Los ugandeses han estado viviendo bajo una brutal ley contra la homosexualidad durante el año pasado.

Por Mira Lazine martes 26 de noviembre de 2024

La semana pasada, el Tribunal Superior de la División Civil de Uganda otorgó 40.000 dólares (el equivalente a 150 millones de chelines ugandeses) a 20 hombres que fueron torturados por la policía después de sus arrestos en 2020 por presunta homosexualidad.

“Afirman que en la mañana de dicha fecha su residencia fue invadida por una turba, entre los que se encontraban los demandados, que los sometió a todo tipo de torturas porque practicaban la homosexualidad”, habría declarado el juez Douglas Singiza.

“Las presuntas acciones de tortura incluyen golpear, golpear, quemar con un trozo de leña caliente, desnudar, atar, morder, realizar un examen anal e infligir otras formas de violencia física, mental y psicológica basadas en la sospecha de que son homosexuales, una acusación que ellos niegan”.

La tortura ocurrió en la aldea de Nkokonjeru en el Ayuntamiento de Kyengera, distrito de Wakiso. Los demandantes trabajaron con el Human Rights Awareness and Promotion Forum (Foro de Promoción y Concientización de los Derechos Humanos), una organización de derechos humanos sin fines de lucro. Presentaron una denuncia de derechos humanos contra el ayuntamiento de Kyengera, el alcalde Abdul Kiyimba, el funcionario principal Philimon Woniala y el fiscal general.

Los arrestos ocurrieron justo después de que el gobierno de Uganda implementara bloqueos por COVID-19.

“Basados en la misma sospecha [de homosexualidad], los solicitantes fueron arrestados, llevados a la comisaría de policía de Nkokonjeru B y acusados de cometer un acto negligente que probablemente propagaría la infección mediante una enfermedad”, dijo Singiza. Señaló que se habían aportado pocas pruebas de violaciones de las leyes antihomosexualidad del país y que las investigaciones carecían de fundamento.

Luego, los hombres fueron enviados a prisión el 31 de marzo de 2020, “donde nuevamente supuestamente fueron golpeados, examinados, acosados y sometidos a discriminación”.

Uganda tiene leyes estrictas contra la homosexualidad. La “Ley Anti-Homosexualidad” de 2023 (AHA23), firmada por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en mayo de 2023, castiga la “homosexualidad agravada“, -incluidos los actos entre personas del mismo sexo que transmiten el VIH- con la pena de muerte e impone cadena perpetua por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales. La ley incluso prohíbe identificarse como LGBTQ+ en Uganda. La ley ha sido condenada rotundamente por organizaciones de derechos humanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Joe Biden e incluso el Papa Francisco.

Recientemente publicábamos que las amenazas de muerte y violación han obligado a un activista heterosexual que defiende a su hermana queer, a huir de Uganda por ley anti-LGBTQ+: “Las consecuencias (de la defensa de LGBTQ+ en Uganda) son aterradoras”, dijo Morris a The Guardián. “Desde que comenzaron estas acusaciones, la gente tiene miedo de que se les asocie conmigo porque corren el riesgo de ser etiquetadas como activista (gay)”.

El Dr. Frank Mugisha, activista de derechos humanos y director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, dijo en X el día del fallo: “Un tribunal de Uganda ha concedido 150 millones de chelines a 20 ugandeses que fueron torturados por presunta homosexualidad durante el confinamiento por COVID, lo que marca una victoria significativa para la comunidad LGBTQ+. Esta decisión se basa en éxitos anteriores, incluido un fallo de 2008 a favor de Victor Mukisa y un fallo favorable contra Rolling Stone, un tabloide ugandés conocido por sus publicaciones dañinas”.

A Ugandan court has awarded Shs150 million to 20 Ugandans who were tortured for alleged homosexuality during the COVID lockdown, marking a significant victory for the LGBTQ+ community. This decision builds on earlier successes, including a 2008 ruling for Victor Mukisa and a…

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) November 25, 2024

“Se ha advertido a los líderes y políticos locales que si golpeas a las personas por su orientación sexual e identidad de género, lo pagas de tu propio bolsillo“, dijo Adrian Jjuuko, director ejecutivo del Foro de Promoción y Concientización sobre los Derechos Humanos de Uganda, en una declaración a Barron’s.

Además de la brutalidad experimentada por las personas LGBTQ+, la Ley Anti-Homosexualidad de Uganda ya le ha costado al país hasta 1.600 millones de dólares en el año transcurrido desde que se convirtió en ley, según un nuevo informe de Open for Business, una coalición de empresas globales dedicadas a Inclusión LGBTQ+.

“Se estima que en los doce meses posteriores a la aprobación de la AHA, Uganda ha sufrido una pérdida económica de entre 470 millones y 1.600 millones de dólares”, según el informe, una suma que representa entre el 0,9% y el 3,2% del producto interno bruto del país ( PIB).

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Ugandahabía llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso más de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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El Pontífice recibe a un grupo de activistas LGTBIQ+, acompañados por la intérprete mexicana de la serie ‘Bebé Reno’y reafirma su apoyo al diálogo y la inclusión.

El papa Francisco ha dado un paso significativo hacia la inclusión al recibir en el Vaticano a Nava Mau, actriz y activista transgénero mexicana conocida por su papel en la serie de Netflix “Bebé Reno“. Este encuentro, que también contó con la presencia de otros seis defensores de los derechos LGTBIQ+ de diversas partes del mundo, marca un hito en la relación de la Iglesia Católica con la comunidad LGTBIQ+.

El papa Francisco ha recibido en el Vaticano a Nava Mau, la actriz transgénero mexicana que se ha hecho popular como parte del elenco de ‘Bebé Reno’, la serie de Netflix en la que interpreta a Teri, la novia del protagonista, Donny. Nominada a los Emmy como mejor actriz de reparto, se encontró con el pontífice en la residencia de Santa Marta, dentro de un grupo de activistas LGTBIQ+, entre ellos, algunos deUganda y Ghana, así como Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión de Protección de Menores, así como la religiosa española sor Lucía Caram.

Nava Mau, de 32 años, compartió en sus redes sociales lo que ha supuesto para ella su encuentro con el Pontífice argentino: “Nunca en mi vida imaginé que estaría sentada al lado del Papa en su residencia, y mucho menos hablar con él durante una hora junto a seis defensores LGBTQ de todo el mundo”, expresó la actriz. Para la intérprete latinoamericana de 32 años, “este año ha estado lleno de momentos que no se sentían reales, todavía no se siente real, y este es uno que definitivamente no estaba en mi tarjeta de bingo”.

Sobre el diálogo mantenido con Francisco, la artista comenta que hablaron de educación, de su trabajo para acompañar a víctimas de la violencia y de “la forma en que la comunidad ha sido mi fe”. En la conversación también hubo hueco para hablar de la serie: “Le hablé sobre Bebé Reno y lo que significaba para tantos millones de personas alrededor del mundo conocer ahora a una mujer trans que está empoderada, dueña de sí misma y amada”. “Le hablé de mi abuela, que era mi mejor amiga y que habría estado muy orgullosa de mí. Ella estuvo allí con nosotros ese día”, relata Mau.

El mensaje del Papa: “Seguid luchando“

Al finalizar el encuentro, el papa Francisco dirigió unas palabras de aliento a Nava Mau y al grupo de activistas presentes. “Nunca olvidaré su bendición”, recoge la actriz en su perfil de Instagram, que desvela que “las palabras de despedida del Papa para nosotros fueron que él nos desea todo el amor y la felicidad que deseamos, y que deberíamos seguir luchando”.

Junto estos comentarios, la actriz denuncia que “mientras vemos un aumento de los ataques políticos contra personas gais y trans en los Estados Unidos, me sorprende su inquebrantable valentía”.

Activistas de Uganda y Ghana: una lucha global

El encuentro también contó con la participación de activistas de Uganda y Ghana, países donde las personas LGTBIQ+ enfrentan leyes que incluso contemplan la pena de muerte por su orientación sexual o identidad de género. Nava Mau destacó la valentía y determinación de estos defensores de derechos humanos, subrayando la necesidad de una lucha conjunta a nivel global: “Su determinación y fe deben guiarnos a todos, porque no somos libres hasta que todos sean libres. Debemos estar juntos en esta lucha“.

Un paso hacia una Iglesia más inclusiva

Este encuentro refleja una apertura por parte del papa Francisco hacia la comunidad LGTBIQ+, alineándose con sus anteriores declaraciones sobre la necesidad de una Iglesia que no ponga límites y que permanezca abierta al diálogo con todos. Aunque la Iglesia Católica aún enfrenta desafíos en su relación con la diversidad sexual, gestos como este representan avances hacia una mayor inclusión y comprensión.

Fuente Vida Nueva/ Agencias

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Nyombi Morris

Nyombi Morris se ha enfrentado a horribles amenazas, incluidas algunas contra su familia, sólo porque apoyaba a su hermana queer.

Por John Russell Domingo, 3 de noviembre de 2024

Un activista climático de 26 años dice que tuvo que huir de Uganda después de enfrentar horribles amenazas debido a su apoyo a los derechos LGBTQ+.

Además de su trabajo con Earth Volunteers, una organización ambiental sin fines de lucro, Nyombi Morris, que se identifica como heterosexual, ha hablado abiertamente sobre los derechos LGBTQ+ en Uganda desde que su hermana fue descubierta y expulsada de la escuela, según The Guardian.

El activismo medioambiental de Morris, sobre todo en las campañas contra el oleoducto de África Oriental (EACOP), ya ha dado lugar a amenazas en el pasado. Pero después de que los periódicos sensacionalistas empezaron a informar falsamente que era gay y que “promovía la homosexualidad”, temió que lo pudieran procesar en virtud de la “Ley Anti-Homosexualidad” de 2023 (AHA23) de Uganda.

