Japón se encuentra entre los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo y, sin embargo, es aquel (entre dicho grupo) que cuenta con menos legislación en materia de protección y reconocimiento de derechos LGTB. De hecho, ante la falta de políticas nacionales japonesas en este sentido, son las administraciones locales las que están dando pequeños pasos. Por ejemplo, con la aprobación de leyes de uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Estas uniones no solapan el objetivo del activismo de luchar por el matrimonio igualitario, pero son un primer paso ante la inexistencia de cualquier otro reconocimiento hasta su aprobación. Fukuoka se acaba de convertir en la segunda gran ciudad de Japón en aplicar una ley de uniones de hecho, después de que el año pasado lo hiciera Sapporo.  

Las parejas del mismo sexo de Fukuoka (una ciudad de un millón y medio de habitantes al norte de la isla japonesa de Kyushu) ya pueden registrar sus uniones de hecho ante la administración. Fue el pasado mes de febrero cuando se aprobó la nueva legislación local, pero el inició de su aplicación se estableció para el presente mes de abril. En septiembre de 2017 el alcalde de Fukuaka, Soichiro Takashima, se mostraba partidario de seguir los pasos Sapporo (la primera gran ciudad de Japón en aprobar una ley de uniones de hecho). “Consideraré la introducción de un marco de apoyo para las minorías sexuales que incluya las uniones de hecho, con la intención de crear una sociedad más inclusiva que reconozca la diversidad”, declaraba Takashima.

Aunque estas uniones no son equivalentes a la figura del matrimonio plenamente igualitario (que sigue siendo objeto de reivindicación por parte del activismo LGTB japonés) reconocen derechos relativos a la vivienda, la posibilidad de beneficiarse de los seguros de la pareja o permitir las visitas hospitalarias, entre otras cuestiones.

El alcalde Takashima entregó el primer certificado de uniones de hecho a la pareja de formada por Miho Yamashita, de 27 años, y Anri Ishizaki, de 33. Ishizaki, que es activista trans y LGTB en Fukuoka Rainbow Educational Networks, aseguraba a los medios de comunicación tras el enlace que “ya hemos pasado nuestras vidas juntas como familia, pero estamos contentas porque sentimos que recibimos felicitaciones de la sociedad”.

En el siguiente vídeo se recogen algunos momentos de la unión de hecho entre esta primera pareja LGTB:

Los primeros antecedentes en Japón

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Dosmanzanas

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El que fue primer ministro italiano se presenta de nuevo a las elecciones y propone, entre otras cosas, modificar la actual ley de uniones civiles que está abierta a parejas del mismo sexo.

Dentro de poco se van a celebrar elecciones en Italia otra vez más.  Silvio Berlusconi, el que fue primer ministro de Italia, se presenta de nuevo como candidato con su partido Forza Italia.

Después deuna gran discusión nacional, el país aprobó hace poco lo que ellos llaman la ley Cirinnà, una ley de uniones civiles que, aunque está abierta a parejas del mismo sexo, en realidad no dejó contento a nadie. Por un lado porque ya sabemos que a los homófobos no les parece bien ningún tipo de avance, y por otro lado porque las personas LGTBI italianas se tuvieron que contentar con una ley que les permitía casarse, o más bien, unirse, de una manera distinta tanto en las formas (lo suyo no se llama matrimonio) como en el contenido (con bastantes diferencias discriminatorias respecto al matrimonio al que pueden acceder los heterosexuales).

Y ahora, cuando pensábamos que éste era un tema del que nadie iba a hablar más, las uniones civiles han vuelto a formar parte del debate electoral. La candidata de Forza Italia Eugenia Rocella  en el Family Day   prometió que si llegaban al poder pelearía para abolir o cambiar profundamente todas las leyes aprobadas por la izquierda que dañaban fuertemente a la familia.

Aunque en realidad nadie se tomó demasiado en serio a esta señora, la ex-política y activista  consiguió que Mara Carfagna, portavoz parlamentaria de Forza Italia, asegurara en Twitter que no tenían intención de modificar la ley Cirinnà:

Assolutamente no. È una sua opinione personale, che non condivido e non fa parte del programma del centrodestra. Cosa facciamo, il passo del gambero?

— Mara Carfagna (@mara_carfagna) 1 de febrero de 2018

“Pregunto a @mara_carfagna si está de acuerdo con la propuesta de Eugenia Roccella de abolir la ley #UnionesCiviles, que usted también votó. Gracias.“

“De ninguna manera. Es su opinión personal, que no comparto y no forma parte del programa de centro-derecha. ¿Vamos hacia atrás, como los cangrejos?“

Después de esta respuesta de Carfagna parecía que podíamos respirar tranquilos. Sin embargo Berlusconi, que dice que se presenta para ganar y presidir de nuevo el consejo de ministros y que está centrando su campaña en temas económicos, también quiso hablar de temas sociales y sobre las uniones civiles dijo que habría cambios en la ley y que “esto no significa necesariamente volver a la situación anterior; significa, en lo que se refiere a las uniones civiles, definir claramente la función social del matrimonio entre hombres y mujeres, orientada a la procreación y educación de los hijos.”

Así que parece que realmente sí que piensan en modificar la ley Cirinnà y dejar todavía más claro que por un lado están los heteros, que se casan para tener hijos (en Italia no existe la adopción homoparental), y luego los homosexuales que hacen otra cosa con otro nombre y que no vale lo mismo. Si nos tomamos en serio sus palabras excluirían del matrimonio incluso a las parejas heterosexuales que no pueden o no quieren por las razones que sean tener hijos.

Este interés por defender el matrimonio en su forma más tradicional nos sorprende bastante viniendo de una persona como él que, como ya sabemos, tiene unas ideas muy laxas sobre cómo combinar sexo y moral católica. Hace bastante poco, cuando en Italia se estaba debatiendo la aprobación de las uniones civiles, se mostraba de lo más abierto si lo comparamos con otros políticos de derechas:

Quella per i diritti civili degli omosessuali è una battaglia che in un Paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti.
Da liberale, ritengo che attraverso un confronto ampio e approfondito si possa raggiungere un traguardo ragionevole di giustizia e di civiltà.

“La lucha por los derechos civiles de los homosexuales es una batalla que en un país verdaderamente moderno y democrático debe ser un compromiso de todos.
Como liberal, creo que mediante un debate amplio y profundo podemos alcanzar un objetivo razonable de justicia y civilización.“

Lo más probable es que ni siquiera haya cambiado radicalmente de opinión en este tiempo. Tristemente, el candidato de Forza Italia sabe que en países como el suyo la homofobia vende y que le sirve para arañar algún voto entre el sector del público al que dirige su mensaje. Un poco más a la derecha pero más o menos en el mismo segmento de voto tiene, por ejemplo, la competencia de Fratelli d’Italia, un partido con un discurso mucho más agresivo sobre la necesidad de defender la familia tradicional, aunque lo defiende una señora soltera que vive sin estar casada con su pareja. Nuevamente la coherencia la llevan más bien mal…

En todo caso, parece bastante claro que no se puede esperar ningún avance ni mejora para el colectivo LGTB+ si estos señores ganan las próximas elecciones del 4 de marzo.

Fuente | Il Giornale, vía EstoyBailando

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Este 1 de febrero, la Asamblea de los Estados del Bailinazgo de Jersey ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una contundente mayoría de 43 votos a favor y tan solo 1 en contra. Se culmina así un proceso que se inició en 2015, cuando el Gobierno de la isla presentó ante la cámara su proyecto de ley de matrimonio igualitario. A falta de la obligatoria sanción real, se espera que la nueva normativa entre en vigor en el mes de mayo.

Jersey, que cuenta con unos 100.000 habitantes, es una de las conocidas también como islas Anglonormandas, vinculadas a la corona británica desde tiempos medievales (cuando el rey de Inglaterra y el duque de Normandía eran la misma persona) pero que formalmente no forman parte del Reino Unido. Por ello, los avances en derechos LGTB se han producido con una cierta demora con respecto a este. Por ejemplo, en el Estado británico se aprobaban las uniones civiles (civil partnership) en 2004, pero en Jersey una ley similar tuvo que esperar hasta 2009 para ver la luz y hasta mediados de 2011 para entrar en vigor.

Lo mismo ha ocurrido con el matrimonio igualitario. Mientras que era aprobado en Inglaterra, Gales y Escocia en el año 2014, las dependencias y territorios británicos debían legislar al respecto de manera independiente. El Gobierno de Jersey promovió una iniciativa legislativa en el año 2015, con la pretensión de que el trámite parlamentario hiciera posible el matrimonio entre personas del mismo sexo dos años después.

Sin embargo, se ha tenido que esperar hasta este 1 de febrero para que la Asamblea de los Estados (el parlamento unicameral de Jersey) aprobase finalmente la ley, aunque lo ha hecho con gran contundencia: 43 votos favorables contra un único voto desfavorable. Como es preceptivo, habrá que esperar a la sanción real para que la ley tome efectos, algo que se espera que ocurra en el próximo mes de mayo.

Un territorio europeo más en unirse a la igualdad de derechos de las parejas LGTB. ¡Enhorabuena, Jersey!

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

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El Consejo Legislativo de Santa Elena aprobó este martes un proyecto de ley para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Se trata de la décima dependencia británica que reconoce este derecho, y la primera que lo hace después de que la Asamblea de Bermudas diera marcha atrás y anulara la medida pocos meses después de entrar en vigor. Santa Elena era la única parte del territorio de ultramar que también comprende a Ascensión y Tristán de Acuña en la que el matrimonio era aún excluyente.

