General, Iglesia Anglicana David Coles, Iglesia Anglicana, Iglesia de Inglaterra, Matrimonio igualitario, Richard Coles, Uniones Civiles

El país católico es uno de los últimos de Europa en legalizar las uniones civiles, independientemente del género de las partes.

Mónaco legalizará las uniones civiles de parejas heterosexuales y homosexuales, con un dispositivo legal que será, en cualquier caso, diferente del matrimonio, mediante un proyecto de ley aprobado por unanimidad por su Parlamento.

En su página internet, el Consejo Nacional, la cámara legislativa del principado, presentó ese texto, que incluye un “contrato de vida común” y un “contrato de cohabitación”. Están dirigidos a las familias y a las parejas, de diferente o del mismo sexo, para reconocerles así a sus integrantes diferentes derechos, en particular de cobertura sanitaria o en caso de muerte de alguno de los miembros de la pareja.

El presidente del Consejo Nacional, Stéphane Valeri, subrayó que el objetivo es que “los derechos reconocidos a las parejas del mismo sexo o de sexo diferente sean reales y protejan verdaderamente a la pareja en las situaciones más difíciles de la vida”.

Valeri hizo hincapié en que el contrato de vida común “será muy diferente del matrimonio y no cuestionará para nada esta institución”.

Mónaco, país donde el catolicismo es religión oficial, es uno de los últimos en Europa en legalizar las uniones civiles y en hacerlo también para las parejas homosexuales.

El presidente del Parlamento consideró que no sólo es una buena noticia para las parejas que podrán acogerse, sino también “para la imagen internacional de Mónaco, Estado moderno y siempre respetuoso de sus instituciones y de sus valores”.

El arzobispo de Mónaco, Bernard Barsi, se opuso claramente al proyecto de ley, en octubre pasado, diciendo que ponía en peligro «la institución matrimonial».

A pesar de esto, los miembros del Consejo Nacional han logrado ratificar este texto, cuya primera versión se presentó en 2013. “Esta noche, a través del trabajo conjunto del Gobierno de Mónaco y el Consejo Nacional, estamos haciendo que nuestro país avance aún más. el camino de la modernidad”, dio la bienvenida en Twitter Stéphane Valeri.

Ce soir, par le travail commun du @GvtMonaco et du @ConseilNatMC, nous faisons avancer notre pays encore plus sur la voie de la modernité. #unionlibre🇲🇨 #Monaco #directCN

— Stéphane VALERI (@stephanevaleri) 4 de diciembre de 2019

También en la red social, Nathalie Amoratti-Blanc, presidenta de la comisión por los derechos de las mujeres y la familia del Consejo Nacional, dijo que esta ley permitirá a las parejas monegascas “finalmente decir que viven en un país moderno”.

Je pense à tous les couples qui font un choix de vie à 2, qui n’est pas celui du mariage & qui, ce soir, grâce à l’action du @ConseilnatMC et grâce à l’écoute du @GvtMonaco, peuvent se réjouir et pourront se dire enfin qu’ils vivent dans un pays moderne. #unionlibre🇲🇨#Monaco

— Nathalie Amoratti-Blanc (@N_AmorattiBlanc) 4 de diciembre de 2019

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI Bernard Barsi, Consejo Nacional, Mónaco, Stéphane Valeri, Uniones Civiles

El Parlamento de Montenegro ha rechazado un proyecto de ley, aprobado por el Gobierno, de uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida recibió el apoyo de los socialdemócratas, mientras que sus socios representantes de las minorías étnicas votaron en contra y la oposición se ausentó de la cámara. El país balcánico, socialmente conservador y con fuerte influencia de la iglesia ortodoxa serbia, seguirá sin reconocer ningún derecho a las parejas del mismo sexo. En la Constitución montenegrina está blindado el matrimonio excluyente.

En noviembre de 2012, el entonces vice primer ministro Duško Marković planteó por primera vez la cuestión del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. El ministro de Derechos Humanos y de las Minorías redactó un proyecto de ley, que despertó el odio de la iglesia ortodoxa serbia y el opositor Frente Democrático (DF). Tendrían que pasar seis años, con Marković ya como primer ministro, para que el Gobierno aprobara la medida y la llevara al legislativo para continuar su tramitación. La comisión de Derechos Humanos del Parlamento le dio su visto bueno en febrero de este año.

Pero la esperanza de sacar adelante la propuesta duró poco. El miércoles de la semana pasada, el pleno rechazó el proyecto de ley del Gobierno. La iniciativa recibió el apoyo del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS), que lidera la coalición gubernamental. Sus socios, representantes de las minorías étnicas albanesa, bosnia y croata, votaron en contra, mientras que la oposición se ausentó de la cámara. Para convertirse en ley, la medida requería de la mayoría absoluta de los 81 diputados, que se habría conseguido con solo tres votos más de los que finalmente obtuvo.

Desde el gobernante DPS han lamentado el rechazo al proyecto y han animado a «comprender a la gente que piensa diferente». El ministro de Derechos Humanos, Mehmed Zenka, ha defendido que la medida es necesaria para la adhesión de Montenegro a la Unión Europea (el país balcánico es, desde 2012, candidato a convertirse en Estado miembro). La oposición liderada por el derechista DF ha rechazado la iniciativa porque teme que le siga «una ley de adopción de niños por la población LGTB», mientras que los activistas aseguran que la decepción causada por el rechazo al proyecto de ley los hará «más fuertes».

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43% son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977 y la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro, como se mencionó antes, aspira a unirse), el legislativo del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida. A pesar de ello, en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB. El Orgullo de Montenegro se ha celebrado sin incidentes en Podgorica desde 2014, y en 2016 contó incluso con el apoyo de miembros del Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

Fotografía Wikipedia

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El Parlamento de Letonia vuelve a decir «no» a las uniones civiles. Una proposición de ley presentada por diputados de partidos representados en el Gobierno ha fracasado, al obtener solo 23 votos favorables de los 100 representantes de la Saeima, el legislativo unicameral letón. El país báltico, que en 2006 reformó su Constitución para blindar una definición excluyente del matrimonio, seguirá siendo uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no reconoce ningún derecho a las parejas del mismo sexo, aunque ya ha habido varios intentos.

La primera iniciativa para reconocer las uniones civiles en Letonia se remonta a 1999, cuando la Oficina Nacional de Derechos Humanos presentó una proposición de ley, que el Parlamento rechazó en comisión sin permitir su tramitación. El asunto permaneció estancado hasta el Orgullo Báltico celebrado en Riga en junio de 2012, tras el cual el entonces ministro de Justicia anunciaba un proyecto de reconocimiento de derechos a las parejas no casadas, que incluiría a las del mismo sexo. Otros miembros del Gobierno mostraban su apoyo a la medida, aunque la oficina del Defensor del Pueblo había recomendado en enero que el Parlamento no reconociera este tipo de uniones. La propuesta no se materializó.

En enero de 2015, un diputado del partido liberal-conservador Unidad, Veiko Spolītis, presentó una nueva proposición de ley de uniones civiles abiertas a las parejas del mismo y de distinto sexo. El Comité de Asuntos Legales del Parlamento rechazó la tramitación de la medida, citando la reforma constitucional que en 2005 definió el matrimonio como la «unión entre un hombre y una mujer». El partido liberal Por el Desarrollo de Letonia (LA) inició entonces una campaña de recogida de firmas a favor de una norma para reconocer derechos a las parejas no casadas. La formación llevó los apoyos recogidos a la Saeima, el Parlamento unicameral del país, donde un comité rechazó la tramitación de la iniciativa.

El año pasado, unos meses después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho de residencia de los cónyuges del mismo sexo, el Defensor del Pueblo letón cambiaba su posición anterior y hacía un llamamiento a los legisladores para que aprobaran una ley de uniones civiles. Juris Jansons apelaba a la necesaria protección legal de los niños nacidos fuera del matrimonio, que constituyen alrededor de la mitad del total.

El último esfuerzo ha provenido de un grupo de políticos de dos partidos de la coalición de Gobierno (que abarca desde el centro liberal hasta la extrema derecha), que presentó una proposición de ley para dotar de derechos a las parejas no casadas del mismo y de distinto sexo. La Saeima rechazó la medida el jueves pasado por 23 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Especialmente beligerantes en su negativa fueron los miembros de Alianza Nacional, el partido de extrema derecha que controla el ministerio de Justicia. Letonia seguirá siendo, junto a Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumanía, uno de los países de la Unión Europea que no reconoce ningún derecho a las parejas del mismo sexo.

Un país hostil a la igualdad LGTB

Letonia, pese a contarse entre los más hostiles de la Unión Europea para su población LGTB, ha empezado hace poco a mostrar algún signo esperanzador. El más simbólico, la salida del armario como gay de su ministro de Exteriores, Edgars Rinkēvičs, en noviembre de 2014. Reelegido para su puesto tras las elecciones de 2018, Rinkēvičs sigue abogando por el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Otro gesto, menor pero cargado también de simbolismo, fue la rectificación de una promoción de San Valentín de los autobuses de la capital Riga que excluía a las parejas del mismo sexo.

