El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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Añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de sentencias favorables a los derechos de las personas LGTB de este mes de mayo, el juez federal John E. Jones ha resuelto que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que establecen las leyes de Pensilvania es inconstitucional. El juez Jones no ha dictado una suspensión temporal de su fallo, pero sí ha ordenado la inmediata expedición de licencias de matrimonio a las parejas el mismo sexo que las soliciten, hecho que ya se ha producido. Sin embargo, las leyes de Pensilvania obligan a una espera de tres días hábiles desde que la licencia es expedida hasta que el matrimonio pueda llevarse a cabo, a menos que un juez exima a la pareja de esa dilación. La oficina del gobernador aún no ha comunicado si apelará la decisión del tribunal federal.

La Constitución del estado de Pensilvania no recoge una prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 1996 fue aprobada una ley en ese sentido, que además impedía reconocer los matrimonios de este tipo celebrados en otros estados donde son legales. Contra esta ley presentaron una demanda conjunta diez parejas del mismo sexo de Pensilvania, dos de sus hijos y una viuda. En la demanda arguían que impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados basándose en que se trataba de parejas del mismo sexo vulneraba sus derechos a la igual protección y debido proceso reconocidos por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Pensilvania, Kathleen Kane, se negó a defender dicha ley ante el tribunal federal, declarando que “no puedo defender éticamente la constitucionalidad de la ley de Pensilvania (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo), porque creo que es completamente inconstitucional”. El gobernador, Tom Corbett, que llegó a argumentar su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo comparándolo con el incesto o los matrimonios con menores de 12 años, decidió contratar a un despacho privado de abogados para que defendiera la ley ante el juez Jones, cuya tarifa ascendía a más de 400 dólares a la hora.

Otra sentencia favorable

Ese dispendio de dinero público no parece haber demostrado su utilidad, pues finalmente el juez Jones ha dictaminado a favor de las parejas demandantes, estimando que, efectivamente, sus derechos constitucionales a la igual protección y debido proceso eran vulnerados por la legislación de Pensilvania.

El preámbulo de la sentencia evidencia lo que ya es un proceso imparable: “nos unimos a los doce tribunales federales de distrito de todo el país que, cuando se han enfrentado a estas desigualdades en sus propios estados, han llegado a la conclusión de que todas las parejas se merecen la misma dignidad en el ámbito del matrimonio civil”.

Tras los argumentos jurídicos, semejantes a los considerados en las sentencias de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas,  Idaho y Oregón, el juez concluye con una reflexión de fondo, en la que llega a comparar la discriminación que supone la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo con las leyes de segregación racial vigentes en los Estados Unidos hasta mediados del pasado siglo:

El asunto que resolvemos hoy supone una división. Algunos de nuestros ciudadanos se sienten profundamente incómodos con la noción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo cause malestar en algunos no hace constitucional su prohibición. Tampoco puede prevalecer la tradición del pasado sobre las garantías constitucionales al debido proceso y la igual protección. Si no fuera así, la nuestra seguiría siendo una nación racialmente segregada según la doctrina ahora legítimamente descartada de ‘separados pero iguales’. En los sesenta años desde que se resolvió el proceso de Brown contra la Junta de Educación, afortunadamente se ha desvanecido de la historia el ‘separados’ y solo permanece el ‘iguales’. Del mismo modo, en las generaciones futuras será abandonada la etiqueta de ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ para ser reemplazada simplemente por la de ‘matrimonio’.

Somos un pueblo mejor que lo que representan estas leyes, y es hora de arrojarlas al vertedero de la historia.

Incierta apelación

Por el momento, la oficina del gobernador Corbett no ha anunciado si presentará la correspondiente apelación y petición de suspensión de la sentencia, como en los casos de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Al no haber dictado dicha suspensión el juez Jones, las licencias de matrimonio ya han sido expedidas, aunque, como comentábamos, la demora de tres días hasta que puedan ejecutarse proporcionaba en un principio un margen para que la apelación pudiera ser presentada antes de que se celebrara algún matrimonio. Sin embargo, al prever la ley que un juez pueda eximir de esa demora a una pareja solicitante, se ha informado de que ya ha tenido lugar el primer matrimonio legal de una pareja del mismo sexo en Pensilvania.

La delegación de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU (American Civil Liberties Union) en Pensilvana ha abierto una petición on-line para solicitar al gobernador que no apele la sentencia y que Pensilvania se convierta definitivamente en el decimonoveno estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

La que sí que ha formulado una declaración es la fiscal general Kathleen Kane, que desde la cuenta de Facebook de la Fiscalía expresaba su satisfacción por la sentencia, calificando esta fecha como “un día histórico” pues “se hace justicia a los ciudadanos de Pensilvania que han sufrido una protección desigual ante la ley debido a su orientación sexual”.

Estaremos pendientes de la decisión del gobernador al respecto para seguir informando.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Pensilvania se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho y Oregón. Sin embargo, exceptuando a Oregón, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ACLU, Arkansas, Discriminación, Ellen Rosenblum, Estados Unidos, IDAHO, John E. Jones, Kathleen Kane, Matrimonio, Michigan, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Texas, Tom Corbett, Utah, Virginia

El juez federal Michael McShane ha dictaminado este lunes 19 de mayo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Oregón viola la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia, cuya ejecución no ha sido suspendida por el juez McShane, probablemente tampoco será apelada por la Fiscalía General del estado, que ni siquiera llegó a defender la legislación vigente en Oregón ante el tribunal. Si no se presenta alguna apelación admisible en el plazo establecido, la sentencia adquirirá firmeza, convirtiendo a Oregón en el decimoctavo estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

Dos parejas del mismo sexo eran quienes demandaban al estado de Oregón por impedirles contraer matrimonio al aplicar la enmienda a la Constitución del estado, aprobada en 2004 por el 57% de los votantes, que establece que la única forma de matrimonio reconocida por el estado de Oregón es la formada por la unión de un hombre y una mujer. Las parejas arguían que impedirles el matrimonio debido a estar compuestas por dos personas del mismo sexo violaba el derecho a la igual y protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, anunció en el mes de febrero que no defendería la prohibición del matrimonio igualitario ante el tribunal federal puesto que dicha prohibición “no podría resistir una impugnación constitucional federal en virtud de cualquier norma a examen”. Ya en octubre de 2013, un informe favorable del Departamento de Justicia del estado ocasionó que los matrimonios del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde estaban permitidos fueran reconocidos por el estado de Oregón. Por su parte, el gobernador John Kitzhaber no consideró la contratación de otro equipo legal que defendiera el ordenamiento constitucional de Oregón al respecto.

