El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos (aún provisionales) sobre vigilancia epidemiológica del VIH/sida referidos al año 2020 (puedes descargarlos aquí). En este año tan singular se notificaron 1.925 nuevos diagnósticos de VIH, un 41% menos de los notificados el año precedente. Sanidad avisa, de todas formas: esta reducción puede ser atribuida a diversos factores relacionados con la pandemia de covid-19, por lo que pide prudencia a la hora de valorar los datos. Lo que no cambia, lamentablemente, es el porcentaje de diagnósticos tardíos, que en 2020 ascendieron al 45,9% de los casos. 

El 84,3% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2020 en España se produjeron en hombres. La mediana de edad fue de 36 años. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) sigue siendo la más frecuente, con un 55,2% de los casos, seguida de la transmisión por vía sexual heterosexual (27,5%) y de la que se produce en usuarios de drogas inyectadas (un 2,4%). El término «HSH» se utiliza a menudo cuando se habla de prevención, dado que hay hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres pero prefieren no identificarse a sí mismos como gais o bisexuales. El 33,9% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se realizó en personas originarias de otros países.

Por lo que se refiere al momento en que se produjeron, el 45,9% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, es decir, presentaban ya una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/µl en el primer análisis tras el diagnóstico. No está de más recordar, una vez más, que el diagnóstico precoz es clave para poder iniciar tratamiento cuando antes con antirretrovirales y evitar así tanto el desarrollo de la enfermedad como las nuevas transmisiones del virus. Es importante insistir, además, en que cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable ya no transmite el virus, algo que muchas personas aún desconocen.

La reducción global observada, no obstante, hay que cogerla con alfileres, dado el año tan especial que fue 2020 desde el punto de vista sanitario y social. El Ministerio avisa en su informe, por un lado, de que «el descenso no es homogéneo entre comunidades autónomas». También asegura que la reducción «puede ser atribuida a diversos factores relacionados con la pandemia de covid-19: infranotificación debida a la sobrecarga de los sistemas autonómicos de vigilancia, infradiagnóstico de VIH debido a dificultades de acceso al sistema sanitario durante el año 2020, así como una posible reducción de la incidencia de VIH atribuible al confinamiento y a las medidas de distanciamiento social puestas en marcha para contener la pandemia de covid-19».

CESIDA insiste en la importancia de hacerse la prueba

Un dato que resulta especialmente preocupante es la persistencia de un porcentaje tan elevado de nuevos diagnósticos tardíos de VIH. Es por eso que este año CESIDA (la Coordinadora Estatal de VIH y sida) ha presentado una nueva campaña, Razones, bajo el lema Indetectable=Intransmisible, para promocionar la prueba del VIH, su diagnóstico precoz y la lucha contra la serofobia. La campaña tiene como misión incidir en la importancia de perder el miedo al diagnóstico y luchar contra el estigma asociado como elementos fundamentales para hacer frente al VIH. «Las personas en tratamiento con VIH y carga viral indetectable no transmiten el VIH por ninguna vía. Indetectable es igual a intransmisible», ha insistido Reyes Velayos, presidenta de CESIDA, con motivo de la presentación de la campaña.

La campaña de CESIDA, que cuenta con el apoyo del laboratorio farmacéutico Gilead, cuenta con la colaboración de la tiktoker Ger, la creativa y youtuber Elsa Ruiz, el actor vihsible David Sánchez, el creador de contenido y vihsible Dante Sendra y el humorista Gakian, y para viralizarla en redes sociales se acompaña del hashtag #ConstruyeTuFuturo, que apunta a la importancia de realizarte la prueba del VIH.

Tienes más información sobre la campaña Razones en el enlace cesida.org/indetectable/

Os dejamos con uno de los vídeos de la campaña:

Fuente Dosmanzanas

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. Pedro Pablo Prada, histórico activista LGTBI y por los derechos de las personas con VIH en ese pais, fue asesinado en la madrugada del pasado 1 de noviembre en La Victoria (Lima). Prada fue una de las personas que más lucharon en su momento para conseguir el acceso gratuito a los tratamientos contra el VIH en Perú.

Según relata Wayka, Pedro Pablo Prada de 68 años, fue asesinado en su domicilio junto a Raúl Huapaya, de 52. El activista había organizado una pequeña celebración en la que también estuvieron presentes dos hombres a los que recientemente había contratado para que le ayudaran con la limpieza. Al día siguiente, al no tener respuesta a sus llamadas, sus familiares acudieron su domicilio, donde encontraron los dos cadáveres con signos de haber sufrido torturas. Las primeras sospechas recaen sobre los dos invitados antes mencionados, en paradero desconocido. Activistas peruanos reclaman que se haga justicia y que se investigue como un posible delito de odio, y para ello se están movilizando en redes sociales bajo es hashtag #JusticiaParaPedroPablo. El Ministerio peruano de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, ha lamentado el asesinato y ha demandado también justicia.

Pedro Pablo Prada, que llevaba 32 años viviendo con VIH, presidía el colectivo Peruanos Positivos y era colaborador de la organización AIDS Healthcare Foundation en Perú (AHF Perú). Prada fue, de hecho, una de las personas que luchó con más ahínco en favor de las personas con VIH en ese país. En el año 2000, junto a otros cuatro pacientes seropositivos, demandó al Estado peruano para exigir el acceso gratuito y universal a la terapia antirretroviral, una demanda que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias en parte a esta lucha, en el 2004 el Gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Rotatorio Mundial para la lucha contra el VIH para otorgar tratamiento gratuito.

Hace pocos meses, el propio Pedro Pablo Prada recordaba cómo fue el proceso en una entrevista a Salud con lupa, un medio latinoamericano especializado en Salud Pública. «La demanda duró unos tres años. Demoró mucho y mientras tanto las personas con VIH seguíamos muriendo sin tener la posibilidad de recibir un tratamiento. Al final, tuvimos una respuesta negativa», contó. En ese momento acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Tuvimos que esperar tres años más para recibir una respuesta. Pero el hecho de llevar la demanda a instancias internacionales hizo que cuando llegó el Fondo Mundial para comprar antirretrovirales, el Estado sintiera la presión de crear un plan de atención de VIH en el Perú y dar acceso universal a los fármacos», explicó.

Una demanda que se acabó ganando, lo que sin duda contribuyó a mejorar la atención a las personas con VIH en Perú. «No fue exactamente la demanda, porque nosotros ganamos un año después de que llegó el Fondo Mundial. Yo diría que fuimos una parte del cambio. El solo hecho de acceder a los antirretrovirales ya era un gran cambio. Pero después los médicos se informaron más sobre la enfermedad, poco a poco fueron dejando de vestirse de astronautas para atendernos. También, se nos incluyó en la mesa de trabajo para la creación del programa de VIH, es decir, dejamos de ser conejillos de indias para convertirnos en personas con una voz. Sin embargo, aún hay muchas cosas que se deben mejorar, como el trato más humanizado, aún se siente la discriminación (a través de gestos, por ejemplo) y nosotros somos muy sensibles a ellos. Yo pienso que el personal de salud debe recibir capacitaciones para saber cómo tratar a personas con VIH», añadía a Salud con lupa.

