Los estados de Maryland y Hawái, se han convertido, respectivamente, en el 11º y el 12º de ese país (sin contar a Washington D.C., la capital federal) en vetar las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad. Intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas y contra las ya antes se han pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otros países del mundo también han aprobado o discuten su prohibición.

Ambos proyectos de ley (puedes descargar aquí el de Maryland y aquí el de Hawái) son similares a las leyes ya aprobadas en otros estados norteamericanos. Prohíben el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores, así como toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Los profesionales sanitarios (médicos, psicólogos u otros) que lleven a cabo estas prácticas en menores o las publiciten como efectivas se enfrentarán a sanciones que pueden acarrear la pérdida de su licencia.

La propuesta de Maryland fue aprobada por el Senado por 34 votos a 12 el pasado 24 de marzo y por la Cámara de Delegados por 95 a 27 unos días después. El gobernador republicano Larry Hogan ha anunciado que firmará la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Durante su tramitación, la delegada abiertamente bisexual Meagan Simonaire sorprendió al revelar que su padre, senador republicano, le aconsejó buscar terapia cuando se enteró de su orientación sexual. Simonaire, también republicana, hizo un llamamiento por un amplio apoyo bipartito a la medida.

En Hawái, el proyecto fue aprobado por el Senado del estado, compuesto solo por demócratas, por 24 votos a favor y solo uno en contra (el de Mike Gabbard, conocido por sus posiciones LGTBfobas). Posteriormente recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde solo recibió dos votos en contra (de sendos republicanos). Durante su tramitación se introdujeron enmiendas para que la prohibición se extienda no solo a las «terapias» que pretendan cambiar la orientación sexual de un menor, sino también las que persigan modificar su identidad o expresión de género. Solo queda pendiente la firma por el gobernador David Ige, demócrata, que se da por segura. La entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Como anunciábamos el pasado mes de marzo, el estado de California podría experimentar en breve un importante avance en la lucha contra las peligrosas «terapias» reparadoras de la homosexualidad. La Asamblea de ese estado ha dado su visto bueno a un proyecto de ley que incluye la promesa de modificar la orientación sexual de una persona en la lista de servicios fraudulentos a los consumidores. La base de la propuesta es simple: si de acuerdo a la evidencia científica esta modificación no es posible, prometerlo supone un fraude. 

Haciendo un poco de historia, conviene precisar que California ya fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad allá por por el año 2012, no sin controversia. Le siguieron después Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Vermont, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C.,  Connecticut, Nevada,  Rhode Island   y Washington, así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati . Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

La iniciativa que ahora se abre paso en California, sin embargo, supone una novedad respecto a todas estas leyes, cuyo objetivo es la protección de los menores, pero que dejan campo libre a la aplicación de este tipo de intervenciones en mayores de edad a los que se les reconoce la capacidad de consentir libremente sobre ellas. Ahora el foco se pone sobre el hecho de que este tipo de intervenciones supone un fraude, ya que se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, y por tanto no podrán anunciarse ni ofrecerse como parte de ninguna cartera de servicios con la promesa de conseguir «revertir» la orientación homosexual. Se trata, en este sentido, de proteger los derechos de los ciudadanos como consumidores.

El proyecto de ley, cuyo promotor es el representante demócrata Evan Low, fue aprobado el pasado 19 de abril por la Asamblea de California por 50 votos a favor (la mayoría demócratas) y 18 en contra (todos ellos republicanos). Se registraron además 10 abstenciones/ausencias. Ahora debe ser discutido en el Senado estatal, donde los demócratas cuentan también con una cómoda mayoría. Es previsible, por tanto, que se convierta en ley (nadie espera que el Gobernador, el demócrata Jerry Brown, la vete), y más teniendo en cuenta que goza del respaldo de organizaciones profesionales como la Academia Americana de Pediatría o la Asociación de Psicólogos de California.

