El fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder (en la fotografía), ha anunciado por medio de un comunicado que la administración federal reconocerá los más de 300 matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Michigan antes de la suspensión de la sentencia que los permitía. De esta manera, estas parejas no tendrán que esperar a que se resuelva la apelación de la sentencia para disfrutar de las prestaciones y beneficios establecidos por el gobierno federal para los matrimonios.

La decisión de la Fiscalía General ha sido la esperada, habida cuenta de que actuó de igual manera en el similar caso de Utah. Tras la comunicación del gobernador de Michigan, Rick Snyder, de que la administración estatal no reconocería a estos matrimonios las prestaciones que Michigan ofrece a las parejas casadas, a pesar de considerarlos válidos y legales, la oposición demócrata solicitó al fiscal general Holder su reconocimiento por parte del gobierno federal.

Este viernes 28  de marzo, Eric Holder ha comunicado su resolución favorable a esta solicitud en los siguientes términos:

“He determinado que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados el pasado sábado en Michigan serán reconocidos por el gobierno federal. Estas familias tendrán derecho a todos los beneficios federales que les correspondan en las mismas condiciones que el resto de los matrimonios del mismo sexo. El gobernador de Michigan ha dejado claro que los matrimonios que tuvieron lugar el sábado eran legales y válidos cuando se celebraron, a pesar de que Michigan no extenderá los derechos y prestaciones del estado que corresponderían a estos matrimonios en espera de nuevas actuaciones judiciales. A los efectos de la ley federal, como anuncié en enero con respecto a las parejas del mismo sexo en una situación similar en Utah, no se les pedirá a estas parejas de Michigan que esperen a la resolución en los tribunales antes de que puedan solicitar los beneficios federales a los que tienen derecho”.

Este reconocimiento ha sido acogido con satisfacción por las asociaciones de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign, que se felicitaba al estimar que “la semana pasada 300 parejas del mismo sexo comprometidas y amorosas se casaron legalmente en Michigan. Como tales, merecen el reconocimiento y el tratamiento que reciben el resto de las parejas casadas. El fiscal general Eric Holder ha demostrado una vez más su firme compromiso con la igualdad y la defensa de los valores fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos, al confirmar el reconocimiento federal de estos matrimonios”.

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La Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha decidido prorrogar la suspensión de la sentencia del juez federal Bernard Friedman, que declaraba  inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Michigan, hasta que se resuelva su apelación. Por su parte, el gobernador del estado, el republicano Rick Snyder, ha comunicado que su administración no reconocerá los alrededor de 300 matrimonios del mismo sexo celebrados antes de la suspensión de la sentencia.

Tras el fallo del Tribunal Supremo respecto al mismo proceso en Utah, la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito era predecible. En aquella ocasión el alto tribunal dictaminó la suspensión de la sentencia favorable al matrimonio igualitario en Utah del juez federal Robert J. Shelby hasta que la Corte de apelaciones del 10º Circuito resuelva sobre su apelación, a pesar de que esta última la había denegado.

La prórroga de la suspensión temporal dictada el pasado 22 de marzo ha contado con los votos favorables de dos de los tres jueces encargados de resolver sobre la petición al respecto efectuada por la Fiscalía General de Michigan. En su fallo argumentan que “no hay ninguna base aparente para distinguir este caso o resolver de manera diferente a lo que hizo el Tribunal Supremo en el caso de Utah. Por otra parte, varios tribunales de distrito que han derogado leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo similares a la enmienda de Michigan también han concedido las peticiones de suspensión realizadas por las fiscalías ​​estatales”. Efectivamente, así ha ocurrido en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas, cuyas sentencias favorables al matrimonio igualitario quedaron suspendidas hasta su apelación por los mismos jueces que las dictaron.

