Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y vivía sola en su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Fue asesinada en diciembre de 2020.

La fiscal Diana Goral había pedido una condena por homicidio con el agravante de mediar violencia de género (femicidio) y por odio a la identidad de género (travesticidio). El tribunal finalmente solo tuvo en cuenta la primera figura por lo que no consideró que el crimen haya sido un travesticidio.

“Nos damos por conformes con esta sentencia”, dijo a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. “Cumplimos con nuestro objetivo que es prisión perpetua”, agregó. Sin embargo, sobre el agravante que no consideró el Tribunal, sostuvo: “El artículo sobre el odio a la identidad de género no lo quieren aplicar porque trabajar con el odio es muy fuerte para los jueces”.

El crimen

Las cámaras de seguridad registraron a Alejandra cuando era seguida por los dos imputados en la causa.

El 6 de diciembre de 2020 Alejandra salió a comprar manzanas a un supermercado cercano a su vivienda. Una vez hecha la compra, alrededor de las 18.30, se dirigió hacia su casa y en el camino se cruzó con Rodrigo Keilis y Pablo Getar.

Keilis tenía entonces 20 años, trabajaba descargando camiones y se encontraba en situación de calle. Ese día estaba junto a su tío, Pablo Getar, un changarín y cartonero que en ese momento tenía 40 años.

Ambos escoltaron a Alejandra hasta su casa y uno de ellos, Keilis, subió con ella para mantener una presunta relación sexual, mientras Getar cruzó la avenida y se sentó a esperar.

Una vez allí, Keilis “colocó una de las bolsas de nylon traídas desde el supermercado, específicamente aquella en la que transportaba las manzanas, y la tomó fuertemente del cuello, lo que le provocó la fractura del hueso hioides y la muerte por compresión del cuello y sofocación”. Así lo indica el requerimiento de juicio, firmado por les fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta.

Acto seguido, el hombre tomó algunas pertenencias de Alejandra, como el dispositivo electrónico para abrir la puerta del edificio y un televisor. Afuera ya no se encontraba Getar -quien se fue diez minutos antes de que Keilis saliera del edificio-, así que tomó un taxi hasta el barrio de Constitución donde volvió a encontrarse con su tío.

El juicio

La investigación que llevó la causa a juicio fue realizada por la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional N° 35. Su titular, el fiscal Ignacio Mahiques, junto a Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), consideraron que la acumulación de prueba era suficiente para acusar a Rodrigo Alejandro Keilis de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género en concurso real con robo simple”.

También a Pablo Isaac Getar como “partícipe necesario”. Sin embargo, Goral no consideró que hubiera la prueba necesaria para esta imputación por lo que pidió su absolución.

A lo largo de las audiencias del juicio declararon diferentes testigues como vecines, el encargado del edificio donde vivía Alejandra, el médico forense, psicólogas de Keilis y los dos policías a cargo de la primera investigación del caso.

Además, prestaron testimonio dos personas especializadas que explicaron la problemática que enfrenta el colectivo travesti trans y qué implica un travesticidio.

Testigas expertas

Una de ellas fue la activista travesti Marcela Tobaldi. A Alejandra la había conocido “en el marco de que ella necesitaba hacer el cambio de género”. “Se acercó un día. En aquella época yo trabajaba en la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires. Preguntó por mí. Era muy tímida”, recordó. “No tenía ningún derecho de matarla, de ahorcarla, robarle y todo lo que hizo. Fue un travesticidio”, destacó en diálogo con Presentes.

«El travesticidio es una forma específica de violencia de género. Se consuma en el asesinato de las personas que expresan o afirman una identidad de género que no se condice con los criterios considerados ‘normales’ de la feminidad o la masculinidad”, explicó la antropóloga Josefina Fernández. Fernández es especialista en género, diversidad sexogenérica y políticas públicas. Junto a Lohana Berkins coordinó el informe “La gesta del nombre propio” y su actualización, La Revolución de las Mariposas. Durante el juicio declaró como testiga experta.