Debido a ello, la organización homófoba National Organization for Marriage (NOM) presentó una solicitud ante el juez McShane en la que se abogaban la representación de quienes habían votado a favor de la enmienda constitucional en 2004, instando al juez a que les permitiera ser quienes la defendieran ante su tribunal. El magistrado finalmente denegó la solicitud, al estimar que la organización apenas si tenía afiliados en el estado de Oregón como para atribuirse una representación semejante.

Resolución favorable

Sin defensa de la prohibición constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, se esperaba que la resolución del juez McShane fuera favorable. La circunstancia de que se tratara de un juez abiertamente gay alimentaba también esa esperanza, aunque desde su entorno se declarara inmediatamente que cualquier resolución que tomara estaría motivada por los méritos del caso, no por cualquier circunstancia personal.

Pero la resolución, efectivamente, ha sido favorable, y el juez Michael McShane ha dictaminado que los derechos constitucionales de los demandantes se menoscababan debido a la prohibición estatal de sus matrimonios. La sentencia, que no ha sido suspendida cautelarmente por el juez, ha sido acompañada por una orden ejecutiva en la que se obliga a los funcionarios del estado de Oregón a que proporcionen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten.

La National Organization for Marriage presentó inmediatamente una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, solicitud que ha sido denegada con la misma prontitud.

De hecho, las primeras licencias de matrimonio ya han sido proporcionadas a las parejas del mismo sexo que las han solicitado. Eso sí, las leyes de Oregón establecen un plazo de tres días tras la emisión de la licencia matrimonial antes de que la boda pueda tener lugar, por lo que habrá que esperar ese plazo para contemplar las primeras ceremonias nupciales.

Una motivada y emotiva sentencia

Los fundamentos legales de la sentencia del juez Michael McShane han respondido a los méritos del caso, y están en la línea argumental de las sentencias del mismo tipo dictadas en Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Sin embargo, el juez se ha permitido, como es su prerrogativa, concluir su resolución con unos comentarios que indudablemente están ligados a su experiencia personal. La de él y la de muchos, que sin duda se verán reconocidos en ellos.

Estos son los párrafos finales, que merecen una lectura:

Oregon reconoce un matrimonio por amor de la misma manera que reconoce un matrimonio de conveniencia. Se ofrece el mismo conjunto de derechos y privilegios a Tristán e Isolda que a una celebridad de Hollywood que se despierta en Las Vegas con la memoria borrosa y un anillo en el dedo. Sin embargo, no permite esos mismos derechos a las parejas de gais y lesbianas que desean contraer matrimonio dentro de los límites de nuestras fronteras geográficas.

Generaciones de estadounidenses, incluido yo mismo, se criaron en un mundo en el que se creía que la homosexualidad era una perversión moral, un trastorno mental o un pecado mortal. Recuerdo que uno de los juegos de recreo más populares de mi infancia se llamaba ‘manchar al maricón’ y se jugaba con gran celo sin pensar un momento en la corrección política de hoy. A un nivel más profundo, la misma visión del mundo dio lugar a un ambiente de crueldad, violencia y odio a sí mismo. Tan solo era 1986, cuando el Tribunal Supremo de los Estados justificaba, sobre la base de una ‘enseñanza moral de milenios’, el encarcelamiento de los hombres gais y las mujeres lesbianas que participaban en actos sexuales de mutuo acuerdo…

Incluso hoy en día me viene a la memoria ese legado que hemos dado como herencia a la generación actual, cuando mi hijo mira con desdén el suéter que le regalo para la Navidad y, volteando los ojos, dice ‘papá… es tan gay’.

…

Mi decisión no será la última palabra sobre este tema, pero en lo que respecta al matrimonio me llaman más la atención nuestras similitudes que nuestras diferencias. Creo que si somos capaces de pasar por alto el género y la sexualidad, podremos ver en estos demandantes ni más ni menos que a nuestras familias. Las familias que esperaríamos que nuestra Constitución protegiera, incluso exaltara, en igual medida.

Con ese discernimiento no vemos las sombras que acechan en los armarios o los estereotipos de lo que antes se creía; más bien, vemos familias comprometidas con un propósito común de amor, devoción y servicio a la comunidad en general.

¿A dónde nos conduce esto? Sé que muchos sugieren que vamos por una pendiente resbaladiza que no tendrá límites morales. Para aquellos que realmente abrigan estos temores, tan solo puedo decir esto: miremos menos hacia el cielo para ver lo que nos podría caer; en vez de ello, mirémonos los unos a los otros… y elevémonos.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Oregón se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho. En todos ellos, sin embargo, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Arkansas, Discriminación, Ellen Rosenblum, Estados Unidos, IDAHO, John Kitzhaber, Matrimonio, Michael McShane, Michigan, National Organization for Marriage, Oklahoma, Oregón, Texas, Utah, Virginia

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arkansas, Butch Otter, Candy Dale, Chris Piazza, Corte de Apelaciones del 10º Circuito, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Corte de Apelaciones del 5º Circuito, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Corte Suprema (Arkansas), Discriminación, Dustin McDaniel, Estados Unidos, IDAHO, Lawrence Wasden, Massachusetts, Matrimonio, Michigan, Oklahoma, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia

La juez federal Candy Dale ha fallado a favor de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Idaho por impedirles contraer matrimonio, dictaminando que la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado es inconstitucional. La juez no ha dictado orden de suspensión de la sentencia, aunque sí ha fijado su entrada en vigor para el próximo viernes 16 de mayo. Por su parte, el gobernador de Idaho, Butch Otter, ya ha presentado una petición preliminar de suspensión.

La demanda fue interpuesta por cuatro parejas de Idaho, que denunciaban a ese estado por vulnerar sus derechos a la igual y protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ya que se les impedía contraer matrimonio basándose únicamente en el hecho de ser parejas del mismo sexo.

La Fiscalía del estado de Idaho, por su parte, defendía el respeto a la voluntad de los votantes del estado, que en 2006, por una mayoría del 63 %, aprobaron una enmienda a la Constitución de Idaho que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y prohibía las uniones civiles de cualquier tipo. También arguía que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo vulneraría el derecho a la libertad religiosa, pues las religiones mayoritarias lo rechazan, argumento calificado en la sentencia como “miope”.

La juez Dale, quizás para despejar cualquier duda desde el principio, encabeza su sentencia con una cita del voto discrepante del juez Harry Blackmun a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Bowers versus Hardwick, que en 1986 respaldó las leyes que prohibían las prácticas sexuales entre homosexuales (decisión revocada por otra sentencia del Tribunal Supremo en 2003). La cita es la siguiente: “Es precisamente debido a que la cuestión planteada por este caso toca el corazón de lo que hace a las personas lo que son, que debemos ser especialmente sensibles a los derechos de aquellos cuyas elecciones trastornan a la mayoría”.

