Miriam Blasco es noticia estos días porque se acaba de saber que se casó con la luchadora a la que le ganó el Oro en Barcelona ’92. Pero pocos se acuerdan de que Blasco se hizo después senadora del PP y votó en contra del matrimonio igualitario.

Numerosos medios recogen hoy la noticia de que Miriam Blasco, ganadora de un oro olímpico en Barcelona (judo femenino, categoría -56 kg.), está casada desde hace más de un año con Nicola Fairbrother, la británica que fuera su rival en la final olímpica y de la que es pareja desde hace 22 años. Así se lo revelaba Blasco a Maria Escario en Televisión Española. Lo que esos mismos medios obvian es que el de Blasco, que tras su carrera deportiva se dedicó a la política y fue senadora del Partido Popular, fue uno de los 131 votos que el 22 de junio de 2005 respaldaron el veto a la ley de matrimonio igualitario aprobada semanas antes por el Congreso, y que la Cámara baja se vio obligada a levantar por mayoría absoluta el 30 de junio.

El veto del Senado a la ley de matrimonio igualitario fue aprobado por 131 votos frente a 119. Votaron a favor los 126 senadores del PP, entre los que se encontraba Blasco, además de cuatro senadores de Unió Democràtica de Catalunya y uno del Partido Aragonés. Enfrente, 119 votaron en contra. Hubo 2 abstenciones y 7 ausencias (ninguna del PP). La votación tuvo lugar después de un debate en el que destacaron muy especialmente los argumentos homófobos de Rosa Vindel, la portavoz del PP, quien por cierto continúa siendo senadora doce años después. Cualquiera puede consultar lo que pasó en el Diario de Sesiones de aquel día, aunque en 2016, coincidiendo con el 11º aniversario del veto, hicimos un extracto del argumentario popular.

Pero como aperitivo, dijeron los del PP fue que habría que buscar otro nombre “más pacífico y menos controvertido y más acorde con nuestro entendimiento y con los de nuestro entorno“. O que había que vetar la ley del matrimonio y buscar otra fórmula que no hiriera las “sensibilidades ni convicciones personales” de algunas personas. También dijeron que el matrimonio era una cosa exclusivamente heterosexual, que el matrimonio heterosexual debía tener ciertos privilegios sobre el homosexual o que “ni el adoptado ni la adopción pueden ser instrumento de legitimación u homologación de relaciones homosexuales.”

Pues a todas esas cosas tan bonitas y tan poco homófobas Miriam Blasco votó que sí. Y quiso que se vetara la ley del matrimonio igualitario. Y evidentemente estuvo de acuerdo con el recurso ante el Tribunal Constitucional que Mariano Rajoy plantó a la ley cuando ese veto se eliminó poco después en el Congreso por mayoría absoluta.

El Congreso de los Diputados levantó el veto una semana después. Han pasado doce años y unas 40.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio, ejerciendo el derecho al que el PP quiso impedirnos acceder (junto al de la adopción conjunta, no lo olvidemos: el hecho de que el matrimonio igualitario abriese la puerta a la adopción homoparental plena era el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” que los populares argumentaron en su recurso al Tribunal Constitucional). Uno de esos matrimonios, por lo que ahora hemos sabido, es el de Blasco, una de las 126 senadoras que el 22 de junio de 2005, y cuando su pareja sentimental era ya otra mujer, votó en contra de la ley que lo hizo posible.

Nos alegramos de que Miriam Blasco sea feliz con su pareja y haya dado por fin el paso de visibilizarse. Su historia de amor es desde luego de cine, aunque muchos pensarán que su historia de hipocresía no se queda atrás. Le deseamos, en cualquier caso, todo lo mejor.

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Sabor agridulce dos años después de la aprobación de la ley catalana contra la LGTBfobia: una sola sanción y despliegue incompleto

Estos días se cumplen ya dos años desde que el Parlamento catalán aprobase la ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Un texto que incorporó un capítulo sancionador específico y que contó además con un amplio respaldo político. Solo Partido Popular y Unió Democràtica de Catalunya (hoy ya una fuerza extraparlamentaria) se opusieron. Fue todo un triunfo de los colectivos LGTB catalanes, verdaderos impulsores de un texto histórico. Dos años después, el balance es agridulce. Para algunos, decepcionante: solamente se ha impuesto una sanción, pese a que que ha habido decenas de denuncias, y el despliegue efectivo de la ley deja mucho que desear.

La Generalitat de Cataluña ha impuesto la primera sanción económica por homofobia por un caso de insultos a un trabajador de un centro residencial para ancianos que tuvieron lugar el marzo pasado. La sanción ya se ha hecho efectiva y la persona infractora se ha tenido que hacer cargo de un pago de 300 euros. Es la única sanción que ha sido impuesta como consecuencia de la ley ha consistido en una multa de 300 euros al trabajador de una residencia de mayores, que negó el paso a un visitante por encontrarse fuera del horario de visitas. Ello generó una discusión en la que el sancionado, conocedor de la orientación sexual de la víctima, le llamó “maricón de mierda”. Una sanción de la que se ha mostrado satisfecha la consejera catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, que ha alabado tanto la valentía de la víctima que se atrevió a denunciar como la de las personas que fueron testigos de la agresión.

En la presentación del borrador creado por FELGTB para la Ley de Igualdad LGTBI y de No Discriminación, se quiso insitir en la importancia de que las leyes tengan recorrido y fuerza para poder aplicarse. Elementos que se convierten en algo básico para que las normas no se queden en papel mojado, como nos demuestran las noticias que nos llegan desde la Generalitat de Cataluña.

Según un comunicado hecho público por el Departamento del que es titular Bassa, desde que se aprobó la ley en octubre de 2014 el organismo ha recibido 81 denuncias formales: De las 81 denuncias que ha recibido el Área para la igualdad de trato LGTBI, 67 por insultos de carácter LGTBfobo, ya sea en persona o por otros medios, como redes sociales (entre las que hay 34 insultos en persona, 16 a través de les redes sociales y 17 en otros medios), 5 por amenazas y otras 5 por agresiones. Por lo que se refiere al tratamiento de las denuncias, se han abierto 32 expedientes administrativos de acuerdo a la ley, mientras que el resto se han derivado a la vía penal o laboral o se ha considerado que quedaban fuera del ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya. El mismo comunicado, no obstante, reconoce que además de las denuncias se han atendido 140 notificaciones de vulneraciones de derechos reconocidos en la ley catalana y “centenares” de consultas al teléfono 012. Otras fuentes, de hecho, hablan directamente de 181 denuncias registradas.

Según ha confirmado Dolors Bassa, Consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, ya ha llegado la primera sanción por un caso de homofobia. La víctima fue increpada y menospreciada por su orientación y su valentía al denunciar ha permitido instrumentar la sanción, así como gracias a las personas que fueron testigos.

Además, Dolors Bassa ha querido señalar que la sanción tiene “un gran simbolismo”, porque pone de manifiesto la tolerancia cero de la administración y la sociedad ante las conductas contra el colectivo LGTBI, así como un paso adelante en la lucha por los derechos de estas personas, y ha animado a que denuncien cualquier vulneración de los derechos que sufran.