La andadura de la igualdad matrimonial en la isla atlántica de Santa Elena comenzó en abril de 2016. El Gobierno de este territorio británico anunciaba entonces una consulta pública sobre el asunto, que se extendió durante un mes y reveló una mayoría de 79 respuestas favorables frente a 66 en contra. El Consejo Ejecutivo decidió, por tanto, enviar la propuesta al Consejo Legislativo para su tramitación parlamentaria. Pero el proyecto de ley fracasó en su primer intento y fue retirado en diciembre del año pasado.

En enero de este año, una pareja de hombres solicitó una licencia de matrimonio en Santa Elena. El funcionario del registro civil remitió la petición a la Justicia después de que se presentaran alegaciones contra la misma tras su exposición pública. La audiencia del caso en el Tribunal Supremo estaba prevista para enero de 2018.

El pasado septiembre, el Consejo Legislativo se reunió para decidir si retomaba el asunto o lo dejaba en manos de la Justicia. Los diputados resolvieron lanzar una nueva consulta pública, cuyos resultados volvieron a ser favorables. El Gobierno remitió entonces el proyecto de ley de matrimonio igualitario al Parlamento, que lo aprobó este martes por una contundente mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra. Ahora solo resta el trámite de la sanción real para que entre en vigor.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto.

Con Santa Elena ya son 9 los territorios de ultramar británicos que han concedido los mismos derechos a las parejas del mismo sexo. Los restantes son las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, la base de Acrotiri y Dekhelia, Gibraltar, el Territorio Británico del Océano Índico, la isla Ascensión y Tristán de Acuña. Estos dos últimos, de hecho, conforman con la isla de Santa Elena el territorio de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. El matrimonio igualitario en Bermudas, vigente durante varios meses por decisión judicial, será reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes.

En cuanto a las dependencias de la Corona, Guernsey y la isla de Man cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Alderney, una dependencia a su vez del bailinazgo de Guernsey, el matrimonio igualitario es posible desde el pasado 13 de diciembre. La dependencia restante, Jersey, ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley al respecto.

En el propio Reino Unido en sí, existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, los conservadores protestantes de Irlanda del Norte siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo para ocasiones especiales acordado en los procesos de paz.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, falló el jueves pasado contra Italia por discriminar a seis parejas del mismo sexo casadas legalmente en otros países. Los denunciantes recurrieron a la justicia europea en 2012 por la negativa de la Administración italiana a reconocer sus matrimonios. En ese momento, en el país no existía aún ninguna regulación legal de las parejas del mismo sexo. El Estado italiano tendrá que indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros.

Nueva sentencia positiva para los derechos LGTB de la justicia europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado a favor de seis parejas del mismo sexo cuyos matrimonios no reconoció la administración italiana. Tres de las parejas se habían casado legalmente en Canadá, dos en los Países Bajos y una en California. Las autoridades italianas rechazaron la petición con base en una orden del ministerio del Interior del año 2001 que condenaba el matrimonio igualitario como “contrario a las normas del orden público”.

Los jueces del TEDH, por cinco votos a favor frente a dos en contra, han estimado que la negativa a reconocer los matrimonios constituye una violación injustificada del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este título consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El Estado italiano tendrá que indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros y pagará las costas judiciales, que ascienden a 19.000 euros.

La sentencia reafirma la libertad de los Estados europeos para excluir del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero también el derecho de estas parejas a que su unión sea reconocida bajo algún tipo de figura legal. Es lo que no ocurrió cuando los demandantes recurrieron a la Justicia en 2012. Italia no aprobó una ley de uniones civiles hasta 2016, por lo que los magistrados del TEDH sostienen que la administración dejó a los demandantes en un limbo legal durante esos cuatro años. El país carecía de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo con anterioridad a la descafeinada ley del Gobierno de Matteo Renzi.

No es la primera vez que Estrasburgo condena a Italia por este asunto. En 2015 ya sentenció a favor de tres parejas de hombres que presentaron una demanda por no poder casarse e instó a los gobernantes a que aprobaran una ley de uniones civiles, como efectivamente hicieron meses más tarde. En 2016, el alto tribunal volvió a emitir un fallo contra las autoridades del país por no reconocer el derecho de residencia a la pareja del mismo sexo de un ciudadano italiano. Y en febrero de este año, 2017, fue la justicia italiana la que obligó, con carácter inapelable, a inscribir un matrimonio entre dos mujeres celebrado en Francia.

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El Tribunal Supremo de Grecia sentenció el pasado jueves en contra de Themis Katsagiannis y Dimitris Tsambrounis, una pareja del mismo sexo a la que casó el alcalde de la isla de Tilos en junio de 2008. Tasos Aliferis defendió entonces su decisión de celebrar el enlace por un vacío en la ley, que no especificaba que los contrayentes tuvieran que ser de diferente sexo. El matrimonio ya fue anulado en primera instancia, pero la pareja recurrió ante el Tribunal Supremo, que les ha dado un nuevo varapalo. Pero Katsagiannis y Tsambrounis no se rinden y ya han anunciado que están estudiando recurrir a la justicia europea.

Lo recogíamos entonces: en junio de 2008 tenían lugar las dos primeras bodas entre personas del mismo sexo en Grecia. Tassos Aliferis, alcalde de la isla de Tilos en el mar Egeo, celebró las uniones con el argumento de que la ley sobre el matrimonio civil adoptada en 1982 no precisa que las bodas tengan que ser necesariamente entre personas de sexos opuestos. Se trataba de Katsagiannis y Tsambrounis y de una pareja de mujeres.

Varias horas después de la ceremonia, el fiscal de Rodas, que también tiene jurisdicción sobre Tilos, señalaba la nulidad de las bodas y pedía al alcalde que no las inscribiera en el registro civil. El fiscal también abrió una investigación preliminar por una presunta “falta de responsabilidad” del alcalde. “No hay marco legal que autorice matrimonios homosexuales en Grecia (…) la ley concierne clara y exclusivamente a las parejas heterosexuales”, reaccionaba también Sotirios Hatzigakis, el entonces ministro de Justicia del Gobierno conservador de Nueva Democracia, al calificar los enlaces de “ilegales e infundados”.

En 2012, Katsagiannis anunciaba su intención de llevar al Tribunal Supremo la anulación de su matrimonio con Tsambrounis. En caso de ser rechazada su petición, como ha ocurrido, ya avanzaban también la opción de acudir a la justicia europea. Su motivación principal, la de incrementar la concienciación de la sociedad griega sobre la igualdad LGTB: “Hasta que nos casamos, las relaciones entre personas del mismo sexo no eran realmente un asunto en las mentes de la gente”, mientras que a partir de entonces, se abrió el debate que culminó, por ahora, en la apertura de las uniones civiles a todas las parejas bajo el Gobierno de Alexis Tsipras en diciembre de 2015.

Ahora, el Supremo griego ha confirmado la anulación del matrimonio por considerarlo contrario a la legislación del país, que según los jueces “refleja la moral y los valores sociales y las tradiciones del pueblo griego, que no apoya la legalización del matrimonio para las parejas homosexuales”. El alto tribunal recomienda a la pareja contraer una unión civil, figura en la que no hay distinciones entre las parejas del mismo o de distinto sexo, aunque confiere un reconocimiento inferior al del matrimonio. Los demandantes no se dan por satisfechos con el fallo y ya han expresado su disposición a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que ya han salido varias sentencias favorables a la igualdad LGTB. Estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Sebastian Kurz

Las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado en Austria dibujan un panorama sombrío para la igualdad LGTB. El crecimiento de la derecha conservadora del ÖVP y de la extrema derecha del FPÖ, unido al descalabro de los Verdes, conformarán un Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento) en el que las fuerzas contrarias a la igualdad matrimonial suman casi dos tercios de los diputados. Además, el regreso del FPÖ a responsabilidades de Gobierno parece muy probable después de que tanto los socialdemócratas del SPÖ como los conservadores se hayan mostrado dispuestos a entablar conversaciones con la formación xenófoba. La única esperanza para los activistas, por el momento, reside en los tribunales y en particular en el Constitucional, que anunció este martes que estudiará la actual prohibición del matrimonio para las parejas del mismo sexo por si pudiera ser contraria a la norma fundamental del país.

La elecciones del pasado domingo en Austria cierran una legislatura marcada, en materia LGTB, por la decepción. El canciller ahora en funciones Christian Kern (SPÖ), que ha encabezado una gran coalición con los conservadores del ÖVP, ha incumplido su compromiso de promover una serie de medidas concretas en el ámbito de la equiparación de derechos y la lucha contra el lenguaje de odio. La propuesta, parte de un conjunto de reformas que anunció en enero de este año con el nombre de “Plan A”, incluía:

• Elevar a rango constitucional la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual.
• Abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo.
• Modificar la ley de igualdad de trato para que sea aplicable, entre otros, a la búsqueda de vivienda y a los establecimientos de ocio (en la actualidad solo afecta al derecho laboral).

El nombramiento en mayo de este año del joven ministro de Exteriores Sebastian Kurz como líder del ÖVP precipitó la convocatoria de elecciones un año antes de la fecha prevista y sirvió de justificación al canciller Kern para ignorar sus promesas. Los socialdemócratas unieron sus votos a sus socios conservadores para rechazar la propuesta de Los Verdes de aprobar el matrimonio igualitario antes del verano. Solo los liberales de NEOS votaron a favor. Poco después, el SPÖ anunciaba el levantamiento de su veto a negociar con la extrema derecha del FPÖ si se cumplían una serie de condiciones.