La ley, firmada por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en mayo de 2023, castiga la “homosexualidad agravada“, -incluidos los actos entre personas del mismo sexo que transmiten el VIH- con la pena de muerte e impone cadena perpetua por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales. La ley incluso prohíbe identificarse como LGBTQ+ en Uganda

La ley ha sido condenada rotundamente por organizaciones de derechos humanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente Joe Biden e incluso el Papa Francisco.

“Las consecuencias (de la defensa de LGBTQ+ en Uganda) son aterradoras”, dijo Morris a The Guardián. “Desde que comenzaron estas acusaciones, la gente tiene miedo de que se les asocie conmigo porque corren el riesgo de ser etiquetadas como activista (gay)”.

Morris ha sido acusado en línea de utilizar su influencia para “promover ideologías extranjeras” y de reclutar estudiantes de secundaria en “clubes gay” a través de su activismo climático liderado por jóvenes. Las escuelas comenzaron a retirarse de proyectos con Earth Volunteers. Se advirtió a la madre de Morris de que se le había prohibido la entrada a su aldea y luego la policía la interrogó sobre su paradero y confiscó su teléfono. Sus hermanos también han sido suspendidos de la escuela.

El propio Morris recibió una llamada anónima en la que lo amenazaban con violarlo y arrestarlo. Finalmente se ocultó y pudo huir a Dinamarca, donde solicitó asilo, según el guardián. “No puedo regresar a Uganda porque políticamente no estoy en sintonía con el gobierno, y eso me pone en peligro”, dijo Morris.

Roland Ebole, de Amnistía Internacional, que publicó recientemente un informe sobre el efecto paralizador que la ley anti-LGBTQ+ de Uganda ha tenido sobre la libertad de expresión en el país, dijo que el caso de Morris ilustra las consecuencias de largo alcance de la ley. “Debido a la naturaleza punitiva de la Ley Antihomosexualidad, los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos enfrentan la amenaza de ser acusados de ser LGBTQ+, solo para amordazarlos o intimidarlos para que guarden silencio”, explicó Ebole.

“El excesivo celo de las fuerzas del orden para realizar arrestos o procesar estos casos significa que es posible que no se lleven a cabo investigaciones adecuadas”, añadió Ebole. “En algunos casos, la policía utiliza leyes y penas estrictas para extorsionar (a quienes están bajo investigación)”.

Morris dijo que su vida y su trabajo se han detenido mientras espera una decisión sobre su estatus de asilo en Dinamarca. Dijo que su cuenta bancaria ha sido congelada y que apenas puede cubrir sus necesidades básicas con el estipendio proporcionado por el gobierno del país. Pero si bien describió la terrible experiencia como “desafiante”, dijo que está comprometido a continuar con su trabajo.

“No puedo parar ahora”, dijo. “Tengo que ser parte de la solución en materia de justicia climática y derechos humanos, eso es lo que me mantiene adelante”.

Fuente LGBTQNation

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Sharon Slater

Family Watch International de Arizona fue cómplice de la financiación.

Por Greg Owen jueves 26 de septiembre de 2024

Una amplia investigación realizada por el Wall Street Journal  ha descubierto pruebas que vinculan el dinero ruso con un activista estadounidense anti-LGBTQ+ que ayudó a promover las leyes de “matar a los gays” en Uganda y en toda África.

La publicación encontró que una gran infusión de dinero ruso ayudó a financiar una conferencia internacional en Uganda organizada por la activista mormona anti-LGBTQ+ Sharon Slater y su organización Family Watch International, con sede en Arizona, para promover leyes mortales queerfóbicas en el continente.

Los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp y las entrevistas con los asistentes a la conferencia indican que Rusia transfirió 300.000 dólares para ayudar a cubrir los costos del evento de marzo de 2023. La conferencia tuvo lugar en torno a la aprobación de la Ley Antihomosexualidad de Uganda, que sienta un precedente y exige la pena de muerte para los delincuentes homosexuales reincidentes.

Días antes de la conferencia, celebrada en Entebbe, a orillas del lago Victoria, los legisladores del Parlamento de Uganda recibieron un correo electrónico (copiado a Slater, la organizadora de la conferencia) confirmando que la embajada rusa acababa de completar la transferencia de efectivo.

A pesar de la evidencia de lo contrario enviada por correo electrónico, Slater negó cualquier conocimiento de la contribución de Rusia a su campaña anti-LGBTQ+. ella le dijo al Journal que ella y Family Watch nunca tuvieron ninguna participación con el gobierno ruso en ningún tema africano.

También afirmó que Family Watch nunca ha apoyado la legislación anti-LGBTQ en los países africanos y que no era “responsable del tratamiento de los homosexuales según las leyes africanas”.

En la conferencia, los asistentes, entre ellos Slater y representantes de unas 20 naciones africanas, acordaron un conjunto común de principios. Entre ellos había una promesa de prohibir la homosexualidad y otra de definir legalmente el género de una persona como masculino o femenino.

Sumándose a la evidencia de la colusión rusa, meses antes el embajador de Rusia en Uganda se reunió con la presidenta del Parlamento ugandés, Anita Among, instándola a acelerar la aprobación de la ley Kill the Gays en el parlamento, donde fue aprobada abrumadoramente y aplaudida por los legisladores. “Este es el momento en que nos vas a mostrar si eres homosexual o no”, dijo Among ante la cámara repleta.

Leyes similares inspiradas tanto en la legislación draconiana de Uganda, que Slater pasó años ayudando a redactar, como en las leyes de “propaganda gay” del presidente ruso Vladimir Putin, han sido aprobadas o están en vías de ser firmadas en Kenia, Ghana y otras naciones africanas como Burkina Faso.

Slater y Family Watch han pasado décadas difundiendo su versión del odio anti-LGBTQ+ en todo el continente africano con un mensaje que ha resonado entre los aliados que se oponen a los valores occidentales “decadentes”, incluidos los católicos y cristianos de derecha en África y la Iglesia ortodoxa de Rusia.

Los países occidentales y las Naciones Unidas, ha declarado Slater repetidamente, están trabajando para “integrar la homosexualidad y la ideología transgénero en las leyes, políticas y programas de todos los países africanos”.

Después del evento financiado por Rusia, Slater le dijo a la Primera Dama de Uganda, Janet Museveni, en comentarios transmitidos más tarde por la televisión estatal de Uganda: “No puedo expresar el poder que creo que reverberará en toda África, que afectará al mundo entero, a partir de esta conferencia. ”

Retroceso de los derechos LGTBIQ+ en África

A medida que Occidente sigue defendiendo los derechos de las personas LGBTIQ+ tanto dentro como fuera del país, cada vez más naciones africanas han empezado a adoptar una postura LGTBIQ+foba. Además de Ghana, las naciones de Uganda, Kenia y Namibia han aprobado o impulsado leyes contra la sodomía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La continua resistencia de África a la aceptación de los derechos LGTBIQ+ ha llevado a organismos internacionales pro-LGBT y a países como Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial a exigir a los países de la región a progresar en la defensa de los Derechos Humanos o a enfrentarse a consecuencias financieras o económicas.

La junta militar que gobierna Burkina Faso, otro país de África occidental, declaró recientemente que los actos homosexuales son ahora un delito penado por la ley. “De ahora en adelante, la homosexualidad y las prácticas asociadas serán castigadas por la ley”, declaró el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, según la agencia de noticias internacional Agence France-Presse.

En Uganda, la Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Es una de las leyes antigay más crueles del mundo que establece largas penas de prisión y permite la ejecución por ciertas relaciones homosexuales. La ley permite que los homosexuales sean ejecutados por fusilamiento por mantener relaciones sexuales consentidas.

En octubre, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración anunciaron que Uganda quedaría excluida de su programa “Ley de Crecimiento y Oportunidad en África” por su cruel Ley Antigay. A principios de agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley..

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

Fuente LGBTQNation

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El Papa Francisco se sentó con la defensora LGBTQ+ de Uganda, Clare Byarugaba

El Papa Francisco se reunió con un activista LGBTQ+ de Uganda y durante la conversación condenó una vez más la discriminación contra las personas LGBTQ+.

La activista Clare Byarugaba publicó en X (antes Twitter) sobre la audiencia. Ella tuiteó:

“Es un honor conocer a @Pontifex. Informé sobre el impacto ruinoso de las *dos leyes anti-derechos LGBTIQ en una década* #AHA23 de Uganda y las graves violaciones de derechos humanos que conllevan. Reiteró;- La discriminación es un pecado y la violencia contra las comunidades LGBTIQ es inaceptable #RepealAHA23″

Byarugaba es funcionaria de DEI para el grupo de libertades civiles de Uganda Chapter Four, que incluye la orientación sexual y el género en su misión.

Su tweet hacía referencia a la Ley Anti-Homosexualidad de 2023 (AHA23) del país. Si bien para entonces la homosexualidad ya estaba criminalizada en Uganda, esa nueva ley intensificó los castigos, como la imposición de la pena de muerte por la llamada “homosexualidad agravada“, cadena perpetua por cualquier actividad sexual entre personas del mismo sexo y posible terapia de conversión forzada. También apuntó a personas simplemente por “promover” la homosexualidad, lo que posiblemente afecte no sólo el trabajo por los derechos LGBTQ+, sino también la defensa del VIH/SIDA.

Varios líderes católicos ugandeses finalmente aplaudieron la Ley Anti-Homosexualidad después de años de idas y venidas sobre si los obispos deberían apoyar dicha legislación. El canciller de la archidiócesis de Kampala, p. Pius Male, agradeció al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, por firmar la legislación, señalando que supuestamente alineaba la ley de Uganda con la Biblia. Los políticos católicos, incluida la presidenta del Parlamento, Anita Annet Among, y el legislador clave Charles Onen, desempeñaron un papel decisivo en la aprobación de la ley. Alrededor del 40% de la población de Uganda es católica, la segunda población católica más grande de África.

