Familiares y activismos marcharon hasta la comisaría 5ta. de Derqui (Pilar, pcia de Buenos Aires), donde en abril de 2023 la autopsia indicó que asesinaron y torturaron a Sofía Fernández, una docente trans. Hay 10 policías acusados pero el juez liberó a 9 aunque las pericias dicen que participaron más de dos personas. También le quitó el agravante de odio.

Fuente Agencia Presentes

31 de julio de 2024

María Eugenia Ludueña
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

A 15 meses de que Sofía Fernández “apareciera” muerta en una celda de la comisaría 5ta. de Derqui, partido bonaerense de Pilar, su hermana Mabel Valdez, junto a activistas, organizaciones y autoconvocades marcharon hasta esa dependencia policial.

“Nadie se suicida en una comisaría”. “Yo sabía, yo sabía, que a Sofía la mató la policía”. “Adonde vayan los iremos a buscar”. Con estos cantos unas setenta personas salieron de la estación de servicio en la esquina de ruta 8 y Las Magnolias, y marcharon unos 300 metros hasta la comisaría.

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Al frente Mabel sostuvo la bandera que dice: Justicia por Sofía Fernández, fue travesticidio. Estuvo acompañada por Higui de Jesús –llegó desde San Miguel junto a su perra Tita–, activistas trans y travestis, y representantes de organizaciones de género, políticas y sociales llegadas desde distintos puntos del conurbano. La movilización fue convocada por la Comisión de Justicia por Sofi.

Mabel Valdez, la hermana de Sofía Fernández

Qué pasó con Sofía

Sofía era profesora de Lengua, sufría discriminación como docente y estaba por iniciar la carrera de Enfermería. Fue detenida en lo que se presume una causa armada por policías municipales, que le asignaron un robo.

Entró a la comisaría de Derqui el 8 de abril de 2023. Sus familiares fueron a verla pero no los dejaron. El 11 de abril integrantes de Gendarmería les avisaron que Sofía había muerto en una celda. La autopsia reveló que falleció por asfixia. Tenía una bombacha y un pedazo de colchón obstruyéndole las vías aéreas. Y había sido golpeada, torturada y abusada.

Diez policías fueron acusados, cinco por homicidio y cinco por encubrimiento. Estuvieron presos pero finalmente fueron liberados por el juez  Walter Saetone, del Juzgado de Garantías N° 7 del Municipio de Pilar, por falta de mérito, a excepción de uno, Carlos Rodríguez, oficial ayudante. Aunque las pericias indicaron que se necesitaron más de dos personas para matarla.

Qué se reclama

Existen varios reclamos impulsando la marcha: protestar por la liberación de nueve de los diez policías acusados y por la designación de los peritos para defenderlos, en la órbita del ministerio de Seguridad. Pedir a esa dependencia medidas de protección para familiares de la víctima (que la Justicia rechazó) y la cobertura de traslados cada vez que deben movilizarse por trámites judiciales y encarar viáticos que no alcanzan a costear. La hermana de Sofía también pide reunirse con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, para transmitirle estos pedidos en persona.

Presentes se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense, pero no quisieron hacer declaraciones, con el argumento de tratarse de una causa en investigación que involucra policías y que debe atender la Justicia.

Higui de Jesús y Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández

Tensión en ruta 8

Hubo momentos de tensión con el tránsito que, sin nadie pudiera ordenar la calle, no tuvo contemplaciones con les manifestantes. Estaba dispuesto a pasarles con su vehículos por encima, aunque la marcha tras unos metros aceptara despejar un carril.

La propia policía cortó la ruta 8 cuando la manifestación llegó a la comisaría, rodeada de una docena de uniformades, muches con la cara cubierta. La hermana de Sofía se acercó lo más que pudo a las cintas con que estaba cercada la dependencia policial, y miró al personal policial a los ojos, mientras les decía: “Llegará el momento en que todos paguen. Será cuestión de tiempo que mi hermana tenga justicia. Sofi no descansa en paz porque sus asesinos están libre. Yo tampoco tengo paz”.

Mabel les preguntó: “¿Cuántos de ustedes vieron el cuerpo de una mujer después de varios días sin vida? ¿Cuántos de ustedes tienen a una persona trans en la familia?” Y recordó: “Sofía entró caminando en esta maldita comisaría y salió en una camilla sin vida por culpa de ustedes. Yo era la primera vez, tuve que verla. No me animaba ver a mi hermana en pedazos. como me la entregaron. Que la muerte de mi hermana no deje sus conciencias tranquilas”.

“Esto es una defensa corporativa”

Con el megáfono abierto tomaron la palabra activistas y autonconvocades. Entre elles, Higui de Jesús, absuelta en un juicio por defenderse de una violación “correctiva” por parte de una patota de varones. “Cuando nosotros entramos a una comisaría nos sacan foto de todo el cuerpo, como me pasó cuando estuve ocho meses presa y no había una gota de sangre de quienes me violaron”, les dijo. “Me gustaría mirar esas fotos de ustedes, asesinos y cómplices, de cómo la torturaron a nuestra compañera”.

Quimey Ramos, activista travesti por los ddhh y docente, expresó: “Esto es una defensa corporativa. No ha habido uno que se despegue a decir esto fue un crimen, no voy a ser parte. Por otro lado, toda la estructura, por fuera y por encima de la comisaría, se dedica a protegerlos. Ya cuentan con cuatro abogados defensores de Seguridad de la provincia. Y se les concedió que haya peritos que van a poner sus saberes profesionales para justificarlos, policías en actividad”, resaltó.

La activista Quimey Ramos junto a Higui de Jesús

Quimey vinculó el accionar policial a un contexto estructural. “Si pensamos que es solo una cuestión de maldad, terminamos creyendo que son cuestiones individuales. No se trata de buenos o malos”. Y dándose vuelta para mirar a les policías, les dijo: “Ustedes creen están cumpliendo con su trabajo. Pero la diferencia es el lugar que ocupamos en el mundo. Ustedes también han venido de familias humildes, en su mayoría. El problema es estructural: ser el brazo que dispara sobre les pobres. Este sistema crea desempleo, pobreza y vidas vulnerables y la única manera de sostenerlo en medio de tanto ajuste es manteniéndolos a ustedes sin poder cuestionarse que también son cómplices”.

“El caso de Sofía Fernández no debe quedar impune. Luchemos juntes!”, arengaba desde el micrófono la activista trans Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad. Y Fernanda Ludueña, desde la Defensoría de géneros, Feminismo clasista por la autodefensa, sumaba también el pedido de Justicia por Loan, “víctima de policías corruptos”.

“Mabel escucha tu lucha es nuestra lucha”, coreaban les presentes para abrazar a la hermana de Sofía. Ell viernes pasado Mabel estuvo acompañando a la familia de Tehuel en la última audiencia del juicio y marchó junto a otras madres víctimas de violencias.

El juez quitó el agravante por odio

La investigación del homicidio la lleva la Fiscalía. Este equipo lo integran Esteban Álvarez, fiscal de investigación de drogas ilícitas de San Isidro; Manuel Cayuela, del área de Género; y la ayudante fiscal Victoria Santamaría–. La fiscalía, explicó hoy a Radio Semilla el abogado querellante  Ignacio Fernández Camillo, había pedido la calificación del agravante por odio a la identidad de género y también la participación de dos o más personas. Pero el juez Saetone, “al liberar a nueve policías por falta de mérito, basándose en sus declaraciones, también quitó la participación de dos o más personas y el agravante por odio, algo esencial para el curso de la investigación”, señaló Camillo.

De las declaraciones de los policías,  “no surge nada que aporte a cómo murió Sofía”, explicó el abogado. “Pero de las declaraciones del jefe de la morgue de Lomas de Zamora y de la perito, surge que no fue un suicidio y que intervinieron mas de dos personas”, enfatizó el abogado.

(Pincha sobre las imágenes para ampliarlas.)

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Photo: Shutterstock

Dijo que el Departamento de Justicia no hizo lo suficiente para protegerla mientras estuvo internada en una prisión para hombres.

Mira Lazine Wednesday, June 26, 2024

Una mujer transgénero que fue internada en una prisión para hombres y fue agredida por un recluso en 2019 acaba de ganar una demanda contra el Departamento de Justicia y recibió una indemnización de 10.000 dólares por daños y perjuicios. La cantidad era “por sus lesiones físicas, su dolor y sufrimiento, y su angustia emocional derivada de sus lesiones físicas”.

Grace Pinson fue agredida en una prisión de Tucson y presentó su demanda contra el gobierno federal luego de alegar que deberían haber hecho más para protegerla. Ella pedía 300.000 dólares por daños y perjuicios.

Su compañero de celda había amenazado con violarla, pero el personal no hizo nada después de que ella les alertó, dijo. Luego intentó violarla y posteriormente la golpeó hasta que tuvo que ser hospitalizada por fracturas de huesos nasales.

Otros reclusos pateaban sus puertas para intentar alertar al personal. Pero el personal tardó demasiado en responder y el daño ya estaba hecho.

“A un recluso que necesita la cooperación voluntaria de muchos otros reclusos para solicitar asistencia de emergencia no se le ha proporcionado un medio confiable para notificar al personal de una emergencia”, dijo la jueza federal de distrito Rosemary Márquez.

“Las alarmas de coacción son el único medio confiable que… tienen los reclusos para notificar al personal sobre emergencias que ocurren dentro de sus celdas, y la celda (de Pinson) carecía de una alarma que funcionara”.

Pinson y sus abogados detallaron la forma en que deberían implementarse estas alarmas y la jueza escribió en su opinión que deberían haber estado presentes.

“Al especificar que todas… las celdas tienen una alarma de coacción en funcionamiento y al requerir que el personal responda inmediatamente a una alarma de coacción activada, la… orden presupone el deber de garantizar que la alarma de coacción de cada celda esté funcionando”, escribió Márquez.

También dijo que los agentes la alentaron a suicidarse y eso exacerbó sus problemas de salud mental ya existentes.

Además, la prisión no trató la celda como la escena de un crimen y no informó lo sucedido a la Oficina de Prisiones.

En respuesta a una solicitud de comentarios de Associated Press, la Oficina Federal de Prisiones dijo que “no hace comentarios sobre asuntos de litigio” debido a preocupaciones de privacidad y seguridad.

La declaración decía: “La FBOP toma en serio nuestro deber de proteger a las personas confiadas bajo nuestra custodia, así como de mantener la seguridad de los empleados penitenciarios y la comunidad. Hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad física y la salud de las personas confinadas en nuestras instalaciones a través de un entorno controlado que sea seguro y humano”.

Fuente LGBTQNation

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Registros publicados recientemente revelan que Bridget Ziegler, cofundadora del grupo de odio anti-LGBTQ+ Moms for Liberty y miembro de la Junta Escolar de Sarasota, admitió ante los detectives que estuvo involucrada en un encuentro sexual con una mujer.