La juez prosigue planteándose si efectivamente se han vulnerado los derechos constitucionales de las parejas demandantes, resolviendo favorablemente a sus demandas y desestimando uno a uno los argumentos de la Fiscalía. La sentencia hace referencia a otras recientes del mismo signo dictadas tanto por tribunales federales como estatales, así como a los casos Estados Unidos versus Windsor, que forzó el reconocimiento por la autoridad federal de los matrimonios del mismo sexo, y a Loving versus Virginia que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio interracial.

Finalmente, la sentencia concluye que “las parejas demandantes tienen derecho a un recurso extraordinario a causa de un perjuicio extraordinario. Las leyes de matrimonio de Idaho les impiden adoptar una opción profunda y personal, una de las que más deberían estar garantizadas. Al hacerlo, las leyes matrimoniales de Idaho niegan a las parejas del mismo sexo los beneficios económicos, prácticos, emocionales y espirituales del matrimonio, relegando a estas parejas a un estigmatizado estatus de segunda clase. Los demandantes sufren este perjuicio no porque no estén capacitados para casarse, formar una familia, o envejecer juntos, sino por ser lo que son y amar a quien aman“.

Por último, la juez Dale establece que la sentencia entrará en vigor a las nueve de la mañana del próximo viernes 16 de mayo, sin dictar, como en otros casos, una orden de suspensión temporal en espera de la resolución de la posible apelación. Aunque esto permitiría celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en Idaho desde esa fecha y esa hora, también da plazo suficiente para que se resuelva la petición de suspensión ya presentada por el gobernador Butch Otter, en la que solicita que la sentencia sea suspendida hasta una posible apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Reacciones

El gobernador Otter, del Partido Republicano, ya ha expresado su total disconformidad con la decisión de la juez Dale por medio del siguiente comunicado: “En 2006, el pueblo de Idaho ejerció su derecho fundamental, reafirmando que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La decisión de hoy, aunque decepcionante, es un pequeño contratiempo en una batalla a largo plazo que terminará en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estoy firmemente comprometido con la defensa de la voluntad del pueblo y la defensa de nuestra Constitución”.

Por su parte, Evan Wolfson, fundador de la organización en defensa del matrimonio igualitario Freedom to Marry, declaraba con satisfacción que “la decisión de hoy del tribunal federal de Idaho es la última de más de una docena de resoluciones que unánimemente han declarado inconstitucional la discriminación en el matrimonio. Desde Idaho a Arkansas, de Utah a Michigan, los tribunales están confirmando que no hay ninguna buena razón para que el gobierno niegue el matrimonio a parejas comprometidas. A medida que las parejas homosexuales y sus familias comienzan a compartir la alegría y la seguridad de la libertad de casarse, los corazones y las mentes se abren, las barreras de la discriminación caen, y hacemos avanzar a nuestro país por el lado correcto de la historia”.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Idaho se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan y Arkansas. En todos ellos, sin embargo, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones, salvo en Arkansas, donde a fecha de hoy no se dictaminado ninguna suspensión y se siguen celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

General, Historia LGTBI Arkansas, Butch Otter, Candy Dale, Discriminación, Estados Unidos, Evan Wolfson, Freedom To Marry, IDAHO, Matrimonio, Michigan, Oklahoma, Texas, Utah, Virginia

Mientras que el gobierno de Kentucky defiende que el matrimonio homosexual hace “peligrar la natalidad“, leemos en Dosmanzanas que el juez Chris Piazza ha fallado este viernes 9 de mayo que la prohibición del matrimonio igualitario en Arkansas viola tanto la Constitución estatal como la Constitución de los Estados Unidos. Al contrario de lo sucedido con recientes sentencias del mismo tipo de jueces federales, el juez Piazza no ha dictado la suspensión de la sentencia. La Fiscalía General de Arkansas, sin embargo, ha declarado su intención de apelar ante la Corte Suprema del estado y de solicitar una orden de suspensión mientras la apelación se resuelve.

El juez Chris Piazza debía resolver desde su tribunal estatal la demanda presentada por doce parejas del mismo sexo cuya voluntad era la de contraer matrimonio en Arkansas, y de otras ocho parejas del mismo sexo que querían ver reconocidos sus matrimonios celebrados legalmente en otros estados.

Unos y otros se enfrentaban a lo recogido en la Ley 144/1997 del estado de Arkansas, que establece que “el matrimonio solo se llevará a cabo entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo está prohibido”. A esta ley se suma la Enmienda 83 a la Constitución del estado, aprobada por un 75 % de los votantes en 2004, que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y tan solo permite reconocer matrimonios celebrados en otros estados con las mismas características.

Los demandantes arguían que estas normas violan tanto los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, como los artículos 2 y 3 de la Declaración de Derechos de la Constitución de Arkansas ya que “no se puede someter un derecho constitucional al electorado”. Por su parte, los argumentos de la Fiscalía del estado se ceñían a considerar que la voluntad de los votantes y legisladores no puede ser soliviantada por el poder judicial y que el matrimonio entre personas del mismo sexo no reúne las condiciones del matrimonio convencionalmente establecido, como la posibilidad de procrear.

Refutados los argumentos de la Fiscalía

Respecto a estos argumentos, la sentencia del juez Piazza es demoledora. Por un lado, considera que “este tribunal no es ajeno a la crítica de que los jueces no deben ser superlegisladores. Pero el asunto a considerar es que el derecho fundamental a contraer matrimonio se le niega a una minoría impopular. Nuestro sistema judicial ha fallado sobre grupos semejantes en el pasado”, en clara referencia al matrimonio interracial. Por otro lado, niega cualquier relación del matrimonio con la procreación: “la procreación no es un requisito en Arkansas para obtener una licencia de matrimonio. Las parejas de distinto sexo pueden optar por no tener hijos o pueden ser estériles”, afirma con contundencia.

Prosigue negando la relación de la institución matrimonial civil con las creencias religiosas: “una licencia de matrimonio es un documento civil y no está, ni puede estar, basado en ninguna fe en particular. Las parejas del mismo sexo son una minoría que causa disgusto moral y la enmienda constitucional para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo está impulsada por la animosidad en lugar de por una base racional. Esto viola la Constitución de los Estados Unidos”.