Sin embargo, muchos otros católicos dentro y fuera del país han desafiado la ley desde que fue propuesta por primera vez hace una década. Uno de esos católicos, Juan Carlos Cruz, un amigo gay del Papa y sobreviviente de abuso sexual por parte del clero, aparece en un video adjunto que presenta a Byarugaba a Francisco. Después de que se aprobara la Ley contra la Homosexualidad el año pasado, Cruz comparó cómo respondieron los prelados ugandeses con las repetidas objeciones del Papa Francisco a las leyes de criminalización anti-LGBTQ+. Escribió, en parte:

“Sin embargo, a pesar de las palabras del Papa, los obispos católicos de Uganda permanecen notablemente silenciosos sobre este tema. También guarda silencio el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano que supervisa las diócesis y los obispos en Uganda. Su silencio crea un vacío lleno de miedo, discriminación y deshumanización. Como líderes morales y espirituales, sus palabras (o la falta de ellas) pueden moldear la opinión pública, ya sea legitimando estas leyes inhumanas o desafiándolas”.

En 2023, durante una visita apostólica a Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, el Papa Francisco declaró explícitamente dos veces que “ser homosexual no es un delito“ y “le diría a quien quiera criminalizar la homosexualidad que está equivocado“. Francisco explicó que el verdadero pecado en el debate sobre la homosexualidad es cuando alguien enfrenta discriminación por su identidad.

En una declaración publicada por Chapter Four Uganda, BByarugaba explicó que durante su audiencia el Papa no sólo condenó la discriminación sino que alentó la defensa LGBTQ+ para oponerse a las violaciones de derechos humanos. Ella afirmó:

“Su Santidad @Pontifex reiteró que la discriminación es un pecado y la violencia contra las personas LGBTI es inaceptable. Dijo que la Iglesia nunca debería discriminar. Camina con todos aquellos a quienes se les ha negado su dignidad. Además, nos animó a defender nuestros derechos”.

Dr. Frank Mugisha, un defensor LGBTQ+ de Uganda con antecedentes católicos, agregó sus propios comentarios en las redes sociales, diciendo que la audiencia del Papa con Byarugaba envía “un fuerte mensaje a los ugandeses anti-derechos y anti-gays“.

The Holy Father, Pope Francis, meets with Ugandan LGBTQ activist Clare Byarugaba, sending a strong message to anti-rights and anti-gay Ugandans 🏳️‍🌈. pic.twitter.com/IPWudxib2Y

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) August 14, 2024

Hasta ahora, el Papa Francisco se negó a condenar específicamente la ley de Uganda o las acciones específicas de cualquier nación en lo que respecta a la criminalización. Pero con un Papa para quien las reuniones y los gestos son a menudo más reveladores que sus palabras, esta última audiencia es una señal clara de que rechaza la Ley Anti-Homosexualidad y, quizás más aún, la forma en que los católicos han sido cómplices en su aprobación.

Los defensores católicos LGBTQ+ de todo el mundo deberían seguir su aliento para seguir trabajando contra la discriminación y por la protección de los derechos de las personas LGBTQ+.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry , 15 de agosto de 2024

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The Washington Blade,“Ugandan LGBTQ activist meets with Pope Francis“ (“Activista LGBTQ de Uganda se reúne con el Papa Francisco”)

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Clare Byarugaba, Frank Mugisha, Iglesia Católica, Juan Carlos Cruz, Ley contra la Homosexualidad, Papa Francisco, Personas LGBTQ, Personas LGTBIQ+ católicas, Uganda

Un grupo activista estadounidense que lucha contra la pornografía ha asesorado, promovido y respaldado a activistas y políticos anti-LGBTQ+ en Uganda, entre ellos homófobo fundador de un campamento cristiano “militarista” para niños.

Jason Wilson

Un grupo activista estadounidense antipornografía de extensa trayectoria ha asesorado, promovido y respaldado a activistas y políticos anti-LGBTQ+ en Uganda. Entre ellos se encuentran una ministra que impulsó proyectos de legislación anti-LGBTQ+ alegando que los homosexuales “deberían ser castrados”, y el virulentamente homofóbico fundador de un campamento cristiano “militarista” para niños.

A partir de documentos, grabaciones de audio y vídeo y fuentes de acceso abierto, una investigación involucra tanto al National Center on Sexual Exploitation (Centro Nacional sobre Explotación Sexual, o NCOSE), con sede en Washington DC, como a otras organizaciones derivadas y afiliadas de la misma. Los hallazgos plantean interrogantes sobre el desmentimiento este centro en contra de la explotación sexual respecto a su historial de posturas contra el colectivo LGBTQ+. También se plantean cuestiones sobre su rol en la aprobación de la ley contra la homosexualidad de Uganda que tuvo lugar el año pasado y que es considerada como una de las más punitivas y restrictivas del mundo.

Asimismo, las investigaciones también muestran los esfuerzos del NCOSE por restar importancia a sus asociaciones religiosas y su implicaciones en la derecha cristiana con el fin ejercer una influencia más autoritaria sobre los legisladores en Estados Unidos y todo el mundo.

Con el fin de resolver dudas, The Guardian contactó con el NCOSE. Uno de sus representantes respondió con un enlace a una declaración emitida en diciembre de 2023 en la que la organización reconoce como en momentos anteriores a su cambio de liderazgo en 2011, “se realizaron comentarios que efectivamente eran anti-LGBTQ+”. Sin embargo, la declaración alude a un “compromiso de servir, elevar y respetar a todas las personas, incluidos los miembros de la comunidad LGBTQ+”.

Implicados en la Ley anti-LGTBIQ+ de Uganda

Según el sitio web de la organización, el NCOSE lleva al menos una década intentando implicarse en Uganda. Una entrada de blog publicada en octubre de 2015 informa sobre las actividades realizadas durante la semana White Ribbon Against Pornography (Cinta Blanca Contra la Pornografía, o WRAP) financiada por el NCOSE.

De acuerdo con el informe anual de 2022 del NCOSE, la International Coalition on Sexual Exploitation (Coalición Internacional contra la Explotación Sexual, o ICSE), una organización derivada del NCOSE creada con el fin de “compartir, desplegar y aprovechar el trabajo de la NCOSE con sede en Estados Unidos” ha “asesorado a líderes gubernamentales” tanto en Uganda como en otros lugares. Ese mismo año, 2022, cuando se celebraba la Cumbre Africana de la Coalición para Acabar con la Explotación Sexual (Coalition to End Sexual Exploitation, o CESE) en Pretoria (Sudáfrica), el NCOSE ya había logrado atraer a destacadas voces anti-LGBTQ+ de Uganda y otros países africanos, así como a otras organizaciones estadounidenses que promueven una agenda anti-LGBTQ+ en África.

Una entrada del blog del NCOSE informa de que, tras el discurso de apertura de Dawn Hawkins, directora general de NCOSE, los asistentes escucharon un “conmovedor llamamiento a la acción” de una ministra del Gobierno ugandés, Sarah Achieng Opendi. Por su parte, en 2023, Opendi, ministra del Gobierno por el partido gobernante, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM, por sus siglas en inglés), afirmó que los homosexuales “deberían ser castrados” para que no pudieran “continuar con la homosexualidad” en prisión. La declaración se produjo durante el debate parlamentario sobre la aprobación de la ley anti-LGBTQ+ más dura del mundo.

En consecuencia a las declaraciones, Opendi fue una de los cientos de políticos ugandeses a los que Estados Unidos impuso restricciones de visado en respuesta a estas leyes. Las nuevas medidas del gobierno ugandés prescriben la pena de muerte o cadena perpetua para muchos actos sexuales entre personas del mismo sexo y 20 años de prisión por “promover” la homosexualidad, lo que muchos opositores afirman que criminaliza la defensa del colectivo LGBTQ+.

Otra de las ponentes que estuvo presente en la Cumbre Africana de la Coalición para Acabar con la Explotación Sexual fue Sharon Slater, presidenta de Family Watch International (FWI), una organización calificada como grupo de odio por la ONG Southern Poverty Law Center (SPLC). Para el SPLC, el activismo anti-LGBTQ+ de Slater se ha centrado en África y en contrarrestar los esfuerzos de la ONU para la promoción de la igualdad de derechos. A lo largo de los años, Slater ha “forjado estrechos vínculos con violentos activistas africanos anti-LGBT”. Además, en otra conferencia celebrada en Lagos (Nigeria) en 2012, Slater dijo a los asistentes que los derechos LGBTQ+ eran “ficticios”.

El año pasado, una investigación de la CNN indagó en la labor de Slater como promotora de “conferencias sobre ‘valores familiares’ realizadas en todo el continente africano” y en la vinculación entre esos eventos y la posterior aprobación de leyes anti-LGBT+.

Aunque la organización que preside Slater, el FWI, negó cualquier implicación directa en la redacción de la ley contra los derechos LGTBIQ+ de Uganda, una fuente anónima declaró a CNN que el FWI había proporcionado ayuda a miembros del Parlamento que estaban promoviendo la legislación, influyendo incluso en la terminología empleada en el texto.

Socios en el odio

En Uganda, el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) también mantiene vínculos con el Programa de Mentoría para Muchachos, una organización asociada al NCOSE y dirigida por Godfrey Kuteesa. Kuteesa tambiéne estuvo implicado en la semana de ‘Cinta Blanca Contra la Pornografía’.

Las actividades del Programa de Mentoría para Muchachos, incluyen un “Campamento de Entrenamiento para Muchachos” anual, al que el sitio web de la organización describe como “de naturaleza militarista”. En julio del año pasado, Kuteesa publicó un vídeo en X (antes conocido como Twitter) en el que se le ve haciendo gritar “un hombre se casa con una mujer” cuatro veces a los niños del campamento, antes de responderles “¡Ese es el camino natural!”.

