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Tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorca junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia)

Viernes, 17 de abril de 2020
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92873426_217794309504482_3977300622750777344_n_censored-e1586882134947-2Mweru Aneste, un orgulloso hombre y padre gay, fue encontrado muerto fuera de las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. (Facebook)

Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.

El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.

Aneste Mwiru fue una de más de doscientos solicitantes de asilo LGBT + que se trasladaron del campamento de refugiados de Kakuma a la ciudad capital en 2019, dijeron activistas a PinkNews.  Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.

kakuma-pride-gofundme-imageAneste Mwiru celebrando el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma,

Pero después de luchar para obtener la asistencia financiera vital que necesitaba para mantener a su hijo en febrero, sin hogar y hambriento, comenzó a acampar fuera de las oficinas de la UNCHR en Westlands.

Poco después de ser encontrado muerto en un presunto suicidio, aturdir a la comunidad local y capturar lo que los activistas dicen que es el patetismo de esos ugandeses queer que arriesgan todo para huir de la persecución. Al acercarse a la oficina para pedir comida, los guardias le informaron que la oficina estaba cerrada hasta el martes.

Según los informes, Mbazira Moses, fundador de Refugee Flag Kenya, un grupo de presión de los derechos LGBT +, dijo que los guardias supuestamente “lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia nuevamente, les dijo a los agentes de seguridad que preferiría morir allí donde se le conoce, que no sea en otro lugar”. Los guardias le dijeron a los refugiados homosexuales que murieran “si quería escapar de [sus] problemas“, afirma activistaLos guardias privados le dijeron entonces al joven de 28 años que se suicidara “si quería escapar de los problemas”, afirmó Moses.

Mwiru sufrió abrasiones en sus tobillos y brazos alrededor del momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por los transeúntes, muchos de los cuales son un salvavidas para los refugiados que viven en las calles y que dependen de los folletos de los lugareños.

Compañeros migrantes acamparon debajo de una pasarela cercana que se burló de las oficinas de seguridad privadas y armadas que patrullan las oficinas de ACNUR, culpándolos por la muerte de su amigo cuando las autoridades transfirieron el cuerpo de Mwiru.

La biografía de Mwiru era una incesante serie de abuso homofóbico y de devoción a su hijo.

Moisés fue “golpeado y herido” habitualmente durante su estancia en Kakuma, dijo Moses, convirtiéndolo en una de las muchas víctimas de un espectro de violencia lanzado en la comunidad LGBT + vulnerable del campo por ciudadanos locales homofóbicos que “nunca los quisieron allí“.

82982511_123113419199879_4304758073383190528_o-e1586882321891-1Mwiru era, según funcionarios de las Naciones Unidas, un ciudadano ugandés reconocido como refugiado por el gobierno de Kenia. Pero el movimiento del ACNUR para retirar los estipendios mensuales para los refugiados que viven en áreas urbanas sumió su vida en incertidumbre. Tales recortes se hicieron como parte de la política del gobierno, informaron 76 crímenes. “Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente”.

El socio de Mwiru, Nathan Shimwe del Congo, dijo que estaba sufriendo una depresión después de perder su trabajo a medida que la pandemia de coronavirus comienza a apoderarse del país sin litoral. “Habíamos alertado constantemente al ACNUR sobre los peligros y la desesperación a los que estaban sometidos los antiguos refugiados de Kakuma al retirar la asistencia financiera que se les daba”, dijo Moses. “Fueron traídos de allí y ahora abandonados sin ningún programa de lo que pueden hacer para obtener al menos comida y alojamiento. Las frustraciones entre todos los restantes que no reciben asistencia son tan graves como lo confirma el suicidio de Mwiru. Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente.

El UNHCR confirmó en un comunicado emitido el lunes que la agencia sigue de cerca las investigaciones policiales del incidente. “Nosotros, en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte y el aparente suicidio de un refugiado hoy en Nairobi. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos. La declaración continuó: “El ACNUR está preocupado por los crecientes desafíos que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades que los acogen, para satisfacer sus necesidades básicas en el difícil contexto actual. ¿Cuántos ugandeses quieres morir antes de empezar a escucharnos?”

Entre las muchas fotografías de Mwiru están las de él sonriendo con amigos. Otros lo muestran sosteniendo a su hijo en alto, con los ojos brillantes de orgullo. Sin embargo, para muchos de los seres queridos de Mwiru, las fotografías de su cuerpo serán la forma en que la gente lo recuerde. Las imágenes gráficas de la muerte de Mwiru rebotaron en las redes sociales el lunes, impulsando la atención pública a las historias personales de refugiados individuales, tan a menudo oscurecidas por el ruido de, a veces, los cáusticos debates sobre la migración en Kenia.

Para Doreen Andrewz, subdirector de la Iniciativa de Trans refugiados, el fallecimiento de Mwiru es un recordatorio conmovedor del peligroso viaje que enfrentan los migrantes para escapar de la grave homofobia de Uganda. “¿Cuántos ugandeses quieres que mueran antes de empezar a escucharnos”, dijo. “Estoy cansado de la muerte, esto no es lo que vinimos a buscar en este país. [Mwiru], perdónanos a todos ”.

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 La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia

Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.En noviembre, la policía  detenía a 127 personas y acusaba  a 75 después de una redada en un bar gay. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Fuente Pink News/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La policía ugandesa arresta a veinte personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar

Miércoles, 8 de abril de 2020
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uganda-1758988_960_720Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Líder musulmán ugandés enfrenta cadena perpetua por casarse “accidentalmente” con un hombre

Martes, 21 de enero de 2020
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Screenshot-2020-01-16-at-15.34.55La pareja el día de su boda en el distrito de Kayunga en Uganda (Fred Muzaale / Daily Monitor)

Un imán ugandés enfrenta cadena perpetua después de casarse accidentalmente con un hombre, lo que demuestra cuán homofóbico es el país de África Oriental.

El jeque Mohammed Mutumba intercambió votos con su “novia”, Swabullah Nabukeera, en una ceremonia islámica. Conoció a Nabukeera en una mezquita y solo los vio usando un hijab o un gomesi, un vestido tradicional hasta el suelo de Uganda.

Según informes de noticias locales, la nueva esposa de Mutumba evitó consumar el matrimonio durante dos semanas al afirmar que estaba en su período.

La verdad solo se descubrió cuando uno de los vecinos de Mutumba acusó a Nabukeera de robar y llamó a la policía. Fueron arrestados y llevados a una estación de policía local, donde los oficiales se sorprendieron al descubrir que el sospechoso había apilado la ropa en un sujetador para “engañar” que eran senos.

“En una búsqueda adicional, descubrimos que el sospechoso tenía genitales masculinos. Rápidamente informamos a [su] esposo que la había acompañado a la estación de policía ”, dijo Isaac Mugera, oficial de investigaciones criminales del distrito de Kayunga.

El imán no podía creer las noticias y exigió ver los genitales de su esposa para “probar” por sí mismo. Más tarde se supo que Nabukeera era en realidad un hombre cis llamado Richard Tumushabe, que había engañado a Mutumba en un intento por obtener su dinero.

Tumushabe fue acusado de delito antinatural, suplantación, robo y obtención de bienes con falsas pretensiones: el último cargo se refiere a la dote de dos cabras, dos bolsas de azúcar, tres vestidos, un cartón de sal y un Corán.

Aunque Mutumba no cometió ningún delito, y en realidad buscó un consejo sobre la negativa de su esposa a consumar el matrimonio, lo llevaron a los tribunales y lo acusaron de tener “conocimiento carnal con una persona contra el orden de la naturaleza”. El cargo conlleva una posible pena de cadena perpetua.

Ahora está detenido en la prisión de Ntenjeru mientras espera su juicio el 24 de enero. El líder religioso también ha sido puesto bajo investigación por las autoridades musulmanas y suspendido de sus deberes clericales. El imán principal de la mezquita Kyampisi Masjid Noor dijo que la suspensión del clérigo “estaba destinada a preservar la integridad de su fe”.

Los defensores locales de LGBT + dicen que la reacción al caso destaca la actitud general hacia las personas LGBT + en Uganda, un país que criminaliza la homosexualidad.

Frank Mugisha, quien dirige el grupo Sexual Minorities Uganda, dijo al Daily Mail que el caso demostró “cuán homofóbico es el país. El imán podría estar en lo cierto cuando dice que no sabía”, dijo. “Los ugandeses deben respetar la privacidad de las personas. No son necesariamente homosexuales “.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

Uganda ha tenido algunas de las leyes anti-gay más estrictas del mundo desde la época del dominio colonial británico, aunque antes de este punto las relaciones homosexuales eran comunes y celebradas. Uganda propuso recientemente restablecer la pena de muerte en un proyecto de ley coloquialmente llamado “Kill the Gays”. Más tarde, el gobierno dio marcha atrás en esto después de un alboroto internacional, pero el apoyo público a la ley indicó el sentimiento anti-gay prevaleciente en la región.