También alude a dictámenes de la Corte Suprema de Arkansas respecto a las leyes que penalizaban la sodomía o prohibían la adopción a las parejas no casadas del mismo o distinto sexo: “la Corte Suprema de Arkansas aplicó el escrutinio más riguroso y derogó por ser inconstitucional una ley que prohibía a las parejas de distinto o el mismo sexo no casadas la posibilidad de adoptar niños. La exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio sin base racional viola el derecho a la intimidad y a la igual protección como se describe en esta sentencia. La diferencia entre las familias del sexo opuesto y  las del mismo sexo pertenece a la intimidad de sus hogares”.

Paralelismo con el matrimonio interracial

La sentencia concluye dictaminando a favor de los demandantes, declarando la inconstitucionalidad de las citadas Ley 144/1997 y Enmienda 83, y haciendo un paralelismo entre el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo y el matrimonio interracial, cuya prohibición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Loving versus Virginia en 1967.

Dice el párrafo final de la sentencia del juez Piazza: “Han pasado más de cuarenta años desde que a Mildred Loving se le otorgó el derecho a casarse con la persona de su elección. El odio y los temores se han desvanecido y ella y su marido han vivido una vida plena juntos; así será para las parejas del mismo sexo. Es hora de dejar que el faro de la libertad brille con fuerza para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo apoyaremos con fuerza”.

La Fiscalía apelará a la Corte Suprema

Dustin McDaniel, fiscal general de Arkansas, había declarado el pasado sábado 3 de mayo que seguiría defendiendo la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la Constitución del estado, a pesar de que personalmente él era favorable a la igualdad de derechos.

Aaron Sadler, portavoz de la Fiscalía, ha confirmado, tras conocerse la sentencia del juez Piazza, que se presentará la correspondiente apelación. “Respetamos la decisión del tribunal” manifestaba el portavoz, “pero, de acuerdo con la obligación de la Fiscalía General de defender la Constitución del estado, vamos a apelar. Vamos a solicitar al juez Piazza que emita una suspensión de su sentencia, a fin de no crear confusión o incertidumbre sobre de la ley  mientras que la Corte Suprema considera este asunto”.

Efectivamente, como la demanda fue presentada ante un tribunal estatal, es la Corte Suprema de Arkansas quien debe decidir la apelación, en vez de la Corte de Apelaciones del circuito correspondiente, como en los casos de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas y Michigan, que fueron decididos por jueces federales.

Al no haberse dictado aún la suspensión de la sentencia, pueden llevarse a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo en Arkansas con total legalidad, aunque el cierre de los registros civiles en fin de semana lo dificulta. Sin embargo, en previsión de una sentencia favorable, el secretario del condado de Pulaski indicó el pasado 1 de mayo que su registro estaba preparado informáticamente para emitir licencias de matrimonio neutrales a partir del próximo lunes.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Arkansas se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas y Michigan, aunque todas ellas están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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El colectivo homófobo plantea iniciativas cada vez más originales, sin dejar de ser absurdas. En Estados Unidos, la Fundación de la Familia de Virginia ha hecho un llamamiento a todos los americanos para que tomen parte de un ayuno de 40 días de duración en apoyo de lo que ellos consideran “matrimonio tradicional” entre un hombre y una mujer, y en contra del matrimonio gay.

La llamada a la acción de esta pseudo organización se presenta con la finalidad de protestar contra el proyecto de ley que permitiría casarse a las parejas homosexuales, y de lo que consideran “filosofías paganas, un establecimiento de educación secular humanista y una industria del entretenimiento que está absolutamente determinada a acabar con el desarrollo de la decencia y la moralidad”.

El pasado 14 de febrero, la Justicia tumbó la enmienda constitucional al matrimonio igualitario que impedía a las parejas del mismo sexo poder casarse y que estaba vigente desde 2006 en el estado. Y esto les ha dolido a los de la Fundación. El temor a que la ola en favor de la igualdad que recorre Estados Unidos llegue a Virginia ha llevado a esta fundación a tener que emprender este tipo de medidas.

Esta singular forma de manifestación está prevista del 27 de agosto al 5 de octubre de 2014, y además del ayuno, los que la secunden también tendrán que “orar y arrepentirse” para completar la protesta. El día que terminaría este “huelga de hambre” coincide el comienzo de la sesión en la corte de justicia.

“Solo la Iglesia apoya el diseño de Dios para el matrimonio. Nuestros 40 días culminarán el 5 de octubre justo el día antes que la corte comienza su período de sesiones. No sabemos lo que el Señor va a hacer. Sabemos que Él es soberano. Pase lo que pase, debemos adoptar la actitud de los tres jóvenes hebreos que se negaron a inclinarse ante la imagen de oro en Babilonia”, explican en la Fundación.

“Nuestro estado y la nación se encuentran sumidos en un pantano de la confusión y pensamiento post-moderno, que no cree en los absolutos ni en la verdad. En ninguna parte es esto más evidente que en el debate actual sobre lo que constituye el matrimonio”, aseguran. “Nuestra gran tierra se ha convertido en un lugar que nuestros antepasados no podrían llegar a imaginar”, añaden.

La Fundación de la Familia de Virginia es una entidad relacionada con la Iglesia, como ellos mismos aseguran en su web.

Fuente Ragap

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La Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha decidido prorrogar la suspensión de la sentencia del juez federal Bernard Friedman, que declaraba  inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Michigan, hasta que se resuelva su apelación. Por su parte, el gobernador del estado, el republicano Rick Snyder, ha comunicado que su administración no reconocerá los alrededor de 300 matrimonios del mismo sexo celebrados antes de la suspensión de la sentencia.

Tras el fallo del Tribunal Supremo respecto al mismo proceso en Utah, la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito era predecible. En aquella ocasión el alto tribunal dictaminó la suspensión de la sentencia favorable al matrimonio igualitario en Utah del juez federal Robert J. Shelby hasta que la Corte de apelaciones del 10º Circuito resuelva sobre su apelación, a pesar de que esta última la había denegado.

La prórroga de la suspensión temporal dictada el pasado 22 de marzo ha contado con los votos favorables de dos de los tres jueces encargados de resolver sobre la petición al respecto efectuada por la Fiscalía General de Michigan. En su fallo argumentan que “no hay ninguna base aparente para distinguir este caso o resolver de manera diferente a lo que hizo el Tribunal Supremo en el caso de Utah. Por otra parte, varios tribunales de distrito que han derogado leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo similares a la enmienda de Michigan también han concedido las peticiones de suspensión realizadas por las fiscalías ​​estatales”. Efectivamente, así ha ocurrido en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas, cuyas sentencias favorables al matrimonio igualitario quedaron suspendidas hasta su apelación por los mismos jueces que las dictaron.