Victoria de la derecha… y de la extrema derecha

Los resultados de las elecciones anticipadas han confirmado el giro a la derecha previsto por las encuestas. El ÖVP de Kurz se hace con la primera posición (pasa del 24,0 % al 31,5 % y logra 62 escaños), seguido por el SPÖ (26,9 % y 52 escaños, el mismo resultado que en 2013), que supera por poco al FPÖ (que pasa del 20,5 % al 26,0 % y consigue 51 escaños). Los liberales de NEOS mantienen la cuarta posición (5,3 % y 10 escaños) seguidos por la Lista Peter Pilz (4,4 %, 8 escaños), una escisión de Los Verdes, que salen del Consejo Nacional al no alcanzar el mínimo requerido del 4 %. El fracaso de la formación ecologista ha provocado la dimisión de su candidata, Ulrike Lunacek: otra mala noticia dado el historial de lucha por la igualdad LGTB que ha desarrollado Lunacek tanto en Austria como en el Parlamento Europeo.

Aún no está claro qué Gobierno saldrá de las negociaciones. El líder del ÖVP será el primero en entablar conversaciones con los demás grupos, pero el canciller en funciones Kern no descarta intentar un acuerdo con el FPÖ que impediría el acceso de Kurz a la cancillería. Sea de la mano del ÖVP o del SPÖ, parece una posibilidad muy real que la extrema derecha acceda de nuevo a posiciones de Gobierno, como ya sucediera entre 2000 y 2006.

Para la igualdad LGTB, en cualquier caso, se trata de malas noticias. Tanto el ÖVP como el FPÖ se oponen a la igualdad matrimonial. El FPÖ, de hecho, votó en contra también de la ley de uniones civiles de 2009. En vistas de esta desfavorable situación parlamentaria, la comunidad LGTB se aferra ahora al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional este martes. Los magistrados del alto tribunal estudiarán la posible inconstitucionalidad de la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio, por si conlleva una discriminación basada en la orientación sexual. El activista de Rechtskomitee Lambda Helmut Graupner es optimista: “Si todo va bien, las parejas del mismo sexo podrán casarse a partir de enero de 2018 también en Austria. Se puede poner a enfriar el champán”, ha afirmado en Facebook.

Avances forzados por los tribunales

Austria es uno de los pocos países de Europa occidental (junto con Italia y Suiza) que mantiene una definición excluyente del matrimonio en su legislación. En el país alpino se vive una situación de bloqueo sobre este asunto similar a la que se vivió en la vecina Alemania hasta junio de este año, aunque en el caso austriaco son los socialdemócratas los que ostentaban hasta ahora la jefatura del Gobierno. Si bien el SPÖ es favorable a la igualdad LGTB, sus representantes en el Gobierno han utilizado la reticencia de sus socios conservadores para perpetuar la discriminación. Ya en junio de 2015, por ejemplo, los Verdes presentaron ante el Consejo Nacional una propuesta de resolución pidiendo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo que se saldó con el rechazo de las principales formaciones políticas (SPÖ, ÖVP y FPÖ).

Entre los miembros del Gobierno, ya se han pronunciado a favor de la equiparación de derechos los ministros de Asuntos Sociales y Sanidad, pero el posicionamiento más relevante fue el del propio canciller Kern en agosto del año pasado. “Ya es hora de la apertura del matrimonio también para las parejas del mismo sexo”, declaró entonces. Se trata del primer jefe de Gobierno de Austria que se pronunciaba en estos términos. Sus palabras, sin embargo, no se han materializado finalmente en hechos.

Los avances en el reconocimiento de los derechos LGTB en Austria se han alcanzado hasta ahora principalmente a partir de sentencias judiciales: el Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales.

Fuente Dosmanzanas

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Varios centenares de personas han participado en el quinto Orgullo LGTB de Montenegro. El activismo montenegrino ha exigido en las calles de Podgorica (capital de este pequeño país balcánico) el cese de la violencia motivada por el odio LGTBfóbico. Danijel Kalezić, presidente de Queer Montenegro (entidad organizadora del Orgullo), ha expresado que el colectivo exige castigos más estrictos por los ataques contra personas LGTB. “La violencia está completamente normalizada en Montenegro y nosotros, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, mujeres o personas con discapacidades, estamos en peligro”, denuncia Kalezić. Cabe señalar que este año tampoco se ha registrado ningún incidente de relevancia durante la manifestación del Orgullo de Montenegro, como sí ocuerriera en pasadas ediciones.

Aunque en el año 2010, a instancias de la Unión Europea (como país candidato a la adhesión), el parlamento de Montenegro aprobó una normativa que prohibe la discriminación por la orientación sexual o por la identidad de género, el activismo de este país denuncia que es insufienciente, ya que no cesa la violencia basada en el odio LGTBfóbico. “Para cambiar esto, lo más importante es que todos trabajemos juntos para transformar a los individuos y a la sociedad en la vida cotidiana”, alega el activista Danijel Kalezić.

“Más del 67% de la población montenegrina considera que la homosexualidad es una enfermedad que pone en peligro a la sociedad, y apoya que Estado e Iglesia intervengan contra ella”, ha expresado Miguel Rodríguez en declaraciones a dosmanzanas. Este experto en los Balcanes y en la situación de la comunidad LGTB en sus distintos territorios ha añadido que “si se puede sacar alguna conclusión positiva, es que año a año, pese a las fuertes medidas de seguridad, el número de participantes aumenta, sobre todo de población más joven, y las demandas ya no solo parecen centrarse, principalmente, en reivindicar el Orgullo, sino que, con más determinación, se lucha contra la violencia y por el cumplimiento de las leyes”.

A diferencia del apoyo expreso que el Orgullo de la vecina Serbia recibía este año con la participación de la primera ministra Ana Brnabić, abiertamente lesbiana, el Gobierno de Montenegro prefiere no comprometerse en exceso con los derechos y la visibilidad del colectivo LGTB. Y eso que Queer Montenegro ha instado en distintas ocasiones “a los partidos políticos, las instituciones, el Gobierno y la oposición” a apoyar sus reivindicaciones y el desarrollo de políticas igualitarias, que no acaban de materializarse.

En este sentido, Miguel Rodríguez considera que las ONG locales “recibieron con frialdad” el nombramiento de Ana Brnabić como primera ministra. “Aunque su nombramiento sea una excelente noticia, como también lo sea su apoyo al LGTB, el punto de inflexión llegó cuando los Estados de la región se impusieron a los hooligans. El riesgo ahora es pensar que las sociedades locales han dejado de ser homófobas de un día para otro”, dice el autor de Homofobia en los Balcanes.

Rodríguez, por cierto, se prepara para impartir, junto con la profesora Ruth Ferrero-Turrión, el curso online “Nuevos escenarios en los Balcanes” en la Universidad Complutense de Madrid, que tendrá lugar entre el 9 de octubre y el 15 de diciembre de este año. “El curso quiere poner en valor a los movimientos sociales y el LGTB tendrá sin ningún género de dudas especial importancia por su trayectoria y protagonismo”, adelanta este experto.

“No se trata de analizar exclusivamente al movimiento LGTB, sino que la militancia LGTB nos ayudan a entender muchos procesos sociales de la era pos-yugoslava” tales como “la identidad como ideología, el papel de las autoridades religiosas, la crisis de valores, la intervención exterior, la integración europea…”, concluye Miguel Rodríguez.

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Filipinas podría discutir una ley de uniones civiles en los próximos meses. Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleón Álvarez, en un discurso ante el Parlamento el lunes pasado. La medida se integra en un proyecto de reforma del Código de Familia que también incluiría la apertura por primera vez del divorcio y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos en un país con fuerte influencia de la Iglesia católica. La propuesta surge después del cambio de postura del presidente Rodrigo Duterte, que tras mostrarse receptivo al matrimonio igualitario durante la campaña electoral, rechazó esa posibilidad cuando se hizo con el poder.

De nuevo un país asiático da pequeños pasos hacia la equiparación de derechos de sus ciudadanos LGTB. El speaker o presidente de la Cámara de Representantes filipina, Pantaleón Álvarez, ha avanzado su intención de promover una reforma de la legislación familiar para permitir la uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo, así como la disolución de los matrimonios y el reconocimiento de los denominados hijos ilegítimos. La medida otorgaría un marco jurídico para las parejas del mismo sexo, que actualmente carecen de cualquier regulación legal.

El anuncio se produjo previamente al segundo discurso sobre el estado de la nación del Rodrigo Duterte. El polémico presidente filipino se había mostrado en 2015, antes de ser elegido, favorable al matrimonio igualitario porque “todo el mundo se merece ser feliz”. Durante la campaña electoral que resultó en su elección, se mostró abierto a considerar una propuesta sobre el asunto. En marzo de este año, sin embargo, daba marcha atrás y se escudaba en la tradición católica del país para rechazar la igualdad matrimonial y arremeter de paso contra las personas trans.

En octubre del año pasado se empezó a plantear la posibilidad de las uniones civiles como una posible solución de compromiso. Geraldine Roman, la primera diputada trans de Filipinas, mostró su apoyo al presidente de la Cámara en este tema, pero hasta ahora no se habían dado pasos en esa dirección. En su discurso, Álvarez agradeció a Roman sus aportaciones y anunció que su propuesta contempla derechos de propiedad y apoyo mutuo para las parejas unidas civilmente y la posibilidad de adoptar conjuntamente.

Estaremos al tanto del devenir legislativo de esta propuesta, que incluye también como punto novedoso la introducción por primera vez del divorcio para las parejas casadas y el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Álvarez, que además del presidente de la Cámara de Representantes es secretario general del PDP-Laban (el partido de Duterte), prevé que el proyecto se tramite en lo que queda de año.

