El Tribunal de Apelaciones de las Islas Caimán ha resuelto a favor del Gobierno insular y ha revertido la sentencia que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. De esta manera, en el territorio británico vuelve a estar vigente la legislación que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A su vez, el Tribunal de Apelaciones ha ordenado a las autoridades ejecutivas que creen una figura legal que otorgue derechos a las parejas del mismo sexo, aunque no fija un plazo determinado, sino que urge a que se realice con la mayor celeridad posible. De esta manera, las personas LGTB de las Islas Caimán ven cómo pierden un derecho que se les había reconocido.

El pasado mes de marzo, el Alto Tribunal de las Islas Caimán dictaminaba a favor de Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, que habían presentado una denuncia en abril de 2018 por habérseles denegado en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. El presidente del Alto Tribunal, el juez Anthony Smellie, resolvió que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo era contraria a la Constitución de las Islas Caimán.

El juez Smellie también ordenó en su sentencia que el Gobierno reformase el artículo de la Ley de Matrimonio que definía la institución como «la unión entre un hombre y una mujer» para que quedase calificado como «la unión de dos personas como cónyuges». Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la decisión del Alto Tribunal y presentó el correspondiente recurso en el mes de agosto.

Tras estudiar el recurso y dar audiencia a las partes, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto a favor del Gobierno y ha anulado la sentencia del Alto Tribunal, al considerar que la legislación sobre el matrimonio sí se ajustaba a la Constitución de las Islas Caimán. Sin embargo, también ha ordenado al Gobierno que otorgue a Chantelle Day y Vickie Bodden Bush los mismos derechos que a una pareja legalmente casada. Asimismo, insta a que se cree con la mayor celeridad una figura legal que otorgue a las parejas del mismo sexo derechos semejantes a los del matrimonio, como podría ser una ley de uniones civiles.

El Tribunal de Apelaciones también ha solicitado a las autoridades del Reino Unido que vigilen que el Gobierno caimanés articule la citada legislación y, en caso de no hacerlo, que legisle al respecto, al hacer constar que el Gobierno no había cumplido la orden dictada anteriormente por el Alto Tribunal. Sin embargo, no fija un plazo determinado para que intervengan las autoridades británicas.

El abogado de las demandantes, Ben Tonner, ha declarado que ambas están estudiando qué pasos van a seguir desde ahora, aunque «son conscientes de que la sección 26(3) de la Carta de Derechos les da el derecho de apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado sobre el asunto del matrimonio». Se trata de la más alta instancia de apelación para los ciudadanos del Reino Unido y de sus territorios.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017) y Bermudas (2018).
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• En febrero del 2020 entrará en vigor en Irlanda del Norte, después de que la Cámara de los Comunes aprobase una legislación que establecía que, de no formarse Gobierno en Irlanda del Norte antes del 21 de octubre, el ejecutivo británico debería aprobar de inmediato el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese territorio.

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de las Islas Caimán ha dictaminado que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo es inconstitucional. Asimismo, ha ordenado al Ejecutivo que modifique la Ley de Matrimonio para que lo defina como «la unión de dos personas como cónyuges». Aunque la orden es de obligado cumplimiento, la Fiscalía estima que el Gobierno deberá tomarse su tiempo para considerar la sentencia. Aun así, un nuevo territorio británico de ultramar se suma a la igualdad de derechos para las parejas LGTB.

La sentencia del Alto Tribunal es el resultado de la denuncia presentada en abril de 2018 por la caimanesa Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, a quienes se les denegó en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. Tras escuchar los argumentos de la defensa de las denunciantes y de la Fiscalía General, el presidente del Alto Tribunal, Anthony Smellie, ha resuelto que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo es contraria a la Constitución de las Islas Caimán. Y lo ha hecho con estas contundentes palabras:

Este Tribunal está obligado a no permitir que la violación de los derechos de las demandantes continúe sin una reparación. La Constitución, en su requisito obligatorio de que la ley sea sometida a conformidad, debe prevalecer. Las demandantes y su hija tienen derecho a que el Tribunal ponga fin de inmediato a las indignidades a las que han sido sometidas.

Lo cierto es que la nueva Constitución del archipiélago, aprobada en 2009, solo se refiere al matrimonio cuando estipula que se debe «respetar el derecho de todo hombre o mujer solteros a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto y formar una familia». Pero en realidad ni define el matrimonio ni lo prohíbe expresamente a las parejas del mismo sexo. La definición queda recogida en el artículo 2 de la Ley de Matrimonio, que lo describe como «la unión entre un hombre y una mujer».

El juez Smellie ha ordenado también que se reforme ese artículo para que el matrimonio quede definido como «la unión de dos personas como cónyuges». El Gobierno debe cumplir con ese dictamen, aunque parece que hay alguna reticencia por parte del fiscal General, Samuel Bulgin, quien a la salida del tribunal declaraba que «comprensiblemente, el Gobierno tendrá que tomarse un tiempo para considerarlo y pensar en cómo seguir adelante». Durante el juicio, Bulgin abogó por la creación de una ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, aun considerando que esa era labor del Legislativo.

Como antecedente, en las Islas Caimán eran reconocidos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países a efectos de consecución de un permiso de trabajo, mediante una sentencia del Tribunal de Apelaciones que adoptaba el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien la justicia caimanesa está sujeta.

Con esta sentencia, y en espera de que el Gobierno acate la orden del Tribunal, las Islas Caimán se suman a los territorios británicos de ultramar donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales. La situación actualmente está estancada, por falta de Gobierno, y la vía judicial ha quedado cerrada.

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