Los colectivos pro derechos de las personas LGTBI+ en Venezuela continúan con su lucha para alcanzar la igualdad legislativa en el país caribeño. El último fruto de esta lucha es la anulación de un reglamento del Ejército que castigaba con penas de uno a tres años de cárcel a los militares que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. El texto suponía el último escollo legal para considerar la homosexualidad totalmente despenalizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a petición del Defensor del Pueblo, ha dejado sin validez el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. El citado código establecía lo siguiente: «El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura».

Cabe precisar que se trata de una victoria parcial, ya que el alto tribunal venezolano se limita a poner fin a una interpretación ambigüa del reglamento militar pero evita la cuestión de fondo y evita equiparar de forma expresa las relaciones homosexuales a las heterosexuales. En este sentido, el Tribunal hace suyos los argumentos del Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que estimaba que el reglamento «carece de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar».

Pese a todo, esta modificación supone la extinción del último texto legal que penalizaba la homosexualidad en la República Bolivariana de Venezuela. El colectivo Venezuela Igualitaria ya interpuso en 2016 una demanda para la eliminación de este artículo. El pasado 14 de febrero, varios activistas se manifestaron frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para exigir su derogación, además de otras medidas como la aprobación del matrimonio igualitario, la no discriminación de los varones homosexuales en la donación de sangre o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. «Consideramos la decisión como positiva, pero limitada ya que no ataca el problema principal por el que movimientos sociales y particularidades en distintos momentos y espacios han elevado su voz ante el Estado, esto es: la vulneración de la dignidad de las personas LGBTI venezolanas en general y en particular dentro de nuestras Fuerzas Armadas, quienes siguen siendo invisibilizadas, forzadas a vivir ocultas so pena de sufrir castigos o la expulsión», explican desde Venezuela Igualitaria.

En la consecución de este hito también ha jugado un papel las presiones de Naciones Unidas. En una reciente visita al país, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluía esta demanda entre los avances que Venezuela debía dar. «Me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+», expresaba Türk al final de la visita.

Pese a la desaparición de la última disposición legal que castigaba explícitamente la homosexualidad, queda mucho para lograr la consecución de la igualdad de derechos en Venezuela. Una tímida esperanza se abrí paso cuando el presidente Nicolas Maduro sugería en 2020 que la aprobación del matrimonio igualitario podría ser discutido por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que desde entonces nada se ha avanzado ese sentido. Venezuela se mantiene así rezagada en los derechos para las parejas y personas pertenecientes a la diversidad sexual. Países vecinos, como Colombia o Brasil, hace años que reconocen el matrimonio igualitario por decisión de sus altos tribunales de justicia. Y Cuba, cuyo régimen puede considerarse entre los más próximos al Gobierno de Maduro, aprobó el matrimonio igualitario el pasado año mediante referéndum.

Fuente Dosmanzanas

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Un migrante venezolano y su novio chileno llevan adelante este proyecto editorial que va por su segunda edición y desde ya preparan una tercera publicación. 

Las crisis son momentos para reestructurarse y tomar nuevos aires en la concreción de los objetivos. Así parece haberlo asumido la organización no gubernamental Venezuela Igualitaria, agrupación que lidera en el país suramericano la lucha por el matrimonio igualitario, entre otros temas, en pro de la visibilización y la protección jurídica del colectivo LGBTIQ+.

Ante la desbandada que sufrió la organización, debido a que muchos de sus integrantes decidieron migrar como otros tantos venezolanos. Aunado a que el trabajo que realizan es costeado básicamente por el aporte que cada uno realiza. En tiempos de contracción económica se hacía cada vez más difícil poder continuar. Sin embargo, continuaban intactas (y hasta con mayor ahínco) las ganas de trabajar, de seguir en la senda de construir un presente más humano para las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y queers del país y para las futuras generaciones.