Insertamos a continuación el tuit de Conexión Vida que incluye un vídeo con imágenes y declaraciones del activista:

No se puede sepultar la historia y #PedroPabloPrada forma parte de la lucha por el acceso a medicamentos para el #vihreät en el Perú. Hoy pedimos #justicia por su asesinato @Minsa_Peru @SuSaludPeru @Defensoria_Peru @EsSaludPeru @HCevallosFlores @ONUPeru @OnusidaLatina pic.twitter.com/l3YDnDfDtq

— Conexión Vida (@ConexionVida_pe) November 4, 2021

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. AHF Perú, Asesinatos, Conexión Vida, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Delitos de Odio, La Victoria, LGTBIfobia, Lima, Obituario, Pedro Pablo Prada, Perú, Raúl Huapaya, Salud con lupa, Serofobia, VIH, Violencia LGTBIfoba, Wayka

Oleada de persecución LGTBIfoba en Camerún. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe en el que alerta del recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBTI en el país africano. Desde febrero de este año, HRW ha contabilizado al menos 24 casos de detención arbitraria, amenazas y agresiones de las fuerzas de seguridad a personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa. Camerún es una de las naciones con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada.

La ONG Human Rights Watch ha redactado su informe sobre la base de entrevistas con grupos locales de apoyo a la comunidad que han aportado abundante documentación sobre los abusos denunciados, y ha llegado a la conclusión de que la represión LGTBIfoba se ha redoblado en los últimos meses. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión. Una ley que «incrementa el riesgo de las personas LGTB de sufrir maltrato, torturas y agresiones sin consecuencias para los atacantes», según Neela Ghoshal, de HRW.

Las consecuencias son terribles para la comunidad. El pasado 8 de febrero, la policía detuvo en la ciudad de Duala a dos mujeres trans, que fueron acusadas de conducta homosexual, carecer de documentación e indecencia pública. Solo seis días después, seis jóvenes eran arrestados, entre ellos un menor de edad, bajo la acusación de homosexualidad. Tras ser sometidos a malos tratos, fueron liberados ese mismo día.

El 24 de febrero, una redada de la policía a una asociación de prevención y asistencia a personas con VIH se saldó con trece detenidos acusados de homosexualidad. Todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, aunque tres de ellos denunciaron agresiones sufridas en la comisaría, así como amenazas, insultos y la obligación de firmar declaraciones que no les permitieron leer. Una mujer trans de 26 años que se contaba entre los arrestados fue forzada a someterse a una prueba de VIH y a un examen anal, una humillante tortura que es práctica habitual en la persecución LGTBIfoba en Camerún y otros países.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Camerún, Cornelius Fonya, Duala, Human Rights Watch, Joshua Mbarga, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Neela Ghoshal, Policía, VIH, Violencia policial, Walter Atoh, Yaundé

Investigadores del IrsiCaixa confirman la existencia del primer caso de paciente portador del VIH para el que no funciona ninguno de los 5 cocktails de antirretrovirales existentes hoy en día

Un estudio publicado por la revista The Lancet Microbe y realizado por investigadores del instituto IrsiCaixa ha certificado la existencia del primer ser humano portador del VIH que es resistente a todas las combinaciones de antirretrovirales existentes y, por lo tanto, su infección no se puede controlar.

A día de hoy, los tratamientos contra el VIH son altamente funcionales (tanto que alguno también se utiliza de forma preventiva como PrEP) y cuando una persona es diagnosticada y comienza a tomar antirretrovirales es solo cuestión de tiempo que desarrolle la indetectabilidad (lo que significa: indetectabilidad = intransmisibilidad). Pero el caso de este paciente cuya infección no se puede controlar es una pequeña voz de alarma: necesitamos nuevos tratamientos.

El paciente fue diagnosticado en 1989, cuando tenía 41 años. Desde los años 90 ha tomado medicación: 14 fármacos diferentes que solo conseguían controlar la infección de forma parcial. En 2015 el paciente comenzó a tomar inhibidores de nueva generación y aunque el resultado al principio era bueno, a los pocos meses volvió a demostrarse inútil. En total el paciente se ha mostrado insensible a 25 de los 26 medicamentos que se le han administrado, lo que convierte al virus del paciente en uno resistente a todos los medicamentos menos uno. Y, como explica la investigadora Carmen Puertas, “el virus encuentra fácilmente otras vías de evasión. Por eso es necesario administrar terapias que combinen diversas familias y que bloqueen diversas fases del ciclo de infección.”

Javier Martínez-Picado, investigador de ICREA y director del estudio, explica que la identificación de este caso no tiene por qué suponer un riesgo para la salud pública pero avisa de que es necesario mantenerse alerta porque podrían aparecer otros casos de cepas resistentes a los tratamientos existentes: “La vigilancia epidemiólogica es necesaria para poder parar la cadena de transmisión a tiempo y evitar así infecciones por VIH sin opciones terapéuticas, como pasaba en los años 80“.

La alternativa que proponen los científicos a este problema es que se utilicen anticuerpos que bloqueen el virus o que se creen medicamentos que actúen de formas nuevas que el virus no conoce. El problema es que esas dos alternativas (la de los anticuerpos y las nuevas medicinas, no la de los mariachis) aún están en fases de desarrollo. “Este caso clínico ilustra el riesgo potencial de las multirresistencias en el campo del VIH, a pesar de la diversidad de antirretrovirales existentes“, explica Carmen Puertas, “Al no haber opciones terapéuticas disponibles, a excepción de algunos fármacos inyectables que son inviables para el día a día, se pone en evidencia la urgencia del desarrollo de nuevos fármacos a los que ninguna variante de VIH se haya expuesto jamás, de forma que sea imposible que el virus haya generado resistencia contra ellos“.

 El año pasado avisaba la OMS que el 10% de las nuevas infecciones por VIH en algunos países ya mostraban resistencias (que pueden darse porque el paciente no toma el tratamiento de forma continua o porque se infectan con una cepa que ya es resistente) frente a los tratamientos existentes. Algo parecido a lo que hace un tiempo comenzó a ocurrir con la súper-gonorrea. Es por ese motivo que los investigadores insisten en la necesidad de hacer estudios de observación para identificar y contener la potencial aparición de los virus resistentes.

Fuente Superqueer

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(Photo by Sara Krulwich/New York Times Co./Getty Images)

El pasado miércoles, 27 de mayo, falleció en Nueva York Larry Kramer, destacado escritor, dramaturgo y activista gay. Fue, además, una figura destacada en la lucha por los derechos de las personas con VIH/sida en Estados Unidos en los peores tiempos de la pandemia. Después de una vida intensa en la que Kramer tuvo que sobreponerse a importantes problemas de salud (sufrió las consecuencias del VIH y la hepatitis B, y en 2001 fue sometido a un trasplante de hígado ) una neumonía ha acabado con su vida a los 84 años.

Larry Kramer fue uno de los cofundadores, en 1982, de The Gay Men’s Health Crisis (GMHC), una de las primeras organizaciones de ayuda a enfermos de sida, cuando todavía ni siquiera había sido identificado el virus de la inmunodeficiencia humana. Años más tarde fue uno de los promotores de AIDS Coalition to Unleash Power (Act Up), con un planteamiento más radical y reivindicativo, y que alcanzó difusión internacional.

Pero Kramer fue además un importante escritor y dramaturgo. En 1969 fue nominado al Óscar al mejor guion por Mujeres enamoradas. En 1978, poco antes del estallido de la crisis del sida, publicó Faggots («Maricones»), novela ambientada en la Nueva York de la época, en la que Kramer retrataba una subcultura gay marcada por el uso de las drogas y el sexo compulsivo, y que recibió no pocas críticas de la propia comunidad homosexual. En 1993 fue finalista al Pulitzer en la categoría de obra dramática por The Destiny of Me, en la que seguía la evolución de Ned Weeks, el personaje protagonista de la que posiblemente es su obra más conocida, The Normal Heart.