En otras publicaciones de X, Kuteesa ha escrito que “gay no es una orientación sexual”, que los chicos con “perforaciones en las orejas… siempre resultan ser maricas”, y que “a los líderes africanos les preocupa que el carisma de Obama conduzca a los jóvenes al pecado homosexual”.

Kuteesa fue uno de los signatario de una carta abierta de la Coalición Internacional contra la Explotación Sexual (ISCE) en la que se pedía a las compañías de tarjetas de crédito que “dejaran de procesar pagos para la industria de la pornografía hardcore”. Más adelante Kuteesa habló en uno de los paneles del NCOSE sobre los “daños de la pornografía en África”. Para terminar, en 2021 impartió un taller bajo el título “Cómo ayudar a los chicos que luchan contra la pornografía”.

Exodus Cry

Aunque la cumbre africana contra la explotación sexual parece haber sido un evento único, la Cumbre Mundial de la misma organización se celebra anualmente desde 2014. La edición de 2024 se llevará a cabo del 5 al 8 de agosto en Washington DC. En esta edición, el evento cuanta con una serie de ponentes menos extremistas: Benjamin Nolot y Helen Taylor, ambos miembros de Exodus Cry, una organización de derecha cristiana.

Fundada en 2008, Exodus Cry surgió como un grupo de oración que se reunía semanalmente en la Casa Internacional de Oración de Kansas City (IHOPKC, por sus siglas en inglés). Actualmente, esta iglesia está sumida en el escándalo desupués de que Mike Bickle, uno de sus fundadores fuera acusado de abuso sexual y espiritual. Anteriormente a estos hechos, Bickle había dicho que la homosexualidad “abre las puertas del reino del demonio”. En 2013, un documental emitido por PBS, God Loves Uganda(Dios ama a Uganda), acusaba a la IHOPKC y a otras organizaciones evangélicas de exacerbar la homofobia en el continente africano.

Durante 2020, el IHOPKC estaba llevando a cabo su campaña más prominente, ‘Traffickinghub‘, que acusaba al sitio de vídeos porno Pornhub de alojar contenido con víctimas de tráfico sexual y abuso sexual infantil. Aquella campaña, que culminó con una petición en línea con millones de firmas exigiendo el cierre de Pornhub, el procesamiento de sus ejecutivos y la cobertura favorable del columnista del New York Times Nicholas Kristof, nació de un artículo de opinión publicado en The Washington Examinerpor Laila Mickelwait en 2020. Investigaciones señalan que, por aquel entonces, Mickelwait trabajaba para Exodus Cry como “misionera intercesora” durante 2011 y 2014.

En este caso, El Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) tampoco está ausente. El NCOSE es uno de los copatrizonadores de Traffickinghub, y ha contado con Mickelwait como ponente en varios eventos. En una declaración de 2020, el NCOSE elogió la campaña Traffickinghub y se jactó de que “gracias al trabajo del NCOSE, el procesador de pagos en línea PayPal y la popular marca Kraft Heinz cortaron lazos con Pornhub”.

La historia del Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE)

Originalmente, el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) se fundó bajo el nombre de Operación Yorkville) en 1962 por tres clérigos de Nueva York. Entre ellos, se encontraba el sacerdote católico Morton A. Hill. En 1968 pasó a llamarse Moralidad en los Medios (MIM), y fue dirigida por Hill hasta su muerte en 1985. El trabajo de Hill con la organización le convirtió en un destacado defensor de la moralidad, y fue nombrado por la administración Nixon para formar parte de la Comisión Presidencial sobre Obscenidad y Pornografía. El MIM ha lanzado campañas de protesta contra los sex-shops, los juguetes sexuales y productos de la cultura pop cargados de erotismo, como la película Calígula (1978), el libro Sex de Madonna (1992) y la película de Monty Python La vida de Brian (1979).

El MIM también se ha involucrado cada vez más en campañas contra la comunidad LGBTQ+. Ya en la década de 1990 impulsó un boicot a Disney después de que la empresa empezara a conceder prestaciones conyugales a las parejas de los empleados LGBTQ+. En enero de 2004, el MIM fue uno de los 15 grupos que fundaron la Coalición por el Matrimonio, que hizo campaña contra la inminente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Massachusetts en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo del estado que había dictaminado que la prohibición del matrimonio homosexual era inconstitucional. No fue hasta 2010 cuando, bajo la presidencia de Patrick Trueman, la organización pasó a llamarse como hoy: Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE). Por su parte, Trueman, cuenta con una larga experiencia dentro de organizaciones que fomenten el odio como la Asociación Americana de Familias y la Alianza en Defensa de la Libertad. Además, tiene un historial de declaraciones en contra los homosexuales: en 2009, Trueman se opuso a David Ogden, elegido por Barack Obama para el puesto de fiscal general adjunto, alegando que Ogden había apoyado “los derechos de los homosexuales”.

Además del Trueman, otros miembros actuales del NCOSE han sido asociados a otros sectores que pertenecen a grupos extremos de la derecha cristiana. Algunos de ellos son Benjamin Bull, actual consejero general de la organización y exdirector de la Alianza en Defensa de la Libertad y Hadley Arkes, actual miembro de la junta de NCOSE y defensor acérrimo de la “terapia de reorientación sexual”, una pseudociencia desacreditada.

Traducción de Julián Cnochaert.

Fuente El Diario.es (Desalambre)/ The Guardian

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Desalambre, EE.UU., Homofobia/Transfobia, Uganda

El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Mark Pocan sospecha que una influyente organización cristiana está ayudando a aprobar la mortífera ley anti-LGBTQ+.

El representante Mark Pocan (D-WI)* escribió una carta a la Fellowship Foundation, una influyente organización cristiana anti-LGBTQ+, solicitando información sobre el apoyo del grupo a la Ley Anti-Homosexualidad (AHA) de Uganda, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. Desde la aprobación de la AHA, se han reportado al menos 180 casos de desalojos anti-LGBTQ+, más de 175 casos de “tortura, abuso y trato degradante” contra personas LGBTQ+, y más de 155 casos reportados de discriminación, abuso y otras violaciones de derechos humanos. Igualdad LGBTQ+, escribió Pocan.

“En el Desayuno Nacional de Oración de Uganda en 2023, que la Fellowship Foundation ayudó a apoyar, incluso llevando en avión al representante Tim Walberg (R-IL) para hablar, los oradores llamaron a los defensores LGBTQI+ una fuerza desde el fondo del infierno, dijeron que destruirían ”las fuerzas de LGBTQ’ y habló en apoyo de la Ley Anti-Homosexualidad”, añadió Pocan.

En el desayuno, el representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, congresista republicano pidió a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ y como respuesta a la presión internacional contra Uganda, y los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley, aunque Walberg dijo más tarde que su declaración no apoyaba la ley. Sin embargo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que asistió al desayuno, dijo más tarde que hay estadounidenses que “piensan como nosotros”, mostrando su disposición a señalar a los políticos anti-LGBTQ+ y su retórica para justificar el apoyo de Uganda a la ley, señaló Pocan.

Pocan dijo que las preocupaciones sobre el posible apoyo de la fundación a la ley causaron que el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos del año pasado, organizado por la fundación, se dividiera en dos eventos.

Pocan ha pedido a la fundación que indique si apoya o se opone a la AHA. Si se opone a la ley, pregunta si la fundación se opondrá públicamente a ella y a otras leyes que criminalizan a las personas LGBTQ+. También ha pedido a la fundación que comparta información sobre las comunicaciones de la fundación con funcionarios del gobierno de Uganda con respecto a la ley y su apoyo financiero a otras organizaciones, individuos y “actividades de promoción” en Uganda. También ha pedido información adicional sobre los vínculos de la fundación con el Desayuno Nacional de Oración, tanto en Estados Unidos como en otros países.

Le dijo a la fundación que respondiera a sus preguntas antes del 28 de febrero, aunque su carta no explicaba qué acciones se tomarían si la fundación no respondía.

Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

* Mark Pocan es abiertamente gay. Se casó con Philip Frank en Toronto, Canadá, en 2006. Se convirtió en el primer parlamentario en obtener una identificación del Congreso para su cónyuge del mismo sexo.

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. África, Afrobarómetro, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Colored Voice Truth to LGBTQ, Discriminación, Fundación Foaster para la Salud de Uganda, Homofobia, Lesbofobia, Ley contra la homosexualidad de 2023 (Uganda), LGTBIfobia, ONUSIDA, Steven Kabuye, Transfobia, Uganda, VIH, Violencia LGTBIfoba, Volker Türk, Yoweri Museveni

La policía trató al activista como a un criminal y allanó su casa mientras aún se recuperaba en busca de pruebas que demostraran que era gay.

El resurgimiento de proyectos de ley anti-LGBTQ+ y leyes draconianas en África ha provocado una oleada de ataques homofóbicos en todo el continente, poniendo en peligro aún más a las personas LGBTQ+ cuyas vidas ya estaban en riesgo.

Estas leyes anti-LGBTQ+ no sólo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo sino que también apuntan sistemáticamente a los activistas LGBTQ+. Steven Kabuye, un destacado activista ugandés por los derechos LGBTQ+, fue recientemente apuñalado y abandonado frente a su cas al tomarlo por muerto,  por dos hombres en una motocicleta que lo habían estado siguiendo durante varios días. Imágenes de video gráficas compartidas en X muestran a Kabuye retorciéndose de dolor, una laceración visible extendida a lo largo de su brazo y un cuchillo incrustado en su abdomen.

