varias ciudades de la provincia, que no cedan espacio participado por entidades públicas a aquellas personas que nos condenan día a día e intentan coartar nuestra libertad».

En su opinión, «permitir que, en el espacio público, pagado por todas las personas que residen en la provincia, se perpetúe el discurso de odio convierte a la institución en cómplice de los insultos con los que nos atacan. Así mismo, instamos al gobierno de la Generalitat a que realicen todas las acciones pertinentes recogidas en la Ley LGTBI Valenciana para que estos actos no queden impunes. Como sociedad y como colectivo no vamos a permitir que ni una persona más sufra las represalias de la expresión de su libertad».

Desde Diversitat, consideran que permitir que un espacio público pagado por todos, se use como herramienta para discursos de ultraderecha convierte a la propia institución en cómplice de los mismos insultos. Por eso instan a la Generalitat valenciana a tomar medidas urgentes recogidas en las leyes LGTB valenciana para que no se vuelvan a repetir los hechos ocurridos el sábado.

El colectivo LGTB de Alicante opina que no se puede defender a la diversidad si se abraza a fuerzas de extrema derecha para poder conseguir el gobierno.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, condenó ayer el ataque homófobo sufrido este domingo en la Institución Ferial de Alicante por un grupo de personas que que fueron insultadas en un ataque «empujado y auspiciado por miembros de un partido de la ultraderecha».

De esta manera se refirió la ministra al ataque denunciado por el colectivo Diversitat que ha reclamado a la Generalitat y al ayuntamiento de Alicante que «actúe mediante los mecanismos recogidos en la ley LGTBI».

Delgado se pronunció así durante la presentación en Madrid del libro ‘Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso’, de Guillermo Portilla Contreras, que ha publicado el ministerio de Justicia, donde la ministra lamentó que la LGTBIfobia «existió y existe ahora con otras connotaciones y vestido con otro mant. Ataques como el de ayer demuestran que ahora la sociedad es diversa y plural, pero siguen los episodios homófobos que ponen de manifiesto que no hemos terminado y que no vamos a permitir dar un paso atrás en los derechos que tenemos adquiridos», advirtió.

Por ello, calificó de «absolutamente necesario y con nombres y apellidos» el trabajo desarrollado por Portilla en su libro para recordar la «persecución del franquismo contra la libertad sexual», que, según dijo, fue «calculada, sistemática e institucional».

Fuente Agencias

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Tras Murcia, Andalucía: PP y Ciudadanos acuerdan con Vox que los alumnos necesiten permiso de sus padres para asistir a charlas educativas contra la LGTBIfobia

Martes, 29 de octubre de 2019
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640D1B85-E6B9-478B-AC21-F7FFC59098ADEl Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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La policía ugandesa detiene a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, en pleno recrudecimiento de la violencia LGTBfoba

Martes, 29 de octubre de 2019
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uganda-1758988_960_720La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Dios los cría, y Franco los junta: ¿qué Iglesia es posible en España tras la exhumación?

Sábado, 26 de octubre de 2019
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Piedad del Valle de los Caídos eldiario.es

Son pocos, muy pocos, los obispos que quieren revertir la actual situación en nuestro país

“Las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal marcarán definitivamente si los obispos españoles se quieren quitar el sambenito con el que les bautizó en su día el dictador -el ‘España, Faro de Occidente, martillo de herejes, luz de Trento’- o, por el contrario, prosiguen en la deriva de división y enfrentamiento al Papa, en Roma, y a los valores democráticos, en nuestro país”

“Dios los cría, y Franco los junta”, lamenta, en privado, uno de los pocos obispos que admite que, a lo largo de estos meses, la Iglesia española debería haberse pronunciado claramente, enmendando la plana al prior falangista y colocándose del lado de las víctimas

Ramón Tejero: “Dichoso Ud. mi General que por defender la Fe Católica y el Santo Nombre de Jesucristo ha recibido insultos, calumnias y persecución, en la vida y en la muerte”

Un buen día para recordar al cardenal Tarancón

Lo que la salida de Franco deja pendiente en el Valle de los Caídos

Exhumación de Franco, ¿fin del nacionalcatolicismo?