The Normal Heart es una obra de teatro que retrata los comienzos de la pandemia de VIH/sida en la propia comunidad gay de Nueva York. Una obra en buena parte autobiográfica (es difícil no reconocer en Ned Weeks al propio Kramer) y que transcurre entre 1981 y 1984. Fue representada por primera vez en 1985, aunque en 2011 fue reestrenada en Broadway con un exitoso montaje que recibió cinco nominaciones a los Premios Tony (ganó tres galardones). Posteriormente fue adaptada a la pantalla en una versión dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por un reparto de lujo (Mark Ruffalo, Jim Parsons y Julia Roberts, entre otros), que en 2014 se alzó con el Emmy a la mejor película para televisión.

Que la tierra te sea leve.

Fuente Dosmanzanas

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Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la publicación por The Lancet HIV (ver aquí) del segundo caso de «curación» de un paciente con VIH. ¿Es este caso extrapolable a otras personas con VIH? Ni mucho menos, aunque sin duda tiene un gran valor. Intentaremos explicarlo de una manera comprensible.

Los antecedentes: así fue el primer caso de VIH curado, allá por 2010

En primer lugar, creemos conveniente repasar una serie de antecedentes. Allá por 2010 ya recogimos la historia del primer paciente con VIH «totalmente curado». Se trata de Timothy Ray Brown, un estadounidense afincado en Alemania que fue tratado de leucemia en 2007 mediante un trasplante de médula ósea (el «paciente de Berlín», es conocido en la literatura médica especializada).

Para los que no estén muy familiarizados con la medicina, el trasplante de médula ósea es un procedimiento mediante el cual, mediante radioterapia y/o quimioterapia, «se mata» la médula ósea del enfermo (el tejido existente en el interior de los huesos, encargado de fabricar las células de la sangre) y se le transfieren al paciente células madre de un donante compatible*. Estas células madre dan lugar a nuevas células sanguíneas que acaban por reemplazar a las propias. Entre estas células sanguíneas se encuentran los linfocitos, claves en el buen funcionamiento del sistema inmunitario y diana fundamental del virus en el caso de las personas infectadas con el VIH.

El caso de Brown era además muy especial, ya que se utilizó un donante cuyas células, además de ser compatibles, poseían una mutación natural que las hace resistentes al VIH. Es una mutación bien conocida, y que es la que explica, por ejemplo, que haya un pequeño porcentaje de personas infectadas con el VIH que pese a no tomar medicación nunca han llegado a desarrollar enfermedad (un dato que durante mucho tiempo alimentó peligrosos bulos). Se trata, en concreto, de una mutación en el gen de la proteína CCR5, que desempeña un papel fundamental a la hora de que el virus penetre en los linfocitos.

Brown suspendió posteriormente la medicación antirretroviral, y pese a los temores de que en algún momento el virus (quizá acantonado en otros tejidos que actúan como «reservorio») comenzara a replicarse y se detectara de nuevo, esto sucedió. Únicamente se le detectaron restos de material genético del virus sin capacidad de replicarse (lo que se conoce como restos «fósiles»). También mantuvo anticuerpos generados por el cuerpo contra el virus, aunque a niveles muy bajos.

Hasta ahora, de hecho, el «paciente de Berlín» estaba considerado el único caso de erradicación del VIH en toda la historia de la pandemia.

Pero no todos los trasplantes son como el de Timothy Ray Brown

El de Brown, obviamente, no es el único caso de persona con VIH que se ha visto obligado a someterse a un trasplante de médula. En 2014 nos hacíamos eco de la existencia de otros dos pacientes estadounidenses con los que se siguió el mismo procedimiento que en el caso de Brown, con la salvedad de que las células madre procedían de un donante que no poseía la mutación en el gen CCR5.

¿Qué sucedió? Durante un tiempo relativamente prolongado parecía que el virus también había desaparecido de sus cuerpos tras dejar la medicación, pero finalmente volvió a detectarse, por lo que se vieron obligados a retomar de nuevo el tratamiento antirretroviral.

2018: se reactivan las expectativas 

Pasaron los años, y en noviembre de 2018 medios de todo el mundo se hacían eco de un artículo publicado en Annals of Internal Medicine que presentaba la evolución de una serie de pacientes incluidos en el IciStem, un proyecto colaborativo cuya finalidad es precisamente la de investigar el potencial del trasplante de células madre en el tratamiento de la infección por VIH. En concreto, seleccionaron seis pacientes con VIH en tratamiento con antirretrovirales, y que además habían desarrollado diferentes tipos de linfoma (un cáncer sanguíneo derivado de los linfocitos) por los cuales se habían sometido a un trasplante de células madre que había conseguido la remisión del linfoma y al que habían sobrevivido más de dos años.

En ninguno de estos pacientes las células trasplantadas tenían la mutación del gen CCR5. Son, por tanto, casos distintos a los de Timothy Ray Brown y similares a los descritos en nuestra noticia de 2014. A diferencia de estos, sin embargo, después de recuperarse del trasplante habían mantenido el tratamiento con antirretrovirales. A partir de ahí se sometieron a diferentes pruebas y a un seguimiento.

El resultado de esas pruebas fue que en cinco de los seis casos la carga viral había permanecido indetectable no solo en sangre sino en otros tejidos del organismo que normalmente actúan como reservorios del VIH, como ganglios linfáticos o el tejido linfoide del intestino. Ahora bien, esto no permitía decir que estos pacientes estaban curados del VIH: antes sería necesario comprobar que tras la retirada de la medicación antirretroviral el virus continua siendo indetectable en el largo plazo, algo que no se hizo y que los investigadores evaluaban si hacer (en ese caso, podría suceder que su evolución fuese similar a la de los dos pacientes estadounidenses antes mencionados: que el virus acabe por reaparecer).

Este estudio fue muy importante, en cualquier caso: las autoras del estudio estaban convencidas de que el propio trasplante de células madre desencadena una serie de mecanismos que como mínimo contribuyen a reducir de forma significativa el reservorio viral y que son independientes de la mutación del gen CCR5. Esta investigación reforzó esta hipótesis.

Y ahora, un nuevo hito

El caso que ahora ocupa titulares de prensa es, salvando ciertas diferencias, bastante parecido al de Timothy Ray Brown, el «paciente de Berlín». Se trata del denominado «paciente de Londres», el número 36 de los incluidos en el IciStem, si bien ya le podemos poner nombre y apellido ya que él mismo ha decidido salir del anonimato: se trata de Adam Castillejo, venezolano residente en Londres.

Castillejo, portador del VIH desde 2003, fue sometido en 2016 a un trasplante de células madre para tratar un linfoma de Hodgkin. El donante, al igual que en el caso de Ray Brown, era portador de la mutación del gen CCR5. 16 meses después suspendió el tratamiento antirretroviral. En marzo de 2019, la revista Nature publicaba que 18 meses después de suspenderlo la carga viral permanecía indetectable. Ahora sabemos, gracias a lo publicado esta semana en The Lancet HIV, que sigue siendo así 30 meses después de suspender la medicación. Sí que se le ha detectado, al igual que en el caso de Ray Brown, restos «fósiles» de material genético del virus incapaces de replicarse. Es por eso que los autores de esta última publicación lo consideran el segundo caso de curación completa del VIH.

¿Quiere esto decir que el trasplante pasará a ser una opción más de tratamiento en personas con VIH, aunque no tengan una enfermedad de la sangre? Lo cierto es que no. En primer lugar, hablamos de un procedimiento que cuenta con un riesgo de complicaciones muy elevado (incluyendo la muerte) y que obliga por sí mismo a seguir un tratamiento. Todo ello tenieno en cuenta además que con la medicación actual ya es posible mantener el VIH a niveles indetectables en la inmensa mayoría de los casos. Por otra parte, tanto en el caso del «paciente de Berlín» como en el «paciente de Londres» los donantes eran portadores de la mutación del gen CCR5, algo que lamentablemente no es posible conseguir en todos los casos de trasplante.

