Una turba homófoba impidió el pasado lunes la celebración del que iba a ser primer Orgullo LGTBI de Tiflis, en Georgia, asaltando además la sede de sus organizadores, cuyo personal pudo por fortuna escapar a tiempo y evitar el que podría haber sido un fatal linchamiento. Los violentos también agredieron a numerosos periodistas que iban a cubrir el evento, a cuya celebración se habían opuesto tanto la influyente (y muy homófoba) Iglesia ortodoxa georgiana y el primer ministro del país, Irakli Garbibashvili, que horas antes había argumentado públicamente que «la mayoría de nuestra ciudadanía lo considera inaceptable».

Las imágenes son escalofriantes. Una turba homófoba formada por manifestantes de extrema derecha y afines a la Iglesia ortodoxa se concentró frente al edificio en el que se sitía la sede del Orgullo de Tiflis, compartida con la organización Shame Movement, el mismo día en el que en teoría iba a tener lugar la primera manifestación del Orgullo después de otro intento infructuoso en 2019. La manifestación propiamente dicha ya se había cancelado, ya que los homófobos habían ocupado el espacio urbano amenazando a todo aquel al que identificaban como activista sin que la policía hiciera nada por evitarlo. Numerosos periodistas fueron agredidos, así como un turista al que identificaron de forma errónea como un activista gay. Para rematar su obra, la turba decidió atacar la sede de los organizadores, que por fortuna habían abandonado ya el despacho, temiendo por su seguridad. Aunque el edificio estaba cerrado, un grupo de asaltantes escalaron la fachada hasta el tercer piso, saltaron al balcón, arrojaron a la calle las banderas arcoirís y vandalizaron la sede, destrozando todo lo que encontraron en su camino.

La Iglesia Ortodoxa de Georgia fue la principal organizadora de las protestas contra el Orgullo del lunes. Los sacerdotes ortodoxos fueron visibles en las protestas durante todo el día, y al menos en una ocasión parecieron participar en un ataque a un periodista. Al menos un sacerdote, el diácono Spiridon Tskipurishvili, dijo a la multitud frente al parlamento que estaban “obligados a cometer violencia por la patria”.

Sacerdotes atacando a un periodista

Durante el día, el órgano rector de la Iglesia, el Patriarcado, emitió repetidamente declaraciones en las que pedía a los manifestantes que permanecieran en paz. El reverendo Shio Mujiri, titular del trono patriarcal, sugirió que para evitar futuros incidentes violentos, Georgia debería prohibir “insultar los sentimientos religiosos y nacionales”.

El Ministerio del Interior informó de que 55 personas fueron víctimas de ataques durante el día, incluidos 53 periodistas. Dijeron que ocho personas habían sido arrestadas por cargos administrativos, así como una por el intento de asesinato del turista que fue apuñalado.

El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, también condenó la violencia contra activistas y periodistas en Tbilisi, calificándola de “ilustración lamentable de las repetidas amenazas que enfrentan las personas LGBTI en Georgia”.

El siguiente vídeo recoge algunas imágenes de lo sucedido:

Manifestantes pro-LGTBI se concentran frente al Parlamento

Las reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. Internamente, la Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia ha expresado su enérgica condena, ha lamentado el papel jugado por el primer ministro Garbibashvili, que considera que solo sirvió para exacerbar los ánimos, y ha recordado que es obligación del Estado garantizar los derechos de reunión y de manifestación. Lo sucedido también ha merecido la condena de la Oficina de Naciones Unidas en Georgia y de la Delegación de la Unión Europea, que han emitido un comunicado conjunto que han suscrito además 16 embajadas en el país caucásico, incluyendo la española.

Pero quizá la reacción más emocionante es la que ha tenido lugar este martes, un día después del ataque. Miles de personas se han concentrado frente al Parlamento, enarbolando banderas arcoíris, para expresar su protesta por lo sucedido. En esta ocasión, al menos en el momento de publicar esta entrada, los defensores de los derechos LGTBI  se han podido concentrar sin especiales dificultades pese a la presencia constante de contramanifestantes, muy posiblemente como consecuencia del eco internacional de lo sucedido el día anterior. En el perfil de Twitter del Orgullo de Tiflis (Tbilisi Pride) es posible disfrutar de algunas imágenes:

#TbilisiPride21 😁🏳️‍🌈 pic.twitter.com/iPYt7Kg6V8

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people ✊ pic.twitter.com/0P1eMhJmiB

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

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Y “nuestro” Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Hungría sube otro nivel en la escala de la infamia LGTBIfoba. El Parlamento unicameral húngaro, en el que los ultraconservadores del Fidesz y sus socios gozan de mayoría absoluta, ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. Budapest ha sido escenario de protestas contra este nuevo ataque que se suma a una ya larga lista de medidas contra la comunidad por parte del Gobierno de Viktor Orbán.

La ley aumenta principalmente las penas por delitos sexuales contra los niños, pero en ella se esconde un cambio de última hora que provocó protestas en todo el país, al prohibir el debate sobre los derechos de las personas LGBT+ en las escuelas y la prensa. Los legisladores nacionalistas del Fidesz introdujeron la enmienda la semana anterior, con el apoyo del partido derechista Jobbik. Sólo un legislador independiente votó en contra de la enmienda que ilegaliza la representación o el debate de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en la escuela o en la publicidad y la prensa vista por menores.

El pasaje aprobado por el Parlamento modifica varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. En concreto, se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio».