Su declaración aportó un dato recopilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el promedio de vida de las personas trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años. “Menos de la mitad del promedio del que goza el resto de la población”, destacó Fernández. Ese promedio es producto “no sólo de la violencia letal, sino también de sus recorridos vitales ligados, generalmente, a múltiples experiencias de vulnerabilización”, continuó.

También aportó una mirada interseccional para analizar el crimen de Alejandra. Ella, además de trans, era migrante y trabajadora sexual. En esta línea consideró que “a la condición trans ha de sumarse otras determinaciones y variables como la clase y la raza”. Esto puede agravar “aún más las condiciones de vida del colectivo en cuanto a su acceso a derechos. Y, claro, al sistema de justicia, lo que aumenta la impunidad de los agresores”.

Según una investigación que realiza la UFEM, el 66% de las mujeres trans o travestis asesinadas eran de nacionalidad extranjera. Y la abrumadora mayoría, casi el 100%, eran trabajadoras sexuales, aportó Fernández.

La condena

El asesino, Rodrigo Keilis

La condena fue bajo el artículo 80 inciso 11 del Código Penal: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…) al que matare (…) a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

«Faltó el agravante por el odio, pero es una sentencia histórica. Estoy contenta», dijo a Presentes la fiscal Goral. También consideró que este juicio «es importante para la nueva mirada que hay que tener respecto de los colectivos LGBTI».

A su vez, a lo largo de las audiencias la fiscal dijo que aprendió mucho y agradeció la presencia permanente de las integrantes de la organización La Rosa Naranja.

En su alegato formulado en la audiencia del 31 de octubre, la fiscal había considerado importante definir a este crimen como un travesticidio. «Permite identificar, registrar y cuantificar los crímenes perpetrados contra ellas además de habilitar el reconocimiento de las particularidades que estos ilícitos contienen como expresión extrema de la violencia de género», explicó.

Otras condenas por travesticidio

Las anteriores condenas por travesticidio que tuvieron lugar en la Argentina fueron por los crímenes de Diana Sacayán, Marcela Chocobar, Evelyn Rojas y Melody Barrera.

La primera condena fue por el travesticidio de la activista Diana Sacayán el 18 de junio de 2018. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino.

Luego, la condena, también a perpetua, por homicidio calificado por odio a la identidad de género (transfemicidio) que recibió Oscar Biott en junio de 2019. El hombre estaba acusado junto a Angel Azzolini de asesinar a la joven trans Marcela Chocobar. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la Cámara Criminal de Río Gallegos.

La tercera es reciente. El 17 de marzo de este año, el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio por la relación de pareja, odio hacia su género y expresión, y por femicidio, tras el crimen de Evelyn Rojas.

En tanto, el 15 de septiembre de este año, un jurado popular en Mendoza condenó al ex oficial de la policía, Darío Jesús Chaves Rubio, a 27 años de cárcel por el transfemicidio de Melody Barrera.

Principales hallazgos de nuestra investigación

• A finales de 2021, sólo uno de estos crímenes perpetrados en 2020 llegó a juicio oral. Y terminó con la absolución del imputado.

• Otras causas fueron elevadas a juicio, pero de eso ya hace más de siete meses,y aún no hay novedades.

• La mayoría de los crímenes ocurrieron en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. El promedio de edad de las víctimas es de 37 años y casi todas eran trabajadoras sexuales.

“El hecho de que la mayoría de las víctimas de transfemicidios fueran trabajadoras sexuales (o personas en situación de prostitución) está señalando un elemento más de vulnerabilidad de las víctimas, la situación de desprotección de la trabajadora sexual”, dice a Presentes la abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse, la primera en concursar como candidata a jueza de Familia en la provincia de Neuquén. Cabe aclarar que para muchas personas trans esto no es una elección sino un modo de subsistencia.

• En la mayoría de los casos judicializados hay personas detenidas por el crimen: todos son varones de entre 20 y 40 años.

“Llegar antes de un transfemicidio o un femicidio es muy difícil porque la conducta humana es impredecible, no se puede encerrar a las personas por peligrosidad. La cuestión no viene solo desde el derecho. Es principalmente cultural”, explica. Y agrega: “¿Qué tiene que hacer el Estado? Colaborar con deconstruir 5000 o 7000 años de patriarcado”.

