Sostiene que promueve “el odio, la intolerancia y la discriminación de LGTBI”

El grupo ultracatólico vuelve a cambiar el logo de su autobús: “Lo dice la Biología”

El texto sometido a votación ha sido aprobado por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones. Es una transaccional suscrita por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC.

(J. Bastante/Agencias).- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, en virtud de la cual se exige al Consejo de Ministros que incoe el procedimiento y los trámites necesarios para la revocación de la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, “cuyas actuaciones promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI“.

El texto sometido a votación, una transaccional suscrita por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, ha sido aprobada por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones.

La propuesta ha contado con 205 votos a favor y uno solo en contra. El grueso del Partido Popular (129) se abstuvo en la votación. El texto de la propuesta sostiene que las acciones de esta organización “promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI”.

Los grupos parlamentarios firmantes consideran que las actividades de esa organización resultan “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”. Además, “no responde a los requisitos fijados en la ley orgánica reguladora del derecho de asociación”.

La moción inicial de Podemos que dio origen a la transaccional insta también al Gobierno a tramitar un proyecto de ley que regule los derechos de las personas LGTBI y un proyecto de ley integral para las personas ‘trans’ que no vulneren las competencias de las comunidades autónomas.

 Dichos proyectos de ley se trabajarán en coordinación con los colectivos de defensa de los derechos de esos colectivos y prestarán especial atención a las mujeres.

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El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Portugal actualizará su ley de identidad de género, vigente desde 2011, para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” para proceder al la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual la persona podrá solicitar la modificación. La ley también garantizará que los menores sean tratados en las escuelas de acuerdo a su identidad y prohibirá que los bebés sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Magnífico ejemplo el de Portugal, que en solo seis años actualizará su vigente ley de identidad de género, aprobada definitivamente en 2011. Aquella ley, que en su momento significó un avance muy importante sobre la situación anterior, exigía la presentación de un certificado que acreditase el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” emitido por un equipo multidisciplinar de sexología clínica que incluyese al menos a un médico y a un psicólogo. En este sentido, el proyecto seguía el modelo de leyes como la aprobada en 2007 en España, pero suponía ya un avance respecto a esta, al no incluir, por ejemplo, el requisito de que la persona transexual tuviese que haber sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, tal y como exige la ley española.

La nueva ley eliminará por tanto todo vestigio de patologización de la transexualidad. Pero según han adelantado los medios portugueses el proyecto incluye otras reformas, como la disminución de la edad a partir de la cual la persona podrá solicitar el trámite desde los 18 a los 16 años, además de la garantía a los menores transexuales de que en la escuela serán tratados de acuerdo a la identidad de género que manifiestan. Otra novedad muy importante que también incluirá la futura ley, relativa en este caso a las personas intersexuales (aquellas que nacen con características físicas de los dos sexos) es que prohibirá que se les realicen intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro hasta que no sean ellas las que libremente decidan qué hacer. Solo quedarán excluidas de la prohibición aquellas intervenciones necesarias para evitar riesgos y complicaciones para la salud.

Está por ver si el proyecto de ley, que el Gobierno de Portugal tiene previsto presentar a lo largo de este mes, sufre modificaciones en su tramitación parlamentaria, sea en sentido positivo o negativo. En cualquier caso, no debería contar con grandes dificultades para salir adelante. El Gobierno socialista de Portugal cuenta con el apoyo tanto de los propios diputados socialistas (86) como del Bloque de Izquierda (19), Partido Comunista (15) y Verdes (2), lo que le da mayoría parlamentaria suficiente. El propio Bloque de Izquierda, de hecho, propuso hace unos meses un proyecto similar al que ahora tiene previsto presentar el Gobierno.

Hay que tener en cuenta, además, que la derecha portuguesa, cuya fuerza mayoritaria es el  Partido Social Demócrata (PSD, 89 diputados) no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de por ejemplo el Partido Popular español. En 2010, por ejemplo, hasta 12 de los entonces 81 diputados del PSD votaron a favor de la vigente ley de identidad de género, mientras que en España el PP acabó oponiendose a la ley de 2007 en su votación final por el Congreso. Bien es cierto que el entonces presidente portugues, Aníbal Cavaco Silva, también del PSD, vetó la ley, al considerar que debía endurecerse el trámite médico para poder solicitar la modificación (la Asamblea levantó posteriormente el veto).