Estos contenidos, que incluyen temas LGBT+, no podrán ser discutidos por los profesores en las escuelas. El gobierno elaboraría una lista aprobada de lo que se puede enseñar en las clases de educación sexual. La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida podría suponer la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI, lo que significa que las vidas de las personas LGBT+ sólo podrán mostrarse en los medios de comunicación, lo que incluye los anuncios, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

Como en ocasiones anteriores, el texto ha salido adelante como parte de un paquete legislativo amplio sobre medidas de protección a la infancia. La enmienda LGTBIfoba fue introducida a última hora la semana pasada, después de que la iniciativa original hubiera suscitado un amplio consenso en el Parlamento. La inclusión del pasaje contra la «propaganda homosexual» junto a medidas contra la violencia sexual y la pederastia confirma la intención del Gobierno de Orbán de estigmatizar aún más a la población LGTBI. El texto ampliado salió adelante con 157 votos del Fidesz y sus aliados, así como del conservador Jobbik. 41 diputados de la oposición se ausentaron de la votación en señal de protesta.

Las reacciones domésticas y externas han sido principalmente de indignación.  El activismo húngaro ha tachado la medida como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual» aprobada en 2013 y que desató una oleada de protestas en Europa y el resto del mundo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó en 2017 que las normas de este estilo que prohíben informar positivamente sobre diversidad sexual y de género a los menores vulneran su derecho a la protección frente a la LGTBIfobia. El lunes pasado, víspera de la votación,  miles de personas se manifestaron contra la nueva ley ante el Parlamento húngaro en Budapest instando a los políticos a rechazar la enmienda.

Algunas personas LGTBI húngaras con medios para hacerlo han llegado a huir del país a otros países europeos vecinos, soñando con un “futuro mejor”.

La Unión Europea sancionará a Hungría por sus leyes anti-LGTB+

Aunque a nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta ha sido prudente, por no decir tibia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que comprobarán si la norma vulnera la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadió en un tuit.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021

Más contundente ha sido la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que ha amenazado a Hungría con un recorte de los fondos europeos «si no respeta los valores de democracia y de igualdad de la Unión Europea».

EXCLUSIVE: The EU could impose funding restrictions on Hungary over its ban on LGBT+ content from schools, says equality chief @helenadalli https://t.co/csJFne7Tt8

— Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) June 15, 2021

Hungría podría enfrentarse a restricciones de financiación por parte de la Unión Europea debido a la legislación que reprime la mera “promoción” de las personas LGBT+. Ahora, Bruselas está dispuesta a intentar contrarrestar esta oleada anti-LGBT+ reteniendo potencialmente el hallazgo de proyectos cruciales para Hungría, dijo un alto funcionario de igualdad a Openly.

“El mensaje es que si no defiendes los valores de la democracia o la igualdad de la Unión Europea, no tienes derecho a recibir dinero para tu proyecto”, dijo a la agencia la comisaria de Igualdad del bloque, Helena Dalli. Dijo que la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, impondrá “definitivamente” sanciones si la legislación del partido gobernante Fidesz se convierte oficialmente en ley.

Dalli dijo que la Comisión Europea se fijará en las medidas financieras que adoptó contra Polonia el año pasado para frenar el tsunami de actividades anti-LGBT+ del propio país. La Comisión retuvo la financiación de varias ciudades de Polonia después de que casi 100 gobiernos locales –alrededor de un tercio del territorio– se declararan “zonas libres de LGBT”. Como subrayó Dalli, una región polaca dio marcha atrás en su política a causa de la UE, “así que pensamos que si extrapolamos eso a lo que está ocurriendo en Hungría también podría producirse el mismo efecto”, dijo.

El Orgullo de Budapest se celebrará para luchar contra las leyes anti-LGTB de Hungría

En Budapest, donde los activistas LGBTQ+ están inmersos en una lucha casi existencial contra el gobierno derechista de Viktor Orbán, había demasiado en juego para que el Orgullo pasara a un segundo plano. Incluso antes de que el Parlamento húngaro aprobara esta semana esta legislación homófoba, la comunidad había empezado a planear un desfile masivo en el centro de la capital el mes que viene, que serviría tanto de advertencia a Orbán como de fuerte muestra de solidaridad.

“Pensamos que era muy importante mostrar a las personas LGBT que no están solas, que no están abandonadas, que hay mucha gente que las defiende. Y ahora es aún más importante mostrarlo”, dijo Viktória Radványi, del Orgullo de Budapest. “Estamos planeando mostrar a toda la gente que tiene miedo y ansiedad y que piensa que no puede ser feliz porque este gobierno está aplastando los derechos humanos y la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, que hay esperanza, y que hay mucha gente que está cada vez más organizada”.

Radványi dijo que la organización del Orgullo de Budapest ya había empezado a ver ese impacto. “Es desgarrador”, dijo. “Los adolescentes nos envían mensajes de texto diciendo que se despiertan llorando al no poder hacer frente a esta ley… No pueden imaginar cómo pueden seguir viviendo una vida plena y relativamente feliz en Hungría”.

Crece el temor de que las personas LGBTQ+ hayan sustituido a los refugiados y a los inmigrantes como el chivo expiatorio favorito del gobierno a medida que se acercan las elecciones del próximo año. “Necesitan dar algo a su base de votantes”, dijo Radványi.

Al igual que muchos, también sospecha que la legislación pretende en parte distraer la atención del desastre del Covid en Hungría. Hasta hace poco, el país tenía el mayor número de muertes por Covid-19 per cápita, con unas 300 por cada 100.000 personas, según datos de Johns Hopkins. “Una de las razones por las que iniciaron esta legislación anti-LGBTQ en medio de la primera ola, la segunda ola y ahora, es para desviar la atención de los votantes del hecho de que la gente está muriendo innecesariamente porque no tenemos suficientes médicos y enfermeras”, dijo.

A pesar de este sombrío panorama, Hungría ha conseguido vacunar completamente a más del 40% de la población, por lo que los organizadores del Orgullo de Budapest se sienten capaces de llevar a cabo una marcha por el centro de la capital el 24 de julio. Se trata de la culminación de una serie de actos de un mes de duración que comenzaron el 25 de junio.