El estado de Michigan no reconoce los matrimonios ya celebrados

A diferencia de lo ocurrido en los tres estados antes mencionados, en Michigan hubo un intervalo entre la sentencia del juez Friedman y la suspensión de la misma por parte de la Corte de Apelaciones. Durante ese periodo, se formalizaron más de 300 matrimonios entre personas del mismo sexo, que ahora quedan en una situación de “limbo” legal. Es de esperar que sean reconocidos por el gobierno federal, tal como ocurrió en el caso de Utah. Sin embargo, el gobernador de Michigan Rick Snyder, que siempre se ha declarado opuesto al matrimonio igualitario, ya ha comunicado que su administración no los reconocerá mientras se decida la apelación.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles 26 de marzo, el gobernador Snyder declaraba: “con respecto a los matrimonios, creemos que son matrimonios legales y válidos. Pero la suspensión expedida hace que todo sea más complicado. Debido a esa suspensión, no vamos a reconocerles los beneficios establecidos para el matrimonio hasta que la suspensión sea retirada”.

Esa desconcertante argumentación ha sido criticada por los representantes demócratas de Michigan, partidarios del matrimonio igualitario. También lo ha sido, como es natural, por los miembros de las parejas directamente afectadas, como Frank Colasonti, de 61 años de edad, que contrajo matrimonio con su pareja James Ryder antes de la suspensión de la sentencia. Colasonti estima que “las declaraciones del gobernador son muy confusas para los que estamos legalmente casados ​​pero no legalmente reconocidos por el estado de Michigan. Es una declaración política, pero no es la declaración de un líder claro y confiable”, a lo que añadía que “los afectados estamos avanzando en tomar las decisiones necesarias para anular la estupidez de nuestro gobernador y fiscal general”.

Fuente Dosmanzanas

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ACTUALIZACIÓN:

Leemos en El Informador:

La corte indica que daría hasta el martes como plazo para escuchar argumentos en contra de la apelación de Schuette

El republicano Bill Schuette presenta una apelación en contra de las bodas gay

La corte de apelación indicó que daría hasta el martes en la tarde como plazo para escuchar argumentos en contra de la apelación de Schuette, lo que podría significar que las uniones gay podrían reanudarse el miércoles. Con la decisión del viernes, Michigan se había convertido en la entidad número 19, contando al Distrito de Columbia, en emitir licencias para matrimonios entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Leíamos en Dosmanzanas que el juez federal Bernard Friedman (en la fotografía) dictaminó este viernes 21 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo vigente en el estado de Michigan es contraria a la Constitución de los Estados Unidos. A diferencia de lo sucedido con las sentencias del mismo signo dictadas en Oklahoma, Virginia y Texas, el juez Friedman no dejó en suspenso la aplicación de su resolución, por lo que este mismo sábado ya se han celebrado los primeros matrimonios. Sin embargo, ante una petición de urgencia de la Fiscalía General de Michigan, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, ha dictado una suspensión temporal de la sentencia hasta el próximo miércoles.

El juez Bernard Friedman resolvía sobre la demanda interpuesta por la pareja formada por April DeBoer y Jayne Rowse, quienes reclamaban su derecho a contraer matrimonio y a que su familia, formada por ellas y tres hijos adoptivos, fuera reconocida por el estado de Michigan. Los argumentos de la fiscalía contra esa demanda se basaban en la voluntad del 58,6 % de los votantes del estado, que en 2004 aprobaron una enmienda para que la Constitución de Michigan definiera el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

El fiscal también presentó como apoyo a su argumentación el polémico estudio de Mark Regnerus, que sostiene que hijos criados por padres homosexuales presentan más problemas emocionales en la edad adulta que los criados por parejas heterosexuales. La fiscalía obviaba, sin embargo, la refutación que del mismo han realizado los expertos, e incluso la rectificación que en su día realizó el propio Regnerus declarando los resultados de su estudio inconcluyentes.

En la sentencia, el juez Friedman critica con rotundidad tales argumentos, estableciendo que la voluntad de los votantes no implica que lo aprobado se ajuste a la Constitución. “Al tratar de definir este caso como un desafío a la «voluntad del pueblo», los fiscales han perdido de vista de lo que se trata realmente este caso: la gente”, afirma en su resolución, en la que también se añade que “muchos residentes de Michigan tienen convicciones religiosas cuyos principios rigen la conducta de su vida cotidiana e impregna sus puntos de vista sobre el matrimonio, sin embargo, estos puntos de vista no pueden despojar a los demás ciudadanos de la garantía de igualdad de protección bajo la ley”.

