Cuando alguien  dice que la igualdad ya está conseguida, que no hay diferencia entre las familias tradicionales y las familias homoparentales… vemos noticias como esta. No, la igualdad, no está conseguida. 

A diferencia de otra familia que intente adoptar, una familia heterosexual, han tenido que enfrentar 4 años de espera y 36 evaluaciones psicológicas para por fin considerarlos aptos para la adopción de un niño.

Este proceso, que a ellos les ha tomado 4 años, dura como mucho 9 meses. Es la segunda vez que a una pareja del mismo sexo se le permite adoptar. Las primeras fueron una pareja de lesbianas, con ellas tardaron 3 años.

Después de un proceso que inició a principios de 2017, Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias se convierten en la primera pareja homoparental en adoptar a un menor en Baja California.

Además de este largo proceso, cumplieron con 36 terapias psicológicas, 2 amparos, y 4 años de un proceso que debió durar solo 9 meses, conforme lo dispone el artículo 908Bis Código Civil de Baja California.

 Ambas parejas empezaron juntas, en 2017. A fines de 2020 ellas pudieron adoptar a una niña, y ahora, el 30 de marzo, el juez autorizó a Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias a formar una familia junto a un niño. Así se los notificó este viernes el DIF estatal, donde les informó que se les asigna un menor dentro del proceso de adopción.

Es así como la ahora familia se convierte en la primera en estar conformada por dos padres varones en la entidad.

Lo de formar familia no lo han tenido fácil desde el principio. En 2015 intentaron casarse después de 3 años y medio de lucha, después de que los denunciaran por “padecer de locura”, los acusaran de buscar ‘cinco minutos de fama’, les impidiearan –en cuatro ocasiones– casarse e incluso una vez los desalojaran del registro civil de Mexicali con el pretexto de una “amenaza de bomba”.

Pero lo consiguieron. Y fueron la primera pareja gay que pudo casarse en la Baja California. Su matrimonio y su adopción han tenido que lucharlas arduamente, hasta salir victoriosos.

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El alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, derecha, felicita a Víctor Fernando Urías, centro, y Víctor Manuel Aguirre después de que estos últimos contrajeron matrimonio en la primera boda entre homosexuales celebrada en esta ciudad fronteriza del estado mexicano de Baja California, México, el sábado 17 de enero de 2015. El matrimonio se realiza después de año y medio de batalla legal en la que las autoridades locales, incluyendo el alcalde intentaron detenerlo. Alex Cossio Foto AP

Alrededor de 200 personas atestiguaron la primera boda gay en Baja California. Una unión civil entre Victor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el ayuntamiento panista suspendió en dos ocasiones, lo que provocó una denuncia por inejecución de sentencia y un recurso de acto reiterado. Los contrayentes afirmaron que el pleito abierto contra Baja California por negarse a casarlos no “fue personal, fue un pleito jurídico”. En este sentido señalaron que sólo defendieron sus derechos y que gracias al esfuerzo ciudadano lograron casarse.

 Cabe recordar que un juez de primera instancia de esta ciudad determinó improcedente una denuncia de impedimento del matrimonio entre personas del mismo sexo que presentó la Asociacion de Familias de Baja California, por considerar que los solicitantes tienen “locura”. El abogado José Luis Marquez indicó que para esta unión civil influyó la presión que se hizo en redes sociales y la declaración de organizaciones de revelar la lista de preferencias sexuales de políticos y religiosos de Baja California. A manera de celebración, manifestantes izaron la bandera del orgullo gay en la explanada del ayuntamiento de Mexicali

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Prosigue el goteo de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario en México, en un proceso que parece imparable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicas este mes de junio dos sentencias que vuelven a considerar inconstitucional la prohibición de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo en dos nuevos estados, Colima y Baja California.

La más reciente de las sentencias, conocida esta misma semana, es la de Baja California. La Suprema Corte examinaba el amparo interpuesto por Víctor Manuel Espinoza y Víctor Fernando Urías, una pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Mexicali negó el matrimonio, ya que la legislación del estado solo autoriza el matrimonio entre un hombre y una mujer, e incluso lo vincula con la perpetuación de la especie. El alto tribunal considera sin embargo que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, al dar un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega además de forma expresa que la perpetuación de la especie o el formar una familia con hijos sea la finalidad jurídica del matrimonio.

Pocas semanas antes la Suprema Corte había emitido un fallo similar referido a otra pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Colima (estado de Colima) había negado también su derecho a contraer matrimonio.

La Suprema Corte de Justicia ha entrado en juego

Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se viene pronunciando a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo. En marzo recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres. Michoacán seguía los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró en diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Sentencias similares se habían producido ya en otros estados, como Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán, y también en Baja California y Colima.

Podemos considerar sin embargo que se ha pasado ya a una nueva fase, al comenzar a conocerse sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de Oaxaca, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace más un año. Ahora se han conocido las sentencias referidas a Colima y Baja California. Y hace poco más de dos meses la Suprema Corte fallaba a favor de 39 personas homosexuales residentes en el estado de Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia especialmente importante, en tanto que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte, que tiene pendiente estudiar un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace cuatro años y medio, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio del año pasado en la propia Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que posiblemente serán superados por la acumulación de jurisprudencia en favor del matrimonio igualitario en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urías serán la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Baja California

La Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que esas disposiciones atentan contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo.

La Primera Sala de la SJCN concedió el amparo a Víctor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urías, una pareja homosexual a la que el Registro Civil del estado le negó el derecho a unirse en matrimonio civil al señalar que éste sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer para perpetuar la especie humana.

En su proyecto de sentencia, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo concedió el recurso al “estimar inconstitucional e inconvencional los artículos mediante los cuales se les negó su solicitud de matrimonio”.

Al determinar la inconstitucionalidad referida, la Primera Sala argumentó que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo”. Además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, aseveró.

La SCJN declaró inconstitucionales los artículos 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 143 y 144 del Código Civil estatal, que conciben al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, y vinculan su finalidad con la perpetuación de la especie.

El amparo fue concedido a dos personas del sexo masculino que presentaron su solicitud de matrimonio ante la Oficialía del Registro Civil del municipio de Mexicali, que la consideró improcedente, por lo que promovieron un amparo.

Con dicho recurso procede la solicitud de matrimonio presentada por la pareja, además de que las disposiciones declaradas inconstitucionales no podrán aplicarse a los beneficiarios del amparo.

Fuente Cáscara Amarga

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