¿Vaso medio lleno o medio vacío, en cualquier caso? Pues los colectivos LGTB no se muestran precisamente satisfechos. Hasta el punto de que Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), presidente del Observatori contra l’Homofòbia y de hecho uno de los promotores de la ley, decidía no acudir al acto organizado por la Generalitat para conmemorar su segundo aniversario como muestra de protesta por la inacción política. Las entidades LGTB catalanas quieren que la ley se desarrolle de forma efectiva y se aplique en todos y cada uno de sus aspectos: que se refuerce la atención a las víctimas, de forma que puedan ser atendidas de forma inmediata, así como que se desarrolle un servicio de prevención del acoso por LGTBfobia en las escuelas o un plan de inserción laboral de las personas transexuales, por mencionar algunos ejemplos.

Para Eugeni Rodríguez, un problema fundamental es la falta de recursos. “El Govern solo dispone de dos técnicos que se ocupan de las cuestiones LGTB, y que encima tienen otras misiones asignadas. En la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, hay 17”, ha declarado a Nació Digital. Aun así, Rodríguez sí reconoce un cierto cambio de actitud entre el anterior gobierno de Convergència i Unió y el actual de Junts Pel Sí.

Las entidades LGTB catalanas, en cualquier caso, están ya trabajando en un documento en el que expresarán cuáles son las prioridades que a su juicio deben atenderse. Para ello se han reunido estos días con representantes de todos los grupos parlamentarios (aunque los del PP se marcharon de la reunión antes de que finalizase) así como del gobierno catalán. El objetivo: un calendario con medidas concretas y fechas para su despliegue.

Las leyes hay que desplegarlas y aplicarlas…

Lo hemos constatado en ocasiones anteriores y en otras comunidades autónomas, no solo en Cataluña. El esfuerzo de los colectivos acaba consiguiendo la aprobación, a veces con importante ruido mediático, de excelentes leyes contra la LGTBfobia o contra la discriminación de las personas transexuales (la peor, sin duda, la ley gallega, que carece de capítulo sancionador al no haber querido incluirlo el PP en su momento…). Cuando llega sin embargo la hora de su despliegue reglamentario, de dotarlas presupuestariamente o simplemente de implementarlas de forma efectiva (tareas todas ellas de menor “brillo político”) comienzan a producirse las demoras. De ahí la necesidad de seguir contando con colectivos LGTB fuertes e independientes, porque las fuerzas que operan en contra de nuestros derechos sí que no descansan.

Fuente Redacción Chueca/Dosmanzanas

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Nunca olvidaremos lo que el PP nos ha hecho sufrir a las familias homoparentales…

Han pasado once años. Un triste 22 de junio de 2005 el Senado de España, controlado por el Partido Popular, vetaba la ley de matrimonio igualitario promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por 131 votos a favor (126 del PP, 4 de Unió Democràtica de Catalunya y 1 del Partido Aragonés), 119 en contra y dos abstenciones. Siendo estrictos, el veto que fue aprobado no fue el presentado por el PP, sino el defendido por el senador de Unió, Jordi Casas, que se votó primero. No fue necesario, por tanto, que el veto defendido por el PP se llegase a votar. Pero las argumentaciones más miserables sí que fueron las que hizo la representante del grupo popular en aquel debate, Rosa Vindel. Si hoy las recordamos es porque Rosa Vindel es de nuevo candidata al Senado por el Partido Popular en Madrid en las elecciones del próximo domingo. 

A continuación recogemos entrecomillados literales de la intervención ante el Senado de Rosa Vindel, tal y como constan en el Diario de Sesiones de aquel día, que cualquiera puede consultar. Hablan por sí solas:

Sobre la elección del matrimonio y no otra figura jurídica…

“En lo que no estamos en absoluto de acuerdo es en la fórmula que ha elegido el Gobierno para intentar hacer desaparecer esa discriminación, permitiendo el matrimonio entre homosexuales, cuando se podía haber elegido cualquier otra mucho más pacífica, menos controvertida y más acorde con nuestro ordenamiento y con los de nuestro entorno”.

“Una iniciativa legislativa mucho más elaborada y clarificadora que el proyecto que hoy tramitamos, además de mucho más pacífica, porque resulta que no hiere sensibilidades ni convicciones personales algunas”.

Sobre el carácter exclusivamente heterosexual del matrimonio…

“El matrimonio, señorías, es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Por lo tanto, la heterosexualidad es un elemento constitutivo esencial del propio concepto del matrimonio. El matrimonio o es heterosexual o no es”.

“Desde la perspectiva de la garantía institucional, es un completo contrasentido el argumento de que para fortalecer la protección de los homosexuales se les debe incorporar a la garantía constitucional del artículo 32”.

“Se debe admitir la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal y como prevé nuestro Código Civil, de tal forma que los poderes públicos puedan otorgar un trato de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y mujer frente a una unión homosexual”.

Sobre la adopción homoparental…

“Por lo que se refiere a la adopción, la prudencia aconseja que la aplicación a las uniones homosexuales derive de una voluntad expresa y consciente del legislador, y no como aparece aquí, señorías, como un efecto colateral de la integración en bloque de un nuevo modelo de convivencia en el régimen matrimonial. La filiación adoptiva tiene como modelo la filiación biológica, por lo que la adopción conjunta por una pareja homosexual es contraria a la protección integral que los poderes públicos deben asegurar a los hijos”.

“La adopción está pensada en beneficio del adoptado y ni el adoptado ni la adopción, como instituto, pueden ser instrumento de legitimación u homologación de relaciones homosexuales”.

“El Grupo Parlamentario Popular veta este proyecto de ley porque, conocedor su autor, el Gobierno, de que es un cambio radical y nada pacífico para la sociedad, lejos de ir hacia una legislación prudente y gradual, rechaza frontalmente admitir la libertad de conciencia o, si lo prefieren, la objeción de conciencia para quienes están autorizados por la ley a celebrar matrimonios”.

Sobre la objeción de conciencia al matrimonio igualitario…

“¿Por qué hay que impedir a los ciudadanos que se comporten de acuerdo con sus creencias más profundas? No me parece de recibo intentar disuadir a los objetores con amenazas sobre lo que puede ocurrir si no se cumplen las leyes, ni afirmar, como se ha llegado a hacer, que la objeción de conciencia en esta ley es una barbaridad o una aberración jurídica”.

“Muy bien, pues sigamos su razonamiento, señoría. ¿Es qué, según usted, un funcionario estaría obligado a aplicar una ley que regulara la tortura, que reconociera la esclavitud o que estableciera la eliminación de una etnia?”.

Sobre el gasto que supondría…

“Se nos ha dicho que este proyecto no supone ningún aumento de gasto y que no crea ninguna prestación, por lo que no procede estimar coste alguno — se nos dice— a la reforma que en él se contiene. Nosotros no sabemos qué pensar ante esta afirmación, señorías, porque, ¿qué se nos está diciendo? ¿Que estas personas no van a poder tener derecho a pensión dado que el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¿Que los homosexuales no van a poder heredar, como heredan los matrimonios actuales españoles, porque el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¿O que incluso en la Ley del Impuesto sobre la Renta, señorías, no se les van a poder aplicar las desgravaciones fiscales porque el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¡Pues claro que hay costes económicos, señorías!”

