Por Stanley Luna, desde El Salvador

Valentina y su pareja fueron detenidas por dos policías en febrero de este año. Los agentes las torturaron durante horas, pero Valentina es acusada de lesionar a un agente por auto defenderse y la Fiscalía General de la República sigue un juicio de lesiones y resistencia contra ella.

Valentina y Fernanda volvían de cenar y se detuvieron a hablar a dos cuadras de su colonia, en departamento occidental de Santa Ana, 68 kilómetros al oeste de San Salvador. Era la noche del 8 de febrero de 2020.

Valentina contó a Present que alzaron un poco la voz y tres hombres encargados de la vigilancia de la colonia donde viven se les acercaron y les dijeron que se tranquilizaran. Luego pasaron a acosarlas con preguntas incómodas.

A las 10:30 de la noche, 15 minutos después de estar con los vigilantes, los policías German Ernesto Ruíz Olano y Cruz Alberto Castro Sánchez llegaron en un pick up policial, según la denuncia fiscal.

Valentina recuerda que los dos policías se bajaron enojados de la patrulla y comenzaron a insultarlas. Fernanda les intentó explicar que estaban por volver a casa, que simplemente hablaban, y que no podían llevárselas detenidas sin ningún motivo, ya que ellas conocían sus derechos.

Estas palabras bastaron para que Ruíz Olano la tirara al suelo, boca abajo, y la esposara. Su compañero Castro Sánchez esposó a Valentina con los brazos atrás de su espalda.

“Yo, como pude, traté de defenderme a mí y traté de defenderla a ella. A ella la tenían en el suelo. La estaba pateando el otro hombre, que es el que mí me está acusando de agresión”, cuenta Valentina.

Los policías las subieron a la cama del pick up y Ruíz Olano les pateó la cara a ambas con sus botas, mientras el otro policía, por 30 minutos, condujo hasta llegar a una delegación policial.

En la delegación, los policías que las capturaron las lanzaron a un suelo de graba, las ataron las celdas y las obligaron a hincarse. Les rociaron agua sucia y fría de una pila, las siguieron golpeando y les tomaron fotografías.

Encerradas e incomunicadas

A las dos les robaron los zapatos. Además, a Valentina le robaron su celular y a Fernanda 22 dólares. Luego las encerraron en una celda en la que convivieron con nueve pandilleras.

Por las pandilleras lograron comer, debido a que, desde su captura hasta el día de la audiencia inicial, no tuvieron comunicación con su familia. Los primeros días tampoco contaron con un abogado, lo cual viola el principio de la presunción de inocencia.

Valentina recuerda que después de la tortura, sus caras quedaron irreconocibles. Antes del amanecer, fueron trasladas a otra delegación policial en la que esperaron la audiencia por resistirse a la captura. Pero el agente Ruíz Olano también denunció a Valentina por lesiones.

Las mujeres llegaron descalzas a la audiencia del 11 de marzo, con las marcas y lesiones de los golpes en su cuerpo. Las dos quedaron libres y, de todo lo que les robaron, lo único que pudieron recuperar fue parte de los 22 dólares.

Fernanda fue absuelta, pero Valentina sigue todavía en libertad condicional el proceso por resistencia y lesiones. El policía intentó conciliar con $100 dólares a cambio de terminar el caso, pero ella no aceptó. La jueza, entonces, le impuso medidas a cumplir mientras termine el juicio.

Valentina tiene 30 años y Fernanda 26. Nunca antes habían sufrido un ataque lesbofóbico como el de esa noche. Por temor, prefieren no revelar su identidad.

Una denuncia que no avanzó

Angélica María Rivas es la abogada de Valentina y Fernanda. Ella pertenece a la Colectiva Feminista, una organización de mujeres en El Salvador.

En una entrevista con Presentes dijo que desde la defensa se presume que fue uno de los tres vigilantes que se acercó a la pareja el que llamó a la policía para que capturaran a las víctimas.

“Ambas se defendieron, pero como la primera que fue tirada a la cama (del carro) fue Fernanda, la otra compañera tuvo como un poquito más de margen de defenderse. Pero claramente a esto no se le puede llamar lesiones, porque una mujer con su complexión física, imposible que va a golpear a un policía entrenado con armas”, señala.

Rivas acompañó a Valentina y Fernanda a denunciar a los policías en la Fiscalía General de la República (FGR), en marzo, por los delitos de lesiones, tortura, actos arbitrarios y privación de libertad por funcionario público. Las víctimas ya lo habían hecho, días después de los hechos, en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Ana.

A ocho meses de la denuncia, la abogada dice que los agentes todavía no han sido acusados en un juzgado, pero la FGR tiene un año para presentar la acusación.

Una audiencia contra Valentina

El 4 de diciembre es la audiencia de instrucción en la que Valentina es acusada de lesiones y resistencia. Esta audiencia se ha suspendido tres veces. La última suspensión fue a finales de octubre, ya que Rivas le pidió tiempo a la jueza para llegar a un acuerdo que no favorezca al policía, pero que tampoco deje impune la tortura de la pareja.

La FGR, por medio de su unidad de comunicaciones, señaló que Valentina y Fernanda desistirán de continuar la denuncia contra los policías y luego Valentina conciliará con Ruíz Olano en el juzgado.

Esta información es descartada por Rivas, quien aclara que ante la renuencia de Ruíz Olano de que su expediente policial no quede manchado, han hablado sobre la posibilidad de que él retire la denuncia contra Valentina y que la pareja retire la denuncia contra los policías por la salud mental de Valentina. Pero esto todavía no es un acuerdo.

Presentes intentó conocer si la Policía Nacional Civil (PNC) ha abierto una investigación interna contra los agentes, pero no hubo respuesta del encargado de la unidad de comunicaciones de la institución.

No es primera vez que la PNC está involucrado en ataques a la población LGBTI. En julio pasado, tres policías recibieron una condena de 20 años por el asesinato de Camila Díaz, una mujer trans que había intentó huir de la violencia que sufría en El Salvador, pero fue retornada al país y meses después fue asesinada.

El crimen no fue tipificado como un crimen de odio, pero el modo de operar de los acusados fue similar al de los policías Ruíz Olano y Castro Sánchez, pues los condenados detuvieron ilegalmente a Díaz y la golpearon, desde el momento de su captura hasta dejarla tirada en una calle solitaria a las afueras de San Salvador.

El Salvador aún no cuenta con una política criminal, ni con un protocolo para investigar y procesar los crímenes de odio. En noviembre del año pasado, tras los continuos asesinatos de cuatro mujeres trans, la Organización de las Naciones Unidas exigió a las autoridades procesar y castigar a los responsables.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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