Grave denuncia la que ha hecho pública la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera), según la cual en la madrugada del 21 al 22 de abril, Elizabeth, una chica trans de 24 años, fue objeto de vejaciones y maltrato en dependencias policiales tras ser expulsada con violencia de una discoteca de Algeciras. Una expulsión que según refiere la joven se debió a su condición de mujer transexual.

Según consta en la denuncia interpuesta por Elizabeth ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, la joven fue expulsada de la discoteca Kube de Algeciras por un empleado de seguridad del local, que ya previamente la había obligado a abandonar la «zona VIP» de la misma, a la que había sido invitada a subir por dos conocidos. Siempre según la denuncia, la expulsión fue ejercida con violencia y motivada, en opinión de la denunciante, por su condición de mujer transexual. Una vez fuera del local la joven, se acercó a un coche de policía y contó lo sucedido, pero los policías no le hicieron caso alguno a ese respecto. Ella, que había bebido, entró entonces un estado de gran nerviosismo, ante lo cual los policías la esposaron y la condujeron a un centro de salud, donde sin su consentimiento le inyectaron medicación calmante. Posteriormente fue trasladada a dependencias policiales y encerrada eb una celda, «como si de una delincuente se tratara».

Según cuenta en su denuncia, a la joven se la mantuvo esposada con las manos por detrás del cuerpo, con los brazos sobre el borde del respaldo, y cuando se quejaba le realizaban «palanca con los brazos hacia abajo». Según el parte de lesiones que acompaña a la denuncia, la joven presentaba de hecho «hematomas en resolución de forma rectangular, de 10 x 15 cm. en cara anterior y superior de miembro superior derecho y de 14 x 9 cm. en cara anterior de miembro superior izquierdo». También presentaba «hematomas en resolución» y «lesiones eritematosas lineales» en ambas muñecas.

«ATA-Sylvia Rivera condena esta nueva agresión a una chica trans y exige a la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la provincia de Cádiz una exhaustiva investigación que depure responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad como el sufrido por esta joven», denuncia el colectivo trans andaluz. «No podemos volver a tiempos pasados, donde las personas trans teníamos miedo de la policía por poder ser objeto de vejaciones y privación de libertad por el único delito de ser», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé. «Es hora que las leyes no sean declaraciones de buenas intenciones y cumplan con el fin con el que han sido propiciadas», ha añadido. «Exigimos a las instituciones locales y autonómicas una condena expresa y un compromiso para esclarecer estos hechos y que sobre los culpables recaiga el peso de la ley. Las personas trans también somos ciudadanía y como tal no nos merecemos como respuesta el silencio o mirar hacia otro lado», finalizaba Cambrollé.

Se da la circunstancia de que hace pocos días ATA denunciaba otra agresión de carácter tránsfobo ocurrida en una caseta de la Feria de Sevilla. Un grupo de jóvenes le dieron empujones, la insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores.

Fuente Dosmanzanas

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Un tribunal de la ciudad tunecina de Susa ha condenado a Achref y Sabri, dos hombres de 20 y 21 años, a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales. La Policía había detenido el pasado mes de diciembre a los jóvenes, que fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, además de a los infames exámenes anales para “probar” los hechos. El juez ha considerado probados los hechos a pesar de que estos humillantes procedimientos dieron un resultado negativo. Los acusados recurrirán la sentencia.

En la madrugada del pasado 8 de diciembre, la Policía detenía a dos jóvenes tunecinos en la localidad de Susa por considerarlos homosexuales. Como suele ser tristemente habitual, tras el interrogatorio ordenó la realización de exámenes anales a los dos detenidos, una práctica que está considerada una inequívoca forma de tortura, además de carecer de fundamento científico alguno para probar la homosexualidad.

Desde la asociación LGTB Shams y la Liga Tunecina para los Derechos Humanos se trató de impedir la infame prueba, haciendo un llamamiento para que los médicos forenses de los distintos centros hospitalarios se negaran a realizarla. En un principio, la denuncia y el llamamiento parecieron surtir efecto y la prueba fue cancelada.

Sin embargo, una vez liberados, desde Shams se pusieron en contacto con uno de los jóvenes, que relató cómo se desarrollaron posteriormente los acontecimientos. Tras 30 horas de detención e incesantes interrogatorios, en los que fueron maltratados, humillados y golpeados por los agentes de Policía, fueron conducidos ante el fiscal. Este les convenció de que su negativa a realizar el examen anal sería interpretada como un reconocimiento tácito de culpabilidad, por lo que finalmente accedieron a someterse a la humillante prueba.

El examen fue realizado por el médico forense del hospital Farhat Hached, que procedió a insertar un objeto en forma de tubo en el ano de cada uno de los jóvenes. Finalmente, redactó un informe en el que concluía que la prueba había dado un resultado negativo. Tras el informe, el fiscal dictaminó la libertad con cargos de los acusados el día 13 de diciembre y fijó la vista ante el tribunal para el pasado 6 de enero. La fecha se pospuso dos veces, primero al 3 de marzo y luego al viernes pasado, cuando se leyó el veredicto de culpabilidad.