En diciembre de 2005 se introdujo una enmienda a la Constitución de Letonia para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y así impedir a las parejas del mismo sexo el acceso a esta institución. Quienes se muestran contrarios al proyecto de reconocimiento de otro tipo de uniones consideran que se trata de un subterfugio para violar lo que la Constitución prohíbe taxativamente.

Esta actitud es la que el ministro Rinkēvičs calificaba en noviembre de 2015 de «montón de histeria» y contra la que se ha comprometido a luchar. Este tipo de grupos homófobos ya intentaron en 2006 aprobar, sin éxito, una ley contra la «propaganda homosexual» como la vigente en Rusia desde 2013. En 2015, la celebración del Europride en Riga se vio amenazada por el boicot de grupos homófobos, aunque finalmente tuvo lugar sin grandes problemas.

Fuente Dosmanzanas

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Estos son los países de América que han aprobado el matrimonio igualitario. Hasta el momento suman 11 de 35 países americanos que lo reconocen.

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificara a la homosexualidad como enfermedad mental en 1990, varios países del mundo modificaron sus leyes para reconocer el derecho de la comunidad LGBT+. Uno de los más controversiales ha sido el matrimonio igualitario, las uniones civiles y la adopción homoparental.

Europa occidental es la región geográfica más tolerante con la comunidad de la diversidad sexual, seguida por América. Con la reciente aprobación de Ecuador, suman 11 naciones en este continente que reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. A continuación te presentamos los países de América que aprueban el matrimonio igualitario.

Canadá

Fue el primer territorio de América en aprobar el matrimonio igualitario a nivel nacional, en julio de 2005. Sin embargo, antes de esa fecha, este derecho ya había sido aprobado de forma local en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Quebec, Yukón, Manitoba, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, y Nuevo Brunswick. Después de la aprobación de la Ley sobre el Matrimonio civil, la comunidad LGBT+ también tiene derecho a la adopción.

En junio de 2015 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el matrimonio igualitario en todo el territorio. No obstante, antes de esa decisión, en 38 de los 50 estados que conforman a esta nación ya habían sido aprobadas leyes locales que permitían la unión entre personas del mismo sexo. Los únicos estados donde la adopción homoparental no está permitida son Mississippi y Alabama.

México

Hasta la fecha no existe una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. Un decreto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 califica de inconstitucionales todas las leyes que restrinjan el derecho al matrimonio a parejas LGBT+. Hasta junio de 2019, 18 estados del país han aprobado el matrimonio igualitario y la adopción. Y solo algunos municipios de Guerrero, Querétaro y Zacatecas reconocen estos derechos.

El país centroamericano solo reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la República determinó como inconstitucionales las leyes que prohibían las uniones homosexuales, por lo que el matrimonio igualitario será permitido desde mayo de 2020. La decisión obedece a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer este derecho.

Puerto Rico

Como un Estado libre bajo la jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico también aprobó la unión entre personas LGBT+ en junio de 2015, cuando fue aprobado en el país norteamericano. Además, la ley fue ratificada por la Corte Suprema de Puerto Rico en abril de 2016. También está permitida la adopción homoparental.

Argentina

Varias organizaciones LGBT+ de este país lucharon durante varios para que los derechos LGBT+ fueran reconocidos. En julio de 2010 fue aprobado el matrimonio igualitario en todo el territorio, convirtiéndose en el primer país de América Latina en aprobarlo. De acuerdo con la Ley de Matrimonio Igualitario, «el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».

Brasil

Luego de un enlace de facto entre un brasileño y un británico, la comunidad LGBT+ solicitó a las autoridades políticas el reconocimientos de los enlaces entre personas del mismo sexo. En mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal aprobó la uniones civiles en todo el territorio. Algunos distritos del país, entre los que estaban São Paulo y Espírito Santo, legalizaron el matrimonio igualitario. Fue en mayo de 2013 cuando el Ministerio de Justicia lo permitió a nivel nacional.

Chile

En este país aún no se reconoce el matrimonio igualitario, pero sí las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En agosto de 2011, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para reconocer estas uniones. Después de un largo proceso y con varias modificaciones, la ley fue promulgada por la presidente Michelle Bachelet en abril del 2015.

Colombia

La Corte Constitucional de Colombia reconoció las uniones civiles entre personas del mismo sexo en febrero de 2007. Sin embargo, no gozaban de otros derechos como la adopción o protección contra la discriminación. Fue hasta abril de 2016 cuando la Corte aprobó el matrimonio igualitario en todo el país. De acuerdo con dicha institución, «se consolida una tendencia de respeto a la igualdad y de la exclusión de la discriminación».

Uruguay

El Congreso de Uruguay reconoció las uniones civiles LGBT+ en enero de 2008. Las parejas gozaban de varios beneficios como la jubilación, derechos de herencia, entre otros. Desde septiembre de 2009, las parejas homoparentales tuvieron el derecho a adoptar. Hasta 2013, el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitía el matrimonio igualitario en todo el territorio. La ley fue firmada por el presidente Mujica en mayo del mismo año.

Ecuador

Apenas el miércoles 12 de junio de este año fue aprobado el matrimonio igualitario en Ecuador. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional aprobó la ley, dotando a la comunidad LGBT+ de «igualdad, protección legal y libre decisión». La decisión ha sido considera un gran logro tomando en cuenta que Ecuador es uno de los países más conservadores de América del Sur.

Esperemos que pronto todos los países de América y del mundo aprueben el matrimonio igualitario.

Con información de CNN, El País, BBC, UNAM, Justicia PR, Identidad y Diversidad, Animal Político, El País, New York Times, EFE y La Razón, vía SoyHomosensual

General, Historia LGTBI América, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Uniones Civiles, Uruguay

Una semana antes de que terminara el plazo dado por el Constitucional en 2017, el Parlamento de Taiwán legaliza el matrimonio igualitario

Taiwán ya es definitivamente el primer país asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Y es que aunque en 2017 se legalizó «de facto», no ha sido hasta ahora que se ha aprobado la ley.

El 17 de mayo de 2019, fecha en la que se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pasará a la historia de la lucha en favor de los derechos LGTB como el día en el que por primera vez un país asiático, Taiwán, aprobó el matrimonio igualitario. Una aprobación que cuenta con algunas limitaciones, pero que ha sido recibida por satisfacción por el activismo taiwanés, que ve como se gana una importante batalla jurídica que comenzó en los tribunales hace varios años y en la que los grupos cristianos de la isla han ofrecido gran resistencia.

Ya explicamos en su momento que el Tribunal Constitucional de Taiwán había sentenciado que el Código Civil del país (que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer) era discriminatorio porque violaba “las garantías constitucionales de libertad de matrimonio en igualdad“. En mayo de 2017, la Corte Constitucional de Taiwán emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo (el parlamento taiwanés) a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años.  Si no se producía la reforma por la vía legislativa tras un periodo de dos años, la sentencia decretaba que a partir de mayo de 2019 las parejas del mismo sexo podrían comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. La sentencia  otorgaba al Parlamento dos años que se cumplían dentro de una semana para modificar el Código Civil y legislar el matrimonio igualitario; aunque ya entonces se podía decir que se había legalizado puesto que el Tribunal dejaba claro que si en ese periodo de tiempo el gobierno no había presentado una ley, ese artículo del Código Civil se consideraba erróneo y las parejas homosexuales podrían empezar a casarse en los Ayuntamientos.

Comenzaba entonces la movilización de los grupos anti-LGTB, articulados en torno a la la denominada «Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación», un conjunto de grupos religiosos que reunieron las firmas suficientes para promover la celebración de un referéndum sobre la materia. El referéndum, que constaba de varias preguntas, tuvo lugar el pasado mes de noviembre, y los grupos LGTBfobos, que llevaron a cabo una muy agresiva campaña y que contaron con importantes apoyos económicos, consiguieron más votos (ello a pesar de que las encuestas muestran que el matrimonio igualitario cuenta con el apoyo de una mayoría de los taiwaneses). Así, por ejemplo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo recibió 3.250.165 votos a favor y 6.701.859 en contra (el censo electoral era de 19.757.067 votantes). Un resultado que entraba en colisión con las disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno estaba obligado a resolver.

Finalmente, el Gobierno de Taiwán optó por evitar que se agotase el plazo concedido por la Corte Constitucional y presentó ante el Yuan Legislativo un proyecto de ley muy medido en su lenguaje. Por ejemplo, el lugar de llamarlo proyecto de ley de matrimonio, la norma se presentó bajo el aséptico título de «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748». Era, además, no un proyecto de ley de simple reforma de las leyes de matrimonio vigentes para abrirlas por defecto a todas las parejas, sino un texto legal específico. Pues ayer 17 de mayo, justo una semana antes de que se cumpla ese plazo, en el Parlamento de Taiwán se han debatido tres propuestas. Una de ellas quería llamar al matrimonio igualitario «relación familiar homosexual» (con cada miembro llamado «miembros de familia homosexual«) y la otra propuesta proponía llamarlo «unión homosexual» y a cada miembro «compañero doméstico».