El estado de Michigan no reconoce los matrimonios ya celebrados

A diferencia de lo ocurrido en los tres estados antes mencionados, en Michigan hubo un intervalo entre la sentencia del juez Friedman y la suspensión de la misma por parte de la Corte de Apelaciones. Durante ese periodo, se formalizaron más de 300 matrimonios entre personas del mismo sexo, que ahora quedan en una situación de “limbo” legal. Es de esperar que sean reconocidos por el gobierno federal, tal como ocurrió en el caso de Utah. Sin embargo, el gobernador de Michigan Rick Snyder, que siempre se ha declarado opuesto al matrimonio igualitario, ya ha comunicado que su administración no los reconocerá mientras se decida la apelación.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles 26 de marzo, el gobernador Snyder declaraba: “con respecto a los matrimonios, creemos que son matrimonios legales y válidos. Pero la suspensión expedida hace que todo sea más complicado. Debido a esa suspensión, no vamos a reconocerles los beneficios establecidos para el matrimonio hasta que la suspensión sea retirada”.

Esa desconcertante argumentación ha sido criticada por los representantes demócratas de Michigan, partidarios del matrimonio igualitario. También lo ha sido, como es natural, por los miembros de las parejas directamente afectadas, como Frank Colasonti, de 61 años de edad, que contrajo matrimonio con su pareja James Ryder antes de la suspensión de la sentencia. Colasonti estima que “las declaraciones del gobernador son muy confusas para los que estamos legalmente casados ​​pero no legalmente reconocidos por el estado de Michigan. Es una declaración política, pero no es la declaración de un líder claro y confiable”, a lo que añadía que “los afectados estamos avanzando en tomar las decisiones necesarias para anular la estupidez de nuestro gobernador y fiscal general”.

Fuente Dosmanzanas

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ACTUALIZACIÓN:

Leemos en El Informador:

La corte indica que daría hasta el martes como plazo para escuchar argumentos en contra de la apelación de Schuette

El republicano Bill Schuette presenta una apelación en contra de las bodas gay

La corte de apelación indicó que daría hasta el martes en la tarde como plazo para escuchar argumentos en contra de la apelación de Schuette, lo que podría significar que las uniones gay podrían reanudarse el miércoles. Con la decisión del viernes, Michigan se había convertido en la entidad número 19, contando al Distrito de Columbia, en emitir licencias para matrimonios entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Leíamos en Dosmanzanas que el juez federal Bernard Friedman (en la fotografía) dictaminó este viernes 21 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo vigente en el estado de Michigan es contraria a la Constitución de los Estados Unidos. A diferencia de lo sucedido con las sentencias del mismo signo dictadas en Oklahoma, Virginia y Texas, el juez Friedman no dejó en suspenso la aplicación de su resolución, por lo que este mismo sábado ya se han celebrado los primeros matrimonios. Sin embargo, ante una petición de urgencia de la Fiscalía General de Michigan, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, ha dictado una suspensión temporal de la sentencia hasta el próximo miércoles.

El juez Bernard Friedman resolvía sobre la demanda interpuesta por la pareja formada por April DeBoer y Jayne Rowse, quienes reclamaban su derecho a contraer matrimonio y a que su familia, formada por ellas y tres hijos adoptivos, fuera reconocida por el estado de Michigan. Los argumentos de la fiscalía contra esa demanda se basaban en la voluntad del 58,6 % de los votantes del estado, que en 2004 aprobaron una enmienda para que la Constitución de Michigan definiera el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

El fiscal también presentó como apoyo a su argumentación el polémico estudio de Mark Regnerus, que sostiene que hijos criados por padres homosexuales presentan más problemas emocionales en la edad adulta que los criados por parejas heterosexuales. La fiscalía obviaba, sin embargo, la refutación que del mismo han realizado los expertos, e incluso la rectificación que en su día realizó el propio Regnerus declarando los resultados de su estudio inconcluyentes.

En la sentencia, el juez Friedman critica con rotundidad tales argumentos, estableciendo que la voluntad de los votantes no implica que lo aprobado se ajuste a la Constitución. “Al tratar de definir este caso como un desafío a la «voluntad del pueblo», los fiscales han perdido de vista de lo que se trata realmente este caso: la gente”, afirma en su resolución, en la que también se añade que “muchos residentes de Michigan tienen convicciones religiosas cuyos principios rigen la conducta de su vida cotidiana e impregna sus puntos de vista sobre el matrimonio, sin embargo, estos puntos de vista no pueden despojar a los demás ciudadanos de la garantía de igualdad de protección bajo la ley”.

Varapalo al estudio de Regnerus

En cuanto al estudio de Regnerus presentado por la Fiscalía, la sentencia es demoledora: “el Tribunal considera que el estudio de Regnerus es totalmente increíble y que no es digno de seria consideración. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el ‘estudio’ realizado en 2012 fue ideado a toda prisa, a instancias de un proveedor de fondos de terceros”. Según el juez, este proveedor de fondos deseaba que el resultado del estudio fortaleciera su posición de apoyo al matrimonio tradicional ante la opinión pública, y afirma con severidad que “mientras Regnerus sostuvo que la fuente de financiación no afectó a su imparcialidad como investigador, el Tribunal considera este testimonio increíble. El donante claramente quería un resultado determinado, y Regnerus se lo facilitó”.

Primeras bodas antes de la suspensión de la sentencia

A diferencia de lo sucedido en las recientes sentencias del mismo signo dictadas por jueces federales en Oklahoma, Virginia y Texas, el juez Friedman no ha dejado su aplicación en suspenso hasta el posible dictamen de la Corte de Apelaciones.  Por ello, y después de que las secretarías de varios condados informaran de que facilitarían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, se han celebrado los primeros matrimonios este mismo sábado 22 de marzo. Marsha Caspar y Glenna DeJong, que son pareja desde hace 27 años, se casaban en Mason, mientras que Jere Clausen y Bruce Walters, juntos desde hace 14 años, hacían lo propio en el condado de Muskegon.

Por su parte, el fiscal general de Michigan, Bill Schuette, declaraba su intención de interponer la correspondiente apelación. También informaba de la presentación de una petición de suspensión de urgencia de la sentencia. En respuesta, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito dictaba una orden cautelar de suspensión temporal hasta el próximo miércoles, con el fin de “permitir una consideración más razonada de la moción de suspensión”.