El hecho de que Filipinas, como la inmensa mayoría de los países de Asia, no reconozca aún ninguna unión entre personas del mismo sexo, no impide que estas parejas expresen su compromiso mutuo a través de emotivas ceremonias, como la que recogimos hace cuatro años. Tampoco prohíbe a aquellas confesiones que sí incluyen en su liturgia el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrar estas ceremonias, aunque sin validez legal.

La actitud social hacia las personas LGTB es bastante positiva, si atendemos a los resultados de una encuesta que cifraba en un 73% el porcentaje de personas que consideraban la homosexualidad “aceptable”, un porcentaje similar al de Italia o Argentina. No obstante, según otro sondeo, tan solo el 14% de los católicos del país estarían a favor del matrimonio igualitario. La presidencia de Rodrigo Duterte a pesar de sus anteriores declaraciones favorables, abre un panorama preocupante por lo impredecible de su actuación. Por referirnos solo al ámbito LGTB, sin entrar en otros campos donde afronta graves acusaciones, en agosto de 2016, a los dos meses de ser elegido, calificó de “hijo de puta” y se refirió con un insulto homófobo al entonces embajador abiertamente gay de Estados Unidos, Philip Goldberg.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento lituano rechazó el jueves pasado una iniciativa para el reconocimiento legal de las parejas del mismo y de distinto sexo en forma de uniones civiles. La medida habría supuesto un paso importante en la igualdad LGTB en el país báltico, que carece de cualquier regulación al respecto y tiene blindada una definición excluyente del matrimonio en su Constitución. Los activistas, sin embargo, han reaccionado con un moderado optimismo al constatar que los votos favorables al proyecto de ley han superado las expectativas.

Derrota agridulce en Vilna: la votación parlamentaria sobre la iniciativa para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos se ha saldado con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. El proyecto de ley del Movimiento Liberal (LRLS), que cuenta con 14 de los 141 escaños del Parlamento unicameral, se basaba en una enmienda al Código Civil para posibilitar el registro legal de las parejas del mismo o de distinto sexo, en un acto ante un notario. La diputada liberal Viktorija Čmilytė-Nielsen defendió la medida como un paso hacia la equiparación de Lituania con las demás democracias occidentales.

A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana ha querido ver la parte positiva: la medida ha recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición junto a los liberales. La organización cree que es un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Se trata del segundo intento en este sentido en los últimos años. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados socialdemócratas y liberales se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y “murió” con las elecciones de octubre del año pasado. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio menor.

El nuevo Gobierno, mientras tanto, ha introducido otra posibilidad, que no satisface a los activistas. Se trata de un acuerdo de convivencia entre dos o más personas, que pueden ser pareja, amigos o parientes, para regular ciertos derechos de propiedad conjunta. El texto del proyecto excluye explícitamente el reconocimiento de los integrantes en el acuerdo de convivencia como una realidad familiar. Fue aprobado en primera lectura a finales de mayo.

Por lo limitado de su alcance, la diputada liberal Aušrinė Armonaitė calificó la iniciativa de los agraristas de “escupitajo en la cara” de las parejas del mismo sexo que aspiran a regularizar su unión. La propuesta de su grupo tiene el objetivo de “legislar sobre relaciones familiares que se derivan de una vida en pareja, no de un préstamo bancario conjunto”, añadió para defender su postura. Si se aprobara en el futuro, Lituania se uniría a Estonia, el único de los Estados bálticos con una ley de uniones civiles. Estonia, además, reconoció el pasado enero por primera vez un matrimonio del mismo sexo celebrado legalmente en el extranjero.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

Salvo algunos gestos recientes, Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015  recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

En febrero del año pasado, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano, contraviniendo abiertamente la directiva que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión. Hace solo un mes, sin embargo, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual.

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Malas y buenas noticias en relación al resultado de las elecciones del Reino Unido y el colectivo LGTB. En la parte negativa destaca el nombramiento de David Lidington como ministro de Justicia (que en este país recibe el nombre de “secretario de Justicia”), un cargo que compaginará con el de lord canciller. Lidington ha consolidado con los años un marcado perfil LGTBfóbico del que, hasta el momento, no parece querer desprenderse, como sí hiciera en su momento la primera ministra, Theresa May. Desde el punto de vista positivo cabe señalar que la representación abiertamente LGTB en la Cámara de los Comunes ha aumentado un 40%, hasta alcanzar los 45 diputados. Se trata de la composición parlamentaria con mayor diversidad sexual en la historia del Reino Unido.

Los conservadores, liderados por Theresa May, han ganado las elecciones, pero han perdido la mayoría absoluta, registrándose una fuerte subida de la izquierda. El adelanto de dos años en las urnas, planteado para reforzar la figura de May en las negociaciones sobre el llamado “brexit” del Reino Unido (su salida de la Unión Europea), se ha convertido en un pulso fallido. May ya ha dejado claro que, a pesar de todo, no entra en sus planes dimitir y todo apunta a que llegará a un acuerdo de gobernabilidad con el DUP (el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte). Gracias a este acuerdo, a los 317 parlamentarios conservadores se sumaría el voto de los 10 unionistas. Entre ambos superan los 326 necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara de los Comunes.

El noviembre de 2015  recogíamos cómo, por quinta vez consecutiva, el matrimonio igualitario era rechazado por la Asamblea de Irlanda del Norte, el único territorio del Reino Unido en el que todavía no es legal. Precisamente, las maniobras del DUP, el próximo socio de Theresa May, han impedido el avance de derechos del colectivo en este territorio. A finales de 2016, la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, afirmaba que seguiría bloqueando el matrimonio igualitario tantas veces como le fuera posible.

Sin embargo, el pasado mes de marzo se despertaron nuevas expectativas para el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte. En las elecciones norirlandesas, el DUP perdía su capacidad de bloquear la medida, al caer por debajo de los 30 escaños. Con este historial homófobo, que se suma a posiciones retrógradas en otras materias, no parece muy alentador que el DUP gane influencia en el ámbito global del Reino Unido, cuando ya había perdido gran peso político en la propia Irlanda del Norte.

El perfil LGTBfóbico del nuevo ministro de Justicia

Teniendo en cuenta los antecedentes recogidos en las líneas anteriores, no parece de extrañar que el nombramiento de David Lidington como ministro de Justicia (que en el Reino Unido recibe el nombre de “secretario de Justicia”) responda a un guiño hacia los unionistas norirlandeses, por su marcado perfil LGTBfóbico.

Lidington, que también desempeñará el cargo de lord canciller, tiene una visión heteronormativa del matrimonio y fue uno de los 47 diputados contrarios a la ley de uniones civiles en 2004 (una institución jurídica específica para parejas del mismo sexo, que otorgaba a estas derechos similares a los del matrimonio).

El que será el próximo ministro de Justicia del Reino Unido votó dos veces en contra del matrimonio igualitario. En su opinión, “el matrimonio no solo sirve para proporcionar amor mutuo y compromiso, sino también para la procreación y el cuidado de los niños”. Lidington, asimismo, se opuso a una enmienda a la Ley de Adopción e Infancia para permitir la adopción homoparental. Y remontándonos más en el tiempo, entre 1998 y 1999 también votaba tres veces en contra de la reducción de la edad de consentimiento para las relaciones entre personas del mismo sexo de 18 a 16 años, para equipararla con la edad legal establecida para las relaciones heterosexuales.

A diferencia de la propia Theresa May, David Lidington no ha hecho ningún propósito de enmienda en relación a sus posturas LGTBfóbicas. En 2010 May era nombrada ministra de Interior e Igualdad del Reino Unido, despertando el enfado de organizaciones igualitarias y del activismo LGTB. Siendo diputada conservadora, May votó en 1998 en contra de igualar la edad de consentimiento para mantener relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales (al igual que Lidington). En el año 2000 se opuso a derogar la vergonzante Sección 28, heredada de la era Thatcher, que prohibía hablar de homosexualidad en las escuelas públicas. Tanto en 2001 como en 2002, May votó en contra de la adopción por parejas del mismo sexo.

En 2004, como muchos de sus compañeros conservadores, May sí que votó a favor de la ley de uniones civiles. Ese mismo año, no obstante, May ni siquiera acudió al Parlamento a votar la ley de identidad de género (similar a la española). Tampoco acudió a votar la importantísima ley de igualdad, que establece normas contra la discriminación LGTBfóbica. En 2011 sorprendía su anuncio de avanzar hacia el matrimonio igualitario, en lo que se llegó a calificar como un giro en lo referente a los derechos del colectivo LGTB.

45 diputados LGTB en el Reino Unido

La representación abiertamente LGTB en la Cámara de los Comunes ha aumentado un 40%, hasta alcanzar los 45 diputados (de un total de 650). Se trata de la composición parlamentaria con mayor diversidad sexual y de género en la historia del Reino Unido. En los comicios de 2015 la comunidad contaba con 32 representantes LGTB. Casi 100 años después de que se modificara la ley para permitir que las mujeres se convirtieran en parlamentarias, ahora representan el 32% de la Cámara Baja. También ha habido un aumento en los diputados que estudiaron en escuelas públicas, así como un impulso para la representación de personas con algún tipo de discapacidad.