En definitiva, el trasplante seguirá siendo una opción solo en casos tan específicos como los mencionados: personas que, al margen de ser portadores del VIH, necesiten someterse a trasplante por haber desarrollado una enfermedad hematológica. Lo que no quiere decir que su análisis detallado sea fundamental para hacer avanzar el conocimiento y conseguir avances en el tratamiento del VIH en otras personas.

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(*) El término «célula madre» no debe confundir: no deja de ser un proceso equivalente al tradicional trasplante de médula ósea. La diferencia es que hace años las células madre capaces de dar lugar a todas las células sanguíneas se obtenían de la médula ósea del donante (lo que implicaba, entre otros inconvenientes, la necesidad de hacer una punción en un hueso del donante), mientras que hoy día la mayoría de estas células se obtienen directamente de la sangre periférica del donante (sin necesidad de acceder a su médula ósea) o son células procedentes de cordones umbilicales (siempre que estas se encuentren a disposición de quien las pueda necesitar, como sucede con los bancos localizados en territorio español). Aprovechamos la oportunidad, por cierto, para destacar la importancia de que haya muchos donantes de este tipo de células: puedes informarte sobre el tema en la web de la Fundación Josep Carreras.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha hecho públicos los datos (actualizados a junio de 2019) sobre vigilancia epidemiológica del VIH/sida, referidos al año 2018 (puedes descargarlos aquí). Se notificaron 3.244 nuevos diagnósticos de VIH, un número muy parecido al de años precedentes. Se estima que la tasa será de 8,65 casos por 100.000 habitantes cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos. Casi la mitad, el 47,6% de los nuevos diagnósticos, siguen siendo tardíos. 

El 85,3% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2018 en España se produjeron en hombres. La mediana de edad fue de 36 años. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) sigue siendo la más frecuente, con un 56,4% de los casos, seguida de la transmisión por vía sexual heterosexual (26,7%) y de la que se produce en usuarios de drogas inyectadas (un 3,2%). El término «HSH» se utiliza a menudo cuando se habla de prevención, dado que hay hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres pero prefieren no identificarse a sí mismos como gais o bisexuales. El 37,6% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se realizó en personas originarias de otros países.

Por lo que se refiere al momento en que se produjeron, el 47,6% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, es decir, presentaban ya una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/µl en el primer análisis tras el diagnóstico. No está de más recordar, una vez más, que el diagnóstico precoz es clave para poder iniciar tratamiento cuando antes con antirretrovirales y combatir así tanto el desarrollo de la enfermedad como las nuevas transmisiones del virus. Es importante insistir, además, en que cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable ya no transmite el virus, algo que muchas personas aún desconocen.

Sin comparamos los datos de 2018 con los de 2017, apenas se reflejan cambios. Si en lugar de mirar solo un año se examina todo el periodo 2009-2018, la tendencia global es ligeramente descendente, aunque el mayor descenso se produce en los casos atribuidos a uso de drogas inyectadas y a relaciones heterosexuales. Por lo que se refiere a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres hay que diferenciar entre los españoles y los nacidos fuera de España: en los primeros se se observa una tendencia descendente solo a partir de 2015. En los nacidos fuera de España, porcentualmente se observa un descenso entre 2009 y 2015, pero un aumento a partir de este año.

El porcentaje de casos con diagnóstico tardío descendió levemente entre 2009 y 2016, habiéndose mantenido estable después.

CESIDA: hay que mejorar las estrategias de cribado

«La tasa de diagnóstico tardío en España sigue sin descender, así como tampoco desciende el número de nuevos diagnósticos que alcanzará las casi 4.000 nuevas infecciones, tras el retraso de la notificación», ha advertido Ramón Espacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA). «Tenemos claro que mejorar las estrategias de cribado es una de las acciones clave, para lo cual hay que contar con los centros comunitarios y organizaciones sociales, que tienen la experiencia y el conocimiento para asesorar sobre salud sexual», ha añadido.

Por lo que se refiere a la cobertura de la profilaxis preexposición (PrEP) en el Sistema Nacional de Salud, vigente desde el pasado 1 de noviembre, Espacio considera que el reto es ahora trasladarla «a las distintas comunidades autónomas con sus distintas realidades» y hacerla «cómoda y accesible para las personas candidatas» para que tenga realmente un impacto positivo en la salud pública. Confiemos en que esta medida contribuya a que en los próximos años se produzca por fin una caída significativa de los nuevos diagnósticos, como ha sucedido, por mencionar solo un ejemplo, en estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Desde CESIDA también han hecho un llamamiento, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Sida el pasado 1 de diciembre , a continuar luchando contra la discriminación de las personas con VIH. «Las consecuencias del estigma son graves, por un lado, hay miedo a hacerse la prueba del VIH, las personas desconocen su estado serológico. Por otro, se genera aislamiento social, soledad, baja autoestima, crisis de identidad o depresión en aquellas personas diagnosticadas con el VIH», advierten. Según CESIDA, la serofobia lastra la respuesta ante el VIH y está interseccionada con otros prejuicios asociados al género, la pobreza, la orientación sexual e identidad de género, el origen racial o étnico, la edad o a la sexualidad. «Este año queremos poner especial énfasis en las minorías más invisibilizadas del VIH y en todas esas personas, especialmente mujeres, quienes están más expuestas, debido a la desigualdad de género, a sufrir doble o triple estigma: por ser mujer y tener VIH o ser transexual o migrante o tener problemas de salud mental», han reclamado.

Fuente Dosmanzanas

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Ya es oficial. Desde este pasado viernes, 1 de noviembre, la profilaxis pre-exposición (PrEP) del VIH está financiada por el Sistema Nacional de Salud español en personas que, debido a sus prácticas sexuales, son consideradas objetivamente como de alto riesgo.

La decisión fue adoptada el pasado 30 de septiembre en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, órgano competente para la fijación de precios de financiación de los medicamentos en el SNS y en el que participan varios Ministerios y las comunidades autónomas. La directora del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, lo anunciaba poco después, durante el acto de inauguración del XI Congreso de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), aunque sin dar detalles sobre cuándo la medida entraría entraría en vigor ni sobre cómo se implementara. Ahora ya disponemos de más información.

La PrEP consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa hay ya un medicamento autorizado con tal fin: se trata de Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que la Organización Mundial de la salud incluyó en 2017 en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso con esta indicación. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde ese año a la fabricación de un genérico.

Como cualquier otra medicación, la PrEP tiene contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar (de hecho, ya han sido comunicados varios casos de «fallo»). Y por supuesto no previene la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Por lo que se refiere a la prevención del VIH, su eficacia es no obstante muy alta, por lo que los especialistas en la materia la consideran una de las principales herramientas de prevención en grupos especialmente vulnerables en los que las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) no han funcionado. Hace ahora un año, por mencionar solo un ejemplo, recogíamos como la implementación de la PrEP permitió la caída de un 25,1% en el número de nuevas transmisiones del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación.

En España, existía ya un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en el que se proponía una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas. Se puso además en marcha un programa piloto para evaluar su implementación. El mencionado documento, de hecho, reconocía que las personas interesadas en la utilización de la PrEP la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento.