Se ha iniciado una investigación porque la mujer acusó al marido de Bridget Ziegler, Christian Ziegler, de violación. Christian Ziegler es el presidente del Partido Republicano del estado de Florida. Según una declaración jurada obtenida por el Orlando Sentinel y vista por Politico Bridget Ziegler admitió ante los detectives que ella, su esposo y el acusador de su esposo estuvieron involucrados en un encuentro sexual consensuado hace más de un año.

La declaración jurada, presentada por la policía en un esfuerzo por obtener una orden de registro para el teléfono, el correo electrónico y Google Drive de Christian Ziegler, establece las acusaciones de la acusadora de que ella y los Ziegler habían planeado un encuentro sexual para el 2 de octubre. Pero cuando Bridget Ziegler ya no estaba disponible, la mujer canceló y dijo: “Me apetecía principalmente ella”, según ABC Action Newsto.

Luego alega que Christian Ziegler estaba esperando en el pasillo afuera de su apartamento cuando abrió la puerta para pasear a su perro. Ella dice que él entró y la agredió sexualmente. La declaración jurada dice: “La víctima le informó a Christian que no usaba condón y él dijo: ‘Me voy por el mismo camino por el que entré’”.

Christian Ziegler, que fue capturado en imágenes de vigilancia en el apartamento de la mujer, admitió haber tenido relaciones sexuales con ella, pero afirma que fue consensual. También afirma que grabó en secreto un vídeo del encuentro, pero la policía aún no lo ha encontrado.

Según los informes, la víctima también le dijo a la policía que estaba ebria después de haber estado bebiendo tequila todo el día, y enfatizó que no podía dar su consentimiento.

La declaración jurada también descubrió mensajes de Instagram de la víctima a Ziegler en los que afirmaba que estaba “aterrorizada” de él después de la presunta violación. Aunque Ziegler no ha sido acusado de ningún delito y niega las acusaciones, las investigaciones aún están en marcha.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), está pidiendo a Christian Ziegler que renuncie a raíz de las acusaciones. “No veo cómo puede continuar con esa investigación en curso dada la gravedad de esas situaciones”, dijo a la prensa. “Y por eso creo que debería hacerse a un lado. Creo que debería ocuparse de eso”. Añadió: “Espero que los cargos no sean ciertos. Lo conocí, conocí a Bridget, han sido amigos. Pero la misión es más importante”.

El abogado de Christian Ziegler, Derek Byrd, también emitió un comunicado diciendo que “desafortunadamente, las figuras públicas a menudo son acusadas de actos que no cometieron, ya sea con fines políticos o para obtener ganancias financieras. Advertiría a cualquiera que se apresure a emitir un juicio hasta que concluya la investigación. Por respeto a la investigación, esto es todo lo que el señor Ziegler o yo podemos decir en este momento”. También dijo que está “seguro de que una vez que concluya la investigación policial no se presentarán cargos y el señor Ziegler será completamente exonerado”.

“Bridget Ziegler, deberíamos tenerla en todos los condados de Florida”, dijo una vez DeSantis en un discurso publicado en el canal de YouTube de Bridget Ziegler. “Tenemos que hacer un mejor trabajo en estas elecciones para juntas escolares”.

La instructora de Harvard Law Cyberlaw Clinic, Alejandra Caraballo, señaló que Moms for Liberty es una organización que allanó el camino para la ley Don’t Say Gay de Florida, entre otras cosas. Denunció el “nivel de hipocresía” a la luz de las acusaciones.

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Yannick Poligné,

Las diócesis de Rennes y Niza anuncian el mismo día investigaciones contra dos curas.

El obispo de Rennes, donde está incardinado el cura detenido, ha difundido un comunicado en el que muestra su “pleno apoyo” a la víctima, que tuvo que ser hospitalizada, y anuncia que irá a encontrarse con los fieles de la parroquia que atendía el acusado porque “muchos habían confiado en él y se sienten traicionados”

La diócesis de Niza, según un comunicado, denunció ante la fiscalía y la Santa Sede al ex vicario general, ya jubilado, acusado de “repetidas violaciones a una menor en los años 70″

12.11.2022 José Lorenzo

“Con tristeza y dolor me enteré el lunes 7 de noviembre de 2022 de que el padre Yannick Poligné, párroco de Saint-Louis-Marie en Brocéliande, había sido acusado de violación agravada de un menor y de consumo de drogas. En primer lugar, quiero asegurar a la víctima mi compasión y mi pleno apoyo. Comprendo y comparto el dolor, la rabia o el asombro que puedan sentir los fieles y los sacerdotes de la diócesis de Rennes, y especialmente los feligreses de la parroquia de Saint-Louis-Marie en Brocéliande y de otros lugares donde ejerció un ministerio pastoral”.

Son las primeras líneas del dolorido comunicado del arzobispo de la diócesis francesa de Rennes, Pierre d’Ornellas, difundido el jueves, en el que da cuenta de la detención preventiva de uno de sus sacerdotes, a quien la Fiscalía de París acusa de la violación de un adolescente de 15 años, “agravada por la administración de una sustancia nociva sin el conocimiento de la víctima, de provocar el consumo de drogas a un menor, de poner en peligro a otras personas y de consumo ilícito de drogas”.

Déclaration de #MgrPierredOrnellas, archevêque de Rennes après la mise en examen de l’abbé Yannick Poligné. pic.twitter.com/cWCq0yCWfh

— Diocèse de Rennes (@DioceseRennes) November 10, 2022

Según informa RTL, el pasado 3 de noviembre, y tras haberse conocido en una aplicación de citas gay, el sacerdote, de 52 años, quedó con el menor en una habitación de un hotel de París, donde le ofreció drogas sintéticas y mantuvieron relaciones sexuales “sin protección”, especifica la fuente, que añade que el presbítero es seropositivo.

Frecuentes encuentros sexuales con hombres

El joven, que empezó a encontrarse mal, pudo contactar con sus amigos, que finalmente lo pudieron localizar gracias al teléfono móvil y alertaron a los servicios de urgencias, que lo trasladaron al hospital. En menos de 24 horas, la brigada de protección de menores localizó al P. Poligné, que fue trasladado a dependencias policiales para ser interrogado.

Allí reconoció los hechos, pero aseguró que ignoraba que su acompañante era menor de edad y “explicó que iba regularmente a París para conocer a hombres y mantener relaciones sexuales en hoteles de la capital. Según sus palabras, a veces incluso ‘tenía varios encuentros sexuales’ en el mismo día. Se trata de prácticas sexuales habituales, a veces mezcladas con drogas, que asume. Categóricamente, cree que no ha hecho nada malo”, señala RTL.

El joven, por su parte, “dice no recordar todo lo que ocurrió durante la noche”, aunque sí “prácticas sexuales bastante violentas” que, “consideradas brutales, fueron las que llevaron a la acusación del sacerdote el pasado 6 de noviembre”.

“Muchos se sienten traicionados”

En el comunicado del obispo de Rennes, este señala que este fin de semana se acercará a la parroquia del detenido, porque muchos fieles habían confiado en el P. Poligné “y se sienten traicionados”. “Vendré a conocerlos y a escucharlos este fin de semana y en los próximos días”, señala el obispo d’Ornellas.

 Y -en lo que parece una respuesta a la petición que la semana pasada les hizo el papa Francisco a los obispos franceses, desolados por la proliferación de casos de abusos en su seno, agravados por los casos Ricard y Santier-, además de asegurar su plena colaboración con la justicia y de ponerse a disposición de cuantos le necesiten, concluye moseñor d’Ornellas: “Me imagino cuántos hombres y mujeres pueden escandalizarse con esta información. Lo entiendo y aseguro a todos mi determinación de actuar”.

Las “repetidas violaciones” del ex vicario de Niza

Pero, por desgracia, la de Rennes no es la única diócesis conmocionada por estos asuntos. El mismo día en que el obispo d’Ornellas confirmaba con dolor y pesar la detención de uno de sus sacerdotes, el obispo de Niza, Jean-Philippe Nault, hacía público también un comunicado en el que expresaba su “tristeza y dolor” por las acusaciones contra el ex vicario general de la diócesis, Guy Terrancle, ya jubilado, y al que la fiscalía ha abierto una investigación bajo la acusación de “repetidas violaciones a una menor en los años 70″, según informa la prensa gala.

Guy Terrancle

“La diócesis de Niza expresa su tristeza y dolor por los hechos denunciados. En primer lugar, nuestros pensamientos están con la víctima, su familia y todos los afectados, a quienes aseguramos nuestro apoyo y compasión. La diócesis recuerda que está colaborando con la Justicia para que se conozca la verdad, respetando los derechos de todos“, señala el texto oficial.

El obispo que pidió explicaciones al cardenal Ricard

En este sentido, y aunque el presunto delito ya habría prescrito a nivel civil, el comunicado indica que, “por iniciativa de la diócesis, ya están en marcha dos procedimientos a raíz de la información recibida, uno en los tribunales civiles de la Fiscalía de Niza, y otro en los tribunales canónicos ante las autoridades romanas competentes“. 

Se da la circunstancia de que el obispo de Niza, monseñor Nault (quien tomó posesión el pasado mes de mayo), fue también el destinatario de la indignada carta de los padres de la víctima del cardenal Ricard, en la que denunciaban los hechos, y fue él quien, además de pedir explicaciones al propio purpurado, puso el caso en conocimiento de la fiscalía de Marsella el pasado mes de octubre.

Fuente Religión Digital

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Con gran cinismo, la FIFA insta a los jugadores de la Copa Mundial de Qatar a “centrarse en el fútbol” y no involucrarse en “todas las batallas ideológicas o políticas que existen”

Un hombre gay que vivía en Qatar reveló la desgarradora verdad sobre las operaciones encubiertas para atrapar a miembros de la comunidad queer, y su propia experiencia resultó en que los funcionarios lo violaran.

En un informe de inews,  un hombre llamado Ali, que se mudó a la capital de Qatar, Doha, después de la muerte de su padre en Filipinas, compartió su horrible experiencia.

Después de mudarse a Qatar, Ali dice que usó aplicaciones para conocer y conectar con otros hombres homosexuales, ya que la homosexualidad es ilegal en el estado del Golfo,  país musulmán conservador. Hay que tener en cuenta que Catar es uno de los 70 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y algunas estrellas del fútbol han expresado su preocupación por los derechos de los aficionados que viajan para el evento, especialmente de las personas LGBT+ y de las mujeres, a quienes, según los grupos de derechos, las leyes qataríes discriminan.

Las personas que se identifican como parte de la comunidad LGTBI+ pueden enfrentarse a una pena de cárcel de varios años. También son objeto de ostracismo social y violencia en estos países.