En Europa, Malta fue pionera contra estas «terapias»

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El pequeño estado de Rhode Island, en Nueva Inglaterra, se ha incorporado esta semana a la lista de territorios estadounidenses que ya prohíben las peligrosas e inútiles “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad. Este año 2017, de hecho, son ya cuatro los estados que han aprobado leyes en ese sentido: Nuevo México, Connecticut y Nevada lo han hecho en los meses previos. Una medida de la que en Europa Malta ha sido pionera. 

California fue el primer estado del país que en 2012, no sin controversia, aprobó la prohibición de las “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregón e Illinois en 2015 y Vermont, el año pasado.

Este año, Nuevo México fue el primer estado en sumarse a la lista. Lo hacía en abril, después de que Susana Martinez, gobernadora republicana, decidiese finalmente sancionar la ley, aprobada por una legislatura de mayoría demócrata. Exactamente el mismo escenario que en Nevada, gobernada por otro republicano hispano de perfil moderado, Brian Sandoval, que el pasado 17 de mayo sancionaba la ley aprobada por una legislatura de mayoría demócrata. Días antes, el 10 de mayo, el demócrata Dannel Malloy, gobernador de Connecticut, rubricaba un texto similar, previamente aprobado por la legislatura de su estado (también de mayoría demócrata).

Ahora es el estado de Rhode Island el que ha decidido sumarse a la lista, con una ley que ha recibido el visto bueno de la Asamblea de forma unánime (69 votos a favor y ninguno en contra) y del Senado, también de forma casi unánime (31 votos a favor y solo 1 en contra). El texto prohíbe el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores, de forma que cualquier profesional sanitario que lleve a cabo estas prácticas o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la posible pérdida de su licencia.

Algunas fuentes incluyen al estado de Nueva York entre los que prohíben también este tipo de intervenciones, pero conviene aclarar que en este caso la prohibición deriva de una orden ejecutiva de su gobernador, Andrew Cuomo, ya que el Senado de estado, controlado por los republicanos, no permitió la aprobación de una ley en ese sentido, que sí había recibido el visto bueno de la Asamblea. Es un grado de protección menor, ya que un futuro gobernador conservador podría suspender la prohibición de forma inmediata.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la futura ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que esperemos finalmente se apruebe en la presente legislatura.

En cualquier caso, merece la pena recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país, emitía hace unos meses un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo, las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo México se ha convertido en el sexto estado de los Estados Unidos (sin contar a Washington D.C., la capital federal) en prohibir las peligrosas e inútiles “terapias reparadoras” en menores de edad. Susana Martinez, la gobernadora republicana, decidió sancionar la ley, aprobada por una legislatura de mayoría demócrata, incorporando así a este estado del suroeste de los Estados Unidos a la lista de territorios que han decidido proteger a los menores LGTB.

El proyecto de ley ya había recibido en febrero el visto bueno del Senado de Nuevo México, donde los demócratas gozan de una cómoca mayoría, por 32 votos a favor y 6 en contra. Un mes después, tras un debate de varias horas de duración, la Cámara de Representantes, en la que la mayoría demócrata es más ajustada, lo aprobó por 44 votos a favor y 23 en contra. Todos los representantes demócratas menos uno (Patricio Ruiloba) votaron a favor, al igual que hicieron 9 republicanos. La votación, de hecho, mostró la división que existe al respecto entre los representantes republicanos de áreas urbanas frente a los de áreas rurales. El texto había sido impulsado por dos jóvenes políticos demócratas, Jacob Candelaria (en el Senado) y G. Andres Romero (en la Cámara de Representantes). Jacob Candelaria es, por cierto, el primer hombre abiertamente gay en ser elegido miembro del Senado de Nuevo México (y la segunda persona LGTB, después de la exsenadora lesbiana Liz Stefanics).