El abogado y presidente de Shams Mounir Baatour ha rechazado la pena, impuesta a pesar de obligar a los acusados a someterse a la tortura de los exámenes anales y de que su resultado fuera negativo. Baatour ha anunciado que la asociación recurrirá el fallo. También lo harán los dos jóvenes, que se encuentran en libertad hasta que se celebre la vista de apelación.

El incremento de la hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte.

Los activistas luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión. Una legislación que se ha aplicado también a mujeres transexuales.

Fuente Dosmanzanas

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Descorazonadora noticia la que nos llega desde Argentina, donde colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos consideran absolutamente insuficientes las condenas dictadas a los policías que secuestraron, agredieron y abusaron sexualmente de una mujer transexual en Tucumán, al noroeste del país. Para la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) este caso es “emblemático y representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans”.

La mujer, de nombre Celeste, fue detenida de modo ilegal en noviembre de 2013. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su abuela, por la que ya había sido llevada a comisaría y puesta luego en libertad. En el momento de la detención se encontraba en el interior de su domicilio, tomando un baño. Allí irrumpieron los efectivos policiales, que la trasladaron a la seccional IV de San Miguel de Tucumán, alegando la aplicación del código contravencional (una normativa que se aplica en la vía pública y que ha sido denunciada como una herencia de la dictadura argentina que permite a la Policía de Tucumán realizar detenciones arbitrarias).

Ya en la comisaría, Celeste fue sometida a maltrato, vejaciones, insultos y abusos durante tres días, hasta que en un descuido de los policías consiguió escapar. En ese tiempo fue obligada a realizar hacer tareas de limpieza, golpeada, tuvo que soportar como varios policías se masturbaban sobre ella y fue encerrada en una celda junto a otros detenidos que abusaron sexualmente de ella sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Tras escapar, los médicos constataron las lesiones que sufrió, y la brutal agresión fue denunciada. En este intervalo de tiempo, Celeste ha sufrido presiones, intimidaciones e incluso intentos de soborno para que retirara la denuncia. Ella, con el apoyo de activistas LGTB, ha aguantado hasta que por fin, tres años después, se ha celebrado el juicio contra los siete policías que participaron en la agresión. El resultado, sin embargo, ha causado una profunda decepción en el movimiento LGTB argentino. Dos de los procesados, Ernesto Aguirre y Walter Trejo, han sido condenados a cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad y por falsear el acta de detención. Un tercer procesado, Aldo Quiroga, ha sido absuelto de dichos delitos. El resto deberán seguir siendo investigados. Los abusos sexuales sufridos por la víctima han quedado impunes. Todos los acusados, por cierto, han continuado durante todo este tiempo ejerciendo como policías.

Desde la Mesa de Justicia para Celeste, un grupo de activistas que la han arropado, consideran que lo sucedido no es excepcional, y que las mujeres trans, sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual, están expuestas a un abuso policial constante en Argentina. Para Ruth, una de sus integrantes, “el caso de Celeste en particular es emblemático porque es el único que ha llegado a la justicia”, pero no por ello sus derechos han sido respetados. Durante el juicio, por ejemplo, los abogados defensores se dirigieron continuamente a ella en masculino, sin que los jueces les llamaran al orden. Unos jueces sobre los que por cierto pende la sospecha de su sesgo conservador: se trata del mismo tribunal que condenó a una mujer a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo acusada de haber asesinado a su hijo. Una sentencia que fue luego anulada por la Corte Suprema de Tucumán, pero que desencadenó en su momento una ola de indignación en Argentina y que motivó incluso una campaña a nivel mundial de Amnistía Internacional.

Para la FALGBT y ATTTA, por su parte, “el caso de la compañera Celeste es emblemático y es representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans (…) Exigimos que Celeste, tanto como lxs compañerxs del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas, estén protegidxs y que haya una condena con cárcel efectiva para los acusados, y que cese la hostilidad hacia nuestras compañeras trans en todo el territorio nacional. Exigimos #JusticiaParaCeleste”, manifestó Marcela Romero, en este momento presidenta de ambas organizaciones.

Sin duda, una historia terrible, que vuelve a poner de manifiesto la situación de absoluta vulnerabilidad que vive el colectivo de mujeres trans en los países de América Latina. Veremos si al menos en este caso instancias superiores son capaces de reparar la injusticia y castigar debidamente a los agresores de Celeste.