Fuente Dosmanzanas

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Como informábamos hace solo unos días, Malta ha vuelto a encabezar la clasificación en el informe de derechos LGTB que realiza anualmente ILGA Europa entre los países del viejo continente. A esto se suma el compromiso del recién reelegido primer ministro, Joseph Muscat, de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se convierta en la primera ley que apruebe el nuevo Gobierno. Durante la celebración del Día de la Commonwealth decía, en relación a las políticas igualitarias, que “soy consciente de que hay líderes que saben que las cosas deben cambiar, pero son cautelosos de cómo la sociedad reaccionará a su primer movimiento”.

Las elecciones parlamentarias de Malta, celebradas el pasado domingo, han otorgado una aplastante victoria al Partido Laborista, mejorando ligeramente los resultados de 2013. Con el 55% de los votos, Joseph Muscat comienza su segunda legislatura como primer ministro, con la tranquilidad de gobernar con mayoría absoluta. El segundo más votado ha sido, con el 43,6%, el Partido Nacionalista, que se abstuvo en la votación de la ley de uniones civiles de 2014 por no acabar de compartir la inclusión del derecho de adopción. Sobre este asunto, el primer ministro decía que “Simon Busuttil no tiene credibilidad” ya que, además de la mencionada abstención de su grupo, “pasó días esperando hasta que dijo que estaba en contra de las terapias de conversión gay”.

Muscat ha asegurado que, para el nuevo Gobierno que vuelve a encabezar, el matrimonio igualitario es una auténtica prioridad. Así pues, los laboristas pretenden avanzar los trámites de presentación antes del receso parlamentario estival. Michaela Muscat, que en su cuenta de Twitter se define como “feminista” y es hija de la jefa de gabinete del primer ministro en la anterior legislatura, se felicitaba públicamente porque “cinco minutos después de ser reelegido presidente, Joseph Muscat dice que su primera ley será el matrimonio gay”:

Five minutes into being made Prime Minister again, @JosephMuscat_JM says his first law will be Gay Marriage 🇲🇹 🏳️‍🌈 ❤️#LGBTI #equality

— Michaela Muscat (@MicaMuscat) 5 de junio de 2017

Desde su posición como presidente de turno de la Commonwealth, Muscat reivindicaba en marzo el fin de la criminalización de las personas LGTB en los Estados miembros de esta organización internacional. En la mayoría de los países integrantes, las relaciones entre personas del mismo sexo están consideradas un delito, penado en muchos casos con largos años de cárcel y, en algunos casos, con la muerte. El origen de estas legislaciones represivas se encuentra mayoritariamente en la época colonial británica. “Soy consciente de que hay líderes que saben que las cosas deben cambiar, pero son cautelosos de cómo la sociedad reaccionará a su primer movimiento”, afirmaba el líder maltés. En este sentido, añadía que “a ellos, dije y digo, que la Commonwealth estará con ellos para ayudarles a dar sus primeros pasos. La historia, estoy seguro, les juzgará positivamente cuando lo hagan”.

El viraje inclusivo de Malta

Malta es un país profundamente católico (se aprobó el divorcio en 2011) y, no obstante, en los últimos años se está convirtiendo en un referente de políticas igualitarias, a las que, como hemos explicado en líneas anteriores, está previsto que se sume en los próximos meses la total equiparación matrimonial de las parejas del mismo y de distinto sexo.

A finales del año pasado, el Parlamento maltés prohibía las llamadas “terapias” reparadoras de la homosexualidad y ampliaba su ley de identidad de género. Con esta legislación, Malta se convertía en el primer estado de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. Asimismo, mejoraba su ya avanzada normativa legal para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18) y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

Su anterior ley de identidad de género hay que decir que ya reconocía y amparaba los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologizando por completo la transexualidad e incluyendo a los menores. Como ya hemos dicho desde dosmanzanas en varias ocasiones, el de Malta es todo un ejemplo para la comunidad internacional.

Fuente Dosmanzanas

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Las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar británico que acoge a una población de unas 3.000 personas mantiene su autonomía jurídica del Reino Unido en una serie de asuntos y  cuenta con reivindicaciones territoriales de Argentina. Según la Organización de las Naciones Unidas, es un territorio no autónomo administrado por el Reino Unido, cuya soberanía también es reclamada por Argentina. Es uno de los diecisiete territorios en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que la situación del archipiélago es examinada anualmente por el Comité de Descolonización desde 1965. Jurídicamente, la Organización de las Naciones Unidas lo considera un territorio de soberanía aún pendiente de definición, entre el Reino Unido —que lo administra— y Argentina, que reclama su devolución.

Dicho lo anterior, vamos al asunto que anuncia el título:

Como estaba previsto, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas ha aprobado la apertura de la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo, así como la creación de la figura de las uniones civiles, a la que podrán acceder todo tipo de parejas. Se trata del sexto Territorio de Ultramar del Reino Unido en legislar el matrimonio igualitario, si bien su entrada en vigor depende de la oportuna sanción real.

Por una contundente mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra, el pasado 30 de marzo la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas aprobaba una proposición de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa legislativa aprobada también crea la figura de las uniones civiles, hasta ahora inexistente en el archipiélago, que se abre para todo tipo de parejas. La ley garantiza a las parejas unidas civilmente los mismos derechos que el matrimonio, incluidos los parentales, especificando además que “los progenitores de un niño pueden ser dos madres o dos padres”. Tras la aprobación, solo resta la obligatoria sanción real para que el matrimonio igualitario y las uniones civiles tomen efectos.

Cabe resaltar que la presentación del proyecto de ley del matrimonio igualitario tuvo lugar después de que se realizara una amplia encuesta al respecto, entre los apenas 3.000 habitantes residentes en el archipiélago. En ella, el 90 % de los encuestados se mostró a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 94 % apoyó la creación de las uniones civiles. Según declaraciones efectuadas por un portavoz, “este avance envía el nítido y poderoso mensaje de que todas las personas y todas las relaciones son iguales, no importa si se trata de una pareja del mismo sexo o no, y la ley ahora refleja la tradición de las Islas Malvinas de ser una comunidad abierta, tolerante y respetuosa” .

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto.

Con las Islas Malvinas ya son 6 los territorios de ultramar británicos que han concedido los mismos derechos a las parejas del mismo sexo. Los restantes son las  Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, la base de Acrotiri y Dekhelia, Gibraltar y el Territorio Británico del Océano Índico. Aún quedan otros 8 territorios de ultramar por aprobar legislaciones semejantes, aunque el matrimonio igualitario sí existe en la isla Ascensión, que forma parte del territorio de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.

En cuanto a las dependencias británicas,  Guernsey y la isla de Man cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. La restante, Jersey, ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley al respecto.

En el propio Reino Unido en sí, existe el matrimonio igualitario en  Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, los conservadores protestantes de Irlanda del Norte siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo para ocasiones especiales acordado en los procesos de paz, aunque tras las últimas elecciones, los unionistas contrarios al matrimonio igualitario han perdido su capacidad de veto.

Fuente Dosmanzanas

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Este viernes ha entrado en vigor en Eslovenia la ley de uniones civiles, que concede a las parejas del mismo sexo todos los derechos asociados al matrimonio salvo los referidos a la homoparentalidad (la capacidad de adoptar hijos o de recurrir a técnicas de reproducción asistida). El primer artículo de la ley, de hecho, enuncia de forma explícita que la unión entre personas del mismo sexo “no es un matrimonio”. Con la aprobación hace varios meses de esta ley la clase política esolovena buscaba resarcir, de alguna manera, al colectivo LGTB después de que un referéndum promovido desde sectores católicos anulase la ley de matrimonio igualitario que previamente su Parlamento había aprobado. 

El peso del catolicismo en Eslovenia ha acabado obligando a este país a desandar lo andado. Ya en 2014 el Gobierno esloeno presentó un nuevo proyecto de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo análogo al ahora aprobado (también otorgaba los mismos derechos que el matrimonio, exceptuando la adopción y el acceso a la reproducción asistida). La iniciativa quedó en suspenso debido a unas elecciones anticipadas. El Gobierno entrante, finalmente, decidió aparcar el proyecto de ley y apostar por la igualdad jurídica plena. La ley de matrimonio igualitario era finalmente aprobada en marzo de 2015. Sin embargo, a instancia de grupos contrarios a los derechos LGTB, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar para diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogarla. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), sus detractores lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular con el fin de invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional no consideró pertinente su negativa, por lo que finalmente tuvo lugar. En el referéndum, los votos contrarios a la ley superaron la mitad de los emitidos (llegaron al 63%) y el 20% del censo electoral esloveno, por lo que se cumplieron los requisitos legales para que la normativa fuera derogada. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

El referéndum tenía una validez de un año, pero el Gobierno esloveno no quiso jugar más la carta de la igualdad plena, al menos por el momento, y decidió entonces dar su apoyo una ley de uniones presentada por el diputado Jani Möderndorfer, del socioliberal Partido Moderno del Centro (SMC). En marzo de 2016 recogíamos precisamente el apoyo expreso del primer ministro, Miro Cerar, al proyecto (Cerar es el lider del SMC, antes conocido de hecho como Partido de Miro Cerar). Finalmente fue aprobado el 21 de abril de 2016 por 54 votos a favor y 15 en contra. El 24 de mayo la ley era publicada oficialmente, y diez meses después, el 24 de febrero de 2017, ha entrado en vigor. De hecho ya para este sábado se esperaba la celebración de varios enlaces.