Tras la aprobación de la legislatura, quedaba solo que la gobernadora republicana estampase su firma en la ley, el paso más complicado. Afortunadamente el perfil relativamente moderado de Susana Martinez en materia LGTB (aunque en su momento se opuso al matrimonio igualitario) y el hecho de que el proyecto se aprobase con cierto apoyo republicano hizo que la gobernadora no pusiera objeciones y no fuese necesaria una segunda ronda de votaciones para superar el veto.

El texto prohíbe el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores. También persigue toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Cualquier profesional sanitario (médico, psicólogo u otros) que lleve a cabo estas prácticas en menores o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la pérdida de su licencia.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Oregón, Illinois y Vermont, el año pasado. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país emitía hace pocas semanas un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, en marzo del año pasado tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en a cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Asociación Americana de Psicología, Asociación Mundial de Psiquiatría, California, Consejo General de la Psicología de España, Discriminación, Elena Lorenzo, Estados Unidos, G. Andres Romero, Homofobia, Homofobia internalizada, Illinois, Jacob Candelaria, Judith Glasshold, Liz Stefanics, Malta, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Patricio Ruiloba, Susana Martinez, Vermont, Washington D.C.

El Reino Unido no se convertirá en el próximo Estado europeo en prohibir las dañinas e inútiles “terapias reparadoras” de la homosexualidad. El Gobierno conservador de Theresa May ha rehusado la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa popular, que había conseguido cerca de 33.000 firmas, con el pretexto de que ya se han tomado todas las medidas necesarias para prevenir el uso de las peligrosas prácticas.

Ofrecer las denominadas “terapias” reparadoras o de conversión seguirá sin ser un delito en el Reino Unido. Una iniciativa popular para ilegalizar estos pretendidos tratamientos se topado con el rechazo del Gobierno británico dirigido por Theresa May. La propuesta, que había alcanzado casi 33.000 adhesiones en la página web introducida para ese fin por el Parlamento, no ha superado las cien mil firmas que obligan al Comité de Peticiones a tomarla en consideración. Un trámite que, aunque se hubiera producido, tampoco habría garantizado la tramitación parlamentaria de la iniciativa popular.

Los autores de la petición advierten sobre los recientes acontecimientos, como la masacre de Orlando o la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, que aumentan la sensación de inseguridad en la comunidad LGTB. Frente a esta situación, la prohibición de las “terapias reparadoras” sería un gesto que ayudaría a las personas LGTB a vivir su identidad de una forma más libre. Recuerdan que entre las prácticas que pretenden vetar se encuentran los electroshocks, la inducción al suicidio y la vinculación entre las orientaciones no heterosexuales y los abusos en la infancia, usos proscritos por la comunidad médica y que producen daños con frecuencia irreversibles.

En su respuesta, el ministerio de Sanidad británico reconoce esta evidencia, pero opina que ya han hecho suficiente para luchar contra las prácticas denunciadas. El departamento dirigido por Jeremy Hunt reconoce la inutilidad y el “impacto adverso” de las “terapias reparadoras” y reafirma su “compromiso” contra la discriminación de gais, lesbianas y bisexuales. Recuerda que han trabajado conjuntamente con los asociaciones profesionales de psicoterapeutas y counselors para elaborar códigos de buenas prácticas en relación al trato con las personas LGTB. El Gobierno considera estas medidas suficientes para evitar el uso de las “terapias reparadoras”.

Las “terapias” reparadoras o de conversión han sido ya prohibidas en Malta, que aprobó una ley pionera en Europa el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología emitía hace unas semanas un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo)) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el Gobierno alemán rechazaba a principios de este mes una propuesta de Los Verdes, en sentido similar a la que hoy nos ocupa, aduciendo que las competencias sobre el control de las prácticas médicas pertenecen a los estados federados y no al Gobierno central.