15719149346062Cuando Franco murió, la Iglesia española había dejado ‘atados y bien atados’ sus privilegios en una sociedad que intentaba avanzar, lentamente, hacia la democracia. En Roma, diez años atrás, había concluido el Concilio Vaticano II, que trató de poner a la Iglesia católica en hora con el mundo, pero los obispos españoles seguían con el reloj parado en 1953, momento en que el Régimen consagró la alianza entre la Cruz y la Espada que hizo posible la ‘Sagrada Cruzada’ (así llamaron los obispos en 1937 a la Guerra Civil).

Hoy, 44 años después, con Franco reinhumado en Mingorrubio, los obispos españoles continúan mirando con dificultad al futuro. Igual que sucediera tras el Concilio, pocos prelados se animan a seguir el impulso del Papa Francisco y acabar con una Iglesia clericalizada, que oculta en un armario los estigmas de los abusos de poder y sexuales, se afana en conservar privilegios anacrónicos y sigue sin darse cuenta de que hoy, en pleno siglo XXI, España ha dejado de ser católica y su influencia en la sociedad resulta prácticamente insignificante.

Acabar con la herencia del dictador

Los obispos no se oponen a la exhumación de Franco, pero sí al fin de las prebendas que les dio el dictador. El nuevo Concordado (ahora llamado Acuerdos Iglesia-Estado), que se negoció a la par que la Constitución y fue aprobado ahora hace 40 años, continúa dotando a la Iglesia de múltiples beneficios fiscales, económicos, jurídicos y de presencia social.

En muy pocos países de nuestro entorno la Iglesia católica (y sólo la Iglesia católica) recibe, sin dar nada a cambio, un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, cuya finalidad no detalla con precisión.

La enseñanza de la Religión católica es de oferta obligatoria y sus profesores son designados por el obispo del lugar (que puede despedirlos sin dar razón alguna), pero pagados por la Administración. Con el personal religioso en hospitales públicos, el Ejército o las prisiones sucede tres cuartos de lo mismo.

Polémicas inmatriculaciones

La Iglesia está exenta de multitud de impuestos y, por si fuera poco, las administraciones todavía no han dado el paso de exigir el pago de aquellos que sí debería pagar, como el IBI para aquellas actividades que no tengan fin estrictamente pastoral o de culto (garajes, pisos de alquiler, museos, etc…). Pero, además, los obispos han logrado registrar a su nombre, con el único aval de su firma, 35.000 bienes en el período 1998-2015.

prior-Cantera-Franco_2170892892_14030768_667x375El prior Cantera, con los Franco

Unas inmatriculaciones que (al menos la mitad) no tienen que ver con templos, sino con inmuebles o terrenos que, en su día, fueron enajenados por otros intereses oscuros, en buena medida gracias al dictador que, desde hoy, descansa en Mingorrubio.

Osoro y Omella, atrapados

¿Es esta la verdadera función de la Iglesia? Son pocos, muy pocos, los obispos que tratan de revertir esta situación de privilegio. No lo tienen fácil, y el ‘caso Franco’ lo ha demostrado. Los cardenales Osoro y Omella (Madrid y Barcelona), los hombres puestos por el Papa Francisco para cambiar el rostro de la Iglesia de nuestro país, no cuentan con la fuerza suficiente para acometer las reformas que les pide Bergoglio.

Un Bergoglio que, por cierto, no visitará España mientras los obispos sigan “en guerra” entre ellos, como admitió durante un vuelo papal. Las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal marcarán definitivamente si los obispos españoles se quieren quitar el sambenito con el que les bautizó en su día el dictador -el ‘España, Faro de Occidente, martillo de herejes, luz de Trento‘- o, por el contrario, prosiguen en la deriva de división y enfrentamiento al Papa, en Roma, y a los valores democráticos, en nuestro país.