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Las personas LGBT + se ven obligadas a esconderse, ya que los ataques violentos y brutales homofóbicos son comunes, y a menudo son realizados por funcionarios estatales de Uganda. En noviembre del año pasado, la policía de Uganda detuvo a 127 personas y acusó a 75 después de una redada en un bar gay.

un mes antes, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

El año pasado, un activista gay LGBT + murió trágicamente en su propia casa después de que una mafia furiosa le destrozó el cráneo con azadas y machetes. Las personas locales LGBT + informaron el incidente a las autoridades, pero parece que nadie fue responsable.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews

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La policía de Uganda detiene a 127 personas y acusa a 75 después de una redada en un bar gay

Viernes, 15 de noviembre de 2019
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las-imagenes-muestran-a-la-policia-ugandesa-arrestando-a-127-personas-en-un-bar-gay-friendly-porfumar.jpgAlrededor de 127 ugandeses en un bar gay-friendly supuestamente arrestados por “fumar”.

Docenas de ugandeses sentados con las piernas cruzadas, la policía patrullando a su alrededor, frente al bar RAM en la capital del país, después de una redada policial.

La policía y los soldados irrumpieron en un bar gay en Uganda este lunes pasado, arrestando a unos 120 clientes por “frecuentar un lugar de fumadores”.

RAM Bar, en el distrito central de la capital, ha servido durante años como un espacio subterráneo gay-friendly para los ciudadanos de Kampala. En un país atrapado por la legislación homofóbica y una creciente división pública sobre los derechos de los LGBT+, era un santuario poco común cada domingo por la noche.

El bar está situado en el distrito de negocios de la ciudad, rodeado por otros clubes y empresas de consultoría. Pero los que iban a los bares se derramaron en Hannington Road, rodeados de policías armados, soldados del ejército y oficiales de la Unidad de Defensa Local en las primeras horas, según los medios de comunicación locales.

127 personas sospechosas de fumar sustancias prohibidas fueron arrestadas anoche en una redada policial en un bar de la calle Hannington. 2 liberados, 125 para comparecer ante el tribunal hoy. La comunidad LGBTQ ha llamado a esto un ataque a su libertad, ya que un gran número de ellos fueron arrestados en la redada. Las imágenes mostraban a los clientes acurrucados en el suelo, tratando desesperadamente de cubrirse la cara agarrando mochilas mientras las fuerzas de seguridad los rodeaban. La realidad es que la redada se fraguo por ser el bar de un ambiente gay. Hoy se ha confirmado que 75 personas serán acusadas de actos homosexuales.

Los activistas sobre el terreno dijeron al portal PinkNews que el incidente tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana del lunes. Mientras que las autoridades afirmaron que se incautaron narcóticos en el bar durante la operación. Los estupefacientes están prohibidos en virtud de la Ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 2019. Patrick Onyango, portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala, dijo que no conocían a ningún cliente LGBT+, según dijeron a la BBC.

Las 127 personas arrestadas iban a la Comisaría Central de Policía, dijeron los activistas. Dos fueron liberados, mientras que 125 comparecieron hoy ante el tribunal. El activista también denunció a PinkNews que los que siguen bajo custodia policial están “hambrientos e indefensos”.

El bar RAM, con su techo cubierto de hierba y sus luces fluorescentes en el piso de la discoteca, abría todos los días. Pero durante seis horas cada domingo, los lugareños  acuden en masa al pub. Un defensor describió el local como un “lugar de paseo popular donde las personas LGBTI de todas las razas se reúnen pacíficamente para divertirse”.

Este espacio ha sido un salvavidas para los ugandeses LGBT+, que han sido acosados por la violencia de la policía estatal y del público durante años. Pero en el último año, la comunidad ha visto a activistas ser apaleados con machetes y arrestados en Kampala después de que una turba anti-gay rodeara su oficina con un fuerte aumento de la violencia anti-LGBT+.

Más aún, los ministros afirmaron un supuesto plan para traer de vuelta la “Ley de Matar a los Gays”. Una medida que habría aplicado la pena de muerte al sexo gay. Recordamos que Uganda vuelve a castigar la homosexualidad con penas de cárcel y quieren castigarlo con la pena de muerte. Un portavoz de la policía ha negado que la redada fuera contra el colectivo LGTB.

Un abogado de los derechos humanos ha informado que 50 de los arrestados fueron puesto es libertad, y una activista por los derechos de los homosexuales ha comunicado que el bar donde se produjo la redada, se suele usar para promocionar programas de salud. Solo quieren silenciarnos como comunidad.

Los 67 acusados podrían enfrentar hasta un año de prisión si se los encuentra culpables, dijo un abogado del grupo Patricia Kimera.

El activista LGBT + Raymond Karuhanga dijo a Reuters que los arrestos son “solo un ataque homofóbico. Estas eran personas en un club, ni siquiera en las calles”, dijo. “Se estaban divirtiendo, escuchando música. Luego arrestas a casi 130 y los acusas de ser una molestia pública … Solo quieren silenciarnos como comunidad “.

La policía afirmó que no sabían que RAM Bar era conocido como un espacio amigable para los homosexuales y dijo que las personas estaban detenidas bajo la Ley de Control del Tabaco y negaron que estén apuntando a personas homosexuales. “No los estamos atacando y no lo haremos”, dijo el portavoz policial Patrick Onyango. “Lo que escuchó en la corte son los cargos (de molestia común) que el fiscal estatal presentó”.

Las imágenes desgarradoras de la redada policial que se publicaron en línea a principios de esta semana mostraron a los clientes aterrorizados encogidos en el suelo y escondiendo sus rostros con mochilas mientras la policía los rodeaba.

La noticia de los arrestos es particularmente escalofriante para la comunidad LGBT + de Uganda después de las recientes afirmaciones de que la infame ley “Matar a los gays”, que implementaría la pena de muerte para las personas homosexuales, podría reintroducirse.

El ministro de ética e integridad de Uganda, Simon Lokodo, anunció planes el mes pasado para volver a presentar el proyecto de ley, que fue presentado por primera vez hace varios años pero no fue promulgado.

Sin embargo, un portavoz del presidente luego negó que impondría la pena de muerte para las personas homosexuales y dijo que el castigo actual de cadena perpetua “ya maneja problemas de comportamiento sexual antinatural”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Hace un mes, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos gays

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La policía ugandesa detiene a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, en pleno recrudecimiento de la violencia LGTBfoba

Martes, 29 de octubre de 2019
Comentarios desactivados en La policía ugandesa detiene a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, en pleno recrudecimiento de la violencia LGTBfoba

uganda-1758988_960_720La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Uganda volverá a condenar a los homosexuales a la pena de muerte

Miércoles, 16 de octubre de 2019
Comentarios desactivados en Uganda volverá a condenar a los homosexuales a la pena de muerte

índiceHace unos días, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

Uganda, donde las relaciones llamadas “contra natura” son castigadas con cadena perpetua por una ley de la época de la colonización británica, adoptó en diciembre de 2013 una nueva legislación que reprime sobre todo la “promoción de la homosexualidad” y vuelve obligatoria la denuncia de homosexuales.

Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad del país, comunico a Reuters Foundation que la homosexualidad no es natural en la cultura de los ugandeses. Según Lokodo, “las personas gay han hecho ‘reclutamientos’ en los colegios, sobre todo en los más jóvenes, creando la falsedad de que la gente nace gay”.

Actualmente el Código Penal de Uganda está limitado, solo el acto homosexual esta criminalizado. Lokodo ha explicado que el gobierno quiere aclarar que toda persona que se dedique a promocionar o reclutar para cualquier cosa relacionada con la homosexualidad, deben ser condenados a muerte.

Se espera que esta ley, respaldada por el presidente del país, Yoweri Museveni, vuelva a estar en vigor antes de que acabe el año, su votación se producirá en las próximas semanas.

Uganda, no es el único país africano que castiga duramente la homosexualidad. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se siguen considerando tema tabú, el considerado un delito muy grave, en algunos países siguen aplicando la ley colonial británica, en la que especifica que el sexo homosexual se castiga con cadena perpetua.

La respuesta por parte de los partidarios de los derechos LGTB, han informado que volver a criminalizar a los homosexuales solo va a provocar ataques contra los homosexuales. Ya en su momento, cientos de personas LGTB se vieron obligados a huir del país y ahora se espera que vuelva a ocurrir lo mismo.