En esta disyuntiva de ¿qué hacer para continuar la lucha? se encontraba José Manuel Simons, director jurídico de Venezuela Igualitaria, quien hace un poco más de un año emigró a Chile. Ahora, desde la distancia quería continuar aportando su granito de arena. Fue así como, junto con su novio Williams Viveros, se montaron en el proyecto de una editorial cartonera. Estas editoriales alternativas que tiene gran auge en Latinoamérica, que elaboran sus libros (piezas únicas) a base de cartón y se convierten en una ventana para abordar diferentes temáticas y para que los autores que se están iniciando puedan expresarse.

“La Maricartonera nace, en primera instancia, como una búsqueda de recaudación de fondos para Venezuela Igualitaria. Mi pololo me preguntaba: ¿Cuál era la manera de nosotros recaudar fondos para Venezuela Igualitaria? Y bueno, yo le comentaba que efectivamente nosotros no tenemos asignación de fondos por ninguna otra organización internacional, ni nacional, ni por parte de ningún gobierno o partido. Entonces, él me propuso: oye porque no sacamos acá algo, un libro que pueda recaudar fondos, no sé… Entonces, así nació esa idea”, comenta Simons a Universo Gay.

Sin conocimiento en materia editorial, comenzaron el recorrido de la mano de Olga Cartonera, que cuenta con más experiencia en este tipo de producción literaria. En el transcurso de menos de un año ya han realizado dos ediciones.

José Manuel Simons y Williams Vivanco, creadores de La Maricartonera | Foto: Uso Permitido

La primera fueron textos de varios autores sobre temática LGBT, especialmente, de Venezuela. La confección de las tapas de los libros también fue un interesante proceso creativo. Cuenta José Manuel que aprendió desde cortar los cartones para hacer los libros, coser, diagramar, editar los textos… En paralelo también ha tenido que prepararse en Marketing Digital para la difusión de la obra.

Para la segunda edición los textos fueron creaciones de Williams Viveros, co-creador de La Maricartonera. “En esta edición –titulada Corazón Delineado– ya sabíamos cómo era todo el proceso de elaboración manual. Mejoramos enormemente el tema del contenido y de diseño”, relata. Las ventas de ambas tiradas han sido un éxito, lo cual les ha permitido cumplir con el objetivo inicial que es oxigenar financieramente a Venezuela Igualitaria.

Ahora como editorial se proponen nuevos proyectos. Entre los que anuncian contribuir a la visibilización lésbica a través de textos escritos por mujeres lesbianas. “Estoy súper contento, orgulloso y honrado de todas las personas que hemos conocido a través de La Maricartonera y la enseñanza enorme que me ha dejado conocer el mundo cartonero”, dice José Manuel. ´

Venezuela Igualitaria a paso firme

Cortesía La Maricartonera | Foto: Uso Permitido

En el 2014 Venezuela Igualitaria aglutinó a 47 organizaciones del país y consiguió más de 21.000 firmas para apoyar el Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario. Aunque el proyecto ha estado engavetado por instancias de diferentes tintes políticos, fue un hecho inédito lo conseguido.

También han introducido recursos de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, para acabar con la discriminación hacia los homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas. Otro hito importante que se han anotado fue el haber conseguido el reconocimiento constitucional de las familias homoparentales a través de la sentencia favorable que reconoció a un niño venezolano como hijo de dos madres.

Su lucha también ha estado de la mano con las personas trans y la búsqueda por lograr la ley de identidad de género. Así, Venezuela Igualitaria es un ejemplo de tenacidad y logros. O como dice su eslogan los mueve a continuar: “por el derecho a vivir sin miedos, culpa ni vergüenza”.

Fuente Universogay

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Más de 69.000 personas que viven con VIH no reciben tratamiento antirretroviral en Venezuela. 

El intenso aguacero que caía en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, no detuvo el espíritu guerrero de unas dos mil personas del colectivo LGBTI venezolano que este domingo 1 de julio salió a las calles a marchar exigiendo la reivindicación de derechos históricamente negados, a hacerse visibles, a decir aquí estamos unidos y firmes dispuestos a luchar por la igualdad.

