El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de Polonia emitió el pasado jueves una importante sentencia contra la discriminación de las personas LGTB en la prestación de servicios. El alto tribunal ratifica el fallo de una instancia inferior, que condenaba a una copistería por negarse a imprimir una pancarta para una fundación LGTB. La decisión judicial sienta un precedente alentador y contrasta con la reciente sentencia del Supremo de Estados Unidos, que falló a favor de un pastelero que rechazó elaborar la tarta de boda de una pareja de hombres.

Espaldarazo de la justicia polaca a los derechos LGTB en un caso de discriminación que se remonta a 2016. El LGBT Business Forum, que promueve la diversidad en el ámbito laboral y empresarial, encargó a una copistería la impresión de una pancarta con el logotipo de la fundación. La imprenta se negó a realizar el trabajo encomendado por no querer «hacer promoción» del movimiento LGTB. La organización recurrió entonces a la Oficina Antidiscriminación, que llevó el caso a los tribunales. El tribunal de distrito de Łódź condenó a la copistería por discriminación injustificada a indemnizar a sus clientes con 200 złoty (unos 47 euros).

El caso llegó a oídos del fiscal general del Estado y ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, perteneciente a una escisión ultracatólica del gobernante partido Ley y Justicia (PiS). Ziobro ordenó a la fiscalía de Łódź recurrir la sentencia, pero la corte regional ratificó el fallo del tribunal de distrito. El fiscal general elevó el caso al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país. Su decisión se dio a conocer el pasado jueves y vuelve a dar la razón al LGBT Business Forum.

El alto tribunal respalda las sentencias de las instancias inferiores porque el servicio solicitado se enmarca dentro de las «actividades técnicas habituales» que presta la copistería. El Supremo considera que el establecimiento no puede aducir conflicto de conciencia alguno por la propia naturaleza del servicio que ofrece, que es puramente técnico y carece por tanto de carácter creativo o de otra índole. Por tanto, debe imperar el principio de igualdad ante la ley.

El fiscal general Ziobro ha reaccionado con rabia a la sentencia, que calificó de «contraria a la libertad». «El Tribunal Supremo se ha puesto del lado de la violencia de Estado al servicio de la ideología de los activistas homosexuales», afirmó. El fallo se ha producido antes de que el próximo 3 de julio entren en vigor los cambios impuestos por el Gobierno del PiS, del que Ziobro forma parte, y que según instancias europeas podrían comprometer seriamente la independencia judicial.

Los medios han comparado el caso con la reciente sentencia del Supremo estadounidense que falló a favor de un pastelero de Denver que se había negado a elaborar una tarta de boda para una pareja de hombres. El abogado Jarosław Jaruga cree que habrá que evaluar cada caso por separado. «A veces la libertad de conciencia y religión será una razón legítima para negarse a prestar el servicio, y otras veces puede constituir una manifestación de discriminación injustificada», reflexionó. En cualquier caso, la furia de los ultraconservadores polacos parece confirmar que la sentencia es una importante victoria para los derechos LGTB, y así ha sido saludada por los activistas.

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“¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo el presidente de EEUU en Twitter. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado este lunes una victoria judicial a un repostero cristiano de Colorado que se negó a preparar un pastel de bodas para una pareja homosexual, por considerar que los derechos religiosos de éste se habían visto vulnerados.

En una decisión alcanzada por una mayoría de siete contra dos, la máxima corte del país ha dictaminado que una comisión de Colorado, que había decidido que el comerciante debía atender a todos sus clientes independientemente de su orientación sexual, demostró una “animadversión evidente e inaceptable” hacia la religión.

Dicha comisión había dictaminado que el pastelero, Jack Phillips, había violado la ley antidiscriminación del estado de Colorado, que prohíbe a las empresas negar el servicio a las personas por razón de su raza, género, estado civil u orientación sexual.

La sentencia del Supremo, sin embargo, ahora concluye que la comisión vulneró los derechos religiosos del propio Phillips, aunque no ha emitido una decisión definitiva acerca de en qué circunstancias concretas se pueden hacer excepciones a las leyes antidiscriminación basándose en las creencias religiosas.