Numerosos medios tanto generalistas como LGTB han dado por hecho que Eslovenia se incorpora de esta forma al grupo de países que gozan de matrimonio igualitario. En modo alguno, sin embargo, puede considerarse así, dado que la ley aprobada lo que hace es crear una institución jurídica distinta a la del matrimonio, aunque le conceda parte de los derechos asociados a este. Así lo enuncia, de hecho, el artículo primero de la ley (a la que puedes acceder en este enlace). Es una situación distinta, por ejemplo, a la que en 2010 se produjo en Portugal, que sí aprobó la apertura del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, aunque les prohibiese inicialmente la adopción. La ley actualizaba la definición de matrimonio en el Código Civil, retirando el anacrónico “de sexo diferente” y permitiendo de esa forma que la misma institución jurídica pudiese ser utilizada por parejas del mismo o de distinto sexo, pero incluía una cláusula expresamente discriminatoria que impedía a los matrimonios del mismo sexo optar a la adopción. Una discriminación a la que se puso fin en 2016.

Intento (fracasado) de un nuevo referéndum

El que la ley de uniones civiles haya entrado en vigor no significa que los contrarios a los derechos LGTB no hayan intentado también promover un referéndum para impedirlo. En este caso, tanto el Parlamento esloveno como el Tribunal Constitucional denegaron el permiso para recoger las firmas necesarias, alegando que suponía una utilización abusiva de un mecanismo al que en Eslovenia es relativamente sencillo recurrir para bloquear leyes aprobadas por el Parlamento (bastan 40.000 firmas para solicitarlo, aunque los criterios para considerarlo aprobado sean más restrictivos).

En cualquier caso, felicitamos a Eslovenia por el avance respecto a la situación anterior, que la sitúa como uno de los paises del centro y este de Europa más avanzados en materia LGTB. Confiemos en que el paso del tiempo permita además que la discriminación acabe por desaparecer (el plebiscito que derogó el matrimonio igualitario tenía una validez de un año, plazo tras el cual el legislativo podría aprobar una nueva ley de matrimonio igualitario). Veremos si es así.

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La ministra de Libertades Civiles, Helena Dalli, aseguraba este martes que Malta se encuentra en proceso de redactar un proyecto de ley de igualdad matrimonial. El anuncio tenía lugar en un acto organizado por Drachma, una asociación maltesa LGTB. Aunque este pequeño país mediterráneo aprobó en 2014 una avanzada ley de uniones civiles (que incluye la adopción), Dalli ha asegurado que no debe haber diferencias nominativas respecto a los matrimonios heterosexuales. El presidente del Movimiento por los Derechos Gay de Malta (MGRM), Gabi Calleja, considera que el matrimonio plenamente igualitario “asegurará que las parejas del mismo sexo no solo tengan acceso a la igualdad de derechos, sino también a la igualdad de condición, de reconocimiento y de todas las implicaciones que esta palabra lleva consigo”.

La nueva legislación matrimonial que el Gobierno de Malta tiene sobre la mesa y que pretende aprobar este mismo año convertiría a este estado europeo en uno de los más avanzados de Europa en materia LGTB. Sin embargo, además de igualar definitivamente los derechos de las parejas del mismo y distinto sexo, introduciría cambios que beneficiarían a estas últimas; como la posibilidad de elegir el apellido familiar, un aspecto que hasta ahora solo recogía la ley de uniones civiles de 2014, del que no podían beneficiarse los matrimonios heterosexuales (que automáticamente vienen adoptando el linaje del hombre).

El 4 de marzo de 2016 el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ya dejó caer que “estoy a favor del matrimonio gay” y que se abría el “tiempo para debatir sobre este tema”. Entonces, el líder nacionalista de la oposición, Simon Busuttil, declaró que en tanto que la ley de uniones civiles otorgaba a las personas homosexuales los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio civil, no veía “ninguna dificultad” en cambiar el nombre de la ley para reflejar lo que realmente es: un matrimonio. Pero este supuesto apoyo de los nacionalistas se veía salpicado por una acusación: según Busuttil, el gobernante Partido Laborista ofrecía en ese momento su respaldo al matrimonio igualitario para “desviar la atención” del escándalo de los papeles de Panamá.

Sea como fuere, cabe recordar que el Partido Nacionalista se abstuvo en 2014 en la votación de la ley de uniones civiles por no acabar de compartir la inclusión del derecho de adopción. En este sentido, el primer ministro considera que “Simon Busuttil no tiene credibilidad” ya que, además de la mencionada abstención de su grupo, “pasó días esperando hasta que dijo que estaba en contra de las terapias de conversión gay”.

Malta: un referente de políticas igualitarias

Malta es un país profundamente católico y, no obstante, en los últimos años se está convirtiendo en un referente de políticas igualitarias, a las que, como hemos explicado en líneas anteriores, podría sumarse en los próximos meses la total equiparación matrimonial de las parejas del mismo y de distinto sexo.

A finales del año pasado, el Parlamento maltés prohibía las llamadas “terapias” reparadoras de la homosexualidad y ampliaba su ley de identidad de género. Con esta legislación, Malta se convertía en el primer estado de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. Asimismo, mejoraba su ya avanzada normativa legal para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18) y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

Su anterior ley de identidad de género hay que decir que ya reconocía y amparaba los derechos de las personas transexuales e intersexuales, despatologizando por completo la transexualidad e incluyendo a los menores. Como ya hemos dicho desde dosmanzanas en varias ocasiones, el de Malta es todo un ejemplo para la comunidad internacional.

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Con el Frente Nacional en plena campaña de pinkwashing conservador, Le Pen presenta un documento con propuestas de gobierno que se cargan los derechos de las parejas homosexuales así, a la francesa.

Sin decirlo abiertamente, pero sin dejar lugar a dudas: la candidata del Frente Nacional (FN) a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, quiere derogar el matrimonio igualitario. Así lo ha dejado escrito en un documento con 144 compromisos que pretende promover si gana las elecciones que se celebrarán entre abril y mayo de este año. La favorita en los sondeos para la primera ronda también mantendría la prohibición del acceso a los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres solteras y a las parejas de lesbianas.

Que Le Pen va de la mano de los homófobos y los retrógrados de la Manif Pour Tous no es ninguna sorpresa. Pero hasta ahora ella, que presumiblemente se disputará la presidencia del país con Macron (el candidato al que la derecha acusa de tener un “affaire” gay), no había dicho nada concreto sobre si tenía pensado eliminar o no el matrimonio igualitario que se aprobó en Francia en 2013 bajo el gobierno socialista de Hollande, aunque sí lo hizo su sobrina Marion Maréchal-Le Pen.

El Frente Nacional, el partido de Le Pen, lleva un tiempo intentando hacer algo que, curiosamente, es lo mismo que lleva tiempo intentando hacer el PP en España: una campaña de pinkwashing de tomo y lomo. El partido ha rebajado sus ataques al colectivo LGTB e incluso ha utilizado el terrorismo islámico para crear miedo entre el colectivo por la homofobia de los extremistas. Por supuesto también tienen su ristra de gays conservadores (a lo Maroto) que se están encargando de decir todas esas cosas que suelen decir Maroto, Llopart y compañía.

Coomo se ve, la extrema derecha francesa se posiciona contra el mantenimiento de la igualdad en el acceso al matrimonio de cara a las próximas elecciones. Mantiene, eso sí, un perfil bajo: en el documento con 144 “compromisos presidenciales”, Le Pen no se atreve a hablar abiertamente de la derogación del matrimonio igualitario. Más claramente se expresa sobre la perpetuación de la exclusión de las mujeres solteras y las parejas de lesbianas a la reproducción asistida (PMA en sus siglas en francés). En el punto 87 de este programa resumido, la candidata escribe:

Frente a las presiones de autoridades supranacionales, mantener la prohibición de la gestación subrogada y reservar la reproducción asistida como respuesta a los problemas de esterilidad. Crear una unión civil (PACS mejorado) que reemplazará las disposiciones de la ley Taubira, sin efectos retroactivos.

Justo después la propuesta de Le Pen es la de crear una “unión civil” mejorada, que reemplazará a la ley Taubira (nombre con el que se conoce a la ley del matrimonio igualitario) y lo hará sin efectos retroactivos. Porque Le Pen tampoco quiere meterse ahora en el berenjenal de decirle a los gays y lesbianas que ya se hayan casado que ahora sus matrimonios no son válidos, pero sí que pretende impedir que las parejas homosexuales se sigan casando.

Es decir, Le Pen es partidaria de regresar a la situación previa a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en 2013, lo que ella llama “ley Taubira” por la entonces ministra de Justicia, Christiane Taubira. La medida regresiva no afectaría a los enlaces que hubieran tenido lugar durante el periodo de vigencia de la ley de matrimonio igualitario. La actualmente eurodiputada del FN propone una versión “mejorada” del Pacto Civil de Solidaridad, una ley limitada de parejas con derechos inferiores a los de las casadas que existe desde 1999. Para que pudiera poner en práctica este retroceso sin antecedentes en Europa, eso sí, Le Pen necesitaría reunir también una mayoría parlamentaria a su favor en las elecciones legislativas de junio.

Como en otras ocasiones hemos comentado, el Frente Nacional de Le Pen se cuidó mucho de no tener un gran protagonismo en las protestas contra el matrimonio igualitario, y nunca ha querido hacer de su oposición a los derechos LGTB un eje llamativo de su discurso. Y más que en el votante ultracatólico, Le Pen quiere cazar votos en el que tradicionalmente era el caladero de la izquierda, las clases obreras, azuzando para ello un discurso anti-Unión Europea, antiinmigración y a favor de un “proteccionismo inteligente”. Algo que explicaría su reticencia a hablar abiertamente de la derogación del matrimonio igualitario en el programa resumido que ha dado a conocer.