En la propuesta presentada por el Gobierno y respaldada por el Partido Democrático Progresista (que ya llevaba el reconocimiento de este derecho en su programa electoral hace años aunque no se puso manos a la obra hasta recibir una intensa presión popular a raíz del caso del activista Chi Chia-Wei) sí hablaba de matrimonio, incluía además derechos de adopción limitados y era la única que los activistas LGTB+ del país apoyaban.

Finalmente ésa ha sido la propuesta aprobada en el Parlamento por una amplia mayoría: 66 votos a favor y 27 en contra.

Un proyecto que ha sido finalmente aprobado en tercera lectura este 17 de mayo, por 66 votos a favor (varios de ellos procedentes del Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, principal fuerza opositora) y 27 en contra. Un resultado que ha provocado alivio entre el activismo LGTB, que veía con temor la posibilidad de que el Yuan Legislativo optase por dar su apoyo a cualquiera de los otros dos proyectos de ley alternativos presentados en la cámara con objeto de regular las uniones entre personas del mismo sexo de forma explícitamente diferente al matrimonio y con menos derechos de los que conceden el proyecto finalmente aprobado.

El proyecto autoriza a las parejas del mismo sexo a registrarse como matrimonios y les concede el estatus legal de esposos, aunque limita algunas cuestiones. Los taiwaneses no podrán contraer matrimonio con extranjeros de su mismo sexo a menos que sus países de origen reconozcan también el matrimonio igualitario, y los derechos de homoparentalidad continuan muy limitados: las parejas del mismo sexo seguirán sin poder adoptar conjuntamente hijos con los que no tengan relación biológica ni se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida.

El colectivo LGTB+ había convocado manifestaciones y marchas hacia el Parlamento para seguir la votación y, una vez se han conocido los resultados, han celebrado la victoria. Y es que la decisión también ha sido mayoritariamente celebrada por los grupos LGTB, que pese a las limitaciones de la ley (por cuya corrección en el futuro seguirán trabajando) han conseguido una importante victoria simbólica y moral, que además ha colocado a Taiwán en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo como primer país asiático en aprobar el matrimonio igualitario. Hay que recordar, en este sentido, que aunque el estatus de Taiwán como sujeto político internacional permanece en un limbo diplomático desde el final de la guerra civil china y numerosos países no lo reconocen oficialmente como estado, en la práctica y a nivel comercial, turístico o cultural es considerado un país más.

Por otra parte, no está de más recordar que también en occidente la aprobación del matrimonio igualitario ha contado con limitaciones iniciales en varios países. La aprobación mediante un texto legislativo específico plagado de particularidades, por ejemplo, ya sucedió en Inglaterra y Gales. Y Bélgica, segundo país del mundo en aprobarlo en 2003, no permitió la adopción homoparental conjunta hasta 2006. Lo mismo sucedió en Portugal, que aprobó el matrimonio igualitario en 2010 pero la adopción homoparental tuvo que esperar hasta 2016.

Partidarios de los derechos humanos celebrando la legalización del matrimonio igualitario (Foto: AFP/Getty/Sam Yeh)

La propia presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, del Partido Progresista Democrático y que siempre se ha mostrado favorable a las reivindicaciones del colectivo LGTB, expresaba en redes sociales su confianza en que el proyecto recibiese finalmente el apoyo de la mayoría. «Hoy tenemos la posibilidad de hacer historia y mostrar al mundo que los valores progresistas pueden echar raíces en una sociedad del Asia oriental», tuiteaba:«El 17 de mayo de 2019 en Taiwan, #LoveWon. Hemos tomado un gran paso hacia la igualdad y hemos hecho de Taiwán un país mejor«, publicaba la presidenta del país, Tsai Ing-wen, en su cuenta de Twitter.

On May 17th, 2019 in #Taiwan, #LoveWon. We took a big step towards true equality, and made Taiwan a better country. 🏳️‍🌈

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 de mayo de 2019

La ley aprobada entrará en vigor el próximo viernes, 24 de mayo, fecha a partir de la cual comenzarán a celebrarse los primeros matrimonios. Veremos si ello tiene efecto arrastre en otros países del área en los que ya desde hace varios años ha comenzado a plantearse la posibilidad de aprobar el matrimonio igualitario, como Vietnam, o por el contrario refuerza las posiciones de los cada vez más influyentes grupos cristianos anti-LGTB, que ya han conseguido tumbar iniciativas en favor de la igualdad, por ejemplo, en Corea del Sur. O ambas cosas. Estaremos atentos.

Como no podía ser de otra manera los homófobos han protestado mucho y han pataleado más y han asegurado que el gobierno está legislando en contra del pueblo porque ellos celebraron un referéndum que decía que el 72% de la población de Taiwán está en contra. Alguien tiene que explicarles que los derechos de las minorías no deben someterse a referéndum (porque la minoría jamás será más numerosa que la mayoría que no concede ese derecho, aunque no le afecte en absoluto), aunque tampoco es necesario porque el Gobierno ya aclaró que ni referéndum ni referéndam: la sentencia del Constitucional es la que es y los derechos humanos son los que son.

Fuente El Diario.es, vía HazteQueer/Dosmanzanas

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Una comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Taiwán ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que regulará las uniones de las parejas del mismo sexo, a quienes se otorgarán derechos semejantes a las parejas de distinto sexo unidas en matrimonio. Sin embargo, no se conceden derechos como la adopción conjunta o la consideración de «pareja infértil» para acceder a los procedimientos de reproducción asistida. Mientras algunas asociaciones de defensa de los derechos LGTB consideran un avance la presentación del proyecto de ley, otras encuentran que es insuficiente, al estimar que se trata de una simple ley de uniones civiles que no establece la plena igualdad. Los opuestos al matrimonio igualitario exigen, por su parte, que se cumpla con el resultado del referéndum que se celebró al respecto, y se haga constar en el Código Civil que el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer. Se espera que el proyecto de ley sea puesto a consideración del Parlamento a finales del mes de mayo, fecha en que vence el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar sobre este asunto.

El pasado miércoles 20 de febrero, el primero ministro taiwanés, Su Tseng-chang, comunicó que el Gobierno que preside ha elaborado un proyecto de ley sobre las uniones de personas del mismo sexo. La normativa se presentará bajo el título «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748», que hace referencia a la resolución de la Corte Constitucional de mayo de 2017, que obligaba a reformar las leyes necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio. En aquella sentencia, se daba un plazo de dos años para que el Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) legislara al respecto, y se establecía que, de no hacerlo, las parejas del mismo sexo podrían automáticamente inscribir sus uniones como matrimonios en el Registro Civil.

La elección de un título aséptico para el proyecto de ley responde al deseo del Ejecutivo de evitar polémicas antes del inicio del trámite parlamentario. Sin embargo, ha despertado gran preocupación entre los grupos de defensa de los derechos LGTB, que temen que se trate de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y no de matrimonio igualitario. Según Hsu Hsiu-wen, miembro de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, «el nombre de la ley es un tanto diferente a lo que esperábamos, nombrar a una ley con la interpretación constitucional no tiene precedentes».

Esa suspicacia también se fundamenta en las declaraciones del primer ministro respecto al proyecto de ley. Su Tseng-chang afirmaba cuando comunicó su elaboración que «son de esperar controversias sobre este proyecto, pero realmente confiamos en que nuestros amigos homosexuales puedan esperar un poco más. Esto podría no cumplir con las expectativas, pero después de todo es un comienzo».

Según lo adelantado, la nueva ley otorgará derechos semejantes a los del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero con algunas excepciones. Seguirá sin permitirse la adopción conjunta, no se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida y no se permitirán los enlaces con personas de otros países donde no esté permitido este tipo de unión.

Jennifer Lu, coordinadora de la Coalición por el Matrimonio Igualitario de Taiwán, estima que el proyecto no brinda protección legal completa a las parejas del mismo sexo y, aunque reconoce la presión que recibe el Gobierno desde todos los ámbitos, afirma que los activistas LGTB continuarán luchando por la igualdad de derechos. Chi Chia-wei, un activista que ha promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, se muestra satisfecho con el proyecto presentado por el Gobierno, al que «daría una nota de 85 sobre 100, no es un sobresaliente, pero al menos es un notable alto». Chi espera que en el trámite parlamentario no se contravenga el dictamen de la Corte Constitucional.

Por su parte desde la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, que convocó el referéndum para impedir el matrimonio igualitario, han expresado su insatisfacción con la resolución gubernamental, que considera «inaceptable». Según Yu Hsin-yi, uno de sus miembros, el Gobierno está obligado a implementar el resultado de la consulta popular y establecer en el Código Civil que el matrimonio únicamente puede estar formado por un hombre y una mujer.