El historial de derechos humanos de Qatar ha sido objeto de un feroz escrutinio, ya que será sede de la Copa del Mundo de 2022 este año.

Ali le dice a innews que fue invitado a conocer a un hombre en un hotel a cambio de dinero, el cual aceptó. Sin embargo, cuando llegó encontró a seis hombres esperando dentro de la habitación del hotel.

Afirma que los hombres eran miembros de la policía de Qatar. “Lo capturaron”, agregó el amigo de Ali en la entrevista.
‘Quería tirarme por la ventana’. Tenía muchas ganas de saltar por la ventana, pero no puedo, es demasiado alto y ya estoy acorralado dentro de la habitación”, dijo Ali. “Me atrapan y me tiran sobre la cama. Empezaron a violarme”.

Después del asalto, Ali dijo que uno de los oficiales le dijo que se callara porque estaba llorando y lo abofeteó en ambos lados de la cara, mientras temblaba y estaba en estado de shock.

Los oficiales tomaron fotos de la conversación que tuvo Ali con el hombre turco como “prueba de que me pagará los QR 300”, lo que actuaría como prueba de prostitución y homosexualidad.

Después de una noche en la cárcel, lo llevaron al centro de deportación y lo enviaron de vuelta a Filipinas. “Tengo un trauma por lo que pasó”, dijo.

Esta es la historia de Ali, pero se suma a las preocupaciones de los fanáticos del fútbol LGBTQ+ del Reino Unido que podrían viajar a Qatar para la Copa del Mundo.

El secretario de Relaciones Exteriores británico, James Cleverly, dijo recientemente a las personas LGBTQ+ que “sean respetuosas y se comprometan” con la nación anfitriona, mientras que Nasser Al Khater, director ejecutivo de la Copa Mundial de la FIFA 2022, afirmó que “todos son bienvenidos” antes del torneo. pero espera que “no realicen en público muestras de afecto y respeten la cultura local”. Al Khater respondía así a las preguntas de los periodistas Amanda Davies y George Ramsey que trasladaban al Organizador el miedo que sufría Josh Cavallo al acudir al torneo, tras haberse convertido en uno de los primeros futbolistas gay visible en activo.

El ‘primer’ qatarí en declarar públicamente gay, el Dr. Nasser Mohamed, que ahora trabaja con Human Rights Watch, también habló con Inews y confirmó que la operación encubierta que capturó a Ali es común en el país.

Le dijo a la publicación: “Se llaman Departamento de Seguridad Preventiva. Técnicamente no son parte de la policía. Son un equipo de seguridad nacional”.

El Dr. Mohamed dijo que sus “principales objetivos son los hombres homosexuales femeninos y las mujeres transgénero, porque es visible”.

Fuente Pink News

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La población  LGBT+ de Uzbekistán sigue enfrentándose a violentas violaciones de derechos humanos.

Un nuevo informe ha encontrado que la comunidad LGBTQ+ en Uzbekistán está bajo amenaza renovada ya que muchos enfrentan persecución, encarcelamiento, abuso y violaciones brutales de los derechos humanos.

Treinta y seis personas LGBTQ+ fueron condenadas en virtud del artículo 120 del Código Penal de Uzbekistán, que penaliza la homosexualidad en el país de mayoría musulmana, en 2021, según un nuevo informe de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos, Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central (AHRCA), y la Coalición Euroasiática sobre Salud, Derechos, Género y Diversidad Sexual (ECOM). Veinticinco de ellos fueron encarcelados.

La policía juega un papel clave en la persecución de la gente queer, exigiendo dinero a cambio de no revelar a las personas a sus familiares, y torturándolas y humillándolas.

Un joven relató su experiencia en un centro de detención en el informe y dijo: “Me colgaron del techo con esposas, me golpearon brutalmente e intentaron violarme con una porra. Nunca me han golpeado e intimidado así en toda mi vida. Quería morir para liberarme de esta tortura”.

La policía le dijo que pagara 2.000 dólares (1.623 libras esterlinas) o se enfrentaría a prisión en virtud del artículo 120. El hombre pagó a los agentes de policía y fue puesto en libertad.

En otra parte del informe, un hombre gay reflexionó sobre las actitudes de Uzbekistán hacia la comunidad LGBTQ+. Él dijo: “Es como si viviéramos en un planeta diferente, donde es normal odiar, encarcelar, discriminar y matar a las personas simplemente por lo que son”.

La nueva redacción del código penal en Uzbekistán hará la vida más difícil para las personas LGBT+.

Historias como esta continúan apareciendo en el antiguo país soviético, el único que aún no ha eliminado sus leyes anti-LGBTQ+ de la era soviética.

El informe incluso encontró que la policía usa información de los centros de VIH para encontrar personas con el fin de explotarlas y extorsionarlas.

Actualmente, según el artículo 120, la conducta sexual entre personas del mismo sexo puede ser un delito punible hasta con tres años. Uzbekistán está redactando actualmente un nuevo código penal, pero la ley simplemente transpondría el artículo 120 a un nuevo artículo 154, sin cambios en la redacción, según Human Rights Watch (HRW).

Entre 2017 y 2021, HRW informó que la policía llevó a cabo exámenes anales falsos y desacreditados para encontrar y enjuiciar a hombres por tener relaciones entre personas del mismo sexo, pero de hecho se descubrió que eran formas de tortura y abuso.

Los políticos se han interpuesto entre cualquier tipo de cambio legislativo.

En 2021, Alisher Kadyrov, líder del Uzbekistan’s National Revival – partido Renacimiento Nacional de Uzbekistán, incluso sugirió identificar a las personas LGBTQ+ en el país y quitarles la ciudadanía para que otros países pudieran ofrecerles refugio.

“Cuando presenté esta propuesta en las redes sociales, hasta 100 personas LGBT se pusieron en contacto conmigo y estuvieron de acuerdo con lo que había dicho”, dijo Kadyrov, según EurasiaNet.

El ex presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, con Vladimir Putin.

La LGTBfobia de Estado en Uzbekistán se mantiene de Karimov a Mirziyoyev

En febrero de 2016, Islom Karimov, entonces presidente de Uzbekistán, realizaba unas declaraciones cargadas de odio homófobo: “la homosexualidad es repugnante para los uzbekos”. Karimov también dijo que la homosexualidad es una manifestación “vulgar” de la cultura occidental, en un nuevo ataque contra las personas LGTB en este país de Asia Central. Otra de sus perlas fue asegurar que “cuando los hombres viven con hombres y mujeres viven con mujeres, creo que debe haber algo mal aquí”, una opinión que trataba de justificar con un dicho uzbeko: “cuando Dios quiere revelar la vulgaridad de alguien, primero le quita la razón”.

El caso es que, seis meses después de esta ristra de declaraciones homófobas, Karimov moría, víctima de una hemorragia cerebral. Karimov presidía Uzbekistán desde 1989 (cuando fue elegido primer secretario del Partido Comunista) y en las distintas elecciones celebradas tras la caída de la Unión Soviética ha sido reelegido con victorias aplastantes. Eso sí, todas ellas han sido cuestionadas por la comunidad internacional, que ha llegado a denunciar parcialidad e incluso fraude electoral. Su última elección fue en 2015 con un supuesto 90% de los sufragios a su favor (una vez más, criticado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE).Shavkat Mirziyoyev, actual presidente de Uzbekistán

Con la muerte de Karimov, siguiendo con los trámites que marca la legislación uzbeka, el presidente del Senado asumía la presidencia del país de forma interina. Le correspondió a Nigmatilla Yuldashev, que previamente había ejercido el cargo de ministro de Justicia entre 2011 y 2015. Pero su escaso peso político no le ayudaría a mantener la presidencia, que finalmente recaía en Shavkat Mirziyoyev en diciembre de 2016. Mirziyoyev fue el primer ministro de Islom Karimov.

El respeto a los derechos humanos del colectivo LGTB fue inexistente durante la presidencia de Karimov, al que varias organizaciones y medios han tildado durante años de “dictador”, pero los dos sucesores (Yuldashev y Mirziyoyev, este último en el cargo) estaban en puestos de responsabilidad durante sus últimos mandatos y participaron en la persecución LGTBfóbica de Estado o, cuanto menos, no la combatieron. Del mismo modo que no lo han hecho al asumir la presidencia, legitimando la discriminación y poniendo a Uzbekistán en el mapa de la vergüenza (al ser uno de los más de setenta países que siguen criminalizando la homosexualidad).

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Alisher Kadyrov, Asociación Internacional para los Derechos Humanos, Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central (AHRCA), Coalición Euroasiática sobre Salud Derechos Género y Diversidad Sexual (ECOM), Homofobia/Transfobia, Islam, Policía, Tortura, Uzbekistán, Violación

Sheila Lumumba. (Twitter)

En un espeluznante ataque que ha consternado a Kenia, una lesbiana no binaria fue violada y asesinada por seis hombres en su casa.

Sheila Lumumba, una trabajadora de hostelería de 25 años, fue encontrada muerta en su casa en Karatina, una ciudad en el condado de Nyeri, a principios de esta semana, informaron grupos y activistas LGBT+ y BBC Africa.

K24TV  dijo que se entiende que la pandilla también rompió la pierna de Lumumba durante el incidente, según el informe de la autopsia.

Fueron descubiertos cuatro días después del ataque por colegas de FK Resort and Spa. La policía de Karatina aún no ha determinado el motivo del asesinato.

Su presunto asesinato ha provocado una intensa indignación y desesperación en línea entre los grupos de derechos nacionales.

Yesterday ,we conducted a Virgil honouring Sheila’s Memory as they were bn laid to rest.
Eternal rest grant onto them and let your perpetual light shine upon them .May Sheila rest in peace.
AMEN. 🕊️🕯️🕯️#justiceforsheila .#protectqueerkenyans🇰🇪🏳️‍🌈 #queerlivesmatter pic.twitter.com/MIDocZiy57

— Upinde advocates for inclusion (@uafi_ke) May 1, 2022

Bajo el hashtag #JusticeForSheila, los activistas expresaron una inquietante sensación de familiaridad con la muerte de Lumumba. Para los activistas, Lumumba se ha convertido en el último ejemplo de un largo legado de violencia contra las personas LGBT+ en Kenia, donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.

Las personas LGBT+ en Kenia se enfrentan a una discriminación feroz e implacable, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, desde arrestos arbitrarios hasta justicia colectiva.

“Cabe mencionar que, lamentablemente, estos no son incidentes aislados [sic] y son parte de un patrón de ataques y violencia contra las personas LGBTIQ+ en el país”, tuiteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas de Kenia.

“Nadie merece un trato tan cruel. Sheila no tuvo que experimentar todo este dolor”, tuiteó Amnistía Kenia.