Lokodo, ha expresado que existe cierta preocupación por la reacción internacional ante este movimiento de su gobierno. Pero ha afirmado que no se asustaran ante el chantaje.

En otros países los movimientos para restringir los derechos LGTB han provocado protestas y sanciones de otros países. En Brunei, tuvieron que extender una moratoria sobre la pena de muerte a quienes practicaran sexo homosexual, por la condena de celebridades por la ley de azotar y lapidar hasta la muerte. En Tanzania, unas declaraciones de un funcionario el año pasado, llevaron a la retención de nueve millones de euros en ayudas por parte de Dinamarca.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Reuters/Cristianos Gays

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El Ministro de Seguridad de Uganda, General Elly Tumwine, afirma que las personas LGTB son “terroristas”

Miércoles, 9 de octubre de 2019
Comentarios desactivados en El Ministro de Seguridad de Uganda, General Elly Tumwine, afirma que las personas LGTB son “terroristas”

FB_IMG_1546200805725El Ministro de Seguridad de Uganda, General Elly Tumwine y el opositor Robert Kyagulanyi (Bobi Wine)

El ministro de seguridad de Uganda ha llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios.

El actual presidente del país, Yoweri Museveni, ha gobernado la república africana durante décadas, pero su gobierno se enfrenta a una ferviente oposición del grupo People Power, Our Power.

Con el apoyo del cantante y candidato presidencial Bobi Wine, el movimiento de resistencia pretende poner fin a la administración de Museveni a medida que se acercan las elecciones de 2021.

El 3 de octubre, el Ministro de Seguridad de Uganda, Elly Tumwine, habló con NBS TV y criticó abiertamente el movimiento, declarándolo una “organización terrorista” con vínculos con la criptomoneda.

Pero el político lanzó su espina más afilada cuando dijo que el grupo “se asocia” con personas LGBT+, una declaración condenatoria en un país donde ser gay se castiga con cadena perpetua.

VIDEO: Elly Tumwine, Ministro de Seguridad, sobre el movimiento “Poder popular”

El líder ugandés llama “terroristas” a las personas LGBT+. “Quiero advertir al público que hay una amenaza para el mundo llamada el Movimiento Rojo [Poder Popular]”, dijo en NBS TV Morning Freeze. “Es una organización terrorista.” Continuó: “Está asociado con el movimiento LGBT y las criptomonedas y cosas que quieren romper el orden establecido de las cosas.”

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El general Elly Tumwine Presidió jurando su cargo de Ministro de Seguridad en la Casa de Estado, Entebbe (foto del Facebook del presidente Yoweri Kaguta Museveni.

El mensaje de Tumwine llega en medio de una violenta represión en el país sin salida al mar, donde el gobierno de Museveni está obstaculizando el apoyo al Poder Popular. Esta misma semana, los militares ugandeses anunciaron que cualquier civil que sea sorprendido con boinas rojas -un símbolo del Poder Popular- será castigado con hasta cinco años de prisión.

Los partidarios ya están emprendiendo acciones legales contra la prohibición, informaron los medios de comunicación locales esta semana.

KAMPALA, UGANDA - 2019/10/01: Musician and opposition candidate Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine during the press conference encouraging his "people power" supporters to continue wearing their trademark red berets in Kampala.Uganda's military announced that red berets had been banned, and civilians in possession of them could be punished with up to five years in prison. (Photo by Sally Hayden/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

El músico y candidato de la oposición Robert Kyagulanyi (Bobi Wine) durante una conferencia de prensa en la que animó a sus partidarios del People Power a seguir usando sus boinas rojas de marca registrada. (Sally Hayden / SOPA Images / LightRocket a través de Getty Images)

Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, declaró su intención de presentarse a la presidencia en julio. Con una crítica audaz y franca del presidente, las autoridades ugandesas, se vieron sacudidas por la noticia, que considera que este hombre de 37 años de edad es una amenaza de enormes proporciones para Museveni.

Sin embargo, el candidato de la oposición no siempre fue bien recibido por la población LGBT+ de Uganda. El cantante escribió una vez una canción en la que animaba a los oyentes a “quemar a todo hombre loco“, lo que llevó a pedir que se cancelara su gira por el Reino Unido. Desde entonces, la estrella del pop, convertido en legislador, se ha suavizado en su postura.

Un año antes de ser elegido en el parlamento en 2017, Wine comenzó a reunirse con activistas LGBT y declaró que abogaba por “la paz y la tolerancia de los diferentes puntos de vista” en Twitter.

En el último año he abogado por la paz y la tolerancia desde diferentes puntos de vista. Desprecio la violencia. @usmissionuganda

MALTA COMMONWEALTH MEETINGYoweri Museveni

El gobierno de Museveni ha gobernado el país desde 1986, más de tres décadas, en las  que ha eliminado las excepciones de la legislación antiLGTBI.

Además, Museveni, de 72 años, firmó el draconiano Proyecto de Ley contra la Homosexualidad en febrero de 2014, que exigía que los reincidentes fueran condenados a 14 años de prisión y que no denuncien a nadie por ser gay.

Sin embargo, la Corte Constitucional del país rechazó posteriormente el proyecto de ley y concluyó que el presidente del parlamento actuó ilegalmente al seguir adelante con la votación de la ley a pesar de que al menos tres legisladores se opusieron por la falta de quórum.

Museveni ha afirmado anteriormente que el sexo oral es un invento occidental que es “más terrible” que la homosexualidad.

Los ugandeses LGBT+ han denunciado las comparaciones del ministro de seguridad., mientras los defensores locales LGBT+ condenaron las palabras de Tumwine.

“El movimiento LGBTIQ no es parte del grupo terrorista”, dijeron los Defensores de los Derechos Humanos en una declaración en Facebook. “Somos personas pacíficas que predican la paz, la igualdad, los derechos humanos para todos y el amor.

Mientras Frank Mugisha, un defensor de los derechos de los homosexuales, tuiteaba: “Los ugandeses LGBT siempre han sufrido en el centro de todas las culpas”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

Protesters-outside-Uganda-009-460x214La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Solicitantes de asilo LGBT deportados ilegalmente por el Reino Unido ‘violados en grupo’ en Uganda

Jueves, 1 de agosto de 2019
Comentarios desactivados en Solicitantes de asilo LGBT deportados ilegalmente por el Reino Unido ‘violados en grupo’ en Uganda

171103-Woodruff-Ugandan-lesbian-refugee-hero__bm5tlrUna mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresará al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La joven de 26 años llegó al Reino Unido en 2011 y presentó una solicitud de asilo sobre la base de su sexualidad. Su solicitud fue rechazada en 2013 y fue deportada rápidamente bajo el sistema de detención acelerada del Ministerio del Interior, que se cerró en 2015 después de que el Tribunal Supremo dictaminara que era “estructuralmente injusto”.

Tras una apelación, un juez dictaminó que la PN debía ser devuelta al Reino Unido, ya que las dos semanas que se le habían concedido en el marco del sistema de vía rápida para luchar contra su caso no eran suficientes. El gobierno está apelando la decisión.

En los seis años que ha pasado en Uganda, PN ha dado a luz a un niño que, según ella, es el resultado de una violenta violación en grupo. “Una noche estaba durmiendo, la gente vino, golpearon la puerta, robaron todo y me violaron. Estaba sola en la habitación”, le dijo a The Independent. “No pude decírselo a la policía porque no quiero que sepan quién soy.”

Después de huir de su casa y mudarse a un nuevo lugar, PN le pidió a un médico que interrumpiera su embarazo, pero se le dijo que podría perder la vida durante el procedimiento.

PN dijo que tenía 17 años cuando huyó por primera vez al Reino Unido después de que su abuela fuera asesinada a causa de su sexualidad. “Me quedaba con mi abuela y la gente conocía mi sexualidad, así que me hacían daño a mí y a la chica con la que estaba. Luego le quitaron la vida a mi abuela porque me conocían”, dijo. “Murió a causa de mi sexualidad. Me buscaban y yo me escapé y encontraron a mi abuela allí en nuestra casa, cuando regresé mi abuela estaba acostada, muerta”.

corrective-rapeDesde que regresó a Uganda, PN dijo que ha quedado aterrorizada de que la misma gente la encuentre. Durante su estancia en Uganda ha sido apoyada financieramente por el grupo Movement for Justice, con sede en el Reino Unido, y emocionalmente por la organización benéfica Sexual Minorities Uganda.