Habrá que esperar a cómo se presenta ante el Yuan el proyecto de ley, qué modificaciones experimenta en ese proceso y si, finalmente, de lo que se trata es de una ley de uniones civiles y no de matrimonio igualitario. En ese caso, también habrá que comprobar si una legislación de ese tipo satisface los requerimientos de la Corte Constitucional. Se estima que la aprobación final por el Yuan tendrá lugar a finales de mayo, para cumplir con el plazo establecido por el alto tribunal.

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, Chi Chia-wei, Coalición por el Matrimonio Igualitario (Taiwán), Discriminación, Homofobia, Hsu Hsiu-wen, Jennifer Lu, LGTBfobia, Matrimonio, Referendum, Su Tseng-Chang, Taiwan, Uniones Civiles

La apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo se acerca un poco más en Suiza. La comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento, aprobó el jueves de la semana pasada un proyecto de ley de matrimonio igualitario que se venía discutiendo desde 2013. Para evitar que se mezclaran los debates, el acceso de las parejas de mujeres a la fecundación asistida se ha votado separado de la iniciativa y ha sido rechazado en la misma comisión. Comienza ahora un periodo de consultas que incluirá un posible referéndum y culminará con una votación parlamentaria.

El debate sobre la apertura del matrimonio en Suiza se remonta varios años atrás y en la actualidad, el país confederal e Italia son los únicos (excluyendo a los microestados) que carecen de igualdad matrimonial en Europa occidental. En diciembre de 2013, el Partido Verde Liberal introducía una propuesta de reforma constitucional para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Más de un año después, en febrero de 2015, el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional votaba a favor de tramitar la iniciativa y en septiembre de ese año, el órgano equivalente en el Consejo de los Estados (la cámara alta), le daba también su visto bueno. Poco después, el Partido Demócrata Cristiano presentaba otra reforma constitucional para blindar el matrimonio excluyente, que los suizos rechazaron en referéndum, por un estrecho margen, en febrero de 2016.

Derrotada la iniciativa discriminatoria, continuaron los trabajos de redacción del proyecto de ley de matrimonio igualitario. Los dos años de plazo iniciales fueron prorrogados por otros dos años en mayo de 2017. Un año después, el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional propuso una reforma del Código Civil y otras normas que hacen referencia al matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, como alternativa a la reforma constitucional. La regulación sobre adopción no precisaría ningún cambio, al estar ligada a las parejas casadas sin hacer mención a su sexo.

Con el objetivo declarado de asegurar el éxito de la medida evitando que se mezcle con otros debates, se separó de la misma el acceso de las parejas de mujeres a las técnicas de reproducción asistida. El jueves de la semana pasada, el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional aprobaba el proyecto de ley de matrimonio igualitario por 19 votos a favor frente a 4 en contra y una abstención, pero rechazaba la apertura de la fecundación artificial. Por tanto, esta discriminación seguirá existiendo aunque la igualdad matrimonial llegue a buen puerto.

Se abre ahora un proceso de consulta pública sobre la medida, que durará varias semanas y tras el cual, el Gobierno federal podría presentarla ante el Parlamento para su aprobación. Como, a diferencia de la propuesta inicial, no se trata de una reforma constitucional, la convocatoria de un referéndum no es obligatoria, salvo que así lo soliciten al menos cincuenta mil personas en un plazo de cien días. El proyecto contemplan la supresión de la figura de las uniones civiles, vigente en el país desde 2007, y su conversión voluntaria en matrimonios. La lentitud del proceso legislativo suizo obliga a la paciencia: si todo marcha según lo previsto, el matrimonio igualitario no sería una realidad hasta 2021.

General, Historia LGTBI Consejo de los Estados (Suiza), Consejo Nacional (Suiza), Italia, Matrimonio, Reproducción asistida, Suiza, Uniones Civiles

Trece parejas del mismo sexo de diferentes ciudades de Japón presentaron el pasado jueves sendas demandas al Estado por la imposibilidad de contraer matrimonio legalmente. Cada una reclama un millón de yenes (unos 8.000 euros) como reparación del daño psicológico que les supone la situación de discriminación en la que se encuentran. El objetivo final de esta acción conjunta, sin embargo, es conseguir la apertura del matrimonio para todas las parejas al amparo de la Constitución japonesa, que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe la discriminación.

El proceso comenzó a gestarse en noviembre del año pasado, cuando varias parejas se pusieron de acuerdo para demandar al Estado por impedirles el derecho a casarse legalmente. Argumentan que el artículo 24 de la Constitución japonesa, por el que se regula el matrimonio, no excluye a las parejas del mismo sexo cuando hace referencia al «consentimiento mutuo entre los dos sexos». El primer ministro Shinzō Abe se había escudado en esta redacción para rechazar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los demandantes, sin embargo, aluden a un fallo del Tribunal Supremo del año 2015, que interpretó el artículo en el sentido de que el matrimonio se debe basar en una decisión libre entre iguales, sin aludir al sexo de los contrayentes. Defienden, por tanto, que la Constitución no prohíbe casarse a las parejas del mismo sexo, sino que consagra la libertad en el acceso al matrimonio. De hecho, opinan que la propia Carta Magna los ampara al consagrar la igualdad de todas las personas ante la ley en su artículo 14. La apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en la mayoría de los países desarrollados es otro de los argumentos del que pretenden hacer uso.

Las trece parejas, ocho de hombres y cinco de mujeres, aprovecharon el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, para presentar sus demandas ante sendos juzgados de Tokio, Osaka, Sapporo y Nagoya. Se trata de la primera acción conjunta sobre el asunto en Japón. Reclaman una compensación por el sufrimiento psicológico que les produce la situación de inseguridad legal que supone carecer del acceso a herencias, decisiones médicas, visitas hospitalarias o visados de matrimonio. Este último derecho es especialmente relevante para la pareja formada por una ciudadana japonesa y una alemana legalmente casadas en Alemania y cuyo matrimonio no reconoce la Administración nipona.

Cada uno de los demandantes reclama al Estado japonés la suma de un millón de yenes (unos 8.000 euros) en concepto de daños y perjuicios. Pero la reparación económica no es la última meta de las demandas. Como explica uno de los abogados que asesora a las parejas, el objetivo final es una sentencia judicial que reconozca la inconstitucionalidad de la situación actual.

Pequeños avances a nivel local

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

Fuente Dosmanzanas

General Discriminación, Fukuoka, Homofobia, Iga, Japón, LGTBfobia, Matrimonio, Nagoya, Osaka, Sapporo, Setagaya, Shibuya, Shinzō Abe, Takarazuka, Tokio, Uniones Civiles

Triunfo de la igualdad en Lituania, un país del que no recibimos habitualmente buenas noticias en materia LGTB. El Tribunal Constitucional de ese país ha fallado que el Estado lituano debe conceder permisos de residencia a todos los esposos del mismo sexo o a las parejas unidas mediante una unión civil entre personas del mismo sexo de aquellos ciudadanos de la Unión Europea que se establezcan en su territorio. Y ello a pesar de que Lituania no reconoce internamente el matrimonio igualitario ni dispone de una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo.

El Tribunal Constitucional de Lituania, en este sentido, niega la razón al demandante, el Ministerio del Interior lituano, y en concreto su Departamento de Migración. El alto tribunal lituano considera que negar la residencia a las parejas extranjeras del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea vulnera el derecho de reunión las familias, es discriminatorio y atenta contra la dignidad humana. La sentencia es de especial importancia para todas aquellas parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros no es ciudadano de un país de la Unión Europea. En ese caso, si el país en el que la pareja desea residir no les reconoce como pareja, esa persona no tiene reconocido el derecho a residir en su territorio al no ser ciudadano comunitario.

Cabe destacar que con esta decisión el Tribunal Constitucional de Lituania no hace otra cosa que acomodarse a la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dada a conocer el pasado mes de junio, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», expresaba entonces el alto tribunal europeo.

Y aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitía que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, también señalaba que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo». También precisaba, en alusión a los frenos que algunos Estados miembros pueden interponer a la circulación de las parejas del mismo sexo legalmente reconocidas en otros Estados, que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

De hecho, gracias al fallo del alto tribunal europeo, la justicia búlgara reconocía a principios de julio los derechos de residencia derivados del matrimonio de la australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo, celebrado en Francia. Y en Rumanía el Tribunal Constitucional sentenciaba en julio, de la misma forma que ahora ha hecho su homólogo lituano, que que los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a obtener el permiso de residencia en Rumanía.