• Dos de las causas de trans/travestis asesinadas en Argentina en 2020 se investigan como travesticidio, otra como femicidio, y una más se investigó como crimen de odio. El resto llevan la carátula de homicidio.

Para Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, es necesario que en la investigación y la determinación de responsabilidades se incorpore la figura de odio a la identidad de género. “Que se caratulen por lo tanto como transfemicidios y travesticidio. Y que en concordancia se considere todo el contexto de violencia y exclusión de las personas trans”.

De estas volencias extremas del año 2020, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) sólo interviene en una causa judicial. Para que lo haga en Ciudad de Buenos Aires, la fiscalía que investiga debe pedir colaboración o por alguna medida puntual o para asistencia en la instancia de juicio oral. Otra opción es que la fiscalía delegue la causa a la Unidad.

“Para el resto del país podemos intervenir en delitos federales con alguna manifestación de violencia de género. Es decir que en femicidios, salvo que sea en el marco de una causa federal, no seríamos competentes en el resto del país”, explicaron a Presentes desde la UFEM.

Quiénes eran, qué pasó y qué hace (o no) la Justicia

Roberta Carabajal: dos detenidos, a juicio y sin fecha

El 1 de febrero de 2020, Roberta Carabajal fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde paran las chicas en situación de prostitución. Roberta tenía 45 años. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

Casi diez meses después, el 3 de noviembre, la investigación se cerró. Dos hermanos -Ignacio y Julián Garay, de 26 y 23 años- fueron detenidos por “homicidio doblemente agravado por premeditación y criminis causa en concurso real y robo calificado por empleo de arma blanca”. 

La investigación estuvo a cargo del fiscal de turno, Juan Cruz Condomi Alcorta, titular de la UFI 16. Al principio, pidió el registro de las cámaras de seguridad de la zona y pudo identificar a un vehículo Chevrolet Corsa blanco en el lugar. De acuerdo a testigxs consultados por la agencia Sudaka en esos días, dos hombres habían estado rondando y molestando a las chicas y preguntando por Roberta.

En la investigación también se sumó el testimonio de una joven de 23 años que dijo haber presenciado el hecho. “La maté. La maté. Mirá dónde se lo enterré”. Eso, dijo la testigo que le contó su novio cuando se subió al auto. Su novio era uno de los asesinos.

Los hermanos que mataron a Roberta son de Berisso, una ciudad vecina de La Plata. Dos datos ayudaron a dar con ellos: ropa manchada con sangre y el auto, que apareció en las cercanías de donde viven familiares de los detenidos. Según medios locales, uno de los asesinos había salido de la cárcel con libertad condicional hacía poco tiempo.

“La causa está elevada a juicio. No tiene fecha todavía. Ahora depende del Juzgado de Garantías 2. Están detenidos los dos imputados. Yo me opuse a cualquier tipo de morigeración”, explicó a Presentes el fiscal Condomí Alcorta.

Karly Sasha Palomino: a juicio pero sin fecha

Karly Sasha Chinina Palomino había nacido el 20 de mayo de 1988 en Perú, y era trabajadora sexual. En la madrugada del 5 de marzo de 2020 fue asesinada en la calle en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

En la causa judicial donde se investigó su muerte no se respeta su identidad de género: la llaman por su nombre asignado al nacer. Sin embargo, es la única que lleva la palabra “femicidio” en la carátula: “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género por ser hecho contra una mujer”.

Aquella noche, cerca de las 2.30 de la mañana, la policía de la comisaría Ciudadela Sur la encontró tirada en avenida Rivadavia y Granaderos, cerca de un paso nivel del tren. Pero dijeron que todavía no sabían quién era: no llevaba ningún documento con su nombre. Le hicieron pericias con las huellas dactilares. Sus compañeras la reconocieron: era Chinina, ellas no tenían dudas.

Algunas personas dijeron que llegaron a ver a dos hombres alejándose a las corridas por la zona de las vías. La Fiscalía Nº 5 de San Martín intervino en la escena del crimen.