En esta oportunidad el lema era “Diversos pero no dispersos”, y es que la mayoría de organizaciones que agrupan a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer e intersexuales de Venezuela se unieron en esta actividad que conmemora 18 años de manifestaciones.

En Venezuela aún existe una importante deuda con respecto a la reivindicación de derechos legales y sociales para el colectivo LGBT, es por ello que los objetivos de la movilización, enmarcada en las diversas actividades organizadas para celebrar el Mes de Orgullo LGBT, estuvieron dirigidos a exigir la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley contra la Discriminación Sexual y la Ley de Identidad y Expresión de Género, y otras políticas que permitan a las personas LGBT acceder a los beneficios de las políticas de protección del Estado venezolano.

“Esta producción de los 18 años de marchas, obviamente, nos muestra una madurez en todos los aspectos”, afirma Miguel Franco, miembro del Consejo Nacional de la Sexo-Diversidad.

“18 años rompiendo el closet”, comentó, “aunque hemos avanzado en varios aspectos en materia de políticas públicas, pero fíjate en la connotación, no hemos reventado ese clóset, aún está allí. En las instituciones, en la política, en la sociedad y en nosotros mismos. Ese clóset debe desaparecer, debe reventarse una vez y por todas”.

Con respecto al hecho que significó que las organizaciones se pusieran de acuerdo para marchar con una sola voz, Franco destacó: “Como todos los sectores tienen sus problemas internos y diferencias, sin embargo, en esta ocasión, las dejamos a un lado porque no podemos anteponer las exigencias personales a la que nuestra comunidad nos pide a gritos. La comunidad LGBTI nos pide respuestas, y nosotros y nosotras debemos darlas, muchos no caminamos con la idea de idea del matrimonio igualitario, porque además de ser una institución impuesta y patriarcal, no representa tampoco un seguro de vida o la protección a tu integridad y seguridad física, sin embargo, hay quienes quieren hacerlo y debemos apoyar esa exigencia”.

La organización Venezuela Igualitaria destacó el hecho de que se perdió la oportunidad para hacer activismo. “Hace falta más para que estas marchas tengan impacto, hace primeramente conciencia política de lucha en nuestra misma población LGBTI y especialmente en nuestros movimientos y ONGs carentes de discurso, de consignas, de pancartas, inmovilizados tras excusas individualistas que mucho dicen de lo poco que desean para quienes cayeron, están cayendo o por caer (…) ¿Dónde estuvieron las demandas? Quizá la lluvia evitó que sacaran sus pancartas y ahogaba sus voces”.

Por otra parte, un grupo de médicos y activistas venezolanos ha denunciado este domingo la escasez de medicamentos para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el país, durante la marcha por el Orgullo de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Inter (LGBTI).

El director de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), Alberto Nieves, dijo a periodistas que la manifestación del Orgullo es «un día propicio para que se haga una exigencia a las autoridades del Estado venezolano» respecto a la falta de antirretrovirales.

Nieves dijo que el 75 % de las personas con VIH en Venezuela son hombres, con una mayor incidencia entre homosexuales y transexuales, por lo que consideró pertinente pedir al Gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del Orgullo, que «se garantice el derecho a la vida y a la salud» de los infectados con el virus.

«Estamos muy preocupados, la gran mayoría de las personas trans que son las más afectadas, (…) los hombres gays que tienen el virus, están muriendo por falta de medicación, por falta de antirretrovirales», dijo el activista al inicio de una concentración de la población LGBTI en el este de Caracas.

«Es todo un populismo lo que existe, quieren jugar con la vida de la comunidad LGBTI», dijo Nieves en alusión al auspicio del Gobierno chavista a la marcha del Orgullo cuando, remarcó, son los responsables de la escasez de medicamentos.