Karen Doyle, organizadora nacional del Movimiento por la Justicia, dijo a The Independent que el sistema de vía rápida que vio a PN deportado es un “escándalo a la par de Windrush. “Miles de solicitantes de asilo que fueron sometidos a un proceso injusto y que ahora mismo podrían estar viviendo con miedo, encarcelados o asesinados”, dijo Doyle.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Protesters-outside-Uganda-009-460x214Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Informe de ILGA sobre la homofobia de Estado en 2019: pequeños avances, pero persistencia de importantes amenazas

Miércoles, 27 de marzo de 2019
Comentarios desactivados en Informe de ILGA sobre la homofobia de Estado en 2019: pequeños avances, pero persistencia de importantes amenazas

6919BB9A-4224-48B9-9807-ADA250256088Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

ilga_mapa_leyes_sobre_orientacion_sexual_mundo_2019-600x429

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

 Fuente ILGA, vía Dosmanzanas

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El 63% de los países africanos criminaliza a la comunidad LGTBI

Jueves, 7 de marzo de 2019
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Watch-Nigerias-Cure-For-Gays-by-Ikenna-on-Whats-Up-Africa.JPG5_La mayor parte de África reconoce derechos humanos como la salud o la educación para todos pero el colectivo LGTBI continúa siendo excluido 

Prácticamente el 63% de los países africanos (34 de 54) criminaliza la homosexualidad. Hay que tener presente que aún se aplica la pena de muerte en Mauritania, Sudán, Somalia y el norte de Nigeria, la cadena perpetua en Tanzania, Uganda y Sierra Leona, y se ejecutan enormes condenas en Malawi, Gambia, Senegal y Kenia.

En los países donde sí se protegen los derechos del colectivo LGTBI también hay un aumento de incidentes violentos como en Sudáfrica y, en el caso de Cabo Verde, ha habido denuncias de parejas homosexuales que no reciben la misma protección social que las parejas heterosexuales.

Hay muchos estudios que demuestran las pérdidas que implican la exclusión de personas LGTBI en derechos fundamentales como la educación, la salud o el empleo. El descenso en el aporte de creatividad, talento y productividad por parte de este colectivo desemboca en importantes obstáculos en el crecimiento social, económico y político del país.

Sin embargo, a pesar de las dificultades hay que valorar los esfuerzos de las personas y organizaciones que siguen luchando por los derechos LGTBI en África, como por ejemplo, Freedom and Roam, de Uganda, la Coalición de Gais y Lesbianas de Kenia o el Centro de Investigaciones sobre la Población Africana y la Salud que continúa tratando de saber con exactitud las causas de la exclusión de este colectivo. Además han salido al mercado libros como She Called Me Woman: Nigeria’s Queer Women Speak o películas como Rafiki, que cuentan con claridad la realidad LGTBI de África.

Ruanda es uno de los países que ha apostado de manera decidida por defender los derechos de la comunidad ya que es el único país de África oriental y central y el sexto del continente en firmar la declaración conjunta de la ONU que condena la violencia contra la población LGTBI.

Fuente Cáscara Amarga

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Una mujer de Uganda «renuncia» a su condición de lesbiana en televisión y una activista replica que «la religión es un veneno»

Jueves, 2 de agosto de 2018
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hqdefaultLa declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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Los refugiados de un campamento de Kenia temen por sus vidas tras celebrar el Orgullo LGBT

Viernes, 22 de junio de 2018
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kakuma-pride-gofundme-imageTras celebrar por primera vez el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma, sus organizadores temen pro sus vidas después de varias amenazas publicadas en los tablones de anuncios de un campamento en el que conviven con personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron, de las que no tienen la adecuada protección.

Situado al noroeste de Kenia y establecido en 1992 por la Agencia de Refugiados de los Estados Unidos, Kakuma es uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde se celebra por primera vez el Orgullo LGBT el pasado sábado, 16 de junio, con la asistencia de alrededor de 600 personas. Mbazira Moesa, refugiado ugandés y uno de los organizadores, asegura que, junto con sus compañeros, teme ahora por su vida, después de una serie de amenazas que han aparecido en los tablones de anuncios de todo el campamento.

«Abandonad el campo» o «Vamos a mataros uno por uno» son algunos de las amenazas a los refugiados LGBT de Kakuma, cuyo origen no se ha podido confirmar. Con una población acumulada de aproximadamente 185.000 personas, sumando las que conviven en Kakuma y el Asentamiento Integrado Kalobeyei, los refugiados y solicitantes de asilo provienen de 19 países, aunquela mayoría son de Sudán del Sur que, que junto con los de Somalia y Etiopía, son intolerantes con la homosexualidad. El objetivo de Moesa y sus compañeros de Refugee Flag Kakuma era disipar «la ignorancia» y los «mitos» sobre los miembros del colectivo LGBT existentes entre los residentes del campamento, «poblado principalmente por colonos y refugiados islámicos», lo que explica que una lesbiana y una persona transgénero fueran agredidas y sufrieran «lesiones graves», a pesar de que la concentración había sido «enorme».

«Siento que estoy bajo constante amenaza», declara Moesa, explicando que la vida en Kakuma es «una situación calamitosa» para los refugiados homosexuales debido a las «constantes persecuciones» y la «falta de protección adecuada». A sus 25 años de edad, esa misma persecución le lleva a abandonar Uganda en 2016, después de múltiples arrestos y palizas por parte de la policía debido a su orientación sexual. Tras huir a Nairobi, en septiembre de 2016, es trasladado al campo de refugiados de Kakuma en febrero de 2017, tras contactar con la agencia de la ONU solicitando el estatuto de refugiada. Asegura que su situación no ha mejorado demasiado desde entonces.

«Muchas personas que se enfrentan a la persecución y violencia en el hogar debido a su orientación sexual o identidad de género terminan en centros de refugiados rodeados de personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron (…). Los sistemas establecidos a menudo no están equipados para proporcionar la protección necesaria. La situación se puede agravar en un lugar como Kenia, que tiene leyes contra la sodomía (…). Estos refugiados necesitan protección inmediata para que puedan vivir sin temor a la violencia», declara Maria Sjodin, subdirectora ejecutiva de OutRight Action International, una organización de derechos humanos LGBTQ.

En la actualidad, hay 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, incluidos 25,4 millones de refugiados y 3,1 millones de solicitantes de asilo, según los últimos datos de la ONU. Sin embargo, no existe un registro del número de refugiados LGBTQ y solicitantes de asilo debido a su orientación sexual o identidad de género. El Centro de Refugiados de los Estados Unidos ha declinado hacer ninguna declaración sobre estas amenazas ni sobre la situación de los refugiados LGBT.

Fuente Universogay

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Los refugiados ugandeses LGTBI del campo de Kakuna en Kenia también celebrarán el Orgullo

Sábado, 16 de junio de 2018
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kakuma-pride-gofundme-imageEste sábado 16 se celebrará el Orgullo LGTBI en el campo de refugiados de Kakuna, en Kenia, en donde se acoge, entre otros, a cientos de ugandeses que han debido huir de la fuerte represión que sufren por razón de su orientación sexual o identidad de género. Una celebración con la que quieren expresar su deseo de poder vivir en libertad e igualdad, pero que se ven obligados a conmemorar al margen del resto de refugiados, que también les discriminan y agreden debido a su condición de personas LGTBI.

Cientos de ugandeses LGTBI se han visto obligados a huir de su país debido a las brutales leyes represoras existentes, que el Gobierno no ceja de intentar agravar aún más. Muchos de ellos han buscado asilo en la vecina Kenia, que acoge en sus campos a refugiados de varios países del entorno, en su mayor parte por razones de represión política.

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En uno de ellos, Kakuna, los refugiados LGTBI ugandeses han decidido celebrar el Orgullo como se hace alrededor de todo el mundo, algo que sus propios compatriotas residentes en Uganda no podrán realizar. Sin embargo, deben enfretarse a grandes dificultades, entre ellas la de tener que protegerse de los demás habitantes del campo, hasta el punto de haberse visto a obligados a rodear el recinto donde celebrarán el Orgullo con empalizadas de arbustos espinosos, en prevención de los posibles ataques de los LGTBfobos. Así lo describen en su petición de apoyo publicada en GoFundMe:

Las personas LGBTIQ de campo de refugiados de Kakuma queremos celebrar este año el primer Día del Orgullo desde que salimos de nuestro país de origen y buscamos asilo en Kenia, debido al proyecto de ley «Kill the Gays», que fue aprobado por el presidente en 2014.

Vamos a celebrar este primer evento de Orgullo en nuestras instalaciones en el campo. Nos entristece no tener la oportunidad de celebrarlo en público con los demás refugiados, debido a su hostilidad hacia nuestra identidad de género, su odio, homofobia, injusticia, desigualdad, discriminación y prejuicios hacia nosotros.