De acuerdo con lo que informó Fiscalía General de la provincia a Presentes, hay un detenido. Se llama Santos Diego Chavarría Condomí. El hombre, oriundo de Bolivia, le disparó a Chinina esa madrugada.

La investigación dio con él a los pocos días, y en este momento está preso, con prisión preventiva firme. La autopsia dice que la muerte se dio a causa de un paro cardíaco traumático por compromiso de órgano noble, que fue el pulmón, por herida de proyectil de arma de fuego.

La causa fue derivada a juicio el 22 de abril de 2021: un año y tres meses después de su muerte. Casi ocho meses después de la elevación a juicio, aún no hay fecha para que se realice.

El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Criminal n° 2 de San Martín. La causa lleva el número 5068. Pero todavía no hay fecha estipulada, según confirmaron fuentes de dicho Tribunal a Presentes.

Vanesa Solorzano: a juicio por odio a la identidad de género

Vanesa Solorzano tenía 20 años y sobrevivía ejerciencia trabajo sexual/prostitución en San Miguel de Tucumán. En las primeras horas de la mañana del 11 de agosto de 2020 un vecino de la zona sur de la capital tucumana encontró su cuerpo violentado y sin vida. Horas más tarde, los oficiales que investigaban el homicidio hallaron el arma que se cree se utilizó para asesinar a Vanesa, un cuchillo de carnicero.

Los medios locales cubrieron el hecho mencionando que había sido un intento de robo pero la investigación descartó esta hipótesis estigmatizante, que indignó a familiares y amigues.

Se identificó y detuvo a Daniel Alejandro Díaz, un taxista de 30 años, a quien se señaló como el responsable de la muerte de la joven trans. Se hallaron las llaves del auto, el arma, se verificaron los datos del GPS del taxi y se encontraron manchas, presumiblemente de sangre, en el interior del vehículo. Además, se revisaron las cámaras de seguridad de la zona, lo que comprometió la situación del detenido.

En diciembre, tras cuatro meses de investigación, la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación a juicio de la causa.

Díaz será el primero en afrontar un juicio por homicidio agravado por el odio a la identidad de género en Tucumán. La causa por el transfemicidio de Vanesa tiene como carátula “homicidio” y desde el 19 de octubre se elevó a la Sala I de la Cámara Conclusional de homicidios a la espera del juicio.

Melody Barrera: un policía detenido y primer juicio por jurados por travesticidio

Melody Barrera tenía 27 años y en la madrugada del sábado 29 de agosto de 2020 fue encontrada muerta con al menos seis disparos, en una de las “zonas rojas” del Gran Mendoza, un espacio urbano y poblado en la intersección de Costanera y Correa Saá en la zona oeste.

Del análisis de las cámaras de seguridad y de las primeras pericias pudo reconstruirse que los disparos fueron hechos desde la ventanilla de un automóvil por un varón que se dio a la fuga. La mayoría de los impactos de bala fueron en el tórax por lo que su muerte fue inmediata. Por este hecho detuvieron a Darío Jesús Chavez, auxiliar principal de la Comisaría 34 del barrio Bancario de Godoy Cruz.

El acusado enfrenta cargos por homicidio por odio a la expresión de género, agravado por su condición de efectivo policial, por el uso de arma de fuego, y agravado ahora por alevosía.

La causa, caratulada como “travesticidio”, tendrá el año próximo requerimiento de elevación a juicio y meses después se definirá fecha.

Viviana Bergel, abogada de la querella, dice a Presentes: “Va a ser un juicio por jurados. En la instrucción nosotros tratamos de que el caso quede lo más completo posible, con perspectiva de género, teniendo en cuenta todas las agravantes que tienen que ver con el odio por la identidad de género y todo lo que podamos aportar en relación a eso. Va a ser el primer juicio por jurados por crimen de odio por identidad de género en Mendoza”.