Varapalo al estudio de Regnerus

En cuanto al estudio de Regnerus presentado por la Fiscalía, la sentencia es demoledora: “el Tribunal considera que el estudio de Regnerus es totalmente increíble y que no es digno de seria consideración. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el ‘estudio’ realizado en 2012 fue ideado a toda prisa, a instancias de un proveedor de fondos de terceros”. Según el juez, este proveedor de fondos deseaba que el resultado del estudio fortaleciera su posición de apoyo al matrimonio tradicional ante la opinión pública, y afirma con severidad que “mientras Regnerus sostuvo que la fuente de financiación no afectó a su imparcialidad como investigador, el Tribunal considera este testimonio increíble. El donante claramente quería un resultado determinado, y Regnerus se lo facilitó”.

Primeras bodas antes de la suspensión de la sentencia

A diferencia de lo sucedido en las recientes sentencias del mismo signo dictadas por jueces federales en Oklahoma, Virginia y Texas, el juez Friedman no ha dejado su aplicación en suspenso hasta el posible dictamen de la Corte de Apelaciones.  Por ello, y después de que las secretarías de varios condados informaran de que facilitarían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, se han celebrado los primeros matrimonios este mismo sábado 22 de marzo. Marsha Caspar y Glenna DeJong, que son pareja desde hace 27 años, se casaban en Mason, mientras que Jere Clausen y Bruce Walters, juntos desde hace 14 años, hacían lo propio en el condado de Muskegon.

Por su parte, el fiscal general de Michigan, Bill Schuette, declaraba su intención de interponer la correspondiente apelación. También informaba de la presentación de una petición de suspensión de urgencia de la sentencia. En respuesta, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito dictaba una orden cautelar de suspensión temporal hasta el próximo miércoles, con el fin de “permitir una consideración más razonada de la moción de suspensión”.

Sin embargo, a lo largo del sábado y antes de la orden de suspensión, se han emitido en las diversas secretarías de los condados 323 licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, y las bodas celebradas se cuentan por decenas.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia y Texas, aunque, como ya comentábamos, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Tennessee se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos. Mientras que la sentencia de Kentucky está en suspenso pendiente de apelación, la de Tennessee es de aplicación inmediata, si bien tan solo afecta a las tres parejas demandantes.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que ser resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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La juez federal Aleta Trauger (fotografía dcha) decretó el pasado viernes una medida preliminar para que dos parejas de hombres y una de mujeres, casadas en estados donde ello es posible, vean reconocido su matrimonio en Tennessee, estado del sur de Estados Unidos que prohíbe la celebración y el reconocimiento de todas las uniones entre personas del mismo sexo.

La medida preliminar solo se emite en casos donde el juez ve muy probable la victoria de los demandantes y además se pretende evitar un daño irreparable. En este caso, tiene el objetivo de amparar temporalmente a las parejas frente a la situación de desprotección legal en la que quedaron al instalarse en Tennessee, hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto: si el estado tiene la obligación de reconocer todos los matrimonios del mismo sexo legalmente celebrados en otras jurisdicciones.

La demanda de las parejas, dos de ellas casadas en Nueva York en 2011 y la tercera en California en 2008, se dirige solo contra el no reconocimiento de sus enlaces en el estado sureño, y por tanto no persigue la implantación del matrimonio igualitario en el mismo. Si el fallo es efectivamente favorable a los demandantes, se daría una situación similar a la existente en el vecino Kentucky, donde otro juez federal dio la razón a cuatro parejas del mismo sexo casadas a las que este estado negó el reconocimiento de sus matrimonios. Kentucky empezará a admitir como válidos dichos enlaces, aunque no a celebrarlos, a partir del próximo 20 de marzo.

Tennessee decidió en referéndum en 2006 elevar a rango constitucional la prohibición de las uniones entre personas del mismo sexo, con un 81% de los votos; el segundo mayor porcentaje de rechazo a la igualdad LGTB en un referéndum de este tipo, tras el de Misisipi. El año pasado, ambas cámaras legislativas del estado votaron por unanimidad declarar el 31 de agosto el “Día del Matrimonio Tradicional”.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia y Texas, aunque las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo miembro se suma a la lista de los estados norteamericanos en los que un juez federal ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y no hablamos de un estado menor, sino de Texas, un territorio de más de 26 millones de habitantes (el segundo en población del país, tras California), de gran importancia política y económica y acusada idiosincrasia. Eso sí, la aplicación de la sentencia queda en suspenso hasta que se resuelva el ya seguro proceso de apelación. Texas sigue así los pasos de Utah, Oklahoma, Kentucky y Virginia, estados todos ellos en los que hasta hace no mucho tiempo el matrimonio igualitario era poco menos que una quimera.