Hoy 1 de Julio del 2018, en la ciudad de Caracas durante la marcha en conmemoración del Día del Orgullo de la Comunidad LGBTI, las voces de las personas que viven con el VIH se hicieron escuchar para exigirle al gobierno la compra de los Antirretrovirales. #AntirretroviralesYa pic.twitter.com/9p7mVGHbxs

— Fundación MAVID (@Fundacionmavid) 1 de julio de 2018

Por su parte, la médico María Graciela López indicó que 69.000 venezolanos que viven con VIH no reciben «tratamiento antirretroviral» por lo que hizo un llamamiento al ministerio de la Salud.

Se trata, según la doctora, de mujeres, hombres y niños que debido a la ausencia de tratamientos antirretrovirales están expuestos a «infecciones oportunistas para lo que no hay tratamiento tampoco en Venezuela».

Fuente Cáscara Amarga/Universogay

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Coincidiendo con el artículo, lo publicamos en su totalidad:

La Fundéu avisa a los medios de comunicación de que dejen de usar el término “matrimonio igualitario” y usen “matrimonio homosexual” porque hay que ser más precisos en el lenguaje.

Sorpresa absoluta. Esa ha sido nuestra reacción cuando esta mañana conocíamos la última recomendación de la Fundéu (Fundación del Español Urgente), decantándose por la expresión “matrimonio homosexual” sobre “matrimonio igualitario”. Una recomendación con la que estamos en absoluto desacuerdo (que expresábamos en Twitter esta misma mañana, a los pocos minutos de difundirse) y que en esta página no seguiremos, a diferencia de muchas otras de sus recomendaciones. Las razones son fáciles de entender.

No existe el “matrimonio homosexual” como concepto jurídico. Existe el “matrimonio”, históricamente vedado a las parejas del mismo sexo, pero que cada vez más países han abierto a todas las parejas, con independencia de su sexo. “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, expresa el Código Civil español en su artículo 44.

El matrimonio, cuando se celebra en un país que ha dotado a esta institución de un carácter igualitario, puede ser contraido por dos personas heterosexuales, dos personas homosexuales, una persona heterosexual y una persona bisexual, una persona heterosexual y una persona pansexual, una persona homosexual y una persona bisexual, una persona homosexual y una persona pansexual, dos personas bisexuales, dos personas pansexuales, etc. A su vez. si en lugar de referirnos a la orientación sexual nos referimos a la identidad de género, puede ser contraido por dos personas cis, dos personas trans, una persona cis y una persona trans, dos personas de género no binario, una persona cis y una persona de género no binario, una persona trans y una persona de género no binario, etc. Si combinamos orientación e identidad las posibles combinaciones se disparan.

Que ante esta realidad alguien recomiende a estas alturas la expresión “matrimonio homosexual” muestra, en el mejor de los casos, una gran desconocimiento, y en el peor, un ánimo invisibilizador de la diversidad sexual y de género de la especie humana. No negamos que en un momento inicial el uso de esa expresión por un medio de comunicación pudiese considerarse válido (nosotros mismos, ya con doce años a nuestras espaldas, la utilizamos en nuestras primeras entradas) pero hoy día, cuando la realidad LGTBI es mucho más conocida y asumida, carece de sentido.

Puede argumentarse, con razón, que en este caso lo mejor sería hablar de matrimonio a secas. Así lo hacemos nosotros cuando hacemos crónica de sociedad y recogemos enlaces entre dos personas del mismo sexo. “El actor y modelo Colton Haynes contrae matrimonio con Jeff Leatham”, titulábamos hace pocos días una entrada. “Contrae matrimonio”, a secas. Ni “contrae matrimonio igualitario” ni “contrae matrimonio homosexual”. Hablamos también, en el cuerpo de nuestras noticias, de “apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo”. Pero no siempre los titulares permiten expresiones extensas, y hay ocasiones en las que la economía del lenguaje se impone y preferimos usar dos palabras que una frase larga. “Matrimonio igualitario” es en estos casos la expresión más acertada al referirse a la aprobación (o a la negación) del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. “El presidente de la República Federal de Alemania rubrica la histórica ley de matrimonio igualitario”, titulábamos en julio, por mencionar otro ejemplo.