Para Bergel la investigación está “bastante bien”. Y agrega: “Los medios hablan de travesticidio y eso tiene que ver con todo el trabajo que estamos haciendo en la causa como querellantes. Es un trabajo que hicimos en conjunto con las organizaciones LGBTI para que nos pudieran acompañar. Cuando tenés el acompañamiento de las organizaciones es otra cosa y ayuda a visibilizar. En cada situación en la que se puede se pide justicia por Melody”.

Priscila Ponce Nieto: a juicio, sin fecha ni perspectiva de géneros

Priscila tenía 33 años y fue apuñalada el 14 de septiembre de 2020 en Zavaleta, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. A los pocos días, la organización villera La Garganta Poderosa publicó un tuit pidiendo justicia por su muerte.

Georgina Orellano, secretaria General en AMMAR (Sindicato de trabajadorxs sexuales de Argentina) escribió en su Facebook: “Despertarte con el celular estallado de mensajes. Otra vez. Una trans menos. Otra vez y de la forma más brutal”

“”La Michu del Santa Cruz” así la conocíamos, el Santa Cruz era el hotel donde vivía y se tuvo que ir porque no podía seguir pagando su habitación. La Michu que paraba por Salta, que siempre andaba con su inseparable amiga Lala, no tiene familia acá, están en Perú, su familia son sus amigas y compañeras que hoy la lloran y piden justicia. No se merecía ese final, no se merecía tanta saña y crueldad”, escribió Orellano. La hermana de Priscila autorizó a las amigas para poder reclamar el cuerpo y despedirla.

El crimen fue investigado por la fiscalía nacional n°30, a cargo de la Dra. Marcela Sánchez.

El Juzgado Criminal y Correccional n°30 confirmó a Presentes que la causa fue elevada a juicio el 25 de junio de 2021. Ahora quien debe poner fecha es el Tribunal Oral Criminal n°22. El imputado es Piero Lucero Rodríguez, y el delito: homicidio agravado por ensañamiento.

Francesca Cornejo: aún no se sabe qué pasó

A Francesca Cornejo la encontró muerta un familiar en la noche del sábado 26 de septiembre de 2020. Estaba en su casa, en el barrio Parque Liceo 1° Sección, en ciudad de Córdoba, tirada en el piso de la habitación a un costado de la cama, atada de pies y manos. Francesca tenía 63 años, vivía sola, padecía algunos problemas de salud y estaba en situación de pobreza, agravada por el aislamiento por la pandemia de covid.

Como la vivienda se hallaba desordenada, esto hizo presumir a la fiscal de instrucción, Patricia García Ramirez, quien lleva adelante la investigación, de que fue víctima de un robo. A simple vista no presentaba heridas visibles.

Actualmente, la causa continúa en estado de investigación en el Distrito 3 turno 5 de Ciudad de Córdoba:“actuaciones labradas por la muerte de Francesca Cornejo”. Fuentes del Ministerio Público Fiscal cordobés indican que se hizo un informe pericial pero no se pudo constatar si el móvil fue robo o por odio, ni tampoco sospechoso alguno.

Alejandra Benitez «La Power»: un crimen impune

A Alejandra Benítez la asesinaron a balazos por la espalda el 5 de noviembre del 2020 en la vereda del lugar donde vivía, en San Miguel de Tucumán. “La Power” tenía 34 años y, como la mayoría de las mujeres trans, ejercía el trabajo sexual para sobrevivir. Su transfemicidio fue el segundo en la provincia durante el aislamiento por la pandemia de covid. Sus amigas la recuerdan divertida, alegre, solidaria y comprometida.

Al momento del hecho, Alejandra se encontraba con su amigo, Diego Mercado, en la vereda de su casa, una especie de complejo habitacional donde la mayoría de las personas que alquilan son trans. Mercado se convirtió en el principal testigo y también en víctima.

En sus primeras declaraciones describió que un hombre, quien luego fue identificado como Ricardo Puenzo, se bajó de una motocicleta, discutió con la Power, sacó un arma y le disparó cuando ella ya se había dado vuelta. Mercado intentó correr hacia el interior del complejo y recibió cuatro disparos que lo hirieron. Como quedó tendido, el sospechoso lo dio por muerto y huyó.

