El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre de 2017 nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: el Ministerio de Sanidad comunicaba, también en el verano de 2016, la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales, argumentando que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH. En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país. Y hace dos años el entonces viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno protegería los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que «no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida». Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de varios ciudadanos tanzanos, acusándoles de «promover la homosexualidad» a través de las redes sociales.

En noviembre de 2018 explicábamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor. No obstante, los países donantes han empezado a reaccionar y la “purga” gay le está costando a Tanzania mucho dinero en ayudas internacionales…

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».