Finalmente, y una vez evaluados los primeros datos, el SNS financiará la PrEP en los siguientes supuestos, en los que la evidencia científica acumulada muestra que se trata de una estrategia coste/efectiva (es decir, los beneficios obtenidos compensan el coste para el sistema. Se estima, según declaraciones del portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, José Pérez Molina,  que por cada transmisión de VIH evitada se financiarían 23 tratamientos PrEP):

1. Hombres que tienen sexo con hombres* y personas transexuales VIH-negativas mayores de 18 años con al menos dos de los siguientes criterios:

• Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año.
• Práctica de sexo anal sin protección en el último año.
• Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección en el último año.
• Administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año.
• Al menos una ITS bacteriana en el último año.

2. Mujeres en situación de prostitución VIH negativas que refieran un uso no habitual del preservativo.

*El término meramente descriptivo «hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH)» es el que se prefiere en estos casos. No hace referencia a la orientación sexual, sino a las prácticas sexuales de cada uno. Muchos hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres no necesariamente se identifican a sí mismos como gais o bisexuales.

La prescripción de la PrEP será realizada exclusivamente por profesionales expertos en el VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) que trabajen en centros del SNS con garantías de calidad asistencial para el seguimiento de las personas subsidiarias de este medicamento. Su dispensación, por otra parte, no se hará en farmacias corrientes, sino en servicios de farmacia hospitalaria o en centros asistenciales autorizados, y las personas a las que se les suministre deberán somenterse a un seguimiento específico en el que el Plan Nacional sobre el Sida está trabajando en este momento (mediante un grupo de trabajo que incluye a todos los agentes implicados) y que previsiblemente incluirá actuaciones adicionales.

Estaremos atentos a las novedades que se vayan produciendo.

Fuente Dosmanzanas

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La directora del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, ha adelantado la financiación, por parte del Sistema Nacional de Salud, de la profilaxis preexposición (PrEP). Lo ha hecho durante el acto de inauguración del XI Congreso de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA). Del Amo, sin embargo, no ha dado detalles ni sobre cuándo entrara en vigor la medida ni sobre cómo se implementara. Confiemos en que pronto haya más información que despeje las incógnitas.

La PrEP consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa hay ya un medicamento autorizado con tal fin: se trata de Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que la Organización Mundial de la salud incluyó en 2017 en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso con esta indicación. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde ese año a la fabricación de un genérico.

Como cualquier otra medicación, la PrEP tiene contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar (de hecho, ya han sido comunicados varios casos de «fallo»). Pese a lo cual su eficacia es muy alta, por lo que los especialistas en la materia la consideran una de las principales herramientas de prevención en grupos especialmente vulnerables en los que las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) no han funcionado. Hace ahora un año, por mencionar solo un ejemplo, recogíamos como la implementación de la PrEP permitió la caída de un 25,1% en el número de nuevas transmisiones del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación.

En España, existía ya un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en el que se proponía una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas. Se puso además en marcha un programa piloto para evaluar su implementación. El mencionado documento, de hecho, reconocía que las personas interesadas en la utilización de la PrEP la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento. Cabe recordar, en este sentido, que ya en noviembre de 2018 Julia del Amo anunciaba que la PrEP estaría disponible «en breve». 

Ha pasado casi un año, y la directora del Plan Nacional sobre el Sida ha vuelto a anunciar la inminencia de la medida. Ha sido, como decíamos, en la inauguración del XI Congreso de CESIDA. «Se ha dado el último paso, que era la Comisión Interministerial de Precios, en el que ha habido un acuerdo favorable para la inclusión de la PrEP en la cartera de Servicios pública (…)Todavía quedan una serie de trámites, pero ya está rodando», ha declarado. «Este acuerdo tiene que estar por encima de cualquier valoración política, es una medida de salud pública y hay sobrada evidencia científica de que la PrEP previene la adquisición del VIH», ha añadido, sin especificar más detalles.

Habrá que ver cómo estos detalles se concretan: hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la Comisión Interministerial de Precios se reunió el 30 de septiembre, por lo que el laboratorio fabricante aún puede hacer alegaciones al precio fijado, que por el momento se desconoce. Tampoco sabemos cómo se implementará la medida, cuál será el protocolo a seguir, cuales serán los criterios de inclusión y si hay personas que de partida estarán excluidas, por ejemplo, por no tener la residencia legal en España. El presidente de CESIDA, Ramón Espacio, recordaba en su discurso de apertura del congreso la importancia de aplicar una sanidad universal real en todas las comunidades autónomas, ya que más de un tercio de los nuevos diagnósticos en nuestro país se dan en personas extranjeras. «Es necesario que se atienda a estas personas, tanto por respetar los derechos humanos como por una cuestión de salud pública», declaraba.

Estaremos muy atentos.

Fuente Dosmanzanas

General Campañas de prevención, CESIDA, Plan Nacional sobre el SIDA, PreP, Ramón Espacio, Salud, Salud sexual, Truvada, VIH

Por Alejandra Zani 

Personas VIH+ denuncian que en los hospitales públicos no se están entregando algunas medicaciones ARV. Frente a esto, Fundación  Grupo Efecto Positivo (GEP) hizo público un documento que detalla la situación y expone la ausencia de previsión en las compras de medicación que generará más faltantes.

Ante un requerimiento formal realizado por la Fundación GEP, la Dirección Nacional de Sida dio a conocer el pasado lunes los datos de las compras de medicación para personas VIH+ realizados en el último año. El análisis da cuenta de la inexistencia de stock desde el mes de junio de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina.

“Estamos ante una situación límite y gravísima de faltantes de medicamentos que podrá escalar a la falta de disponibilidad de otros 15 antirretrovirales más a partir de agosto. La Dirección de Sida va a tener que dar una solución frente a la urgencia de las 15 mil personas que se verán afectadas”, anunció el presidente de la Fundación GEP, José María Di Bello, a Presentes. “Abrir un expediente de compra para pedir los 15 faltantes puede llevar entre 6 o 7 meses si es una compra directa, mucho más si se tiene que hacer una licitación pública, y a eso hay que sumarle el tiempo de distribución de los medicamentos por todo el país”.

Según Di Bello, la situación llegó a un nuevo nivel de gravedad ya que no solo hay falta de medicamentos sino que, hasta el día de hoy, no hay expedientes iniciados. “Esta situación se viene dando desde los últimos 4 años. En el 2018 intentaron traspasar la compra de medicamentos a la órbita de las provincias, que no tienen la espalda presupuestaria suficiente para hacerse cargo de la compra de antirretrovirales y con la desigualdad de acceso a medicamentos entre provincias que eso significaría, pero lo frenamos saliendo a la calle”.

Cuadro publicado por la Fundación GEP (pinchar encima para agrandarlo)

Sin respuesta de la Dirección de Sida

Hasta ahora, la Dirección de Sida sigue sin dar una respuesta. “Esto hay que leerlo en el contexto de ajuste a la salud pública como una definición política. Hace dos años que están discontinuados los reactivos de la carga viral y el CD4, que son análisis que debemos hacernos cada cuatro meses para ver nuestra cantidad de virus en sangre”, expresa el presidente de la fundación. “Si en cuatro años se repite una situación de faltantes, si renuncian tres Directores nacionales de sida, si faltan vacunas y vacían los programas de salud comunitaria, está claro el tipo de salud pública que eligen para el país. Estamos yendo hacia una privatización de la salud pública y la consecuencia es que se va a ver afectada la salud de un gran número de personas”

Gracias al trabajo del Observatorio de Acceso y Compras Públicas se detectó que se siguen comprando medicamentos a empresas multinacionales a precio de dólar. “Cuando se disolvió el Ministerio de Salud y se creó la Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo, se ajustó el presupuesto a la Dirección de Sida en un 40% si se tiene en cuenta el precio del dólar cuando se debatió el proyecto, que era de $19”, explica Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP. “Teniendo en cuenta un dólar por encima de los $40 la Dirección de Sida necesita 5.200 millones de pesos y el presupuesto contempla 3.100 millones, 2  mil millones de pesos menos”.