Orlando García, un juez federal de casi 20 años de experiencia (fue nominado por Bill Clinton en 1993 y ratificado por el Senado de Estados Unidos en marzo de 1994), ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario, formalizada en una enmienda a la Constitución de Texas aprobada en referéndum en 2005 (por un 76,25 % de votos a favor frente a un 23,74 % en contra)  viola la Constitución de los Estados Unidos. “Es ausencia de una correlación razonable con un propósito gubernamental legítimo, la imposición de la desigualdad por un estado no tiene cabida en la Constitución de los Estados Unidos”, argumenta la sentencia.

“La decisión de esta corte no se toma en contra del gran pueblo de Texas o de su legislatura, sino en cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos y del precedente sentado por el Tribunal Supremo”, aclara además el juez Orlando García, cuyo fallo tiene lugar como consecuencia de la demanda planteada por dos parejas del mismo sexo, las formadas por Victor Holmes y Mark Phariss, una pareja de hombres a los que se les ha negado su derecho a contraer matrimonio en Texas, y Cleo DeLeon y Nicole Dimetman, una pareja de mujeres ya casadas en Massachusetts (el primer estado del país que permitió el matrimonio igualitario) y con un hijo de dos años.

El juez, sin embargo, ha dejado en suspenso su propia sentencia hasta que se resuelva el proceso de apelación, que evidentemente daba por seguro. No se equivocaba: el fiscal general de Texas, el republicano Greg Abbott, ya ha anunciado que la recurrirá. Abbott, que además es uno de los candidatos a la nominación republicana para las elecciones a futuro gobernador, es un conocido opositor al matrimonio igualitario. El fiscal general de Texas no seguirá pues el ejemplo de otros fiscales generales de perfil más progresista, como los de Nevada, Oregón, Pensilvania o Virginia, que ya han dejado claro que no defenderán en los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario. Una posición que ha merecido durísimas críticas de los sectores más conservadores pero que el propio fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, ha avalado hace pocos días.

Al igual que las ya dictadas en Utah, Oklahoma, Kentucky o Virginia, la sentencia del juez García en Texas bebe de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Por lo que se refiere a la decisión de dejar en suspenso la sentencia, es similar a la adoptada también en Oklahoma, Kentucky o Virginia. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah, después de que en este primer caso sí se celebraran en pocos días numerosos matrimonios.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en los cuatro estados ya mencionados. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. La de Texas, por ejemplo, es la primera de las sentencias que tiene lugar en un estado del 5º circuito federal de apelaciones, uno de los más conservadores.

Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación. Quizá la extensión del matrimonio igualitario a todo Estados Unidos está más próximo de lo que pensábamos hace solo unos meses…

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Cleo DeLeon, Discriminación, DOMA, Eric Holder, Estados Unidos, Greg Abbott, Kentucky, Mark Phariss, Massachusetts, Matrimonio, Nevada, Nicole Dimetman, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Victor Holmes, Virginia

Desde Estados Unidos, el goteo de buenas noticias relativas a los derechos LGBT no para... Una jueza federal anuló el jueves a última hora la prohibición del matrimonio igualitario en Virginia, una decisión que sigue la línea de los dictámenes emitidos por tribunales en numerosos estados durante los últimos meses.

La jueza de Distrito Arenda Wright Allen ha dictado una suspensión de la enmienda constitucional mientras es recurrida, lo que significa que las parejas del mismo sexo en Virginia no podrán casarse todavía hasta que se resuelva definitivamente el caso.

Ambas partes creen que el caso no se resolverá hasta que la Corte Suprema decida escucharlo o uno parecido.

La juez federal Arenda L. Wright Allen ha dictaminado en la noche de este jueves 13 de febrero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Virginia es inconstitucional. Sin embargo, al igual que en otras recientes decisiones judiciales de este tipo, la aplicación de la sentencia ha quedado en suspenso hasta que sea revisada por la Corte de Apelaciones. Otra victoria más, en cualquier caso, para los partidarios de la igualdad LGTB en los Estados Unidos, en un proceso que se muestra imparable.