Sin embargo, a lo largo del sábado y antes de la orden de suspensión, se han emitido en las diversas secretarías de los condados 323 licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, y las bodas celebradas se cuentan por decenas.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia y Texas, aunque, como ya comentábamos, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Tennessee se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos. Mientras que la sentencia de Kentucky está en suspenso pendiente de apelación, la de Tennessee es de aplicación inmediata, si bien tan solo afecta a las tres parejas demandantes.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que ser resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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La juez federal Aleta Trauger (fotografía dcha) decretó el pasado viernes una medida preliminar para que dos parejas de hombres y una de mujeres, casadas en estados donde ello es posible, vean reconocido su matrimonio en Tennessee, estado del sur de Estados Unidos que prohíbe la celebración y el reconocimiento de todas las uniones entre personas del mismo sexo.

La medida preliminar solo se emite en casos donde el juez ve muy probable la victoria de los demandantes y además se pretende evitar un daño irreparable. En este caso, tiene el objetivo de amparar temporalmente a las parejas frente a la situación de desprotección legal en la que quedaron al instalarse en Tennessee, hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto: si el estado tiene la obligación de reconocer todos los matrimonios del mismo sexo legalmente celebrados en otras jurisdicciones.

La demanda de las parejas, dos de ellas casadas en Nueva York en 2011 y la tercera en California en 2008, se dirige solo contra el no reconocimiento de sus enlaces en el estado sureño, y por tanto no persigue la implantación del matrimonio igualitario en el mismo. Si el fallo es efectivamente favorable a los demandantes, se daría una situación similar a la existente en el vecino Kentucky, donde otro juez federal dio la razón a cuatro parejas del mismo sexo casadas a las que este estado negó el reconocimiento de sus matrimonios. Kentucky empezará a admitir como válidos dichos enlaces, aunque no a celebrarlos, a partir del próximo 20 de marzo.

Tennessee decidió en referéndum en 2006 elevar a rango constitucional la prohibición de las uniones entre personas del mismo sexo, con un 81% de los votos; el segundo mayor porcentaje de rechazo a la igualdad LGTB en un referéndum de este tipo, tras el de Misisipi. El año pasado, ambas cámaras legislativas del estado votaron por unanimidad declarar el 31 de agosto el “Día del Matrimonio Tradicional”.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia y Texas, aunque las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo miembro se suma a la lista de los estados norteamericanos en los que un juez federal ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y no hablamos de un estado menor, sino de Texas, un territorio de más de 26 millones de habitantes (el segundo en población del país, tras California), de gran importancia política y económica y acusada idiosincrasia. Eso sí, la aplicación de la sentencia queda en suspenso hasta que se resuelva el ya seguro proceso de apelación. Texas sigue así los pasos de Utah, Oklahoma, Kentucky y Virginia, estados todos ellos en los que hasta hace no mucho tiempo el matrimonio igualitario era poco menos que una quimera.

Orlando García, un juez federal de casi 20 años de experiencia (fue nominado por Bill Clinton en 1993 y ratificado por el Senado de Estados Unidos en marzo de 1994), ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario, formalizada en una enmienda a la Constitución de Texas aprobada en referéndum en 2005 (por un 76,25 % de votos a favor frente a un 23,74 % en contra)  viola la Constitución de los Estados Unidos. “Es ausencia de una correlación razonable con un propósito gubernamental legítimo, la imposición de la desigualdad por un estado no tiene cabida en la Constitución de los Estados Unidos”, argumenta la sentencia.

“La decisión de esta corte no se toma en contra del gran pueblo de Texas o de su legislatura, sino en cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos y del precedente sentado por el Tribunal Supremo”, aclara además el juez Orlando García, cuyo fallo tiene lugar como consecuencia de la demanda planteada por dos parejas del mismo sexo, las formadas por Victor Holmes y Mark Phariss, una pareja de hombres a los que se les ha negado su derecho a contraer matrimonio en Texas, y Cleo DeLeon y Nicole Dimetman, una pareja de mujeres ya casadas en Massachusetts (el primer estado del país que permitió el matrimonio igualitario) y con un hijo de dos años.

El juez, sin embargo, ha dejado en suspenso su propia sentencia hasta que se resuelva el proceso de apelación, que evidentemente daba por seguro. No se equivocaba: el fiscal general de Texas, el republicano Greg Abbott, ya ha anunciado que la recurrirá. Abbott, que además es uno de los candidatos a la nominación republicana para las elecciones a futuro gobernador, es un conocido opositor al matrimonio igualitario. El fiscal general de Texas no seguirá pues el ejemplo de otros fiscales generales de perfil más progresista, como los de Nevada, Oregón, Pensilvania o Virginia, que ya han dejado claro que no defenderán en los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario. Una posición que ha merecido durísimas críticas de los sectores más conservadores pero que el propio fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, ha avalado hace pocos días.

Al igual que las ya dictadas en Utah, Oklahoma, Kentucky o Virginia, la sentencia del juez García en Texas bebe de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Por lo que se refiere a la decisión de dejar en suspenso la sentencia, es similar a la adoptada también en Oklahoma, Kentucky o Virginia. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah, después de que en este primer caso sí se celebraran en pocos días numerosos matrimonios.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en los cuatro estados ya mencionados. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. La de Texas, por ejemplo, es la primera de las sentencias que tiene lugar en un estado del 5º circuito federal de apelaciones, uno de los más conservadores.

Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación. Quizá la extensión del matrimonio igualitario a todo Estados Unidos está más próximo de lo que pensábamos hace solo unos meses…

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Cleo DeLeon, Discriminación, DOMA, Eric Holder, Estados Unidos, Greg Abbott, Kentucky, Mark Phariss, Massachusetts, Matrimonio, Nevada, Nicole Dimetman, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Victor Holmes, Virginia

Desde Estados Unidos, el goteo de buenas noticias relativas a los derechos LGBT no para... Una jueza federal anuló el jueves a última hora la prohibición del matrimonio igualitario en Virginia, una decisión que sigue la línea de los dictámenes emitidos por tribunales en numerosos estados durante los últimos meses.

La jueza de Distrito Arenda Wright Allen ha dictado una suspensión de la enmienda constitucional mientras es recurrida, lo que significa que las parejas del mismo sexo en Virginia no podrán casarse todavía hasta que se resuelva definitivamente el caso.

Ambas partes creen que el caso no se resolverá hasta que la Corte Suprema decida escucharlo o uno parecido.

La juez federal Arenda L. Wright Allen ha dictaminado en la noche de este jueves 13 de febrero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Virginia es inconstitucional. Sin embargo, al igual que en otras recientes decisiones judiciales de este tipo, la aplicación de la sentencia ha quedado en suspenso hasta que sea revisada por la Corte de Apelaciones. Otra victoria más, en cualquier caso, para los partidarios de la igualdad LGTB en los Estados Unidos, en un proceso que se muestra imparable.