Se han recaudado más de 86 520 chelines kenianos (580 libras esterlinas) para cubrir los costos del funeral de Lumumba en M-Changa, la plataforma de recaudación de fondos en línea más grande de África.

Here's the M-CHANGA link created to help raise money for the funeral & burial expenses for Sheila Lumumba, a Kenyan queer found murdered in the home earlier this week. https://t.co/qtw44cU2VU please send your contributions, anything will be of great help❤ #ProtectQueerKenyans pic.twitter.com/13ulzpI9ds

— Pwani Feminists (@PwaniCoven) April 22, 2022

“Sheila y yo tenemos 25 años y somos lesbianas. No puedo descansar porque estoy a una estadística de ser esto”, tuiteó Afrika, directora del grupo de mujeres liderado por homosexuales, la Sociedad de Feministas de Kisumu.

“No puedo descansar porque sé que mi silencio significará que la muerte de Sheila quedará impune. No puedo descansar porque Sheila y yo experimentamos violencia tanto como ‘cuerpos que se presentan como mujeres’ como lesbianas.

“No puedo descansar… no puedo.”

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. #JusticeForSheila, Asesinato, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, Kenia, Lesbiana, Lesbofobia, Sheila Lumumba., Violación

En medio una protesta en una comisaría, un grupo de detenidos abusaron sexualmente de una mujer trans, que debía haber sido trasladada a la alcaidía de mujeres.

BUENOS AIRES, Argentina. La madrugada del 24 de marzo en medio de una protesta dentro de la comisaría 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un grupo de hombres que estaban detenidos abusaron sexualmente de una mujer trans, que debía haber sido trasladada a la alcaidía de mujeres.

El reclamo realizado por 22 detenidos había comenzado el día anterior y duró todo el jueves. Pero en la noche se tornó más violento. Exigían mejores condiciones en su detención: había sólo 11 colchones, el lugar no tenía agua y los baños estaban destruidos.

A ese escenario la policía agregó a una detenida: K, una mujer trans que vive en la Argentina desde hace siete años, oriunda de Ecuador. La habían detenido por una supuesta contravención y, según contaron las fuentes a este medio, la trasladaron a la comisaría cuando el conflicto había escalado. En ningún momento los policías que la detuvieron mencionaron la posibilidad de llevarla a la alcaidía de mujeres.

“Llegué y todas las celdas estaban llenas”, recuerda K en diálogo con Presentes. “A mí me pusieron con dos chicos gays, y los otros estaban todos amontonados en las celdas. No había comida, agua, no había baños. Venían de hacer quilombo todo el día”.

La mujer relata que alrededor de las ocho de la noche el clima se puso aún más violento. Alrededor de las 22, los policías apagaron todas las luces y los presos comenzaron a romper todo. Fue allí cuando, entre otras cosas, gritaron que iban a abusar de K.

“Los tipos rompieron los candados y salieron. Yo no me moví de mi celda, era la única trava en esa comisaría. Ellos entraron, me pegaron y amenazaron con cuchillos”, detalla K. Cuando la situación pudo ser más o menos controlada por la policía, la mujer avisó que había sido violada y entonces la trasladaron a un hospital de donde luego, salió en libertad.

“Los presos no querían hacer ningún trato con la policía. En realidad, pedían derechos. Pedían comida, pedían agua, pedían comunicarse. Cuando los policías comenzaron a pasarle todo eso, solos volvieron a sus celdas”, dice K. En las últimas semanas, la acompañaron las organizaciones Otrans y Abrigar Derechos.

“Es común que a las trans nos abusen en cárceles y comisarías”

La zona de la comisaría es conocida por K. Es trabajadora sexual en los alrededores y nunca había vivido una experiencia similar. “La policía jode, nos molesta toda la noche y no te dejan trabajar. Pero hay que salir porque entonces, de qué vivo. La única forma de vivir es trabajar en la calle, ganarme el pan”. 

“Ahora estoy recuperándome. Es un horror lo que me pasó y sé que tengo que salir adelante, no me queda otra. Pero es común que a nosotras las mujeres trans nos abusen en las cárceles y en las comisarías”, dijo K a Presentes.

Ilustración: Florencia Capella

La Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones

Marcela Tobaldi es fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integra el Frente Orgullo y Lucha. Al enterarse de de lo sucedido con K se contactó con diferentes organismos.

“No se respetó su identidad de género”, dice a Presentes. “Es un desastre. Ya sabemos lo que hay en el sistema penitenciario, no podemos hacernos las tontas. Esto parece que va a seguir sucediendo. Las organizaciones que trabajan a favor de las organizaciones travestis trans que están presas hacen informes. Hay informes hermosos por ahí, pero no tenemos respuestas por ahí. La Ciudad de Buenos Aires tiene que dar explicaciones de estas cuestiones”.

Tobaldi destaca: “Por más que nosotras pongamos muchísima voluntad y que somos militantes y que somos travestis, somos trans… Pero seguimos viviendo estas cosas. Hace poco tiempo fue el Día de la Visibilidad Trans y mirá de lo que estamos hablando. Y hace poco un grupo de personas trans-excluyentes (TERF) pusieron un amparo contra el Censo 2022 para preguntarles a los organizadores por qué habían incluido la identidad de género. Es terrible, ni siquiera quieren registrarnos”, lamenta Marcela.

Pico de detenciones en Ciudad de Buenos Aires

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Macarena Fernández Hofmann (investigadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro) dice que el caso que denunciaban los detenidos en la Comisaría 3 no es el único ni es nuevo. “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy el número de personas detenidas en alcaidías y comisarías es altísimo y llegó a su pico máximo: 811 personas”.

Ese número desmedido de casos tiene como uno de los supuestos motivos la reducción de ingresos en las cárceles federales. Pero también existe un aumento de detenciones y la excesiva penalización.

“Y es la Ciudad la que tiene el problema más grande. Las personas detenidas en comisarías pasan mucho tiempo en espacios inhumanos. Espacios que están pensados para unas horas de detención. A raíz de este colapso, hace algunos años se crearon las alcaidías que hoy tampoco dan abasto”, afirma Fernández Hoffmann. “Esto para empezar a hablar del tema. A partir de ahí comienzan las situaciones de violencia a un colectivo que está sistemáticamente criminalizado como las travestis y las trans y que deben enfrentarse diariamente a violencias de este tipo.”

La ley de identidad de género no se cumple

Además del abuso que sufrió en la comisaría, K también fue víctima del abuso policial en el momento de su detención. No se respetó su identidad de género, protegida por la ley que este año cumple 10 años de vigencia.

“Por un lado está el incumplimiento a la ley de identidad de género, así como también la ausencia de medidas de protección de integridad física para personas trans y travestis que eviten situaciones de abusos y violencias”, explica a Presentes, Josefina Alfonsín integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de Argentina. 

Alfonsín destaca que debería garantizarse el derecho a la consulta sobre el espacio de alojamiento, de acuerdo a lo que piden los Principios de Yogyakarta, una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Pero ninguna institución del sistema penal garantiza esta instancia de consulta, explica.

“En otro orden, entendemos que el hacinamiento y la sobrepoblación en comisarías debe ser cuestionado en términos de política criminal, teniendo en cuenta las disposiciones judiciales de aplicación excesiva y automática de la prisión preventiva. Y más en los casos de encarcelamiento de personas travesti trans por delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Tal como hemos señalado en distintas oportunidades, sufren de manera desproporcionada la aplicación de la prisión preventiva con porcentajes mayores a los que se presentan en personas cis, ya sea varones o mujeres”, dice Alfonsín.

Este último es el caso de K cuya detención no tuvo demasiados fundamentos para su concreción.

Marcela Tobaldi, De la Rosa Naranja. Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes

La cárcel, último eslabón del circuito de violencias 

Desde el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria afirman que a lo largo de años de trabajo detectaron que persisten graves violaciones a los derechos humanos de las personas travestis y trans.

“Es importante destacar que la cárcel dentro de las trayectorias de vida de la gran mayoría de las personas travesti trans se presenta como el último eslabón del circuito de desplazamientos, segregaciones y violencias estatales estructurales que afecta a este colectivo. Hay una falta de cumplimiento de la ley de identidad de género, un acceso limitado la salud integral con perspectiva de diversidad sexual, existen hechos de violencia institucional y discriminación estructural por motivos de identidad de género, entre otros”.

A pesar de que el contexto legislativo mejoró, se observan muchos incumplimientos. “El abordaje de políticas penitenciarias respetuosas de la diversidad y las disidencias requiere un cambio más profundo dentro de las instituciones, el cual debería contemplar una ruptura del paradigma cisnormativo en todos los órdenes institucionales”, expresa Josefina Alfonsín.

“En nuestro país, los sistemas penitenciarios son muy variados. En el caso particular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en los últimos años, se han adoptado una serie de medidas y disposiciones respecto al tratamiento de personas travesti trans. Pero aún no existe una política de géneros y diversidad sexual transversal a toda la institución penal”.

A pesar de las limitaciones, en los últimos diez años, evalúa Alfonsín, el SPF avanzó en buenas prácticas. “Un ejemplo de ello es que identidades travestis y trans puedan ser alojadas en cárceles originalmente diseñadas para mujeres cis, como es el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza”, ejemplifica.

Desde 2016, según aporta Alfonsín, el SFP cuenta con un programa específico de abordaje de tratamiento para personas trans. “La creación de este programa resulta una buena práctica institucional, aunque seguimos advirtiendo una serie de limitaciones en su efectivo cumplimiento”

Resta saber si el personal policial que trasladó a K a una celda donde fue abusada está siendo investigado, cómo sigue y cuál es la cadena de responsabilidades que le competen a esta violencia hacia una persona trans en la Ciudad de Buenos Aires.

FuenteAgencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Abrigar Derechos, Argentina, Asociación Civil La Rosa Naranja, Comisaría, Frente Orgullo y Lucha, Mujeres Trans, OTRANS, Violación

La lucha contra la violencia sexual debe incluir a todos, independientemente del género o la orientación sexual.

En junio de 2021, el activista por los derechos de los homosexuales Omri Feinstein, de Israel, pidió a los homosexuales en Instagram que compartieran sus historias de acoso y agresión sexual, y nunca podría haber estado preparado para la respuesta.

“La cantidad de historias que recibí fue absolutamente demencial”, cuenta Omri. “Era obvio que la gente estaba esperando a que empezara la conversación”.

Creó una cuenta de Instagram llamada “Our Turn”, y el resto es historia. Desde entonces, innumerables personas queer han compartido sus historias de agresión sexual. Ya no es solo una cuenta de Instagram, y los medios de comunicación israelíes se han apresurado a llamarlo por su nombre: la versión de su país del movimiento Me Too.