Argumenta Fundéu que “igualitario significa ‘que entraña igualdad o tiende a ella’ y ‘que propugna la igualdad social’”. Absolutamente de acuerdo. Posteriormente afirma que “de estas definiciones no se desprende que esa igualdad esté por fuerza relacionada con el sexo de los contrayentes”. “La expresión matrimonio igualitario también puede aludir —y, de hecho, así se ha venido usando— a un matrimonio entre personas de distinta clase social o a aquel en el que los dos cónyuges gozan de los mismos derechos”, añade. Un argumento que no compramos. Desde luego nosotros no recordamos titulares de medios de comunicación que hablen de “matrimonio igualitario” cuando se refieren a una boda entre dos personas de distinta clase social. Los hemos buscado, y no los hemos encontrado. Este argumento más bien nos parece construido ad hoc para justificar una preferencia. La lengua, en cualquier caso, es un organismo vivo. Si en el pasado tuvo ese significado, desde luego hoy no lo tiene.

Nuestro criterio, por otra parte, es compartido tanto por la FELGTB como por Fundación Triángulo, dos de las entidades LGTB más importantes del Estado. Ambas se pronunciaban también en Twitter. “Estamos totalmente en desacuerdo con esta consideración de Fundéu. ‘Homosexuales’ son las personas, no los acuerdos que entre ellas la ley reconozca. Hablamos de ‘igualitario’ porque hasta que no se permitió a personas del mismo sexo contraer matrimonio existía discriminación”, expresaban desde la FELGTB. “Defendemos ‘matrimonio igualitario’ pues es independiente del sexo legal de l*s contrayentes. Se puede especificar que es “entre personas del mismo o de diferente sexo” pero en ambos casos sería matrimonio igualitario. Profundamente en desacuerdo con Fundéu a este respecto”, expresaba por su parte Triángulo. El desacuerdo con la Fundéu, de hecho, trasciende las fronteras de España. “El carácter igualitario se lo da la propiedad de beneficiar a parejas homosexuales cis, trans y tradicionales”, respondía por ejemplo a Fundéu la organización Venezuela Igualitaria, también en Twitter.

Fundéu fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Es una institución a la que consideramos útil y cuyas recomendaciones son, por lo general, de gran ayuda a la hora de decantarnos por una u otra opción a la hora de utilizar el lenguaje. El año pasado aplaudimos su decisión de incluir “LGTBfobia” entre sus doce candidatas a “palabra del año 2016”. En esta ocasión, sin embargo, se ha equivocado. Desde luego nosotros no les haremos caso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Diversidad sexual, FELGTB, Fundación Triángulo, Fundéu BBVA, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Lenguaje, Matrimonio, Nueva York, ride Centre of the Capital Region, Venezuela Igualitaria

Ampliamos la noticia que adelantábamos hace unos días.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha admitido la demanda de nulidad por inconstitucional del artículo 44 del Código Civil venezolano que establece que “el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer”. La organización Venezuela Igualitaria había presentado la demanda en enero de 2015, argumentando que dicha limitación infringe el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación previstos  en los artículos 20 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El avance de los derechos LGTB en Venezuela ha permanecido congelado en los últimos años. A principios de 2014, por ejemplo, recogíamos como más de 40 colectivos LGTB consignaban ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio igualitario que contaba con el aval de 20.000 firmas de ciudadanos de todo el país (y la virulenta enemistad de la Iglesia católica venezolana, por cierto). Sin embargo, pese a contar con cierto grado de apoyo tanto entre el oficialismo chavista como entre las filas de la entonces oposición, el proyecto no logró avanzar.