La sentencia de la juez Wright Allen es clara: tanto los artículos de la Constitución del estado de Virginia como los de su Código Civil o cualquier otra ley del estado “que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento por parte de Virginia de los matrimonios del mismo sexo legítimos celebrados en otras jurisdicciones son inconstitucionales. Estas leyes niegan a los demandantes su derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Una resolución que bebe, sin duda, de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Se asemeja también a las recientemente dictadas por jueces federales en Utah, Oklahoma o Kentucky. Como en estos dos últimos estados, la aplicación práctica de la sentencia queda en suspenso, en este caso a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el seguro recurso. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que en este caso se hubieran celebrado numerosos matrimonios).

El caso de Virginia se centra en una pareja gay de Norfolk a la que le fue denegada una licencia de matrimonio por el Tribunal de Norfolk en julio, poco después de que el Tribunal Supremo anulara la Ley de Defensa del Matrimonio. Una pareja del Condado de Chesterfield, casada en California y con una hija adolescente, se unió posteriormente a la demanda, solicitando que su matrimonio fuera reconocido en el estado Virginia. Los demandantes aseguran que el caso es análogo a otra causa que marcó un hito en 1967 cuando el Tribunal Supremo EEUU dictó sentencia en un caso de matrimonio interracial. Mildred y Richard Loving se casaron en Washington DC, y estaban viviendo en Virginia cuando la policía irrumpió en su casa y los acusó de violar la ley de Integridad Racial del estado. Fueron declarados culpables, pero más tarde prevalecieron ante el Tribunal Supremo.

En el caso de Virginia, la juez decidía sobre la demanda presentada por Mary Townley y Carol Schall, una pareja de lesbianas legalmente casadas en California, cuyo matrimonio no era reconocido por el estado de Virginia, donde residen. Carol deseaba adoptar a la hija que habían decidido tener ambas, pero que fue gestada por Mary. La respuesta de los funcionarios del registro civil fue “tú no eres nadie, no importas”, negándole la filiación. Ambas presentaron la demanda correspondiente, que ahora ha sido estimada por la justicia federal.

“La justicia a menudo se ha forjado a partir de las vejaciones y perjuicios sufridos” estimaba en su sentencia la juez Wright Allen, resolviendo que “los intereses del gobierno en la perpetuación de las tradiciones, protegiendo los asuntos estatales de la interferencia federal, y favoreciendo un modelo de paternidad sobre los demás deben ceder el paso a la protección de la garantía del ejercicio de las opciones privadas del ciudadano sobre el amor y la familia, tan querida por este país”.

La Oficina del Procurador General de Virginia tomó la decisión de no defender la prohibición

Virginia, giro político en muy poco tiempo

La sentencia se ha producido tan solo unos días después de que el nuevo fiscal general de Virginia, el demócrata Mark Herring, renunciara a defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario que estaba vigente hasta ahora, ya que cree que la prohibición viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14. Sin embargo, pidió al juez que la mantuviera a fin de evitar una situación como lo que pasó en Utah después de que otro juez federal declarara inconstitucional la prohibición en ese estado a los matrimonios homosexuales. Herring se hacía en las elecciones de noviembre con el puesto de fiscal general que dejaba vacante el homófobo Ken Cuccinelli, candidato a gobernador por el Partido Republicano. Una batalla que perdió por escaso margen frente al candidato demócrata, Terry McAuliffe.

Dos cambios que sin duda han marcado para bien la evolución de los derechos LGTB en Virginia. La primera orden de Terry McAuliffe como gobernador fue de hecho prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado. Por otro lado, aunque la vía judicial, de resultar finalmente favorable, aceleraría el reconocimiento estatal del matrimonio igulitario, también se ha abierto un proceso legislativo: hace tan solo unas semanas, un grupo de legisladores del estado anunciaban su intención de presentar un proyecto de ley para revertir el veto del matrimonio entre personas del mismo sexo (vigente desde 2006 tras ser aprobada por los votantes en un referéndum con el 57% de los votos). Una iniciativa de éxito improbable (los republicanos controlan la Cámara de Delegados) pero de gran valor simbólico en este contexto.

 Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

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El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la vigente prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Kentucky viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez da la razón a cuatro parejas del mismo sexo legalmente casadas en otros estados a las que Kentucky negó el reconocimiento de su matrimonio. El fallo no supone que las parejas del mismo sexo puedan comenzar a casarse todavía en ese estado.

Al igual que en las recientes sentencias de Utah y Oklahoma, el fallo de Kentucky (que puedes descargar pinchando aquí) bebe directamente de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. El juez Heyburn considera que la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio vulnera el principio de igual protección bajo la ley que garantiza la Constitución estadounidense y desmonta los argumentos de los contrarios. “El que las leyes de Kentucky estén profundamente arraigadas en la tradición no justificar por sí solo la violación de las libertades individuales”, argumenta Heyburn, un juez nominado por George Bush padre en 1992 a propuesta de un senador republicano.

El juez también rechaza que reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio suponga un daño a los menores, recurriendo también aquí a los argumentos del Tribunal Supremo en el caso Windsor. “El juez Kennedy explicó que es precisamente la negativa del gobierno a reconocer los matrimonios del mismo sexo lo que puede dañar a los niños, al no permitir casarse a los padres que precisamente sean del mismo sexo”, añade el juez Heyburn, que también niega el argumento tradicional de que el fin primordial del matrimonio es la procreación. “Kentucky no requiere prueba alguna de la capacidad para procrear a la hora de reconocer matrimonios celebrados en otros estados. Excluir a las parejas del mismo sexo por ese motivo tiene tan poco sentido como excluir a las parejas postmenopaúsicas o estériles”, afirma el juez.

Sin embargo, quizás influido por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que se hubieran celebrado numerosos matrimonios) o el más reciente de Oklahoma (que ni siquiera dio lugar a que se celebrara ningún matrimonio), el juez Heyburn ha emitido también una orden que deja la sentencia en suspenso hasta que se celebre una audiencia, cuya fecha no ha sido aún establecida, en la que se discuta cómo y cuándo implementar la decisión.

Avalancha de sentencias

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como las mencionadas de Oklahoma o Utah. En dosmanzanas hemos aludido a algunas de las que están en proceso (como las de Nevada, Pensilvania o Virginia) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados sin matrimonio igualitario, entre ellos algunos tan importantes como Texas (donde se espera una primera sentencia inminente) o Florida.

Fuente Dosmanzanas

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Informa Dosmanzanas de que la fiscal general de Nevada (Estados Unidos) ha comunicado que no defenderá la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la Constitución del estado ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que deberá decidir acerca de la demanda interpuesta por ocho parejas del mismo sexo contra el estado de Nevada por prohibirles el derecho a contraer matrimonio.