Esto haría que Francia diera un paso atrás en la igualdad ante la ley y se plantara justo antes de 2013, cuando las parejas del mismo sexo tenían permitido formar una unión civil, pero no un matrimonio (aquí lo importante no era sólo el nombre, eran también los derechos y obligaciones del mismo). Lo que no queda claro es exactamente qué mejoras quiere añadir a las uniones civiles, aunque huele a movimiento desesperado por equipararlas al matrimonio pero sin llamarlo matrimonio.

En cualquier caso, Le Pen es la segunda candidata que muestra su oposición a esta medida. Tras la nominación de François Fillon como candidato de la derecha de Los Republicanos, dos de los tres candidatos más probables a pasar a la segunda vuelta se han expresado contra la igualdad matrimonial. Fillon apuesta por una “reescritura de la ley Taubira” que eliminaría la posibilidad de adopción plena por parejas del mismo sexo. Al igual que Le Pen, se muestra a favor de perpetuar las actuales restricciones en el acceso a la PMA. La candidatura de Fillon, por fortuna para los derechos LGTB, ha perdido fuelle en las últimas semanas tras el estallido de varias controversias que implicarían un trato de favor a miembros de su familia.

Mientras que el candidato conservador pierde apoyos, el centrista Emmanuel Macron ha ido ganando posiciones y amenaza con desbancarlo de la segunda posición. El hasta ahora militante socialista y ministro de Economía entre 2014 y 2016 es sin duda el menos hostil a los derechos LGTB de los tres candidatos con posibilidades reales de llegar a la segunda vuelta. Como comentávbamos más arriba, su ascenso ha provocado una campaña de indisimulados tintes homófobos contra él, al que han acusado de ser el candidato del “lobby gay”.

Y así los gays y las lesbianas puedan pagar los mismos impuestos que los heterosexuales, pero no utilizar el mismo nombre para su “unión”. Cosa totalmente lógica y nada homófoba, claro.

La derecha de siempre.

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Ya lo habíamos anunciado en diciembre pasado… Sapporo tiene cerca de dos millones de habitantes y es la quinta ciudad más poblada del país nipón (por detrás de Tokio, Yokohama, Osaka y Nagoya). Sapporo se convierte en la primera gran urbe que reconocerá las uniones de hecho de parejas del mismo sexo en Japón, a partir del nuevo ejercicio fiscal que comienza en abril. Aunque varios distritos y pequeñas ciudades empezaron a reconocer desde 2015 las parejas de hecho, Sapporo es, hasta el momento, la administración territorial japonesa más grande en hacer lo propio. Asimismo, también será pionera en abrir estas uniones a parejas en las que alguno de sus miembros (o ambos) sea una persona trans.

A falta de una ley nacional que permita las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo en todo el territorio japonés y, por supuesto, a la espera del matrimonio plenamente igualitario, las administraciones locales son las que están dando pequeños pasos en este sentido. Aunque Sapporo no es la primera ciudad nipona en reconocer a las parejas no exclusivamente heterosexuales, como decíamos, sí es la administración más importante de las que lo ha hecho hasta el momento.

Para poder acogerse a este tipo de enlaces, “uno o ambos miembros de la pareja deben pertenecer a minorías sexuales, reconociéndose como compañeros de vida y prometen cooperar económicamente, físicamente y mentalmente en su vida cotidiana”. Además, ambos tendrán que ser mayores de 20 años y estar empadronados en Sapporo. El consistorio está trabajando para ultimar la normativa municipal para que pueda ser de aplicación a partir del próximo periodo fiscal, que se inicia en abril.

Con estas uniones de hecho, el ayuntamiento expedirá un certificado a las parejas contrayentes y les facilitará una copia de sus “votos de asociación”. Asimismo, si bien la certificación no les proporciona los mismos derechos y obligaciones legales que a las parejas heterosexuales unidas en matrimonio, con esta ley las parejas del mismo sexo, entre otras cosas, podrán convertirse en destinatarios del dinero del seguro de vida o disfrutar de varios descuentos para los miembros de la familia, como los contratos de telefonía móvil.

Por otra parte, Sapporo es el primer territorio japonés que abre la posibilidad de unirse a parejas en la que alguno o ambos de sus miembros sea una persona trans. De entrada es una buena noticia, ya que concede un derecho hasta la fecha desconocido en Japón para la comunidad trans. La mayor pega es que, al menos en lo que ha trascendido a los medios de comunicación, se habla en términos de “trastorno” o “disforia” de género, unos conceptos que chocan con las reivindicaciones actuales de libre autodeterminación de género.

Varios municipios japoneses ya reconocen las parejas de hecho

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de parejas de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Como viene recogiendo dosmanzanas, Japón y Taiwán están experimentando avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

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Bachelet se compromete a aprobar el matrimonio homosexual en Chile en el primer semestre de 2017

A la ceremonia asistieron representantes de los tres poderes del Estado, así como del Tribunal Constitucional, del mundo diplomático y de la sociedad civil. El acto se enmarcó el “Acuerdo por la Igualdad” que el Estado firmó con el Movilh, gracias a la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, ha anunciado la mandataria.

Histórica ceremonia la que tuvo lugar este viernes en Santiago de Chile para dar un impulso al acuerdo sobre el matrimonio igualitario logrado entre el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) con la medicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que el MOVILH había denunciado la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. El acto tuvo lugar en el Palacio de La Moneda con la presencia de todos los poderes del Estado chileno, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet.

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron hace meses una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la CIDH por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio una vez que había agotado la vía judicial dentro del país (puedes descargar el histórico acuerdo aquí). De desarrollarse todos los puntos contemplados en dicho acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB. Implicaría aceptar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), pero también la aprobación de una ley de identidad de género (que permita a las personas trans modificar su sexo legal mediante un simple trámite administrativo), un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como “ley Zamudio”) y medidas en el ámbito educativo.

En aquel momento se desató el optimismo entre el colectivo LGTB, pero a lo largo de los últimos meses lo cierto es que las dificultades han aflorado y el proceso se ha ralentizado. Una importante dificultad la constituye la necesaria complicidad del Congreso, cuya composición permite tener esperanzas pero no asegura la aprobación de estas reformas sin dificultades. En este sentido, la inclusión de la adopción homoparental se prevé uno de los puntos calientes de la discusión. La principal oposición, previsiblemente, vendrá de la UDI (Unión Demócrata Independiente), principal partido de la derecha chilena, algunos de cuyos diputados ya anunciaron la posible presentación de una propuesta de reforma la Constitución de Chile para prohibir expresamente el matrimonio igualitario. También es previsible una fuerte oposición desde ámbitos religiosos, tanto la Iglesia católica como desde las pujantes iglesias evangélicas.

De ahí la importancia de un acto como el celebrado este viernes, que supone sin duda un importante impulso político a la implementación del acuerdo. La ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, se abrió con un discurso de Heraldo Muñoz, ministro chileno de Relaciones Exteriores, que hizo un resumen de los variados puntos del acuerdo, los cuales incorporan variadas medidas, no sólo el matrimonio igualitario. Así, el canciller relató que la iniciativa contempla reformas a la Ley Antidiscriminatoria, a la Unión Civil para reconocer derechos de paternidad y maternidad a las parejas del mismo sexo, a la Ley de Adopciones (para posibilitar la adopción a los convivientes civiles), así como la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la derogación de normas homofóbicas del Código Penal y la eliminación de las facultades que se entrega a las iglesias para decidir quienes pueden impartir clases de religión en establecimientos laicos.

También contempla la inclusión de la temática de la diversidad sexual y de género en todo el sistema educacional, partiendo desde la etapa preescolar, así como la incorporación de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en todas las políticas del Ministerio de la Salud y del Ministerio de la Mujer y de Género, entre otros puntos.

Muñoz dio luego paso a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. “Nos reunimos para dar cumplimiento al acuerdo de solución amistosa que suscribimos con el MOVILH, pero al mismo tiempo para dar inicio como establecimos al proceso de difusión pública sobre matrimonio igualitario. Proceso al que está llamado a sumarse la sociedad civil, así como todos los poderes del Estado”, explicó Bachelet. Añadió que “Chile reconoce formalmente la necesidad que tenemos como país de seguir perfeccionando las bases institucionales y nuestras normativas para evitar todo tipo de discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”. En ese sentido, añadió, “Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, añadió. “Estamos avanzando paso a paso, a veces más lento de lo que nos gustaría, pero el destino es claro y nuestras convicciones firmes”, finalizó la presidenta chilena en medio de contundentes aplausos y muestras de agradecimiento de todos los presentes. Conviene recordar, en este punto, que al margen de la vía judicial Bachelet ya prometió en marzo de 2013 que en caso de ser elegida presidenta abriría el proceso de discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la ceremonia asistieron, ente otras personalidades, el relator de la CIDH, Enrique Gil Botero, así como los ministros de Educación, de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia o de la Secretaria General del Gobierno. También estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Diputados y del Tribunal Constitucional, además de representantes diplomáticos de diversos países europeos, como Holanda, Noruega o la propia España. También hubo presencia de otros colectivos LGTB distintos al MOVILH y de la Comunidad Judía de Chile, con la que el colectivo LGTB lleva tiempo trabajando codo con codo para mejorar la legislación antidiscriminatoria y contra los delitos de odio. Una presencia especialmente destacada fue la de Stephane Abran y Jorge Monardes, una de las tres parejas a las cuales la negativa a reconocer su matrimonio (celebrado en su caso en Canadá) dio origen a la demanda del MOVILH ante la CIDH.