Insertamos a continuación la entrevista radiofónica realizada por Radio Zumba la Turba a Ruth, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, en la que explica detalles del caso:

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Justo tres años después de la muerte de Juan Andrés Benítez, la Generalitat de Catalunya ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) con objeto de expulsar de los Mossos d’Esquadra a los agentes responsables. Una nueva sombra que se cierne sobre un proceso ya muy oscurecido tanto por el archivo de la denuncia contra el sindicato policial que desveló la condición de seropositivo de Benítez como por el acuerdo alcanzado por los agentes implicados que les permitió evitar la prisión.

Los detalles de la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida en octubre de 2013, siguen produciendo estupor y rabia. Lo sucedido supuso de hecho un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez fue brutalmente reducido tras verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez sufrió una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, pero la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la brutal violencia que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

Se archivó la denuncia por revelar su condición de seropositivo

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y añadía que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron la nota ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Los agentes implicados evitaron la cárcel

Llegado el juicio, el acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensas permitió a los seis mossos implicados evitar la cárcel, gracias a que la condena quedó limitada a dos años. A cambio, se declararon culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral. Los agentes quedaron suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Se les impuso también asistir a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes se les impuso además tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Se acordó también una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima a cargo de la Generalitat como responsable subsidiaria.

Según explicó en su momento el diario El País, la ACDH optó por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes. El acuerdo, sin embargo, fue recibido con desagrado por los amigos de Benítez, que consideraron que los causantes de su muerte quedaban en buena parte impunes. Por su parte, la CUP, a través de sus diputados en el Parlamento catalán, exigió al director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que reabriese el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido e interpuso la correspondiente denuncia para que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento disciplinario de los Mossos d’Esquadra, los condenados fuesen expulsados del cuerpo por falta muy grave.

Y ahora la Generalitat archiva la denuncia de la CUP

Expulsión que parece que no se producirá, dado que el Departamento de Interior de la Generalitat ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP. Una decisión que ya se veía venir: ya tras el acuerdo que libró de la cárcel a los agentes Albert Batlle declaró que las responsabilidades habían quedado depuradas en la vía penal.

La CUP no ha descartado todavía recurrir la decisión de Interior por vía judicial. Por otra parte, además de esta primera denuncia, la propia ACDDH ha formulado otra petición a la dirección general de la Policía catalana para que garantice la correcta aplicación del reglamento disciplinario de los Mossos. Según explica eldiario.es, según el artículo 24 del reglamento, Interior debe actuar en base “a los hechos que se declaren probados” en la sentencia, y estos son claros e irrefutables, por más que el acuerdo alcanzado en el juicio permitiese a los agentes evitar la cárcel. Y a juicio de la ACDDH, los hechos probados se corresponden con varias faltas muy graves por parte de los condenados: torturas, vulneración de derechos de los custodiados y ocultación de pruebas, además de la propia condena. En este sentido, la dirección general de la Policía catalana podría, según el ya mencionado artículo 10 del reglamento, expulsar a los condenados o suspenderles de empleo y sueldo de uno a seis años.

Veremos qué sucede finalmente, pero lo cierto es ya cerrado el capítulo judicial, el administrativo tampoco apunta a que los agentes responsables de la muerte de Benítez saldrán muy malparados. Mala, muy mala señal la que se transmite a la ciudadanía…

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América Latina es una región de contrastes en lo que se refiere a la realidad de las personas LGTB. Si hace pocos días nos felicitábamos por la introducción del matrimonio igualitario en Colombia, recientemente también hemos conocido un informe sobre la terrible situación de la comunidad LGTB en Honduras. La violencia homófoba y tránsfoba en este país centroamericano alcanza, desde hace varios años, cotas escalofriantes.

En su informe para la publicación Index on Censorship, Duncan Tucker revela el exponencial aumento de la violencia LGTBfoba en los últimos tiempos. Antes de 2009, año en el que tuvo lugar el golpe de estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya, se producían, de media, dos asesinatos de personas LGTB al año. Después de esa fecha, la cifra se ha incrementado a los 31. Además de los homicidios, las torturas, violaciones y desapariciones son una constante en el país.

Los activistas explican las causas de esta violencia en la militarización de la vida hondureña desde la llegada al poder de Porfirio Lobo, que presidió el país entre 2010 y 2014. Según Erick Martínez Salgado, el Gobierno que sustituyó al de Zelaya inició una campaña de acoso a las organizaciones LGTB por considerarlas críticas con el golpe y una amenaza al orden público. Muchas de las víctimas de ataques rehúsan denunciar por miedo a que la policía tome represalias contra ellos.

Aunque la mayor parte de los asesinatos en Honduras se deben a las pandillas o maras, en el caso de la población LGTB son las propias instituciones del país las que destilan mensajes de odio y promueven su persecución. Según la reportera Dina Meza, los medios de comunicación vinculan a las asociaciones pro derechos humanos con el tráfico de drogas y el crimen organizado, propiciando un clima de hostilidad con las minorías sexuales. Los periodistas y los activistas que salen en su defensa también son objeto de los ataques.