Catherine Cortez Masto, la fiscal general de Nevada, ha experimentado un cambio radical en su postura sobre la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. En enero causó gran polémica el informe que hizo llegar a la Corte de Apelaciones en defensa de la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la Constitución de Nevada desde 2002 mediante referéndum. La fiscal general argumentaba que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era comparable a la prohibición de la poligamia o del incesto, argumento muy criticado por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB.

Sin embargo, pocos días después se dio a conocer una sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, en la que se dictaba que no se puede rechazar a un miembro de un jurado por razones de su orientación sexual. La sentencia otorgaba el mismo grado de protección a la orientación sexual que la establecida para el sexo o la raza, el más alto. Este grado de protección otorgado por la Corte de Apelaciones a la orientación sexual sirvió para que la fiscal general de Nevada reflexionara sobre sus argumentos acerca de la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. “La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito parece afectar a los argumentos sobre el derecho a la igual protección y debido proceso realizados en nombre del Estado”, comunicaba Cortez Masto, añadiendo que evaluaría cuál sería la nueva posición de la Fiscalía General del estado de Nevada respecto al matrimonio igualitario.

Finalmente, el pasado 10 de febrero la Fiscalía General de Nevada comunicó la retirada de todos los informes presentados ante la Corte de Apelaciones y su renuncia a defender la prohibición del matrimonio igualitario. El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, apoyaba la decisión de la fiscal general, declarando que le parecía evidente que los argumentos a favor de la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo no eran defendibles ante los tribunales.

La fiscal general de Nevada se equipara así a los fiscales de Virginia y Pensilvania, que también han rehusado defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en sus estados. En el caso de Pensilvania, sin embargo, el gobernador Tom Corbett decidió contratar los servicios de un bufete privado para defender la prohibición estatal del matrimonio igualitario ante la justicia federal.

El matrimonio igualitario en Nevada

Con la renuncia de la Fiscalía de Nevada ha crecido el optimismo respecto a la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado, sin dejar de ser prudentes acerca de la decisión de la Corte de Apelaciones, que es imprevisible.

Un dictamen favorable acortaría un proceso, el de la igualdad matrimonial de las parejas del mismo sexo en Nevada, que en todo caso parece inevitable. A principios de 2013, tanto el Senado como la Asamblea de Nevada aprobaron iniciar el proceso para eliminar la prohibición constitucional del matrimonio igualitario. Se trata sin embargo de un proceso de largo recorrido, ya que debe ser aprobado en dos periodos legislativos consecutivos antes de ir a referéndum en noviembre de 2016.

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Importante giro en Virginia, cuyo nuevo fiscal general, Mark Herring, ha anunciado que a partir de ahora no defenderá en los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo (incorporada en 2006 a la Constitución estatal tras ser aprobada en referéndum con el 57% de los votos). La decisión de Herring, para el cual la prohibición atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, puede facilitar el proceso para que las demandas presentadas ante la justicia federal de ese estado prosperen. Virginia es visto por los observadores como un estado clave para hacer avanzar el matrimonio igualitario al resto del país, una vez que la mayoría de los estados considerados más sólidamente “liberales” lo han aprobado.

Virginia linda con Maryland y con el Distrito de Columbia (donde se sitúa Washington, la capital federal), dos territorios que ya permiten el matrimonio igualitario (el resto de sus estados colindantes son Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Virginia Occidental). Desde el punto de vista histórico forma parte del sur, el área geográfica más conservadora de Estados Unidos, pero en las últimas décadas ha moderado su ambiente político. Ello es debido en buena parte al desarrollo urbano del extremo norte de estado, que forma en realidad un gran área metropolitana con el Distrito de Columbia y con Baltimore (Maryland). A diferencia de lo que sucede en otros estados del sur, de hecho, los electores de Virginia bailan hoy día entre los dos grandes partidos con cierta facilidad.

Uno de estos bailes se produjo en noviembre, cuando en las elecciones a gobernador el demócrata Terry McAuliffe conseguía una importante victoria por la mínima frente al ex fiscal general, Ken Cuccinelli, uno de los políticos republicanos más abiertamente homófobos (en su momento se opuso a que las medidas antidiscriminatorias en las universidades públicas incluyeran a las personas LGTB y calificó los actos homosexuales de “intrínsecamente malos” porque se “oponen a la ley natural”). Pero no fue la única victoria demócrata. El demócrata Mark Herring se hacía con el puesto que precisamente dejaba vacante Cuccinelli al derrotar (también por escaso margen) al candidato republicano.

Las victorias de McAuliffe y Herring, que hace solo un par de semanas tomaron posesión de los cargos para los que han sido elegidos, han supuesto un cambio muy significativo en el panorama de los derechos LGTB en Virginia. Es cierto que los republicanos controlan la Cámara de Delegados y que se registra un empate en el Senado (aunque roto en este momento a favor de los republicanos al existir un escaño vacante), pero por lo que a las acciones del Ejecutivo se refiere la situación es muy distinta a la anterior. Por un lado, la primera orden de McAuliffe como gobernador fue precisamente prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado de Virginia. Por otro, como recogíamos con mayor detalle la semana pasada, comienzan a plantearse iniciativas legislativas de matrimonio igualitario y contra la discriminación de las personas LGTB.

Herring no defenderá en los tribunales la prohibición

Pero ha sido sin duda el anuncio de Mark Herring de que como fiscal general del estado de Virginia no se personará en los procesos abiertos contra la prohibición del matrimonio igualitario (cuya primera audiencia tendrá ya tiene fecha: el próximo 30 de enero) el que ha supuesto todo un terremoto político. Herring está convencido de que la prohibición del matrimonio igualitario es inconstitucional y de que en algún momento el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo dejará claro. Y según sus propias palabras quiere que Virginia “esté en el lado correcto de la historia”.

Una posición que le está valiendo fuertes críticas de los republicanos, que acusan a Herring hace dejación de sus funciones. Bran Brown, presidente de la homófoba National Organization for Marriage, ha pedido incluso a los legisladores del estado que le abran un proceso de impeachment. Algo que sin embargo no parece preocupar al fiscal general.

Estaremos atentos a lo que sucede en Virginia, un estado que quizá en no mucho tiempo se sume a Utah y Oklahoma, dos de los estados en los que la prohibición del matrimonio igualitario ha sido llevada a juicio y en los que en estos momentos ya se han producido sentencias favorables (pendientes en ambos casos de los correspondientes recursos).

Fuente Dosmanzanas

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