“La hostilidad de la comisión fue inconsistente con la garantía recogida en la Primera Enmienda de que las leyes se deben aplicar de forma que sean neutrales hacia la religión”, escribió el autor de la sentencia, el magistrado Anthony Kennedy, quien también fue el autor de la histórica decisión de 2015 de legalizar el matrimonio gay en todo el país.Donald Trump celebró el fallo con el que el Tribunal Supremo dio la razón al repostero. “¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo el presidente de EEUU en Twitter.

Big Supreme Court ruling for Baker just out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2018

Sin embargo, Kennedy también recogió en la sentencia que “las personas homosexuales y las parejas homosexuales no pueden ser tratadas como marginados sociales o personas de menor dignidad y valor”, y anticipó que los litigios sobre cuestiones similares probablemente continúen sucediéndose en tribunales inferiores.

“Estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin faltas de respeto indepidas a las creencias religiosas sinceras, y sin someter a las personas gays a indignidades cuando buscan bienes y servicios en un libre mercado”, concluyó.

De los 50 estados de EEUU, Colorado es uno de los 21 que tienen leyes antidiscriminación para proteger al colectivo LGTBI.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Anthony Kennedy, Colorado, Donald J. Trump, Homofobia/Transfobia, Jack Phillips, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

En una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos en favor de los derechos civiles de las personas LGTB, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. La decisión, respaldada por 7 de los 9 jueces del Supremo, supone un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva. Un análisis de la sentencia, en cualquier caso, permite concluir que podría haber sido mucho peor. Explicamos por qué.

Refrescamos en primer lugar los antecedentes del caso, que se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final ha sido 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se han inclinado de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se han alineado con el pastelero. ¿Qué ha pasado? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. Los siete jueces que han votado a favor de la sentencia, cuyo ponente ha sido precisamente Kennedy, señalan que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según su interpretación, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del estado no atendieron como debían a los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

El Supremo entiende, en este sentido, que desde el principio hubo menosprecio y falta de objetividad hacia Phillips, y este es el motivo por el cual falla a su favor, sin que la sentencia ponga en duda el derecho del estado de Colorado a proteger a sus ciudadanos de la discriminación. El texto de la sentencia establece, en este sentido, sus propios límites, al advertir que no puede considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas y que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente al caso del pastelero. «El resultado de futuros casos como este en otras circunstancias deberá ser discutido en los tribunales, todo ello en el contexto de entender que estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las sinceras creencias religiosas y sin que se humille a las personas homosexuales cuando demandan bienes y servicios en un mercado abierto», expresa literamente la sentencia.

En definitiva, todo apunta a que el Supremo ha llegado a un compromiso entre conservadores y centristas para emitir un fallo de alcance limitado que si bien da la razón al pastelero lo hace por una razón formal, y no de fondo. Un compromiso que no supone un cambio significativo del statu quo jurídico, a diferencia de lo que habría sucedido si se hubiera dado la razón a cualquiera de las partes por 5 votos contra 4 pero utilizando los argumentos de fondo de una o de la otra parte. Así ha sido recibido, de hecho, por grupos de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign. «Los extremistas antiLGBTQ no han conseguido la ‘licencia para discriminar’ que andaban buscando. La sentencia de hoy no modifica las ya duraderas leyes de derechos civiles de nuestra nación», ha declarado su presidente, Chad Griffin.

En cualquier caso, aunque sobre el papel no signifique un retroceso expreso, a nadie se le oculta que la sentencia supone un revés para el avance de los derechos LGTB en Estados Unidos. Los conservadores la venderán como un triunfo, que animará a muchos negocios a intentar discriminar a parejas del mismo sexo incluso en estados cuyas leyes locales las protejan contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Parejas que en último término tendrán que seguir acudiendo a los tribunales para ver respetados sus derechos. Y más en un momento regresivo en materia LGTB como el que está viviendo Estados Unidos tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal, de la mano de la administración Trump.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), representantes de Craig y Mullins, la pareja nunca llega a discutir con Phillips el diseño o mensaje que debía llevar la tarta, por lo que según ellos, la libertad de expresión del artista pastelero no se habría puesto en cuestión. La juez Ruth Bader Ginsburg, una de las que han votado en contra de la sentencia, explica que «cuando una pareja contacta con una pastelería para un pastel de bodas, el producto que buscan es un pastel que celebre su boda, no un pastel celebrando bodas heterosexuales o bodas del mismo sexo, y ese es el servicio que se les negó».