La comunidad LGBT+ apenas comienza a tomar conciencia de la violencia sexual

La frase “Me Too” (Yo también) fue utilizada por primera vez en 2006 en las redes sociales por la superviviente de una agresión sexual Tarana Burke, pero no fue hasta que numerosas mujeres se presentaron para compartir sus historias de agresión sexual a manos del magnate del cine Harvey Weinstein que se convirtió realmente en un movimiento. Desde el principio, Omri se sintió “incómodo” por el hecho de que la comunidad LGBT+ no parecía participar realmente en el debate más amplio sobre la violencia sexual.

“Durante mucho tiempo seguí hablando de ello con mis amigos y me di cuenta de que la violencia sexual ocurre dentro de la comunidad LGBT+ no menos (y quizás incluso más) que en la población general”, afirma Omri.

Con el paso de los años, la frustración de Omri siguió creciendo. Finalmente, llevó la conversación a Internet. Hoy en día, la cuenta de Instagram “Our Turn” tiene casi 3.000 seguidores, y ha compartido innumerables historias de abuso y mala conducta.

“El perfil se hizo rápidamente viral y atrajo el interés de los medios de comunicación, simplemente por el hecho de que el público en general nunca había oído hablar de estas historias tan abiertamente”, dice Omri.

“Estos problemas se han estado cocinando a fuego lento durante décadas. La violencia sexual formó parte de la comunidad desde el primer día, porque lamentablemente donde hay gente, hay violencia sexual. El principal problema era que este tema se cubría con excusas. Incluso se consideraba una “norma” y una parte integral de la cultura gay. Incluso las organizaciones LGBT+ afirmaban que las normas que se aplican a la población en general con respecto a la violencia sexual no se aplican a la comunidad porque ‘funciona de forma diferente con nosotros y los heterosexuales no lo entenderían'”.

Dice que los supervivientes del colectivo LGBT+ han estado esperando a que el mundo les diga que lo que les ha ocurrido es violencia, y que la violencia nunca debería ser la norma.

“Cuando empecé a compartir historias la gente tuvo por fin un lugar seguro para levantarse y decir: ‘Lo que me pasó no fue culpa mía'”.

El movimiento LGBT+ Me Too de Israel ha provocado la dimisión de un destacado activista

Desde entonces, ha habido una especie de ajuste de cuentas en la comunidad LGBT+ de Israel. En noviembre, la policía israelí anunció la apertura de una investigación sobre Gal Uchovsky, un conocido y hasta entonces muy respetado activista de los derechos LGBT+ en Israel. La emisora pública Kan compartió el testimonio de dos hombres que alegaron haber sido agredidos sexualmente por Uchovsky (él ha negado las acusaciones). Desde entonces ha dimitido de su cargo en Israel Gay Youth, una importante organización de derechos LGBT+.

“Justo después salieron a la luz más cifras y la prensa empezó a llamar a esta época ‘El movimiento Gay Me Too'”, dice Omri.

Se alegra de que su cuenta de Instagram y el debate más amplio en torno a las agresiones sexuales hayan permitido a los homosexuales hacer oír su voz, pero afirma que aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar los abusos dentro de la comunidad.

“Siento que la comunidad LGBT+ de todo el mundo sufre violencia sexual y muy pocas veces la gente está dispuesta a hablar de ello”, afirma Omri. “Hay mucha confusión entre la libertad sexual y la violencia sexual. Ser positivo en el sexo es maravilloso, pero debería ir acompañado de mucha conciencia sobre los límites y el consentimiento.

“La gente debería saber que no está bien agarrar a alguien en el club sin su permiso. La gente también debería saber que está bien decir que no durante un contacto en Grindr si algo no le parece bien. Estos temas se tratan de forma global y deberían tratarse de forma global y descarada”.

Omri quiere asegurarse de que la conversación continúe: mientras las personas queer hablen, compartan sus historias y hablen de los abusos, el cambio es posible.

“La lucha contra la violencia sexual tiene que incluir a todo el mundo, independientemente del género o la orientación sexual. La gente debe permitir que las víctimas expresen sus experiencias, la gente debe hacer saber a las víctimas que las creemos y que las apoyamos. Queda mucho camino por recorrer, pero nunca es tarde para empezar”.

Fuente Pink News

General #Me too, Abusos sexuales, Agresión sexual, Agresiones, Israel, Israel Gay Youth, Omri Feinstein, Our Turn, Violación

Un hombre gay en Afganistán fue golpeado, violado y denunciado a su familia por los talibanes cuando intentaba huir del país.

El hombre, a quien se le dio el seudónimo de Hanan para proteger su identidad, fue atacado por el grupo militante extremista cuando trató de encontrar un camino a la seguridad, según  ITV News.

El incidente ocurrió después de que Hanan comenzara a hablar con un hombre en las redes sociales que le prometió que lo ayudaría a salir de Afganistán.

Hanan habló con el hombre durante tres semanas antes de conocerlo, pero resultó ser una treta elaborada. Allí, fue recibido por dos miembros de los talibanes.

Los hombres procedieron a golpear y violar a Hanan, e incluso le exigieron que entregara el número de su padre para que pudieran llamar y decirle que su hijo era gay.

Artemis Akbary, una activista de derechos LGBT + afgana que ahora reside en Turquía, dijo a ITV News que los talibanes mienten cuando dicen que su nuevo régimen será más tolerante que el anterior.

Los talibanes afirman que será un régimen más indulgente que el de hace 20 años, algo en lo que los jefes militares del Reino Unido dicen que deberíamos darles el beneficio de la duda, pero Artemis dice que esto es mentira. “Están tratando de decirle al mundo ‘hemos cambiado y no tenemos problemas con los derechos de las mujeres o los derechos humanos’, pero están mintiendo. “Los talibanes no han cambiado, porque su ideología no ha cambiado”, dice. Bajo esa ideología, el amor, la atracción y las relaciones entre personas del mismo sexo se castigan con la muerte.

Además, cree que las redes sociales harán que sea más fácil que nunca para los talibanes encontrar y matar a afganos LGBT +. “Harán una cuenta de perfil y engañarán a las personas LGBT + fingiendo que son miembros de la comunidad”, dijo Akbary. “Mis amigos en Afganistán están asustados, no saben lo que les pasará en el futuro, así que solo están tratando de esconderse”.

Afganistán, antes de que los talibanes recuperaran el control, seguía siendo un lugar inseguro para las personas LGBT +, y las personas atrapadas en relaciones del mismo sexo se enfrentaban a la cárcel. Pero en los últimos años, dice Artemis, las autoridades comenzaron a prestar menos atención, y las personas queer incluso aparecieron en algunas noticias de apoyo y cobertura de los medios. “Con la llegada de los talibanes, todo cambiará”, dice.

Dice que el mundo no puede dar la espalda a las personas LGBT + en Afganistán, y pide que se pongan al descubierto las “atrocidades” de los talibanes y que no se reconozca a su supuesto gobierno. Para los afganos atrapados en la clandestinidad en el país, Artemis los instó a escuchar Radio Ranginkaman, un proyecto de audio que da voz a un grupo de personas obligadas a guardar silencio.

Innumerables afganos homosexuales intentan huir del régimen bárbaro de los talibanes

Una cantidad incalculable de personas vulnerables permanece atrapada en el país. Las organizaciones benéficas Rainbow Railroad y Stonewall han ayudado a llevar a algunas de esas personas a un lugar seguro, proporcionando una lista de afganos LGBT + al alcance del aeropuerto de Kabul y la evacuación del país.

Los comentarios de Akbary se producen cuando Rainbow Railroad, una organización benéfica que ayuda a los solicitantes de asilo LGBT +, reveló que ha estado en contacto con más de 200 afganos queer que están tratando de escapar.

“Nuestro temor con los talibanes es que los miembros de la comunidad [LGBTQ +] sean atacados”, dijo Kimahli Powell, director ejecutivo de Rainbow Railroad, a CBC News. “Ya estamos viendo informes inquietantes de que los talibanes están buscando a miembros de la comunidad LGBTQ y un informe de alguien presuntamente asesinado.

URGENT: @RainbowRailroad, with the support of @StonewallUk, has identified LGBTQI+ Afghans within distance of Kabul Airport. We are ready to assist in evacuation if the UK Government is willing to step up and help. @DominicRaab @BorisJohnson pic.twitter.com/MOz0JtPFqM

— Rainbow Railroad (@RainbowRailroad) August 27, 2021

Otros han expresado su preocupación por la atribulada comunidad LGBT + de Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder dramáticamente a principios de este mes.

En declaraciones a PinkNews, el autor gay afgano Nemat Sadat dijo que los talibanes “eliminarán y exterminarán” a las personas LGBT +. “Los talibanes impondrán una política de ‘cebo, matar y tirar'”, dijo Sadat tras la toma de poder de los talibanes. “Es decir, nombrarán informantes para atraer a hombres homosexuales y bisexuales en línea y en espacios públicos y llevarlos a un lugar apartado, matarlos y deshacerse de sus cuerpos”.

Mientras tanto, un hombre bisexual llamado Basir le dijo a PinkNews que teme que los talibanes lo persigan y lo ejecuten si se enteran de su sexualidad. “Estoy increíblemente aterrorizado, asustado, estresado, ansioso, deprimido y frustrado”, dijo Basir. “Necesito transformar cualquier acto o comportamiento en contra de sus reglas, de lo contrario, la muerte me abrazará”.

Las personas LGBT + han sido etiquetadas como personas de interés en la crisis. Pero ya que las fuerzas occidentales se han retirado, “las cosas solo empeorarán“, me dijo Kimahli Powell, director ejecutivo de Rainbow Road. “Todas las señales indican que las personas se enfrentarán a un peligro real en las próximas semanas y meses”. “El mensaje constante de esas personas es que temen por sus vidas, pero ¿qué sucede si no pueden escapar?”

Ya sólo queda ayudar a que más personas salgan pero, probablemente, involucrarían la evacuación a través de uno de los países vecinos de Afganistán. Eso no deja “ninguna buena opción” para las personas LGBT +, dice Kimahli, ya que las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas o discriminadas en esas naciones vecinas.

Fuente Pink News/ITVnews

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Afganistán, Artemis Akbary, Hanan, Homosexualidad, Islam, Kimahli Powell, Nemat Sadat, Radio Ranginkaman, Rainbow Railroad, Sharia, Stonewall, Talibanes, Violación

La violencia contra las personas LGBT es alarmantemente alta en el país.

Los activistas temen que el aumento de los ataques contra la comunidad LBGT del país esté impulsado por una imparable cultura de homofobia.

Un acto de violencia “bárbara” en el que un hombre gay de 22 años fue violado en grupo y torturado ha provocado una reacción feroz en Brasil y es evidencia de una creciente ola de delitos de odio en el país, según activistas de derechos humanos.