Sobre la supuesta ideología de género…

“La permuta es la permuta y la compraventa es la compraventa, y no se discrimina a la permuta por no llamarle compraventa. No hay, como se dice, una exigencia constitucional en el artículo 9 de la Constitución en relación con la doctrina constitucional. Por razones de justicia material, como dice el Tribunal Constitucional, se podrá avanzar en el trato jurídico análogo, pero no convertir en matrimonio una relación que no se identifica con él. Se nos dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una conquista de la igualdad. Yo no quiero dar más ideas a este Gobierno, pero sepan, señorías, que tras la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo en Ontario, Canadá, se ha tenido que borrar nada menos que de 73 leyes toda mención a la existencia de dos sexos, eliminando palabras como esposo y esposa, viuda y viudo, hombre y mujer, de donde se deduce que negar la existencia de hombre y mujer, más que un avance en la igualdad es toda una conquista sí, pero de las ideologías de género, cuando resulta que el género humano, señorías, no se divide entre heterosexuales y homosexuales, sino entre hombres y mujeres y el matrimonio es connatural hasta ahora a nuestra propia existencia”.

Y otra vez sobre la adopción, citando a Savater…

“El niño no se trata de un bien que se pueda procurar una pareja heterosexual u homosexual. El niño es una persona nacida de la unión, sea cual sea su modalidad, de un hombre y una mujer. Ya que sus señorías no hacen caso ni al Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial, ni a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, yo les acabo de citar a Lionel Jospin, que a lo mejor entre ustedes tiene alguna autoridad, pero si Lionel Jospin es poco para ustedes, déjenme que les cite también a Fernando Savater. Señorías, Fernando Savater, en un artículo publicado en el diario «El País» que se titula «Jugar a papá y mamá» afirma: El tema de la adopción implica a otro que no forma parte de la pareja. La dificultad con las parejas homosexuales en lo que toca a reproducción humana no es que amen a los de su propio sexo, sino que sean del mismo sexo; es decir, que no puedan aunar procreadoramente [sic] lo masculino y lo femenino. No es lo mismo —dice Fernando Savater— ser padres que jugar a papá y mamá. Si de derecho vamos a hablar, no sólo cuenta el de ser padre o madre, sino el de tener padre y madre, y cosa muy distinta es programar deliberadamente huérfanos de padres o madres rechazando el triángulo genésico desde su inicio como un prejuicio irrelevante. Fin de la cita del señor Savater”. Nota: sobre la oposición de Fernando Savater a la homoparentalidad ya hemos publicado otras entradas.

Rosa Vindel, candidata y casi segura senadora el proximo domingo

Se nos preguntará que por qué traemos a colación los argumentos que el PP defendió en el Senado de España contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, una vez que el recurso de inconstitucionalidad presentado por ese partido contra ambas realidades fue desestimado por el Tribunal Constitucional (en contra de lo que los populares repiten continuamente, aquel recurso no se dirigía exclusivamente contra el matrimonio por una razón “nominalista”: el cuarto motivo de inconstitucionalidad argumentado entonces por el PP se refería a la homoparentalidad). El PP, además, ha promocionado internamente a figuras que sí están a favor de los derechos LGTB, como el abiertamente gay Javier Maroto o la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Nos felicitamos por ello, pero Rosa Vindel, defensora de los miserables argumentos expuestos arriba, ha seguido siendo senadora, y es de hecho candidata a la reelección (casi segura, según las encuestas) en las elecciones del próximo domingo.

Por el contrario, si no nos referimos a los argumentos de Unió Democràtica de Catalunya y de su portavoz, Jordi Casas, es porque este dejó de ser senador, y de hecho Unió es hoy una fuerza extraparlamentaria y marginal. Ya se encargó Josep Antoni Durán i Lleida, otro político que destacó por su homofobia, de convertirla en un mal recuerdo en la memoria de los catalanes.

El veto del Senado, recordemos, fue levantado por el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005. La ley española de matrimonio igualitario entró en vigor el 3 de julio de ese año.

Fuente Dosmanzanas

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Las autoridades de inmigración de Lituania han denegado el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La decisión del Ministerio del Interior lituano contraviene abiertamente la directiva 2004/38 de la Unión Europea, que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión.

Es más, dado que no existía precedente respecto a la concesión de permisos de residencia a cónyuges del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea que quisieran residir en Lituania, el Departamento de Migraciones de ese país consultó antes al Departamento de Leyes Europeas (dependiente del Ministerio de Justicia) y este consideró que el ciudadano bielorruso sí tenía derecho al permiso de residencia, con independencia de que Lituania no reconozca el matrimonio igualitario. “Carece de sentido denegar el derecho de residencia al cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea cuando el matrimonio ha tenido lugar de acuerdo a las normas específicas de un estado miembro y es reconocido por 13 países europeos”, expresaba el informe del Ministerio de Justicia, que alertaba de que denegar el permiso podría ser considerado una violación del derecho de libre circulación, unos de los principios fundamentales de la Unión Europea.

El Departamento lituano de Migraciones, dirigido por Evelina Gudžinskaitė, prefirió sin embargo seguir el criterio del Ministerio del Interior, que consideró lisa y llanamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Lituania y que por tanto no debía concederse el permiso.

Ya en 2012 el Parlamento Europeo insistió sobre la materia

En esta misma página, en abril de 2012, hacíamos referencia a un informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión Europea. Por lo que a las parejas del mismo sexo se refiere, el pronunciamiento del Parlamento Europeo dejaba claro que los estados miembros deben asegurar la libertad de movimientos para todos los ciudadanos y sus familias sin discriminarlos por razones de orientación sexual o identidad de género, y que los derechos reconocidos por la directiva europea sobre libre circulación de personas deben considerarse también de aplicación a las parejas de hecho, uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo.

La alusión explícita a las parejas del mismo sexo fue introducida en forma de enmienda gracias al voto de una mayoría de europarlamentarios, debido precisamente al conocimiento de los obstáculos a la libre circulación a los que se enfrentan los ciudadanos europeos por razones de orientación sexual. Desde España no está de más recordar que entonces votaron en contra de introducir esta enmienda 17 eurodiputados del PP, además de uno de Unió Democràtica de Catalunya. Como nota positiva destacó la eurodiputada popular Pilar Ayuso, que se desmarcó de sus compañeros y votó a favor de la enmienda.

Lituania, un estado hostil a las personas LGTB

Desde la Liga Gay Lituana (LGL) han expresado su preocupación por lo que consideran un nuevo episodio discriminatorio por razón de orientación sexual. Lo cierto es que Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB, y de ello hemos dado cuenta en dosmanzanas. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

La última noticia que recogíamos sobre Lituania, en noviembre de 2015, tenía un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

Fuente Dosmanzanas

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Interesante radiografía de un político que se va y que podría llevarse a otros de su estilo…

Políticos de diverso signo y opinadores lloran la dimisión como presidente de Unió Democràtica de Catalunya de Josep Antoni Duran i Lleida. Un político generalmente alabado como un nacionalista “moderado y con sentido de estado”, adalid del entendimiento entre Cataluña y Madrid… Les dejamos a ellos los lloriqueos. Desde dosmanzanas no podemos sino alegrarnos de perder de vista a uno de los políticos que con más ahínco han trabajado en contra de los derechos LGTB.

