Entre 2020 y 2023 se cometieron 54 asesinatos a personas TLGBI, según el último Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Fuente Agencia Presentes

22 de julio de 2024
Melissa Goytizolo Castro
Alfonso Silva Santisteban.
Edición: Ana Fornaro

El Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI registró 54 asesinatos hacia personas de la comunidad y 170 casos de vulneración de sus derechos entre el 2020 y 2023.

“De aquí se la llevaron”, dice a Presentes Xiomara*, mujer trans peruana y trabajadora sexual, señalando una vereda del jirón Chancay, en el Centro de Lima. Allí, en febrero del 2023 extorsionadores de la banda criminal “Los Gallegos” secuestraron a su compañera Rubí Torres Silvano (31 años) y la llevaron al distrito de Carabayllo, donde la asesinaron de aproximadamente 30 impactos de bala. “Nos mandaron un video al celular, era el cuerpo de Rubí. Así nos amenazaron para que paguemos cupo por ocupar la plaza. Hay mucha rabia hacia nosotras”, afirma.

Entre 2020 y 2023, en Perú se cometieron 54 asesinatos a personas TLGBI, según el último Informe Anual del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El documento enfatiza que más de la mitad de las víctimas fueron mujeres trans (30), seguido por hombres gay (23) y una mujer lesbiana.

En 2023 se incrementó el número de homicidios con 19 casos, de los cuales 12 fueron mujeres trans y 7 gays. El año anterior fueron 13 personas: 8 gays y 5 mujeres trans. En 2021 diez: 5 mujeres trans y 5 gays. Y en el 2020 doce: 8 mujeres trans, 3 gays y una lesbiana.

Mujeres trans: las más violentadas

Los crímenes se han dado con ensañamiento, desde múltiples disparos y puñaladas en el cuerpo hasta degollamientos, lo que indica un odio extremo por las identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales que no se ajustan a las reglas heteronormativas.

El reporte también detalla en la categoría vulneración de derechos- es decir, por ejemplo, violencia por parte del Estado, incitación a la discriminación, intento de asesinato- que la mayor cantidad de estos atropellos se cometieron durante el 2020, alcanzando 61 denuncias. Seguido en el 2022, con 43. Luego el 2023, con 34. Y el 2021, con 32. Se observa que en esta categoría las mujeres trans, nuevamente, son las más perjudicadas.

La coautora del informe, mujer trans defensora de derechos humanos TLGBI y periodista, Gianna Camacho, explica a Presentes porque este grupo es el más afectado en sus derechos. “Las mujeres trans somos las personas más violentadas porque nos hemos atrevido a salirnos “del equipo ganador” para pasarnos “al equipo más débil”. Por eso el castigo social de esta violencia que sufrimos”.

Para la psicóloga y activista bisexual de la organización feminista y LGTBIQ+ Más Igualdad, Alex Hernández, las mujeres trans son las principales víctimas de crímenes de odio “porque ellas desafían los mandatos de la masculinidad. Al ser personas que son asignadas masculino al nacer, pero tienen y construyen una identidad femenina, esto desafía los mandatos que se suponen que tienen las personas asignadas hombres al nacer en su masculinidad. Al desafiarlo suponen un gran problema social para la mirada patriarcal. Por esto hay un ensañamiento con ellas”, dice a Presentes.

“Yo no quiero que me maten”, dice Xiomara. Ella y sus compañeras desearían no dedicarse a la prostitución, pero no tienen otra manera de sobrevivir por la falta de oportunidades laborales. De acuerdo con un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del año 2012, el 70% de las mujeres trans de Lima y Callao se dedican al trabajo sexual.

Crímenes impunes

El informe enfatiza que los números de crímenes de odio registrados son únicamente un subregistro. Se indica que “hay muy pocas medidas para contribuir a la disminución de la violencia, así como facilitar el registro de asesinatos de personas LTGBIQ+, no se ha incorporado un sistema virtual que contemple la supuesta orientación sexual o identidad de género de la víctima, no se ha aprobado una Ley de Identidad de Género”.

Gianna Camacho subraya que, ante la ausencia de estadística estatal, utilizaron denuncias dadas a conocer por la prensa y registros directos de organizaciones LGBTIQ+. “Hay muchos casos de los cuales no nos hemos enterado porque no son reportados o porque las víctimas nunca visibilizaron que eran LGBTIQ+”, agrega.

Al Estado peruano no le importa registrar las vulneraciones a los derechos de la comunidad TLGBI, pese a que tiene la responsabilidad de controlar la violencia. Tampoco le importa que los crímenes de odio sean sancionados.

En Presentes observamos que, de los 54 asesinatos registrados en el informe entre el 2020 y el 2023, en 26 no han sido identificados los asesinos. La situación se agrava en el 2023: de 19 homicidios en 13 no se halló a los responsables.

Al respecto, el excongresista Alberto de Belaunde comenta que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía cuentan con todas las herramientas legales para perseguir este tipo de delitos. “El que estos crímenes queden en la impunidad no se debe a vacíos en la ley. Se debe a falta de decisión, a la incapacidad de estas instituciones de entender que están trabajando con población en situación de vulnerabilidad, falta de protocolos para asegurar la atención y una evidente falta de interés”, afirma a Presentes.