La víctima, que no ha sido identificada, fue agredida por tres hombres armados en Florianópolis, Santa Catarina, la semana pasada. Empuñando objetos afilados, obligaron a la víctima a tallar insultos homofóbicos en sus piernas.

Los transeúntes se sorprendieron al encontrar al hombre retorciéndose de dolor en medio de la calle donde lo dejaron, dijeron activistas al periódico The Guardian .

Fue trasladado de urgencia al hospital en estado grave y ahora se está recuperando en su casa. La policía ha iniciado una investigación; no se ha realizado ningún arresto en el momento de redactar este informe.

Para los activistas en un Brasil, cada vez más acostumbrado a la violencia anti-LGBT + – su presidente profundamente homofóbico – el “crimen aterrador” no fue de ninguna manera sorprendente.

“Es muy común en Brasil y la violencia, no solo contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, sino también contra las mujeres, los negros y los inmigrantes, está empeorando”, dijo Lirous Ávila, presidente de la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos.

La asociación, que ayuda a las víctimas de la violencia en la capital, está apoyando a los seres queridos de las víctimas.

Pero el incidente, que tuvo lugar durante el Mes del Orgullo, ha provocado la ira nacional y la homofobia de los brasileños, dijeron los defensores. Ávila dijo que algunos han buscado justificar el ataque porque la víctima era gay. “Es absurdo justificar la violencia brutal y bárbara”, dijo.

Brasil es también uno de los lugares más mortíferos del mundo para las personas trans, y anualmente supera las cifras de los grupos de defensa sobre el número de delitos violentos contra las personas trans que tienen lugar. Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch, dijo que si bien la Corte Suprema prohibió la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en 2019, “el gobierno debe tomar medidas urgentes adicionales para evitar esta epidemia de violencia contra las personas LGBT. ”.

“La violencia contra las personas LGBT en Brasil ha crecido mucho recientemente”, dijo Margareth Hernandes, abogada con sede en Florianópolis y presidenta de la comisión de derecho de género. “Brasil es el campeón mundial de asesinatos LGBT. Somos un país muy conservador donde todavía hay muchos prejuicios. El discurso de odio termina propagando la violencia ”.

En 2020, 237 personas LGBT murieron en situaciones de violencia; hubo 224 asesinatos y 13 suicidios, según el Grupo Gay da Bahia, la organización de derechos LGBT más antigua de América Latina. La Defensoría del Pueblo de la Nación informó a Human Rights Watch que, entre enero y junio de 2020, recibió 1.134 denuncias de violencia, discriminación y otros abusos contra personas LGBT. Los datos de la línea directa del gobierno para denunciar abusos revelaron que entre 2011 y 2017, hubo 12.477 denuncias de violencia contra personas LGBT en Brasil.

Solo el año pasado, 175 personas trans fueron asesinadas, según el grupo de defensa Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil. Según sus estimaciones, una persona trans es asesinada cada dos días en una nación de 211 millones.

En el informe del grupo, una cifra sorprendente capturó la aparente impunidad que sienten los transfóbicos violentos: siete de cada 10 muertes de personas trans en Brasil ocurrieron en un espacio público.

Hernandes, junto con Ávila, atribuye este aumento de la violencia en parte a la actitud del liderazgo en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro tiene una larga historia de comentarios LGBT-fóbicos y misóginos, incluso diciendo que es un “orgulloso homófobo”. “Tenemos un presidente que agravó esta violencia”, dijo Ávila. “Parece que la población siente que tiene derecho a cometer estos actos violentos contra la población LGBT +, influenciada por Bolsonaro”.

Ha habido otros ataques homofóbicos en el país donde se han utilizado objetos sobre la víctima. El profesor Luiz Mott, un activista por los derechos de los homosexuales y fundador del Grupo Gay da Bahia, citó el caso de Wesner Oliveira, de 17 años, que murió después de que los atacantes empujaran una manguera de aire comprimido de un túnel de lavado dentro de él. Mott dijo que los atacantes a veces matan y luego mutilan a las víctimas, incluso cortándoles los genitales.

Los autores de delitos motivados por prejuicios a menudo quedan impunes, añadió Mott. “Un problema grave en relación con los delitos homofóbicos y transfóbicos es la impunidad”, dijo. “La policía, por razones de homofobia o incapacidad estructural, no investiga todos los asesinatos. Esta impunidad trae consigo nuevos delitos ”.

Brasil, una situación muy complicada para el colectivo LGTB

Hace unos días, informábamos de que habíá sido asesinado en Paraná(Brasil) Lindolfo Komaski, activista LGBTI y del MST. En marzo pasado, Una pareja gay  fue obligada a devolver a su bebé que habían adoptado 12 días antes… y en las mismas fechas, conocíamos que al menos 175 mujeres trans fueron asesinadas en 2020 en Brasil.

En 2018, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo de ese año recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente The Guardian/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, Brasil, Florianópolis, Grupo Gay da Bahia, Homofobia/Transfobia, Jair Bolsonaro, Lirous Ávila, Luiz Mott, Santa Catarina, Tortura, Violación, Wesner Oliveira

La Audiencia de Barcelona juzgó entre el pasado martes y miércoles a los nueve jóvenes acusados de agredir sexualmente o favorecer la violación de una chica de 18 años una nave industrial abandonada de Sabadell en febrero del 2019. Los cuatro principales procesados se enfrentan a penas de entre 37 y 41 años de prisión, además de la expulsión del país. 

El interrogatorio al que fue sometida la víctima de la conocida como la Manada de Sabadell la pasada semana por parte del fiscal,  ha indignado y vuelve a poner sobre la mesa la falta de formación de jueces y fiscales en materia de violencia sexual. El martes fue el turno de declaración la víctima, que ahora tiene 20 años de edad. Durante la primera sesión del juicio, el fiscal  sometió a la joven a un duro interrogatorio, marcado por constantes interrupciones y poniendo en duda su relato, mientras la víctima relataba cómo la violaron con la voz ahogada en lágrimas.

En este caso no sólo el interrogatorio de la fiscalía y de las defensas de los acusados levantaron ampollas, sino el hecho de que durante los tres días que duró la vista, se conociera prácticamente todo de la víctima: su nombre y apellidos, su voz, su orientación sexual…

A. vivió hace dos años una de las experiencias más brutales y terribles que una persona puede sufrir. Una violación en grupo, perpetuada por quienes se conocen en los medios de comunicación como «la manada de Sabadell».

En ese momento A. tenía solo 18 años. Actualmente se celebra el juicio contra los 3 presuntos autores de la violación y una cuarta persona que no participó activamente, pero que no hizo nada para impedirlo.

A. no solo ha tenido que soportar la brutal agresión de febrero de 2019, sino que además un juicio con preguntas innecesarias y absurdas que nuevamente ponen el foco de culpa en la víctima. “Hay un agitado debate y polarización entre quienes dicen que ha sido un interrogatorio ‘impecable’ y quienes pensamos se ha construido una atmósfera ciertamente hostil para la víctima. La reiteración de alguna preguntas, muchas de las cuales eran prescindibles, así como el tono inquisitivo con el que se realizaban y por la intensidad del interrogatorio, parecen haber traspasado una fina línea hasta el punto de crear una victimización secundaria”, declara a Público Lucía Avilés, magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España.

Entre los argumentos de la defensa se encuentra que fueron relaciones sexuales consentidas, lo que el abogado de A. ha desmontado rápidamente: “Mi clienta no se siente atraída por este género ni por estas personas porque es homosexual·. Por su parte el letrado ha alabado la actitud de A. «que ha intentado no ser derrotada por este hecho y que ha podido levantar el ánimo y seguir estudiando y llevando una vida normal».

La víctima la violación múltiple ha relatado ante el juez la brutalidad de la agresión sexual, en que asegura que participaron tres personas de manera activa. La chica ha relatado cómo fue asaltada y acorralada de madrugada en el centro de la ciudad y arrastrada hasta un local donde había cinco individuos más.

“Tenía mucho miedo, no sabía si me iban a matar”, ha explicado en la primera sesión del juicio, donde ha explicado que a pesar de que estaba temblando y paralizada, tres hombres la penetraron vaginalmente, la obligaron a hacer felaciones y uno de ellos también la penetró analmente. La víctima se ha mostrado muy afectada por los hechos y ha explicado que sufre secuelas psicológicas desde aquella noche.

Cuando la joven de ahora 20 años recuerda los hechos, el día que salía de un bar donde celebraban el cumpleaños de un amigo y se dirigía a su casa, un hombre la abordó bruscamente. “Me puso contra la pared a la fuerza. Me quedé impactada y bloqueada. Me empezó a dar besos por el cuerpo de forma violenta y brusca. Le decía que parara. Tenía miedo. Me empezó a levantar la sudadera y a introducirme los dedos en la vagina”, cuenta. El hombre la sujetó y la condujo hasta la fábrica abandonada donde él y otros dos individuos la violaron. Los agresores, de origen magrebí, estaban en el bar donde A. celebraba el cumpleaños con sus amigos. Según relata, cada vez que iba a la barra o al baño ellos hacían comentarios machistas sobre lo guapa que era o sobre su culo. Una vez dentro de la nave, en la sala principal, el individuo que había asaltado a la joven en la calle se separó y dijo a los otros jóvenes que la violaría. La joven, a unos metros, estaba acurrucada en el suelo, aturdida y asustada, e incluso se orinó encima.  No sabía si la iban a matar.

El mismo hombre que la llevó a la nave la cogió y la condujo a un pequeño habitáculo, separado de la sala principal por una cortina. Tiró a la chica a un sofá, le bajó los pantalones y la ropa interior y la violó, a pesar de la resistencia de la joven.  Una vez acabó, salió del habitáculo mientras la chica seguía dentro completamente aturdida y sin poderse mover. Acto seguido entró al espacio uno de los jóvenes que esperaba fuera, a quien no se ha podido identificar, y también violó a la chica. Finalmente, otro de los acusados hizo lo mismo. Cuando acabó el tercero, le dijo a la chica que se vistiera y la sacó de la nave.

Cuando la dejaron ir, ya en la calle, hacia las 7.30 horas, uno de ellos la siguió para saber dónde vivía, y en un momento de descuido, la chica se pudo escapar de este joven y pudo correr hacia un garaje del cual salía un vehículo, al cual entró. Los ocupantes la auxiliaron y la llevaron a la Policía Local.

“¿Por qué caminaban en zigzag, fue decisión suya o del individuo que la acompañaba?”, pregunta la abogada de uno de los acusados. “Es que no me acompaña, me lleva a la fuerza”. La abogada insiste: “¿Y no pudo chillar?” A. salva la situación, pero queda al borde del llanto: “No, porque estaba coaccionada, temí por mi vida…”, según relata el diario El País.