Casi siete meses después, el 31 de mayo de 2021, inició el juicio contra Ricardo Horacio Puenzo, el único imputado que enfrentaba una pena de prisión perpetua. En los alegatos de apertura, Carlos Sale, el fiscal, mencionó el compromiso por concientizar a la población de que Alejandra pertenecía a un colectivo de riesgo.

“Ese colectivo pasa momentos difíciles y el Estado ha tomado cartas en el asunto, ha concientizado y exige a todos los empleados públicos de los tres poderes concientizarse respecto de la perspectiva de género que tenemos que tener en nuestras vidas. El Estado se ha aggiornado permitiendo el derecho al cambio del nombre, a una tutela judicial efectiva, a la identidad de género autopercibida. A pesar de todo este esfuerzo, lamentablemente Alejandra llegó a formar un número más dentro de la lista de violencia machista”.

Pero  Puenzo fue absuelto en un fallo unánime por el tribunal compuesto por la jueza María Balcazar, el juez Rafael Marorito y la jueza Isabel Menéndez, porque Mercado cambió su relato durante el juicio y puso en dudas toda la hipótesis de la fiscalía y de la querella. El tribunal sostuvo que la investigación había sido deficiente, y el crimen quedó impune.

Carlos Garmendia, abogado de la querella, dijo a Presentes: “Hemos planteado el último recurso que nos queda acá en Tucumán, un recurso extraordinario, que es una audiencia que se tiene que realizar en presencia de la corte tucumana para que revise la sentencia Estamos a la espera de que nos notifiquen de cuándo va a ser esa audiencia a ver si la corte revierte la situación. La sentencia de Cámara nos ha rechazado la apelación”.

Garmendia describe nuevamente los hechos para demostrar que la investigación no pudo haber sido considerada deficiente: “En el momento en que sucede el episodio había tres personas. Alejandra, su amigo, Mercado, con quien estaba tomando cerveza y el homicida, quien saca el arma y le dispara a ambos. El único que ve esto es Mercado y durante la investigación, en la declaración que le da al fiscal, si bien nunca dice “Puenzo ha sido quien hizo los disparos”, claramente no hay nadie más presente. Pero en el juicio, Mercado introduce que él ha escuchado otras voces, lo dice de una manera no directa. Entonces quedó absolutamente claro que algo sucedió para que en el juicio mienta”. Puenzo nunca declaró.

“La revisión que hemos pedido está en manos de la Corte y estamos esperando que nos notifique de cuándo va a ser la audiencia”, finaliza Garmendia.

Alejandra Salazar Villa: a juicio por odio a la identidad de género pero sin fecha

A Alejandra, primero, la presintieron muerta. Antes que nadie supiera, sus vecines llamaron a la policía para avisar que había un olor raro en el pasillo del edificio de avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Cuando efectivos de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad entraron al departamento, la encontraron.

Alejandra Salazar Villa vivía sola, era peruana, tenía 54 años y había sido asfixiada. Eso lo sabrían después, por la autopsia. Al principio, lo que vieron ese día fue una mujer desnuda tirada en el piso con una bolsa negra en la cabeza. La misma bolsa que su asesino había cargado una semana antes con manzanas.

La puerta del departamento no estaba forzada, pero el lugar estaba completamente revuelto. La investigación entonces, a cargo del fiscal Ignacio Mahiques de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº35, apuntaba también a un posible robo.

Las cámaras de seguridad fueron la clave. Un hombre la había acompañado con una bolsa negra con manzanas hasta su casa la semana anterior. Minutos después se lo ve saliendo del edificio con un televisor. Afuera lo esperaba su tío. Se fueron en taxi, vendieron el televisor.

La policía no tardó en llegar a ellos. Dos semanas después Rodrigo Keilis -el homicida-, de 20 años, y Pablo Getar -el hombre que esperaba afuera-, de 40, fueron detenidos. Keilis trabajaba descargando camiones y estaba en situación de calle.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Keilis mató a Alejandra el día 6 de diciembre de 2020, entre las 18.47 y las 20.22 horas. A las 18.30 ella había salido del supermercado Coto y se cruzó con los dos hombres. Keilis la acompañó a su casa y le llevó la bolsa con la que luego la asfixiaría.