Kabuye, activista y editor de Coloured Voices Media Foundation-Truth to LGBTQ Uganda, fue emboscado cuando se dirigía al trabajo. Sus agresores, que llevaban casco, le apuntaron con el cuchillo, apuntando a su cuello, que él protege con su brazo derecho en el vídeo. Cuando intentó huir, los agresores lo persiguieron y lo apuñalaron en el estómago. Kabuye fue descubierto por los residentes y trasladado a un hospital cercano para una cirugía de emergencia.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, recientemente  promulgó en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo,  uno de los proyectos de ley contra los homosexuales más severos del mundo. La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda…

Unknown Ugandan is harassed by a mob in a bar known as Happy Boys in Kampala.
It’s translated that: “Museveni forbid gays in Uganda. You deserve death. You need to be gang raped so that you learn.”
This is the daily life of a Ugandan Gay man. #RepealAHA23 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/Q992r0IHAo

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) November 23, 2023

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

Kabuye, que aún se está recuperando, reveló en X que ya ha sido acosado por la policía desde el ataque. Dijo que entraron a la fuerza a su casa en busca de lubricantes, banderas del arco iris o cualquier otro artículo incriminatorio que pudieran usar como evidencia para acusarlo bajo la Ley Anti-Homosexualidad. Dijo que cree que el intento fallido contra su vida fue un asesinato planeado.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

Un incidente similar ocurrió en 2011 en la trágica historia de David Kato, un maestro ugandés y activista por los derechos LGBTQ+. Kato, considerado el padre del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, fue asesinado a sangre fría después de obtener una victoria judicial sobre un tabloide que pedía que se matara a los homosexuales.

Kabuye continuó revelando que después de que se le negó la entrada a su casa, la policía arrestó a su compañero de piso, lo torturó y amenazó con exámenes anales forzados en un intento de obligarlo a confesar que él y Steven eran amantes, y al mismo tiempo le pidió que detuviera a la comunidad internacional de ejercer presión sobre ellos o sería acusado falsamente de intento de asesinato.

Kabuye escribió en X: “Cuando vinieron a pedirme una declaración, seguían haciéndome preguntas como: ‘¿Quién te patrocina? ¿Cómo y cuándo te volviste gay? ¿Alguna vez has tenido alguna actividad sexual con algún hombre? Preguntas no relacionadas con el caso que nos ocupa. Simplemente no querían aceptar que fuera un crimen de odio o un intento de homicidio/asesinato”.

Otro activista LGBTQ+, Ronald Agaba, que ha estado hablando y exigiendo justicia para Kabuye, dijo que la policía de Uganda está tratando de encubrir el crimen y está ocupada culpando a la víctima. Continuó publicando capturas de pantalla de las amenazas de muerte que ha estado recibiendo desde que habló.

“La policía no te ayudará. Uganda no es para homosexuales”, dijo un usuario de X.

“Mira a este gay, corre por tu vida en Uganda porque estamos matando a los llamados LGBTQ”, añadió otro.

Otras víctimas en todo el país incluyen a Arianna, una mujer transgénero que fue acusada falsamente en un video viral de TikTok de obligar a hombres jóvenes a tomar hormonas. Un día, cuando llegó a casa después de hacer compras, se encontró con una multitud enfurecida reunida frente a la puerta de su casa. “Cuando me vieron, empezaron a agarrarme y a gritar que tenía que morir”, dijo a The Guardian. “Lo único que recuerdo después fue despertarme en un hospital”.

La nueva ley también castiga a activistas con 20 años de prisión por promover la homosexualidad, lo que lleva a una represión contra las organizaciones de derechos humanos y a la criminalización de cualquier defensa LGBTQ+. Un diputado de Uganda, el Excmo. Cecilia Ogwal, que fue una de los 387 miembros del Parlamento de Uganda que apoyaron la Ley contra la Homosexualidad, llamó a los defensores LGBTQ+ “una fuerza del fondo del infierno” e instó a los ugandeses a “destruir” estas fuerzas LGBTQ+.

Jane, una activista ugandesa de 24 años, dijo Nación LGBTQ Teme por su vida y ha estado escondida. “Últimamente he estado recibiendo amenazas de muerte en línea. Una persona prometió cazarme, violarme y cortarme el cuello”, dijo. “Lo desalentador de esto es que ni siquiera puedo denunciarlo a la policía. Incluso la policía es la que nos aterroriza y fomenta este comportamiento”.

Los activistas y activistas LGBTQ+ en África no han ocultado su postura y lo que sienten acerca de la nueva ley. Se presentó una petición ante el Tribunal Constitucional para impugnarla, pero no se sabe si habrá un resultado positivo. Las audiencias judiciales comenzaron el mes pasado, pero aún no se ha emitido ningún fallo.

Entre las personas que presentaron la petición se encontraban los dos únicos parlamentarios que votaron en contra del proyecto de ley, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, así como los destacados activistas de derechos humanos Pepe Onziema y Frank Mugisha. El Foro de Promoción y Concienciación sobre los Derechos Humanos de Uganda y una serie de grupos internacionales presentaron peticiones adicionales.

La activista Jackline Kemigisa escribió en OpenDemocracy que se unió a la petición “porque el delito vagamente definido por la ley de ‘promoción de la homosexualidad’” pone en peligro su “trabajo y libertad como periodista e investigadora que cubre los movimientos queer y feministas en Uganda. Si mi trabajo, en el que escribo sobre comunidades minoritarias con equidad y dignidad, fuera considerado ‘promoción de la homosexualidad’ según la Sección 11 de la nueva ley, me enfrentaría a hasta 20 años de prisión”, dijo.

Otra activista ugandesa, Kira, explicó cómo la nueva ley ha cambiado su vida. “Uganda siempre ha sido homofóbica”, dijo a LGBTQNation, “pero desde que se firmó este nuevo proyecto de ley las cosas han cambiado. Antes de la nueva ley, lo peor que te podía pasar en público era que te abuchearan, ya que la gente rara vez te ataca sin provocación. Pero la nueva ley los ha envalentonado. Ahora nos atacan públicamente basándose en la percepción, algunos de ellos incluso llegan a acecharnos y tendernos emboscadas en nuestras casas. Al ser una mujer que se presenta masculina, tengo miedo de salir en público estos días porque no ser lo suficientemente tradicionalmente femenina podría hacer que me maten. Casi perdemos a un amigo el mes pasado después de que una turba lo golpeara en el mercado por sus gestos femeninos”.

Según Reuters, el Tribunal Constitucional de Uganda comenzó a escuchar una impugnación el 18 de diciembre que dice que la ley viola derechos constitucionalmente protegidos. Un panel de cinco jueces dijo a los peticionarios que serían notificados cuando se llegara a un fallo.

“Para ser honesto, no tengo ninguna fe en que nuestro poder judicial o que todo este caso tenga un resultado positivo”, dijo John Mukasa, un activista por los derechos de los homosexuales y funcionario médico que vive en Uganda. Nación LGBTQ. “La homosexualidad es un tema muy controvertido en África y la homofobia ha calado profundamente en nuestra sociedad. Nuestros políticos están explotando este odio para su propio beneficio disfrazado de proteger las culturas africanas y continuarían haciéndolo sin importar el costo. Uganda tiene una infinidad de problemas, desde la inseguridad hasta la pobreza multidimensional y el hambre; estas leyes contrarias simplemente se utilizan para distraer a la gente de los problemas que realmente importan”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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“Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gays” en marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Burundi, Evariste Ndayishimiye, Facebook, Family Watch International, Ghana, Homofobia, Homofobia institucional, Homofobia/Transfobia, Kenia, LGTBIfobia, Tanzania, Uganda, Zambia

Un activista LGTBI ugandés, al borde de la muerte tras ser apuñalado por dos desconocidos después de que un político estadounidense respaldara la ley que criminaliza la homosexualidad en su país

Un destacado activista LGTBI ugandés fue apuñalado el miércoles por dos desconocidos que iban en una motocicleta. Steven Kabuye, co-director ejecutivo de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, una organización que defiende los derechos de las personas LGTBI en el país africano, sufrió una profunda herida en el antebrazo derecho y otra en el estómago, donde quedó clavado el cuchillo.

Un vídeo publicado en la cuenta de X de Kabuye muestra al activista en el suelo retorciéndose de dolor mientras pide ayuda. Hans Senfuma, oficial de defensa de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, escribió en X que el ataque tuvo lugar cerca de la casa de Kabuye cuando se dirigía a trabajar, alrededor de las 8 de la mañana. “Steven dice que la intención de estos dos tipos era matarlo, no robarlo, y que cree que lo han estado siguiendo durante varios días”, escribió Senfuma.

This morning, a Uganda LGBTQ community activist was brutally attacked with a knife. Currently undergoing surgical treatment, we stand with the activist and hope for a full recovery. Haterade and hate crimes have no place in Uganda. We urge the police to conduct a thorough… https://t.co/v7EKFWxX9T

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) January 3, 2024

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, otra organización LGTBI, condenó el ataque y expresó su solidaridad con Kabuye. “Esta mañana, un activista de la comunidad LGTBI de Uganda fue brutalmente atacado con un cuchillo. [Kabuye] está actualmente recibiendo tratamiento quirúrgico, estamos con el activista y esperamos una pronta recuperación. El odio y los crímenes de odio no tienen cabida en Uganda. Instamos a la policía a que realice una exhaustiva investigación”, dijo Mugisha.

En declaraciones a Reuters, Mugisha citó la ley antigay de Uganda por perjudicar la violencia. “El profundo odio hacia las minorías sexuales que desató la ley creó una atmósfera en la que se producen este tipo de ataques”, afirmó.

Senfuma también publicó en su cuenta de X fotos de Kabuye en lo que parece ser una habitación de hospital, con el brazo vendado y una sábana ensangrentada. Senfuma informó de que Kabuye había salido de la cirugía y que se encontraba en estado crítico, según Reuters.

Steven is now out of theater!
Written by admin(@senfumahans ) pic.twitter.com/WiUGj2vWhC

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) January 3, 2024

El ataque se produce menos de siete meses después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmara la ley anti-homosexualidad de su país, que contempla la pena de muerte para los casos de “homosexualidad agravada”. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda.