Contrario al matrimonio igualitario

Duran i Lleida no solo votó en 2005 contra la ley que hizo posible el matrimonio igualitario en España. En el año 2011 (ya habían pasado seis años), Duran seguía defendiendo activamente su derogación y sustitución por una ley de uniones civiles. Lo hacía en declaraciones a RAC 1, en una entrevista en la que como cabeza de lista de la aún existente CiU confirmaba que si el PP (que ya se adivinaba como ganador de las elecciones con mayoría absoluta) llevaba el tema a votación en el Congreso los diputados de la formación nacionalista dispondrían de libertad de voto sobre el asunto (CiU era por entonces una federación que agrupaba a Convergència Democràtica de Catalunya, de carácter liberal y favorable al matrimonio igualitario, y a Unió Democràtica de Catalunya, su partido, de carácter democristiano y contraria al mismo).

Es más, Duran no dudó en utilizar por entonces argumentos falsos para justificar sus tesis, al defender que como él piensan“el 90% de los países europeos”. “Igual que yo piensan los socialistas franceses, alemanes, austríacos y de otros muchos países”, expresaba. Lo hacía en un momento en el que el matrimonio igualitario era ya legal en Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Islandia y Portugal y se discutía ya en Luxemburgo, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Escocia y Finlandia (todos ellos acabaron aprobándolo). Por lo que se refiere a los socialistas franceses, a los que citó expresamente, ya por entonces el Partido Socialista francés había prometido la apertura del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo en caso de ganar las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, como efectivamente sucedió.

Defensor de las “terapias reparadoras”

Más infame aún resulta la posición de Duran i Lleida sobre las “terapias reparadoras” de la homosexualidad. “Estoy en contra de represaliar la asistencia médica a las personas que intentan modificar su homosexualidad o controlarla”, proclamaba en junio de 2010, días después de que la entonces consejera de Salud catalana, Marina Geli, anunciara una investigación tras conocerse que en una clínica de Barcelona se llevaban a cabo este tipo de procedimientos. Lo hacía en una entrada en su propio blog, en la que arremetía contra la política de la Generalitat (cuando esta era gobernada por un tripartito de izquierda) a la que reprochó ser “el único gobierno que pertenece a la internacional gay y lésbica”. Ya en en su momento, cuando la Generalitat catalana fue admitida en ILGA, dosmanzanas recogió la reacción airada de Duran, que exigió la salida de dicha organización.

Año y medio después, Duran i Lleida ratificaba su opinión en una entrevista a Vanity Fair. “Si hay un homosexual o un heterosexual que libremente acude a un psicólogo solicitándole ayuda porque cree que necesita un cambio en su sexualidad, tiene todo el derecho”, opinó entonces el político catalán, inmune a las críticas recibidas un año antes. En esta segunda ocasión las palabras de Duran fueron aún más fuertemente cuestionadas, especialmente desde los que aún eran sus socios de Convergència, lo que llevó al político a asegurar que sus palabras habían sido “sacadas de contexto”.

Contrario a la ley catalana contra la homofobia y la transfobia

Pero la mala baba homófoba de Duran i Lleida acabó por desplegarse en todo su esplendor días antes de que el Parlamento catalán aprobase su histórica ley contra la homofobia y la transfobia. Fue en una carta a los simpatizantes de su partido, supuestamente dirigida a ensalzar a CiU como “la única fuerza que compromete a independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir”, pero que acabó convertida básicamente en un compendio de los peores argumentos homófobos y tránsfobos al insistir en el carácter diferencial de Unió. “Y hablando de las especificidades de Unió: la próxima semana tendrá lugar el debate de la proposición de ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Creo que la iniciativa legislativa tiene más de promoción que de no discriminación”, argumentaba. El texto añadía otras perlas como “hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo”, “la parte sancionadora debe ser eliminada por completo”, “la proposición de ley introduce también contenidos inaceptables para nosotros en el ámbito educativo a partir del respeto al ideario de los centros escolares, como lo hace respecto a la familia, por no hablar de lo que yo llamo ‘chiringuitos’ y que la propuesta define como principio orientador de los poderes públicos: el de ‘establecer medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas’. ¿Acaso hay una ley que diga que se deben fomentar entidades como SOS Racismo o cualquier entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano?”.

En el texto, en definitiva, Duran expresaba su rabia por el hecho, no solo de que el Parlamento catalán aprobase una ley contra la LGTBfobia, sino sobre todo porque contemplase un apartado sancionador que en buena parte es el que le da valor. Y más allá de su tono faltón hacia las organizaciones de defensa de los derechos LGTB (“chiringuitos”, los llamó), lo que resultaba además especialmente despreciable es el empeño de Duran en escudarse en otros colectivos discriminados y su alusión a organizaciones tan respetables como SOS Racismo, como si ello invalidara la necesidad de una protección específica a las personas LGTB.

Hasta nunca, señor Duran

Motivos más que suficientes para saludar la renuncia de Duran i Lleida, al que después de conducir a su partido a la irrelevancia (fuera de los parlamentos catalán y español) adivinamos poco futuro político. Atrás quedan por cierto otros episodios poco edificantes: el caso Pallerols (escándalo de corrupción ligado a la financiación ilegal de su partido), sus declaraciones ofensivas hacia los trabajadores del campo andaluces, la polémica por la exhibición de sus estancias en el lujoso Hotel Palace… aunque esto ya queda fuera del ámbito estrictamente LGTB. Por lo que a nosotros respecta, lo que celebramos es la desaparición de la escena política española de un declarado enemigo de nuestros derechos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Caso Pallerols, Cataluña, CDC, CiU, Duran i Lleida, Generalitat de Catalunya, Homofobia, Hotel Palace, Matrimonio, UDC

Cataluña dio un paso adelante aprobando la primera Ley contra la Homofobia en España el pasado 2 de octubre de 2014 por 128 votos a favor, los de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP mientras que UDC apoyaba solo una parte de una norma que está beneficiando a un millón de personas, ya que se calcula que entre un 10% y un 15% de la población catalana pertenece al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Se trataba de garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

Ahora, la portavoz de Igualdad de Convergència en el Congreso, Lourdes Ciuró, cree que esta normativa es insuficiente y, por ello, ha presentado una proposición no de ley para la defensa de los derechos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en la que solicita al Gobierno partidas presupuestarias para políticas de erradicación de cualquier tipo de discriminación y fomento de valores de igualdad, respeto, tolerancia. “Instamos al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de este colectivo”, exige Ciuró, coincidiendo con la celebración estos días en Barcelona del Circuit Festival.

Ciuró lamenta que en los últimos años las estadísticas ofrecen “claros indicios” de que la discriminación, o incluso agresiones por motivo de orientación sexual, “en ningún caso han dejado de producirse”.

Según denuncia la diputada de CDC, el número de casos reales es “muy superior” a lo que muestran las estadísticas. “Muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o situación de irregularidad”, destaca. “Nos hacemos eco de la demanda del colectivo LGTB y creemos necesario tomar medidas para garantizar sus derechos y facilitar su participación en todos los ámbitos de la vida social”, dice Ciuró.