“Nos están observando”

Xiomara se encomienda a Dios cuando sale a trabajar. “La vida de nosotras es muy dura, sino nos atacan los extorsionadores son nuestras autoridades. Recuerdo que tiradas en el piso, la policía nos ponía encima a los perros. Sentía sus uñas. Era horrible. Nos decían que por ser maricones nos pasaba eso”.

A inicios del 2022, como se lee en el informe, integrantes de la sanguinaria organización criminal “Los Gallegos” empezaron a pedir cupos a las mujeres trans cuya zona de trabajo son las calles del Centro de Lima. El 12 de febrero del 2023 dispararon múltiples balas a los cuerpos de Rubí Torres Silvano (31) y Priscila Aguado Huatuco (30).

La crueldad de ambos homicidios hizo que la comunidad TLGBI realizara platones frente a las dependencias policiales que estaban a pocas cuadras de donde habían secuestrado a las víctimas. En marzo del 2023 la policía capturó a dos de los asesinos. “Los meses siguientes disminuyeron los asesinatos, pero aumentó la extorsión en toda la ciudad (de Lima), según refieren las activistas. (…) La violencia de género no ha parado. Tampoco la disputa entre las mafias”, dice el informe.

Xiomara comenta que hace varios meses ya no pagan cupos, al menos, en las calles del Centro de Lima, pero afirma que desde hace veinte días han empezado a ver motos y carros sospechosos. “Es como si estuvieran marcando de nuevo el territorio, como si estuvieran contándonos. Entre todas llegamos a la conclusión de que nos están observando. Hace poco soltaron granadas en el jirón Zepita, como advirtiéndonos que va a entrar una nueva mafia”.

*Xiomara es el seudónimo que eligió la entrevistada por medidas de seguridad.

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Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

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Del 4 al 6 de setiembre se llevó a cabo en Lima, Perú el Primer Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y El Caribe, del que participaron decenas de autoridades como congresistas, ministros, regidores y concejales que a la vez son activistas y líderes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. La actividad se llevó a cabo en el campus sur de la Universidad Cayetano Heredia, en la avenida Armendáriz 445, Miraflores.

Durante estas jornadas, los líderes y lideresas analizaron diversos puntos de la agenda política LGBTI y dieron a conocer sus propios balances y sus retos a futuro. Así, por ejemplo, se llevaron a cabo los paneles “La participación política de personas LGBTI en Latinoamérica y el Caribe”, “Liderazgos LGBTI en los partidos políticos” y también se realizaron talleres como “Creación y funcionamiento de equipos de campaña”, “Claves para un buen mensaje de campaña”, entre otros.

El alcalde de Long Beach, Robert García, primer alcalde latino y abiertamente gay de Long Beach (EE.UU) participó junto al congresista peruano Carlos Bruce y la legisladora argentina María Rachid del primer panel del evento, denominado “La visibilidad LGBTI: Un cambio a la construcción de una democracia real”. En él, García narró su experiencia como autoridad LGBTI en Estados Unidos.

“Era la primera vez que un latino y además abiertamente gay postulaba a un puesto así en el país y en uno de los estados más grandes. Tenía mucho temor, pero todo resultó excelente. Especialmente la comunidad latina nos apoyó mucho. En Estados Unidos tenemos tres alcaldes LGBTI: en Houston, en Seattle y yo, en Long Beach”, indicó García.

Por su parte, el congresista Carlos Bruce, consideró que, pese a la demora en el debate del proyecto de Unión Civil en el Perú, se ha avanzado, pues “al margen de que se apruebe o no, considero que hemos avanzado y demostrado que nuestra identidad de género u orientación sexual no tiene nada que ver al momento de ejercer un cargo público o alguna representación pública, que ser gay no te hace ni mejor ni peor servidor público”.

“Yo tengo una ventaja. He sido ministro de Estado, he sido reelegido congresista, hasta mis adversarios reconocen que hemos realizado un buen trabajo. Si asumir eso significa un costo, pues habrá que asumirlo para tener un país más equitativo”, expresó.

Además, sostuvo el parlamentario, “hemos propuesto a los partidos políticos peruanos crear en sus organizaciones las secretarías LGBTI, una propuesta que ha tenido acogida de diversos partidos, sectores y líderes políticos como el Apra, el Frente Amplio, la Izquierda, Pedro Pablo Kucsynski, Acción Popular no lo ha descartado. El único que, por razones evidentes, no lo ha aceptado, es el PPC”, indicó.

Por su parte, la legisladora argentina María Rachid narró cómo fue el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en su país. También participaron de la inauguración Carlos Cáceres, director IESSDEH de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como los representantes de las instituciones organizadoras del evento: Luis Abolafia, director de Programas Internacionales Gay & Lesbian Victory Institute, EE.UU; Wilson Castañeda, director de Corporación Caribe Afirmativo-Colombia; y Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

Al respecto, Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) expresó que “ha sido una gran experiencia participar del Primer Encuentro de liderazgos LGTBI de América Latina ya que pudimos compartir nuestras experiencias con quienes luchan en todo el continente por más igualdad. La FALGBT ha impulsado grandes cambios en nuestro país y ese trabajo es mirado con enorme atención en todos los países de la región, lo cual nos llena de orgullo. Asimismo pudimos constatar el clima muy positivo que se vive en toda la región, lo que augura un pronto avance de nuestros derechos a nivel continental.”

Fuente: Perú.com, Prensa FALGBT, vía SentidoG

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