La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado parcialmente el recurso de la familia de Gabi, la niña que se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado (es decir, sufragado con dinero público) para poder ver reconocida su identidad de género femenina. La Audiencia considera que los responsables del centro pudieron incurrir en un delito de denegación de prestación de servicio público por discriminación y ordena que se tome declaración a la directora del centro.

Se trata de un caso bien conocido. El Colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se negó a respetar, a no ser que una orden judicial le ordenase lo contrario, la identidad de género de la menor permitiendo que apareciese en las listas escolares con nombre femenino, que pudiera vestir el uniforme de niña y que en definitiva fuese tratada como la niña que es. Tras divulgarse la historia hace ya casi dos años, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres (que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género) abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito. La Unión Progresista de Fiscales llegó a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Ante la persistencia del centro en su actitud, la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio. Hasta entonces Gabi había acudido a clase vestida de chándal (prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas) y solo se le permitía usar el baño de discapacitados, pero la situación acabó por ser insostenible para la menor. Su familia inició entonces acciones penales contra la directora del colegio, Ángeles Jiménez, y contra el obispo Jesús Catalá, presidente de la fundación diocesana a la que pertenece.

Indignante archivo

Meses más tarde, sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga archivó la querella argumentando además que la discriminación por identidad de género no es un delito expresamente tipificado por el Código Penal español, cuyo artículo 511 dice que “incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía”. Aunque el fallo admitía que la discriminación por razón de identidad de género sí está prevista como agravante, atribuía a un “olvido”por parte de los redactores de la ley el no tipificarla expresamente como delito.

En cualquier caso, el auto del archivo tampoco consideraba que hubiera existido denegación de servicios públicos dado que los padres tomaron la decisión de  cambiar a la niña de centro voluntariamente…

Ahora la Audiencia Provincial de Málaga ha reabierto el caso y ordenado que se tome declaración a la directora del colegio, al considerar que los hechos denunciados sí tienen encuadre en el tipo penal que contempla el artículo 511. Para la sala segunda, según ha informado el diario El País, los responsables del centro tienen obligación de favorecer la prestación de la enseñanza como servicio público y su actitud, negando el acceso al aula a la niña si acudía vestida de niña, ha podido lesionar este bien jurídico. La Audiencia de Málaga, en este sentido, considera que la mención a la “orientación sexual” en el texto del artículo 511 es suficiente para considerar que ha podido existir delito discriminatorio, al entender esta “no como una atracción erótica hacia otro -que es la única acepción que parece aceptar la resolución recurrida-, sino como manifestación externa del género de cada persona”. Eso sí, la Audiencia deja fuera al obispo de Málaga, al entender que del relato de los hechos que hace la familia no puede concluirse su participación. Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ángeles Jiménez, Colegio San Patricio, Discriminación, Educación, El País, Fiscalía General del Estado, Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, Identidad de género, Iglesia Católica, Jesús Catalá, Málaga, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Transexualidad, Transfobia, Unión Progresista de Fiscales

No ha ocurrido en Rusia, en África ni en la América profunda. Ha sucedido en España, concretamente en Málaga. Una familia se ha visto obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, de un colegio religioso concertado (es decir, financiado con fondos públicos) ante la negativa del centro a respetar la identidad de género de la menor.

El caso es bien conocido. El Colegio San Patricio, centro dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se niega a respetar la identidad de género de la niña permitiendo que aparezca en las listas escolares con nombre femenino, que pueda vestir el uniforme de niña y que sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.

Tras divulgarse la historia hace pocos meses, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Pues bien, ante la persistencia del centro en su actitud, la familia de la niña se ha visto obligada a trasladar a la menor de colegio. Durante este tiempo la niña ha acudido a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según indica el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se había vuelto ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que ha tomado la decisión “con todo el dolor de su corazón”, ya que comparte el ideario del centro, se trata de hecho de una expulsión forzada. Roales también ha declarado que pese al archivo decidido por la Fiscalía se está estudiando iniciar acciones legales contra el centro.

La Junta de Andalucía lo lamenta…

Tras conocer la noticia, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha lamentado que “hayan sido los injustificados prejuicios ideológicos del centro docente los que hayan motivado” la decisión de la familia de la niña, que en todo caso “respeta”.

Como explicamos en su momento, el archivo decidido por la Fiscalía no supone que se ponga punto final al contencioso entre la Junta y el colegio, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. El pasado diciembre, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro que podría acabar con la retirada del concierto. Este procedimiento administrativo sigue adelante.