En Estados Unidos, el uso de las “terapias reparadoras” en menores está prohibido en cinco estados, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Oregon, Illinois, Vermont, el año pasado. El último en iniciar la tramitación de una ley en el mismo sentido fue Nuevo México, hace un mes.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

Precisamente hace un año tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de este tipo de intervenciones, que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender modificar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Alemania, California, Discriminación, Donald Trump, Elena Lorenzo, España, Homofobia, Homofobia internalizada, Illinois, Jokin de Irala, Malta, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Orlando, Reino Unido, Richard Cohen, Theresa May, Vermont, Washington D.C.

Buenas noticias desde Estados Unidos: el Senado de Nuevo México, en el suroeste del país, ha aprobado un proyecto de ley para prohibir las peligrosas e inútiles “terapias reparadoras” en menores de edad. De salir adelante la iniciativa, se convertirá en el séptimo estado o territorio estadounidense en vetar el uso de estos pretendidos tratamientos en la población más vulnerable a los daños que provocan.

El Senado de Nuevo México aprobó el pasado viernes, por 32 votos a favor frente a solo seis en contra, un proyecto de ley para prohibir el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores. También perseguirá toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. La iniciativa partió del senador demócrata abiertamente gay Jacob Candelaria (en la imagen).

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Representantes, controlada al igual que el Senado por los demócratas. Su aprobación definitiva parece, por tanto, muy probable. Cuando entre en vigor, cualquier profesional sanitario (médico, psicólogo u otros) que lleve a cabo estas prácticas en menores o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la pérdida de su licencia.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Oregón, Illinois y Vermont, el año pasado.

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país emitía la semana pasada un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, en marzo del año pasado tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Asociación Mundial de Psiquiatría, Consejo General de la Psicología de España, Discriminación, Elena Lorenzo, España, Estados Unidos, hHmofobia, Homofobia internalizada, Illinois, Jacob Candelaria, Jokin de Irala, Judith Glasshold, Malta, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Partido Demócrata, Richard Cohen, Vermont, Washington D.C.

Excelentes noticias desde Malta, que ha aprobado en sede parlamentaria dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convierte en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplía su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta ahora eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

El Parlamento maltés aprobó este lunes dos proyectos de ley llamados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos LGTB. El primero de ellos, la Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género, es el primer texto legal de Europa que castiga penalmente las “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. La nueva legislación prohíbe la patologización de cualquier orientación sexual o identidad o expresión de género. Para hacer efectiva esta provisión, establece multas de hasta 5.000 euros y penas de hasta cinco años de prisión para aquel que anuncie, ofrezca o lleve a cabo este tipo de pretendidos tratamientos.

La propuesta de ley había sido oficialmente presentado hace un año por la ministra de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles, Helena Dalli. Tras un plazo de consultas públicas, periodo durante el cual cualquier ciudadano u organización pudo enviar sus alegaciones, el proyecto continuó su tramitación parlamentaria. Fue aprobado en segunda lectura en octubre de este año y en tercera y última lectura el lunes pasado.

A partir de ahora, en Malta estas prácticas serán penalizadas por la ley. El nuevo marco jurídico maltés recoge a través de la Ley de Afirmación de la Orientación sexual, de la Orientación de Género y de la Expresión de Género que ninguna orientación o identidad representa un desorden de la conducta que precise de tratamiento.

Según afirma el ‘Malta Today’, a partir de ahora, quienes intenten cambiar o reprimir a una persona se enfrentarán a multas que oscilarán entre los mil y cinco mil euros o a una pena de cárcel de cinco meses. En el caso de los pisquiatras, las sanciones serán más severas y podrán llegar hasta los diez mil euros y un año de prisión.

Además, la ley se completa rebajando a 16 años la edad mínima en la que una persona puede solicitar un cambio de sexo sin autorización judicial o parental, al tiempo que amplía los derechos de las personas detenidas en materia de identidad de género.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregon, Illinois, Vermont, este mismo año. Estos “tratamientos” son considerados engañosos, porque de acuerdo a la evidencia científica carecen de utilidad. También son muy peligrosos, al poder lesionar gravemente la salud física y mental de las personas que se someten a ellos, empujándolas incluso al suicidio.