Meza apunta también al papel de la iglesia católica y los grupos evangélicos como instigadores del odio a los ciudadanos LGTB. El activista Donny Reyes regresó hace un año a su país tras refugiarse en el extranjero durante diez meses por miedo a los ataques. Cita al Estado, la iglesia y los medios de comunicación como los principales responsables de la propagación de “la impunidad, el fundamentalismo, el machismo y la misoginia” en el país centroamericano. Reyes volvió a Honduras para “luchar por que la próxima generación tenga un sitio para vivir en un mundo mejor”.

Un entorno infernal para las personas LGTB

Desgraciadamente no le concedemos la atención que se merece, pero como se ha dicho, los ataques en forma de agresiones, palizas, persecuciones y hasta asesinatos de personas LGTB en Honduras (muy singularmente mujeres transexuales) son continuos. En agosto de 2014 recogíamos con detalle una de estas agresiones, la sufrida por Darwin René Reyes, conocida también como Mónica Shakira, que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones fue registrada en vídeo. La joven trabajadora del sexo fue brutalmente agredida por otro ciudadano, médico de profesión, y por un miembro de la policía militar.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. Pero no solo han sido asesinados activistas. A Jonathan José Pineda un guardia de seguridad homófobo lo mató de un disparo a plena luz del día en febrero de 2012. José Enrique Castro (a quien la prensa se refería a veces como gay y a veces como travesti) apareció asesinado a balazos en marzo de 2012. Marlon Javier Jiménez, una joven trans, fue secuestrada de su domicilio y asesinada en agosto de 2012. Los tres tenían solo 22 años.

Son solo algunos ejemplos que alcanzaron un mayor eco mediático, pero por desgracia hay muchos más, y la situación no parece haberse aliviado con la relativa “normalización” de la vida política hondureña, país en el que el respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente (su gobierno goza, sin embargo, del respaldo de las potencias occidentales, por lo que no ocupa las portadas y titulares que se conceden a otros países de la zona…). En 2012 recogíamos precisamente un estudio realizado por la Red Lésbica Cattrachas que arrojaba un total de 71 asesinatos de personas LGTB en Honduras desde septiembre de 2008 a febrero de 2012. Informaciones posteriores incrementaban ese número hasta cerca del centenar de casos. Y a finales del año pasado nos hacíamos eco de las denuncias de activistas centroamericanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevaban a 76 las víctimas solo en Honduras durante 2014. Un panorama estremecedor.

Fuente Doamanzanas

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El Tribunal Superior Federal de Nigeria ha dictaminado que el Departamento de Policía de Abuja detuvo ilegalmente el pasado mes de octubre de 2015 al activista LGTB Ifeanyi Orazulike, conocido internacionalmente por su labor de apoyo a las personas que conviven con el VIH. La sentencia condena al Departamento de Policía a excusarse públicamente con Ifeany en dos de los más importantes medios de comunicación de Nigeria, y a indemnizarle económicamente por daños morales. Se trata de uno de los pocos fallos favorables a los derechos constitucionales de un activista homosexual, en un país donde la pertenencia a una asociación de defensa de los derechos LGTB está penada con 10 años de prisión.

Ifeanyi Orazulike es un activista LGTB nigeriano, con una especial dedicación hacia el colectivo de personas que conviven con el VIH. Es el director ejecutivo del Centro Internacional para la Defensa de los Derechos a la Salud (ICARH en sus siglas en inglés) y es secretario del Consejo del Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMGF, también en sus siglas inglesas). En 2011 participó en el Programa de Defensores de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos.

Su bagaje como activista y su condición de homosexual le puso, sin duda, en el punto de mira de quienes se dedican a la extorsión, abusando de su autoridad, en Nigeria. Además, quizás no casualmente, el mismo día de los hechos el Tribunal Superior de Nigeria había dictaminado en contra de una demanda contra las leyes que castigan la homosexualidad en el país por una cuestión técnica, sin entrar a valorar su constitucionalidad.

Ifeany Orazulike se encontraba en la sede de ICARH en Abuja el 22 de octubre de 2014, celebrando su cumpleaños con diez amigos y miembros de la organización, cuando a las 11 de la noche irrumpió la Policía. Según su relato, vio a unos quince miembros armados de las fuerzas del orden, con chalecos antibalas, avanzando por el pasillo de sus oficinas, a pesar de que las puertas estaban cerradas y resguardadas por equipos de seguridad.

Ifeany se identificó ante los policías cuando irrumpieron en la sala, quienes le informaron de que venían a detenerle por orden del comisionado de policía, sin que le indicasen bajo qué cargos. Le levantaron entre varios agentes y le llevaron en volandas hasta una furgoneta aparcada en el exterior, mientras otros se dedicaban a perseguir a sus amigos y colegas, tratándoles “como si fueran delincuentes comunes”.