CDC también exige al Ejecutivo que garantice el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos y a tal efecto, “abordar la modificación de la denominación de los permisos de maternidad por nacimiento, adopción o acogimiento, a fin de evitar la discriminación en las familias con progenitores del mismo sexo“.

Foto de portada: Genoveva Seydoux Fotografía

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. Agresiones, C's, Cataluña, CDC, CUP, Discriminación, ERC, Homofobia, ICV-EUiA, Ley, Lourdes Ciuró, PP, PSC, UDC

El pasado jueves 12 de marzo  tuvo lugaren el Parlamento Europeo  una votación, de especial interés para las personas LGTB, la del “Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto”, que por primera vez sitúa de forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo en el campo de los derechos humanos. Un avance aprobado por 472 votos a favor (entre ellos los de  50 eurodiputados españoles) 115 en contra y 46 abstenciones. Por lo que se refiere a los derechos de las personas trans, sin embargo, 16 eurodiputados españoles (15 populares y 1 de Unió Democràtica de Catalunya) se desmarcaron.

Para comprender lo que supone el texto, insertamos en su integridad el fragmento referido a los derechos LGTB:

(…)

Derechos de las personas LGBTI

159. Lamenta que la homosexualidad sigua aún tipificada como delito en setenta y ocho países, siete de los cuales prevén la pena de muerte (Arabia Saudí, Nigeria, Mauritania, Sudán, Sierra Leona, Yemen, Afganistán, Irán, Maldivas y Brunei), y que veinte países aún tipifiquen como delito la identidad transgénero; condena firmemente el reciente aumento de leyes discriminatorias, y cree que las prácticas y los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o su identidad de género no deberían quedar impunes; alienta a que se lleve a cabo un seguimiento estrecho de la situación en Nigeria, Uganda, Malawi, la India y Rusia, donde nuevas leyes o recientes cambios legislativos suponen una grave amenaza para la libertad de las minorías sexuales; reitera su apoyo a la continuación de los trabajos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para luchar contra estas leyes y prácticas discriminatorias y, más generalmente, al trabajo de las Naciones Unidas en este ámbito;

160. Apoya la idea de que el SEAE priorice sus acciones en este ámbito y ponga especial énfasis en situaciones en que esté en vigor la pena de muerte, o en las que personas LGBTI sufran torturas o maltrato, mediante la condena de estas prácticas de conformidad con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte y las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

161. Acoge con satisfacción la adopción en 2013 de las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI); pide al SEAE y a la Comisión que planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos con terceros países y en los foros internacionales; destaca la importancia de que la Comisión y el SEAE planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos y utilicen la IEDDH para apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI, capacitándoles para oponerse a las leyes homófobas y transfóbicas y a la discriminación contra las personas LGBTI, sensibilizando al público en general sobre la discriminación y la violencia que sufren las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes y prestando asistencia urgente (desde psicológica y sanitaria hasta de mediación y de ayuda a la reintegración) a las personas que lo necesitan;

162. Toma nota de la legalización del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un creciente número de países —diecisiete en la actualidad— en todo el mundo; alienta a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a que contribuyan en mayor medida a la reflexión sobre el reconocimiento del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo como cuestión política, social y de derechos humanos y civiles;

163. Pide a la Comisión Europea y a la OMS que retiren los trastornos de identidad de género de la lista de enfermedades mentales y del comportamiento; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para acabar con la medicalización de las identidades trans; anima a los Estados a garantizar procedimientos de reconocimiento de género rápidos, accesibles y transparentes que respeten el derecho a la autodeterminación;

164. Celebra el creciente apoyo político a la ilegalización de la esterilización como requisito para el reconocimiento legal del género, tal y como expresa el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, y respalda la opinión de que dicho requisito debería ser tratado y perseguido como una violación del derecho a la integridad personal y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

165. Se felicita de la revocación, en octubre de 2013, de la ley moldava por la que se prohibía la «propaganda de relaciones distintas de las matrimoniales o familiares», y pide a los demás países de la región que sigan el ejemplo de Moldavia;

(…)

Una serie de puntos a los que ninguna formación política que diga defender los derechos LGTB puede oponerse. De hecho, el texto contaba con el apoyo genérico de los principales grupos de la Eurocámara, incluyendo el Grupo Popular Europeo, aunque numerosos diputados de este grupo votaron en contra o se abstuvieron. Examinemos, el voto de los eurodiputados españoles por lo que a las dos votaciones relacionadas con los derechos LGTB que tuvieron lugar se refiere:

• El párrafo 162, referido al matrimonio entre personas del mismo sexo recibió inicialmente el apoyo de 49 de los 54 eurodiputados españoles. Se opuso una (la popular Pilar Ayuso), mientras que dos estaban oficialmente ausentes (el popular Santiago Fisas y el socialista Enrique Guerrero) y dos no votaron (la popular Pilar del Castillo y el socialista Ramón Jáuregui). Sin embargo, el acta provisional de voto recoge la corrección del voto de Pilar Ayuso en sentido positivo, por lo que consideraremos que fueron 50 diputados.
• La decepción llega con la votación del párrafo 164, otro de los que se votaron de forma específica, referido a la esterilización de las personas trans. Este párrafo recibió solo el apoyo de 35 de los 54 eurodiputados españoles. Se opusieron 16, 15 de ellos del PP (Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Esteban González Pons, Luis de Grandes, Esther Herranz, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Antonio López-Istúriz, Gabriel Mato, Francisco José Millán, Ramón Luis Valcárcel y Pablo Zalba) y 1 de Unió (Francesc Gambús). Estaban ausentes los ya mencionados Fisas y Guerrero y tampoco votó Jáuregui.

El párrafo 164, aunque finalmente aprobado por 404 votos a favor, 187 en contra y 46 abstenciones, recibió por parte del Grupo Popular Europeo más votos negativos (124) que positivos (56), lo que demuestra el intenso trabajo que queda por hacer en el campo de los derechos trans, y muy especialmente en el de la autodeterminación del género. Según el acta de voto nominal, el punto de discordia que llevó a que el párrafo 164 fuese votado de forma expresa fue la alusión final al “derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos” de las personas trans.

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La anterior información se refiere a las dos votaciones referidas a los derechos LGTB, no a otros aspectos del texto, más amplio y que aborda muy diferentes aspectos referidos a todos los Derechos Humanos. Pero, como personas LGTB cristianas, sabemos que no vivimos en una isla. Si hablamos de derechos Humanos nos importan todos, no sólo los que se refieren a nuestra identidad sexual, por lo que es muy importante no sólo referirse a las votaciones específicas LGTB, sino al respaldo a la globalidad de un texto, que no respaldaron,  ni los eurodiputados de Podemos (que votaron en contra) ni los de Izquierda Unida o Bildu (que se abstuvieron). No podemos defender sólo nuestros Derechos y mirar para otro lado cuando se vulneran también otros en demasiados lugares… Y lo mismo valen estas reflexiones para quienes votan a favor de los no nacidos y en contra de los derechos de los que ya viven…

General, Homofobia/ Transfobia. Agustín Díaz de Mera, Antonio López-Istúriz, Bildu, Carlos Iturgaiz, Discriminación, Enrique Guerrero, Esteban González Pons, Esther Herranz, Francesc Gambús, Francisco José Millán, Gabriel Mato, IU, Luis de Grandes, Pablo Zalba, Parlamento Europeo, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Podemos, PP, Ramón Jáuregui, Rámón Luis Valcárcel, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Teresa Jiménez-Becerril, Transexualidad, Transfobia, UDC

La norma prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia.

