La policía turca ha detenido a más de 200 personas que se habían congregado en la plaza Taksim de Estambul para celebrar la Marcha del Orgullo, a pesar de la prohibición establecida por las autoridades días atrás. Los activistas LGTBI decidieron no rendirse y seguir adelante con los actos por considerar la prohibición contraria a los derechos fundamentales de reunión y manifestación. Así, este 26 de junio numerosas personas reivindicaron por las calles de Estambul la defensa de los derechos de las personas LGTBI, pero un fuerte contingente policial actuó con contundencia para dispersarlas. A pesar de todo, la valentía de los manifestantes ha conseguido que finalmente se celebrara por sus calles la 30ª Marcha del Orgullo de Estambul.

Desde el 2015, las autoridades turcas han prohibido reiteradamente la celebración de los actos del orgullo LGTBI en Estambul, que hasta ese momento acogía una de las manifestaciones más numerosas de un país de mayoría musulmana. En este año, tanto la gobernatura del distrito de Beyoğlu como la del distrito de Kadıköy dictaron la prohibición de todos los actos previstos durante la Semana del Orgullo. Agentes de policía se personaron en centros y locales de organizaciones LGTBI para conocer cuál era el calendario de eventos para posteriormente comunicar la prohibición establecida por la gobernatura, en los siguientes términos:

Hemos obtenido información de que entre el 21.06.2022 (martes) y el 23.06.2022 (jueves) está previsto celebrar reuniones, comunicados de prensa, marchas, distribución de folletos, etc. en el marco de la 30ª Semana del Orgullo LGBTI+ de Estambul.

Todos esos eventos están prohibidos en todas las áreas abiertas y cerradas durante 7 (siete) días desde las 00.01 del 21.06.2022 hasta las 23.59 del 27.06.2022.

Sin embargo, no se tomó medida alguna contra el grupo Müdafaa-i İslam Hareketi (Movimiento de Defensa del Islam), que convocó a sus partidarios para reunirse en día 26 de junio en la plaza de Taksim para impedir cualquier celebración o acto del Orgullo, acompañando la convocatoria con repetidas amenazas de muerte a quienes participaran en ellas. Este mismo grupo ya había protagonizado actos violentos contra personas LGTBI en Çanakkale, Antep y la Universidad de Estambul.

Las distintas asociaciones y grupos de defensa de los derechos LGTBI reaccionaron con indignación ante la prohibición, que calificaron en un comunicado de contraria a la Constitución de Turquía y a la Convención Europea de Derechos Humanos. En el mismo comunicado se incluía el siguiente y vibrante alegato:

Sabemos que estas prohibiciones apuntan a nuestra existencia, de la que estamos orgullosos, a nuestra lucha, que nos ha traído hasta aquí, y a nuestros avances para garantizar la igualdad constitucional y social.

Se espera que nos avergoncemos de nuestra existencia, que abrazamos con honor, que perdamos la solidaridad que hemos construido, que abandonemos los espacios que hemos ganado y que demos un paso atrás en nuestra justa lucha.

Como asociaciones LGBTI+, declaramos abiertamente: Nos negamos a la vergüenza, al olvido, al abandono, a la pérdida y al retroceso. No consentimos que nos arrebaten nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro con discursos de odio, señalamientos, prohibiciones y amenazas.

Así, cientos de manifestantes de manera pacífica se congregaron este 26 de junio en la plaza de Taksim, el lugar inicialmente establecido para la convocatoria, enarbolando con orgullo numerosas banderas arcoíris y trans.  Pronto se encontraron acordonados por la policía que, equipada con material antidisturbios, bloqueó la plaza de Taksim y todo el barrio de Cihangir para impedir que se celebrara la manifestación. Además, procedieron a cerrar el transporte público que conducía a la zona.

Mientras los vecinos del barrio de Cihangir, desde sus casas, golpeaban cacerolas para protestar contra la acción policial y en apoyo de los manifestantes, la policía procedió a cargar con violencia contra los congregados y a la detención de más de 200 personas. Entre los detenidos se encuentran también reporteros y fotógrafos que con su trabajo daban fe de los hechos.

https://twitter.com/eemreorman/status/1541042289660805121?s=21&t=8oPKxQ5fDP-fRI3dDrXH9w

Prohibición y represión contra los actos del Orgullo desde 2015

La situación de la comunidad LGTBI en Turquía bajo el mandato de Recep Tayyip Erdoğan no hace más que deteriorarse. En 2021 se cumplieron siete años en los que las autoridades prohibían y reprimían la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos. La represión se repitió con los mismos métodos en 2019. Tras el paréntesis de 2020, en el que no se convocó ningún acto debido a la pandemia de la COVID, en 2021 volvió a repetirse la prohibición, el desafío de los activistas LGTBI y la brutal represión policial.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Estambul, Müdafaa-i İslam Hareketi (Movimiento de Defensa del Islam), Orgullo LGTBI, Recep Tayyip Erdoğan, Turquía, Violencia policial

La policía turca reprimió una protesta pacífica de Istanbul Pride. (Captura de pantalla vía Twitter)

La policía turca golpeó brutalmente y supuestamente “torturó” a casi una docena de activistas LGBTQ+ en Estambul que simplemente celebraban el comienzo del Mes del Orgullo.

El 5 de junio, miembros de İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, que organiza el Orgullo de Estambul, se reunieron en el barrio de Yeldeğirmeni del distrito de Kadıköy para leer una declaración de bienvenida al inicio del Orgullo.

Pero cuando los activistas se reunieron para celebrar los 30 años del Orgullo de Estambul alrededor de las 6:30 p. m., una ola de policías barrió la calle. Cientos de agentes armados con escudos antidisturbios procedieron a arrestar a 11 activistas LGBTQ+, según imágenes de video compartidas por İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası.

El escuadrón antidisturbios Çevik Kuvvet se unió a los oficiales de la fuerza policial nacional de Turquía, la Dirección General de Seguridad, para aplastar la protesta pacífica.

Tanto los activistas como los espectadores abuchearon mientras la gente era escoltada a las camionetas de la policía. Cordones de policía se alinearon en la calle y levantaron sus escudos en alto en un intento de evitar que los transeúntes vieran a los agentes esposando y empujando a los activistas.

Manteniéndose desafiantes, los organizadores del Orgullo y otros grupos de campaña continuaron levantando banderas de Progreso que incluyen a las personas intersexuales e interrumpieron incluso cuando la policía los detuvo.

“La semana del Orgullo LGBTI+ de Estambul cumple 30 [sic] años. La policía atacó y arrestó a personas LGBTI+ que se reunían en las calles de Yeldegirmeni en Estambul-Kadikoy para celebrar el Mes del Orgullo”, tuiteó Onur Haftası İstanbul LGBTİ+.

Istanbul LGBTI+ Pride week is 30th years old. Police attacked and arrested Lgbti+ people who met in Yeldegirmeni streets in Istanbul- Kadikoy to celebrate Pride Month. Queer pride will defeat police torture!

Istanbul Pride March countdown just begun! This year to we will resist! pic.twitter.com/r8HV1w5Hw0

— İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 5, 2022

Tehdit, baskı, sınır yasak umrumuzda değil; pusulamız kesişimsel kuir ve transfeminist politikalarımızla buradayız; bedenlerimiz, dilimiz, arzularımızla buradayız. Direnişimizle buradayız! #direniyoruz #rakrakrakgeliyoruz #Pride2022 #onurayi #Direnis pic.twitter.com/iuaT0ZVwPf

— İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 5, 2022

“¡El orgullo queer derrotará la tortura policial! ¡La cuenta regresiva de la Marcha del Orgullo de Estambul acaba de comenzar! ¡Este año resistiremos!”.