Los legisladores malteses también aprobaron definitivamente una reforma de la ya muy avanzada ley de identidad de género vigente en el país. El cambio afecta por una parte a los menores de entre 16 y 18 años, que ya no necesitarán contar con el consentimiento paterno para solicitar la modificación de su género legal en todos los documentos oficiales. Además, se establece que todas las personas en situación de privación de libertad puedan ser ubicadas en una institución penitenciaria acorde a su identidad de género si lo solicitan con una declaración jurada.

Malta sigue dando alegrías en materia de derechos LGTB, y ello a pesar de ser un estado confesionalmente católico, tras aprobar una avanzada ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo (que permite la adopción homoparental) y sobre todo una ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores. Todo un ejemplo para la comunidad internacional.

Fuente Dosmanzanas/Redacción Chueca

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El estado de Vermont, en Nueva Inglaterra, se ha convertido en el séptimo territorio estadounidense en prohibir la aplicación a menores de edad de las mal llamadas “terapias reparadoras” o “de conversión” que aseguran ser capaces de modificar la orientación sexual o la identidad y/o expresión de género de las personas. A pesar del rechazo de las organizaciones médicas y científicas más prestigiosas y la desvinculación de muchos de sus líderes históricos, estas peligrosas prácticas siguen provocando un sufrimiento inútil que, por suerte, cada vez se encuentra con una acción más decidida por parte de los dirigentes políticos.

La legislatura de Vermont (de mayoría demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) ha aprobado sin dificultad la medida, que el gobernador Peter Shumlin, también demócrata, rubricó el pasado 25 de mayo. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio. Antes de Vermont, el uso de estas prácticas en menores de edad había sido ya prohibido en cuatro estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos y en la ciudad de Cincinatti (Ohio).

“No” rotundo a las “terapias” reparadoras de los especialistas

Precisamente en marzo de este año tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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El gobernador Peter Shumlin (en la fotografía) firma una ley con al que prohibe la posibilidad de aplicar las denominadas «terapias de conversión» a menores de edad en el estado de Vermont.

Con fecha de entrada en vigor a partir del 1 de julio, el gobernador de Vermont, Peter Shumlin, firma un proyecto de ley en el que prohibe las denominadas «terapias de conversión» a menores de edad. Con esta ley, el estado de la Montaña Verde se convierte en el sexto estado y la octava jurisdicción que prohibe esta práctica que promete «curar» la orientación sexual o la identidad de género. «La práctica no sólo es arcaica, sino que está equivocada (…). Es absurdo pensar que ser gay o transexual es algo que se puede curar (…). En un momento en el que los derechos de las personas LGTB son objeto de ataques en otras partes del país, Vermont hace frente al odio y el fanatismo mostrando cómo se parecen la tolerancia, la compresión y la humanidad», declara el gobernador al firmar la ley, el miércoles, 25 de mayo, junto a líderes de ambas cámaras de su gobierno.

Según el proyecto, los licenciados en salud mental que apliquen estas terapias en personas menores de 18 años de edad corren el riesgo de perder sus certificados y licencias. Esta ley no se aplica a las personas adultas, que optan por voluntad propia a llevar a cabo estas conversiones, como tampoco a consejeros y asesores que no estén licenciados pero operen en un ámbito no profesional, en referencia a líderes religiosos o consejeros espirituales. Oponentes a las terapias de conversión que reclaman que estos tratamientos pueden manifestar un cambio de comportamiento en las personas, pero fracasan a la hora de cambiar su orientación sexual y pueden conducir a depresiones extremas, abuso de determinadas sustancias, y hasta llegar al suicidio cuando no se consiguen los objetivos prometidos.