Radványi afirmó que, por muy sombrío que parezca el futuro, aún hay motivos para la esperanza. Señaló una reciente encuesta de Ipsos, según la cual más del 60% de los húngaros cree que los padres del mismo sexo tienen “las mismas posibilidades que los demás padres” de educar bien a sus hijos. “Una mayoría: nunca esperábamos ese resultado después de dos años de campaña contra el odio”, dijo. “Nuestra experiencia personal era la misma y ahora este sondeo… lo ha confirmado: que el pueblo húngaro no es tan odioso y es mucho menos homófobo que el gobierno”.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

En comparación con otros países del antiguo bloque oriental, Hungría era relativamente progresista en materia de derechos LGBTQ+ hasta que Orbán y su partido de derechas Fidesz llegaron al poder en 2010. Desde entonces, y en particular en el último año, las cosas han empeorado constantemente. A medida que el odio contra el colectivo LGBT+ se intensifica en la Hungría del primer ministro Viktor Orbán, el desagravio de la UE señala el alcance de la protesta internacional que ha suscitado el país por su trato a los residentes homosexuales.

Con la prohibición húngara de “popularizar” los derechos LGBT+, los legisladores alineados con el gobierno de Orbán han dejado al descubierto el alcance de su odio hacia las personas LGBT+, reduciéndolas a cuñas y objetivos políticos móviles.

La actual escalada legislativa contra la comunidad LGTBI en Hungría comenzó el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el pasado 10 de noviembre una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares. Con la nueva iniciativa contra la población LGTBI, el Gobierno de Orbán continúa, con total libertad de acción, su escalada hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoyaba a Orban al negarse  a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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Importante pronunciamiento de Juliane Kokott, una de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de dos mujeres casadas (una búlgara y otra gibraltareña) que no pueden darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras rechazaron la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida. El informe de la abogada general apunta a una futura sentencia que obligue a Bulgaria a emitir un documento de identidad para la menor.

Recordamos el caso. Kalina (nombre ficticio), de nacionalidad búlgara, se casó en Gibraltar en 2018 con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en otro país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Entonces se puso en marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja decidió acudir a la justicia europea. El jueves pasado, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de la jurista Juliane Kokott reconoce la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirma que la menor tiene derecho a recibir un documento de identidad en el que se refleje la parentalidad de ambas para que la menor pueda viajar con cualquiera de ellas por separado.

Es importante destacar que las conclusiones de la abogada general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido, aunque en la mayoría de los casos sucede así. Estaremos pendientes de un fallo que podría tener consecuencias en el reconocimiento trasnacional de la homoparentalidad en la Unión Europea.

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

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Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.

Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.

Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.

Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado 9 de marzo:

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que declara la Unión Europea como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ». La iniciativa, de valor simbólico, ha sido aprobada por una amplia mayoría y refuerza la estrategia para la igualdad que la Comisión puso en marcha hace unos meses. Se trata también de enviar un mensaje de inclusión frente a los retrocesos que se están produciendo en países como Polonia, donde varias ciudades y regiones se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI».

La propuesta del Parlamento surgió del Intergrupo LGTBI, una alianza de eurodiputados comprometidos con los derechos de la comunidad. Para mostrar su apoyo a la iniciativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la etiqueta #LGBTIFreedomZone en redes sociales el miércoles de la semana pasada. «Ser tú mismo no es ninguna ideología. Es tu identidad. Nadie la puede arrebatar. La UE es tu hogar. La UE es una zona de libertad LGTBI» tuiteaba la política alemana. A ella se unió la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, una de las dirigentes europeas más comprometidas con la comunidad LGTBI.

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.

🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.
The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021

La resolución analiza en primer lugar el estado de los derechos LGTBI en la Unión Europea, con menciones a los retrocesos experimentados en los últimos años en Hungría y Polonia. Finalmente, declara a la UE como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ» y encarga al presidente del Parlamento «que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo».

En la votación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo la propuesta fue aprobada con un amplio apoyo transversal: 492 votos a favor y 141 en contra, con 46 abstenciones. Los cuatro eurodiputados de Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch votaron en contra. El independiente (elegido en la lista de Ciudadanos) Javier Nart se abstuvo. El resto de los eurodiputados de la delegación española que participaron en la votación apoyaron la declaración.

Con la aprobación de la resolución, las instituciones comunitarias dan un paso más en el blindaje del respeto a la diversidad LGTBI como un valor fundamental de la UE. En la actual legislatura se han producido más movimientos en este sentido. En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen declaró que «las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión». Anunció además la puesta en marcha de una estrategia para la igualdad de las personas LGTBI, la Unión de la Igualdad, que presentaron la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, dos meses después.

La implementación de esta estrategia se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.

En agosto del año pasado, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia vetaron durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.

Fuente Dosmanzanas

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La sede de la Comisión Europea se iluminó con los colores del arco iris (Jonathan Raa / NurPhoto / Getty)

La Unión Europea podría ser declarada una “zona de libertad” LGBT + mientras sus miembros se unen para rechazar el horrible régimen homofóbico de Polonia.

El martes (9 de marzo) el Parlamento Europeo debatirá una resolución para afirmar formalmente a la UE como una “zona de libertad LGBTQI”, lo que indica el apoyo de los más altos niveles de gobierno.

La resolución marcará el triste segundo aniversario de la primera zona “libre de LGBT” en el condado de Świdnik de Polonia, que ahora cubre alrededor de un tercio del país.

Si bien no está claro qué efecto tendrá la resolución en las zonas libres de LGBT establecidas, ciertamente destacará la influencia rápidamente menguante de Polonia en la UE, ya que su obstinado odio homofóbico continúa aislando al país de sus vecinos.

“Esta resolución es una señal para todas las personas, organizaciones y activistas LGBTIQ de que el Parlamento Europeo está a su lado y defiende sus derechos“, se lee en una declaración del Intergrupo LGBTI de la UE, que organizó la acción.

“Es igualmente una señal para los políticos electos, los gobiernos y los responsables de la toma de decisiones de que la discriminación contra las personas LGBTIQ de cualquier manera o forma no cumple con los valores europeos”.