Unknown Ugandan is harassed by a mob in a bar known as Happy Boys in Kampala.
It’s translated that: “Museveni forbid gays in Uganda. You deserve death. You need to be gang raped so that you learn.”
This is the daily life of a Ugandan Gay man. #RepealAHA23 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/Q992r0IHAo

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) November 23, 2023

Arthur Kayima, un activista ugandés de derechos humanos queer, condenó la legislación como “vil” y “mortal”, diciendo que no hará nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses. “En lugar de centrarse en los problemas reales que enfrenta Uganda (pobreza, infraestructura deficiente, economía, violencia doméstica), Museveni causa distracción al atacar nuestro derecho fundamental a existir”, añadió.

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente Agencias/PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Arthur Kayima, Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, Desayuno Nacional de Oración de Uganda, Frank Mugisha, Homofobia/Transfobia, Sexual Minorities Uganda, Steven Kabuye, Tim Walberg, Uganda

El representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, alentó a los líderes ugandeses a resistir los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley.

De vez en cuando, la derecha en Estados Unidos no puede evitar mirar con nostalgia a los países donde la represión de LGBTQ es una cuestión de ley. Pero el representante Tim Walberg, republicano de Michigan, fue un paso más allá. De hecho, viajó a Uganda para reunirse con líderes de allí e instarlos a “mantenerse firmes” en apoyo de su draconiana ley anti-LGBTQ, que incluye la pena de muerte para los homosexuales. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La ley es tan horrible que incluso el senador Ted Cruz la ha condenado.

Walberg hizo el viaje en octubre pasado, pero pasó desapercibido hasta que Salon lo reveló esta semana. Walberg fue el orador principal en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien promulgó la Ley contra la Homosexualidad en mayo, estuvo entre los presentes en el discurso de Walberg. Museveni dijo que la presencia de Walberg demostraba que sí. Museveni dijo más tarde que el discurso de Walberg demostraba que algunos estadounidenses “piensan como nosotros”.

En el discurso, Walberg llamó a los líderes de Uganda a desafiar los esfuerzos para obligar a la nación africana a revocar la cruel ley, que castiga la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte”. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Estados Unidos sacó a Uganda de un pacto comercial y emitió sanciones de visa contra algunos funcionarios ugandeses. El Banco Mundial ha suspendido todos los préstamos a Uganda en respuesta a la medida, porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

“Aunque el resto del mundo los está presionando, aunque hay otros países importantes que están tratando de entrar en ustedes y, en última instancia, cambiarlos, manténganse firmes. Manténganse firmes”, aconsejó Walberg a los asistentes.

Walberg citó la Biblia como justificación de una ley para matar personas. “El pensamiento del mundo es inútil”, dijo Walberg. “Inútil, por ejemplo, es la idea del Banco Mundial, o de la Organización Mundial de la Salud, o de las Naciones Unidas, o, lamentablemente, de algunos miembros de nuestra administración en Estados Unidos que dicen: ‘Están equivocados al defender valores que Dios creó,’ por decir que hay hombre y mujer y Dios los creó’”.

“¿De qué lado queremos estar?” Walberg continuó. “Del lado de Dios. Ni el Banco Mundial, ni necesariamente los Estados Unidos de América, ni la ONU del lado de Dios”.

Walberg se alineó explícitamente con Museveni y los legisladores ugandeses que aprobaron abrumadoramente el proyecto de ley “Matar a los gays”. Refiriéndose al presidente de Uganda, Walberg dijo: “Él sabe que tiene un Parlamento y… incluso congresistas como yo, que dirían: ‘Estamos con ustedes’”.

Walberg, ex vendedor de Biblias, siempre ha sido un conservador religioso estándar en el Congreso. HRC lo designó miembro de su Salón de la Vergüenza en 2014. Este año fue el autor de una disposición que llamó Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos (PROTECT), parte de un proyecto de ley republicano más amplio que no llegó a ninguna parte. Según la disposición de Walberg, las escuelas deberían obtener el consentimiento de los padres antes de cambiar los pronombres o nombres preferidos de un estudiante.

Su viaje a Uganda fue patrocinado por el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos, un antiguo grupo bipartidista que recientemente ha dado un giro de extrema derecha. La nueva líder del grupo es Caroline Aderholt, ex líder de Concerned Women of America, un grupo anti-LGBTQ desde hace mucho tiempo. El marido de Aderholt es el representante Robert Aderholt, un republicano de Alabama que una vez intentó impedir que las agencias de adopción permitieran la adopción a personas homosexuales.

Si bien Walberg ha recibido críticas por sus comentarios, no espere que sus compañeros republicanos lo condenen. En todo caso, Walberg está diciendo lo que al menos algunos otros tipos nacionalistas cristianos en las filas también están pensando. Es sólo otro recordatorio de que cuando se trata del Partido Republicano de hoy, nada se considera completamente fuera de lo normal, incluso matar a personas LGBTQ.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Caroline Aderholt, Concerned Women of America, Desayuno Nacional de Oración, EE. UU., Homofobia/Transfobia, Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos (PROTECT), Partido Republicano, Robert Aderholt, Tim Walberg, Uganda, Yoweri Museveni

El hombre de 25 años, que llegó a Canadá en 2018 como estudiante internacional y desde entonces trabajó en Edmonton, Alberta, como enfermero, se quedó sin opciones este año cuando su visa de trabajo expiró y su solicitud de estatus de refugiado fue rechazada. .

Uganda se ha convertido este año en uno de los países más peligrosos para las personas LGBTQ+, con la introducción de su dura Ley Antihomosexualidad. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La Ley exige la pena de muerte para determinadas actividades entre personas del mismo sexo y ha provocado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país, tanto por parte de ciudadanos como de la policía.

A pesar del peligro inherente que le espera en casa, al hombre, que permaneció en el anonimato cuando habló con Global News de Canadá para proteger su identidad, se le rechazó su solicitud de asilo y todas las apelaciones posteriores.

El hombre, identificado por el medio como “Sue”, explicó que su solicitud de asilo fue rechazada porque no pudieron demostrar su orientación sexual. “No sé cómo demostrar… ¿Cómo se supone que voy a demostrar que soy un hombre gay? Te acabo de decir que soy un hombre gay”, dijo.

“No tengo adónde ir”, dijo Sue. “Estoy varado e incluso el lugar que pensé que me consolaría me está obligando a salir. Es difícil explicar el sentimiento, pero ahora mismo siento que no tengo adónde ir”.

Sue admitió que había supuesto que en Canadá estaría “cómodo” y “bien como estoy”. Continuó: “El hecho de que tenga que demostrar mi sexualidad más allá de toda duda razonable me resulta bastante ridículo. Todo esto es un horror. Siento que estoy en una pesadilla y tengo muchas ganas de despertar, pero no puedo. Sólo estoy rezando y esperando que el gobierno pueda intervenir”.

Si nada cambia, Sue, que comenzó su proceso de solicitud en abril de 2022, será deportada el martes (19 de diciembre).

Battista señaló que no podía entender por qué Canadá no había impuesto una moratoria a la deportación, lo que, según dijo, se podría hacer para las personas que regresarían a comunidades donde estarían en peligro. “Dado el deterioro de la situación de los derechos humanos en (Uganda), creo que sería una muy buena medida política por parte del gobierno de Canadá”, dijo.

Mientras espera en el limbo los próximos días, a Sue le resulta difícil no pensar en lo que le espera en Uganda. “Toda mi familia me abandonó, así que aunque llegue al aeropuerto, no sé dónde me quedaré. No sé adónde voy a ir. Me he quedado sin opciones. Existe una posibilidad muy alta de que me arresten y me torturan, sólo por identificarme como un hombre gay. Es realmente algo muy, muy desalentador que un ser humano pueda tratar a alguien con dureza”.

Sue también le escribió al parlamentario de Alberta, Randy Boissoneault, sobre su caso, cuya oficina le dijo a Global News que estaban al tanto de su situación y estaban trabajando con funcionarios de inmigración.

Mientras tanto, un portavoz de la CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) dijo al medio que “la decisión de expulsar a alguien de Canadá no se toma a la ligera” y “todas las personas sujetas a expulsión tienen acceso al debido proceso y a la equidad procesal”. Su declaración decía: “Canadá está monitoreando la situación en Uganda y sigue comprometido a ofrecer protección de refugiados a quienes la necesitan, incluidas las personas que han sido perseguidas por su orientación sexual, expresión de género, identidad de género y características sexuales”.

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda ha provocado una enorme protesta por parte de grupos de derechos humanos y LGBTQ+ de todo el mundo, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

Aún así, el país ha insistido en que no cederá y ha acusado a Estados Unidos de impulsar “la agenda LGBT en África”.

Fuene PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Alberta, Canadá, Depoortación, deportación, Homofobia/Transfobia, Randy Boissoneault, Uganda

By Muhammed Akinyemi

LAGOS, Dec 12 (Openly) –

En toda África, mientras que los veredictos judiciales garantizaron los derechos de las personas LGBTQIA+ en Kenia y Namibia, países como Uganda y Ghana redobló su apuesta por la legislación anti-LGBTQIA+.

El año comenzó con 32 de 54 países africanos criminalizando a las personas LGBTQIA+, según el grupo de derechos humanos Human Dignity Trust. De cara a 2024, ese número se reducirá a 31.

Aquí están las actualizaciones importantes de 2023.

Mauricio: El tribunal más alto del país insular despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo, derogando una ley de la época colonial que se remonta a 1898.

Kenia: En febrero, la Corte Suprema del país de África oriental afirmó el derecho de los grupos de defensa LGBTQIA+ a registrarse como ONG.

Tras el fallo, el parlamentario de la oposición Peter Kaluma presentó un proyecto de ley al parlamento en mayo que de hecho anularía la decisión de la Corte Suprema al limitar los derechos de reunión, expresión y manifestación de las personas LGBTQIA+. El proyecto de ley aún se encuentra en el parlamento y aún no ha sido aprobado.

Namibia: El Tribunal Supremo reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados fuera del país del sur de África. En octubre, el Tribunal Supremo de Namibia escuchó los argumentos en un caso que cuestionaba la constitucionalidad de las leyes que prohíben la sodomía y delitos conexos. El tribunal dictará sentencia en mayo de 2024.