Miembros de İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, así como dos miembros de Trans+ Korteji, fueron arrestados por la policía esa noche. Trans+ Korteji afirmó que, mientras estaban bajo custodia en la comisaría de policía de Vatan, los agentes “torturaron” a los activistas y compartieron fotografías alarmantes de sus muñecas y piernas gravemente magulladas.

Todos los arrestados fueron liberados más tarde esa noche.

Tüm gözaltılar serbest !

Alışın, gitmiyoruz, burdayız ! pic.twitter.com/kAEfp4mhZx

— İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 5, 2022

Con el tema de la “resistencia”, el desfile del Orgullo de Estambul de 2022 está programado para el 26 de junio. Pero cómo la policía aplastó una pequeña reunión fue una advertencia preocupante de cómo serán las próximas semanas para las personas LGBTQ+.

Los desfiles del Orgullo de Estambul atrajeron a cientos de miles de asistentes durante 13 años antes de que el gobierno de Estambul prohibiera los eventos del Orgullo LGBTQ+ en 2015. Cada año, desde que los funcionarios de la ciudad han inventado razones para prohibir el desfile, como “preocupaciones de seguridad” o restricciones de COVID-19, todos pero yendo en contra del derecho constitucional de los turcos a realizar una protesta pacífica sin permiso previo.

Sin embargo, los activistas se niegan a dar marcha atrás y marchar de todos modos, y tienen sus razones para hacerlo. El gobierno del presidente Tayyip Erdoğan ha tratado descaradamente de pintar a las personas LGBTQ+ como “pervertidos” o afirmar que ni siquiera existen mientras destrozan los pocos derechos que tienen las personas LGBTQ+ en Turquía.

En una de las represiones más violentas hasta el momento, el Orgullo de Estambul de 2021 vio una lluvia de balas de goma y gases lacrimógenos que golpearon a los asistentes al Orgullo LGBTQ+. Alrededor de 20 fueron detenidos.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası sabe que este año no será diferente. En la declaración que el grupo pretendía leer el 5 de junio, los organizadores esperaban decir que el Orgullo no es solo una celebración, sino que es y siempre será una protesta.

“Las personas LGBTIQA+ estamos de nuevo en las calles. Nuestras voces, risas y consignas resuenan en estas calles. Estamos aquí con nuestras identidades, orientaciones, queerness y todas nuestras existencias”, decía el comunicado según la agencia de prensa turca Bianet. “Somos fuertes juntos, seguimos existiendo”, agregó İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası. “Feliz Orgullo”.

Erdoğan y la Turquía de la represión, el silencio y la LGTBfobia

Técnicamente es legal ser gay en Turquía, pero las personas LGBT + en el país tienen pocos derechos legales y enfrentan un estigma extremo, y los desfiles del Orgullo a menudo son brutalmente reprimidos por la policía y en los últimos tiempos, Turquía ha visto un aumento en la retórica homofóbica

En Cristianos Gays hemos informado de la involución de derechos y de visibilidad pública del colectivo LGTB en Turquía. En febrero de este año dos jóvenes eran arrestados en Turquía por un cartel con banderas LGBT.

En 2013 nos hacíamos eco de la histórica manifestación del Orgullo de Estambul, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, eran reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015, según los organizadores del Orgullo, la marcha fue «prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul, a causa del mes de Ramadán, sin ningún aviso».

Una circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación en 2014 (un año en el que el Tribunal Constitucional de Turquía reconocía por primera vez que llamar “pervertidos” a las personas LGTB es lenguaje de odio). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul. Fue prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por “la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes”, pero desde el activismo LGTB se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB de Estambul correría la misma suerte. En agosto de 2016, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

Una de las represiones más violentas hasta el momento, el Orgullo de Estambul de 2021 vio una lluvia de balas de goma y gases lacrimógenos que golpearon a los asistentes al Orgullo LGBTQ+. Alrededor de 20 fueron detenidos.

Una situación que se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos.

En febrero de 2018 publicábamos que los tribunales administrativos 4º y 13º de Ankara, respectivamente, rechazaban los recursos de apelación de las organizaciones igualitarias Kaos GL y Pink Life (o Pembe Hayat), que pretendían acabar con la prohibición de celebrar actos LGTB, impuesta por el gobernador de Ankara, Ercan Topaca. Para la justicia, que se posicionaba a favor de la oficina del gobernador, «la prohibición no causará resultados irrecuperables», dictaminando que tal decisión «no es ilegal».

El último intento de fomentar el sentimiento homofóbico en Turquía sigue a un pánico moral provocado por una serie de Netflix ambientada en el país. Los rumores de un personaje gay en Love 101, lanzado en Netflix este mes, desató un torrente de furia del estado.

El presidente del Consejo Supremo de Radio y Televisión, Ebubekir Sahin, dejó en claro: “No toleraremos transmisiones que sean contrarias a los valores nacionales y espirituales de nuestra sociedad”. En línea, las publicaciones han acumulado miles de “me gusta” acusando a Netflix de “tratar de normalizar la inmoralidad”, calificando al gigante gigante del “enemigo del Islam” por transmitir el programa durante el Ramadán. No había ningún personaje gay visible cuando Love 101 debutó el 24 de abril, y los fans no tenían claro si el rumor era falso o si se tomó la decisión de editar el programa después de la reacción violenta.

Sin embargo, existe un creciente apoyo a la inclusión en el país. Una encuesta realizada el mes pasado encontró que el 45 por ciento de las personas en Turquía piensan que las personas LGBT + deberían tener los mismos derechos, un aumento del 36 por ciento del año anterior.

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, el pasado abril Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento.

Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente El Diario/Pink News/Cristianos gays

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Un tribunal de Kuwait ha condenado a dos años de prisión a una mujer trans de 40 años por «imitar al sexo opuesto» en sus redes y comunicaciones online. Lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, que reclama a las autoridades kuwaitíes su inmediata libertad y que se le permita vivir de manera segura con su identidad femenina.

Según informa Human Rights Watch, Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue condenada el pasado 3 de octubre a dos años de prisión y a pagar una multa de 1.000 dinares kuwaitíes (cerca de 3.000 euros) por «imitar al sexo opuesto» en sus actividades online, lo que le ha valido una condena por «hacer un mal uso de la comunicación telefónica». Aunque Maha al-Mutairi intentó evadir a la justicia tras conocer la condena, finalmente fue detenida el pasado 11 de octubre en un hotel. En estos momentos se encuentra en una prisión masculina, ocupando por el momento una celda aislada. Su abogada, Ibtissam al-Enezi, ha trasladado a la Human Rights Watch que el tribunal usó vídeos de las redes sociales de al-Mutairi como prueba, alegando que usaba maquillaje, se identificaba como mujer y hacía supuestas «insinuaciones sexuales», además de criticar al Gobierno de su país. Su audiencia de apelación está prevista el próximo 31 de octubre.

No se trata, de hecho, de la primera vez que Maha al-Mutairi es detenida por su identidad de género, y de hecho ella ha denunciado varios episodios previos de abusos, violencia y agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad kuwaitíes, el más grave de ellos durante una estancia de siete meses en una prisión masculina en 2019. «La continua vigilancia, los repetidos arrestos y el encarcelamiento de Maha al-Mutairi por parte del gobierno de Kuwait debido a su identidad trans es una violación flagrante de sus derechos básicos», ha denunciado Rasha Younes, investigadora de derechos LGTB de Human Rights Watch. «Las autoridades kuwaitíes deben revocar de inmediato su condena y permitirle vivir de manera segura como mujer», ha añadido.

Kuwait, monarquía del Golfo Pérsico con estrechos lazos con los países occidentales, castiga como delito en su Código Penal la «imitación del sexo opuesto» desde 2007, aunque en este caso la condena se habría visto agravada por un artículo de ley de telecomunicaciones que castiga con cárcel a todo aquel que «utilice indebidamente» las comunicaciones telefónicas. Dos artículos que Human Rights Watch pide a la Asamblea Nacional de Kuwait que derogue de inmediato por sus efectos perversos sobre las personas trans, en base al artículo 36 de la Constitución de Kuwait, que garantiza la libertad de expresión, y de los convenios internacionales contra la discriminación firmados por ese país.