En octubre del año pasado, mientras se debatía el presupuesto destinado a la Dirección de Sida para el 2019, la Fundación denunció que, de aprobarse, más de 15 mil personas se quedarían sin tratamiento. Como expresa Di Giano, las consecuencias de estas políticas ya comenzaron a sentirse. “Las personas están yendo a hospitales y centros de salud donde se atienden y les están dando la medicación de manera fraccionada”.

De las 120 mil personas VIH+ en Argentina, el boletín epidemiológico 2018 del ex Ministerio de Salud informó que 7 de cada 10 se atienden en el sistema de salud pública. “Por otra parte”, continúa Di Giano, “los médicos se están viendo obligados a cambiar la droga de los tratamientos por otras que sí hay en stock, pero los cambios de un cóctel a otro solo deben realizarse por criterios puramente clínicos, porque el médico considera que la persona tiene que cambiarlo por efectos adversos, o puede tener consecuencias. También hay queja por faltantes en las obras sociales”.

Cartel pegado en la farmacia del Hospital Muñiz

“Si no accedemos a medicación el virus se replica”

“Los tratamientos que existen para personas con VIH son limitados y si un tratamiento se deja de tomar, puede que no sirva más para esa persona”, cuenta Matías Muñoz, integrante de la Asociación Ciclo Positivo. “Las personas con VIH tenemos que acceder a la medicación porque sino el virus se replica y puede generar resistencias en ese tratamiento y también en toda la familia de ese tratamiento. Por eso es gravísimo el hecho de que una persona no tenga acceso a una medicación o se la cambien por otra”.

Hoy, Argentina se rige por una ley de sida que data del año 1990 que obliga al Estado a garantizar que todos los sistemas de salud puedan proveer gratuitamente a las personas positivas con los medicamentos necesarios para su tratamiento. “Desde 2016 presentamos un proyecto de modificación de esta ley para garantizar, también, que el Estado fomente la producción pública de la medicación para que no pueda tener la excusa de falta de presupuesto o falta de previsión en las compras. Hoy, como expresan los datos publicados por la Fundación GEP, no hay transparencia en esos números. Si se hubiera aprobado el proyecto de ley de VIH, hubiera favorecido a muchísimas personas”.

Para Camila Arce, integrante de la Mesa Positiva de Rosario, la ley de 1990 fue muy progresista para su momento pero no hablaba de calidad de vida de las personas VIH+. “La ley solo hablaba de acceso a medicamentos, aunque en un momento en el que no había medicamentos. Pero hay ciertas lagunas y baches respecto a los derechos. El nuevo proyecto de ley fue escrita, diseñada y reformada por personas viviendo con VIH de todo el país y se enmarca en un enfoque de Derechos Humanos con una perspectiva puesta en la calidad de vida”.

“Cuando a una persona con VIH le falta la medicación, que es lo que está pasando ahora, tiene miedo. Y es totalmente válido. Hay una especulación del mercado con el tema de los medicamentos y cuando vas a la farmacia te dan la mitad de la mitad de la medicación, o te cambian el esquema porque no saben si de acá a dos semanas va a haber medicación, y eso hace que peligre nuestra salud”, agrega. “Se pierde una calidad de vida que nos costó mucho tiempo conseguir”.

Fuente Agencia Presentes

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El estado de Arizona ha derogado una ley que desde 1991 prohibía presentar de forma positiva la homosexualidad en las escuelas. La presentación de una demanda judicial ha acelerado la derogación de la ley, una decisión que en este caso ha sido compartida por legisladores demócratas y republicanos (aunque varios de estos últimos se han opuesto) y por el gobernador del estado, el republicano Doug Ducey. Todavía quedan otros seis estados en Estados Unidos con legislaciones similares.

La norma fue aprobada en 1991, y tenía como objeto regular la forma en la que las escuelas daban formación a sus alumnos sobre el VIH/sida. Era una época en la que la pandemia se cobraba miles de vidas y las administraciones públicas estadounidenses comenzaban a introducir formación en las escuelas para combatirla. Sin embargo, el temor a que una mayor educación sexual se tradujera en una mayor información sobre las relaciones homosexuales llevó a que diversos estados implementaran limitaciones como la ahora derogada. La ley de Arizona, en concreto, prohibía de forma expresa «promover un estilo de vida homosexual», «presentar la homosexualidad como un estilo de vida alternativo positivo» y «sugerir que algunas prácticas sexuales son prácticas seguras de sexo homosexual».

Los legisladores republicanos de Arizona, un estado tradicionalmente «rojo» (proclive a votar republicano), se habían resistido durante años a derogar la norma, denunciada por el activismo LGTB estadounidense junto a otras similares de Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas. La presentación, el pasado 28 de marzo, de una demanda por la organización Equality Arizona ante una corte federal en representación de dos estudiantes LGTB, uno de primaria y otro de secundaria, alegando que la norma violaba la protección igualitaria de sus derechos que garantiza la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ha precipitado sin embargo los acontecimientos. La demanda contaba, por una parte, con el apoyo de la superintendente de Educación de Arizona, un cargo de elección directa que en estos momentos ocupa la demócrata Kathy Hoffman, y que paradójicamente era una de las demandadas. Por otra parte, el fiscal general del estado, Mark Brnovich, decidía, pese a su filiación republicana, que no defendería la ley ante la justicia federal.

Una situación comprometida que vaticinaba una derrota judicial, y ante la que la legislatura de Arizona, en cuyas dos cámaras los republicanos tienen ligera mayoría, decidía mover ficha derogando la ley. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes, el pasado miércoles, por 55 votos contra 5. Un día, el pasado jueves, lo hacía el Senado, por 19 a 10. Ese mismo día el gobernador Doug Ducey estampaba su firma sobre la reforma.

La decisión ha sido ampliamente saludada por los grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, que esperan que pueda servir para mejorar tanto la formación que los escolares reciben sobre VIH/sida como, de forma más general, la vida de los menores LGTB, que se veían privados de una representación positiva de la realidad homosexual. La batalla sigue viva, no obstante, en otros seis estados del sur que todavía mantienen legislaciones similares, los ya mencionados Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha hecho públicos los datos (actualizados a junio de 2018) sobre vigilancia epidemiológica del VIH/sida, referidos al año 2017 (puedes descargarlos aquí). Y no son precisamente buenos. En 2017 se notificaron 3.381 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en años precedentes. Se estima que la tasa para 2017 será de 8,82 casos por 100.000 habitantes cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos (todavía superior a la media de la Unión Europea y de otros países de Europa occidental). Casi la mitad, el 47,8% de los nuevos diagnósticos, siguen siendo tardíos. 

El 84,6% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2017 se produjeron en hombres. La mediana de edad fue de 35 años. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) sigue siendo la más frecuente, con un 54,3% de los casos, seguida de la transmisión por vía sexual heterosexual (28,2%) y de la que se produce en usuarios de drogas inyectadas (un 3,1%). El término «HSH» se utiliza a menudo cuando se habla de prevención, dado que hay hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres pero prefieren no identificarse a sí mismos como gais o bisexuales.

Por lo que se refiere al momento en que se produjeron, el 47.8% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, es decir, presentaban ya una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/µl en el primer análisis tras el diagnóstico. No está de más recordar, una vez más, que el diagnóstico precoz es clave para poder iniciar tratamiento cuando antes con antirretrovirales y combatir así tanto el desarrollo de la enfermedad como las nuevas transmisiones del virus. Es importante insistir, además, en que cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable ya no transmite el virus. Algo que muchas personas aún desconocen.