La misma noche de los hechos, la Policía Local pudo detener a seis chicos, acusados de haber participado en la violación múltiple. Al día siguiente, los Mossos d’Esquadra detuvieron al séptimo sospechoso y dos días más tarde caía el octavo hombre. A finales de febrero, los Mossos pudieron detener al noveno sospechoso. Después de prestar declaración, el juez ordenó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, que sería uno de los tres autores materiales de la violación, mientras que los otros ocho quedaron en libertad con cargos.

Aun así, la investigación posterior habría demostrado que uno de estos ocho hombres podría ser el segundo autor material de la violación. El joven aprovechó su situación de libertad y huyó, por lo cual se dictó una orden de detención internacional para intentar capturarlo. A día de hoy, el hombre continúa huido. Quien tampoco ha sido capturado es el tercer autor material de la violación. La víctima en todo momento habló de tres hombres, pero hasta el momento la investigación solo ha podido identificar y localizar a dos.

El abogado de la víctima, Jorge Albertini, en declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia de Barcelona y justo antes del inicio del juicio, ha destacado que su clienta es “muy valiente” de explicar en sede judicial el que pasó, y ha dicho que confía en que los acusados acaben cumpliendo condena.

“Lógicamente el acto de tener que enfrentarte una vez más a los agresores y tener que explicar una vez más todo el que pasó es traumático, pero no hay mejor terapia que explicar lo que sucedió en un juicio y buscar justicia”, ha dicho.  Así mismo, el abogado ha aseverado que ninguno de los acusados tendría que haber sido en libertad “en ningún caso” y afirma que, a pesar de que uno de los autores no pudo ser identificado, sí tienen su ADN. Respecto al que está en rebeldía y tiene una orden de captura internacional, ha señalado que en cualquier momento puede ser detenido. Albertini también ha subrayado que los cooperadores necesarios fueron partícipes, puesto que no hicieron absolutamente nada para impedir la agresión y por tanto “tienen el mismo carácter que el autor”.

La fiscalía pide para ellos entre 37 y 41 años de prisión. Por todo esto, la fiscalía acusa a Mohamed A. de un delito de agresión sexual como autor y de dos más como cooperador necesario. A los otros tres acusados les atribuye tres delitos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Uno de estos cuatro acusados está en rebeldía, dos están en prisión preventiva y otro está en libertad provisional. A tres de los acusados les pide 41 años y medio de prisión, mientras que al cuarto le pide 37 años y medio de prisión.

A los cuatro también les pide cinco años de libertad vigilada, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante cinco años más, limitación de los beneficios penitenciarios y que cuando obtengan el tercer grado o la libertad condicional sean expulsados del estado español y no puedan volver durante diez años. El ministerio público solicita que entre todos paguen 60.000 euros a la víctima en concepto de daños físicos, psicológicos y morales.

Esperamos que caiga sobre los culpables todo el peso de la ley.

Fuente El País, Público, vía Oveja Rosa

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Los que piensen que ya se ha conseguido la igualdad de las personas homosexuales y bisexuales frente a las hetero no pueden estar más equivocadas, incluso en países «desarrollados» del corazón de Europa. Sin ir más lejos, hace unas horas se conocía el veredicto de un juicio a un hombre que violó a una mujer por ser lesbiana.

Los hechos tuvieron lugar en 2017 en la noche parisina. Ambos se conocieron y tras intentar ligar con la ella, esta declinó la oferta ya que le atraían las chicas. Hubo un tonteo, pero ella le dijo que resultaba imposible seguir. Antes de cometer la atrocidad, le dijo que le haría disfrutar. El abogado de la agredida lo cuenta:

Todo comenzó bien. Hubo incluso un principio de relación sexual íntima, pero la víctima le dijo que, como ya sabía, era homosexual, no lo aguantaba y había que parar. A partir de ese momento todo cambió y su agresor la estranguló, la golpeó por todas partes, la penetró vaginalmente y le impuso una felación

Al concluir la agresión, explica el abogado sentenció con un «Espero que hayas aprendido la lección, imbécil«. Precisamente esta frase es la que ha servido para que la acusación pida, además de por la agresión fisica y sexual, que la orientación sexual de ella se considerara un agravante, algo que el juez desestimó.

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En el día De los Santos Inocentes, una crónica del horror…

Los Legionarios de Cristo admiten 175 abusos desde 1941 a la actualidad

Un informe de la congregación sostiene que, desde 1941 a la actualidad, 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales, cometidos por un total de 33 sacerdotes de la congregación. 11 de ellos pasaron de ser violados por Maciel a convertirse en abusadores

El informe “condena y deplora” los abusos cometidos, así como “aquellas prácticas institucionales o personales que pudieron favorecer o propiciar cualquier forma de abuso o revictimización”

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21.12.2019 Jesús Bastante

Ha sido el mayor depredador en la Iglesia católica. Y el más poderoso. Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, violó a más de 60 menores, niños y niñas, durante varias décadas. Muchos de ellos, después, se convirtieron en sacerdotes, que a su vez abusaron de otros menores, en una espiral de pederastia y ocultamiento que se prolongó durante ocho décadas.

Así lo ha reconocido la propia Congregación, en un informe oficial, que ofrece una cifra escalofriante. Dese 1941 a la actualidad, 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales, cometidos por un total de 33 sacerdotes de la congregación. 11 de ellos pasaron de ser violados por Maciel a convertirse en abusadores.

Cuántos legionarios abusaron, y de cuántos

Más de dos tercios de estos abusos fueron cometidos “por Maciel, por una de sus víctimas o por una víctima de sus víctimas”, lo que demuestra que la pederastia se arraigó entre los Legionarios durante generaciones.

Una cadena de abusos

Un total de 11 víctimas de Maciel se ordenaron sacerdotes legionarios, y acabaron convirtiéndose en abusadores, que a su vez violaron a decenas de menores. “Hoy por hoy, ninguno de los once sacerdotes involucrados en esta cadena ejerce públicamente el ministerio sacerdotal en la Congregación. Tres de ellos han fallecido”, admite el estudio. Todo ello, con el silencio, cuando no la cerrada defensa, de la curia vaticana.

El informe se conoce el mismo día en que el cardenal Angelo Sodano, a sus 92 años, ha dimitido como decano del Colegio cardenalicio. Un Sodano que durante sus años como secretario de Estado de Juan Pablo II, protegió a Maciel  (Wojtyla denominó al depredador ‘guía eficaz de la juventud’) ‘y a su cohorte de pederastas. Sólo la actuación de Benedicto XVI, que condenó al religioso a una vida de oración y promovió la reconstrucción de la orden, puso coto a los abusos. Pero hasta ahora, con Francisco, no se ha reconocido la magnitud de la tragedia.

Víctimas en la cadena de abusos de Maciel

18 curas siguen en la congregación

Los 33 sacerdotes representan el 2,44% de los 1.353 legionarios ordenados a lo largo de la historia de la Congregación, admite el informe, que añade que de ellos 6 han fallecido, 8 dejaron el sacerdocio, otro dejó la orden y 18 siguen en la Congregación. Todos ellos, con las nuevas normas implantadas por Francisco, han sido apartados del trato pastoral con menores, mientras cuatro de ellos tienen restricciones al ministerio sacerdotal (y un plan de seguridad), y los otros 14 no pueden ejercer el sacerdocio en público.

De estos 18, el 100% está apartado del trato pastoral con menores, 4 de ellos tienen restricciones al ministerio y un plan de seguridad y 14 no ejercen el ministerio sacerdotal público.

El informe es el resultado de un estudio amplio realizado durante 6 meses por una comisión interna que, dentro de los límites de un trabajo de estas características, ha verificado las diversas acusaciones de abuso sexual de menores a lo largo de la historia de la Congregación de los Legionarios de Cristo.

“Hemos experimentado que cualquier paso de acercamiento a una víctima es un paso esencial hacia la justicia en la verdad” –afirman los legionarios– “y que hacer luz sobre el pasado, por doloroso que sea, es liberador y fundamento indispensable para construir el futuro”.

El informe “condena y deplora” los abusos cometidos, así como “aquellas prácticas institucionales o personales que pudieron favorecer o propiciar cualquier forma de abuso o revictimización”. Se espera que este estudio sea también para las víctimas “un signo de nuestro deseo de seguir dando pasos en el camino de reconciliación con cada una de ellas”.

El estudio se ha realizado en el contexto de la preparación del Capítulo General de la Congregación que tendrá lugar en Roma a partir del próximo 20 de enero.

Gráficos del informe de la Legión de Cristo

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Angelo Sodano, Benedicto XVI, Juan Pablo II, legionarios de Cristo, Marcial Maciel, Papa Francisco, Violación

Tras al abuso quedó inconsciente, despertando horas después en un centro asistencial.

Un joven, Herman Viranlicelo, denunció que fue atacado y violado por unos 5 sujetos en la localidad de Alerce, en Puerto Montt, siendo el hecho repudiado al instante por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Los lagos).

El presidente de Movilh-Los Lagos, José Arcos, precisó que los hechos ocurrieron el pasado domingo a eso de las 23:00 horas .“El joven portaba una bandana LGBTI en su frente y estaba algo adormecido porque había tomado una pastillas recetadas por su médico. Salió a caminar, cerca de una Comisaría, pesando que era seguro. En ese instante fue abordado por unos 5 sujetos, quienes lo golpearon y violaron hasta dejarlo inconsciente. Esto es horrible, muy lamentable”.

Tras ello, el joven “despertó inconsciente en un centro asistencial, donde le informaron que funcionaros policiales lo habían encontrado tirado en la carretera, al parecer atropellado. No se sabe si los responsables del atropello son los mismos agresores. Ahora el joven se está recuperando”, apuntó Arcos, junto con precisar que se brindará asesoría legal al afectado.

Herman, quien relató parte de lo ocurrido en un video, añadió que “no quiero que esto le pase a nadie más. Me da pena que por tener una orientación homosexual me sucedan estas cosas”

“No salgan solos chiquillos, menos si toman pastillas que los puedan adormecer. Si usan ropa con la bandera LGBTI, vayan con un amigo, no anden solos”, finalizó.

Fuente MOVILH

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Un adolescente gay fue agredido verbalmente, físicamente y sexualmente por sus compañeros de clase, afirma una impactante demanda.

Una madre ha demandando a una junta escolar de West Virginia, Estados Unidos, por no haber hecho nada para proteger a su hijo gay de los matones que lo agredieron verbal, física y sexualmente.

La madre de Morgantown está demandando a la Junta de Educación del Condado de Monongalia y a varias otras personas asociadas con un programa juvenil por supuestamente esconder su violación “bajo la alfombra”, informó WVnews.com.