La resolución se someterá a votación el miércoles (10 de marzo). El grupo espera que sea adoptado por una gran mayoría de estados miembros, trazando una línea clara entre la UE y el chivo expiatorio homofóbico cada vez más normalizado en Polonia.

Para acompañar la acción inclusiva, el Intergrupo LGBTI está llamando a simpatizantes y aliados a inundar las redes sociales con fotos de banderas de arcoíris en monumentos famosos.

Está lejos de ser la primera vez que la UE se ha movido para condenar el creciente sentimiento anti-LGBT + de Polonia. En diciembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra la discriminación pública y el discurso de odio, y alentó a retirar los fondos de las naciones que infringen esto.  Y son relevantes las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas.

Desde entonces, la UE ha cumplido con esta amenaza y ha eliminado enormes subvenciones de ciertas regiones, lo que llevó a algunas zonas libres de LGBT a retirar sus promesas homofóbicas.

Sin embargo, todavía queda una mayoría, y la situación se ha vuelto cada vez más grave a medida que avanza rápidamente en el parlamento un proyecto de ley que propone una prohibición nacional de los desfiles del Orgullo.

La última resolución será la condena más clara de la UE contra Polonia, lo que inevitablemente llamará la atención sobre el abismo cada vez mayor entre el presidente Andrzej Duda  y sus homólogos europeos.

Fuente Pink News

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Delegado polaco vinculado a un grupo de expertos extremistas recibe un papel en el comité de derechos LGBT + de la UE

Docenas de eurodiputados protestan por el nombramiento de un delegado de Polonia para un papel clave en un comité de igualdad de género y derechos LGBT +.

Un total de 34 eurodiputados expresaron su preocupación por el nombramiento del polaco Tymoteusz Adam Zych en el Grupo Diversity Europe, cuyo mandato abarca la igualdad de género y las cuestiones LGBT +.

En una carta abierta al Comité Económico y Social Europeo, destacaron los antecedentes problemáticos del funcionario polaco, que temen van en contra de los estándares sostenidos por el grupo. “El reciente nombramiento del Sr. Zych indudablemente plantea preguntas sobre la legitimidad de su trabajo en el campo y las intenciones detrás de su nombramiento”, se lee en la carta.

Los eurodiputados señalan que Zych es el vicepresidente de la junta directiva del Instituto Ordo Iuris de Cultura Legal, una organización conocida por promover la retórica extrema anti-LGBT + en Polonia.

Describen a Ordo Iuris como una “fuerza impulsora” detrás de las campañas destinadas a socavar los derechos humanos y la igualdad de género en Polonia, incluida la creación de zonas “libres de LGBT”. Ordo Iuris también ha hecho llamamientos para prohibir el aborto y retirar a Polonia del Convenio de Estambul.

Preocupan aún más los estrechos vínculos del grupo con el partido gobernante homofóbico de Polonia, PiS, lo que ha provocado temores de que Zych podría estar siguiendo el ejemplo del liderazgo conservador anti-LGBT + del país.

“¿Consideran el presidente y los vicepresidentes que… Zych estará en capacidad de representar verdaderamente ‘la familia, la mujer y la igualdad de género, los jóvenes, los grupos minoritarios y desfavorecidos, las personas con discapacidad’, con miras a luchar contra la discriminación contra dichos grupos? “ preguntan los eurodiputados. “Si su nominación planteara un problema para promover el trabajo de este grupo, ¿qué acción podría prever?

El funcionario con sede en Polonia desestimó sus preocupaciones en un correo electrónico enviado a EUobserver,  diciendo que era un esfuerzo por “estigmatizarlo” del grupo. “La carta no se refiere a mis propias acciones, ni dentro del CESE, ni fuera de él”, dijo. “Los autores intentan estigmatizarme debido a mis actividades en el Instituto Ordo Iuris de Cultura Jurídica, un grupo de expertos en derechos humanos“.

También dijo que los miembros del CESE son independientes y que su grupo de diversidad representa a las ONG activas en varios campos, procedentes de diversos orígenes. “Un intento de ejercer presión política hacia el liderazgo del comité cuestiona esta idea básica: que los miembros pueden tener diferentes puntos de vista”, agregó.

Diversity Europe Group aún tiene que responder públicamente a la carta abierta o responder a las preguntas de los miembros sobre la reputación LGBT + de Zych en Polonia.

LGBTfobia de Estado

Estas posiciones contrastan claramente con otras ciudades. Cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Un nuevo caso de discriminación pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las familias homoparentales en la Unión Europea. Dos mujeres casadas, una búlgara y otra gibraltareña, han decidido recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras han rechazado la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida.

Kalina (nombre ficticio) se casó en Gibraltar con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica en 2018. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Y entonces es cuando se marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja ha decidido acudir a la justicia europea. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, se pronunciará en un caso que puede sentar un importante precedente para las familias homoparentales a nivel comunitario. La abogada de Kalina, Denitsa Lyubenova, confía en que el alto tribunal dé una solución, que en cualquier caso deberán implementar los tribunales búlgaros. La carencia de nacionalidad «pone a la niña en riesgo de permanecer apátrida o de ser privada de uno de sus progenitores, si se revela quién es su madre biológica».

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Laborista lituano (DP), de ideología socioliberal, ha decidido abandonar la alianza europea de formaciones liberales ALDE. El motivo, la expulsión del grupo liberal del eurodiputado y fundador del DP Viktor Uspaskich después de que este publicara un vídeo plagado de insultos LGTBIfobos. Renew Europe, el grupo europarlamentario de ALDE, exigió una rectificación al eurodiputado, quien no aportó una explicación satisfactoria. La formación lituana considera que la expulsión de Uspaskich es una señal de que no son bienvenidos en la familia de partidos liberales.