Con sus escasos medios, han confeccionado algunos carteles que han colocado alrededor de todo el campo. Pero también han pedido la colaboración y ayuda económica necesaria para quienes tienen casi menos que nada. Buscan reunir 1.500 dólares (unos 1.280 euros) para que ese día pueda ser, además de una reivindicación, una fiesta, tal como acontece a lo largo de todo el mundo. Llenos de honradez, han publicado la lista de sus necesidades y su coste, en la que destaca que la principal de esas urgencias sea la comida. Afortunadamente, según podemos comprobar en GoFundme, parece que se ha conseguido reunir el dinero necesario. Les deseamos que la celebración transcurra en paz y que su situación sea resuelta de la mejor forma y en el menor plazo posible.

Su lucha y empeño son la demostración de que el Orgullo LGTBI es hoy más necesario que nunca.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir una ley que endurecería el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha por sus derechos. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Paralizan la deportación a Uganda de Gloria Namuzungu tras una protesta en Qatar Airways

Jueves, 31 de mayo de 2018
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dewoij2w4aeksakTras una protesta en el mostrador de Qatar Airways, el Ministerio de Interior cancela la deportación de Gloria Namuzungu, a quien habían rechazado su solicitud de asilo, dándole sólo tres días para recurrir esta decisión antes de su deportación a Uganda, donde se enfrentaba a la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel. Una situación a la que se enfrentan otras personas en el Reino Unido.

Tras rechazar su solicitud de asilo en el Reino Unido y después de cuatro días detenida en Yarls Wood, las autoridades notifican a Gloria Namuzungu, de 22 años de edad, que tiene 72 horas para reclamar contra esta resolución por la que se enfrenta a la deportación de vuelta a su país de origen, Uganda, donde solo le espera la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel debido a su orientación sexual. Ni se le habría dado el suficiente tiempo para demostrar el riesgo que corre volviendo a su país ni estarían siguiendo el protocolo habitual en estos casos, según los activistas que la defienden. Tras iniciar una campaña solicitando la cancelación de su deportación en Change.org, prevista para este martes, 29 de mayo, organizan un acto de protesta en el mostrador de Qatar Airways en los almacenes Harrods de Londres, que ha llevado a que el Ministerio del Interior ha terminado rectificando.

«El gobierno habla con orgullo de su récord de igualdad LGBT y, aun así, envía personas LGBT de forma rutinaria a países donde enfrentan abusos y persecución (…). G no está sola, hay personas LGBT que luchan por sus vidas en centros de detención en todo el Reino Unido (…). Los solicitantes de asilo LGBT se enfrentan a un sistema racista que trata a todos como si fueran mentirosos. Si los gobiernos declaran que el compromiso con los derechos LGBT es más que palabras vacías, G debe permanecer», asegura un portavoz de Movement for Justice. No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones. El año pasado, a un jugador de fútbol, Abbey Kyeyunele rechazaban el asilo por no haber demostrado que suficientemente que era homosexual, siendo deportado el 10 de mayo de 2017, mientras que hace siete meses otra refugiada, Nneka Obazee, intentaba suicidarse ante la posibilidad de ser deportada de vuelta a Nigeria.

«Gloria es un miembro activo de la comunidad de Leeds. Ella es una voluntaria muy querida y trabajadora en Rainbow Junktion Pay, ya que siente que el café comunitario ha expresado su angustia y preocupación por su seguridad», declara un representante de Leeds No Borders, un grupo que lucha contra las deportaciones de inmigrantes. En abril de este mismo año, el Gobierno de Uganda debate la posibilidad de reintroducir una ley contra las personas homosexuales mediante la que podrían confinarlas a la cárcel de por vida. Mientras que el gobierno de Theresa May lamenta la herencia colonialista en lo que respecta a las leyes homofóbicas, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se adelantaba en diciembre, yendo bastante más lejos al asegurar que son los colonizadores quienes introducen la homosexualidad en el continente africano, una idea que está ampliamente extendida en Uganda, donde todavía se practican las violaciones correctivas.

«Este no es un caso aislado y también hay otras dos mujeres en el mismo vuelo que son deportadas a Filipinas que no cuentan con el apoyo de la comunidad y están igual de aterrorizadas (…). Haremos todo lo posible para seguir resistiendo la agenda institucionalmente racista del ambiente hostil de este gobierno y exigiremos que Qatar Airlines se niegue a llevar a las tres mujeres. Nadie es ilegal», explicaba Emily Jennings, amiga de Namuzungu, durante la protesta. Asimismo, un abogado especializado en inmigración, señala las dificultades que las personas homosexuales tienen a la hora de expresar con naturalidad su orientación sexual debido a la represión a la que están acostumbradas, lo que contribuye a que las autoridades no las vean como personas homosexuales y les sometan a interrogatorios intrusivos y humillantes sobre su vida sexual».

Fuente Universogay

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Los activistas LGTB denuncian que las relaciones homosexuales están penalizadas en el 70 % de los países de la Commonwealth

Miércoles, 25 de abril de 2018
Comentarios desactivados en Los activistas LGTB denuncian que las relaciones homosexuales están penalizadas en el 70 % de los países de la Commonwealth

2018-04-12_6_757721Ampliamos la noticia que ayer mismo publicábamos… Con ocasión de la reunión en Londres de los jefes de Gobierno de los 53 países que componen la Commonwealth (o Mancomunidad de Naciones), los defensores de los derechos LGTB han reclamado que se tomen medidas para que se despenalicen las relaciones homosexuales en todos esos territorios. En 36 de esos países, la homosexualidad está castigada con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua, en su mayor parte como herencia de la legislación vigente en el entonces Imperio Británico del que formaban parte. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado de «equivocada» esta penalización histórica, y ha solicitado a los representantes de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones la derogación de las leyes discriminatorias.

Durante la semana del 16 al 22 de abril, se ha celebrado en Londres la reunión bienal de los jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (también conocida por Commonwealth). Aprovechando la ocasión, los activistas que defienden los derechos LGTB han organizado manifestaciones en protesta por las legislaciones que condenan las relaciones homosexuales en 36 de los 53 países integrantes.

peter-tatchell-300x155Peter Tatchell, uno de los organizadores de las protestas, resumía así la situación: «La Commonwealth es un bastión de la homofobia. El 70 % de los estados miembros tienen leyes homófobas y no protegen a las personas LGTB contra la discriminación y los crímenes de odio. La cumbre bienal de la Commonwealth se ha negado durante décadas a debatir, y mucho menos apoyar, la igualdad LGTB. Este año no es diferente. Una vez más, los derechos LGTB han sido excluidos de la agenda de los mandatarios». El activista reclamaba que los jefes de Gobierno de la Mancomunidad «pongan fin a la persecución de más de cien millones de ciudadanos LGTB sancionada por el Estado».

theresa-may-300x155Aunque, efectivamente, ningún debate sobre los derechos LGTB estaba programado, la primera ministra británica sí quiso hacer alguna referencia al respecto en su discurso de apertura de la cumbre del pasado día 17 de abril. Ante los jefes de Gobierno de los 53 países miembros de la Commonwealth, Theresa May condenó con contundencia las leyes que castigan las relaciones homosexuales, reconociendo la responsabilidad de la herencia británica. Según la mandataria, «a lo largo de todo el mundo, leyes discriminadoras creadas hace muchos años continúan afectando a la vida de mucha gente, al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, o no protegiendo a mujeres y niñas. Soy muy consciente de que, a menudo, esas leyes fueron implementadas por mi propio país. Estaban equivocadas entonces y están equivocadas ahora».

May se felicitaba porque los tres últimos países en despenalizar las relaciones homosexuales sean miembros de la Commonwealth, pero también estimaba que «aún queda mucho por hacer. Nadie debería enfrentarse a persecución o discriminación por quién es o a quién ama. Y el Reino Unido está dispuesto a apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar la legislación obsoleta que hace posible tal discriminación». Efectivamente, desde la última cumbre celebrada en Malta en 2015, las relaciones homosexuales se han despenalizado en Belice, Nauru y las Seychelles. La primera ministra no ha incluido a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema ha declarado recientemente inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad, pues el dictámen no será firme hasta dentro de tres meses.

boris-johnson-300x155También ha efectuado declaraciones sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que quiso dar repuesta a las reclamaciones efectuadas por el saltador olímpico Tom Daley tras conseguir la medalla de oro en los campeonatos de la Commonwealth celebrados este mes. Daley había expresado su deseo de que todas las personas LGTB de los países miembros pudieran vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. En una entrevista radiofónica, Johnson se comprometió a utilizar su influencia para tratar de que cambiaran las actitudes entre los distintos mandatarios, si bien, aclaraba, «no pretendo que esas actitudes vayan a cambiar de un día para otro». Sin embargo, hizo alusión a un reciente encuentro con un jefe de Gobierno de un país de la Commonwealth, que no quiso concretar, en el que, según sus palabras «me tomé el asunto con absoluta pasión», prometiendo que habría más noticas próximamente. El ministro quiso remarcar que «el Reino Unido defiende sus valores en la Commonwealth, y en todos los foros defendemos los derechos LGTB y enarbolamos su bandera en todas nuestras embajadas».