Se contemplan medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.

FELGTB: Felicitamos a Catalunya por la aprobación de una ley innovadora contra la LGTBfobia

La FALGBT celebra la sanción de la ley catalana contra la discriminación hacia el colectivo LGBT

El Parlament ha aprobado este jueves la Ley contra la homofobia y para garantizar los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), una norma que ha prosperado con los votos a favor de CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP y en contra del PP, mientras que UDC ha apoyado solo una parte de la norma.

El régimen sancionador ha sido uno de los puntos más polémicos de la norma, que prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, discriminar el acceso de personas LGTBI a un servicio público, asediarles y convocar actos que inciten al odio contra este colectivo.

Las sanciones por estas infracciones varían en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia –569,12 euros en 2014– a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.

CDC y UDC han votado separados la ley ya que los 15 diputados democristianos han explicado que rechazan aquellos aspectos de la norma vinculados con el régimen sancionador, la educación y la inversión de la carga de la prueba, que implica que quien sea acusado de discriminación debe demostrar que no ha sido así.

Violant Cervera (CDC) ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la norma y ha negado que las sanciones vayan contra la libertad de expresión sino contra la violencia, mientras que Mercè Jou (UDC) ha explicado que los democristianos se oponen a cualquier tipo de discriminación pero no comparte algunos de los aspectos de la ley aprobada.

La tramitación de esta norma ha causado un intenso debate en el seno de la federación, coronado este viernes cuando el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, lamentó que su partido no presentase una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley porque “tiene más de promoción que de no discriminación”.

Críticas a Duran

Las palabras del dirigente democristiano han estado muy presentes a lo largo del pleno, ya que han despertado las críticas tanto de los defensores de la norma como del PP, que ha asegurado que “algunos dirigentes de UDC tenían mucho interés en que el PP presentase una enmienda a la totalidad, seguramente porque ellos no se atrevían”.

Los grupos favorables a la norma han cargado también contra Duran, que la semana pasada cargó contra la aprobación de esta ley, y han lamentado que definiese como “chiringuitos” las entidades que luchan contra la discriminación: “Chiringuito es lo que algunos tienen montado desde hace 40 años en el Palace a costa de los recursos de los ciudadanos”, ha replicado David Fernández (CUP).

El secretario cuarto de la Mesa del Parlament, David Companyon, ha considerado radicalmente falso que esta ley suponga un privilegio para el colectivo LGTB, y ha agradecido a Duran sus palabras porque han ayudado a poner el foco mediático sobre la ley.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado contra los que han tachado de innecesaria esta ley y han considerado que promueve la homosexualiduad, y ha explicado que él, al ser un homosexual con proyección pública, ha escuchado relatos aterradores de LGTBI: “¿Cómo se atreven a negar una realidad de discriminación y sufrimiento?“.

La vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó (ERC) –una de las principales valedoras de la norma desde el inicio de su tramitación–, ha negado que esta norma esté dando más derechos a determinadas personas si no que garantiza los que en la práctica siguen sin estar garantizados: “Vamos haciendo camino, pero no hemos llegado ni por asomo al final”.

La diputada de C’s Inés Arrimadas ha celebrado que durante el trámite parlamentario la ley se haya mejorado lo suficiente como para poder ser aprobada, y ha aplaudido que el debate sirva también para evidenciar que todavía existe discriminación contra este colectivo y que se debe luchar contra ella.

El PP catalán la caligica de ley “intervencionista”

La diputada del PP Dolors López ha reclamado que no se aprobase la ley porque es intervencionista y promueve la discriminación positiva: “Esta ley concede al colectivo LGTB un sistema de protección extraordinario del que no gozan otros colectivos ¿Por qué no hay una ley de no discriminación a los inmigrantes o a determinadas etnias?“.

“No podemos hacer una ley para cada colectivo susceptible”, ha continuado López, que ha reivindicado que la condición sexual forma parte de la intimidad de las personas y ha sostenido que el Código Penal ya contempla como agravante que los delitos respondan a motivaciones homófobas.

Fuente La Vanguardia, El País, Público,

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Anna Simó, Cataluña, CDC, CiU, Ciutadans, CUP, David Companyon, David Fernández, Dolors López, ERC, Ley contra la Homofobia, Mercè Jou, Miquel Iceta, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC, Violant Cervera

Excelente noticia: el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dado luz verde a la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento catalán (puedes descargar aquí su dictamen completo). El Partido Popular la había impugnado ante este organismo autonómico para así retrasar su aprobación, prevista para julio, al considerar que suponía un “exceso de discriminación positiva”. Cuando se apruebe, la ley catalana será la primera ley contra la LGTBfobia aprobada en España que cuente con un régimen sancionador.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto, incluyendo las enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se opusieron al dictamen final en comisión. Hace un año, recordemos, todos los grupos rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

Se trata de un muy avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarrollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. El texto se acomoda así a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Un texto que sí contempla sanciones

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación. La propuesta catalana incluye además -de forma limitada- el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar la pertinencia de las medidas adoptadas.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y decidió recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Sin embargo, el dictamen ha sido unánime: los contenidos recurridos por el PP son acordes a la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias recuerda a este respecto que “nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por admitir una dualidad de sistemas sancionadores (penal y administrativo)”, y que respetando los condicionantes jurídicos de cada sistema Cataluña tiene potestad para legislar un régimen administrativo sancionador en esta materia. Respecto a la inversión de la carga de la prueba, el Consejo determina que“esta técnica probatoria encuentra amparo en la jurisprudencia constitucional, que la ha admitido como mecanismo de tutela ante la dificultad probatoria de los motivos contrarios a los derechos fundamentales y a la igualdad” y recuerda que la propia proposición de ley establece que no puede usarse en procedimientos penales o administrativos sancionadores.

Con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias, la proposición de ley queda ya solo pendiente de su aprobación final a la vuelta de las vacaciones de verano. Confiemos en que la apretada agenda política catalana no impida este último trámite, que supondrá un paso de gigante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, CDC, CiU, Ciutadans, Discriminación, ERC, EUiA, Galicia, Generalitat de Catalunya, ICV, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC

Ya habíamos hablado acerca de este asunto, pero volemos a él porque nos parece que amplía muy bien el tema:

El Partido Popular catalán llevará ante el Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que tramita desde 2013 el Parlamento de Cataluña, impidiendo así que se apruebe antes del periodo vacacional. El PP argumenta que el proyecto, que contempla además un régimen sancionador para las conductas discriminatorias, supone un “exceso de discriminación positiva”.

La proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia (cuyo texto original puedes descargar aquí, y cuyas enmiendas tras su paso por la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración puedes ver aquí) fue originalmente promovida por diversos colectivos LGTB catalanes, que consiguieron que los grupos de izquierda del Parlamento catalán (ERC, PSC, ICV-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y grupo mixto, formado por los tres diputados de las CUP) la llevaran al Parlamento. A lo largo del proceso la iniciativa ha sumado además los apoyos de Convergència Democràtica de Catalunya y de Ciutadans. Solo PP y los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya se han opuesto al dictamen final en comisión. Hace ahora un año, recordemos, todos los grupos del Parlamento catalán rechazaban la enmienda a la totalidad planteada entonces por el PP.