Uganda: El presidente Yoweri Museveni promulgó en mayo una de las leyes anti-LGBTQIA más estrictas del mundo, que incluye la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. La ley permite cadena perpetua para ciertos delitos que involucran relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sentencias de 20 años por “promoción de la homosexualidad” y hasta 10 años por intentar cometer actos entre personas del mismo sexo.

Ghana: La nación de África occidental está preparada para seguir a Uganda en la promulgación de una estricta legislación anti-LGBTQIA+ después de que su Corte Suprema rechazara una apelación para impedir que la legislatura aprobara el proyecto de ley. La posible legislación, introducida por primera vez en 2021, penalizará las relaciones entre personas del mismo sexo y la transición de género, mientras que la defensa de los derechos LGBTQIA+ podría dar lugar a una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Nigeria: El país más poblado de África sufrió dos arrestos masivos en tres meses, en los que un total de 145 personas fueron detenidas por asistir a lo que las autoridades dijeron que eran bodas gay.

Túnez: En enero, un tribunal de apelaciones desestimó el prolongado procesamiento de un activista por los derechos de los homosexuales, conocido como Daniel, y dictaminó que el caso era inadmisible debido a irregularidades procesales. Túnez conserva una legislación anti-LGBTQIA+ que sigue utilizándose contra personas y activistas LGBTQIA+ en el país.

Información de Muhammed Akinyemi.

Esta historia es parte de una serie apoyada por el programa Free To Be Me de VIHOS.
Historias relacionadas:

– The colonial legacy of anti-LGBTQ+ laws in Africa-El legado colonial de las leyes anti-LGBTQ+ en África

– For LGBTQ+ Nigerians, visiting the doctor can be traumatic-Para los nigerianos LGBTQ+, visitar al médico puede ser traumático

– Ruling by Kenya’s Supreme Court buoys LGBTQ+ community-Fallo de la Corte Suprema de Kenia anima a la comunidad LGBTQ+

(Reporte de Muhammed Akinyemi; Editado por Sadiya Ansari y Jon Hemming. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters. Visite https://www.openlynews.com/)

Openly es una iniciativa de la Fundación Thomson Reuters dedicada a la cobertura imparcial de cuestiones LGBT+ de todo el mundo.
Nuestros estándares: The Thomson Reuters Trust Principles. (los principios de confianza de Thomson Reuters).

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Avances, Ghana, Homofobia/Transfobia, Kenia, Mauricio, Nigeria, Personas LGTBIQ, Retrocesos, Túnez, Uganda

De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

• El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
• El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
• El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

(Pincha en la imagen para ampliarla)

Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

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Uganda condenó a Estados Unidos y los acusó de intentar impulsar una “agenda LGBT” en África después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra funcionarios ugandeses.

Estados Unidos confirmó el lunes (4 de diciembre) que aplicaría restricciones de visa a los funcionarios ugandeses que considera responsables de reprimir a varios grupos marginados, incluida la comunidad LGBTQ+ con la controvertida ley anti-LGBTQ+ introducida este año.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Al anunciar las restricciones de visas el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo: “Hoy anuncio la ampliación de la política de restricción de visas para incluir a funcionarios ugandeses actuales o anteriores u otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar el proceso democrático en Uganda o para políticas o acciones destinadas a reprimir a miembros de poblaciones marginadas o vulnerables.Estos grupos incluyen, entre otros, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, periodistas, personas LGBTQI+ y organizadores de la sociedad civil”.

La medida se produce después de que el presidente Joe Biden anunciara en octubre que planeaba poner fin a la relación de Estados Unidos con Uganda y varios otros países africanos por lo que describió como “graves violaciones” de los derechos humanos.

En respuesta, el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, criticó a Estados Unidos y prometió que su gobierno no cederá ante la “agenda LGBT” del país.

“Hay un golpe de estado en el Departamento de Estado de EE.UU. Está siendo tomado por personas que están impulsando la agenda LGBT en África”, dijo Oryem, según Reuters. “¿Por qué no imponen las mismas sanciones a los países de Medio Oriente que tienen leyes iguales o más duras contra LGBT? Si niegan las visas a nuestros parlamentarios, irán a Shanghai y Guangzhou. Hay muchísimos lugares hermosos para visitar”.

Estas restricciones de visa son sólo la última respuesta al proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda.

En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Estados Unidos, Henry Okello Oryem, Uganda

Informe ILGA: En 2023 aumentaron en el mundo detenciones y persecución a personas LGBT

En 2023 aumentaron las detenciones y procesamientos a personas LGBT. Así lo demuestra “Identidades bajo arresto”, el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Las cifras reales son aún mayores.

Un nuevo informe de ILGA ha descubierto un aumento alarmante en el número de arrestos y procesamientos de personas LBTQ+ por participar en relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y expresar diversidad de género.

En comparación con años anteriores, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ha descubierto que en 2023 se ha registrado un aumento en los arrestos de personas LGBTQ+ por vivir como ellos mismos.

No solo eso, sino que el estudio determinó que el abuso y el maltrato policial a los detenidos ocurrieron en casi todos los arrestos LGBTQ+ documentados.

De acuerdo con la Our Identities Under Arrest (Nuestras identidades bajo arresto) Según el informe, a noviembre de 2023, 63 estados miembros de la ONU penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También señala que Uganda, en particular, ha sido dura con los ciudadanos LGBTQ+ con la introducción de su Ley contra la Homosexualidad.

Aunque el número de estados que penalizan los actos entre personas del mismo sexo ha disminuido constantemente durante la última década (Singapur, las Islas Cook y Mauricio despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo este año), el número de arrestos LGBTQ+ relacionados con la expresión de género o actos sexuales consensuales ha experimentado un “grave ” espiga.

ILGA sí señaló, sin embargo, que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que los registros formales a menudo son “inaccesibles o inexistentes” y, en muchos casos, estos arrestos o procesamientos nunca se registran o “se informan de manera poco clara y sesgada”. modales.”

En su investigación, ILGA revisó más de 1.000 casos de arrestos y enjuiciamientos LGBTQ+ a lo largo de dos décadas.

“Los países considerados ampliamente como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos y con relativa poca antelación”, dijo la consultora de investigación Kellyn Botha.

“El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género –ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación– se convierte regularmente en represión o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia no se pueden prever”.

Mientras tanto, países como Burkina Faso, Burundi, Comoras, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papua Nueva Guinea han visto muy pocos arrestos LGBTQ+ en los últimos años, pero ha habido un repentino aumento desde 2021.

Mientras que países como Kenia, Tanzania, Nigeria y Senegal han intentado “agravar la legislación existente”, otros como Irak, Níger y Malí han hecho nuevos esfuerzos para criminalizar oficialmente a las comunidades LGBTQ+ donde antes no existía ninguna ley anti-LGBTQ+.

El director de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, también señaló que, aunque la mayoría de las leyes anti-LGBTQ+ se centran en penalizar los actos consensuales entre personas del mismo sexo, en muchas jurisdicciones, “la forma en que una persona se viste, actúa o habla” a menudo la convierte en un blanco aún más fácil para la policía.

Mendos explicó que la policía suele considerar estos rasgos como “prueba” de “homosexualidad” y pueden ser suficientes para “justificar un arresto”, sin importar la identidad sexual o de género real del individuo.

“Es mucho más probable que alguien sea atacado por su apariencia o gestos disconformes que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, añadió.

Estos hallazgos demuestran que, en muchas partes del mundo, las comunidades LGBTQ+ viven “bajo una amenaza constante”, afirma el director de programas Guchaten Sandhu.

También demuestra aún más la gran importancia de ofrecer asilo a personas LGBTQ+, a pesar de lo que los exsecretarios del Interior puedan hacernos creer.

Sandhu comenta que la grave amenaza para las personas LGBTQ+ no sólo es real para “las poblaciones de base afectadas por oleadas repentinas de hostilidad, sino también para los solicitantes de asilo que, basándose en evaluaciones fallidas de seguridad, corren el riesgo de ser enviados de regreso a países donde serán perseguidos”.

⚠️ Nuevo informe de ILGA MUndo destaca fuertes aumentos en detenciones y procesamientos de personas LGBT y de género diverso. Los casos documentados muestran la naturaleza impredecible de estas detenciones y procesamientos judiciales. Lee más ➤ https://t.co/xrxwI1oUdk pic.twitter.com/K1FzPTtc57

— ILGA World (@ILGAWORLD) November 30, 2023

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.

–¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción.

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género.

Violencia institucional en América Latina

–Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países.

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.

Fuente PinkNews/Agencia Presentes

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Cuando tomó la difícil decisión de huir de Uganda, tras la aprobación de la draconianas ley anti-LGBTQ+ del país, el activista Henry Mukiibi pensó: “¿Qué he dejado atrás?“.

Mukiibi, director ejecutivo del grupo LGBTQ+ de Uganda Children of the Sun Foundation (COSF), lleva huido y viviendo en la capital keniana, Nairobi, desde principios de este año, tras recibir información de que las autoridades de su país querían detenerlo en virtud de la nueva legislación contra la homosexualidad.

La Ley contra la Homosexualidad, promulgada en mayo y que contempla la pena de muerte para ciertos actos sexuales entre personas del mismo sexo, ha desatado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país. Varias personas homosexuales han sido detenidas. Otros, entre ellos Mukiibi, consiguieron escapar mientras su gobierno promulgaba una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras del mundo.

Mukiibi explica a los medios de comunicación que la situación en Uganda es peor que nunca.

Los servicios del COSF, que proporcionan asistencia sanitaria y jurídica, así como refugio a personas vulnerables, entre ellas miembros de la comunidad LGBTQ+, se han visto afectados por la legislación.