Tampoco se han producido progresos significativos desde el ámbito judicial, que han sido el acicate para el reconocimiento de derechos en otros países de la zona (la vecina Colombia, por ejemplo). En diciembre de 2013 nos hacíamos eco de la negativa del Registro Civil de Caracas a inscribir el matrimonio celebrado en Argentina entre dos ciudadanas venezolanas. Una negativa que tenía lugar poco después de que la justicia se negara también a reconocer a otra pareja la posibilidad de ver reconocida su unión de hecho al entender que las leyes venezolanas solo permiten entender esta unión como“entre un hombre y una mujer”, dejando como única posibilidad para la pareja la constitución de una comunidad de bienes ordinaria.

Ante la situación de bloqueo político, sin embargo, los activistas de Venezuela Igualitaria, colectivo presidido por Giovanni Piermattei, decidían en enero de 2015 acudir de nuevo al Tribunal Supremo de Justicia y plantear directamente la inconstitucionalidad del matrimonio igualitario. Lo hacían teniendo en cuenta el antecedente negativo de una sentencia anterior, del año 2008, que se refería a un recurso interpuesto en 2003 por la Unión Afirmativa de Venezuela. Esta organización argumentaba que el artículo 77 de la Constitución, que señala que el Estado “protege” el matrimonio entre un hombre y una mujer contradecía el principio constitucional de la no discriminación recogido en el artículo 21. Aquella sentencia (que puedes descargar aquí) interpretaba que no era así, aunque al mismo tiempo reafirmaba el principio de no discriminación por orientación sexual.

Han pasado, sin embargo, más de ocho años desde aquella sentencia, y la realidad del matrimonio igualitario en América Latina ha cambiado sensiblemente. Entonces ningún otro país de la región lo había aprobado. Hoy es una realidad en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México. La demanda de Venezuela Igualitaria, por otra parte, se basa precisamente en algunos de los puntos de la sentencia de 2008 y abre la vía a que una interpretación inclusiva de la Sala Constitucional del Supremo, otorgando el mayor valor a los artículos que prohíben la discriminación, permita la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, que de hecho la Constitución venezolana no prohíbe expresamente (como sí hace el Código Civil).

No será fácil, desde luego. Por un lado, la oposición religiosa es furibunda. No solo de la Iglesia católica, sino de los pujantes movimientos evangélicos venezolanos. El Ministerio Internacional Rocío del Espíritu Santo, por ejemplo, también se ha personado ante el Tribunal solicitando la declaratoria sin lugar de la demanda. Y en agosto del año pasado los grupos evangélicos entregaron en la Asamblea Nacional las firmas que habían recogido (supuestamente 153.000) en contra de una posible ley de matrimonio igualitario.

Las convulsiones políticas que vive Venezuela tampoco ayudan. Y las elecciones del pasado diciembre, en las que la oposición consiguió una holgada mayoría, tampoco han aclarado demasiado la situación por lo que a los derechos LGTB se refiere. Es cierto que entre las diputadas opositoras se encuentra la activista Tamara Adrián, de 61 años, primera diputada abiertamente transexual de la historia de Venezuela. Pero también hay que tener en cuenta que la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza opositora que controla en estos momentos la Asamblea Nacional, no deja de ser una coalición heterogénea de fuerzas unida por su oposición al chavismo, pero en la conviven sensibilidades muy distintas que van desde el centro-izquierda hasta la derecha más conservadora. Un buen ejemplo es la posición de su secretario general, Jesús Torrealba, que el pasado enero declaraba que hay temas más importantes que el matrimonio igualitario. Declaraciones que fueron contestadas por la propia Tamara Adrián.

Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas Discriminación, Giovanni Piermattei, Homofobia, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, Jesús Torrealba, Matrimonio, Mesa de la Unidad Democrática (Venezuela), Ministerio Internacional Rocío del Espíritu Santo, Tamara Adrián, Unión Afirmativa de Venezuela, Venezuela, Venezuela Igualitaria

En la Asamblea Nacional de Venezuela reposa el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario entregado por la comunidad de LGBT desde hace casi un año. Se espera la revisión de las 20 mil firmas que lo respaldan por parte del Consejo Nacional Electoral.