Los críticos, sin embargo, alegan que, cuando hay intereses comerciales o estratégicos de por medio, los derechos LGTB quedan automáticamente al margen. Sería deseable que se implementaran medidas diplomáticas y políticas útiles, y que no quedara todo en discursos de buenas intenciones y reivindicaciones puramente simbólicas.

La penalización de las relaciones homosexuales en los países de la Commonwealth y las excolonias británicas

Del total de 53 países miembros actuales de la Commonwealth, en 36 se penalizan las relaciones homosexuales con penas de cárcel, en la mayoría de ellos como herencia de la legislación británica. La duración de las penas oscila entre varios meses y la cadena perpetua. En algunos de los países, las leyes penalizadoras se han agravado por la adaptación de sus códigos penales a la doctrina islámica, llegando incluso a implementarse la pena de muerte:

  • Antigua y Barbuda
  • Bangladés
  • Barbados
  • Botsuana
  • Brunéi
  • Camerún
  • Dominica
  • Gambia
  • Ghana
  • Granada
  • Guyana
  • India
  • Jamaica
  • Kenia
  • Kiribati
  • Malaui
  • Malasia
  • Mauricio
  • Namibia
  • Nigeria (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
  • Pakistán (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
  • Papúa Nueva Guinea
  • Islas Salomón
  • Samoa
  • San Cristóbal y Nieves
  • San Vicente y las Granadinas
  • Santa Lucía
  • Sierra Leona
  • Singapur
  • Sri Lanka
  • Suazilandia
  • Tanzania
  • Tonga
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Zambia

En los otros 17 países se han derogado las leyes penalizadoras (entre paréntesis, la fecha de la despenalización):

  • Australia (en 1997 se despenalizó en el último territorio, Tasmania)
  • Bahamas (1991)
  • Belice (2016)
  • Canadá (1969)
  • Chipre (1998, en 2014 en la República Turca del Norte de Chipre)
  • Fiyi (2010)
  • Lesoto (2012)
  • Malta (1973)
  • Mozambique (2015)
  • Nauru (2016)
  • Nueva Zelanda (1986, en 2007 en la provincia autónoma de Tokelau).
  • Reino Unido (en 1967 en Gales, en 1980 en Inglaterra, en 1982 en Escocia y en 1983 en Irlanda del Norte. En 2001 se despenalizó en los últimos territorios: Islas Pitcairn; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña)
  • Ruanda (1980)
  • Seychelles (2016)
  • Sudáfrica (1998)
  • Trinidad y Tobago (2018, pendiente de firmeza de la resolución de la Corte Suprema)
  • Vanuatu (2007)

Este es el mapa de los países de la Mancomunidad de Naciones según su legislación sobre las relaciones homosexuales (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

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Pero la herencia de la legislación homófoba británica también ha dejado huella en otros países cuyos territorios, total o parcialmente, pertenecieron en su día al Imperio Británico y no forman parte de la Mancomunidad de Naciones. También en este caso, en algunos de ellos la penalización de las relaciones homosexuales se ha visto agravada por la adaptación de sus códigos penales a las leyes islámicas, hasta incluso implementar la pena de muerte:

  • Bután
  • Catar (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
  • Egipto (las leyes no castigan explícitamente las relaciones homosexuales, pero son frencuentes las detenciones de personas LGTB utilizando la legislación contra la indecencia)
  • Emiratos Árabes Unidos (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
  • Irak (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica por parte de tribunales locales o actores no formalmente estatales)
  • Islas Cook (territorio asociado a Nueva Zelanda)
  • Kuwait
  • Maldivas
  • Myanmar
  • Omán
  • Palestina/Franja de Gaza
  • Somalia (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
  • Sudán (castigadas hasta con la pena de muerte)
  • Sudán del Sur
  • Yemen (castigadas hasta con la pena de muerte)
  • Zimbabue

La homosexualidad no está penada tan solo en cinco países cuyos territorios han formado parte de colonias británicas y no pertenecen a la Commonwealth (entre paréntesis el año de despenalización):

  • Baréin (1976)
  • Irlanda (1993)
  • Israel (1988)
  • Jordania (1951)
  • Nepal (2007)

Fuente Dosmanzanas

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El gobierno británico reconoce su responsabilidad en el homofóbico legado histórico de la era colonial

Lunes, 23 de abril de 2018
Comentarios desactivados en El gobierno británico reconoce su responsabilidad en el homofóbico legado histórico de la era colonial

theresa-may-an103106230epa05433683La Primera Ministra británica, Theresa May, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconocen en la Cumbre de la Commonwealth la responsabilidad del Reino Unido en el homofóbico legado histórico de la era colonial, comprometiéndose a luchar por la derogación de las leyes contra la homosexualidad que todavía están vigentes en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. 

A sus 23 años de edad, Thomas Daley, se hace con la medalla de oro en salto de trampolín en los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018 el pasado domingo, 15 de abril, en Australia, aprovechando para alzar la voz por la comunidad LGBT al lamentar que todavía hoy en día se persiguen las relaciones homosexuales en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. Un gesto que ha tenido respuesta tanto por parte de la Primera Ministra británica, Theresa May, como del Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconociendo ambos el homofóbico legado histórico que los británicos han dejado en las antiguas colonias. «Me siento muy afortunado de poder ser quien soy abiertamente sin preocupaciones. Espero que algún día los atletas de todas las naciones en la Commonwealth puedan competir libremente siendo quienes son también», publica en su cuenta de Twitter el atleta, abiertamente homosexual desde 2013.

«Leyes discriminatorias hechas hace muchos años continúan afectando a las vidas de personas en todo el mundo, criminalizando relaciones de personas del mismo sexo ( …). Soy muy consciente de que estas leyes a menudo fueron implementadas por mi propio país. Estaban mal entonces y lo están ahora», declara May este martes, 17 de abril, en la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (CHOGM por sus siglas en inglés: Commonwealth Heads of Government Meeting) que tiene lugar esta semana en Londres, expresando su arrepentimiento por el papel que el Reino Unido ha tenido en las «leyes de sodomía» que todavía se aplican en las antiguas colonias británicas, asegurando que su gobierno está dispuesto a apoyar la reforma contra la discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en las antiguas colonias.

«Si permites a la gente vivir su vida como ellos elijan y expresar su amor como quieran, entonces se darán cuenta de que se puede conseguir mayores éxitos económicos como consecuencia», declara Johnson al día siguiente, 18 de abril, respondiendo de esta manera también a Daley y secundando las declaraciones de May, asegurando su intención de defender los derechos de las personas homosexuales en la cumbre de la Commonwealth. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, «Este legado extranjero», las leyes que castigan la homosexualidad se introducen en Asia, África, Oriente Medio, el Pacífico y el Caribe bajo el dominio colonialista británico, contribuyendo al clima de hostilidad, violencia y discriminación contra los miembros del colectivo LGBT que perdura todavía hoy en día, particularmente en países como Ghana, Sri Lanka, Malasia, Kenia, Birmania, Nigeria, Uganda, Jamaica y los países del Caribe Oriental.

Reconocer el peso de su homofóbico legado contribuye a motivar a otras países a seguir el ejemplo de Belice, última de las antiguas colonias en las que se han derogado las leyes contra la homosexualidad, que asimismo ha servido de modelo a Trinidad y Tobago, cuyo Tribunal Supremo acaba de declararlas anticonstitucionales, como también los tribunales de India y Kenia se encuentran actualmente valorando sobre su proceder en este sentido. Sin embargo, organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales consideran que May debería presionar a los jefes de gobierno para reformar esas leyes antes de que se pronuncien los tribunales, devolviendo la dignidad y la igualdad ante la ley a los miembros de la comunidad LGBT que integran la Commonwealth.

Fuente Universogay

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Activistas LGTB ugandeses plantan cara para celebrar el Orgullo 2018

Jueves, 5 de abril de 2018
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uganda-1758988_960_720Las organizaciones LGTB de Uganda tienen la esperanza de poder celebrar este año 2018 actos para conmemorar el Orgullo, tras dos años consecutivos en los que dicha celebración ha sido reprimida por las autoridades. Si lo consiguen, sería la primera celebración del Orgullo en dicho país desde el año 2015.