El activista insistió en que quería conocer los cargos y por qué motivo no le conducían a comisaría, sin encontrar respuesta. Los policías se dedicaron a saquear las instalaciones de ICARH, llevándose reproductores de DVD, ordenadores portátiles y teléfonos móviles, así como importantes archivos y material donado por USAID. Después, arrancaron el vehículo y recorrieron las calles de Abuja, deteniendo a prostitutas, mientras algunos de los amigos de Ifeany les seguían para saber dónde era conducido.

Uno de los agentes le exigió que le pagara un soborno para liberarle. La respuesta de Ifeany fue que en vez de pagarle informaría de lo sucedido a un tribunal. El policía abofeteó al activista con tanta fuerza que le arrojó al suelo, de donde no le dejó levantarse. Otros agentes trataron de extorsionarle, diciéndole que sus amigos ya habían pagado el soborno. Cuando comprobaron que era inútil la insistencia, terminaron liberándole. Sus amigos le recogieron y le pusieron finalmente a salvo.

Pero Ifeany Orazulike decidió no dar el asunto por zanjado, y se puso en contacto con Mike Enahoro Ebah, precisamente el abogado que había llevado el caso contra las leyes homófobas de Nigeria. Interpuso una demanda contra el Departamento de Policía de Abuja por haber violado sus derechos constitucionales, y pidió que el tribunal emitiera una resolución “en aplicación de sus derechos fundamentales, con el fin de que fuese respetada su dignidad como persona, su libertad personal, su libertad de movimientos y derecho de reunión y asociación pacíficas”.

Y el pasado 26 de febrero el Tribunal Superior Federal falló a su favor, considerando que se trató de una detención ilegal y que se violaron efectivamente sus derechos constitucionales. La sentencia condena al Departamento de Policía a que se excuse públicamente con Ifeany Orazulike en dos de los medios de comunicación de mayor difusión de Nigeria, así como a pagarle una indemnización por daños morales de un millón de nairas (4.410 euros, 5.030 dólares).

Los activistas nigerianos se han felicitado por una sentencia que consideran de especial relevancia, al tratarse de una de las pocas que se dicta a favor de los derechos de una persona LGTB. Agradecen el arrojo de Ifeany y, especialmente, la labor como defensor de Mike Enahoro Ebah, al ser conscientes de que asumir la defensa de los derechos de una minoría tan estigmatizada legal y socialmente pone en compromiso su carrera.

Así lo destacaba Jide Macauley, activista anglonigeriano, con las siguientes declaraciones: “No hay duda de que esto da a la comunidad LGBT en Nigeria más alcance y oportunidades dentro del sistema de justicia. También estoy inmensamente agradecido a Mike Enahoro Ebah, por comprometer su carrera para defender que unos estigmatizados, rechazados y condenados ciudadanos de Nigeria, las lesbianas, gais, bisexuales y personas transexuales, también son seres humanos y ciudadanos de la nación. Mientras muchos se han curado en salud, tú te has hecho cargo”.

Violencia social y de estado

Desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad en Nigeria, no cesan de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. La ley castiga con 10 años de prisión la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo o la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Fuente Dosmanzanas

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La decimotercera marcha del Orgullo LGTB de Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, fue abortada en la tarde del pasado domingo por las fuerzas de seguridad. Mediante el uso de una violencia desproporcionada, la policía turca impidió que miles de personas se manifestaran por las principales calles de la ciudad. No ha habido heridos de gravedad, pero se produjeron varias detenciones.

La marcha estaba convocada a las cinco de la tarde en la plaza Taksim y la avenida de İstiklal, en pleno centro de la ciudad, adonde empezaron a acudir miles de manifestantes. Al mismo tiempo, la policía comenzó a distribuirse por los accesos de ambas calles y, sin apenas previo aviso, atacó a los congregados para dispersarlos con cañones de agua, balas de goma y gases lacrimógenos. Los participantes huyeron hacia el norte y a las cinco y media, todas las entradas y salidas de Taksim e İstiklal quedaron bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul a causa del mes de Ramadán sin ningún aviso”. Los activistas recordaron que el año pasado la celebración también tuvo lugar durante el mes sagrado del calendario islámico, sin que ello supusiera ningún obstáculo para su desarrollo. El representante del Gobierno en la ciudad asegura, sin embargo, que el veto a la marcha se comunicó horas antes de su comienzo por carecer del permiso necesario y defiende que la policía hizo un uso “proporcionado” de la fuerza para disolver la concentración.

Las organizaciones LGTB han reaccionado con lógica rabia ante el ataque a un Orgullo que llevaba celebrándose trece años y había crecido desde unas treinta personas en 2003 a más de 15.000 en 2013; año en el que, además, los activistas LGTB se unieron a las protestas del parque Gezi contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan y también sufrieron las agresiones y detenciones de las fuerzas de seguridad. ILGA Europa condena en un comunicado la vulneración del derecho de asociación que supuso la redada.