Sin comparamos los datos de 2017 con los de 2016, lo cierto es que apenas se reflejan cambios. Si en lugar de mirar solo un año se examina todo el periodo 2009-2017, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, la tendencia global es solo «ligeramente descendente», con un mayor descenso en los casos atribuidos a uso de drogas inyectadas y a relaciones heterosexuales. Otro dato a tener en cuenta durante el periodo 2009 a 2017, referido ya solo a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, son los incrementos de los nuevos diagnósticos en el grupo de edad de 30 a 34 años entre 2009 y 2013 y en el de 25 a 29 años entre 2009 y 2015, que se han seguido de una estabilización a partir de esa fecha.

CESIDA advierte: «seguimos fallando» en prevención

«La prevención es donde seguimos fallando», se ha lamentado el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), Ramón Espacio, que ha reclamado que no demore por más tiempo la autorización en España de la profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva de alta eficacia. Hace pocas semanas, por ejemplo, recogíamos como la implementación de la PrEP ha permitido la caída de un 25,1% en el número de nuevas transmisiones del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

La PrEP consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa hay un medicamento autorizado con tal fin: Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que la Organización Mundial de la salud ha incluido en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso con esta indicación. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde en 2017 a la fabricación de un genérico.

Como cualquier otra medicación, la PrEP tiene contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar (de hecho, ya han sido comunicados varios casos de «fallo»). Pese a lo cual su eficacia es muy alta, por lo que los especialistas en la materia la consideran ya una de las principales herramientas de prevención en aquellos grupos especialmente vulnerables en los que es ya evidente que las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) no han dado el resultado deseado. Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación, como Bélgica, Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega o Portugal. Otros países, en cambio, van más retrasados, y están todavía evaluando o a la espera de evaluar esta estrategia de tratamiento.

En España, existe un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en el que se propone una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas. Hay además en marcha un programa piloto, que está previsto se extienda hasta finales de este año. A principios de este mes de noviembre, de hecho, la la secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo, anunciaba que estaría disponible «en breve».

Esperemos que así sea, porque como el propio documento del Ministerio reconoce, las personas interesadas en la utilización de la PrEP la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento alguno.

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Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

El Gobierno acuerda eliminar de las causas de exclusión para el acceso al #empleopúblico enfermedades como: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis.
⛑😷Acabando así con la discriminación que venían soportando más de 7 millones de personas.#CMin pic.twitter.com/vTCPhRhvCv

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de noviembre de 2018

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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Ya hace días que explicamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

Es asombrosa la inexistente reacción de los colectivos LGTB+ que se lanzaron en tromba a manifestarse frente a las embajadas rusas cuando ocurrió más o menos lo mismo en Chechenia.

A la que esta vez parece que no tenemos que esperar mucho rato es a la comunidad internacional, que aunque en el caso de Chechenia ni estuvo ni se la esperaba, en el caos de Tanzania sí han empezado a mover ficha.

Primero fue la mismísima Unión Europea la que llamó a consultas a su embajador en Dar es Salaam, Roeland van de Geer, y emitió un comunicado denunciando “el deterioro en materia de derechos humanos” en Tanzania. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó a la embajada americana en el país que emitiera una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos que revisaran sus perfiles en redes sociales, porque Makonda ya anunció que no se iba a amilanar a la hora de monitorizar comunicaciones privadas para “detectar” a los homosexuales.

Ahora Tanzania se acaba de llevar un golpe mucho más duro que una consulta a un embajador o una alerta de seguridad. El gobierno de Dinamarca, el segundo país que más ayudas inyecta en el país (unos 53 millones de dólares solo el año pasado), ha anunciado que no seguirán ayudando económicamente al país. Según Ulla Tørnæs, ministra de desarrollo danesa, el país está muy preocupado por “el desarrollo negativo” del país africano,  ha condenado los comentarios homófobos e “inaceptables” de sus responsables políticos y ha anunciado que retiran una ayuda de 10 millones de dólares. “El respeto a los derechos humanos es de suma importancia para Dinamarca“, aseguró Tørnæs

Pero Tanzania no ha perdido solo 10 millones de dólares. Aunque no ha sido por el caso de la “purga” gay, el Banco Mundial ha decidido cancelar los planes de un préstamo de 300 millones de dólares al país; por un lado porque Tanzania ha decidido prohibir que las jóvenes embarazadas vayan a la escuela o al instituto (y también que vuelvan después de dar a luz) y por otro lado por la ley sobre estadística que el país aprobó en septiembre y que convierte en un crimen que se cuestionen los datos que proporciona el gobierno.

Lo de los gobiernos de los países homófobos que dependen de ayudas internacionales para que su población no se rebele contra ellos es, cuando menos, curioso. En sus discursos siempre acusan a los países occidentales de querer “imponer” sus nuevas costumbres (los derechos LGTB+), y las rechazan de pleno… Pero no tienen ningún problema a la hora de aceptar nuestro dinero occidental. Alguien debería tomar nota de eso.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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Diez hombres fueron detenidos en el archipiélago tanzano de Zanzíbar pocos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, hiciera un llamamiento para que los ciudadanos denunciasen a quienes consideraran sospechosos de ser homosexuales. Las detenciones se produjeron tras una redada policial en una supuesta «boda gay», aunque posteriormente todos los implicados fueron puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas. Las autoridades policiales, sin embargo, declaran que continuarán con la investigación y no descartan que vuelvan a ser detenidos. La defensa, por su parte, teme las represalias policiales hacia sus defendidos y el grave estigma social del que serán objeto. No obstante, el Gobierno tanzano ha querido distanciarse del llamamiento y las declaraciones homófobas del comisionado Makonda, al señalar que se trata de «su opinión personal», mientras aboga por el respeto a los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos tanzanos.

El sábado 3 de noviembre tuvo lugar una redada policial en la isla de Unguja, la mayor del archipiélago tanzano de Zanzíbar, en lo que se había denunciado como una supuesta fiesta de celebración de una «boda gay». Diez hombres fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición policial. Permanecieron privados de libertad hasta el 8 de noviembre, día en el que el jefe regional de la Policía de Unguja, Suleiman Hassan, comunicó su liberación, dado que «hemos estado investigando este caso como se nos informó, pero hasta el momento no hemos encontrado evidencia de actos ilegales». Sin embargo, también aseguró que «continuamos con nuestra investigación y, si encontramos evidencia, podrían ser detenidos de nuevo y acusados».

Efectivamente, el abogado de los detenidos expresaba su temor a una nueva detención. «He lidiado con muchos de estos casos y dado el alto nivel de homofobia en el país, no creo que esto sea el final para mis clientes», afirmaba, «es probable que sean acosados y arrestados nuevamente». Precisamente por esa homofobia social que denunciaba, el defensor no quiso facilitar su nombre por temor a las represalias. Sea cual sea el resultado final de la investigación y el proceso, los diez detenidos ya se deben enfrentar al estigma y el oprobio social.

La redada se produjo tan solo unos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, pidiera a la población que denunciara a todas aquellas personas sospechosas de ser homosexuales para que fueran detenidas e investigadas por un «equipo especial» de las fuerzas de seguridad. Pocos días después se habrían recibido más de 5.000 mensajes de denuncia y las autoridades de Dar es-Salaam contarían ya con más de 100 nombres en la lista.