El fallo del Tribunal Constitucional de Lituania ha sido recibido con satisfacción por el colectivos LGTB lituano. «Se trata de una sentencia progresista, que envía un mensaje importante a la comunidad LGTB y a los políticos. Ojalá que propicie actitudes más positivas hacia las familias homosexuales», ha declarado Vladimir Simonko, representante de LGL, la principal organización LGTB del país. Por el contrario, la Conferencia Episcopal de Lituania (un país mayoritariamente católico) ha expresado su malestar por el hecho de que la sentencia reconozca la realidad familiar de las parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Bulgaria, Conferencia Episcopal de Lituania, Cristina Palma, Discriminación, LGL, Lituania, Mariama Diallo, Matrimonio, Rumanía, Tribunal Constitucional de Lituania, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Uniones Civiles, Vladimir Simonko

El gabinete del Gobierno de Tailandia ha aprobado un proyecto de ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo. Según afirman medios oficiales, la nueva ley equipará casi por completo los derechos amparados por este tipo de unión a los del matrimonio. Sin embargo, desde sectores del activismo LGTB se cuestiona esta afirmación, puesto que las uniones civiles no podrán establecerse con ciudadanos no tailandeses, la edad en que podrán contraerse es superior a la del matrimonio y además no incluirán el derecho a la adopción conjunta. En todo caso, el proyecto de ley debe ser aún aprobado por la Asamblea Legislativa Nacional y posteriormente promulgado, lo cual puede demorar aún varios meses, más aún teniendo en cuenta que en febrero de 2019 se celebrarán elecciones generales en Tailandia.

El Departamento de Derechos y Libertades de Tailandia ha dado a conocer que, durante los días 12 a 16 del pasado mes de noviembre, el Gobierno tailandés organizó unas audiencias públicas respecto a la elaboración de un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, una iniciativa que pretende dar una imagen de país tolerante con la población LGTB con vistas al turismo. A las audiencias fueron invitadas distintas organizaciones y también miembros de las comunidades budista, cristiana y musulmana.

Posteriormente, Kerdchoke Kasemwongjit, director del mencionado organismo, informaba que este 25 de diciembre el gabinete gubernamental había aprobado el correspondiente proyecto de ley. Según Kerdchocke, la futura ley de uniones civiles será semejante a las aprobadas en otros países y equipará «casi en un 90 %» los derechos amparados por la institución del matrimonio.

Sin embargo, habrá diferencias sustanciales. Mientras que la edad mínima requerida para contraer matrimonio en Tailandia son los 17 años, los miembros de las parejas del mismo sexo deberán contar con al menos 20 años para unirse civilmente. El proyecto no incluye ninguna medida en cuanto a la adopción, pues, según el representante gubernamental, no se ha considerado necesario dado que la ley tailandesa de adopciones permite hacerlo a las personas no casadas. Pero el hecho es que quienes estén unidos civilmente no podrán adoptar conjuntamente, como sí les está permitido a las personas unidas en matrimonio. Las uniones civiles, además, requerirán que ambos miembros sean de nacionalidad tailandesa, restricción inexistente en la institución matrimonial.

Dadas estas diferencias sustanciales, sectores del colectivo LGTB han expresado su disconformidad. «¿Para qué necesitamos esto?», se pregunta el activista Sulaiporn Chonwilai, «las personas LGTB necesitamos el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo para protegernos, para darnos los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. No necesitamos una ley de segunda clase». Por el contrario, para Nareeluc Pairchaiyapoom, jefe del Departamento Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, «nuestro objetivo final es el matrimonio, pero nuestra estrategia es primero obtener esta ley».

Al proyecto de ley de uniones civiles aún le queda un largo camino por recorrer. Después de la aprobación por el gabinete gubernamental debe ser sometido al escrutinio de la Asamblea Legislativa Nacional. Si es aprobado por la misma, deberá ser publicado en el Boletín Oficial y esperar 120 días desde esa publicación para su entrada en vigor. Es muy dudoso que el proyecto de ley pueda ser aprobado en esta legislatura, pues la Asamblea Legislativa Nacional dejará de funcionar el próximo 15 de febrero, para constituirse de nuevo tras las elecciones generales que tendrán lugar el día 24 del mismo mes. Hasta esa fecha, hay más de 50 proyectos de ley pendientes de aprobación parlamentaria.

En la actualidad, Israel es el único país asiático que reconoce en su legislación nacional las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, si bien prohíbe el matrimonio igualitario (en realidad, todo matrimonio no religioso) aunque reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal. En Taiwán, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019. Pasado ese plazo, se convertirá en el primer país asiático en gozar del matrimonio igualitario, a pesar del resultado adverso de un referéndum ganado por los opositores a los derechos LGTB, que no invalida la resolución del alto tribunal

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adopción, Asamblea Legislativa Nacional (Tailandia), Discriminación, Kerdchoke Kasemwongjit, Matrimonio, Nareeluc Pairchaiyapoom, Sulaiporn Chonwilai, Tailandia, Uniones Civiles

Los legisladores dijeron no al proyecto de ley presentado por el primer congresista abiertamente homosexual de esta región autónoma perteneciente a China.

Aunque Hong Kong emerge como un oasis en el desierto en materia de respeto hacia las personas LGBT+, en comparación con la tradicional China continental, aún es poco lo conquistado en materia de derechos a favor de la igualdad. Este jueves el colectivo sufrió un nuevo revés, ya que los legisladores rechazaron (27-24) la aprobación de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

Raymond Chan, el primer legislador abiertamente homosexual de Hong Kong y miembro del partido People Power, presentó un proyecto de ley ante el consejo legislativo de la región autónoma que habría abierto la puerta para permitir el reconocimiento de asociaciones entre personas del mismo sexo con las uniones civiles gay.

Pero el proyecto de ley, que contenía pocas disposiciones concretas, fue rechazado en una votación de 27-24 en la legislatura de la ciudad.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. China, Hong Kong, People Power, Raymond Chan, Uniones Civiles, Universidad de Hong Kong

Buenas noticias llegan desde el corazón de Italia: la república de San Marino acaba de aprobar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. En una época en la que llegan noticias aterradores desde Tanzania o desde la propia Europa, San Marino – un país con solo 33.000 personas – da un paso adelante para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

El borrador fue aprobado el pasado mes de septiembre por la Comisión para asuntos sociales, sin embargo ha sido necesario esperar unos meses más para que la burocracia siguiera su curso y se hiciera oficial. Finalmente ha sido aprobada con 40 votos a favor, 4 votos en contra y 4 abstenciones.

En esta nueva ley hay 14 articulos, pero hay uno que nos interesa especialmente:

Una unión civil es un contrato legal estipulado entre dos adultos del mismo sexo o de sexo apuesto para organizar su vida juntos como una pareja

Sin embargo, todavía no se sabe cuándo se hará efectiva y comenzará a aplicarse. En todo caso, se trata de un paso importante del país europeo y un gran avance desde que se despenalizara la homosexualidad, allá por 2004.

No obstante, aún queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad de derechos.

Vía | GayStarNews, vía AmbienteG

General, Historia LGTBI Matrimonio igualitario, San Marino, Uniones Civiles

Aboga porque la Constitución cubana reconozca las relaciones entre personas del mismo sexo

“Deben tener los mismos derechos blancos y negros, mujeres y hombres… heterosexuales y homosexuales” 

Cameron Doody).- Quizás no al matrimonio gay, pero sí al reconocimiento civil de las parejas de hecho del mismo sexo. Así se ha expresado el arzobispo de Camagüey, Wilfredo Pino Estévez, sobre el cambio propuesto a la Constitución cubana que podría abrir la puerta a la protección legal de los derechos de las personas en relaciones homosexuales. “Todo Estado, nuestro Estado, debe garantizar y hacer respetar los derechos de todos sus ciudadanos”, ha considerado el prelado.

“Deben tener los mismos derechos blancos y negros, mujeres y hombres, sanos y enfermos, de una religión o de otra, recién nacidos y ancianos, de una provincia o de otra, cultos e incultos, heterosexuales y homosexuales”, ha escrito monseñor Pino Estévez en una reflexión sobre el posible cambio legislativo colgado en la web de la Conferencia Episcopal del país caribeño. La modificación a la Carta Magna quitaría la actual referencia al matrimonio “como la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer” para redefinirla como “la unión voluntariamente concertada entre dos personas”.

“Ojalá que, para nuestra futura Constitución, no se modifique la definición actual de matrimonio, sino que se estudie la posibilidad de implementar en ella las ‘parejas de hecho’. Así se respetarían los derechos de todos“, ha sentenciado monseñor Pino Estévez

Texto completo de la reflexión de monseñor Wilfredo Pino Estévez

Mi modesta opinión

por Mons. Willy, Arzobispo de Camagüey

Arquidiócesis de Camagüey, Arzobispado, 24 de septiembre de 2018: Son muchas las personas que están manifestando sus opiniones sobre los 224 artículos del Proyecto de Constitución redactado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, como señala un escrito en el periódico Adelante del pasado sábado 22 de septiembre, el artículo 68 “parece la parada obligatoria en los debates”. El motivo es el cambio que hay con relación a la actual Constitución de 1976 que define al matrimonio “como la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común”. El Proyecto para la nueva Constitución que se debate plantea un cambio sustancial en la definición de matrimonio que define como ‘la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ella, a fin de hacer vida en común”.