A nivel europeo, el Comisario de Derechos Humanos Nils Muižnieks también expresó su rechazo y recordó que el papel de la policía es “proteger a los manifestantes, no atacarlos”. Pero la primera en expresar su indignación, en Twitter, fue la cantante Lady Gaga, quien pedía que se detuvieran los ataques. “¡Esto es inhumano!”, sentenciaba, al tiempo que pedía al gobernador en Estambul que permitiera la celebración del Ramadán y del Orgullo “en PAZ, en lugar de dividir con violencia”.

En la página del diario Hürriyet está disponible un reportaje fotográfico de los acontecimientos ocurridos en el centro de Estambul.

En estos vídeos compartidos en Twitter se observa la brutalidad con la que actúa la policía turca para reprimir una manifestación pacifista. Los gritos de la multitud dan muestra del horror que se vivió en la calle durante esos minutos en la que la policía encañonaba a los manifestantes. Al finalizar la manifestación, el camión cisterna de la policía apareció con pintadas pacifistas pro LGBT.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

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En un informe publicado por Human Rigths Watch el 28 de abril, se denuncia la situación de los homosexuales en Siria, que deben enfrentarse al peligro que suponen tanto el ejército y las milicias islámicas, que les persiguen, encarcelan y torturan, como los miembros de sus propias familias, que les amenazan de muerte por considerarles una deshonra. Muchos de ellos se ven obligados a huir y buscar refugio en el vecino Líbano, donde la situación para los homosexuales tampoco es muy halagüeña.

Diecinueve hombres homosexuales sirios refugiados en Líbano han explicado a Human Rigths Watch cómo han sido capturados, torturados, humillados y violados por las patrullas del ejército y las milicias islámicas. Pero también cómo han sido amenazados de muerte por sus propios padres y hermanos por ser considerados una deshonra para la familia debido a su orientación sexual. El “crimen de honor”, por el cual los homosexuales son ejecutados por los miembros de su propia familia, es una práctica lamentablemente asentada en la sociedad siria  que los extremismos alimentados por la guerra no han hecho más que incrementar.

El informe evidencia el aumento de la presión sobre los homosexuales, convertidos en objetivo tanto del ejército como de las milicias islámicas. Si unos aplican el Código Penal, que establece penas de prisión de hasta tres años por mantener “relaciones carnales contra natura”, los otros hacen lo propio con la sharia o ley islámica. Según los testimonios, los detenidos por uno y otro bando son ingresados en centros penitenciarios improvisados, donde se hacinan más de cuatrocientas personas en una única sala, y donde son objeto de todo tipo de abusos y malos tratos.

Persecuciones y torturas

Entre los testimonios recogidos por Human Rights Watch se encuentra el de un joven que fue detenido por las milicias del Frente de Liberación Islámico Sirio. Acusado de colaboración con el régimen, fue internado en una fábrica abandonada reconvertida en prisión. Allí fue torturado y obligado a presenciar la ejecución de dos jóvenes acusados de blasfemia, cuyo fatal destino creyó compartir.

Afortunadamente, su padre, miembro prominente de su clan, pagó su rescate y consiguió que huyera hasta el Líbano, donde vive asilado. Sin embargo, cuando las milicias informaron a su familia de que era homosexual, su propio padre le telefoneó a su residencia de Beirut amenazándole de muerte. Su hermano, que se había unido al grupo armado que le capturó, también amenazó con matarle, por lo que el joven terminó solicitando la protección de la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas.

Otros jóvenes homosexuales cuentan cómo han sido secuestrados por las milicias y torturados hasta que facilitaran una lista de sus amigos o conocidos de la misma orientación sexual. Dos hombres fueron detenidos y forzados a mantener relaciones sexuales entre ellos frente a sus captores durante diez terribles noches. A ambos les obligaron a maquillarse mientras les espetaban insultos homófobos. El mismo trato recibió otro joven, trabajador de la industria de la moda, que fue detenido por miembros del ejército y obligado a desnudarse, tras lo que fue salvajemente violado.

Amenazados y delatados por sus propias familias

Pero la terrible realidad de los homosexuales sirios no se detiene ahí. Entre los refugiados en el Líbano se cuentan también quienes han sido amenazados de muerte por sus propias familias cuando tuvieron conocimiento de su orientación sexual. Muchos deben huir, abandonar sus trabajos o estudios, y vivir permanentemente con el temor a ser descubiertos por cualquier conocido o allegado que pueda comunicar su paradero a sus familias.

Así, un panadero de 38 años de edad se vio obligado a abandonar su trabajo y su hogar cuando su familia facilitó su nombre a las milicias islámicas para que le castigaran. Más terrible aún es el caso de un profesor de 30 años, cuyo hermano le delató a un grupo armado por vivir en pareja con otro hombre. Su huída hacia el Líbano se produjo después de que los islamistas asesinaran a su pareja y le persiguieran.