Todo ello sin olvidar que Kuwait es además uno de los países que siguen criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre varones adultos, con penas que pueden llegar a los siete años de prisión.

Fuente Dosmanzanas

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Continúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Demandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Coronavirus, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Kampala, LGTBIfobia, Nansana, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Tortura, Uganda, Violencia policial, Yoweri Museveni

Colombia Diversa, la organización LGTB más importante del país, ha publicado su último informe sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGTB en Colombia, con datos actualizados de 2020, y la evolución que dibuja es más que preocupante. De acuerdo al informe (que puedes descargar completo aquí), 2020 ha sido el año en el que más personas LGTB fueron asesinadas, amenazadas o fueron víctimas de violencia policial desde que se tienen registros. 

Según los registros de Colombia Diversa, desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año. En 2020, sin embargo, la organizació tuvo conocimiento de 226 (119 casos más que en el año precedente). Los casos de amenazas se triplicaron (pasando de 106 en 20219 a a 337 en 2020) mientras que los casos de violencia policial contra las personas LGTB se duplicaron (pasaron de 322 a 738):

Por lo que se refiere al tipo de víctimas (reflejamos la misma terminología que el informe de Colombia Diversa), las mujeres trans fueron las que sufrieron más violencia policial (71 incidentes registrados en 2020), mientras que los hombres gais fueron los que sufrieron más homicidios (71 en 2020).

Cabe destacar, en cualquier caso, que existe un número significativo de casos correspondientes a personas LGTB «sin determinar»:

Por lo que se refiere a la distribución geográfica, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

El informe de Colombia Diversa destaca que en este incremento pueden influir tanto la mejora en el registro de casos de violencia contra población LGTB (al haber estado los colectivos más activos en la denuncia) como el aumento real de casos. El aumento contrasta, en cualquier caso, con el de hecho de que 2020 ha sido el año con la menor cantidad de información detallada sobre los casos de violencia hacia las personas LGTB por parte de organismos estatales. «Desde años anteriores Colombia Diversa ha venido haciendo un llamado de atención sobre el subregistro de datos y la necesidad de que el Estado mejores sus sistemas de información y, si bien el registro de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas mejoró en la información suministrada por las instituciones, los detalles como el arma o método empleados al momento de los homicidios, el lugar de ocurrencia del hecho, los posibles móviles o el avance en los procesos penales no fue suministrada, como sí se venía haciendo en años anteriores», se lamenta Colombia Diversa. «El poco acceso a información detallada impide hacer un análisis más minucioso que permita ratificar patrones de violencia que se han identificado en estudios anteriores o reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Lo anterior dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos y puedan explicar este aumento de la violencia, que analicen el nivel de impunidad en las investigaciones o que propongan medidas de mitigación», añade.

Colombia Diversa tambien denuncia que el Gobierno actual «ha contribuido a que se debiliten los mecanismos para la protección de personas LGBT al no contratar personas competentes que se encarguen de trabajar por los derechos de esta población en entes como la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Lo anterior ha llevado a que la política pública LGBT continúe pausada y que se haya acabado con la mesa de atención de casos urgentes. Mecanismos como estos son más necesarios ahora que nunca y su falta de implementación redunda en una mayor desprotección frente a una violencia en aumento».

Numerosos episodios de discriminación

Además de los casos de violencia explícita, el informe de Colombia Diversa documenta numerosos episodios de discriminación contra las personas LGTB, principalmente en el ámbito familiar (126 casos), relacionados con el trabajo (54), asuntos con el Estado (51), servicios de salud (32) y relacionados con la vivienda (16). El informe destaca que en todos estos casos la oferta estatal de justicia no tiene en cuenta las necesidades diferenciales de las personas LGTB ni los contextos en los que viven. «En casos que involucran agresiones familiares, una de las grandes barreras es la posibilidad de que la víctima efectivamente denuncie los hechos de violencia intrafamiliar. Las consecuencias de denunciar este tipo de violencias, como puede ser la pérdida de redes de apoyo y situaciones de desprotección, ocasionan que muchas de las víctimas LGBT no denuncien y se vean sometidas a ambientes prejuiciosos», denuncia Colombia Diversa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral.

«En este sentido, a pesar de que formalmente hay un entramado de justicia robusto, las leyes no cuentan con un enfoque de género y, en general, con enfoques diferenciales que permitan interpretar y analizar adecuadamente los casos de personas LGBT. Además, los funcionarios que administran justicia cuentan con prejuicios y estereotipos que impiden que los casos de personas LGBT sean tramitados de forma adecuada. Esto demuestra la insuficiencia del aparato de justicia para resolver a los conflictos que esta población enfrenta. Más aún, esto puede llegar a aumentar sus factores de vulnerabilidad e, incluso, en ocasiones resulta en un escalamiento de la violencia», advierte la organización colombiana.

 Fuente Dosmanzanas

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Travestis y trans autoconvocadxs, familiares y amigues, exigieron que la justicia investigue el caso y se esclarezcan las causas de su fallecimiento y demandaron al gobierno nacional, provincial y municipal la falta de políticas públicas concretas para el colectivo.

Vicky Núñez, una joven trans de 27 años, de Paraná, Entre Ríos, murió el pasado miércoles en circunstancias poco claras tras una intervención policial. Travestis y trans autoconvocadxs, familiares y amigues, exigieron que la justicia investigue el caso y se esclarezcan las causas de su fallecimiento y demandaron al gobierno nacional, provincial y municipal la falta de políticas públicas concretas para el colectivo. La concentración fue frente al edificio del Poder Judicial y frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Luego de las intervenciones y la lectura del documento marcharon hacia el palacio municipal.

Marcela, la mamá de la joven, manifestó estar “destrozada” ante el hecho, dijo que todavía la Justicia no les ha informado de nada y solicitó “manejarse con cautela” respetando el dolor.

¿Por qué se señala a la Policía de Entre Ríos?

Según la información a la que accedió Presentes a través de su familiares y amigos, Jorge, pareja de Vicky, llamó a la Policía cuando ella entró en shock. Al acudir al domicilio ubicado en la zona de calles Newbery y Garrigo, el móvil del 911 la encontró convulsionando por lo que se pidió la intervención de la ambulancia para su traslado al hospital San Martín. A los pocos minutos se confirmó su deceso.

En diálogo con Presentes, Macarena Cornejo, militante y activista de Paraná demandó: “Es una muerte dudosa. Amistades acompañamos a la familia en el proceso judicial y seguimos a la espera de que la Justicia de una respuesta. Como colectivo vamos a acompañar el pedido de justicia, queremos que actúen con un buen proceder, queremos saber la verdad”.

Por su parte, Iara Aranzazú Quiroga, activista, militante y amiga de Victoria dijo haberla conocido desde años, en las noches cuando ejercían la prostitución. La describió como una joven simpática, divertida y “luminosa” y señaló al Estado y en particular a la Policía por haber intervenido de manera violenta en el procedimiento.

 En este sentido, aseguró estar cansada de que quiénes tienen la responsabilidad de bregar por los derechos de las disidencias sexoafectiva porque miran para otro lado y señaló al gobierno provincial y municipal por no dar respuestas ante las continúas demandas y solicitudes de las “compañeras”.

Para describir a Vicky, Wanda Sayes amiga de la misma expresó: “Fue una gran amiga. Estuvo siempre presente en mis peores momentos, era una persona especial. Su muerte no puede quedar en la nada como venimos viendo con las pérdidas de otras compañeras. Por su memoria vamos a seguir luchando”.

¿Qué denunciaron en el documento?