«Estamos encantados de que Vermont se haya unido al creciente número de estados que lideran la protección de los jóvenes LGTB de las terapias de conversión (…). Las familias de Vermont pueden ahora confiar que los profesionales de la salud mental a los que acudan en momentos de incertidumbre, no usarán sus licencias para sacar provecho del dolor de sus hijos. Y lo más importante, los niños de Vermont puede ahora estar tranquilos al saber que no pueden ser obligados o forzados a someterse a tratamientos peligrosos y tratamientos desacreditados que intentan cambiar lo que son», declara Carolyn Reyes, del Centro Nacional de Derechos de las Lesbianas (NCLR). A través de la campaña #BornPerfect, el NCLR ha estado trabajando con legisladores locales para terminar con el uso de las terapias de conversión sobre menores de edad en 2019, motivo por el que ha alabado a los legisladores de Vermont que han aprobado esta ley. Junto a otros grupos han puesto una demanda en la Comisión Federal de Comercio con el objetivo de demostrar que las terapias de conversión son en realidad un fraude.

Publicado en 2015, un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos concluye que los esfuerzos de estas conversiones «no son efectivas, son perjudiciales y no son prácticas terapéuticas apropiadas». Mientras que una ley similar está a la espera de ser aprobada en New Hampshire, otros estados que ya han prohibido estas prácticas incluyen California, Nueva Jersey, Oregon, Illinois, Nueva York y Washington D.D., así como la ciudad de Cincinnati y el distrito de Columbia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado recientemente que su estado prohibirá también que estas terapias queden cubiertas por las compañías de seguros.

Fuente Universogay

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“Arreglen esto ya”. Era el titular que ocupaba el martes la portada de Indianapolis Star, el diario local más importante del estado. Un ruego a los legisladores de Indiana para que pongan remedio a la situación abierta por la aprobación de una ley que da carta blanca para discriminar a las personas LGTB argumentando motivos religiosos. Y es que la reacción social ha sido tal que el gobernador Mike Pence, que hace pocos días sancionaba la ley rodeado de líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos, ha anunciado ya su retoque. La tormenta ha llegado también a Arkansas, otro estado cuya legislatura acaba de aprobar una ley muy similar, y donde el gobernador se niega ahora a sancionarla hasta que no quede claro que no podrá usarse para discriminar a las personas homosexuales.

El editorial de Indianapolis Star no era otra cosa que la expresión de la gran inquietud que ha cundido en Indiana ante la inesperada (para muchos) reacción contra la ley. Como comentamos hace pocos días, ya en el mismo momento de aprobarse comenzaron a desatarse las alarmas: la llamada al boicot al estado de Indiana, que el actor George Takei (Star Trek) impulsaba en Twitter con el hashtag #BoycottIndiana, se convertía casi inmediatamente en Trending Topic. Marc Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce, anunciaba la cancelación de aquellos programas que supusieran a sus trabajadores la necesidad de viajar a Indiana. Gen Con, una de las principales convenciones mundiales de juegos (juegos de rol, cartas, estrategia, etc.), y que el año pasado atraía a casi 60.000 visitantes a Indianápolis, avisaba por carta a Pence de que se estaba planteando marcharse del estado. Otros líderes empresariales, sin llegar a amenazar directamente con el boicot, expresaban su contrariedad en Twitter. Era el caso de Max Levchin, fundador de compañías como Affirm, HVF, Slide o PayPal, o del presidente de Apple, Tim Cook.

Precisamente fue la actitud de Cook la que acabó de precipitar la situación. El presidente de Apple no se limitó a su tuit inicial, sino que el domingo 29 de marzo publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el que alertaba de los peligros que este tipo de leyes suponen al abrir la puerta a la discriminación. El artículo no descubría nada nuevo, pero el hecho de que su autor sea el presidente de una de las marcas más influyentes del mundo -quizá la que más en este momento- hizo que diera la vuelta al mundo. “Tim Cook se pasa al activismo y alerta del ‘peligro’ de las nuevas leyes contra los gays en EEUU”, llegaba a titular El Mundo, ejemplo de un medio español que hasta entonces no se había hecho eco de lo sucedido. El final del artículo de Cook marcaba además el rumbo a seguir. “Esto no es una cuestión política. No es una cuestión religiosa. Se trata de como los seres humanos nos tratamos entre nosotros. Oponerse a la discriminación supone valor, pero cuando las vidas y la dignidad de tantas personas están en juego, es la hora de que todos seamos valientes”, finalizaba el texto.