La reacción internacional a esta amenaza de «caza de homosexuales» fue inmediata. Por ejemplo, la Unión Europea comunicó que revisaría sus tratados con Tanzania tras esta vulneración de los derechos humanos. Como consecuencia, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania se emitió el siguiente comunicado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación con África Oriental, en nombre del Gobierno de la República Unida de Tanzania, desea informar a su pueblo y a la comunidad internacional a través de los medios locales e internacionales acerca del problema de la homosexualidad abordado recientemente por el excelentísimo comisionado regional de Dar es-Salam. En su reunión con los medios de comunicación, el excelentísimo comisionado regional anunció una campaña para hacer frente a los actos homosexuales en la ciudad de Dar es-Salaam. El Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aclarar que esa es su opinión y no la posición del Gobierno. Además, el Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aprovechar esta oportunidad para recordar e insistir en que continuará respetando todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado y ratificado. Tanzania seguirá respetando y protegiendo los derechos contenidos en la Constitución de la República Unida de Tanzania.

A pesar de este distanciamento forzado del Gobierno tanzano, lo cierto es que el llamamiento de Makonda no ha sido más que la última abatida de la ola de homofobia de Estado en Tanzania, que está alcanzando cotas sin predecentes. Hace poco más de un año el entonces ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. «Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales (…) que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales», aseguraba. Días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas, de la mano del mismo Paul Makonda, que parece decidido a utilizar la homofobia de la población como instrumento para encumbrarse políticamente. El comisionado de Dar es-Salam anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales. En octubre de 2017 se tuvo noticia de la detención de doce hombres en un hotel.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre pasado nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: el Ministerio de Sanidad comunicaba, también en el verano de 2016, la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales, argumentando que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH. En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país. Y hace dos años el entonces viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno protegería los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que «no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida». Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de varios ciudadanos tanzanos, acusándoles de «promover la homosexualidad» a través de las redes sociales.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

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Ya hace semanas que os hablamos de la “purga” gay que el gobernador de la región de Dar es Salaam, Paul Makonda, decidió poner en marcha el pasado 5 de noviembre. Por ahora no parece que haya mucha gente manifestándose frente a los consulados del país como sí se hizo cuando ocurrió lo mismo en Chechenia, pero seguro que es por causas ajenas a la organización y no porque en Tanzania sean negros y en el fondo todos somos un poquito racistas o porque Chechenia tiene relación con Putin y joder, qué mal nos cae Putin a todos.

Makonda pidió a la población que denunciara a cualquiera que sospecharan que era homosexual, y formó un equipo de 17 “expertos” que se encargarían de comprobar si la acusación era cierta (realizando un examen anal, una práctica absurda, discriminatoria e inhumana que muchos países están dejando de utilizar para detectar gais); para luego no matarlos ni torturarlos sino “curarlos”. A base de más torturas, claro.

A pesar de que, según Amnistía Internacional, la policía del país ya ha arrestado (como mínimo) a 10 hombres sospechosos de ser gais; el Ministro del Interior del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, aseguró a la prensa que en su país todo el mundo está a salvo: “Tanzania es un lugar seguro y nadie puede decir lo contrario sin tener toda la información. Si alguien siente que su vida está amenazada, debería ir a la policía y no he recibido ninguna información por parte de la policía que demostrara la vulnerabilidad de ninguna persona“.

Parece un chiste, pero es real. Y luego que para qué seguimos celebrando el Día del Orgullo LGTB+.

Fíjate si las declaraciones del Ministro son absurdas (y falsas) que él mismo se contradijo un par de días después al dirigirse al Parlamento del país y asegurar que, con respecto a la homosexualidad, Tanzania “no es el lugar adecuado para ese tipo de actos, nunca permitiremos que ocurran esas cosas. Tenemos leyes que prohíben esas cosas.”

Independientemente de las atrocidades que Makonda y el gobierno tanzano (que dijo públicamente que se distanciaba de la “purga” pero no piensa hacer nada para evitarla), el país castiga la homosexualidad con la cadena perpetua. Es a lo que, probablemente, se enfrenten los 10 detenidos de hace unos días cuyo abogado teme que, a pesar de estar en libertad bajo fianza, vuelvan a ser perseguidos y acosados por la policía.

La misma policía que responde ante el ministro de interior del que te hablamos en esta noticia. Luego se extraña de que no le lleguen informes de violencia policial contra personas LGTB+.

Fuente | Pink News, vía HazteQueer

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El pasado sábado publicábamos que Paul Makonda el gobernador de Dar es Salaam (la capital económica de Tanzania y la ciudad más poblada del país) había dado orden de comenzar una “purga” gay con la intención de arrestar a todas las personas homosexuales y “curarlas”. Makonda dio orden a todos los ciudadanos de reportar a la policía a cualquier persona que supieran (o creyeran) que era homosexual, además de haber comenzado ayer mismo la monitorización de todas las comunicaciones vía internet para identificar a los homosexuales.

Aunque el propio gobierno del país está liderado por un señor profundamente homófobo como es John Magufuli, desde el Ministerio de Exteriores han emitido un comunicado desmarcándose de las palabras de Makonda. “Queremos clarificar que el Sr. Makonda solo estaba expresando sus opiniones personales, las cuales no representan la posición oficial de la República Unida de Tanzania“, explica el comunicado, que añade: “La República Unida de Tanzania continuará respetando y defendiendo los derechos humanos tal y como provee la Constitución del país“.

Aunque al gobierno no le gusten las palabras de Makonda (o eso digan de cara a la galería internacional), tampoco parece que vayan a hacer mucho por pararle los pies. Los que sí se han puesto las pilas han sido los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la embajada norteamericana en Tanzania emitieron el pasado viernes una alerta de seguridad que recomendaba a todos los ciudadanos americanos revisar sus perfiles en redes sociales para asegurarse de que eliminan o protegen las imágenes que pueden ir en contra de la prohibición de la homosexualidad en el país.

La nota, además, recomienda a todos los ciudadanos que en caso de ser requeridos por las fuerzas de seguridad del país exijan que se avise a la embajada, algo que como la propia embajada reconoce no se hace “de forma habitual“.

Por su parte la Unión Europa ha llamado a consultas a Roeland van de Geer, el embajador del organismo en Dar es Salaam, y además ha emitido un comunicado en el que se lamentan “del deterioro en materia de derechos humanos y aplicación de la ley en Tanzania” y anuncian “una revisión en profundidad de las relaciones con Tanzania“.

Oficialmente la “purga” gay en la región de Dar es Salaam comenzó el lunes 5 de noviembre, aunque según el gobierno de la ciudad ya han recibido más de 10.000 mensajes de ciudadanos preocupados que han hecho circular fotos, nombres, datos y direcciones de los sospechosos de ser homosexuales. “Si conoces a un homosexual, debes denunciarlo a la policía“, dijo Paul Makonda a la prensa, “Nadie puede escapar“.

Se cree que, ahora mismo, el gobierno de Makonda ya tiene en su poder los nombres de 100 personas acusadas de ser homosexuales que podrían ser detenidas en breve.

Como varias organizaciones LGTB+ del país están denunciando, la intención de Makonda no es la de asesinar, encarcelar o expulsar a las personas homosexuales sino torturarlas para “curar” su homosexualidad; algo que el propio gobernante ha reconocido en una entrevista. Para ello Makonda ha formado un grupo de 17 personas (entre las que hay varios “psiquiatras” y “doctores” que realizarán exámenes anales a los sospechosos de ser homosexuales) para llevar a cabo esta “purga”: “Tenemos un equipo de doctores y psicólogos que les ayudarán a cambiar“.

Makonda además está decidido a ignorar completamente las preocupaciones de la comunidad internacional, avisando de que “prefiero enfadar a esos países que a Dios” y asegurando que el sexo gay “socava los valores morales de los tanzanianos y de nuestras religiones cristiana y musulmana“.

Fuente Gay Star News – Pink News, vía HazteQueer

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