Ultracatólicos, sectarios y postfranquistas

La exhumación de Franco, además, ha puesto de manifiesto la existencia de un sector, minoritario pero muy potente, de ultracatólicos que siguen vinculando su fe a la extrema derecha, y consideran la salida del dictador del Valle “una profanación”, y la posición oficial de la Iglesia (cumplir con la legalidad vigente) una traición al hombre que les salvó de la persecución y la desaparición.

patrulla-Policia-Nacional-San-Nicolas_EDIIMA20191024_0403_4Y es que los mismos que pintarrajearon decenas de iglesias de Madrid acusando a Osoro de traidor -en una imagen que recuerda, muy poderosamente, a los gritos de ‘¡Tarancón, al paredón!’, tras la muerte de Carrero Blanco- e invitando a dejar de marcar la ‘X’ en la Renta son los que este jueves salieron a defender la actitud obstruccionista del prior Cantera y la homilía del cura hijo del golpista Tejero en la que faltó poco para ‘canonizar’ a Francisco Franco.

“Dios los cría, y Franco los junta”, lamenta, en privado, uno de los pocos obispos que admite que, a lo largo de estos meses, la Iglesia española debería haberse pronunciado claramente, enmendando la plana al prior falangista y colocándose del lado de las víctimas.

Los ‘católicos de toda la vida’

Grupúsculos como HazteOir o Máslibres, situados en la órbita de Vox y de sectores ultracatólicos como los kikos, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo (e incluso más allá, a través de sectas como El Yunque), que lo mismo organizan una sentada para protestar contra la exhumación ante la sede del PSOE, que acosan a las mujeres que van a abortar a las puertas de la clínica Dator.

Vamos, los católicos ‘de toda la vida’, que añoran una España en la que Franco dio todo el poder a la Iglesia, y donde los únicos valores que podían defenderse eran los de la firme ortodoxia, la continencia sexual y las familias numerosas. Los mismos que, en otro tiempo, quemaban mujeres en la plaza pública acusadas de brujas u obligaban a judíos, musulmanes o protestantes a abjurar de su fe si no querían perder la vida.

Los mismos que, tal vez, hace unos años hubieran mandado a Jesucristo a picar piedra en la cantera de Cuelgamuros. A mayor gloria de Francisco Franco, que en Mingorrubio descanse.

Fuente Religión Digital

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La Extrema derecha quiere impedir que la bandera arcoíris ondee en los ayuntamientos ni edificios oficiales

Sábado, 26 de octubre de 2019
Comentarios desactivados en La Extrema derecha quiere impedir que la bandera arcoíris ondee en los ayuntamientos ni edificios oficiales

bandera-arcoiris-ayuntamiento--644x362El partido de Santiago Abascal vuelve a la carga del colectivo LGTB. Desde Vox quieren proponer retirar las banderas LGTB de las fachadas de los edificios municipales porque lo consideran “escaparates ideológicos”.

Ortega Smith lo propondrá el próximo miércoles en el pleno del ayuntamiento, en el que quieren proponer en lugar de colocar la bandera del arcoíris, “la bandera nacional” en un lugar destacado, muy visible junto a la de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y la de la Unión Europea.

Con esta propuesta Vox, quiere retirar cualquier símbolo de reivindicación política social o atribuida a cualquier asociación, que conviertan las fachadas de los municipios públicos en herramientas políticas. Con excepciones en Navidad, Semana Santa y en las fiestas patronales.

Aprovechando el pleno de la semana que viene el grupo de Ortega Smith también propondrá una condena “expresa” de los crímenes perpetrados por los regímenes totalitarios comunista, marxista, estalinista y nacionalsocialista. Desde Vox justifican esta propuesta por el marco de la resolución del conocimiento de la memoria histórica europea.