Llegados a este punto, los anuncios de boicot y cancelaciones de viajes y actos se precipitaban uno tras otro: EMC, Cloudera, Amazon, el sindicato AFSCME (el más importante sindicato de empleados públicos del país), la Mid-American Conference (subdivisión regional del deporte universitario), etc. Diferentes organismos públicos anunciaban también que no financiarían desplazamientos a Indiana, entre ellos las ciudades de Denver, Oakland, San Diego, San Francisco, Seattle o Washington D.C. (la capital federal) y los estados de Oregón y Vermont. La preocupación cundía y la presión sobre los legisladores republicanos que han promovido la ley aumentaba. Finalmente, el gobernador Mike Pence anunciaba el martes la inmediata aprobación de una legislación adicional que clarificará los límites de la ley e impedirá, supuestamente, la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Pence aseguraba que la intención de la ley no había sido la de “crear un permiso para discriminar” pero aceptaba que así se había interpretado, “no solo aquí en Indiana sino en todo el país, y tenemos que afrontarlo”.

Y en Arkansas el gobernador exige retoques antes de sancionarla

Pero el “efecto Indiana” se ha hecho ya sentir también Arkansas, otro estado cuya legislatura, también bajo control republicano, acaba de dar su visto bueno a una ley similar. Y si hace solo unos días el gobernador Asa Hutchinson se mostraba dispuesto a refrendarla tal cual había sido aprobada, ahora exige que se modifique para incluir garantías antidiscriminatorias. “Lo que es importante desde la perspectiva de Arkansas es alcanzar un correcto equilibrio. Y en segundo lugar, trasladar la idea de que este no es un estado que no reconoce la diversidad en los lugares de trabajo, en la economía y en nuestro futuro”, declaraba en una conferencia de prensa en la que anunciaba su nueva posición.

En definitiva, y a la espera de conocer ambas modificaciones legislativas, a los sectores homófobos que han impulsado estas leyes puede haberles salido mal la jugada, consiguiendo como resultado final la implementación de una normativa antidiscriminatoria que antes no existía con carácter estatal ni en Indiana ni en Arkansas.

Seguiremos atentos a lo que suceda, que más allá de las fronteras de estos dos estados será un buen indicador de la fuerza de las posiciones homófobas en los Estados Unidos, a punto de perder la batalla del matrimonio igualitario a nivel federal pero empeñadas en trasladar la batalla al ámbito local.

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La Universidad de California ha realizado un estudio cuyos datos revelan que las parejas del mismo sexo son más propensas a tener relaciones estables y duraderas que las parejas heterosexuales. La investigación ha sido realizada por el Instituto Williams, que se ha centrado en estudiar las tendencias en las rupturas entre matrimonios en New Hampshire, Vermont, California, DC, Nueva Jersey, Washington y Wisconsin.

Los datos han desvelado que el 10,8% de las parejas heterosexuales rompen su matrimonio en los primeros 4 años, frente al 5,4% de homosexuales. Esto deja entrever que entre las parejas gays existen menos problemas e infidelidades. Los investigadores también observaron que, incluso en los estados donde se ha aprobado el matrimonio igualitario desde hace algunos años, se ha producido un auge de las bodas entre personas del mismo sexo, superando al número de uniones heterosexuales, cada vez menor.

Según el propio estudio: “El número de matrimonios homosexuales  en los últimos tres años se ha duplicado, derribando la tendencia descendente que había anteriormente”.