Uspaskich es un millonario lituano de origen ruso y fundador y único eurodiputado del socioliberal Partido Laborista. Hace unas semanas publicó un vídeo cargado de odio LGTBIfobo en su perfil de Facebook. En la grabación, se lamenta de que en Europa se haya vuelto «peligroso» decir que «eres un miembro de la orientación natural». «No quiero que pederastas de ningún tipo hablen de mis declaraciones y mi programa», añadió, usando la palabra lituana pedikai, que literalmente significa «pederasta» pero también es un insulto homófobo asimilable a «maricón».

No paró ahí la diatriba. «Los que esconden la polla bajo la falda y salen a la calle a gritar son unos pervertidos y unos desviados. Esas cosas no se deberían tolerar», declaró. Al conocer el contenido del vídeo, el líder del grupo parlamentario Renew Europe, al que se adscribe Uspaskich, exigió una disculpa al eurodiputado. Dacian Cioloș le dio de plazo hasta el jueves de esta semana para dar unas explicaciones convincentes. En caso contrario, el político lituano sería expulsado del grupo liberal en el Parlamento Europeo.

Cioloș, ex primer ministro de Rumanía, calificó los comentarios de su correligionario lituano de «aberrantes» y aseguró que son «inaceptables e incompatibles» con los valores de Renew Europe. Entre las reacciones al discurso de odio LGTBIfobo de Uspaskich se encuentra también la del diputado Tomas Vytautas Raskevičius, primer miembro abiertamente gay del Seimas, el parlamento unicameral lituano. El político se preguntó en su perfil de Facebook si se debe permitir que «un miembro del Parlamento Europeo siembre odio homófobo».

Uspaskich, por su parte, aseguró que sus declaraciones se habían sacado de contexto y malinterpretado y se excusó con que el lituano no es su lengua materna. Unas explicaciones que no fueron suficientes para los líderes de Renew Europe, por lo que procedieron a expulsarlo del grupo parlamentario. Ahora es el Partido Laborista (DP), fundado por el propio Uspaskich, el que se desliga de los liberales europeos. La expulsión del eurodiputado «es una señal bastante clara de que no somos bienvenidos», según la diputada del DP Ieva Kačinskaitė-Urbonienė. La política lituana no descarta la integración en otro partido europeo o incluso el regreso a ALDE en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Dacian Ciolos, Homofobia, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, LGTBIfobia, Lituania, Parlamento Europeo, Partido Laborista (Lituania), Renew Europe, Seimas, Tomas V. Raskevičius, Unión Europea, Viktor Uspaskich

Exabrupto LGTBIfobo de un eurodiputado lituano. Viktor Uspaskich, del socioliberal Partido Laborista, publicó en Facebook un vídeo el pasado domingo en el que tacha a las personas LGTBI de «pervertidas» y «desviadas» y carga contra «los que esconden la polla bajo la falda». Los liberales de Renew Europe, el grupo del Parlamento Europeo al que se adscribe Uspaskich, le han dado de plazo hasta hoy jueves para disculparse. En caso contrario, el eurodiputado lituano será expulsado del grupo.

Uspaskich es un millonario lituano de origen ruso y fundador y único eurodiputado del socioliberal Partido Laborista. El pasado domingo, publicó un vídeo en su perfil de Facebook cargado de odio LGTBIfobo. En la grabación, se lamenta de que en Europa se haya vuelto «peligroso» decir que «eres un miembro de la orientación natural». «No quiero que pederastas de ningún tipo hablen de mis declaraciones y mi programa», añadió, usando la palabra lituana pedikai, que literalmente significa «pederasta» pero también es un insulto homófobo asimilable a «maricón».

No paró ahí la diatriba. «Los que esconden la polla bajo la falda y salen a la calle a gritar son unos pervertidos y unos desviados. Esas cosas no se deberían tolerar», declaró. Al conocer el contenido del vídeo, el líder del grupo parlamentario Renew Europe, al que se adscribe Uspaskich, exigió una disculpa al eurodiputado. Dacian Cioloș le dio de plazo hasta el jueves de esta semana para dar unas explicaciones convincentes. En caso contrario, el político lituano será expulsado del grupo liberal en el Parlamento Europeo.

Cioloș, ex primer ministro de Rumanía, calificó los comentarios de su correligionario lituano de «aberrantes» y aseguró que son «inaceptables e incompatibles» con los valores de Renew Europe. Entre las reacciones al discurso de odio LGTBIfobo de Uspaskich se encuentra también la del diputado lituano Tomas Vytautas Raskevičius, primer miembro abiertamente gay del Seimas. El político se preguntó en su perfil de Facebook si se debe permitir que «un miembro del Parlamento Europeo siembre odio homófobo». Uspaskich, por su parte, asegura que ha sido malinterpretado y que dará explicaciones.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

A finales del año pasado pudimos informar de más noticias alentadoras del país báltico. En las elecciones de octubre, Raskevičius hizo historia al convertirse en el primer hombre abiertamente gay en conseguir un acta de diputado en el Seimas. Los comicios alumbraron también un Gobierno de coalición de centroderecha que recoge la tramitación de un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo. En la actualidad no existe ningún reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Lituania.

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Importante victoria para la comunidad trans en Estados Unidos. Un juez federal decretó el pasado mes de diciembre que la prohibición de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento, vigente en el estado de Ohio, es inconstitucional. La política discriminatoria, impuesta por el departamento de Salud y la oficina de Estadísticas Vitales, contradecía las normas que sí permiten el cambio de los documentos de identidad y los permisos de conducción en este estado del Medio Oeste. En agosto del año pasado, otra jueza federal paralizó la aplicación de la ley de Idaho que también prohibía la modificación registral del sexo asignado al nacer, con lo que Tennessee ha quedado como el único estado de los Estados Unidos que sigue negando a las personas trans el derecho al reconocimiento de su identidad de género.