El artículo del Adelante brinda una estadística: de las 2,374 reuniones celebradas hasta el amanecer del viernes 21, solo en 32 no hubo ninguna intervención sobre el mencionado artículo 68. O sea que, del total de debates, el tema salió en 2,342 reuniones, nada menos que el 98.6 por ciento. Es, por tanto, algo que preocupa y ocupa a nuestra población. Y son muchas las personas, de nuestras comunidades y no, de nuestras familias o, simplemente, personas desconocidas con las que uno se topa en la calle Maceo, en la barbería, a la entrada del mercado Estrella Roja que, viendo el cuello de mi camisa sacerdotal y mi cruz pectoral, me paran para preguntarme, como sagaces periodistas, cuál es la opinión de la Iglesia sobre esta cuestión. He decidido, pues, poner por escrito mi opinión y lo que contesto al que me pregunta.

Por principio me ha gustado que la gente esté expresando libremente sobre el artículo en cuestión y sobre los demás. Creo que, como cristianos, hay muchas cosas más en las que debiéramos dar nuestras opiniones, nuestros acuerdos, desacuerdos y sugerencias. Noto a las personas expresar sin temor sus opiniones sobre temas espinosos: el salario que no alcanza, la posibilidad de que los padres escojan la educación que quisieran para sus hijos, etc. Que opinemos libremente y sin temor a represalias es algo bueno, a pesar de que no tenemos gran conocimiento jurídico. También pienso que una buena parte de los Diputados de la Asamblea Nacional no tiene el conocimiento jurídico mencionado. Reitero que no soy especialista en cuestiones jurídicas, pero doy mi opinión.

Considero que todo Estado, nuestro Estado, debe garantizar y hacer respetar los derechos de todos sus ciudadanos. Y que la Constitución debe ir en esa línea, como ley fundamental que es. Deben tener los mismos derechos blancos y negros, mujeres y hombres, sanos y enfermos, de una religión o de otra, recién nacidos y ancianos, de una provincia o de otra, cultos e incultos, heterosexuales y homosexuales, etc.

Hablando de estos últimos, quisiera mencionar algo: Conocí a dos personas del mismo sexo que vivían en una misma casa. Personas mayores que brindaban a todos su respeto y recibían cariño de todos sus vecinos. Nadie tenía quejas de estas personas. Años después de pensar que habían nacido de los mismos padres fue que supe que se trataba no de familiares, sino de “una pareja”. Contada la anécdota, paso ahora a la reflexión: ¿Qué pasará el día en que muera quien tiene la propiedad de la casa donde viven? ¿Cómo queda ante la Ley la otra parte que aún vive? Es fácil contestar: Sin protección legal alguna. Y si por casualidad aparece algún familiar de quien murió a reclamar los bienes materiales, dejará sin nada a quien vivió a su lado muchos años. Se llevará hasta los balances de la sala.

Es allí donde, según mi humilde opinión, tendría que actuar la Asamblea Nacional y averiguar qué se hace en otros lugares al respecto. Me han dicho que en otros países (Colombia, México, etc.) existe el reconocimiento civil de las “parejas de hecho”. O sea, que las personas de la anécdota contada pueden ir a una instancia jurídica o bufete de abogados y formalizar su unión ante la Ley. Y con ello, ya las personas homosexuales no quedarán desprotegidas. Incluso leí que en toda la Unión Europea se reconocen una serie de derechos aun en caso de que la pareja no se haya registrado ante ninguna administración.

Claro está, en los países mencionados, a estas uniones no se les llama “matrimonio” sino “parejas de hecho”, que no es lo mismo. El matrimonio se mantiene definido como la unión de un hombre y una mujer, mientras que las “parejas de hecho” son las uniones entre dos personas del mismo sexo.

Ojalá que, para nuestra futura Constitución, no se modifique la definición actual de matrimonio, sino que se estudie la posibilidad de implementar en ella las “parejas de hecho”. Así se respetarían los derechos de todos.

Como cubano y católico, no puedo olvidar aquel sabio consejo que nos dejó, en su visita a Cuba, el hoy Papa Santo, San Juan Pablo II: “Cuba, cuida a tus familias para que conserves sano tu corazón”. Lo cierto es que, lamentablemente, llevamos tiempo en Cuba atacando la familia: Cuba fue el primer país de América Latina en aprobar la ley del divorcio, que entró en vigor en julio de 1918 (hace exactamente 100 años). El aborto, por su parte, es legal en Cuba desde 1936. Ahora se pretende cambiar el concepto de matrimonio.

También es cierto que en Cuba se han aprobado leyes que protegen a la familia: ¡Qué bueno que en Cuba la mujer trabajadora goce de facilidades laborales en el tiempo de su maternidad! ¡Qué bueno todo el esfuerzo que se realiza para reducir al mínimo la mortalidad infantil! ¡Qué bueno que están garantizadas las vacunas para todo niño al nacer! ¡Qué bueno que la ley establece la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer! ¡Qué bueno que nuestros niños tengan escuela y atención médica gratuitas! ¡Qué bueno que nuestros abuelos tengan sus Hogares de Ancianos, su Universidad del Adulto Mayor, sus Círculos de Abuelos, sus ejercicios físicos! ¡Qué bueno que muchas escuelas ya están en las ciudades donde los hijos podrán estar más cerca de la mirada de sus padres!

Pero también… ¡Qué bueno sería que los padres tuvieran opción a la hora de escoger el tipo de educación que quisieran para sus hijos! ¡Qué bueno sería que se borrara de la mente de muchos cubanos la mentalidad antinatalista que tienen y por la que llegan a llamar “loca” a la mujer embarazada! ¡Qué bueno sería que el salario alcanzara al trabajador para que la familia pueda vivir dignamente y sin tener que estar “inventando” o “resolviendo”! ¡Qué bueno sería que los divorcios y los abortos disminuyeran, que los alimentos aumentaran y tuvieran al alcance económico de todos! ¡Es duro que un granizado cueste ahora tres pesos y un aguacate, quince o veinte!

¡Qué bueno sería que a nuestros jóvenes no se les siga dando instrucción sexual, que eso es muy fácil, sino que se les eduque para el sano amor entre un hombre y una mujer! ¡Qué bueno sería que cada cubano, antes de tomar una opción que lo alejará de su familia por dos años o más, se preguntara si eso podría hacerle daño a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, etc.! ¡Qué bueno sería que los matrimonios jóvenes pudiesen tener su casita donde formar su propio hogar y no tener que vivir hacinados con otras familias bajo un solo techo! ¡Qué bueno sería que el exilio no siga dividiendo más a las familias cubanas! ¡Qué bueno sería que disminuyera la población penal en Cuba para que se les aliviara el sufrimiento a tantas familias con familiares presos! Y no por mencionarlo en último lugar, es porque sea lo menos importante: ¡Qué bueno sería convencer a nuestros jóvenes de que el ron, la cerveza y las drogas “inventadas” con pastillas destruyen familias y van idiotizando a las personas!

Ojalá que nos propongamos dar testimonio de lo que es el verdadero matrimonio. Ojalá que tengamos un detalle de amor para con las familias en dificultad: Hay personas que viven solas (¿por qué no invitarlas a comer con nuestra familia uno de estos días?). Hay familias que están tratando de hacer una jabita para llevarle al familiar que está preso (¿por qué no ayudarlas con algo?). Hay matrimonios que están en “el pico del aura” (¿por qué no dedicarles un tiempo para escucharlos y así poder aconsejarlos y salvarlos?). Hay familias con dificultades económicas o incluso materiales (¿podríamos hacer algo por aliviarles esa angustia?). Seguramente que tenemos compañeros de trabajo o vecinos que sabemos no se llevan, no se hablan, no se tratan (¡qué bueno sería hacer algo para reconciliarlos!).

No quiero terminar estas ideas sin hablar de los que saben cuidar su familia: Las madres y las abuelas que guardan el pedacito de pollo para inventar un almuercito distinto el domingo y reunir a la familia alrededor de la misma mesa… Los abuelos que saben mediar en los conflictos naturales que surgen entre padres, hijos, yernos y nueras… Nuestros mayores, por su defensa de la familia, por el ejemplo de haber tenido tantos hijos con muchos menos recursos de los que se tienen hoy día.