Fuente Ragap

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32 Estados de Estados Unidos han solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se pronuncie sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio

Tres jueces estudian las enmiendas contra el matrimonio gay de Idaho, Nevada y Hawai

La experiencia de Massachusetts como primer estado en legalizar el matrimonio igualitario muestra que permitir que las parejas del mismo sexo se case ha beneficiado a las familias y fortalecido la institución del matrimonio, alegó la fiscal general Martha Coakley.

Más de una treintena de estados que permiten o prohíben los matrimonios entre personas del mismo sexo pidieron el jueves a la Corte Suprema federal que resuelva el asunto de una vez por todas.

Quince estados que permiten el matrimonio igualitario, liderados por Massachusetts, presentaron un escrito que pide a los magistrados abordar tres casos de Virginia, Utah y Oklahoma y derogar las prohibiciones. Por su parte 17 estados que prohíben esa unión, encabezados por Colorado, han pedido a la corte abordar los casos de Utah y Oklahoma para limpiar una “maraña” de demandas, pero no exhortó al máximo tribunal a pronunciarse en alguno de los sentidos.

Las mociones se presentaron mientras un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito en Chicago falló que las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Wisconsin e Indiana son inconstitucionales. La decisión unánime del jueves criticó las justificaciones que ambos estados dieron: que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tradicional. La corte señaló que hay tradiciones buenas y malas.

“Las leyes que prohíben a las parejas del mismo sexo casarse son discriminatorias e inconstitucionales“, dijo la fiscal general Martha Coakley. “Ha llegado la hora de que este crucial tema sea resuelto”.

California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y Washington se sumaron a Massachusetts.

El escrito de Colorado argumentaba que la definición de matrimonio enfrenta impugnaciones legales que solo la Corte Suprema puede resolver, y que sin una decisión del máximo tribunal, los estados que defienden las prohibiciones podrían encarar responsabilidades financieras en futuras demandas si las leyes son derogadas.

Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin se sumaron a la causa de Colorado.

Fuente Cáscara Amarga

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Apelar, apelar y apelar. Por tercera vez un juez de Florida ha declarado inconstitucional el veto al matrimonio gay y por tercera vez el Estado ha recurrido la sentencia, que quedará suspendida hasta que la Corte de Apelaciones y, previsiblemente, la Corte Suprema de Estados Unidos, decidan sobre la cuestión. En esta ocasión ha sido un juez del condado de Broward, Dale Cohen, el que ha dado la razón a los defensores del matrimonio gay. La demandante, Heather Brassner, había contraído una unión civil con Megan Lade en el estado de Vermont. Ahora, esa relación se ha roto y Brassner quiere poder tramitar ese divorcio, y casarse de nuevo con su actual pareja en Florida.

La primera sentencia en Florida a favor del matrimonio gay se produjo el pasado 17 de julio, cuando un juez del condado de Monroe falló a favor de las parejas demandantes y autorizó que comenzaran los matrimonios gays en el estado de manera inmediata. Sin embargo, la fiscal general, Pam Bondi recurrió inmediatamente la sentencia. Los activistas demandaron entonces que la apelación la realizara un juez federal, para que la sentencia aplicara a todo el estado y no solo a un condado. El día 25 de ese mismo mes otra sentencia, esta vez en el condado de Miami, volvía a dar la razón al colectivo LGBT, tras la demanda impuesta por seis parejas. Pero la sentencia de la jueza Sarah Zabel también acabó recurrida y suspendida.

Florida aprobó el veto al matrimonio gay mediante un referéndum en el año 2008 que cambiaba la Constitución del Estado para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Desde la anulación de la ley federal, la DOMA, que establecía esa misma definición a través de todo el estado, se han sucedido las sentencias que anulan los vetos al matrimonio gay que se habían aprobado en distintos territorios, principalmente en el sur de Estados Unidos.

Fuente Ragap

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El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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