La proposición de ley es un avanzado texto que recoge medidas contra la discriminación de las personas LGTB y de fomento de la igualdad en políticas públicas, medios de comunicación, educación, sanidad, mercado de trabajo o mayores en el ámbito competencial catalán. También reconoce de forma explícita a las familias LGTB como sujeto de derechos en la misma medida que el resto de las familias y contempla el desarollo de medidas específicas dirigidas a personas transexuales, a las cuales estas podrán acogerse sin necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” o de acreditar que siguen tratamiento alguno. En este sentido el texto se acomoda a los principios de despatologización de la transexualidad y de libre determinación del género.

Una ley que contempla sanciones, a diferencia de la gallega

Además, y eso supone una diferencia fundamental con proyectos como el aprobado hace pocas semanas por el Parlamento de Galicia, la propuesta contempla un régimen sancionador contra los infractores que incluye desde multas económicas hasta inhabilitación temporal o definitiva pasando por la suspensión de la financiación pública o la prohibición de optar a concursos públicos. Incluye además el principio de inversión de la carga de la prueba: en caso de denuncia de un episodio de discriminación LGTBfoba, será el denunciado el que tendrá que demostrar su inocencia, y no al revés. La ley gallega, recordemos, contaba también en su versión inicial con un régimen sancionador, pero el PP, que dispone de mayoría absoluta en Galicia, obligó a eliminarlo para permitir su aprobación.

Es por eso que el PP se opone a la propuesta y ha decidido recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano autonómico cuya función es velar porque las leyes catalanas se adecúen a lo que estipula el Estatuto de autonomía de Cataluña y la Constitución. Ello supondrá, en el mejor de los casos, que el proyecto no se vote la semana próxima, como estaba previsto, retrasándose la aprobación final a la vuelta de las vacaciones. Para Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d’Alliberament Gay de Catalunya (uno de los colectivos impulsores de la iniciativa) la decisión del PP no responde más que “a una estrategia obstruccionista y de no querer erradicar la violencia homófoba”. Rodríguez ha dejado claro además que los colectivos LGTB catalanes nunca aceptarán una ley que no incluya un régimen sancionador.

Confiemos en que la maniobra no le salga bien al PP y la apretada agenda política catalana no impida la aprobación de un proyecto que supone  un gigantesco paso adelante en la protección de las personas LGTB que viven en Cataluña.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Cataluña, CDC, CiU, Discriminación, ERC, Eugeni Rodríguez, EUiA, FAGC, Galicia, ICV, Parlament de Catalunya, PP, PSC, UDC

Las elecciones al Parlamento Europeo están cada vez más cerca. Con el objetivo de facilitar un criterio más para decidir el voto, ILGA Europa ha analizado cómo se han posicionado, en siete votaciones clave sobre derechos LGTB, cada uno de los 752 diputados que han ocupado un escaño en Estrasburgo durante la legislatura que ahora acaba.

Los europarlamentarios reciben una calificación entre 0 y 100 según el sentido de su voto en siete resoluciones fundamentales que afectan a los ciudadanos LGTB de los últimos cinco años:

• El Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (que recogimos en 2012).
• La Resolución sobre la lucha contra la homofobia en Europa (2012).
• El Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto (2013).
• La Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas (2011).
• El Informe sobre la ciudadanía de la UE y eliminación de obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE (2012).
• El Informe sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (también conocido como Informe Lunacek por su impulsora, del que nos hicimos eco a principios de este año).
• El Informe sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines (2013).

Cada voto en línea con las recomendaciones de la ILGA suma 14 puntos, mientras que las abstenciones y las ausencias suman 7 y los votos en dirección contraria a los derechos LGTB suman 0. El criterio de contabilizar de igual manera la abstención y la no asistencia a la votación puede producir resultados engañosos: Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del Partido Popular en 2009 y convencido opositor a la igualdad LGTB, obtiene una puntuación de 21 sobre 100, a pesar de haber votado contra los derechos de gays y lesbianas en las cuatro votaciones sobre el tema en las que ha participado. Mayor Oreja ha renunciado a presentarse de nuevo como candidato.

Sin salirnos de los 54 representantes españoles, destacan positivamente (puntuación de 100 sobre 100) nueve de los 23 socialistas, entre ellos el cabeza de lista en 2009 Juan Fernando López Aguilar; así como el representante de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, la del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Izaskun Bilbao y el de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Francisco Sosa Wagner. Este parlamentario se situó en el punto de mira en 2009 al abstenerse en una votación de condena de la legislación homófoba en Lituania; Sosa lo achacó a un “error técnico” y manifestó su intención de rectificar el voto unos días más tarde.

También obtienen puntuaciones por encima del 75 los dos diputados de IU-ICV (Willy Meyer y Raül Romeva) y el de Convergència Democràtica de Catalunya, Ramón Tremosa. Por el contrario, la media de calificaciones del PP se queda en 38 (siendo la más baja la del mencionado Mayor Oreja y la más elevada las de Pilar Ayuso, Agustín Díaz de Mera y Rosa Estaràs, con 57). El parlamentario de Unió Salvador Sedó consigue solo un 41.

ILGA ha calculado también las notas medias de cada partido político con presencia en el Parlamento Eeuropeo, y de cada país. Las formaciones paneuropeas más homófobas son el Partido Popular Europeo (35) y los euroescépticos de Europa de la Libertad y la Democracia (EFD, 36); mientras que los más favorables a la igualdad LGTB son Los Verdes (95) seguidos de los Socialistas y Demócratas (90). Por países, el único que queda por debajo del 50 es Polonia (32), mientras que la puntuación más alta la obtiene Suecia, con un 90. España, con 68 puntos, supera ligeramente la media de 62.

Información sin duda de gran interés para orientar el voto en las elecciones del próximo domingo, y que complementa a la lista de candidatos que han firmado ya el compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB incluido en la iniciativa Come Out, de la que hemos venido informando periódicamente (en próximos días haremos una última actualización).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Agustín Díaz de Mera, Aralar, BNP, campaña Come Out, CDC, Discriminación, EFD, España, FPÖ, Francisco Sosa Wagner, ICV, ILGA, Iñaki Irazabalbeitia, IU, Izaskun Bilbao, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernándo López Aguilar, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Pilar Ayuso, PNV, Polonia, PP, PSOE, Ramón Tremosa, Raül Romeva, Rosa Estarás, Salvador Sedó, Suecia, UDC, Ulrike Lunacek, Unión Europea, UPyD, Willy Meyer

La UE aprueba el informe Lunacek sobre derechos LGTB con los votos del PP español, excepto Mayor Oreja y Vidal-Quadras

Celebramos la aprobación del Informe Lunacek contra la discriminación sexual y de género en el Parlamento Europeo

Medidas por la igualdad en la educación, la atención sanitaria, el acceso a bienes y servicios y acciones específicas en favor de las personas trans e intersexuales. Estas son algunas de las medidas que contempla el Informe Lunacek, que fue aprobado ayer por el Parlamento Europeo con los votos del PP Europeo (11 a favor, 4 en contra, entre ellos los de Mayor Oreja y Vidal-Quadras y 2 abstenciones).