Veremos si finalmente la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, y para evitar que se repitan hechos de este tipo, urge que se apruebe cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía, registrada en el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Un toque positivo

Terminamos esta entrada haciéndonos eco, al menos, de un hecho positivo relacionada con el caso. “La comparsa del futuro”, una de las ganadoras del certamen de comparsas del Carnaval de Málaga, rindió un homenaje a la niña en la letra de una de sus actuaciones. Un detalle de sensibilidad contra la discriminación tránsfoba que ha merecido el aplauso de la Federación Andaluza Arco Iris, que nos ha hecho llegar la noticia.

Os dejamos con el vídeo de la actuación:

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Andalucía, Colegio San Patricio, Discriminación, Educación, Federación Andaluza Arco Iris, Fiscalía General del Estado, Flor Torres, Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, Identidad de género, Iglesia Católica, Junta de Andalucía, La comparsa del futuro, Málaga, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Oliver Roales, Transexualidad, Transfobia, Unión Progresista de Fiscales, Videos

Que todavía sigan manejando a su antojo… Leemos en Dosmanzanas que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un comunicado en el que denuncia el “intento de injerencia” del obispo de Málaga en la actuación de la Fiscalía después de que este reconociera expresamente haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, en el caso del colegio religioso de Málaga que se niega a reconocer la identidad de género de una niña transexual. Según el obispo, la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual archivó las diligencias por orden de la Fiscalía General del Estado.

El caso es bien conocido. Hace menos de tres semanas la fiscal Flor Torres hacía pública su decisión de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

El archivo no supone que se ponga punto final al contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto.

Es en este contexto en el que el obispo de Málaga, Jesús Catalá, sin duda envalentonado por el paso atrás de la Fiscalía, utilizaba un acto con periodistas para acusar a la Junta de Andalucía de “abuso de poder”. “La Junta tiene un poder administrativo y hace una amenaza al colegio acerca de ‘como no hagas lo que yo te digo, que no tiene nada que ver con la educación, te quito el concierto’”, declaraba Catalá, asegurando que “hemos cumplido las condiciones del concierto no al cien por cien, sino al 110 por ciento”.

Aún más grave, Jesús Catalá reconocía expresamente haber mantenido hilo directo con la Fiscalía General del Estado (órgano dependiente del Gobierno central) que incluso les comunicó -siempre según el obispo- dos semanas antes de que lo hiciera la fiscal andaluza que la investigación sería archivada. “Fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias”, declaraba el obispo.

¿Manda la Iglesia católica sobre la Fiscalía General de Estado?

Ciertas o no, las palabras del obispo han indignado a la UPF, la organización que agrupa a los fiscales españoles de sensibilidad progresista. “La UPF (…) quiere manifestar su contundente condena y rechazo por las palabras pronunciadas por el prelado en relación a  la actuación de la Fiscalía, al manifestar que ‘fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias’ reconociendo a continuación que el obispado había presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado solicitando expresamente que la Fiscal encargada de la investigación fuera apartada del caso. Entendemos que tales manifestaciones suponen, de una parte, el expreso reconocimiento por parte del máximo responsable de la Iglesia en Málaga, de su intento de injerencia en la actuación del Ministerio público que siempre tiene que estar presidida por los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad  y, por otra, un trato desconsiderado e incluso insultante hacía la compañera encargada del caso, de reconocido merito por su trayectoria profesional y por su trabajo en defensa de los derechos de colectivos sociales especialmente vulnerables, a la que llega a insultar llamándola ‘torpe’, poniendo dicho adjetivo en boca del Fiscal General del Estado”. La UPF ha pedido también a la Fiscalía General del Estado que responda con contundencia a las manifestaciones del obispo.

En opinión de dosmanzanas, lo que dejan traslucir las palabras del obispo de Málaga lleva como poco a preguntarse si el grado de infiltración de los sectores más conservadores en las principales instituciones del Estado ha alcanzado límites intolerables en una sociedad democrática. ¿Acaso debe la Fiscalía General del Estado actuar como eje de transmisión de las peticiones de la iglesia católica? Ojalá nos equivoquemos.

La actuación del obispo también pone de manifiesto la necesidad de aprobar cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía y de que la Junta transmita un mensaje de contudencia anulando el concierto al mencionado colegio si persiste en su actitud.

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Andalucía, Discriminación, Educación, Fiscalía General del Estado, Flor Torres, Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, Iglesia Católica, Jesús Catalá, Junta de Andalucía, Málaga, Niñas transexuales, Niños transexuales, Transexualidad, Transfobia, Unión Progresista de Fiscales