La prohibición de modificar el registro del sexo legal en las partidas de nacimiento en Ohio se basa en una sentencia del año 1987. En 2016, las autoridades del estado revisaron el asunto y decidieron seguir aplicando la política discriminatoria para, según su versión, prevenir el fraude y mantener la exactitud de los registros históricos. En 2018, cuatro personas trans (tres mujeres y un hombre) demandaron al departamento de Salud y a la oficina de Estadísticas Vitales por la imposibilidad de adaptar sus partidas de nacimiento a sus identidades de género. Los demandantes sufrieron amenazas y humillación en sus trabajos cuando, por culpa de la incongruencia en estos documentos, quedó al descubierto su condición de personas trans.

Dos años después, el juez federal Michael Watson ha sentenciado que la práctica de las autoridades de Ohio es inconstitucional. El magistrado asegura que no hay motivos fundados para denegar el derecho al reconocimiento de la identidad de género. Señala que, a pesar del fallo de 1987, tiene constancia de al menos diez casos anteriores a 2016 en los que sí se autorizó la modificación registral del sexo. Por último, añade que el estado ya autoriza la adaptación de las partidas de nacimiento en el caso de adopciones y de cambios de nombre. Además, las personas trans sí que pueden actualizar sin problemas sus documentos de identidad y sus permisos de conducción.

Con la anulación de la política discriminatoria en Ohio, Tennessee queda como el único estado de los Estados Unidos que niega a las personas trans el derecho a su identidad. El año pasado, ambas cámaras de Idaho aprobaron una ley que eliminaba la posibilidad de modificar el sexo asignado al nacer en las partidas de nacimiento. Tan solo un mes después de entrar en vigor, la jueza federal Candy Dale decretó su paralización. En Europa, recordemos, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán prohibió en mayo del año pasado la modificación registral del sexo asignado en el nacimiento, en lo que se considera uno de los mayores ataques a la comunidad LGTBI ocurrido en un país de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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La Oficina de Comunicación, también conocida como Ofcom. (Imágenes de Bruno Vincent / Getty)

El organismo de control de los medios de comunicación de Gran Bretaña amplió silenciosamente su definición de discurso de odio el jueves por la noche (31 de diciembre) para incluir la intolerancia a la afirmación de género.

La Oficina de Comunicaciones, un regulador de comunicaciones también conocido como Ofcom, actualizó su código de transmisión con una definición renovada de discurso de odio a las 11 pm en medio de la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Ahora incluirá “todas las formas de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia por motivos de […] reasignación de género”. También se agregó a esta lista “opinión política o de cualquier otro tipo”.

La definición completa incluye: “Discapacidad, etnia, origen social, sexo, género, reasignación de género, nacionalidad, raza, religión o creencias, orientación sexual, color, características genéticas, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, pertenencia a una minoría nacional , propiedad, nacimiento o edad “.

Al decir adiós al bloque, Ofcom cambió sus directrices, dijo. También declaró que se tomó la medida para alinearse con el  Audiovisual Media Services Regulation (AVMS) 2020 (Reglamento revisado de servicios de medios audiovisuales (AVMS) 2020), una ley que regula qué contenido dañino pueden publicar las plataformas para compartir videos.

Ofcom buscó equilibrar la “libertad de expresión” con una nueva definición de discurso de odio, dice un representante. “La importancia de la libertad de expresión en relación con los asuntos políticos y el contenido de interés público es fundamental para la aplicación del código por parte de Ofcom y la enmienda propuesta no cambia esto”, dijo Ofcom en un comunicado.

Añadió que el contexto era “una parte muy importante del pensamiento de Ofcom al considerar las reglas. Estas son las características mencionadas en el Artículo 21 de la Carta Europea de Libertades Fundamentales, y Ofcom está obligada por ley a prohibir el discurso de odio contra cualquier grupo cubierto por las características establecidas en la Carta”, dijo un representante a MailOnline. “Consideraríamos cualquier queja sobre una posible incitación contra esas características teniendo en cuenta los hechos de un caso individual. Como se indicó en nuestra consulta, cualquier consideración también tomaría en cuenta la libertad de expresión”.

Los jefes de Ofcom han fortalecido cada vez más las protecciones de la autoridad para las personas trans. En diciembre de 2019, la directora de Ofcom, Melanie Dawes, dijo a los legisladores que es “extremadamente inapropiado” que las emisoras “equilibren” las apariencias de personas trans con personas anti-trans.

PinkNews tiene conocimiento de al menos un caso en el que un programa de la BBC invitó a un panel de personas transgénero a discutir sus experiencias y opiniones variadas sobre el reconocimiento de género, antes de que una intervención de la unidad de política editorial de la emisora requiriera la inclusión de una mujer cisgénero con puntos de vista ‘críticos de género’.

En otro caso, se modificó un informe en línea sobre los tiempos de espera de atención médica para personas transgénero para incluir comentarios trans-hostiles no relacionados del grupo de presión LGB Alliance.

Fuente Pink News

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Afirmación de género, Carta Europea de Libertades Fundamentales, derechos Trans, Discurso de odio, Homofobia/ Transfobia, Melanie Dawes, Ofcom, Oficina de Comunicación (Ofcom), Personas trans, Reino Unido, Unión Europea

Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban  negándose a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que pedían expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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Políticos y diplomáticos de toda Europa protestan por la decisión del Comité organizador de los Juegos Europeos (un evento organizado por los Comités Olímpicos Europeos) de que la edición de 2023 se celebre en Cracovia (Polonia), una región autodeclarada “Zona Libre de LGTB+”, declarando que la región “no es apta” para realizar el evento

Se espera que unas 50 naciones compitan en los terceros Juegos Europeos, un evento afiliado a los Juegos Olímpicos que el año pasadose anunció que tendrá lugar en Cracovia, Polonia . La ciudad está ubicada en la región de Małopolska, que el año pasado se unió a otros 100 municipios para comprometerse a oponerse a los actos de tolerancia hacia la comunidad LGBT +.

Dos miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) y dos legisladores de Gran Bretaña y Bélgica dijeron que la postura de Małopolska significaba que no era un lugar adecuado para los juegos.