En 2016 el evento fue brutalmente reprimido. Dotaciones de policía irrumpieron en un local donde tenía lugar una de las celebraciones, agredieron a los asistentes y detuvo a varios activistas. Un joven sufrió heridas graves al intentar escapar. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, fue detenido junto con otros activistas. El Orgullo 2017 tampoco pudo llevarse a cabo: las amenazas por parte de Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad, obligó a sus organizadores a cancelarlo. Lokodo amenazó a los participantes con detenciones masivas e incluso agresiones físicas. De hecho, no ha sido este el único evento LGTB cuya celebración ha sido impedida o reprimida en los últimos años. También lo han sido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Queer de Kampala 2017 y un evento de sensibilización sobre el VIH que había de tener lugar el pasado febrero.

No obstante, Isaac Mugisha -coordinador de Pride Uganda- tiene una visión optimista respecto al Orgullo de este año. “La situación ahora es muy diferente a la de los años anteriores. Por aquel entonces, solo contábamos con unos pocos activistas LGBT. Ahora nos encontramos con cientos de personas que quieren celebrar el Orgullo”, ha declarado. Mugisha afirma que el objetivo prioritario es construir puentes con aliados entre la población heterosexual, continuar el diálogo con los cuerpos policiales para evitar redadas durante las celebraciones de este año e incluso buscar apoyo institucional. Según Mugisha, el ministro Lokodo está cada vez más aislado en su discurso LGTBIfóbico.

Sí parece que el colectivo LGTB de Uganda cuenta ahora con aliados entre el resto de la población. De hecho, diversos locales de la capital del país, Kampala, han manifestado su intención de facilitar la organización del Orgullo de este 2018. Según Mugisha, el objetivo es conseguir más de estos aliados. Los activistas ugandeses llevan tiempo tratando de facilitar el entendimiento hacia la comunidad LGBT por parte del resto de la población e instituciones, entre ellas la policía y la judicatura.

No obstante, a pesar de los esfuerzos para sensibilizar a las instituciones del Estado, aún persiste mucha discriminación y represión hacia las personas LGTB en Uganda. Actualmente, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son castigados con penas de cárcel, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. No obstante, los autores del “delito” deben ser sorprendidos en el acto, aunque desde el activismo se ha venido denunciando la práctica de los exámenes anales por parte de la policía ugandesa para establecer la “culpabilidad” de un acusado de homosexualidad.

La “ley anti-homosexualidad” de 2014: un punto de inflexión

presidente-uganda-castiga-homosexualidad-perpetua_ediima20140224_0627_4Un importante punto de inflexión para el colectivo LGTB ugandés fue, irónicamente, la aprobación de la “ley anti-homosexualidada finales de 2013, posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Dicha ley, cuyo borrador inicial incluía la pena de muerte, ampliaba las actividades sujetas a persecución y prohibía también la denominada “promoción de la homosexualidad”, lo que hacía virtualmente imposible la existencia de organizaciones que defendiesen los derechos de las personas homosexuales. La ley castigaba incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denunciasen a las autoridades.

Según afirma Mugisha, la aprobación de dicha ley trajo cambios positivos: “fue el momento en que la población ugandesa se dio cuenta de que las personas LGBT existían. Hasta entonces, creían que era algo occidental, pero el gobierno aprobaba una ley sobre personas que, según el propio gobierno, no existían”.

Dicha ley fue anulada al cabo de pocos meses por la Corte Constitucional de Uganda por un defecto de forma, pero la consciencia ya había despertado entre el colectivo LGTB del país. Según Mugisha, esta ley “hizo que mucha gente abriera su mente respecto al tema. Muchas personas LGBT salieron del armario, bares de ambiente se abrían en Kampala. La gente se volvió valiente. Algunos abogados nos defendían, la comunidad internacional enfureció”. Algo había cambiado en la sociedad ugandesa, y las personas LGTB no querían echarse atrás.

Objetivo: Orgullo 2018

Los activistas LGTB ugandeses buscan ahora plantar cara a la ley de orden público de 2013, que es la que se ha utilizado en ocasiones anteriores para reprimir las marchas del Orgullo, pero también a la ley que prohíbe de facto la libertad de expresión y asociación del colectivo LGTB, a través de la disolución forzosa de todas las organizaciones que luchen por los derechos del colectivo.

Mugisha cree que el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible, pero también apunta a que el cambio debe venir de los propios ugandeses. La presión exterior, aunque necesaria, debe ser moderada e ir acompañada de cambios internos, para evitar causar más daño a las personas LGTB que se encuentran en el país.

El objetivo de los valientes activistas LGTB ugandeses no es simplemente poder celebrar una fiesta. Quieren que la celebración del Orgullo sea un auténtico revulsivo que sirva para cambiar la situación a largo plazo, mejorando las vidas de las personas no heterosexuales y de las personas trans en Uganda.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, el año pasado el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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`The best day of my life´ : Por la conquista de los derechos. Seis historias de superación en el World Pride de Madrid

Martes, 20 de marzo de 2018
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documental_orgulloFernando González Molina dirige este emocionante documento sobre cómo se vive la diversidad sexual a través del relato de varios protagonistas de distintas partes del mundo que se encuentran en el World Pride de Madrid.

Algunos de sus protagonistas residen en países donde la homosexualidad es ilegal y en Madrid pudieron por primera vez vivir en libertad la celebración del Orgullo.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, asistió en el cine Callao City Lights al preestreno de The best day of my life, el primer documental del director Fernando González Molina, que narra la historia de lucha y superación de seis personas LGTB que convergen en Madrid durante la celebración del World Pride el pasado año. Junto a ella y el director, estuvieron el cantante y compositor Antonio Orozco y los protagonistas de la cinta.

1520880373_582884_1520885777_sumario_normal-600x261 Un documental no se rige por los mismos códigos que una película de ficción, eso eso lo sabemos todas porque nos pasamos la vida delante de los docurealities de DKiss. Por eso mismo, porque narrativamente es un lenguaje diferente The Best Day Of My Life, te va a encantar.

Producido por SundanceTV y EL PAÍS, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, cuenta en 90 minutos la historia de seis personas de distintos países, -España, Rusia, Uganda y Francia-, que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso en un escenario con un único protagonista: Madrid, sede de la celebración del WorldPride 2017. Algunos de ellos residen en países donde la homosexualidad es ilegal y en Madrid pudieron por primera vez vivir en libertad la celebración del Orgullo.

foto-1366x768-600x337Abril y Geena.

Con la excusa del encuentro entre seis personas pertenecientes al colectivo LGTBI+ de diferentes puntos del globo terráqueo en el World Pride Madrid 2017, The Best Day of My Life narra la historia de Nick y Max, pareja homosexual rusa, obligada a hacerse pasar por primos para poder vivir su amor con libertad. De Ruth Muganzi, ugandesa, lesbiana y activista que se juega la libertad cada día en su país, ya que el gobierno ugandés promulgó una ley criminalizando a las minorías sexuales gracias a la cual el reconocimiento público de su lesbianismo puede suponerle hasta siete años de prisión. De Timo, saltador de trampolín parisino, sordo de nacimiento, que participó en los Juegos del Orgullo durante la celebración madrileña y demuestra cada día que es capaz de superar cualquier obstáculo. Y también dos historias nacionales: Abril Zamora, actor y dramaturgo, que inicia la transición de género. Junto a él, Geena, almeriense, actriz transexual que ya ha completado todas las etapas de su reasignación de sexo.

ruthhhhh-300x225Ruth. Salir del armario en Uganda es jugártela de verdad.

Aunque The Best Day Of My Life se centra, con buen tino, en la historia de la transición de Geena y Abril, es muy de resaltar los casos de Nicolai y Max y de Ruth. Si ser homosexual o lesbiana en España y Francia es peliagudo pero, a no ser que vivas en un pueblo de las montañas como Villacantajos del Manillar, no tienes tampoco demasiados problemas, vivir tu homosexualidad es complicado en países como Rusia donde eres perseguida por ir de la mano con alguien de tu mismo sexo. Y ya no digamos Uganda, donde por ser lesbiana u homosexual corres un serio peligro de muerte. La historia de la ugandesa Ruth es la de muchísimos hombres y muchísimas mujeres de África que, homosexuales, son víctimas de multitud de crímenes por lo que se ven obligados a vivir ocultos y con miedo.

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Tras la cámara, Fernando González Molina, uno de los directores españoles con más éxito de taquilla, ya que con cada una de sus cuatro primeras películas ha logrado superar el millón de espectadores en salas de cine. Fuga de cerebros –Premio del Público en el Festival de Málaga-, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Palmeras en la nieve –una de las diez películas españolas más taquilleras de la historia- y El guardián invisible, llevan su firma.