Fuente Agencias/Cromosomax

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Vox quiere implantar el Pin parental para cuestiones LGTBI en la Comunidad de Madrid y se pregunta “dónde termina la educación en diversidad sexual” y “dónde comienza la corrupción de menores”

Lunes, 21 de octubre de 2019
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1559058437_010289_1559058553_noticia_normalVox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

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En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

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Gabriel Ariza, ‘facilitador’ del encuentro de Santiago Abascal y Robert Sarah

Sábado, 28 de septiembre de 2019
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Ariza-Salvini-Abascal_2161893800_13941076_660x371“Dios los cría…”

El líder de la ultraderecha, con Salvini y con el cardenal, contra la acogida a los refugiados

El director de Infovaticana acompañó al presidente de Vox en su encuentro con Salvini, y le ayudó a abrir las puertas para el encuentro con el prefecto del Culto Divino, uno de los mayores opositores al Papa Francisco en el interior de la Curia

Junto al ex ministro italiano, arremete contra la “nueva invasión musulmana” en España, algo en lo que coincide con el cardenal guineano

El pasado lunes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, alardeaba en las redes sociales de haber mantenido un encuentro con el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, en la curia vaticana. Tras una cita con un compañero de fatigas de la ultraderecha italiana, Matteo Salvini, en la que arremetió contra la nueva invasión musulmana en España, el líder de la formación verde se encontraba con el purpurado guineano.

¿Quién facilita estos encuentros, que ponen contra la espada y la pared a la Iglesia española y al propio Papa Francisco? Ni más ni menos, que Gabriel Ariza. El hijo del empresario Julio Ariza (responsable de la quebrada Intereconomía) y director del portal de ¿información? Infovaticana, aparecía sonriente junto a Abascal y Salvini, durante la gira del primero por Italia, que acabó llevándole a los pasillos de Culto Divino.

Invasión migratoria

En sus redes, el líder de Vox glosaba así su encuentro con Sarah: “Ayer tuve también la ocasión de visitar al cardenal Sarah en Roma y conversar con él. Pocas voces más autorizadas sobre la invasión migratoria que vacía África e inunda Europa que la de un cardenal de la Iglesia nacido en Guinea Conakry, un país africano con un 90% de musulmanes”.

En otra imagen, Abascal mostraba, orgulloso, la dedicatoria del último libro de Sarah, ‘Se hace tarde y anochece’ (publicado en España por Palabra), en el que el purpurado aborda, entre otros asuntos, el fenómeno de la inmigración de masas como “una nueva forma de esclavitud”. “A Santiago Abascal, con mis oraciones y mi bendición”, se lee en la misma.

“La Iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en que se ha convertido la inmigración de masas”, afirma en su libro el cardenal Sarah, quien estará el próximo 7 de noviembre en Madrid con motivo del Congreso Católicos y Vida Pública.

Contra Osoro y contra el Papa

El cónclave ultraconservador, facilitado por Ariza, no es baladí. Y es que el cardenal guineano es uno de los principales críticos de la política a los refugiados impulsada por el Papa Francisco y criticada con dureza por Vox. Hace pocos días, Javier Ortega Smith respondía a la petición de Osoro de abrir corredores humanitarios para los inmigrantes pidiendo al Vaticano que abriera sus puertas para acoger a todos los refugiados que quisiera. Curiosamente, ahora es su jefe quien acude a la Curia a hacerse la foto.

Y es que las conexiones vaticanas de Abascal no se pueden entender sin la colaboración de amplios sectores del más rancio ultracatolicismo español. Infovaticana es uno de los medios de referencia de sectores ultras como HazteOir, y fue la web española que lanzó las acusaciones del ex nuncio Viganò acusando al Papa de proteger a un cardenal pederasta en Estados Unidos (que se demostraron falsas), y la que da voz a todos los enemigos de Francisco, a quien acusan (cada vez menos veladamente) de hereje y de promover un cisma. Cardenales como Müller, Burke o Brandmuller, u obispos españoles como el polémico Reig Pla, son algunos de los críticos con Francisco que nutren a este medio. Ahora, al menos, ya lo sabemos.