“Los Juegos Europeos son un evento olímpico y, como tal, deben defender los valores de excelencia, respeto y amistad”, dijo Liz Barker, miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña y del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Derechos Globales LGBT +, en declaraciones a Reuters. .

“Dado que la región de Malopolska en Polonia se ha declarado a sí misma una ‘zona libre de LGBT’, ya no es apto para albergar este evento”.

Su desaprobación fue compartida por Terry Reintke y Marc Angel, copresidentes del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo. Expresaron su preocupación por el hecho de que los Comités Olímpicos Europeos (EOC), que son los propietarios y organizadores de los juegos, no hayan tomado medidas para proteger a los atletas LGBT +.

“Es increíble que una organización así no se encargue más de responder adecuadamente a las preguntas que muchas personas LGBTI se harán cuando quieran participar o ver estos juegos”, dijeron.

Sin embargo, la portavoz de la EOC, Donatella Del Gaudio, insistió en que se incluirían disposiciones sobre el respeto de los derechos humanos y la prevención de la discriminación en el contrato de hospedaje.

“La (EOC) ha pedido garantías a los organizadores de Kraków-Małopolska y a los más altos niveles de gobierno de que se respetarán plenamente los principios fundamentales de la Carta Olímpica”, dijo.

Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea.

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

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En una cita encabezada por el Embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Krais, el Movilh expuso sobre el incremento de los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile.

En el marco de la décima edición del Diálogo de Derechos Humanos entre la Unión Europea y el Gobierno de Chile, que tiene lugar hoy, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expuso esta semana ante los diplomáticos/as del bloque sobre la realidad de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI).

En concreto el Movilh se refirió al incremento del 58% de las denuncias y casos por discriminación a personas LGBTI ocurrido en 2019, así como al aumento del 47% de los abusos contra la diversidad sexual y de género en el transcurso del presente año y a los atropellos policiales sistemáticos ocurridos en el marco del estallido social

Del mismo modo, el Movilh informó sobre los diversos ataques que ha sufrido en su dede en manos de grupos que se autodefinen como neonazis o nacionalistas, así como sobre los más de cinco mil insultos y amenazas de muerte que sus activistas han recibido en el transcurso del presente año.

“Frente a estos abusos, el Estado no ha brindado ayuda, ni asesorías, ni tampoco ha solidarizado con los defensores/as de derechos humanos cuando han visto vulnerada su integridad física o psicológica en manos de grupos de odio”, señaló el Movilh, junto con advertir que en Chile persisten normas que discriminan a las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género, como son la ley de matrimonio, el artículo 365 del Código Penal y el Decreto 924 del Ministerio de Educación.

A todo, señaló el Movilh a los/as diplomáticos/as, se suma la ausencia de presupuestos o servicios estatales focalizados en la realidad LGBTI, así como el incumplimiento por parte del Estado de Chile al Acuerdo de Solución Amistosa que firmó en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el avance de todas las leyes y políticas publicas faltantes para la plena igualdad de la diversidad sexual y de género.

En representación de la delegación de la Unión Europea, estuvieron en la reunión su embajador-jefe, León de la Torre Krais (en la fotografía), el Jefe de la Sección Política, Prensa e Información, Quentin Weiler, la Oficial Político, Pía Hevia, el Oficial de Cooperación, Nurit Bodemann-Ostow y la pasante Marketa Charvatova.

También estuvieron  el embajador de Irlanda, Paul Gleeson;  el Ministro Consejero de la Embajada de Alemania, Peter Sauer; la  Primera Secretaria de le embajada de Bélgica, Clara Mareschal; el Primer Secretario de la Embajada de Croacia, Boris Dumancic; la  Consejera Política de la Embajada de Dinamarca, Trine Danklefsen; la Consejera de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España, Ana María Bermúdez Odriozola; la Consejera Política y Económica del Reino de los Países Bajos, Lisette den Breems  y la Segunda Secretaria de la Embajada de Suecia, Malin Larsson.

En la ocasión, también expuso  sobre la realidad LGBTI la Fundación Iguales.

La cita de los países europeos con organizaciones LGBTI, se suma a la que también ha sostenido con grupos de pueblos indígenas y de mujeres, entre otros.

Tras los encuentros con la sociedad civil, las embajadas se reunirán hoy con el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sr. Juan Pablo Crisóstomo y con la subsecretaria de Derechos Humanos, Sra. Lorena Recabarren.

Fuente MOVILH

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció el miércoles pasado su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento en Bruselas. En el ámbito LGTBI, la política alemana no eludió la preocupante situación de la comunidad en Polonia. En particular, criticó con dureza la creación por parte de autoridades regionales y locales de las denominadas «zonas libres de ideología LGTBI», que tachó de «zonas libres de humanidad». Von der Leyen también anunció la puesta en marcha de una estrategia para reforzar los derechos LGTBI en la Unión Europea, con el reconocimiento trasnacional de la parentalidad de los hijos nacidos de parejas del mismo sexo como punto prioritario.

La preocupante espiral de hostilidad hacia la comunidad LGBTI en Polonia llega hasta la primera línea de la política europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronunció el pasado miércoles su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo y se refirió al asunto de manera contundente. Un toque de atención explícito que hay que agradecer, entre otros, a la presión del Intergrupo LGTBI, una alianza de 32 europarlamentarios que el pasado martes se concentró a las puertas del Espace Léopold, la sede bruselense del hemiciclo, en solidaridad con la comunidad LGTBI polaca.

Von der Leyen condenó, con una dureza mayor de la esperada, la iniciativa de las autoridades locales y regionales polacas, apoyada por la extrema derecha, que alienta la hostilidad y la estigmatización de la comunidad LGTBI. «No descansaré cuando se trata de construir una Unión de igualdad. Una Unión donde puedas ser quien eres y amar a quien quieras, sin miedo ni recriminación», declaró. «Porque ser tú mismo no es tu ideología, es tu identidad y nadie la puede arrebatar», prosiguió, para culminar entre aplausos: «Así que quiero ser muy clara: las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión».