Situación de los refugiados en el Líbano

A pesar de que el Líbano es la meta de los homosexuales sirios que huyen de la barbarie, la realidad a la que se enfrentan en su vida cotidiana una vez asentados no es demasiado halagüeña. Las relaciones homosexuales en el Líbano son formalmente ilegales, descritas como “actos sexuales que contradicen las leyes de la naturaleza” por el artículo 534 del Código Penal y castigadas con penas de hasta un año en prisión. Además, son frecuentes las noticias de abusos por parte de las autoridades policiales.

Una pareja de homosexuales sirios denunciaba cómo fueron expulsados del alojamiento que habían encontrado por un grupo de hombres armados uniformados de negro. Tras golpearles, les instaron a “ir a luchar a vuestro país, en vez de venir al Líbano para ser gais”. Human Rights Watch ha documentado también al menos dos casos de homosexuales sirios obligados por las Fuerzas de Seguridad libanesas a someterse a los terribles exámenes anales. De esta manera, se constata que se continúa llevando a cabo esta práctica, considerada tortura, a pesar de que en 2012 tanto el Colegio de Médicos del Líbano como el propio ministro de Justicia abogaron por que se abandonara.

Human Rights Watch alienta a que tanto las organizaciones humanitarias como el gobierno libanés se aseguren de que los refugiados homosexuales sirios reciban la asistencia y protección básicas, con el apoyo de los donantes internacionales. Como concluye su informe, “para los gais sirios no hay vuelta atrás, pero tampoco hay indicadores claros sobre qué camino tienen por delante”.

Fuente Dosmanzanas

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La cuarta edición de “Besos contra la Homofobia” se desarrolló en la tarde del sábado 15 de febrero en la Plaza de Armas de Lima. A diferencia del año anterior, los accesos a la céntrica plaza no estaban cerrados, pero sí hubo una importante presencia policial que impidió el normal desarrollo de la protesta, que en esta ocasión pretendía celebrarse frente a la Municipalidad Metropolitana para reclamar a la alcaldesa Susana Villarán que cumpliera por fin su promesa de promover la aprobación de una ordenanza contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Después de un rato, agentes de policía comenzaron a desplazar a empujones a los manifestantes, primero hacia los portales del Club de la Unión y finalmente fuera de la Plaza, en medio de más altercados y breves episodios de violencia física y verbal. También, como el año pasado, un grupo de contramanifestantes católicos con parasoles y colocados de espaldas habían formado una cadena para “defender” la Catedral de Lima. En la entrada del Jirón de la Unión los manifestantes protagonizaron durante media hora una sentada frente a la policía, gritando consignas contra la homofobia mientras agitaban banderas arco iris. Finalmente marcharon hasta la Plaza San Martín, donde con otra besada finalizó la jornada.

Cabe destacar que, aunque la mayoría de medios que reportaron lo sucedido señalan que la Plaza de Armas es una zona restringida en la que no se puede hacer manifestaciones, la ordenanza que así lo disponía fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional: cualquier manifestación pacífica, que no ponga en peligro ni la vida ni los bienes públicos o privados, puede tener lugar en esa simbólica plaza de Lima, flanqueada por las sedes del poder local (Ayuntamiento), nacional (Palacio de Gobierno) y religioso (catedral y arzobispado).

Besos contra la homofobia

La concentración conmemoraba el tercer aniversario de la brutal intervención policial que en 2011 tuvo lugar para dispersar la primera acción “Besos contra la Homofobia” en la Plaza de Armas, que dio lugar a una respuesta de parte de los activistas y derivó en dos horas de escaramuzas por el centro de la capital peruana.

El hecho, que mereció la condena internacional y obligó a las autoridades a pedir reticentes disculpas, es considerado hoy un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos LGTB en el Perú. Es por eso que el 12 de febrero se considera desde entonces en Perú el Día de la Dignidad LGBT. En 2012 fue conmemorado de forma pacífica, pero ya el pasado volvieron a reproducirse los incidentes, después de que la policía impidiera a los manifestantes acceder a la plaza (curiosamente sí que lo permitió a los contramanifestantes católicos). Días después pudo tener lugar otra besada, esta ya más tranquila.

Algunas imágenes de la protesta

Os dejamos con dos breves reportajes sobre lo sucedido, uno de Canal N, que como otros medios reproduce que la Plaza de Armas es una zona “restringida”, y otro del canal de YouTube arom620, que reproduce además imágenes de la marcha que tuvo lugar tras los incidentes:

Fuente Dosmanzanas

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Preocupante precedente el que ha sentado la fiscalía al archivar la denuncia presentada por varios colectivos contra el Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Juan Andrés Benítez, empresario gay que murió en octubre tras ser violentamente reducido por un grupo de Mossos d’Esquadra.

Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados en los acontecimientos que desembocaron en la muerte de Benítez y defendía que fue preciso reducir al empresario al oponerse este con “gran resistencia” a su detención, añadiendo que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”.

Una muestra de serofobia que mereció la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que acabaron presentando una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada de Juan Andrés Benítez que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales.

Los colectivos denunciaron además que la información facilitada por el sindicato incluía incorrecciones y datos tendenciosos (como por ejemplo que el tratamiento postexposición con antirretrovirales debe mantenerse un año, cuando este tipo de tratamientos duran solo 28 días). De nada ha servido, dado que la denuncia ha sido finalmente archivada.

Continúa adelante el proceso por la muerte

Lo que sí continúa adelante es el procedimiento judicial contra los agentes directamente implicados en los hechos. Recordemos que, de acuerdo a la autopsia, Juan Andrés Benítez presentaba traumatismos múltiples sobre la región craneo-facial que dieron lugar a un fallo cardiaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa). Sumado a los testimonios de los vecinos del Raval que presenciaron lo sucedido y a las grabaciones tomadas por algunos de ellos, que mostraban el grado de violencia ejercido, los mossos fueron imputados por la jueza por posibles delitos contra la vida, contra la integridad física y moral, de obstrucción a la justicia (la jueza consideró que los agentes pudieron alterar pruebas o el contenido de los atestados) y coacciones (debido a la denuncia de algunos vecinos de que los mossos les exigieron entregar o eliminar algunas de las mencionadas grabaciones). La jueza sí archivó la causa contra el vecino con el que Benítez se había peleado (el incidente que dio lugar a que los mossos acudieran al lugar). Los testigos coinciden en que esta pelea no fue grave, que solo dio lugar a heridas de escasa entidad y que cuando los coches patrulla llegaron al lugar ya había terminado.

Más dura es incluso la valoración de la fiscalía, que acusa a los agentes de homicidio al considerar que su actuación fue “excesiva, desproporcionada y desmesurada” y colocó al empresario “en una clara situación de riesgo y peligro”.

La muerte de Juan Andrés Benítez, de 50 años, supuso un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB.  Benítez, dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Fuente Dosmanzanas

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Human Rights Watch ha hecho público Decían que nos lo merecíamos, informe que denuncia la extorsión, las amenazas, la violencia y las agresiones sexuales que hombres homosexuales y bisexuales sufren a diario en Kirguizistán (también conocido como Kirguistán y como Kirguisia), una república del Asia central que formó parte de la Unión Soviética. Y ello a pesar de que las relaciones homosexuales en ese país fueron despenalizadas en 1998.

El informe, de 71 páginas, se basa en los testimonios en profundidad de 40 hombres homosexuales y bisexuales de varias regiones del país. La lista de abusos a manos de las fuerzas del orden que recoge el trabajo provoca escalofríos: amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, violaciones… Especialmente frecuente parece ser el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de estos hombres se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

Para ello los policías peinan parques, locales de ambiente, hoteles… cualquier lugar que pueda servir de punto de encuentro. También espía las páginas webs de contactos. Gracias a ello localizan a víctimas a las que extorsionar y maltratar. El informe recoge casos espeluznantes, como los intentos de introducir palos, martillos e incluso un dispositivo de electroshock por el ano de las víctimas.

Tal y como Human Rights Watch expone, si ya de por sí resulta difícil ser homosexual o bisexual en una sociedad en la que las actitudes homófobas están muy extendidas, la situación se vuelve terrible si las fuerzas de seguridad, aquellas que al menos debieran garantizar el ejercicio de los derechos básicos, son también un agente activo de la homofobia. La organización denuncia que el Gobierno de Kirguizistán, aunque ha prohibido uso de la tortura en dependencias policiales, carece de un mecanismo de reporte de abusos por parte de personas que no están en la cárcel. De hecho, solo 2 de las 40 víctimas entrevistadas presentaron denuncia, sin obtener además resultado alguno. “Los agentes de policía en Kirguizistán saben que pueden golpear, violar y atormentar de cualquier manera a los homosexuales, así como extorsionarles, sin sufrir por ello consecuencias”, explica Anna Kirey, de Human Rights Watch. Esta organización solicita al Gobierno de Kirguizistán que adopte medidas efectivas para combatir la tortura y el maltrato hacia las minorías, así como que implemente un mecanismo que permita las denuncias sin que la privacidad de las víctimas se vea violentada.

Os dejamos con un breve reportaje que muestra el testimonio de tres víctimas, subtitulados en inglés (creemos que de todas formas resulta de fácil comprensión). Un joven fue extorsionado, tras ser descubierto en un parque abrazado a su novio. Los otros dos fueron detenidos y sufrieron grave maltrato físico y psicológico. Uno de ellos permaneció tres días en comisaría mientras era sometido a todo tipo de agresiones.

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