El informe Lunacek ha sido aprobado esta mañana con 394 votos a favor y 176 votos en contra en el Parlamento Europeo. Este informe hace una recomendación no vinculante a la UE para que desarrolle una hoja de ruta con medidas contra la homofobia, bifobia y transfobia, siguiendo la misma línea que las que se establecen para combatir discriminaciones por razón de género, discapacidad o etnia.

El informe insta a una estrategia por la igualdad en campos como el empleo, la educación, la salud, el libre movimiento, los crímenes de odio o las relaciones internacionales.

El Parlamento Europeo ha sufrido una fuerte presión por parte de grupos extremistas y conservadores con argumentos falsos respecto al informe, que si bien es una buena noticia, está lejos de promover una igualdad legal o real en los países que componen la Unión Europea. Desde la FELGTB se ha trabajado para dar a conocer este informe y pedir la colaboración ciudadana para que las y los representantes del Parlamento Europeo vieran el apoyo de la ciudadanía a medidas que impulsen la igualdad.

Gabriel Aranda, coordinador del Área Internacional de la Federación, ha remarcado que “es intolerable que haya representantes españoles en el Parlamento Europeo incapaces de establecer un marco común contra la discriminación. Vivir libre de discriminación o amenazas es un derecho fundamental básico que eurodiputados como Mayor Oreja, Vidal Quadras y otros del PP han querido negar a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Este 2014 lo dedicamos precisamente a hacer pedagogía al respecto: los derechos LGTB son Derechos Humanos”.

“La aprobación del informe Lunacek es una buena noticia porque da un mínimo de seguridad jurídica a las personas LGTB en la Unión Europea, pero la igualdad es un camino aún largo. Trabajamos para que el Gobierno abra los ojos y entienda que es necesario promover en España una Ley de Igualdad de Trato que profundice esa lucha contra la discriminación también por motivo de orientación sexual e identidad de género”, ha recordado Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB

Más sobre el informe:

El informe, del que ha sido ponente la eurodiputada verde austriaca (y copresidenta del Intergrupo LGBT del Parlamento Europeo) Ulrike Lunacek, condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y “deplora profundamente” que los derechos fundamentales de las personas LGTBI no se respeten siempre en la Unión Europea. Además pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las agencias comunitarias que trabajen juntos por una hoja de ruta similar a las que ya cuenta la Unión para combatir la discriminación por motivos de género, discapacidad o etnia.

“El estudio sobre las personas LGBT publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales en 2013 indica que un 47 % de las personas LGBT fue objeto de discriminación o acoso en el último año, dándose los índices más elevados de discriminación entre las lesbianas (55 %), los jóvenes (57 %) y las personas LGBT más pobres (52 %); un 26 % fue objeto de agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad de género (un 35 % entre las personas trans); únicamente un 10 % se sintió con suficiente seguridad para denunciar la discriminación a la policía, y solo un 22 % denunció casos de violencia o acoso; un 32 % fue objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, en el ámbito educativo o en el acceso a la atención sanitaria, los bienes o los servicios; y un 20 % fue objeto de discriminación en el empleo o el trabajo (un 29 % entre las personas trans)”, asegura el informe.

El texto menciona las áreas en las que debe incidir la hoja de ruta, siempre respetando las competencias de los Estados miembros. En materia de familias y libre circulación, por ejemplo, establece que la Comisión debe elaborar directrices para garantizar la aplicación a las personas LGTBI de las directivas sobre el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, “con el fin de asegurar el respeto de todas las formas de familia legalmente reconocidas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros”. En materia de juventud y educación, se hace un llamamiento a la Comisión para que promueva la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en todos sus programas específicos.

En materia de transexualidad, el texto reclama a los estados miembros que establezcan o revisen los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género con el fin de respetar el derecho a la dignidad y la integridad física de las personas transexuales. También pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que sigan trabajando para suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento. En materia de incitación al odio, el texto pide que el marco actual de la Unión Europea sobre la “lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal” sea reformulado para incluir otras formas de delitos motivados por prejuicios e incitación al odio, entre ellos por razón de orientación sexual e identidad de género.

Aunque el “informe Lunacek” establece solo recomendaciones y no se trata de una directiva de obligado cumplimiento, su aprobación supone un hito importante en la lucha por los derechos LGTB en Europa y una derrota importante para los grupos ultraconservadores que en las últimas semanas se habían movilizado muy activamente para impedirla. “No podemos seguir tolerando la homofobia en Europa. Tantos de nosotros, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales hemos vivido con miedo demasiado tiempo. Miedo a darnos la mano por la calle, miedo a que nos insultaran, miedo a que nos echaran de nuestras casas, colegios o trabajos. Mi informe deja claro que la Unión Europea debe actuar para que nosotros también podamos disfrutar de los derechos garantizados a todos los ciudadanos”, ha declarado al respecto su autora, Ulrike Lunacek.

“La Comisión debe proponer una refundición de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, de forma que se incluyan otras formas de delitos motivados por prejuicios y de incitación al odio, entre otros, por motivos de orientación sexual e identidad de género”, incluye también.

 El voto español:

Por lo que se refiere al sentido del voto de los eurodiputados españoles, los eurodiputados de Aralar (Verdes/Alianza Libre Europea), Convergència Democràtica De Catalunya (ALDE), IU (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), Iniciativa per Catalunya Verds (Verdes/Alianza Libre Europea) , PSOE (S&D), PNV (ALDE), Unió Democràtica de Catalunya (Grupo Popular Europeo) y UPyD (no integrada en ningún grupo) votaron a favor.

 Por lo que se refiere a los 24 eurodiputados populares, cabe felicitarse de que diez de ellos decidieran votar a favor. Son Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Salvador Garriga, Esther Herranz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Francisco José Millán, Eva Ortiz y Pablo Zalba. Votaron en contra cuatro: Cristina Gutiérrez-Cortines, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, Aleix Vidal-Quadras (si bien este eurodiputado ya no pertenece al PP). Se abstuvieron dos: Carmen Fraga y Luis de Grandes. Ocho eurodiputados populares no votaron (tampoco lo hicieron tres socialistas).

 Por una vez, y nos congratulamos por ello, el PP español ha votado en un sentido más progresista que la media de su grupo: 10 han votado a favor, 4 en contra, 2 se han abstenido y 8 no han votado, mientras que de los 274 eurodiputados del Grupo Popular Europeo 69 han votado a favor, 130 en contra, 25 se han abstenido y 50 no han votado.

General, Historia LGTBI Agustín Díaz de Mera, ALDE, Aleix Vidal-Quadras, Aralar, Boti García Rodrigo, Carmen Fraga, CDC, Cristina Gutiérrez-Cortines, Discriminación, Esther Herranz, Eva Ortiz, FELGTB, Francisco José Millán, Gabriel Aranda, Grupo Popular Europeo, ICV, Informe Lunacek, IU, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, Luis de Grandes, Pablo Zalba, PNV, PP, PSOE, Rosa Estarás, S&D, Salvador Garriga, Santiago Fisas, Teresa Jiménez-Becerril, UDC, UPyD, Verdes (Holanda), Verdes/Alianza Libre Europea, Verónica Lope