La presidenta de la Comisión también anunció una estrategia para fortalecer los derechos de las personas LGTBI. En particular, prometió mejorar el reconocimiento mutuo de las relaciones familiares a nivel comunitario. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó. Se trata de un asunto crucial para los hogares homoparentales, especialmente aquellos en los que conviven padres o madres con diferentes nacionalidades.

Hostilidad LGTBIfoba en Polonia

Los políticos han avivado repetidamente el odio anti-LGBT + en Polonia. Las personas LGBT + son un saco de boxeo popular para el gobierno conservador de Polonia, con el presidente de derecha Andrzej Duda ganando la reelección por un estrecho margen en julio después de hacer de la homofobia uno de los pilares centrales de su campaña.

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Otro de los efectos de esta oleada de odio ha sido la declaración de las «zonas libres de ideología LGTBI» desde marzo de 2019. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». Las jurisdicciones que se han unido a esta iniciativa LGTBIfoba abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones.

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Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país, feudo principal de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. 

La Comisión Europea ha acordado negar las ayudas a seis ciudades polacas que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países por declararse «zonas libres de ideología LGTB». La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado esta medida sin detallar qué ciudades son concretamente las que no podrán acogerse a estas ayudas europeas. «Los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea deben ser respetados por los Estados miembros y las autoridades estatales. Es por esto que las solicitudes de hermanamiento de seis ciudades polacas que se declararon ‘zonas libres de LGTBI’ o adoptaron resoluciones de ‘derechos de la familia’ han sido denegadas»:

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.

This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted ‘LGBTI free zones’ or ‘family rights’ resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) July 28, 2020

Estas ayudas se calculan entre los 5.000 y 25.000 euros para los consistorios que soliciten crear vínculos culturales, educativos y sociales con otras ciudades europeas. La agencia responsable del programa, la EACEA, estipula en las convocatorias que esta ayuda debe estar accesible a todos los ciudadanos, sin discriminación por ningún motivo, incluyendo la orientación sexual.

Otras corporaciones locales han tomado la iniciativa y han sido ellas mismas las que han cancelado su hermanamiento con distintas ciudades polacas cuyas corporaciones locales han aprobado resoluciones homófobas bajo una u otra denominación. Este ha sido el caso de la localidad francesa de Saint-Jean-de-Braye, que el pasado febrero dio por finalizado su hermanamiento con Tuchów.

Como ya informamos gobiernos locales de Polonia que abarcan hasta un tercio de la superficie del país se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

Esto es fruto del auge del discurso del odio que se ha instalado en el panorama político polaco, especialmente favorecido por Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. En las recientes elecciones presidenciales, por ejemplo, el candidato del PiS (que resultó reelegido por un estrecho margen) calificó la existencia de la diversidad sexual de una «ideología extranjera más dañina que el comunismo». Un discurso que poco a poco el PiS intenta trasladar a la legislación, como ha puesto de manifiesto el reciente voto del Parlamento polaco a favor de una iniciativa para criminalizar la educación sexual.

Campañas de odio similares a las que se pueden ver en Rusia y a las que los medios de comunicación ultraconservadores polacos se suman animando a la población a que identifique sus negocios, casas o enseres personales con enseñas que aluden a la denominación «zonas libres de LGTB». Un buen ejemplo de este clima de opinión es el hecho de que la cadena de televisión pública polaca definiera recientemente a España como un país que vive «bajo una dictadura LGTB».

Desde las instituciones europeas no descartan ampliar las sanciones a Polonia por estas prácticas. Cabe recordar que las mismas corporaciones locales que demandan estos fondos de la Unión Europea alientan el discurso contra los valores que la propia Unión encarna. Un discurso que la extrema derecha también se empieza a instalar en España: conviene recordar también que el PiS y Vox han establecido una colaboración para «fortalecer el modelo familiar tradicional».

Fuente: Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Los legisladores en el pequeño país de los Balcanes llegaron a la decisión el miércoles (1 de julio) después de que la ley recibió 42 votos en el parlamento de 81 escaños.

El primer ministro de Montenegro, Duško Marković, lo calificó como “un gran paso en la dirección correcta para la sociedad montenegrina, su madurez democrática y sus procesos de integración”.

El presidente Milo Đukanović también acogió con beneplácito la medida, declarando en Twitter que Montenegro está ahora “un paso más cerca de unirse a las democracias mundiales más desarrolladas”. Es] una confirmación de que nuestra sociedad está madurando, aceptando y viviendo las diferencias”, agregó. “¡Nacido libre e igual en dignidad y derechos!”

Desafortunadamente, eso no es estrictamente cierto: aunque a las parejas montenegrinas del mismo sexo se les otorgan casi todos los mismos derechos que a los heterosexuales, todavía no pueden adoptar o acoger niños.

Las parejas de lesbianas no pueden someterse a FIV en el país y la subrogación está prohibida para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual.

Sin embargo, el importante avance hacia la igualdad está siendo celebrado por la comunidad montenegrina LGBT +.

El grupo de defensa LGBT Forum Progres, , la primera y más antigua organización LGBT + de Montenegro, describió la aprobación del proyecto de ley como “un inmenso paso adelante para la sociedad montenegrina. [¡Es] un día histórico para todos nosotros y el movimiento LGBT + en Montenegro!” Tuitearon, agradeciendo a una serie de activistas y organizaciones LGBT + internacionales por su apoyo a lo largo de los años.

El pequeño país de 620,000 personas se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas para unirse a la Unión Europea, y la afirmación de las uniones del mismo sexo probablemente será vista como un signo de su “madurez democrática” en línea con los valores de la UE.

Fue una sorpresa para muchos después de que la ley fuera rechazada por el parlamento montenegrino en 2019.

“Sinceramente, no me lo esperaba”, dijo John Barac de LGBT Forum Progres a Openly. “Es realmente extraordinario, es un gran día para todos nosotros”.

Fuente Pink News

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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Seis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

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