Las uniones civiles entre ciudadanos del mismo sexo tiene el camino difícil en Venezuela. En la Asamblea Nacional (AN), donde reposa el proyecto entregado por la comunidad LGBT desde hace casi un año, aún permanece encajonado a la espera de la revisión de las 20 mil firmas que lo respaldan por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sus promotores afirman que la fracción mayoritaria es la principal traba. Sin embargo, al preguntar a sus integrantes, afirman que además de la constatación de las firmas, la propuesta debe apoyarse en la jurisprudencia internacional que puede “servir de herramienta para hacer su propuesta con fundamento y con una recolección de firmas”.

El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la AN, explicó a PANORAMA que la comunidad LGBT “debería primero conquistar lo que tiene que ver con las parejas de hecho” para que puedan tener un logro al reconocimiento de éstas.

Pone como ejemplo a las parejas de la comunidad que tienen años viviendo juntos, y que al desaparecer uno de sus miembros sus bienes no le correspondes al otro pese a la convivencia debido a la falta del respaldo legal.

El legislador considera que antes de aprobarse la Ley de Matrimonio Igualitario, hay que trabajar primero en ese sentido, basándose en casos similares de algunos venezolanos que se han casado en el exterior y tienen ese en otro país y en Venezuela no.

Añade que al revisar la legislación nacional “todos los acuerdos internacionales suscritos con países hermanos tienen validez aquí, así que habría que buscar la forma de que la jurisprudencia internacional sirva de herramienta para ellos hacer su propuesta con fundamento y no sencillamente con una recolección de firmas”.

Sobre el ‘freno’ en la AN, Amoroso responde que al ingresar la propuesta se le solicitó la verificación de las firmas al CNE, y “todavía no nos han dado respuesta, tenemos que ver la veracidad de esas firmas que enviaron, y no somos nosotros es el Estado, eso es algo obligatorio. Si el Poder Electoral dice que sí son ciertas, se procede al trabajo legislativo en relación a lo que es el derecho comparado con los países donde existe el matrimonio igualitario”.

Sobre la propuesta de matrimonio igualitario, Amoroso resalta que “la Constitución tiene un artículo y habría que consultarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la interpretación del mismo, la Sala Constitucional es la única interprete y habría que hacerle la consulta y en este caso no seríamos nosotros, sino debería ser los mismos interesados, si lo que está en la Constitución es una prohibición o sencillamente es una protección hacia el matrimonio entre parejas de sexo diferente”.

De acuerdo con Giovanni Piermattei, de la organización civil Venezuela Igualitaria, promotora del proyecto, “la información más contundente que recibimos es la omisión, que simplemente no cumplieron con los requisitos, el CNE no terminó de hacer el chequeo, no emitió una respuesta acerca de las firmas, es el argumento de la AN para no llevar el proyecto a debate”.

Según Piermattei “hay un movimiento en la AN en contra del proyecto del ley y eso también ha sido un agente perturbador, a pesar de que muchos diputados del Psuv y de la oposición se han mostrado a favor del proyecto”.

Es por ello que la comunidad irá el 29 de enero al TSJ para introducir una acción de nulidad por “inconstitucionalidad del artículo 44 del código civil que es una forma de solicitar lo que está en el proyecto pero por la vía judicial”.

Amoroso concluye que hay que buscar primero sentar jurisprudencia, dar ese primer paso. “Puede ser un aporte para que la comunidad LGBT pueda conquistar el matrimonio igualitario. Pero en Venezuela no tenemos ningún fundamento jurídico hasta este momento que pueda decir uno como abogado que obliga al Parlamento a legislar por una determina situación que no tiene ningún tipo de jurisprudencia”.