Mukiibi afirma que fue testigo de cómo la gente se volvió “tan homófoba” que “empezaron a atacar” a los miembros del comité del COSF, “golpeándoles por ser quienes son”.

Y añade: “Lo que hicimos fue pedir a las personas cercanas que los trajeran a la clínica, y les estamos prestando servicios sanitarios para que reciban tratamiento. Los desahucios han llegado a ser demasiados porque el proyecto de ley tenía una frase que decía que los propietarios no debían dar a las personas LGBT alojamiento o casas en alquiler. Muchas personas fueron desahuciadas. Aquellos cuyos caseros conocían sus identidades, fueron desalojados porque los caseros temen que también sean llevados a prisión. Acogimos a esas personas en nuestro refugio, pero por desgracia, el casero de nuestro refugio me escribió una carta de desahucio desde que saben que soy una persona queer”.

Según la Ley contra la Homosexualidad de Uganda, los homosexuales pueden enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada“, que puede incluir mantener relaciones sexuales con un menor o una persona vulnerable, mantener relaciones sexuales siendo seropositivo o practicar el incesto.

Alguien que simplemente abogue por los derechos de las personas LGBTQ+ podría ser condenado a 20 años de cárcel, y las personas que alquilan a personas LGBTQ+ se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión.

Mukiibi dice que la vida es muy dura en Nairobi mientras espera ser reasentado en otro país. Mientras teme por su propia seguridad, sigue pensando en la comunidad LGBTQ+ que intenta sobrevivir en Uganda.

“Si me evacuan, ¿qué dejo atrás?“, se pregunta. “Tienen un dicho: ‘No puedo ser héroe dos veces’. También intento que trabajemos a distancia para que los miembros de nuestra comunidad reciban los servicios que necesitan. La razón por la que se me ocurrió la idea de la clínica fue que a veces se discrimina a la comunidad LGBT en los centros, y hace poco fui testigo de ello. La gente acudió [a] profesionales sanitarios que les están sermoneando para que saquen a golpes la homosexualidad de los niños”.

Incluso antes de que se aprobara este año la Ley contra la Homosexualidad, las personas LGBTQ+ sufrían una grave discriminación en Uganda.

Uganda ya era una de las varias naciones africanas donde es ilegal ser homosexual y promulgó una ley previa contra la homosexualidad en 2014. Los tribunales la anularon, aunque ser LGBTQ+ seguía siendo ilegal debido a la legislación anterior, segúnto Human Rights Watch.

El sentimiento anti-LGBTQ+ ha sido generalizado en la nación de África Oriental, con el presidente Yoweri Museveni, describiendo a las personas queer como “desviados“, y funcionarios del gobierno atacando a grupos centrados en los queer.

La policía utilizó el COVID-19 como pretexto para hacer una redada en las instalaciones del COSF destinadas a la comunidad LGBTQ+, acusando a los residentes de infringir la normativa de distanciamiento social.

Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ ugandesa han buscado seguridad en Kenia, sólo para descubrir que allí también sufren discriminación.

Dhalie Bulyaba, director de la iniciativa familiar global de Safe Place International, decidió abandonar Uganda e ir a Kenia porque “quería encontrar un lugar que no le cuestionara su forma de vestir ni le pidiera explicaciones sobre cómo se identifica”.

Pero se dieron cuenta de que solicitar asilo y recurrir a las autoridades “obliga a salir del armario” a las personas LGBTQ+. “Kenia tiene una de las mayores poblaciones de refugiados de África“, explica Bulyaba, “reciben a mucha gente de Somalia, Sudán, la República Democrática del Congo y otras zonas devastadas por la guerra, así que cuando dices que vienes de Uganda, se confunden. Te preguntan: ‘¿Por qué estás aquí? En Uganda no hay guerra’. Te ves obligado a salir del armario y esperar que se apiaden de ti, porque Kenia también penaliza la homosexualidad. Ya es bastante difícil luchar por tus derechos en tu propio país”.

Las personas LGBTQ+ están criminalizadas en Kenia, y las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo se castigan con una pena máxima de 14 años de prisión.

En septiembre, cientos de manifestantes contrarios a la comunidad LGBTQ+ se concentraron ante el Tribunal Supremo del país para protestar por su decisión de reafirmar el derecho de asociación de la comunidad homosexual y de constituir organizaciones no gubernamentales.

A Bulyaba le encanta “intentar reflexionar sobre cuestiones de gran calado e impulsar el cambio sistémico”, y le apasionan tanto la lectura y la cocina como la defensa de derechos. Siempre hay tiempo en mi día para reunirme a tomar un café y denunciar a estos políticos y los sistemas que intentan impulsar”, añaden.

También señalan que la persecución de las personas LGBTQ+ africanas no procede únicamente de las fuerzas conservadoras del continente; grupos del Reino Unido y Estados Unidos están detrás de parte de ella.

Los grupos cristianos con sede en Estados Unidos -conocidos por luchar contra todo, desde los derechos reproductivos hasta las libertades de las personas LGBTQ+- han realizado grandes inversiones en África durante la última década, impulsando una agenda estrictamente conservadora.

En abril, un demoledor informe reveló que el gobierno británico financió el trabajo de una organización religiosa virulentamente anti-LGBTQ+ en Uganda, según VICE.

El Banco Mundial ya ha dejado de conceder préstamos a Uganda, y la Unión Europea ha denunciado la legislación anti-LGBTQ+ más reciente.

Sulah Mawejje, directora para Kenia de Safe Place International Dream Academy, afirma que el Banco Mundial y otras organizaciones “tienen que ser más proactivas y menos reactivas” porque saben que los movimientos anti-LGBTQ+ en África están financiados por organizaciones extranjeras. “¿Por qué han esperado a que se apruebe algo como este proyecto de ley antigay para imponer sanciones e intentar plantar cara al gobierno?”, se pregunta. “Podríamos haber evitado que la gente se viera obligada a huir y a pasar por el dificilísimo proceso de convertirse en refugiado”.

Mawejje, intérprete a tiempo parcial para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, añade que es “mucho más que un refugiado, una persona que se ha enfrentado a una discriminación indecible” al huir de Uganda. “Tengo otra faceta, como muchos refugiados, a la que no llegan los medios de comunicación: soy el alma de la fiesta“, dice. “Me encanta ser atrevido y desafiante”.

Fuente PinkNews

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La administración Biden ha decidido retirar esta semana a cuatro naciones africanas de un programa comercial, alegando “graves violaciones” de los derechos humanos, especialmente mediante la implementación legislativa de la criminalización de las personas LGTBIQ+.

En una carta enviada el 30 de octubre al representante republicano Mike Johnson, recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, y a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Joe Biden anunció su intención de retirar a la República Centroafricana, Uganda, Níger y Gabón de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). Las razones para apartar a las cuatro naciones como beneficiarias del acuerdo comercial están relacionadas con lo que Biden describió como una falta de diversificación política y de aceptación de los “derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

“El gobierno de la República Centroafricana ha cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y no ha establecido, o no está haciendo progresos continuos para establecer, la protección de los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos, el Estado de derecho y el pluralismo político”, afirma la carta.

Además de la República Centroafricana, Biden especificó que los dirigentes de Níger y Gabón no han cumplido las estipulaciones sobre “pluralismo político y Estado de derecho” del acuerdo, mientras que Uganda “incurrió” en fallos percibidos en el reconocimiento de los “derechos humanos”.

“A pesar del intenso compromiso entre Estados Unidos y la República Centroafricana, Gabón, Níger y Uganda, estos países no han abordado las preocupaciones de Estados Unidos sobre su incumplimiento de los criterios de elegibilidad de la AGOA”, continúa la carta.

Las razones políticas para retirar a Gabón y Níger implican, según se informa, golpes de estado en sus respectivos países que han dado lugar a un liderazgo militar. Por otra parte, la República Centroafricana y Uganda criminalizan a las personas LGBTIQ+.

La retirada de los países se produce meses después de que el parlamento ugandés aprobara su ley antisodomía, que limita estrictamente e incluso penaliza la homosexualidad en la nación. La legislación ha recibido críticas de políticos occidentales, incluido el gobierno de Biden, pero el apoyo de otras naciones africanas.

Del mismo modo, aunque la República Centroafricana no penaliza la homosexualidad, tiene en vigor sanciones que prohíben los actos sexuales entre personas del mismo sexo en público.

Biden concluyó su carta declarando su decisión de “poner fin a la designación de estos países como países subsaharianos beneficiarios de la AGOA, con efecto a partir del 1 de enero de 2024”. Según se informa, la administración “continuará evaluando” la elegibilidad de las cuatro naciones para cumplir los requisitos para ser reincorporadas al programa.

La AGOA permite a los países elegibles acceder al mercado estadounidense libre de aranceles y se aplica a casi 2.000 productos. Establecido en 2000, el acuerdo se basa en gran medida en la adhesión de las naciones implicadas más que en acciones económicas recíprocas. Además, la administración Biden tiene la última palabra sobre si los países pueden acogerse a los beneficios de la ley.

Los “rigurosos” requisitos para ser beneficiarios incluyen “progresos continuos” en las áreas de “economía de mercado, Estado de derecho, pluralismo político y derecho al debido proceso”, así como “promulgar políticas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos”.

La medida de Biden acercará aún más a esos países al BRICS foro político económico formado por cinco países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyo objetivo es potenciar las posibilidades de cada uno de sus miembros a través de, por ejemplo, la asistencia financiera para determinados tipos de proyectos.

En los últimos meses, la influencia política, militar y económica de Rusia y China en África no ha parado de crecer a costa del papel de Occidente en el continente.

Fuente LSN

General, Homofobia/ Transfobia. África, Derechos Humanos, Derechos LGTBIQ+, Estados Unidos, Gabon, Homofobia/Transfobia, Joe Biden, Kamala Harris, Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), Mike Johnson, Níger, Personas LGTBI, República Centroafricana, Sanciones comerciales, Uganda