“Hoy el dolor nos vuelve a encontrar a las travestis y trans. La muerte de Victoria Núñez, ‘Vicky’ como la conocíamos dentro del colectivo, como tantas veces hacen explícitas las condiciones de vida de las travestis y trans y dejan en evidencia, como siempre, la ausencia del Estado. La extrema pobreza, la vulnerabilidad, la soledad, las huellas del maltrato y la violencia sistemática exponen la situación en la cuales vivimos, algo que ya no pueden esconder”, dice el documento.

En segundo lugar, demanda: “Basta de violencia policial y denunciamos a la Policía de Rosario Romero y de Bordet. Le exigimos verdad y Justicia por los travesticidios de Vicki, Nicki, La Loba y cada una de nuestras muertas. Basta crímenes de odio y basta de travesticidios y transfemicidios”.

En tercer lugar manifiesta: “El dolor no nos paralizará. Nos encontramos en un día de intensificación de lucha, denuncias, demandas, reclamos y reivindicaciones por la igualdad de los derechos para cada una de nuestras cuerpas, por cada una que pisa no solo ésta ciudad sino la provincia entera. Porque hacemos responsable al Estado y los Gobiernos, sin distinciones, de la vida a la que nos condenaron y nos condenan”.

Manifestación en Córdoba contra transfemicidios terminaron en represión policial

El lunes a la noche el colectivo @aparicionconvidadetehuel.cba convocó a encontrarse en la Plaza de la Intendencia de Córdoba Capital: “hartxs de que nos asesinen, nos desaparezcan y nos encierren por ser quienes somos”, dijeron en la proclama.

Según informó el medio local La Tinta, mientras se manifestaban pacíficamente, Infantería reprimió violentamente con gases lacrimógenos y se llevó detenidas a dos personas trans. Se encuentran en la Unidad Fiscal de Atención Inmediata (UFAI). “Ya están interviniendo abogadxs de organizaciones sociales y la Coordinación Regional de los Centros de Acceso a Justicia. Desde la organización llaman a concentrarse en calle Laprida 730, para exigir la inmediata liberación”.

Esta marcha para exigir justicia por la joven trans formoseña Fátima Belén, quien fue asesinada en una comisaría. Tan solo tres días después, el miércoles 21 de julio, Vicky Nuñez falleció en circunstancias dudosas luego de una intervención policial.

Dos mujeres trans fueron asesinadas por la policía la semana pasada. Una es Vicky Nuñez, la asfixiaron en medio de un brote psicótico en Paraná. La otra es Fátima Barrios, a quien mataron a golpes en una comisaria en Formosa. Lo de Chano no es aislado. La policía nunca te cuida.

— nash (@olivernashbb) July 26, 2021

Fuente Agencia Presentes

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El joven escritor Javier Ruescas ha hecho pública en redes sociales la denuncia que ha interpuesto contra un agente de la Policía Municipal de Madrid por una agresión de carácter homófobo. Sucedió la pasada madrugada, en plenas celebraciones del Orgullo LGTBI de Madrid, cuando Ruescas y el grupo que le acompañaba abandonaba el barrio de Chueca y tras atravesar uno de los controles policiales que regulaban el aforo.

«Anoche sufrimos una agresión por parte de la policía municipal de Madrid. Puede que este mensaje no llegue a nada, pero quiero contar lo que sucedió para que, si por desgracia, os sucede algo similar, sepáis como reaccionar», comienza el relato publicado por Ruescas. El escritor denuncia que sobre las 02:50 de la madrugada de este domingo, cuando iba en compañía de varias personas, entre ellas su novio, y juntos abandonaban el barrio de Chueca camino de la Gran Vía por la calle Clavel de Madrid, el grupo se topó con el dispositivo policial que controlaba el acceso al barrio en ese punto. «Mi novio, Andrés, se adelantó unos pasos al grupo. Quiso darse la vuelta para despedirse de un amigo, cuando se dio cuenta de que ya había cruzado la valla y no podía volver. El policía municipal le dijo textualmente: ‘¿a dónde te crees que vas, bombón?’, que fue cuando llegamos a su lado. Y él le preguntó que a quién le estaba llamando bombón. El policía le soltó: ‘a ti, maricón’. Entonces, viendo lo que podía ocurrir, nos alejamos de allí hacia Gran Vía. Mi novio iba farfullando cabreado sobre el trato recibido hasta que de pronto el policía (de al menos 1,95 metros y cuadrado como un armario) sale del control donde estaba con toda su agresividad, camina varios metros hacia la Gran Vía, donde ya estábamos nosotros, y le arrea un guantazo con la mano abierta por algo que creía haber oído».

«Al momento, mientras empujamos a Andrés lejos de ahí, los compañeros del policía municipal se llevan al hombre, con la mirada inyectada de rabia, lo hacen desaparecer dentro de la calle por la que no podemos pasar y cuando vamos a pedir identificaciones por esta agresión injustificad y desproporcionada, ellos primero nos dicen que no, que por qué nos van a dar su número de placa si ellos no han hecho nada, todo con cara incluso de sorpresa por lo que les estábamos pidiendo, y después incluso tratando de amedrentarnos diciéndonos que tuviéramos cuidado, que Andrés habí incurrido en un delito por haberse encarado a la policía», prosigue el relato de Ruescas. «Se aprovechan literalmente del momento, del susto, del shock, de que es la primera vez que vives esto, para que el tiempo pase y, en lugar de ofrecerte ayuda, te achantes y te marches sin molestar», se lamenta.

«Les decimos que queremos denunciar y aún tienen las narices de decirnos que, bueno, si queremos, tenemos que esperar a ir a la comisaría de policía municipal a las 09:00 AM, que a esas horas está todo cerrado. Todo esto con un tono tranquilizador que me desconcertó aún más. pPor supuesto que no les hacemos caso, porque es evidente que quieren escurrir el bulto, y nos dirigimos Andrés, unos amigos que habían sido testigos y yo a la comisaría de la calle Montera. Pero ahí nos dicen que no podemos poner la denuncia y que eso tenemos que hacerlo en la calle Leganitos [comisaría de la Policia Nacional]. Y ahí nos vamos. Nos pidieron los datos, se los dimos y nos tomaron parte de la denuncia», continúa el relato. «¿Qué ocurre? Que debido al shock del momento, de estar preocupados por separarlos, de comprobar que Andrés estuviera bien, perdimos los segundos necesarios para conseguir placas, grabar, tomar los datos del coche en el que se llevaron al agresor… Y aunque nos dicen que van a revisar las cámaras de seguridad, la realidad es que es muy difícil que haya un efecto real con ese policía que, haciendo uso de la brutalidad, le estampó la mano en la cara con violencia a un chaval. Y la realidad que subyace detrás de todo esto es que cualquiera podemos ser víctimas de estas agresiones. Y voy a confesar algo: durante un microsegundo, de tanto verlo en redes, pelis, series… yo pensé: ‘claro, es normal, es policía y nos pega’. Durante un segundo, sí, pero lo pensé. Para despuès darme cuenta de lo surrealista que era todo y lo equivocado que estaba y reaccionar. La policía no puede agredir de esa manera. No puede. No debe. No tienen que comportarse como matones. Deben tener autocontrol, y más en situaciones como esa en la que no había ninguna agreisón por parte nuestra. Menos mal que los policias nacionales que estuvieron con nosotros en comisaría fueron amables, considerados y se mostraron atentos en todo momento. Me llevo al menos eso», asegura Ruescas.