Es de destacar también el relato de Timothy, el chico francés sordo; donde, curiosamente, hace más hincapié en su frustración como persona con discapacidad que como homosexual. Dado que su ser gay está muy aceptado y normalizado en su entorno, lo que le causaba realmente tristeza y depresión era precisamente el no poder comunicarse como los demás. Sus movimientos de manos cuando habla la lengua de signos, acompañados por sus suaves murmullos, susurros y respiraciones, son de lo mejor del documental.

En definitiva, The best day of my life es y debe ser para todos los públicos, un notable largometraje con una buena e inteligente administración de los momentos emocionantes, mezclado con un estupendo sentido de lo que es la militancia y que todo el mundo debería ver.

Fuente Cáscara Amarga/EstoyBailando

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Corea del Sur deniega asilo a una mujer que asegura ser perseguida por su orientación sexual en Uganda

Miércoles, 17 de enero de 2018
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krgEl Tribunal Supremo de Corea del Sur alega falta de credibilidad para revocar el estatus de refugiada de una ciudadana de Uganda que había escapado de su país por ser bisexual.

Una ciudadana de Uganda entra como estudiante de idiomas en Corea del Sur en febrero de 2014, donde solicita el asilo como refugiada alegando que podría ser arrestada o asesinada en su país de origen, donde actualmente se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido denunciada por su orientación sexual por su madrastra. A pesar de que inicialmente se le habría concedido el asilo, el domingo pasado, 7 de enero, la juez Kim Shin, del Tribunal Supremo de Corea del Sur, anula esta decisión citando falta de credibilidad en su testimonio y devuelve el caso un tribunal de Seúl.

«Los testimonios de ella y su compañera sobre cuándo comenzaron su relación no coinciden. Además, es muy raro que haya podido partir hacia Corea a través del aeropuerto de Uganda y cumplir con los trámites necesarios para solicitar una visa como estudiante de idiomas aquí, sin ningún problema (…). No podemos excluir la posibilidad de que la citación presentada, emitida por el gobierno local, y los documentos de su fianza también sean falsos», reclama la juez, que considera que el testimonio de la solicitante carece de coherencia y cuestiona el razonamiento de las afirmaciones mediante las que asegura ser bisexual.

En el segundo juicio del caso, en junio del año pasado, el tribunal dictamina reconocer el estado de refugiada de la solicitante, argumentando que «las minorías sexuales están sujetas a crímenes y discriminación en Uganda», encontrado verosimilitud en su testimonio de que fue atacada sexualmente por un oficial de policía después de haber sido arrestada como sospechosa de ser homosexual. Sin embargo, el Tribunal Supremo percibe «inconsistencias en el testimonio sobre el momento de su primer encuentro sexual», considerando «la posibilidad de que las denuncias de agresión sexual por parte de un oficial de policía sean falsas» y cuestionando asimismo que sea perseguida por su orientación sexual.

Si bien no es la primera vez que un tribunal de Corea del Sur alega falta de verosimilitud para rechazar una solicitud de asilo, esta sería además la segunda ocasión en la que el Tribunal Supremo de Corea del Sur anula un veredicto de un tribunal inferior tras reconocer el estatus de refugiado para un miembro del colectivo LGBT. En julio del año pasado se anula el fallo de un tribunal de apelación que reconoce la condición de homosexual de un ciudadano egipcio de 27 años de edad. «No había anunciado su orientación sexual (…) o participado activamente en actividad relacionada con la homosexualidad», según el juez del Tribunal Supremo, excluyendo de esta manera a cualquier persona que se considere homosexual, pero que no haya mantenido todavía ninguna relación sexual.

Los observadores legales han expresado su preocupación sobre el hecho de que el Tribunal Supremo pueda estar ignorando la naturaleza especial de las solicitudes de refugio basadas en la orientación sexual. Si bien la evidencia en forma de certificados o informes es relativamente fácil de asegurar en casos de persecución política o religiosa, los casos de persecución LGBT se basan en relatos basados en el testimonio del solicitante. «De acuerdo con la lógica del Tribunal Supremo sobre ‘no poder confiar en las declaraciones’, sería extremadamente difícil que se otorguen solicitudes de refugiados LGBT en el futuro», asegura un juez superior de un tribunal local. Uganda intenta introducir actualmente una ley contra la homosexualidad que incluye una disposición sobre la pena de muerte.

Fuente Universogay

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El Lehendakari Urkullu reafirma el compromiso del Gobierno Vasco contra la “discriminación” del colectivo LGTBI

Miércoles, 13 de diciembre de 2017
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20171211191840_rene-cassin-2017-efe_foto610x342El Gobierno Vasco reconoce con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, recogía este lunes el Premio René Cassin 2017de manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. La organización vasca Ortzadar LGTB fue la que propuso en su momento la candidatura de Sexual Minorities Uganda, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB en el continente africano, a pesar de las amenazas y la persecución a la que tienen que hacer frente con frecuencia los activistas que se integran en ella (especialmente en Uganda). La entrega del galardón se enmarcaba en los actos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado domingo 10 de diciembre. Mugisha ha denunciado que “sufrimos discriminación social e institucional. Solo por ser gay, en Uganda puedes ser arrestado y encarcelado”. Por ello, el activista añade que están comprometidos a “no parar hasta lograr la igualdad”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reafirmado este lunes, con motivo de la entrega del ‘Premio René Cassin 2017‘ a la ONG Sexual Minorities Uganda, el compromiso del Gobierno Vasco con la lucha contra la “discriminación” por razón de identidad de género y orientación sexual. “Con este premio reconocemos a todas las personas y entidades que luchan por la dignidad en África y desde África; Euskadi hoy se hermana con todas ellas y muestra su empatía”decía el lehendakari, Iñigo Urkullu, al entregar el Premio René Cassin 2017 a Sexual Minorities Uganda. A la cita celebrada en Lehendakaritza (sede de la presidencia de Euskadi), asistieron todos los consejeros del Gobierno Vasco, además del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y de la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.

El activista trans Víctor Mukasa fue el promotor en 2004 de Sexual Minorities Uganda. Actualmente, la organización está formada por 18 asociaciones que luchan contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Uganda y en el resto del continente africano. El director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha (que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz), recogía el mencionado galardón, acompañado de Diane Sydney Bakuraira (también miembro de la entidad premiada).

Urkullu ha presidido la ceremonia de entrega de este galardón del Gobierno autonómico a Sexual Minorities Uganda, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI en África.

El jurado del ‘Premio René Cassin‘, con el que el Ejecutivo reconoce cada año la labor de personas y entidades en el ámbito de los derechos humanos, ha destacado el trabajo esta organización para denunciar de la situación de la comunidad LGTBI en algunos países de África y en Uganda, en particular, y su defensa del respeto de los derechos de estas personas.

En su intervención, Urkullu ha explicado que este galardón supone un reconocimiento del trabajo de “todas las personas que luchan por la igualdad y el derecho a la no discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.

 “Realidad invisible”

El lehendakari ha reafirmado “la empatía, la solidaridad y el compromiso” del Gobierno Vasco con el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Además, ha mostrado su reconocimiento por la labor que desarrolla Sexual Minorities Uganda para “dar a conocer una realidad que les resulta invisible, desconocida o lejana” a muchas personas.

Urkullu ha recordado que los integrantes de esta organización trabajan en unas condiciones muy “complicadas”, dado que, en países como Uganda, “la diversidad sexual es un delito penado con cadena perpetua”.

El lehendakari ha recordado que el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Dicho artículo añade que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

Historia de la ONG

La ONG Sexual Minorities Uganda se fundó en 2004 por el activista transgénero Victor Mukasa, y está integrada por 18 organizaciones de distinto signo, que luchan por el reconocimiento y el respeto de la dignidad y derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

La situación de las personas LGTBI en algunos países de África es especialmente dramática. En muchos países están perseguidas penalmente, incluso -como en el caso de Uganda- con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Sexual Minorities Uganda brinda espacios seguros a las personas LGBTI; promueve iniciativas vinculadas a su empoderamiento afectivo e identitario; asesora frente a las enfermedades de transmisión sexual; y trabaja en el ámbito de los medios de comunicación y la denuncia social.

El premio ha sido recogido por el director ejecutivo de la entidad, Frank Mugisha, que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Mugisha ha estado acompañado por Diane Sydney Bakuraira, perteneciente también a Sexual Minorities Uganda.

El Premio René Cassin fue creado por el Gobierno Vasco con el fin de “reconocer públicamente la labor de personas físicas o jurídicas que con su actuación contribuyan de manera destacada a la promoción de los valores de los derechos humanos en la sociedad”. El premio es un homenaje a René Cassin, nacido en Bayona en 1887, y al que se le considera el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente EiTB, Portal Irekia del Gobierno Vasco, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

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