La sentencia de la juez Wright Allen es clara: tanto los artículos de la Constitución del estado de Virginia como los de su Código Civil o cualquier otra ley del estado “que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento por parte de Virginia de los matrimonios del mismo sexo legítimos celebrados en otras jurisdicciones son inconstitucionales. Estas leyes niegan a los demandantes su derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Una resolución que bebe, sin duda, de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Se asemeja también a las recientemente dictadas por jueces federales en Utah, Oklahoma o Kentucky. Como en estos dos últimos estados, la aplicación práctica de la sentencia queda en suspenso, en este caso a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el seguro recurso. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que en este caso se hubieran celebrado numerosos matrimonios).

El caso de Virginia se centra en una pareja gay de Norfolk a la que le fue denegada una licencia de matrimonio por el Tribunal de Norfolk en julio, poco después de que el Tribunal Supremo anulara la Ley de Defensa del Matrimonio. Una pareja del Condado de Chesterfield, casada en California y con una hija adolescente, se unió posteriormente a la demanda, solicitando que su matrimonio fuera reconocido en el estado Virginia. Los demandantes aseguran que el caso es análogo a otra causa que marcó un hito en 1967 cuando el Tribunal Supremo EEUU dictó sentencia en un caso de matrimonio interracial. Mildred y Richard Loving se casaron en Washington DC, y estaban viviendo en Virginia cuando la policía irrumpió en su casa y los acusó de violar la ley de Integridad Racial del estado. Fueron declarados culpables, pero más tarde prevalecieron ante el Tribunal Supremo.

En el caso de Virginia, la juez decidía sobre la demanda presentada por Mary Townley y Carol Schall, una pareja de lesbianas legalmente casadas en California, cuyo matrimonio no era reconocido por el estado de Virginia, donde residen. Carol deseaba adoptar a la hija que habían decidido tener ambas, pero que fue gestada por Mary. La respuesta de los funcionarios del registro civil fue “tú no eres nadie, no importas”, negándole la filiación. Ambas presentaron la demanda correspondiente, que ahora ha sido estimada por la justicia federal.

“La justicia a menudo se ha forjado a partir de las vejaciones y perjuicios sufridos” estimaba en su sentencia la juez Wright Allen, resolviendo que “los intereses del gobierno en la perpetuación de las tradiciones, protegiendo los asuntos estatales de la interferencia federal, y favoreciendo un modelo de paternidad sobre los demás deben ceder el paso a la protección de la garantía del ejercicio de las opciones privadas del ciudadano sobre el amor y la familia, tan querida por este país”.

La Oficina del Procurador General de Virginia tomó la decisión de no defender la prohibición

Virginia, giro político en muy poco tiempo

La sentencia se ha producido tan solo unos días después de que el nuevo fiscal general de Virginia, el demócrata Mark Herring, renunciara a defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario que estaba vigente hasta ahora, ya que cree que la prohibición viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14. Sin embargo, pidió al juez que la mantuviera a fin de evitar una situación como lo que pasó en Utah después de que otro juez federal declarara inconstitucional la prohibición en ese estado a los matrimonios homosexuales. Herring se hacía en las elecciones de noviembre con el puesto de fiscal general que dejaba vacante el homófobo Ken Cuccinelli, candidato a gobernador por el Partido Republicano. Una batalla que perdió por escaso margen frente al candidato demócrata, Terry McAuliffe.

Dos cambios que sin duda han marcado para bien la evolución de los derechos LGTB en Virginia. La primera orden de Terry McAuliffe como gobernador fue de hecho prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado. Por otro lado, aunque la vía judicial, de resultar finalmente favorable, aceleraría el reconocimiento estatal del matrimonio igulitario, también se ha abierto un proceso legislativo: hace tan solo unas semanas, un grupo de legisladores del estado anunciaban su intención de presentar un proyecto de ley para revertir el veto del matrimonio entre personas del mismo sexo (vigente desde 2006 tras ser aprobada por los votantes en un referéndum con el 57% de los votos). Una iniciativa de éxito improbable (los republicanos controlan la Cámara de Delegados) pero de gran valor simbólico en este contexto.

 Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

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El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la vigente prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Kentucky viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez da la razón a cuatro parejas del mismo sexo legalmente casadas en otros estados a las que Kentucky negó el reconocimiento de su matrimonio. El fallo no supone que las parejas del mismo sexo puedan comenzar a casarse todavía en ese estado.

Al igual que en las recientes sentencias de Utah y Oklahoma, el fallo de Kentucky (que puedes descargar pinchando aquí) bebe directamente de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. El juez Heyburn considera que la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio vulnera el principio de igual protección bajo la ley que garantiza la Constitución estadounidense y desmonta los argumentos de los contrarios. “El que las leyes de Kentucky estén profundamente arraigadas en la tradición no justificar por sí solo la violación de las libertades individuales”, argumenta Heyburn, un juez nominado por George Bush padre en 1992 a propuesta de un senador republicano.

El juez también rechaza que reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio suponga un daño a los menores, recurriendo también aquí a los argumentos del Tribunal Supremo en el caso Windsor. “El juez Kennedy explicó que es precisamente la negativa del gobierno a reconocer los matrimonios del mismo sexo lo que puede dañar a los niños, al no permitir casarse a los padres que precisamente sean del mismo sexo”, añade el juez Heyburn, que también niega el argumento tradicional de que el fin primordial del matrimonio es la procreación. “Kentucky no requiere prueba alguna de la capacidad para procrear a la hora de reconocer matrimonios celebrados en otros estados. Excluir a las parejas del mismo sexo por ese motivo tiene tan poco sentido como excluir a las parejas postmenopaúsicas o estériles”, afirma el juez.

Sin embargo, quizás influido por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que se hubieran celebrado numerosos matrimonios) o el más reciente de Oklahoma (que ni siquiera dio lugar a que se celebrara ningún matrimonio), el juez Heyburn ha emitido también una orden que deja la sentencia en suspenso hasta que se celebre una audiencia, cuya fecha no ha sido aún establecida, en la que se discuta cómo y cuándo implementar la decisión.

Avalancha de sentencias

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como las mencionadas de Oklahoma o Utah. En dosmanzanas hemos aludido a algunas de las que están en proceso (como las de Nevada, Pensilvania o Virginia) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados sin matrimonio igualitario, entre ellos algunos tan importantes como Texas (donde se espera una primera sentencia inminente) o Florida.

Fuente Dosmanzanas

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La igualdad legal de gays y lesbianas avanza rápidamente en Estados Unidos, y algunas de sus áreas más conservadoras se resisten a ello con uñas y dientes. La Cámara de Representantes de Kansas, en el centro del país, aprobó el martes un proyecto de ley que, de ser aprobado, permitirá a empleados públicos y a particulares negarse a atender a las personas LGTB que soliciten un servicio, simplemente alegando un conflicto con sus creencias religiosas.

El proyecto de ley 2453 no esconde, ni siquiera en el título (Ley acerca de la libertad religiosa con respecto al matrimonio) el temor que se ha despertado en los políticos republicanos del interior del país tras las sentencias, actualmente en suspenso, que declararon inconstitucionales los vetos al matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en los estados de Utah y Oklahoma. Tras pasar su primer trámite en la cámara baja con 72 votos a favor y 42 en contra, se enfrenta a una votación final el próximo miércoles que, de ser también afirmativa, enviará el proyecto al Senado estatal, controlado también por los republicanos.

Los defensores de la reforma se escudan en que servirá para proteger la libertad religiosa, por ejemplo de comercios que no quieran verse obligados a atender a parejas del mismo sexo. Añaden que la ley no está dirigida específicamente contra las personas LGTB, ya que alguien con un sentimiento religioso “sincero” contrario al matrimonio heterosexual podrá negarse también a atender a una pareja de sexos opuestos.

Sin embargo, el portavoz de Equality Kansas Thomas Witt niega el carácter “protector” del proyecto y afirma que se trata tan solo de una maniobra para que los empleados públicos puedan discriminar impunemente. “Todos los condados rurales de este estado tienen parejas del mismo sexo. Los funcionarios del Gobierno de esos condados van a poder negarles servicios a los que tienen derechos como contribuyentes”, alertó. El representante republicano Don Hill había introducido una enmienda para que los servicios prestados por los empleados públicos quedaran fuera del proyecto, pero no prosperó. Witt añadió que si Kansas realmente abriera el matrimonio a las parejas del mismo sexo, ya existen leyes que protegen a los establecimientos frente a demandas por discriminación.