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VOX quiere retirar el nombre de Pedro Zerolo de su plaza

Miércoles, 18 de septiembre de 2019
Comentarios desactivados en VOX quiere retirar el nombre de Pedro Zerolo de su plaza

640x0-noticias-homenaje-a-pedro-zerolo-tuit-carlaantonelli-1Homenaje a Pedro Zerol en su plaza, tuit @CarlaAntonelli | Foto: Uso Permitido

La tienen clara. la ultraderecha fascista nos encontrará de frente. Lo peor es que el alcalde del PP no quiso, ya en su día, que se dedicara dicha plaza a Pedro Zerolo:

Pedro Zerolo fue uno de los primeros políticos en salir del armario, en vivir su homosexualidad abiertamente, no solo por la necesidad de referentes que se necesitaba en este ámbito, sino que también como una valiente opción política para luchar por los derechos de la comunidad LGTB.

El político socialista falleció en 2015, a los 55 años, de cáncer. Tras su muerte se cambió el nombre de la plaza Vazquez de Mella, en el barrio gay madrileño, Chueca, por el de plaza Pedro Zerolo. Un gran homenaje a un valiente y luchador político, a quien tenemos mucho que agradecer.

Pero no. Parece que no todos tienen tanto que agradecer a Zerolo, porque encabezando la lista de los intolerantes y homófobos está el partido de extrema derecha Vox, el mismo que ha dicho que una pareja homosexual con un hijo no es una familia, el mismo que amenaza con quitarnos el Orgullo de Madrid.

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Vox, que no se cansa de hostigar a la comunidad LGTB ahora quiere cambiarle el nombre a la plaza Pedro Zerolo de Madrid. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que pedirá que se reviden los nombres de todas las calles y plazas que se han cambiado en los últimos años bajo el amparo de la Ley de la Memoria Histórica y como ejemplo ha hablado expresamente la plaza dedicada a Zerolo.

Vox dice que no tiene «problemas» con que se ponga el nombre de Zerolo a una calle de Madrid, siempre que sea en las afueras, el extrarradio o un barrio nuevo, no en el centro de nuestra capital. Cuando le comentaron que Chueca era un símbolo gay dice que no es así, que no todos los vecinos se identifican con ello y que quieren que vuelva el nombre que anteriormente tenía la plaza: Vázquez de Mella.  Vázquez de Mella fue un político de la restauración, diputado carlista y ultraconservador, furibundo antimasón y autor de polémicos escritos antisemitas, que ya cuenta con una calle en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

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El Presidente del Gobierno de España en funciones Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Pedro Zerolo presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales entre 1997 y 2003. También fue concejal de Madrid, encabezó la secretaría de Movimientos Sociales del PSOE en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue uno de los impulsores del matrimonio igualitario en España. Como presidente de la FELGTB (en realidad, de la FELGT: aún no había añadido la “B” a su denominación oficial) Pedro Zerolo resistió los duros embates del aznarismo entonces gobernante y contribuyó a desarrollar el movimiento asociativo LGTB en España tal y como lo conocemos hoy. Cuando consideró necesario incorporarse a la política lo hizo desde las filas del PSOE, partido del que fue secretario de Movimientos Sociales en la época de José Luis Rodríguez Zapatero (posición a la que Pedro Sánchez lo devolvió) y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Pedro llegó a ser el número 3 en las listas del PSOE a la Asamblea de Madrid en las anteriores elecciones de mayo , aunque desgraciadamente nos dejó antes de poder tomar posesión de su escaño en el Parlamento regional, donde de no haber fallecido habría recogido su acta de diputado.

Gracias por todo, Pedro.

Fuente El País/Cristianos Gays

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