La demanda, presentada por el abogado de Bridgeport Ronald Kramer en el Tribunal de Circuito del Condado de Monongalia, afirmó que la “sexualidad del adolescente ha sido, y sigue siendo, un factor motivador detrás de los acusados que barren esta conducta escandalosa bajo la alfombra”.

Además, la madre alegó que los funcionarios de la escuela no habían “tomado medidas preventivas o correctivas razonables” que habrían protegido al adolescente antes de que supuestamente hubiera sido agredido sexualmente.

El adolescente se vio obligado a ver a su violador todos los días en la escuela debido a que el maestro no tomó medidas, según la demanda judicial.

La madre advirtió al ejecutivo del programa sobre cómo su hijo estaba siendo blanco de los agresores en febrero de 2017.

A pesar de las alertas, el director ejecutivo del programa comunitario no “tomó medidas preventivas o correctivas razonables”, según la demanda. Sin embargo, el director de la escuela se acercó a cada estudiante y a sus padres relacionados con la intimidación, declaró la queja.

El asalto se intensificó en la primavera de 2017 cuando uno de los acosadores presuntamente violó al adolescente, informó a un maestro al respecto siete meses después. Además, afirmó, el violador lo iba a entregar a sus compañeros de clase.

Kramer dijo que el maestro“nunca denunció la violación a pesar del hecho de que estaba obligada a hacerlo bajo la ley de West Virginia”. Esto significaba que el adolescente “se vio obligado a ver e interactuar con su agresor de manera regular en la escuela y las actividades, lo que le causó un gran dolor y trauma”, afirmó Kramer. Solo se lo contó 11 meses después, después de que ya lo había escuchado de su propio hijo.

El maestro, continuó la demanda, no informó a las autoridades sobre los asaltos porque no quería traicionar la confianza del adolescente. Luego, la madre notificó a la Junta de Educación sobre la violación y la falta de denuncia, afirmó la demanda.

Según la denuncia, el agresor de la víctima no ha enfrentado “consecuencias significativas a sus acciones que probablemente lo envalentonarán a victimizar a otros niños”. Mientras,  el maestro continúa de servicio, “donde sigue siendo una amenaza para otros estudiantes que pueden denunciar conductas sexuales y / u otras conductas indebidas”.

Fuente PinkNews

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“Mi hija, como todos saben, era lesbiana. No existe forma de que ella se haya metido, consciente o inconscientemente, con un hombre”, añadió la madre, junto con pedir a eventuales testigos de los hechos que se contacten con ella.

La madre de la dj Ana María Villarroel González denunció hoy que su hija fue asesinada hace dos años tras ser violada en una pieza que arrendaba en Providencia, desmintiendo así la versión inicial que hablaba de muerte por sobredosis, siendo el hecho lamentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Katia González Huidobro precisó que su hija, también conocida como dj Anna Cook, perdió la vida el 2 de agosto del 2017 en la casa que compartía junto a otras tres personas. El día de la tragedia, debía viajar a Angol, pero ello nunca ocurrió.

El asesinato fue antecedido por un “carrete”, donde compartieron al menos 5 personas, entre esos el dueño de casa. Todos se retiraron del lugar con el correr de las horas y Ana María amaneció muerta, siendo llevada a urgencias por uno de sus “amigos” que la encontró a eso de las 13:00 horas.

La madre recordó que la noche previa al asesinato, “recibí mensajes de Whatsapp muy extraños, los cuales decían “o son ellos o soy yo”, “Alguno tiene que morir””.

Desde ese momento, la mujer intentó comunicarse con su hija, pero fue imposible. A las 14:00 horas del 2 de agosto del 2017 un “amigo” de la joven le comunicó que Ana María se encontraba grave en el Hospital El Salvador. Una vez ahí, un médico de turno  ““me dice señora, su hija llegó fallecida a este establecimiento”, se lamentó la madre.

Meses después, relata la madre, las pericias del Servicio Médico Legal arrojaron que “mi hija fue violada, estrangulada y golpeada hasta el punto de quebrarle 5 costillas y quedar con una equimosis cervical (moretón) de 5 cm de ancho por 5 de largo que le abarcaba todo el cuello. Ella no presentaba dosis de droga y solo un 0.2% de alcohol en la sangre”.

Añadió que la “información que me entregaron desde Fiscalía es que se encontraron cabezas de espermatozoides en la boca de mi hija. Yo respondo que es imposible, ya que mi hija, como todos saben, era lesbiana. No existe forma de que ella se haya metido, consciente o inconscientemente, con un hombre. No hay ninguna posibilidad de eso y todo el mundo lo sabe. Al manifestar esto, el fiscal responde que entonces este caso pasó a ser un caso de violación con homicidio”.

En tal sentido, la madre llamó a todo eventual testigo de los hechos a contactarse con ella al correo justicia.annacook@gmail.com

En la actualidad el caso está en manos de la fiscal Mitzi Henríquez, quien espera nuevos informes toxicológicos del Servicio Médico Legal para continuar con las investigaciones.

La vocera de Movilh, Daniela Andrade, repudió “este deleznable crimen que refleja la vulnerabilidad de las mujeres que amamos mujeres. Llamamos a toda persona que maneje algún tipo de información a que se contacte con la madre de Ana María. Aquí debe haber justicia. Este crimen no puede quedar impune”.

Fuente MOVILH

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Por Vero Ferrari, desde Lima

Foto: Promsex

Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.

Hechos que se denuncian

Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.

En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que “este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT”.

Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH

• La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
• También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
• Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.

“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Azul Rojas Marín, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dino Horacio Ponce Pardo, Juan Isaac León Pardo, Luis Ernesto Vargas, Luis Quispe Cáceres, Perú, Policía, Torturas, Violación

Una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresará al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La joven de 26 años llegó al Reino Unido en 2011 y presentó una solicitud de asilo sobre la base de su sexualidad. Su solicitud fue rechazada en 2013 y fue deportada rápidamente bajo el sistema de detención acelerada del Ministerio del Interior, que se cerró en 2015 después de que el Tribunal Supremo dictaminara que era “estructuralmente injusto”.

Tras una apelación, un juez dictaminó que la PN debía ser devuelta al Reino Unido, ya que las dos semanas que se le habían concedido en el marco del sistema de vía rápida para luchar contra su caso no eran suficientes. El gobierno está apelando la decisión.

En los seis años que ha pasado en Uganda, PN ha dado a luz a un niño que, según ella, es el resultado de una violenta violación en grupo. “Una noche estaba durmiendo, la gente vino, golpearon la puerta, robaron todo y me violaron. Estaba sola en la habitación”, le dijo a The Independent. “No pude decírselo a la policía porque no quiero que sepan quién soy.”

Después de huir de su casa y mudarse a un nuevo lugar, PN le pidió a un médico que interrumpiera su embarazo, pero se le dijo que podría perder la vida durante el procedimiento.

PN dijo que tenía 17 años cuando huyó por primera vez al Reino Unido después de que su abuela fuera asesinada a causa de su sexualidad. “Me quedaba con mi abuela y la gente conocía mi sexualidad, así que me hacían daño a mí y a la chica con la que estaba. Luego le quitaron la vida a mi abuela porque me conocían”, dijo. “Murió a causa de mi sexualidad. Me buscaban y yo me escapé y encontraron a mi abuela allí en nuestra casa, cuando regresé mi abuela estaba acostada, muerta”.

Desde que regresó a Uganda, PN dijo que ha quedado aterrorizada de que la misma gente la encuentre. Durante su estancia en Uganda ha sido apoyada financieramente por el grupo Movement for Justice, con sede en el Reino Unido, y emocionalmente por la organización benéfica Sexual Minorities Uganda.

Karen Doyle, organizadora nacional del Movimiento por la Justicia, dijo a The Independent que el sistema de vía rápida que vio a PN deportado es un “escándalo a la par de Windrush“. “Miles de solicitantes de asilo que fueron sometidos a un proceso injusto y que ahora mismo podrían estar viviendo con miedo, encarcelados o asesinados”, dijo Doyle.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Lucas Gargiulo, un joven transgénero de 24 años, denunció haber sido víctima de una violación el pasado miércoles mientras se dirigía a su casa en Tucumán, Argentina. El joven fue abordado por tres hombres que luego de quitarle sus pertinencias se armaron de una rama para agredirlo sexualmente.

De acuerdo con lo relatado por el joven, él les entregó su billetera sin ninguna resistencia; no obstante, los hombres lo golpearon y lo tiraron al piso para comenzar a quitar el resto de sus cosas; mientras lo jaloneaban le bajaron el pantalón y se percataron que era una persona transgénero, fue ahí cuando el ensañamiento se agudizó.

“Ellos pensaban que era gay y me gritaban ‘puto, te vamos a volver macho’, mientras me golpeaban. Cuando me bajaron los pantalones y se dieron cuenta que no tenía pene, empezaron a pegarme con más bronca, agarraron una rama que encontraron en la vereda y con eso me violaron”, relató el joven por medio de sus redes sociales. “Les digo de todo corazón que no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque te destroza el alma, te destroza la vida”, agregó.

El joven transgénero relató que a pocos metros de la agresión se encontraba un grupo de policías que pudieron escuchar el alboroto, pero no hicieron nada. Asimismo, relató que al acudir a la comisaría a levantar la denuncia los elementos de la policía no incluyeron la denuncia sexual.

“Los policías recibieron la denuncia sólo por robo y agresiones, no así bajo la figura de abuso. No pusieron nada, pero nada, de la violación”, indicó el joven. “Me mandaron a un médico forense en la Subjefatura de Policía, en la Chile y San Miguel, pero por las lesiones, no por la agresión sexual. Estuve dos horas esperando y recién me dijeron que el médico no iba a llegar, que venga a ver si lo encontraba a las seis de la tarde o que directamente fuera mañana“, contó.

Gargiulo afirmó que más allá del asalto y golpiza aún no puede superar la agresión sexual, alegando que aún no ha sido considerado por las autoridades.

Sin embargo, el titular de la comisaría, Juan Reinoso, aseguró que no recibieron reportes por violación: “Aparentemente, no denunció eso. Le hicimos la evaluación general y ginecológica y presenta lesiones corporales de un ataque… el informe realizado pasará por el departamento jurídico del hospital y después se enviará a la fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual” , explicó la encargada de realizar esta prueba en el Hospital Avellaneda, donde Lucas acude para su tratamiento hormonal.

“Cuando le conté a mi tía lo que había pasado, ella me dijo que si salía corriendo quizás me pegaban un tiro, o algo. Y la verdad hubiese preferido que me pegaran un tiro a que me siguieran violando. Es lo peor que me pasó en la vida“, cerró

Luego de que el caso se hiciera mediático el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) solicitó una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley. Para abordar el caso de este joven.

Fuente Desastre.mx/Dinamo

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