«Lo siguiente que entendimos fue que nos que nos ha pasado es una agresión HOMÓFOBA. Con todas las letras de la palabra. Y que con ese ‘maricón’ y también con ese ‘bombón’ que soltó el policía dejó claro que una de las cosas que alimentó su rabia para salir del control en el que se encontraba y atizar a mi novio fue el asco que le surgió de las entrañas por encontrarse con un homosexual. Así que por favor: si por desgracia os ocurre algo similar, antes de denunciar, en ese instante, tratad de recopilar todos los datos que podáis. Y después, sí, denunciad. Id con testigos, a ser posible (desde aquí, mil gracias a los amigos que nos acompañaron anoche). La impotencia, la rabia y el miedo que ahora sentimos no nos lo quita nadie, pero lo llevan claro si piensan que nos vamos a callar. Puede que no encuentren ninguna prueba, pero al menos no vamos a guardar silencio», finaliza su testimonio:

Anoche, @andrew__klein y yo sufrimos una agresión homofoba por parte de la policía municipal de Madrid, al salir de Chueca. @AlmeidaPP_ esperamos que hagas algo para detener estos ataques injustificados y con cariz homófobo que están teniendo lugar en la ciudad que gobiernas. pic.twitter.com/ZPP15oxlI9

— Javier Ruescas 🏳️‍🌈 (@javier_ruescas) July 4, 2021

Fuente Dosmanzanas

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Human Rights Watch está distribuyendo esta foto privada de los dos prisioneros arrestados: Shakiro y Patricia tienen que usar ropa de hombre allí (Imagen: Facebook / Shakiro)

Continúa la represión LGTBIfoba en Camerún. Dos mujeres trans, arrestadas en febrero en un restaurante de Duala, han sido condenadas a cinco años de prisión y multas de 200.000 francos (unos 304 euros). Sus delitos, tentativa de homosexualidad, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. La sentencia confirma el recrudecimiento de la persecución contra la comunidad LGTBI en los últimos meses en uno de los países africanos con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada. Las víctimas, además, quedan expuestas con frecuencia a la brutalidad policial.

Hace unas semanas que nos hacíamos eco de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que alertaban de un aumento de la represión policial contra la población LGTBI en Camerún. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Las consecuencias son terribles para las personas LGBTI, forzadas a vivir bajo la amenaza constante de los arrestos y la violencia.

Entre los casos que denunciaba HRW se encuentra la detención de dos mujeres trans el pasado 8 de febrero en la ciudad de Duala, por llevar atuendos femeninos. Fueron acusadas de conducta homosexual, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. Las víctimas se identifican como Shakiro y Patricia, respectivamente. La primera es muy conocida en las redes sociales en Camerún, donde ha publicado vídeos hablando de su identidad de género.

El martes de la semana pasada se dio a conocer la sentencia del caso. El tribunal ha declarado culpables de todos los cargos a ambas mujeres y las condena a cinco años de cárcel y sendas multas de 200.000 francos CFA, el equivalente a unos 304 euros. Se trata de la pena más alta que prevé el código penal del país para los delitos imputados. Los abogados de las acusadas anuncian que presentarán recurso y denuncian que el fallo es «una decisión política» del Gobierno de Camerún, que, como se ha visto también en otros países, azuza la LGTBIfobia social para su propio beneficio político.

El activismo local denuncia, además, los malos tratos sufridos por las detenidas en una cárcel de hombres. Según estas fuentes, Shakiro y Patricia fueron golpeadas, amenazadas de muerte, insultadas y obligadas a firmas declaraciones contra su voluntad. «Los policías les fijaron las manos a la espalda durante treinta minutos y las golpearon con sus botas», afirman, mientras las llamaban «maricones asquerosos». Unos abusos que, por desgracia, son habituales contra las personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa en el país africano.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

Oleada de persecución LGTBIfoba en Camerún. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe en el que alerta del recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBTI en el país africano. Desde febrero de este año, HRW ha contabilizado al menos 24 casos de detención arbitraria, amenazas y agresiones de las fuerzas de seguridad a personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa. Camerún es una de las naciones con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada.

La ONG Human Rights Watch ha redactado su informe sobre la base de entrevistas con grupos locales de apoyo a la comunidad que han aportado abundante documentación sobre los abusos denunciados, y ha llegado a la conclusión de que la represión LGTBIfoba se ha redoblado en los últimos meses. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión. Una ley que «incrementa el riesgo de las personas LGTB de sufrir maltrato, torturas y agresiones sin consecuencias para los atacantes», según Neela Ghoshal, de HRW.

Las consecuencias son terribles para la comunidad. El pasado 8 de febrero, la policía detuvo en la ciudad de Duala a dos mujeres trans, que fueron acusadas de conducta homosexual, carecer de documentación e indecencia pública. Solo seis días después, seis jóvenes eran arrestados, entre ellos un menor de edad, bajo la acusación de homosexualidad. Tras ser sometidos a malos tratos, fueron liberados ese mismo día.

El 24 de febrero, una redada de la policía a una asociación de prevención y asistencia a personas con VIH se saldó con trece detenidos acusados de homosexualidad. Todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, aunque tres de ellos denunciaron agresiones sufridas en la comisaría, así como amenazas, insultos y la obligación de firmar declaraciones que no les permitieron leer. Una mujer trans de 26 años que se contaba entre los arrestados fue forzada a someterse a una prueba de VIH y a un examen anal, una humillante tortura que es práctica habitual en la persecución LGTBIfoba en Camerún y otros países.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, VIH, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

Nuevo ataque a las personas LGTBI en África. El colectivo LGBT+ Rights Ghana, surgido en 2018 a partir de una plataforma de activistas online y que a duras penas intentar construir una red de apoyo mutuo y en favor de los derechos de la comunidad LGTBI en el país africano, ha visto como las fuerzas de seguridad asaltaban y clausuraban la oficina en la que de forma discreta realizaban algunas actividades. Todo ello después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamaran el cierre del local. 

Los propios activistas de LGBT+ Rights Ghana denunciaban a través de las redes sociales, prácticamente en tiempo real, el atropello. «Esta mañana nuestra oficina fue asaltada por la Seguridad Nacional. Hace pocos días líderes tradicionales habían amenazado con quemarnos la oficina, pero la policía no hizo nada. En este momento, ya no tenemos acceso a nuestro espacio seguro, y nuestra seguridad está siendo amenazada. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de deechos humanos y aliados a que denuncien estos ataques y crímenes de odio de los que somos víctimas», podíamos leer el pasado 24 de febrero en una serie de tuits, junto a una breve grabación tomada a distancia:

At this moment, we no longer have access to our safe space and our safety is being threatened. We call on all human rights organizations, and allies to speak out against these attacks and hate crimes we are being subjected to. #LetItBeKnown.#LGBTRightsInGhana pic.twitter.com/a05RjqNBXz

— LGBT+ Rights Ghana (@LGBTRightsGhana) February 24, 2021

En otro tuit, los activistas hacían un llamamiento a los miembros del colectivo a permanecer en calma y no ceder al pánico. «Triunfaremos. La policía puede haber asaltado y clausurado nuestra oficina, pero la verdadera oficina está en nuestros corazones, en nuestras mentes», añadían:

To all our allies and supporters, thank you. #LetItBeKnown #LGBTRightsInGhana pic.twitter.com/98RjaA9gHG

— LGBT+ Rights Ghana (@LGBTRightsGhana) February 24, 2021

El digital Africa News asegura que, en efecto el asalto a las oficinas de LGBT+ Rights Ghana tuvo lugar después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamasen el cierre del local, abierto hace escasas semanas. El propietario ha asegurado por su parte que en el momento de alquilar el local desconocía que su inquilino iba a ser el colectivo ghanés y que de haberlo sabido no lo hubiera hecho.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias dethttps://www.gofundme.com/f/lgbt-rights-ghana-community-support-fundenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional

Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana

Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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Así lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Las víctimas, localizadas entre otros métodos al contactar con perfiles falsos creados por la policía, son detenidas, encarceladas y sometidas a humillantes torturas.