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían aprobar una reforma

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En cualquier caso, no parece que sus señorías de la oposición tengan mucha prisa por alcanzar acuerdos de este tipo al margen del Gobierno. Esperemos que al menos en este aspecto el ejemplo de Portugal les sirva de acicate.

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La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que ha preferido abstenerse, una proposición no de ley que insta al gobierno a modificar la legislación que regula la rectificación del sexo registral de las personas trans y adecuarla al principio de autodeterminación de género. La proposición, presentada por Ciudadanos y que ha recibido aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pide eliminar el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo, así como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

La proposición no de ley, tal y como figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de octubre, y tras la correspondiente exposición de motivos, decía así:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de las personas transexuales menores de edad, atendiendo a su interés superior, independientemente de su edad y sin necesidad de someterse a tratamientos médicos obligatorios y a un previo diagnóstico de salud mental.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se elimine el límite de edad establecido para poder solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.

b. Eliminar la obligatoriedad de recibir tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado como requisito para acordar la rectificación.

Una redacción que era bien recibida por los colectivos trans, que aun así la consideraban mejorable. Es el caso de la Plataforma por los Derechos Trans, que en una nota de prensa hecha pública antes de su aprobación pedía que se modificase el apartado 4.b, para el que proponía la siguiente redacción: “Eliminar la obligatoriedad del informe médico y todos los requisitos mencionados en el artículo 4 de la mencionada Ley”.

Finalmente, y según nos han confirmado desde la propia plataforma, la solicitud de modificación era atendida y tramitada mediante enmienda transaccional acordada entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Así ha quedado el texto definitivo:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de los menores.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se permita la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

b. Eliminar la obligatoriedad de los requisitos mencionados en el artículo 4.

5. Permita el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia de los migrantes trans.

En definitiva, una proposición muy positiva, que esperamos sea atendida. En la actual coyuntura política española, conviene precisarlo, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo no dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que si las fuerzas que ayer aprobaron esta proposición se ponen de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado.

Ahora bien,  y como en estos últimos días muchos analistas han destacado al hilo de una supuesta “capacidad del Congreso” para legislar en contra del Gobierno, este debe dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso, en el que a priori parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Ley integral de transexualidad a nivel estatal

Desde la Plataforma por los Derechos Trans, en cualquier caso, no dejan de insistir en que la aprobación de una reforma de este tipo no invalida la más que necesaria aprobación de una ley integral de transexualidad a nivel estatal. “Es una medida urgente que esperamos que el gobierno asuma y entienda, aunque desde esta federación de entidades trans pedimos de nuevo no meter en el cajón del olvido la propuesta  de una ley trans estatal, que esta federación puso en la mesa de todos los partidos políticos, para poner fin a las desigualdades que se dan de unas comunidades con respecto a otras”, ha declarado a este respecto su presidenta, Mar Cambrollé.

Fuente Dosmanzanas

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Este 26 de junio se celebraron elecciones generales en España. El resultado, conocido por todos. Hoy, y después de un periodo en el que el debate sobre las políticas LGTB ha quedado invisibilizado por la compleja coyuntura política, volvemos la vista a los resultados en clave LGTB…

El pasado 20 de diciembre, PP y PSOE bajaban en representación, y hacían su entrada en el Parlamento dos fuerzas hasta entonces ausentes: Podemos y Ciudadanos. Un PP desprovisto de aliados ni siquiera intentó la investidura como presidente del Gobierno de su líder, Mariano Rajoy. Fue el líder socialista, Pedro Sánchez, el que dio el paso, tras cerrar un acuerdo de investidura con Ciudadanos.

Un acuerdo que no contaba sin embargo con votos suficientes para salir adelante y que contaba con el deseo de  Pablo Iglesias de sobrepasar al PSOE en votos y escaños… cosa que se ha demostrado como un error mayúsculo que ha llevado a darle al PP una segunda oportunidad… La investidura fracasó. Las conversaciones posteriores no permitieron superar el bloqueo, y se convocaron nuevas elecciones.