Para Rolando Jiménez, representante del MOVILH, “Este acto sin precedentes para promover el matrimonio igualitario marca una nueva etapa en la lucha por esta ley, pero sobre todo, para avanzar hacia la implementación de todas las políticas públicas y leyes demandadas por la diversidad sexual y de género y que son parte del Acuerdo por la Igualdad. Valoramos profundamente esta señal de la presidente Bachelet”. El Acuerdo por la Igualdad, que así lo hemos llamado en tanto el matrimonio es solo uno de sus puntos, no deja dudas además respecto a que Chile debe avanzar en la adopción, crianza y adopción por parte de parejas del mismo sexo, aspectos que están señalados expresamente en el texto, y que esperamos se traduzcan lo antes posible en leyes”. “Este día es solo al comparable a cuando legalizamos la homosexualidad o aprobamos la unión civil, pues todas las deudas con la diversidad sexual y de género se asumen como un compromiso de Estado, sea quien sea quien gobierne”,  indicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

“Al fundarnos en 1991, nunca pensamos que llegaríamos a este momento que marca un antes y un después para los derechos de la diversidad sexual en Chile y en el sistema interamericano. Estamos felices, porque se mejorará la calidad de vida de las personas LGBTI”, dijo el Movilh. “Nuestros agradecimientos para todas y cada una de las personas e instituciones que colaboraron e hicieron posible esta travesía, antes llamada locura, hoy convertida en realidad”, finalizó la organización.

Os dejamos con los discursos de Heraldo Muñoz y de la presidenta Bachelet:

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Los miembros del Parlamento Europeo escogieron el martes pasado, gracias al acuerdo entre conservadores y liberales, al italiano Antonio Tajani como presidente de la cámara. Este exportavoz del primer Gobierno de Berlusconi tiene un historial contrario a los derechos LGTB, como ha recordado ILGA-Europa.

La batalla entre populares y socialistas por el control de la presidencia de la Eurocámara se ha saldado con la victoria de los primeros. Los dos grupos mayoritarios habían pactado, tras las elecciones de 2014, repartirse este cargo durante la legislatura actual. Pero los socialdemócratas de S&D rompieron este acuerdo al constatar que, si cedían la presidencia del Parlamento, las tres instituciones principales de la Unión (Comisión, Consejo y Parlamento) quedarían en manos de los conservadores. A pesar de esta ruptura, el PPE conseguía su objetivo este martes gracias al apoyo de los liberales de ALDE.

El elegido, tras cuatro rondas de voto, ha sido el italiano Antonio Tajani. Miembro fundador de Forza Italia y exportavoz del primer Gobierno de Silvio Berlusconi, Tajani arrastra un historial hostil hacia la igualdad LGTB, tal y como recuerda ILGA-Europa en un comunicado. Por ejemplo en 1996, el eurodiputado denigraba a las familias homoparentales al calificarlas de “pseudofamilias” y afirmar que un niño criado por una pareja del mismo sexo padecerá de “serios problemas psicológicos”.

De cara a las elecciones europeas de 2014, el entonces candidato del EPP firmó un compromiso de varios puntos redactado por la fundación Novae Terrae, con el que se comprometía a defender una visión excluyente de la familia y a oponerse a la educación en la diversidad. Tajani también participó en la multitudinaria manifestación en Roma contra el proyecto de ley de uniones civiles en enero del año pasado.

ILGA-Europa ha analizado a los candidatos a presidir la Eurocámara por sus votos parlamentarios en materia LGTB y ha situado al popular en la última posición junto al rumano Laurențiu Rebega. Tajani ha votado en contra del reconocimiento mutuo de los matrimonios y las uniones civiles entre personas del mismo sexo entre los Estados miembros, así como de incluir la orientación sexual y la identidad de género en la normativa europea antidiscriminación y de prestar apoyo específico a los refugiados LGTB. La organización ha lamentado el apoyo prestado a Tajani por los liberales, un grupo generalmente favorable a la equiparación de derechos.

El perfil del nuevo presidente del Parlamento Europeo, por tanto, hace presagiar que no promoverá desde su posición gestos hacia el reconocimiento y la promoción de la igualdad LGTB. En este sentido, su elección es un retroceso con respecto al mandato de su predecesor, el alemán Martin Schulz. El posible rival socialdemócrata de Angela Merkel en las elecciones del próximo septiembre se mostraba partidario en 2014 de restringir la ayuda al desarrollo a los países que aprobaran leyes homófobas.

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Celebrado el Orgullo de Montenegro con el apoyo de miembros del Gobierno

La cuarta edición del evento ha reclamado el matrimonio igualitario

Este 17 de diciembre se celebró el Orgullo de Montenegro, en el que docenas de personas, arropadas por un fuerte dispositivo policial, exhibieron pancartas que reclamaban la igualdad. A diferencia de otros años, en los que se tuvieron que lamentar incidentes violentos, en este Orgullo se unieron a la manifestación los ministros de Cultura y de Derechos Humanos. El Gobierno montenegrino, alentado por el deseo de integrarse en la Unión Europea, ha prometido avances en los derechos LGTB, como la regulación de las uniones civiles.

La asociación Queer Montenegro ha sido la principal organizadora de la cuarta edición del Montenegro Pride. Una edición que se ha celebrado sin disturbios y en la que la marcha principal del sábado 17 de diciembre reunió a cientos de personas por las calles de Podgorica reclamando una mayor cuota de derechos para el colectivo LGTB. Lxs montenegrinxs que participaron en la cuarta edición del Montenegro Pride salieron a las calles de Podgorica armados con un escudo indestructible: el que está construido a base de valentía.

Por las calles de Podgorica, la capital de Montenegro, desfilaron el pasado sábado 17 decenas de personas para celebrar el Orgullo LGTB. En previsión de posibles ataques de sectores LGTBfobos, la manifestación se acompañó de un fuerte dispositivo policial, compuesto por centenares de agentes. A la marcha se unieron representantes del Gobierno montenegrino, como el ministro de Cultura, Janko Ljumović, y el ministro de Derechos Humanos, Mehmet Zenka. También se recibió el apoyo del representante de la Unión Europea en Montenegro, Aivo Orav, o de la embajada británica.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Born this way” o “Igualdad para todos”. Una de las reclamaciones de los convocantes, Queer Montenegro, era la legislación del matrimonio igualitario por parte del Gobierno —algo que necesitaría una reforma constitucional—, así como buscar el apoyo de las familias de las personas LGTB. En palabras de Danijel Kalezić, miembro del comité organizador, “con este Orgullo, buscamos el apoyo de aquellos que más nos importan, nuestros padres, madres, hermanos, hermanas y demás parientes. Su apoyo se echa en falta cuando descubren que eres gay”.

Efectivamente, la sociedad montenegrina es fuertemente LGTBfoba, como señalaba una encuesta en la que el 71 % de los participantes creía que la homosexualidad es una enfermedad, y el 58 % consideraba que es “muy peligrosa” para la sociedad.

Indudablemente, la promoción de iniciativas legislativas favorables a los derechos LGTB puede servir para combatir tantos prejuicios. Alentado por su deseo de integrarse en la Unión Europea, el Gobierno de Montenegro ha prometido algunos avances más de los ya realizados, entre ellos el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, con un proyecto de ley de uniones civiles.

Es de esperar que el desarrollo pacífico de este Orgullo de 2016 sea señal de una definitiva normalización. La celebración del primer Orgullo terminó como una película de Tarantino. Más de 500 manifestantes, en su mayor parte hooligangs de fútbol, lanzaron piedras y botellas contra los manifestantes y más de 60 personas resultaron detenidas. Desde entonces, cada Orgullo se ha celebrado bajo un ambiente enrarecido, con fuertes medidas policiales y con el activismo LGTB realizando un encomiable ejercicio de coraje, solidaridad y arrojo.

Lamentablemente, en el primer Orgullo de Podgorica, que se celebró en 2013, los manifestantes tuvieron que sufrir los ataques de los miembros de una contramanifestación LGTBfoba, que se enfrentaron directamente a las fuerzas del orden que protegían la marcha haciendo uso de piedras y artefactos incendiarios y cometiendo actos vandálicos en el centro de la ciudad. En 2014, finalmente pudo celebrarse sin incidentes, aunque tuvo que ser aplazado durante meses por motivos de seguridad y el dispositivo policial que se dispuso fue extraordinario.

Este año no ha sido una excepción y las cientos de personas que han marchado sobre la capital montenegrina han enarbolado la bandera de todxs aquellxs que no tienen voz en un país que prohibió cualquier posibilidad de legalizar el matrimonio igualitario en el año 2007.

La población que se reunió en las calles de de Podgorica, ha exigido que las autoridades montenegrinas apliquen los derechos de las minorías sexuales, como los reglamentos contra la discriminación, y otros derechos para el colectivo LGTB que aún no se han consagrados en la ley.

Los activistas que lucieron pancartas reivindicativas durante la marcha han reclamado la legalización del matrimonio igualitario, la erradicación de la homofobia y la transfobia y la creación de las condiciones necesarias para desarrollar la comunidad LGBTIQ en Montenegro.

Daniel Kalezic, uno de los portavoces de Queer Montenegro, ha indicado que:

“Con este Orgullo, buscamos el apoyo de aquellos que más nos importan, de padres, madres, hermanos, hermanas, parientes. El apoyo falta cuando descubren que eres gay”.

Por su parte, el ministro de Derechos Humanos, Mehmet Zenka, también asistió a la marcha y dijo que se necesitaba apoyo, pero sobre todo de familias: “La sociedad en Montenegro se ha desarrollado y ahora las personas son más conscientes, tenemos un buen marco estratégico y políticas en esta área”.

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43 % son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977, siendo la edad de consentimiento la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro aspira a unirse) la Cámara del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida, pero en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB.

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