Fuente Panorama Venezuela, vía SentidoG

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Algo se mueve en Venezuela, donde el próximo 31 de enero más de 40 colectivos LGTB consignarán ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio igualitario que cuenta con destacados apoyos dentro del oficialismo. Según el presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermattei, la aprobación del matrimonio igualitario supone la única forma de que el Estado venezolano garantice protección jurídica y económica a las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

“Cuando nos pronunciamos a favor de avanzar en este proyecto no es porque solamente queremos casarnos, porque el objetivo no es la institución matrimonial, sino que a través de ella se pueda alcanzar la igualdad, el reconocimiento del Estado a que nosotros somos tan dignos, que nuestras relaciones afectivas son tan dignas e iguales que las de los demás. Nuestras familias deben estar protegidas por esta institución que hasta ahora es la única, en el aspecto jurídico, que da protección a la familia en el país”, ha declarado Piermattei a la Agencia Venezolana de Noticias. “En la exposición de motivos del proyecto de ley se explica que nosotros consignaremos el documento en consonancia con la Declaración de los Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta y el artículo 22 de la Constitución venezolana. Nos apegamos a una Constitución muy evolucionada, yo diría de las más vanguardistas en materia de derechos humanos, además tenemos un Plan de la Patria que hoy es ley y que debe cumplirse [en referencia al llamado ‘Plan de la Patria 2013-2019’, promovido por el Gobierno venezolano]“, ha añadido.

El texto del proyecto (que puedes consultar íntegramente aquí) incluye en su exposición de motivos la argumentación jurídica que sustenta la plena constitucionalidad del proyecto. Y es que, aunque la Constitución venezolana protege en su artículo 77 “el matrimonio entre un hombre y una mujer” (sin negar expresamente que puedan haber matrimonios entre personas del mismo sexo) hay artículos de orden superior que protegen contra la discriminación y garantizan el respeto de derechos que no se mencionen explícitamente (como el artículo 22, que establece que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos”).

Quizá lo más significativo sea el hecho de que el proyecto de matrimonio igualitario cuente con apoyos explícitos por parte de políticos del bloque que apoya al actual presidente, Nicolás Maduro. Entre ellos los diputados Tania Díaz, Eduardo Piñate, Carlos Sierra o Eduardo Lima y los gobernadores de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, y de Barinas, Adán Chávez. También se han pronunciado a favor la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, el ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, y la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón.

Abriría la puerta a otros proyectos

Muy importante resulta el hecho de que los colectivos LGTB estén trabajando ya en el desarrollo de otros instrumentos jurídicos para avanzar en los derechos de la población LGTB al calor de la discusión sobre el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Entre ellos, una ley de identidad de género, una ley contra la discriminación de los grupos vulnerables y otra que se encargue de tipificar los crímenes por odio por razones de orientación sexual e identidad de género.

Un país que se está quedando retrasado

La aprobación de un proyecto de ley como el que ahora va a ser presentado resolvería de un plumazo la situación de atraso que Venezuela vive por lo que al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo se refiere. Hace solo uno mes nos hacíamos eco de la negativa del Registro Civil de Caracas a inscribir el matrimonio celebrado en Argentina entre dos ciudadanas venezolanas. Una negativa que tenía lugar poco después de que la justicia de ese país se negara también a reconocer a otra pareja la posibilidad de ver reconocida su unión de hecho al entender que las leyes venezolanas solo permiten entender esta unión como “entre un hombre y una mujer”, dejando como única posibilidad para la pareja la constitución de una comunidad de bienes ordinaria.

El camino no parece fácil, en un país en el que más allá de tensiones ideológicas existe una fuerte homofobia social de base. Sin embargo, la favorable acogida que el proyecto de ley de matrimonio igualitario ha recibido por parte de medios oficialistas permite ser moderadamente optimistas. El hecho de que cada vez resulte más claro que Venezuela se está quedando atrás en el ámbito latinoamericano, donde ya Argentina, Uruguay y Brasil permiten el matrimonio igualitario, México lo permite en algunos territorios (y su extensión a todo el país parece imparable), en Colombia haya ya varias parejas del mismo sexo casadas como consecuencia de sentencias judiciales y Chile lo vaya a discutir en la próxima legislatura, contribuye además a mejorar las perspectivas.

Fuente Dosmanzanas

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