Las nuevas elecciones tuvieron lugar el pasado domingo. El PP, pese a los innumerables casos de corrupción, a la precariedad laboral que se ha instalado en la sociedad española y al cercenamiento de derechos que han caracterizado su gestión, veía aumentado su apoyo electoral, recuperando 14 escaños aunque lejísimos todavía de la mayoría absoluta: la campaña del miedo a Podemos caló fuerte en el electorado más derechista. El PSOE aguantó mejor de lo esperado, y pese a perder apoyos mantuvo su segunda posición tanto en votos como en escaños. Unidos Podemos (coalición de Podemos e IU) y las 20 confluencias, pese a mantener el mismo número de escaños que ya tenían por separado, fueron los “perdedores morales” de la noche, al quedar por debajo de las expectativas: ni siquiera en número de votos totales lograron superar al PSOE, tal y como preveían las encuestas. Un millón y medio de votos menos de los que lograron por separado Podemos e IU (posiblemente muchos de ellos anteriores votantes de IU que rechazaron dar su apoyo a Pablo Iglesias) han hecho mella en una formación que con el mismo número de escaños gracias a la Ley D’Hondt que tanto critican, queda sin embargo en una situación más delicada que la que tenía. Ciudadanos, por su parte, sufría también una fuerte sangría de votos, posiblemente de antiguos electores populares que prefirieron votar ahora de nuevo al PP.

El PP cuenta, finalmente, con 137 diputados, a 39 de la mayoría absoluta. El PSOE, con 85. Unidos Podemos y las confuencias, con 71. Ciudadanos, con 32. A mayor distancia quedan ERC con 9, CDC con 8, PNV con 5, Bildu con 2 y Coalición Canaria con 1. A día de hoy, se desconoce quién será el próximo presidente del Gobierno, aunque la mayoría de los analistas dan por hecho que bajo una fórmula u otra será el PP de Mariano Rajoy el que lo encabece.

 Pero ¿qué va a suceder con las políticas LGTB? Sea quien sea quien forme nuevo gobierno, y ante la evidente falta de interés del PP en ahondar en este terreno (como recordábamos en una entrada que publicamos poco antes del 20 de diciembre, y esto no ha cambiado) lo cierto es que todo dependerá de la voluntad política de las otras tres grandes formaciones: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos reúnen 188 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta. Disponen por tanto de la capacidad conjunta de aprobar leyes pese a la eventual oposición del PP, incluso aunque este cuente con la mayoría absoluta en el Senado. Hay antecedentes: como recordábamos la pasada semana. En 2005, Un Senado también controlado por el PP vetó la ley de matrimonio igualitario. Días después el Congreso levantaba el veto. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó todas sus leyes con un Senado controlado por el PP.

En materia LGTB, además, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en numerosos puntos. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) publicaba antes de las elecciones del pasado domingo una tabla comparativa tras reunirse con las tres formaciones (el PP no quiso) en la que de hecho las equiparan:

Una tabla discutible para muchos: basta leer los programas políticos de las tres formaciones para ver que el peso que cada una de ellas da a los compromisos en materia LGTB es desigual. Sin embargo, no deja de ser un punto de partida prometedor. También lo es, por ejemplo, que las tres formaciones hayan mostrado ante la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, su disposición a un compromiso en materia de VIH, especialmente necesario.

El antecedente de la ley integral de transexualidad en Madrid

No sería, por otra parte, la primera vez que las tres formaciones deciden colaborar conjuntamente y sacar adelante una ley, pese a no estar el en el Gobierno. Sucedió hace pocos meses en la Comunidad de Madrid, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos consiguieron la aprobación de una muy avanzada ley integral de transexualidad, a cuyo proceso de elaboración el PP, que defendía su propio proyecto, prefirió no sumarse (acabó por abstenerse en la votación final). Y hace ya años, en 2009, sucedió lo mismo en Navarra, comunidad que aprobó la primera ley autonómica de transexualidad pese a la oposición de UPN, el partido entonces gobernante en Navarra.

Y es que, aunque en España no estemos acostumbrados, en un sistema parlamentario en el que ningún partido dispone de mayoría absoluta es posible que varios partidos sin responsabilidades de gobierno se unan y aprueben leyes.

¿Acaso no homenajean los tres líderes al Orgullo?

Con motivo del 28 de junio, los líderes de las tres formaciones de las que precisamente hablamos han querido homenajear al Orgullo LGTB. Insertamos debajo los tuits de los tres (Mariano Rajoy no hizo mención alguna).

