Exigen que el crimen de Vanessa Zúniga no quede impune: la activista trans hondureña fue degollada
Vanessa Zúniga era trans y trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos. La encontraron degollada el lunes 28 de marzo.
Dunia Orellana, desde San Pedro Sula
Vanessa Zúniga era una trans de 43 años, trabajaba como voluntaria en la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST) y durante el domingo 27 de marzo nadie supo de ella. La hallaron golpeada, semidesnuda y degollada en un solar baldío del puerto de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, al día siguiente, el lunes 28.
Vanessa vivía con su padre y sus hermanas en este municipio. Fueron sus familiares quienes reconocieron su cuerpo el martes 29 en las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula. “El lunes informaron de un cadáver que quedó en ropa interior y que tenía a su lado las pertenencias que andaba, como una camisa y tenis rojos. Estaba en Colonias Unidas, a dos metros del Ministerio Público”, relata a Agencia Presentes el director ejecutivo de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST), Leonel Barahona Medina. “Era Vanessa, que tenía como 24 horas de haber muerto”.
Según un oficial de la Policía Nacional de Honduras, en el caso está trabajando la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Unidad de Homicidios de Personas Pertenecientes a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
Vanessa sobrevivía con la venta de artículos a muy pequeña escala y haciendo tareas de limpieza. “Tenía una bicicleta con un troco [especie de carreta] en el que vendía agua y cigarrillos. También lavaba ropa ajena y limpiaba casas”, explica Barahona.
Las autoridades tienen varias hipótesis del hecho, pero en la escena donde fue hallado el cuerpo no lograron encontrar evidencia en las cámaras de seguridad ni testigos presenciales del hecho. “Es un caso bien complicado, pero esperamos obtener más detalles y así darle respuesta”, expresó el oficial a Presentes.
Exigen Justicia al Ministerio Público
El cadáver de la activista trans hondureña permaneció un día en la morgue de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, adonde acudió el cuñado de Vanessa para trasladarla al puerto de Tela. “No pudieron velarla”, cuenta para Presentes el director de APREST, Leonel Barahona. “El mismo día que la reconocieron se llevaron el cuerpo a Tela para enterrarlo cerca de las 7:00 PM”.
Las organizaciones LGBTI y de derechos humanos claman por justicia. “Fue un vil asesinato” llamó la Mesa de Acceso a la Justicia LGTB que reúne a 11 organizaciones nacionales, a la muerte de la voluntaria de APREST en un pronunciamiento emitido el 2 de abril. En el comunicado, la Mesa exigió al Ministerio Público que haga “una investigación exhaustiva del asesinato de la defensora de derechos humanos Vanessa Zúniga”.
“Por la forma como la mataron es un crimen de odio”, asegura el defensor de derechos humanos Leo Barahona. “Ella ya había recibido amenazas”.
A las voces que se alzaron pidiendo justicia por este nuevo asesinato contra la población LGBTI se suma la del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En un comunicado publicado el 3 de abril, el CONADEH lamentó el asesinato de Vanessa Zúniga e instó al Ministerio Público a investigarlo. La representante de la institución gubernamental, Blanca Izaguirre, lamentó el asesinato y abogó por que no quede en completa impunidad, tal como sigue ocurriendo con estos crímenes.
Condenamos enérgicamente el asesinato de la mujer trans Vanessa Zúniga, quien fue encontrada sin vida, el miércoles 31 de marzo del año en curso, en el Municipio de Tela, Atlántida. pic.twitter.com/je8Johe2wF
— CONADEH (@CONADEH) April 3, 2021
Desde junio de 2009 a la actualidad ha habido 373 muertes violentas. De todas ellas, 119 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.
Siguen matando a trans en Honduras
Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, 2020 finalizó con 20 crímenes de odio. En lo que va del 2021 se registran dos asesinatos de homosexuales y ahora el de Vanessa, el cual es el primero del año registrado contra una mujer trans.
En abril se espera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el la ejecución de Vicky Hernández, la mujer trans de 26 años de edad asesinada entre el 28 y el 29 de junio de 2009, en pleno toque de queda por el golpe de Estado en Honduras que depuso al entonces mandatario Manuel Zelaya.
El asesinato de Vicky sigue impune. La Corte IDH deliberó el pasado mes de marzo sobre la sentencia del caso de Hernández versus el Estado de Honduras. Si declaran culpable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, será la primera sentencia de esta Corte sobre violencia contra personas trans en América Latina y una referencia más, tal como fue la sentencia por el travesticidio/transfemicidio de Diana Sacayán, para los países de la región.
Contexto hostil para ddhh
El 21 de enero el Congreso Nacional de Honduras prohibió el aborto en cualquier circunstancia al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo y no existe la figura de unión libre para la diversidad sexual hondureña. Tampoco se reconocen las uniones celebradas en otros países.
A finales de marzo la Corte Suprema de Honduras admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por Cattachas contra la reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras sobre el aborto y el matrimonio igualitario. La admisión fue el primer paso.
A mediados de enero, más de 300 personas de la diversidad sexual de Honduras huyeron en la primera caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Muchxs de ellxs no pudieron llegar a sus destinos porque fueron detenidxs por las autoridades de migración en Guatemala y México y luego deportadxs a Honduras.
Triángulo Norte: una región hostil para la población LGBTI
El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, continúa siendo una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI del continente.
En 2019, las organizaciones registraron al menos 67 asesinatos en contra de la población LGBTI en la región norte de Centroamérica. La cifra ya superó en seis casos a los crímenes cometidos el año anterior, según un recuento elaborados por las instituciones.
De acuerdo al reporte, Honduras aparece a la cabeza de la lista de la región con 34 casos de crímenes de odio, seguido de Guatemala con 24 casos y El Salvador con nueve. Sólo han sido judicializados dos de estos asesinatos en El Salvador: el de Camila Díaz y el de Anahí Miranda.
En Honduras la cifra aumentó un 36 por ciento en relación a 2018, que fue de 25 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en contra de hombres gays con 19 casos; nueve mujeres trans y seis lesbianas murieron de manera violenta, según la organización Cattrachas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección presidencial en 2017 de la mano del derechista y conservador Partido de Nacional de Honduras, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueven la lectura de la Biblia en las escuelas.
“Nos asesinan por discriminación, por odio a nuestra población. Con esta pandemia nos hacemos más vulnerables por la pobreza y más si son trabajadoras sexuales porque ahorita no pueden trabajar para su alimentación o pago de renta”, dijo a Presentes Gabriela Redondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa con sede en la ciudad de San Pedro Sula.
Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno
En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.
En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.
En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.
“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.
Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “
Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays
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