Ya en 2015 nos hicimos eco de la complicada situación de las personas LGTBI en Egipto, agudizada tras la conocida como «primavera árabe», pero la situación no ha hecho sino empeorar. El año 2017, de hecho, la persecución se intensificó tras el concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila, dando paso a una auténtica caza de brujas organizada desde el propio estado egipcio. Y así sigue siendo, según la nueva denuncia de Human Rights Watch, que incide de nuevo en la infame práctica de crear perfiles falsos en Grindr y otras aplicaciones de contactos para personas LGTBI, a las que consigue así detener y a las que que espía el contenido de sus teléfonos para buscar cargos y justificar la detención. Una persecución que según HRW no se limita ya a varones homosexuales, sino que se extiende también a mujeres lesbianas y a personas bisexuales y trans.

Uno de los testimonios que usa HRW en su última denuncia es por ejemplo el de Yasser, de 27 años, arrestado tras quedar con un hombre a través de Grindr. «Cuando volvieron (tras la detención) me insultaron y golpearon hasta que firmé la denuncia por la que se me acusaba de ‘practicar libertinaje’ y anunciarlo públicamente para satisfacer ‘mis innaturales deseos sexuales’», relata. Yasser identificó entre los policías que le agredieron y vejaron al hombre con el que había quedado a través de la aplicación de contactos.

Su caso no es el único. La organización ha entrevistado en profundidad a 15 víctimas (entre ellas una chica trans de 17 años) que mientras permanecieron detenidas o en prisión sufrieron maltrato y tortura: golpes, duchas de agua a presión, ser atado durante días, privación de ir al baño, exámenes anales y vaginales de «virginidad» y abusos sexuales. Una activista trans de 20 años fue encarcelada durante cuatro meses en una cárcel para hombres en la que sufrió graves abusos. Otra víctima, un hombre de 37 años, denuncia que cuando les mostró su carnet de discapacitado (fruto de una paliza anterior, durante una detención en el año 2007), se lo introdujeron por el ano. «Las autoridades egipcias parecen estar compitiendo por el récord a la peor violación de los derechos de las personas LGTB+ en la región ante el silencio internacional», denuncia Rasha Younes, especialista en Medio Oriente y Norte de África de HRW, quien invita a los aliados de Egipto a retirar su apoyo a las autoridades del país hasta que las personas LGTBI no puedan vivir de manera libre.

Os dejamos, para terminar, con un vídeo que recoge las declaraciones de Ahmed Alaa, un joven gay egipcio detenido en 2017, días después del mencionado concierto. Alaa fue una de las personas identificadas ondeando la bandera arcoirís. Él mismo sufrió malos tratos durante su detención. Durante el proceso judicial conoció a la activista Sarah Hegazy, detenida por la misma razón. De hecho, una de las fotografías del momento en el que Hegazy desplegó la bandera se hizo viral y se convirtió en icono de la diversidad sexual en Egipto. Hegazi fue también sometida a maltrato físico y psicológico. Ambos escaparon a Canadá después de pagar sendas fianzas (en su momento recogimos su salida de prisión) y encontrándose a la espera de un recurso judicial. La activista nunca se recuperó del trauma sufrido en prisión y acabó suicidándose el pasado verano. Alaa sigue refugiado en Canadá, sin poder regresar a su país.

Fuente Dosmanzanas

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El policía local de Benidorm cuya imagen hostigando a una mujer trans alcanzó una gran difusión en redes sociales ha sido detenido, y posteriormente puesto en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad alicantina lo investiga por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o delito contra la integridad moral.

Las vergonzosas imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo de la propia Policía Local de Benidorm, se viralizaban rápidamente el viernes, 1 de mayo. «Te lo digo en serio, eh. De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar, cómo vivís? (…) Sí antes jalarías pocas pollas con lo feo que eres, ¿y ahora qué haces?…», le espetaba uno de los agentes a una mujer trans a través de la ventanilla. Aunque las imágenes se viralizaron desde la cuenta del periodista Miquel Ramos, nosotros preferimos insertar el tuit que poco después publicaba en su cuenta el partido valenciano Compromís, que reproduce el vídeo ya con el rostro de la mujer pixelado:

Pedimos colaboración ciudadana para identificar a este individuo y presentar denuncia a la Fiscalía per delito de odio.

¡Esto es una agresión transfóbica intolerable! pic.twitter.com/cOEriK2Yrc

— Compromís (@compromis) May 1, 2020

Inmediatamente comenzaron a producirse reacciones de condena ante las imágenes, como la de la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. «En cuarentena, aunque hay cosas que siguen estando muy presentes como la transfobia, más repugnantes aún si es de alguien que se supone está para dar ejemplo y protegernos», denunciaba Antonelli, también en Twitter.

En cuarentena aunque hay cosas siguen estando muy presentes como la #transfobia, + repugnantes aún si es de alguien se supone está para dar ejemplo y protegernos, un policía Valencia se graba vejando y faltando respeto a una persona trans, esto es un delito de odio agravado #asco pic.twitter.com/34w068rXL6

— Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) May 1, 2020

Pero la condena más significativa llegaba de Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y máxima autoridad de la comunidad autónoma, que anunciaba, en la misma tarde del viernes, la apertura de un expediente por parte de la Consejería de Justicia, Administración Pública e Interior. «Son absolutamente intolerables las imágenes de transfobia que he visto en un vídeo denigrante. Me provocan indignación y me solidarizo con la persona agredida», publicaba en Twitter:

Són absolutament intolerables les imatges de transfòbia que he vist en un vídeo denigrant. Em provoquen indignació i em solidaritze amb la persona agredida. La @GVAjusticia ja ha emprés accions obrint un expedient. Som un poble respectuós amb una policia local que ajuda la gent. pic.twitter.com/1npOgW6Sdh

— Ximo Puig (@ximopuig) May 1, 2020

Según el comunicado oficial que la propia Consejería difundía, la consejera Gabriela Bravo ordenaba el inicio de una investigación. «Los hechos, denunciados a través de un vídeo en una cuenta de Twitter, muestran a una pareja de agentes de servicio y en su vehículo oficial refiriéndose a esta persona con términos y calificaciones impropias no solo de un agente de seguridad, sino de cualquier ser humano. La consellera Bravo quiere dejar claro que considera ‘inadmisible, intolerable y un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano’ lo que se escucha en dicho vídeo y asegura que desde su departamento ‘no se va a permitir este tipo de vocabulario indecente y ofensivo, y menos aún de un agente de la ley’», expresaba el texto. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba la puesta a disposición de la mujer acosada del servicio Orienta de atención a personas LGTBI.

El Ayuntamiento de Benidorm reaccionaba también el mismo viernes y anunciaba en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente disciplinario a los agentes implicados y su suspensión provisional de funciones. «El Ayuntamiento de Benidorm rechaza los hechos, el contenido lamentable e indignante de las declaraciones recogidas en las imágenes; manifestaciones que constituyen un hecho absolutamente aislado y sin precedentes en nuestra ciudad», añadía. También aseguraba que «considerando que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se dará cuenta a la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos, y depurar posibles responsabilidades».

Finalmente, en la misma noche del viernes el agente responsable de las vejaciones tránsfobas era detenido, quedando en libertad con cargos al día siguiente. Su compañero está siendo también investigado, en este caso, por un posible delito de omisión de socorro. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que se personará en la causa judicial. Según ha afirmado la consejera Bravo, se trata de una situación «intolerable» que «además de atentar contra la dignidad de una persona, atenta contra la imagen de la institución que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y denunciar el delito».