Bienvenido sea. Pero entendemos que la mejor forma de hacer efectivo este apoyo a la causa LGTB es pactando en el nuevo Parlamento una hoja de ruta que permita al menos aprobar varias iniciativas fundamentales en las que las tres formaciones podrían coincidir: una nueva ley de identidad de género desprovista de anacronismos (sin enfoque patologizante y que incluya a los menores trans), una ley de igualdad de trato y no discriminación, un compromiso contra el VIH y medidas educativas contra la LGTBfobia. No debería ser complicado… El trabajo, en este sentido, de los colectivos LGTB va a ser más importante que nunca a la hora de muñir acuerdos. Confíemos en que estén a la altura.

Desde la tolerancia y el respeto, seguiremos empeñados en construir un mundo mejor. Feliz día del #OrgulloLGBT pic.twitter.com/tXKYsTax4e

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de junio de 2016

La lucha LGBTI ha sido, es y será siempre el mejor ejemplo de dignidad. #OrgulloLGBT pic.twitter.com/iQkaeckyTM — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de junio de 2016

Viva la igualdad y viva la libertad, Feliz día del #OrgulloLGTB. pic.twitter.com/YPrNiEGuqJ

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de junio de 2016

Fuente Dosmanzanas

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“Todos los partidos políticos, salvo el PP, apuestan por la igualdad real”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, quiere recalcar que todos los partidos políticos que aspiran a presidir el Gobierno de España tras las elecciones generales del 26 de junio se han comprometido con la igualdad real del colectivo LGTB, excepto el Partido Popular.

En este contexto, se pide a la ciudadanía que el próximo domingo 26 de junio ejerza el voto hacia aquellos partidos que defienden los Derechos Humanos y la igualdad real para la población LGTB. Con el fin de facilitar la información necesaria sobre el grado de apoyo de las diferentes opciones políticas a la igualdad real para nuestro colectivo, FELGTB ha habilitado un espacio en su web donde se recogen en un cuadro comparativo los compromisos políticos que adquiere cada formación en materia de derechos LGTB.

En esta ocasión, Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE han firmado todos los compromisos en materia LGTB que se les reclamaba en el marco de las elecciones generales del 26 de junio mientras que el Partido Popular no ha respondido hasta la fecha. Por su parte, estos tres partidos ya han comenzado a trabajar por la igualdad real en comunidades autónomas como Madrid, Murcia y Baleares, en las que recientemente se han aprobado una Ley Integral de Transexualidad y sendas leyes por la Igualdad LGTBI.

Es importante recalcar la necesidad de que en los primeros meses de la legislatura que surgirá a raíz de las elecciones del 26 de junio se aprueben de urgencia las leyes imprescindibles para asentar los cimientos de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad sexual y de género:

• Ley Integral de Transexualidad, a través de la cuál llegue la igualdad real para las personas transexuales o que tengan un comportamiento de género no normativo.
• Ley Integral por la Igualdad Efectiva LGTBI, que proteja los derechos del colectivo y atienda y penalice todos los posibles casos de discriminación que aún existen en nuestra sociedad.
• Pacto de Estado frente al VIH/Sida a través del cual hacer una mayor inversión en programas de prevención y diagnóstico precoz, generar garantías de acceso universal a los tratamientos y combatir el estigma y la discriminación que supone esta infección en nuestra sociedad.
• Pacto de Estado por una Educación inclusiva que reconozca la diversidad sexual y de género en las aulas españolas y combata el acoso escolar por orientación sexual e identidad o expresión de género.

En el marco del Orgullo LGTB 2016 y en relación con estos compromisos legislativos, FELGTB quiere recordar que todos los partidos políticos que formen parte en esta ocasión de la pancarta de cabecera de la Manifestación Estatal habrán asumido previamente los cuatro proyecto legislativos imprescindibles para conseguir una igualdad real para el colectivo LGTB.

Para Jesús Generelo, presidente de la asociación:

La importancia de las elecciones del próximo 26 de junio es crucial para continuar el avance hacia la igualdad real. Los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen la capacidad legislativa de sumar Derechos Humanos con su voto. Por ello, pedimos a toda la ciudadanía que a la hora de introducir la papeleta en las urnas elijan candidaturas que apuesten por políticas que luchen claramente contra la discriminación que seguimos sufriendos lesbianas, gais, transexuales y bisexuales”.

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