Por último, considero que cada uno de nosotros, los cubanos, debemos expresar nuestra opinión en lo que se está debatiendo. Y cuando llegue el día de la votación, votar SI o NO según le dicte su propia conciencia.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Camagüey, Constitución, Cuba, Matrimonio, Uniones Civiles, Wilfredo del Pino

El ministro de Justicia austriaco, el conservador Josef Moser (ÖVP), se mostró el jueves pasado favorable a la apertura simultánea de los matrimonios y las uniones civiles para todas las parejas. Por el momento, solo las de distinto sexo pueden casarse legalmente, mientras que las del mismo sexo se tienen que conformar con la unión civil. Pero esta situación tiene los días contados después de la histórica sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre, que decretó que el matrimonio excluyente es discriminatorio y dejó abierta la posibilidad de derogar las uniones civiles o abrirlas a las parejas de distinto sexo. Si el Parlamento no legisla sobre el asunto antes del 31 de diciembre de este año, todas las parejas podrán decidir bajo qué figura registran su unión a partir del próximo 1 de enero. Tanto los conservadores del ÖVP como la extrema derecha del FPÖ, socios en el Gobierno, se oponen a la equiparación de derechos, pero el canciller Sebastian Kurz ha asegurado que no intentarán boicotear el fallo del Constitucional.

Nueve meses después de la histórica sentencia a favor de la igualdad de todas las parejas en el acceso al matrimonio, poco se ha movido en Austria. Los socialdemócratas del SPÖ, que abandonaron el asunto cuando dirigían el Gobierno, reclamaban hace unos meses desde la oposición la materialización del fallo. Pero el Gobierno de coalición entre los conservadores del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ ha pospuesto sine die la cuestión aludiendo a la necesidad de recabar la opinión de expertos legales.

El Constitucional decretó que la separación de las uniones entre personas del mismo sexo y de distinto sexo en dos instituciones legales contraviene el principio de igualdad, por lo que el matrimonio debe ser un derecho de todas las parejas. Sin embargo, en lo que se refiere a las uniones civiles, dejó abierta la posibilidad de derogarlas completamente (salvo las ya registradas) o de abrirlas a las parejas de distinto sexo. Si no se da ningún paso antes, esta opción será la que entre en vigor junto con la igualdad matrimonial el 1 de enero de 2019.

El jueves pasado, el titular de Justicia se declaraba partidario de esta segunda posibilidad. Josef Moser apoyó que las parejas de distinto sexo puedan optar a las uniones civiles como una «variante más moderna» de formalizar su relación. La regulación de los matrimonios en el código civil austriaco contiene disposiciones arcaicas como la obligación de fidelidad entre los cónyuges y prevé un mecanismo de disolución mucho más complicado que el de las uniones civiles.

Todavía está por ver si las declaraciones de Moser suponen el anuncio de un próximo proyecto de ley o si el Ejecutivo esperará a la entrada en vigor del fallo del Constitucional en enero de 2019. El portavoz del Gobierno, Peter Launsky-Tieffenthal, intentó el viernes rebajar las expectativas y afirmó que todavía están evaluando las «diversas posibilidades legales» para dar cumplimiento a la sentencia. Tanto los conservadores del ÖVP como sus socios de la extrema derecha del FPÖ se oponen a la equiparación de derechos, pero el canciller Sebastian Kurz (ÖVP) aseguró en enero que no intentarán boicotear la aplicación del fallo del alto tribunal.

¿Qué hacer con las uniones civiles tras la apertura del matrimonio?

Muchos de los países que han abierto el matrimonio a todas las parejas contaban anteriormente con leyes de uniones civiles. En algunos de estos casos, como en Alemania, Austria o el Reino Unido, esta figura estaba reservada a las parejas del mismo sexo. Tras la aprobación del matrimonio igualitario, cada país ha procedido de manera diferente. En Alemania, la norma permite la conversión de las parejas registradas a matrimonios, pero no la celebración de nuevas uniones civiles. En el caso británico, una larga batalla legal culminó en junio de este año con la sentencia de la Corte Suprema que decretó que prohibir a las parejas de distinto sexo contraer una unión civil es discriminatorio. Estaremos pendientes de cuál es el camino que toma finalmente Austria.

Fuente Dosmanzanas

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Alberto (nombre ficticio con el que aparece en la prensa italiana) se llevó una enorme paliza que le va a obligar a quedarse en su casa el resto del verano, con un pronóstico de recuperación de unos 30 días. Ocurrió el sábado pasado en San Salvario, una zona de marcha de los alrededores de Turín. A la salida del metro, otro joven empezó a insultarle y a gritarle «maricón». La agresión, cometida por otro joven de edad similar a él, se produjo porque al atacante no le gustaba su forma de vestir y de caminar. «Había mucha gente, pero nadie me ayudó», le explicó a la policía. El matón estaba acompañado por un grupo que también se mofó de la víctima. La policía está investigando lo sucedido y analizando las imágenes que tiene del metro. Alberto, que ya ha abandonado el hospital, va a tener que renunciar al viaje de graduación a Barcelona con sus compañeros. «Lo único que pido ahora es justicia».

«No puedo acostarme, tengo que poner la prótesis en tensión tres veces al día y los dolores son muy fuertes. Lo peor, sin embargo, es la sensación de no ser libre. Es realmente absurdo que en 2018 un chaval, homosexual o heterosexual, no sea libre de vestirse como quiera o de caminar como desee. Es inconcebible que tenga miedo de que alguien lo llame ‘maricón’ o que le agreda salvajemente», ha relatado Alberto en una entrevista. La víctima teme represalias por su denuncia y por haber trasladado el caso a los medios, aunque argumenta que «no es correcto guardar silencio frente a cualquier tipo de discriminación».

Mientras se produjo la agresión, Alberto no recibió la ayuda de nadie. No obstante, luego sí fue socorrido por un par de personas: «me gustaría agradecerles, pero ni siquiera sé sus nombres». Por otra parte, el joven se lamenta de perderse su viaje de graduación: «Me quedaré en casa, mientras ese matón podrá disfrutar de las vacaciones. Había soñado con viajar a Barcelona, organizado y pagado para ello». Su única esperanza, tras lo sucedido, es que «al menos en estas semanas la policía realmente pueda identificar a esta persona y evitar que hiera a otras».

Alberto, que salió hace tiempo del armario como gay ante sus familiares y amigos, fue víctima de la homofobia durante su adolescencia y esta paliza le ha mostrado que sigue sin estar libre del odio y de la discriminación por su orientación sexual. La rotura del pie y de la clavícula que padece es un recuerdo de ello. «Usualmente me visto de una manera muy llamativa porque me gusta y no creo que tenga que rendirle cuentas a nadie. Pero el sábado llevaba unos pantalones y una camisa, nada más. Ese chico seguía diciéndome que estaba vestido como un marica».

Malos tiempos para la comunidad LGTB italiana

Como recogía dosmanzanas en junio, en el ámbito LGTB poco cabe esperar del nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, responsable de Familia y Discapacidad, en las que aseguraba que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen».

De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Nos hemos hecho eco de algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Solo un mes antes, la ciudad de Turín, precisamente donde se ha producido la brutal agresión contra Alberto, acogió una campaña de GECO, una asociación de madres y padres contra la LGTBfobia para trasladar que el problema no lo tienen las personas por su orientación sexual o identidad de género, sino los que discriminan y tienen prejuicios. La llamada Deomofobina, con aspecto de fármaco, se distribuyó como «antídoto contra la discriminación».

Por cierto, el entramado de HazteOír criticó esta campaña. El director de CitizenGO Italia, Filippo Savarese, dijo que «esta operación busca confundir la identidad sexual de los niños porque el contenido de esto es completamente ideológico: se afronta el tema de la homosexualidad, de la sexualidad en general, de la identidad y las relaciones, de manera completamente ideológica, totalmente tendenciosa». De estas agrupaciones ultras, que con sus discursos promueven el odio, ahora solo se puede esperar el silencio como respuesta a la violencia.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema del Reino Unido ha fallado de forma unánime a favor de  la pareja formada por Charles Keidan, de 41 años, y Rebecca Steinfeld, de 37, reconociendo su derecho a contraer una unión civil. La institución del civil partnership, recordemos, esta vetada a las parejas de distinto sexo del Reino Unido. Se trata de una figura jurídica que fue creada en 2004 para conceder a las parejas del mismo sexo derechos equivalentes a los del matrimonio pero negándoles el nombre.

Por vía legislativa, en 2004 solo había sido aprobado el matrimonio igualitario en Holanda y en Bélgica, aunque decisiones judiciales lo habían legalizado también en varias provincias de Canadá y en el estado de Massachussetts, en Estados Unidos. El Gobierno de Tony Blair no quiso por entonces dar el paso y optó por promover la aprobación de una institución que si bien concedía a las parejas del mismo sexo derechos similares al matrimonio bajo la ley británica, les negaba el nombre y el reconocimiento simbólico como matrimonio. Una institución a la que, por otra parte, solo tenían derecho las parejas del mismo sexo. Una verisón británica del segregador separate, but equal: mismos derechos, pero distintas instituciones.