El Observatorio Valenciano reclama unidades especializadas en delitos de odio

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, por su parte, ha exigido la comparecencia pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como autoridad competente en la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una exigencia compartida por el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya y la Federación Plataforma Trans «Sabemos que a uno de los dos policías se le ha arrestado y que ha pasado a disposición judicial, pero entendemos que este tipo de actuaciones policiales han de ser condenadas y los policías implicados apartados del cuerpo definitivamente del servicio», añade la entidad. «Que solo se denuncie el 10% de las agresiones que se producen es, en gran medida, culpa de estas actitudes contrarias a derecho y perpetuadas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Cuántas veces se producen este tipo de agresiones? En este caso, la denuncia era sencilla porque los mismos policías, en una intención clara de jactarse de la víctima, se han grabado. Pero muchas agresiones no se pueden demostrar porque no hay un vídeo que las muestre. La formación de los cuerpos policiales y judiciales se convierte en más necesaria que nunca, para que las personas LGTBI no tengamos miedo a denunciar sea cual sea el sujeto agresor que nos humilla, insulta, amenaza y agrede físicamente», explican desde el Observatorio.

La entidad valenciana, además, reclama la puesta en marcha de unidades de atención a la diversidad en las Policías locales. «La Ley Valenciana LGTBI establece que se crearán en municipios de más de 50.000 habitantes unidades de Policía Municipal especializadas en delitos de odio», explican, añadiendo que no tienen constancia de que así haya sido: «El artículo 42 establece la creación de estas unidades, lo que constituye un claro incumplimiento de la Ley aprobada por el parlamento valenciano, por lo que solicitaremos la comparecencia en les Corts Valencianes de los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, así como de los responsables de la Consellería d’Igualtat para que expliquen por qué no se han constituido».

Fuente Dosmanzanas

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Mweru Aneste, un orgulloso hombre y padre gay, fue encontrado muerto fuera de las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. (Facebook)

Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.

El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.

Aneste Mwiru fue una de más de doscientos solicitantes de asilo LGBT + que se trasladaron del campamento de refugiados de Kakuma a la ciudad capital en 2019, dijeron activistas a PinkNews.  Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.

Aneste Mwiru celebrando el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma,

Pero después de luchar para obtener la asistencia financiera vital que necesitaba para mantener a su hijo en febrero, sin hogar y hambriento, comenzó a acampar fuera de las oficinas de la UNCHR en Westlands.

Poco después de ser encontrado muerto en un presunto suicidio, aturdir a la comunidad local y capturar lo que los activistas dicen que es el patetismo de esos ugandeses queer que arriesgan todo para huir de la persecución. Al acercarse a la oficina para pedir comida, los guardias le informaron que la oficina estaba cerrada hasta el martes.

Según los informes, Mbazira Moses, fundador de Refugee Flag Kenya, un grupo de presión de los derechos LGBT +, dijo que los guardias supuestamente “lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia nuevamente, les dijo a los agentes de seguridad que preferiría morir allí donde se le conoce, que no sea en otro lugar”. Los guardias le dijeron a los refugiados homosexuales que murieran “si quería escapar de [sus] problemas“, afirma activistaLos guardias privados le dijeron entonces al joven de 28 años que se suicidara “si quería escapar de los problemas”, afirmó Moses.

Mwiru sufrió abrasiones en sus tobillos y brazos alrededor del momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por los transeúntes, muchos de los cuales son un salvavidas para los refugiados que viven en las calles y que dependen de los folletos de los lugareños.

Compañeros migrantes acamparon debajo de una pasarela cercana que se burló de las oficinas de seguridad privadas y armadas que patrullan las oficinas de ACNUR, culpándolos por la muerte de su amigo cuando las autoridades transfirieron el cuerpo de Mwiru.

La biografía de Mwiru era una incesante serie de abuso homofóbico y de devoción a su hijo.

Moisés fue “golpeado y herido” habitualmente durante su estancia en Kakuma, dijo Moses, convirtiéndolo en una de las muchas víctimas de un espectro de violencia lanzado en la comunidad LGBT + vulnerable del campo por ciudadanos locales homofóbicos que “nunca los quisieron allí“.

Mwiru era, según funcionarios de las Naciones Unidas, un ciudadano ugandés reconocido como refugiado por el gobierno de Kenia. Pero el movimiento del ACNUR para retirar los estipendios mensuales para los refugiados que viven en áreas urbanas sumió su vida en incertidumbre. Tales recortes se hicieron como parte de la política del gobierno, informaron 76 crímenes. “Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente”.

El socio de Mwiru, Nathan Shimwe del Congo, dijo que estaba sufriendo una depresión después de perder su trabajo a medida que la pandemia de coronavirus comienza a apoderarse del país sin litoral. “Habíamos alertado constantemente al ACNUR sobre los peligros y la desesperación a los que estaban sometidos los antiguos refugiados de Kakuma al retirar la asistencia financiera que se les daba”, dijo Moses. “Fueron traídos de allí y ahora abandonados sin ningún programa de lo que pueden hacer para obtener al menos comida y alojamiento. Las frustraciones entre todos los restantes que no reciben asistencia son tan graves como lo confirma el suicidio de Mwiru. Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente.

El UNHCR confirmó en un comunicado emitido el lunes que la agencia sigue de cerca las investigaciones policiales del incidente. “Nosotros, en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte y el aparente suicidio de un refugiado hoy en Nairobi. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos. La declaración continuó: “El ACNUR está preocupado por los crecientes desafíos que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades que los acogen, para satisfacer sus necesidades básicas en el difícil contexto actual. ¿Cuántos ugandeses quieres morir antes de empezar a escucharnos?”

Entre las muchas fotografías de Mwiru están las de él sonriendo con amigos. Otros lo muestran sosteniendo a su hijo en alto, con los ojos brillantes de orgullo. Sin embargo, para muchos de los seres queridos de Mwiru, las fotografías de su cuerpo serán la forma en que la gente lo recuerde. Las imágenes gráficas de la muerte de Mwiru rebotaron en las redes sociales el lunes, impulsando la atención pública a las historias personales de refugiados individuales, tan a menudo oscurecidas por el ruido de, a veces, los cáusticos debates sobre la migración en Kenia.

Para Doreen Andrewz, subdirector de la Iniciativa de Trans refugiados, el fallecimiento de Mwiru es un recordatorio conmovedor del peligroso viaje que enfrentan los migrantes para escapar de la grave homofobia de Uganda. “¿Cuántos ugandeses quieres que mueran antes de empezar a escucharnos”, dijo. “Estoy cansado de la muerte, esto no es lo que vinimos a buscar en este país. [Mwiru], perdónanos a todos ”.

 La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia

Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.En noviembre, la policía  detenía a 127 personas y acusaba  a 75 después de una redada en un bar gay. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Fuente Pink News/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Ha vuelto a suceder, de la misma forma que en 2018, en 2017 y en ocasiones anteriores. A pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo han impedido una vez más la celebración del Orgullo LGTBI. Once activistas fueron detenidos. 

Varias decenas de activistas se concentraron este sábado, 3 de agosto, en la conocida Plaza del Palacio de San Petersburgo, escenario de importantes episodios de la historia rusa. Portaban banderas arcoíris, de la comunidad trans y alguna bandera de la subcultura bear. Durante breves instantes pudieron desplegar pancartas reivindicativas y hacer declaraciones a la prensa, pero rápidamente hicieron acto de aparición las fuerzas del orden con intención de impedir el evento, que había sido prohibido por orden judicial el pasado jueves. Según The Moscow Times, 11 activistas que intentaron resistirse de forma pasiva fueron detenidos. Tres de ellos fueron evacuados en ambulancia.

El siguiente vídeo de Radio Svoboda muestra imágenes de lo sucedido:

Rusia, la LGTBIfobia que no cesa

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas rusos han vuelto a ser víctimas de la represión de un Estado que alienta la LGTBIfobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como se ha comprobado en repetidas ocasiones, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Por otra parte, además de la violencia institucional, las víctimas de la LGTBIfobia social, por su parte, se encuentran en total indefensión ante la laxitud e inoperancia, cuando no connivencia, de las autoridades, que incluso tratan de invisibilizar las motivaciones de los agresores. Por no hablar de la especial persecución que sufren las personas LGTBI en la república rusa de Chechenia.