“El motivo del ataque nosotros lo encuadramos como odio a la identidad de género”, explicó el fiscal Mahiques a Presentes. La carátula de la causa habla de un “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género, en concurso real con robo simple”.

En el pedido de elevación a juicio se respeta tanto el nombre como la identidad de género de Alejandra. En la investigación también intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra Las Mujeres (UFEM).

El fiscal pidió la elevación a juicio en enero de 2021, pero a punto de terminar el año aún no hay fecha. Esto lo debe decidir el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26. Mientras tanto, Rodrigo Keilis sigue detenido. Su tío, Pablo Getar, imputado sólo por el robo, está en libertad.

“Fue un travesticidio. La ahorcaron. Horrible fue, horrible”, contó a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja. Marcela la conocía, porque una vez Alejandra había consultado a la organización para que la asesoraran: quería hacerse el cambio de identidad de género en el DNI: “Yo no supe de ella de nuevo hasta esta noticia”.

Yaelin Maydana Olmedo: violencia estructural y sin resolver

A Yaelin Maydana Olmedo la conocían como Yaqui. El 16 de diciembre de 2020 la golpearon y asfixiaron hasta matarla. Tenía 31 años, vivía en Bahía Blanca y, según cuenta una amiga que la conocía de hacía muchos años, había tenido una vida muy difícil.

Los medios locales informaron que su muerte se produjo porque Yaelin atravesaba una crisis nerviosa que el hermano y un vecino intentaron contener. Dijeron entonces que por el forcejeo el hermano había apoyado una rodilla sobre el cuello, provocándole la muerte por asfixia. Se lo acusó de homicidio culposo, porque argumentaron que había sido en defensa propia, pero según una persona muy cercana, el fiscal evaluaba acusar de homicidio doloso porque hubo abuso en la defensa. Actualmente los sospechosos están en libertad.

Yaqui era cartonera. Cuando tenía dinero era aceptada por su familia pero si no, vivía en un asentamiento de chapa con piso de tierra. Adabel Montenegro, activista trans, conoce a todas las mujeres trans que viven en Bahía Blanca y señala que la situación para el colectivo LGBTI “está fatal”.

Desde el Ministerio Público Fiscal indican que la causa ingresó como averiguación de causal de muerte. Luego pasó a la UFIJ N°5 a cargo del Agente Fiscal Jorge Viejo y que aún está en trámite. “Se han tomado varios testimonios y se solicitaron algunas medidas que, por el momento, están pendientes y no han sido recibidas por la Fiscalía. Las personas vinculadas con la muerte de Yaelin Olmedo están plenamente identificadas y, una vez que el fiscal reciba toda la información pendiente, tomará el temperamento que corresponda. Hasta el momento la investigación está en proceso. Cuando el Fiscal adopte un temperamento lo hará de acuerdo a una calificación en particular que por ahora no consta en la causa”, explicaron a Presentes.

Por qué una reforma judicial transfeminista

¿Cómo se hace para que se respete la identidad de las trans asesinadas, para que se caratulen como crímenes de odio, para que la justicia llegue antes? La abogada Hendrickse explica que es necesaria una justicia más humana, cercana y transfeminista. 

“Una reforma judicial transfeminista tiene que llegar a esos sectores que es donde hay mayor vulnerabilidad. Donde las mujeres, además de la vulnerabilidad por su género, son más vulnerables por la pobreza, por migrantes. Ahí debería haber jueces y juezas barriales, jueces no letrados que definan los conflictos entre las personas, que sea un tercero imparcial que tenga presencia de Estado para resolver conflictos pacíficamente”, indicó Hendrickse.

“El femicidio es la punta del iceberg de infinidad de violencias que ocurren todos los días, y no hay abordaje de esa problemática”, advirtió.

Después del análisis de cada uno de estos casos, Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, llegó a la misma conclusión: “La muerte es el remate de toda una cadena de violencias que venían sufriendo en función de su identidad”.