Los años posteriores han acabado por derrumbar este esquema de pensamiento. Apenas unos meses después de que fuese aprobada la ley de uniones civiles (pero incluso antes de que entrase en vigor) España y Canadá aprobaban el matrimonio igualitario. Sería el comienzo de una ya amplia lista de países que han ido sumándose después… Incluyendo tres de los cuatro países constituyentes del Reino Unido: Inglaterra y Gales en julio de 2013, Escocia en febrero de 2014. Solo Irlanda del Norte permanece sin matrimonio igualitario. Sin embargo, el civil partnership ha permanecido vetado a las parejas del mismo sexo. Solo la isla de Man, una dependencia de la Corona que no formalmente no forma parte del Reino Unido, permitía a las parejas del mismo sexo unirse civilmente. En esta misma página recogíamos en 2016 como Charles Keidan y Rebecca Steinfeld acudieron a la isla, situada entre Gran Bretaña e Irlanda, para contraer su unión civil como parte de su batalla jurídica por la igualdad, en este caso en beneficio de las parejas de distinto sexo.

Una batalla jurídica que parece por fin llega a su fin, y que de hehco Keidan y Steinfeld no han sido los primeros en dar (ya en 2010 nos hacíamos eco de la negativa a contrar unión civil a varias parejas de distinto sexo). Su caso sí que ha sido el primero en ser decidido por la Corte Suprema, que de forma contraria a lo que hasta entonces han hecho otros tribunales de rango inferior ha fallado que negar a las parejas de distinto sexo el acceso a la unión civil atenta contra la Convención Europea de Derechos Humanos, que potege el derecho a la vida privada y familiar y prohíbe la discriminación.

Todo un triunfo para Keidan y Steinfeld, pareja desde 2010 y padres de dos hijos, que se negaban a formalizar su unión bajo la institución del matrimonio al considerar que esta lleva implícita una carga histórica de discriminación de la mujer. «Queremos educar a nuestros hijos como iguales, y creemos que una unión civil, una institución moderna y simétrica, es el mejor ejemplo para ellos», argumenta la pareja, que por cierto ha contado en su lucha con el apoyo explícito de activistas LGTB como Peter Tatchell, que se ha mostrado encantado con el fallo.

La ley no cambia, al menos por el momento

El fallo de la Corte Suprema respecto a Keidan y Steinfeld no implica que la ley cambie de forma automática para todos los ciudadanos, pero coloca al Gobierno británico en una situación incómoda si opta por no modificarla y permite que nuevos casos de parejas de distinto sexo inunden los tribunales. Una reforma de la ley que ha reclamado por ejemplo el colectivo Stonewall, que ha advertido además contra la posible tentación del Gobierno de aprovechar la situación para suprimir totalmente el civil partnership donde exista ya matrimonio igualitario, una posibilidad que se ha llegado a barajar en tiempos recientes.

Rebecca Steinfeld, en este sentido, ha anunciado que su campaña en favor de que todas las parejas de distinto sexo que quieran contraer unión civil puedan hacerlo continúa plenamente activa:

We WON!!! But the fight for civil partnerships doesn’t end here. It must go on until civil partnerships are extended to all couples. So please continue to back our campaign: https://t.co/p94gqnce6W https://t.co/07IlW57w5Y @EqualCPs pic.twitter.com/wjLR03Yjtf

— Dr Rebecca Steinfeld (@beccasteinfeld) 27 de junio de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Es como si Ciudadanos y Podemos hubieran pactado y sale este monstruo…

Mal comienzo en materia LGTB para el nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, el responsable de Familia y Discapacidad. Fontana, que también arrastraba un historial de odio hacia la comunidad, afirmó en una entrevista que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen». La organización Arcigay ya ha expresado su preocupación por la LGTBfobia de la Liga Norte, pero Salvini se ha apresurado a aclarar que no se darán pasos atrás en los tímidos avances conseguidos con el anterior Gobierno, como la ley de uniones civiles.

Tras semanas de negociaciones, el pasado viernes tomaba posesión el nuevo Gobierno italiano nacido de las elecciones del 4 de marzo. El Ejecutivo de coalición entre la Liga Norte de Matteo Salvini (extrema derecha euroescéptica y xenófoba) y el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio (M5S, anti-establishment y también euroescéptico) cuenta con 18 carteras. Cinco de ellas estarán en manos de la Liga, ocho serán para el M5S y las restantes serán ocupadas por independientes más o menos cercanos a alguno de los dos partidos. Salvini y Di Maio ostentarán dos vicepresidencias y las carteras de Interior, el primero, y Desarrollo Económico, Trabajo y Política Social, el segundo.

Matteo Salvini

En el ámbito LGTB, poco cabe esperar del nuevo Gobierno. De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Hemos recogido algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Entre los miembros del Gobierno, uno de los que tienen unos antecedentes más desalentadores es el propio líder de la Liga Norte. Esta misma semana, antes de tomar posesión como vicepresidente y ministro del Interior, Salvini declaraba su intención de participar en un Gobierno «en el que la madre se llame madre y el padre, padre». «No quiero hablar de progenitor 1 y progenitor 2, 3, 4, 5», añadía. «En la familia hay una madre y un padre e hijos, que tienen una madre y un padre». Una clara muestra de desprecio y negación de las familias no tradicionales. Ya durante la campaña electoral, Salvini había apelado al tristemente manido «derecho de los niños a un padre y una madre».

Lorenzo Fontana

Preocupante es también la trayectoria del titular de Familia y Discapacidad, el también leghista Lorenzo Fontana. Exdiputado europeo y forjador de la alianza entre la Liga Norte y el Frente Nacional francés, afirmó que el pueblo italiano «está siendo atacado» por el «debilitamiento de la familia y la lucha por el matrimonio gay y la teoría de género en las escuelas», así como la inmigración a Italia combinada con la emigración de los jóvenes italianos. Fontana se ha autodefinido como un «cruzado» contra «la destrucción de nuestras tradiciones y nuestra sociedad» y ha puesto a Rusia como ejemplo de «defensa de la familia tradicional». En una entrevista concedida tras tomar posesión del cargo, rechazó el concepto de familia homoparental porque según él, «a nivel legal, no existen». Eso sí, como la mayoría de los homófobos, el nuevo ministro tiene «muchos amigos homosexuales».

Tras la polémica desatada por estas declaraciones, el propio Salvini ha salido al paso para aclarar que Fontana «es libre de tener sus ideas, pero no son una prioridad y no están en el contrato de Gobierno». El vicepresidente ha asegurado que «las uniones civiles y el aborto no son leyes que estén en discusión». Eso sí, ha añadido que sigue pensando que «en el futuro, nuestro país debe continuar teniendo principios como que la mamá se llama mamá y el papá se llama papá. Y que se puede adoptar un hijo si hay una mamá y un papá». En definitiva, un panorama sombrío para la equiparación de derechos si la Liga Norte impone su visión frente a un Movimiento Cinco Estrellas para el que la igualdad LGTB no parece un asunto prioritario.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Justicia tailandés espera aprobar el próximo mes una ley que reconocerá legalmente a las parejas homosexuales aunque no tendrán los mismos derechos que el matrimonio heterosexual.

Cuando hace unos meses Taiwán aprobó el matrimonio igualitario, convirtiéndose así en el primer asiático en hacerlo, muchos esperaban que Tailandia siguiera el mismo camino más pronto que tarde. Bueno, pues será más tarde que pronto. Aunque la buena noticia es que ya han empezado a recorrer ese camino.

Un subcomité del Ministerio de Justicia de Tailandia ha redactado una ley de uniones civiles que se presentará el mes que viene para que sea aprobada y que reconocerá algunos derechos (no todos) de las parejas homosexuales. Desde el Departamento de Protección de Derechos y Libertades del ministerio han expresado su voluntad de que la ley se apruebe durante la actual legislatura y quieren que sirva para que se reconozca legalmente a las parejas de gais y lesbianas.

El problema, como apuntan las organizaciones LGTB+ del país, es que aunque es un buen primer paso… es un paso bastante pequeñito. “La ley se mantiene dentro de los límites de las leyes y tradiciones hasta el punto de no garantizar los derechos de las personas” explica Naiyana Supapeung, activista tailandesa, “Igual que en el borrador anterior, en el que se permitía el matrimonio homosexual pero luego había muchas restricciones y condiciones. Eso demuestra que el estado aún tiene un pensamiento homófobo.”

En 2015 Tailandia aprobó la Ley de Igualdad de Género para proteger a las personas LGTB+ de la discriminación en base a su orientación sexual o identidad de género; pero por el momento las parejas homosexuales no tendrán los mismos derechos que un matrimonio homosexual. Se espera que el texto de esta nueva ley de Uniones Civiles sea similar a la de otros países como la República Checa, que garantiza a esas parejas derechos de propiedad, visitas hospitalarias y herencia; pero no contempla otros como la posibilidad de declarar impuestos juntos.

Y al igual que ocurre en la República Checa, donde la inmensa mayoría de los ciudadanos han acabado mostrándose a favor de regular el matrimonio igualitario, es de esperar que en Tailandia ocurra lo mismo y la igualdad de derechos acabe llegando.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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