Los representantes demócratas mantuvieron en general una oposición débil al proyecto de ley, lamentando principalmente el perjuicio a la imagen del estado si es aprobado. Louis Ruiz fue una de las excepciones, al señalar que la iniciativa autoriza a discriminar “tanto si queremos admitirlo como si no” y citar su propia condición de minoría étnica, a lo que el republicano Travis Couture-Lovelady replicó que la orientación sexual no es en el estado una categoría protegida contra la discriminación como lo es el origen racial. La representante Barbara Bollier, una de los pocos republicanos que se opuso a la reforma, declaró: “No creo que sea nunca estar del lado correcto de la Historia el tener derecho a discriminar a alguien. Ya está todo dicho”.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Barbara Bollier, Discriminación, Equality Kansas, Estados Unidos, Kansas, Louis Ruiz, Oklahoma, Religión, Thomas Witt, Travis Couture-Lovelady, Utah

Leemos en Dosmanzanas que Mike Turner, congresista republicano de la Cámara de Representantes de Oklahoma, ha presentado un proyecto de ley para prohibir cualquier forma de matrimonio en el estado. El objetivo del proyecto sería impedir que los enlaces entre personas del mismo sexo tengan lugar en Oklahoma si la Corte Federal de Apelaciones suscribe la sentencia del juez Terence C. Kern, que el pasado 14 de enero declaró inconstitucional la limitación del matrimonio a las parejas del mismo sexo recogida en las leyes del estado.

Crece el temor entre las filas más conservadoras a que la Corte Federal de Apelaciones de Denver, que debe decidir sobre las sentencias, ahora en suspenso, que abrieron el matrimonio igualitario en Utah y Oklahoma, sea favorable a los derechos LGTB. La decisión de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco respecto a la ilegalidad de rechazar a un jurado por razón de su orientación sexual, otorgando a esta el mismo grado de protección contra la discriminación que al sexo o la raza, no ha hecho más que aumentar esa inquietud.

Pero lo que no cabía esperar es que el grado de fanatismo homófobo llegara al punto de querer erradicar la figura misma del matrimonio antes que permitir su disfrute a las parejas del mismo sexo. Así lo ha hecho el republicano Mike Turner, presentando en la Cámara de Representantes de Oklahoma un proyecto de ley que prohibiría la celebración y reconocimiento de cualquier matrimonio en el estado. La iniciativa tiene el formato denominado “shell bill”, es decir, un proyecto de ley sin apenas contenido que puede enmendarse en cualquier momento según las circunstancias. El objetivo de Turner, pues, sería modificarlo a conveniencia, o incluso retirarlo, según lo que dicte la Corte Federal de Apelaciones de Denver en su momento.

Según Mike Turner, sus electores “están dispuestos a discutir acerca de si el matrimonio debe ser regulado por el estado”, estimando además que la opción de abandonar en Oklahoma el reconocimiento del matrimonio civil es “sin duda una opción realista y algo que debería formar parte del debate”. Turner afirma tener el apoyo de otros representantes conservadores, que mantendrían idéntico punto de vista.

Para Ryan Kiesel, director ejecutivo de ACLU (American Civil Liberties Union, organización de defensa de los derechos civiles de las minorías) en el estado, estos representantes “están totalmente fuera de contacto con los ciudadanos de Oklahoma”, y cree que en el futuro este tipo de reacciones serán cada vez más escasas. Según Kiesel, la ACLU ha sido incapaz de encontrar un estado que haya erradicado completamente el matrimonio.

En todo caso, la idea de arrebatar a todos los ciudadanos un derecho con el fin de que una minoría no pueda disfrutarlo no sería novedosa en Oklahoma. Cuando la autoridad federal obligó a los estados a que ofrecieran a los miembros de la Guardia Nacional legalmente casados con una persona de su mismo sexo los mismos beneficios establecidos para cualquier matrimonio, la gobernadora Mary Fallin decidió suprimir todos esos beneficios para todas las parejas casadas, incluidas las de distinto sexo, antes de verse obligada a ofrecérselos a los miembros de un matrimonio homosexual.

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