En esta ocasión, además, las protestas de San Petersburgo tienen lugar solo un par de semanas después del asesinato en la antigua capital zarista de la activista bisexual Yelena Grigoryeva, cuyo nombre apareció en una lista de personas LGTBI «a cazar» publicada por un medio LGTBIfobo ruso.

Fuente Dosmanzanas

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La historia se repite en Turquía. Por quinto año consecutivo, las autoridades dependientes del Gobierno de Erdoğan han reprimido violentamente la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Los activistas desafiaron la prohibición decretada hace unas semanas y desfilaron por la ciudad, ondeando banderas arco iris y trans, después de la lectura autorizada de un manifiesto. Se encontraron con cargas de la policía, que dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma, además de arrestar a cinco personas.

Hace dos semanas, el vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central, volvía a denegar el permiso para celebrar una marcha del Orgullo LGTB en la ciudad. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, anunció que habían solicitado, como alternativa, una convocatoria en la que se procedería a la lectura de un manifiesto. La policía autorizó una concentración de treinta minutos de duración el pasado domingo en la céntrica Mis Sokak (calle Mis).

La afluencia de miles de personas desbordó el perímetro asignado y se extendió por el área de Taksim y la avenida İstiklal. Muchos de los activistas comenzaron a marchar por el centro de la ciudad, mientras que en otras calles se producían concentraciones espontáneas. Las fuerzas de seguridad detuvieron el avance de las marchas y dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma. No se tiene constancia del uso de cañones de agua, que habían sido dispuestos preventivamente en los alrededores de la plaza Taksim. Horas después, todavía se producían concentraciones en varios puntos de la ciudad, disueltas violentamente por la policía, que detuvo a cinco personas.

La represión del Orgullo LGTB ha despertado críticas. Desde Amnistía Internacional condenan una «actuación escandalosamente injustificada» de las fuerzas de seguridad, que constituye «un flagrante ataque a la libertad de expresión». Representantes de la oposición al Gobierno de Erdoğan (del partido AKP) mostraron su solidaridad con los manifestantes y algunos de ellos acudieron a la concentración en la calle Mis. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu (que había asumido su cargo tres días antes tras ganar claramente la repetición de las elecciones frente al candidato del AKP), se había mostrado partidario de cualquier manifestación pacífica.

Con este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben y reprimen la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetieron el pasado 23 de junio con un rotundo triunfo de la oposición socialdemócrata.

Fuente Domanzanas

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Un año más, las autoridades turcas vuelven a prohibir la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Así lo han comunicado los activistas, que habían organizado una marcha para el próximo 30 de junio a la que el vicegobernador provincial ha denegado el permiso. Se trata del quinto año consecutivo sin autorización para un evento en el que participaban miles de personas, algunas de las cuales se han enfrentado a la violencia policial desde que las manifestaciones están prohibidas. También en Esmirna y Antalya, otras dos importantes ciudades turcas, se han vetado los actos de la comunidad LGTB.

Este martes, activistas locales daban a conocer en una rueda de prensa la noticia de la prohibición. La decisión de denegar de nuevo el permiso a la celebración de una marcha del Orgullo LGTB correspondió al vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, añadió que han solicitado, como alternativa, convocar una concentración en el distrito de Bakırköy, al suroeste de la ciudad. La administración de Erdoğan también ha vetado la celebración de eventos de la comunidad LGTB en las ciudades de Esmirna y Antalya.

Con este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetirán el próximo 23 de junio.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

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El vídeo se ha hecho viral, tras difundirlo en redes sociales @yanina_rubia. Un grupo de policías locales de Manacor, en Mallorca, intimida a un menor al grito de «ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica». Una escena que por desgracia nos resulta familiar a muchos: la utilización del insulto homófobo desde posiciones de poder. Una prueba de lo que todavía queda por trabajar, especialmente en el ámbito de la formación en diversidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado. Después de ver imágenes como esta no resulta difícil comprender por qué tantas agresiones por LGTBfobia quedan todavía sin denunciar. 

Estas son las imágenes:

Policías locales agrediendo y llamando maricón a un menor de 16 años en Porto Cristo, Mallorca. pic.twitter.com/xhlPYvs7tO

— Yanina Hernández (@yanina_rubia) 22 de octubre de 2018

Según el digital mallorcadiario.com, el concejal de Interior de Manacor ha apelado a la prudencia porque «el vídeo solo refleja un pequeño instante de una actuación». De acuerdo a la versión oficial, los policías pidieron a un grupo de jóvenes que bajaran el volumen de la música que escuchaban en la vía pública. Poco tiempo después les volvieron a requerir lo mismo, momento en el que el grupo se habría resistido a ser ser identificado. Según el informe policial, uno de los jóvenes inició un «intento de agresión» a uno de los agentes, momento en el que estos desenfundaron sus porras. El supuesto agresor fue finalmente trasladado a dependencias policiales, desde donde se avisó a sus padres. El incidente tuvo lugar en Port de Manacor (también conocida con Porto Cristo), localidad enclavada en el término municipal de Manacor.

Es cierto que las imágenes no captan la escena desde su inicio. No ponemos tampoco en duda que los jóvenes actuasen mal, contraviniendo seguramente la normativa municipal y molestando a los residentes con el ruido de la música. Pero lo que muestra el vídeo, además de una actuación que desde luego parece desproporcionada, es un lenguaje chulesco («tócame, tócame») y expresamente homófobo («ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica, ven») por parte de unas personas que precisamente por ser agentes del orden de un estado democrático deben estar preparados no solo física, sino también mentalmente, para abordar situaciones conflictivas, desescalándolas en lugar de provocando que se agraven, respetando en todo momento los derechos de las personas.

Somos una página LGTB. Desde este punto de vista, siendo honestos, no creemos que pueda hablarse de una agresión de motivaciones homófobas. El insulto homófobo se utiliza en este caso como una forma de intimidación hacia la parte más débil, percibida como «cobarde». Una situación de la que hemos sido testigos en cientos, miles de ocasiones. Pero esto no le resta gravedad, sobre todo cuando sale de la boca de agentes del orden. ¿Realmente podemos confiar en que quienes deben velar por nuestros derechos lo hagan si a las primeras de cambio utilizan insultos homófobos?

Como bien ha destacado en Twitter el colectivo balear Ben Amics, el incidente pone de manifiesto la «urgente necesidad» de promover acciones formativas y de sensibilización en diversidad de los cuerpos policiales, tal y como por otra parte recoge el artículo 10 de la ley balear de igualdad LGTBI:

És necessària la formació i la sensibilització en diversitat 🏳️‍🌈 als cossos de seguretat👮👮‍♀️ i és reponsabilitat de les administracions públiques garantir-ho (art. 10 #lleiLGTBI).

El cas de Portocristo és una evidència de l’urgent necessitat de promoure accions formatives.

— Ben Amics (@benamics) 24 de octubre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Aviso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Jamaica por su LGTBfobia de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma dentro de la OEA, ha declarado la admisibilidad de una demanda contra la legislación jamaicana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. La decisión es el resultado de la petición presentada por un ciudadano gay que tuvo que abandonar el país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual. La isla caribeña es la sociedad más hostil a la comunidad LGTB de toda América.

El desafío legal a Jamaica lo planteó en 2012 Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. La demanda contó también con el apoyo de Human Dignity Trust (HDT), una organización de lucha a favor de los derechos civiles LGTB con base en el Reino Unido. Las víctimas consignadas son el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

Siete años después, la CIDH reconoce en su informe el hostigamiento que sufre la comunidad LGTB y lista los hechos que, de ser probados, acarrearían serias violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:  «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica». Su decisión de declarar admisible la petición abre un periodo en el que se investigarán las (para la CIDH aún presuntas) violaciones de derechos humanos cometidas por Jamaica.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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