Activistas LGBT califican de “peligrosa” la decisión de la Corte de EEUU

Grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGBTIQ calificaron de “frustrante”, “discriminatorio”, “potencialmente dañino” y como un “retroceso” la decisión 7-2 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, tras conocerse el fallo, la pareja conformada por Charlie Craig y Dave Mullins, a quienes Phillips les negó un pastel, aseguraron: “La decisión de hoy significa que nuestra lucha contra la discriminación y el trato injusto continuará. Siempre hemos creído que en Estados Unidos no se le debe rechazar en un negocio abierto al público por ser quien eres. Presentamos este caso porque nadie debería tener que enfrentar la vergüenza y la humillación de que nos digan ‘no servimos a los de su clase’. Seguiremos luchando hasta que nadie lo haga”.

Para la firma de abogados Pro-LGBT Lambda Legal esta decisión si bien es limitada, ya que solo aplica a los hechos específicos de este caso exclusivamente, de igual manera “invita a la discriminación y los esfuerzos adicionales para justificar la retención de servicios de personas LGBTQ. Esto alentará todo tipo de estrategia por parte de organizaciones anti LGBTQ bien financiadas que quieran crear excepciones a las leyes de no discriminación (…) La Corte hoy le ha dado la espalda a un precedente de larga data y ofreció no solo aliento, sino también una hoja de ruta para aquellos que negarían los derechos civiles a las personas LGBTQ y a las personas que viven con el VIH”.

Aseguraron que seguirán luchando para que esta “desgarradora” y “exasperante decisión” se entienda por lo que es: “un fallo estrecho limitado a hechos únicos que no pueden usarse para justificar la discriminación en ningún otro contexto”, declaró la firma.

Para el presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, el lobby antiLGBTIQ no puede abrazar esta decisión como una “licencia para discriminar”. Ni el dictamen cambia las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, sin embargo, es una campanada de que las personas LGBTIQ “enfrentan niveles alarmantes de discriminación en todo el país y los esfuerzos de HRC para avanzar en la igualdad son más urgentes que nunca”.

La presidenta y CEO de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación o GLAAD (por sus siglas en inglés, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Sarah Kate Ellis dijo: “Aunque la libertad de religión es un valor estadounidense, la discriminación no lo es. Si bien esta decisión no cambia las protecciones existentes de los derechos civiles, deja la puerta abierta para que las exenciones religiosas se utilicen contra las personas LGBTQ”.

Pantallazo @glaad | Foto: Uso Permitido

El LGBTQ Victory Institute dijo: “Hoy es un día triste para Estados Unidos y especialmente para los jóvenes LGBTQ que crecieron creyendo en el movimiento inevitable hacia la equidad y la justicia para nuestra comunidad. Si bien la Corte Suprema emitió un veredicto estricto centrado exclusivamente en el tratamiento de un pastelero de Colorado por parte de una agencia estatal, los opositores de la igualdad lo utilizarán para tratar de abrir las compuertas. Las fuerzas homofóbicas sobreinterpretarán intencionalmente el fallo y desafiarán las leyes existentes contra la discriminación al negar el servicio a las personas LGBTQ en aún más situaciones, negándoles la cena en un restaurante, el alojamiento en un hotel o el alquiler de un apartamento”.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo: “Este caso nunca fue solo sobre un pastel de bodas. Se trataba de que todas las personas, sin importar quiénes fueran, tenían derecho a celebrar su amor sin enfrentar discriminación. El Partido Demócrata cree que ningún individuo tiene una licencia para discriminar. Creemos en la dignidad de cada ser humano. Y seguiremos luchando por la igualdad de las personas LGBTQ en todas las áreas de nuestra sociedad, desde la vivienda y la atención médica hasta los baños y salas de juntas, las panaderías y las urnas”.

El bufete de abogados anti-LGBT Alliance Defending Freedom, un grupo de odio anti LGBT listado, celebró el fallo. “Jack sirve a todos los clientes; simplemente se niega a expresar mensajes o celebrar eventos que violan sus creencias profundamente arraigadas”, dijeron.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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La gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, ha estampado su firma en la ley que permite a las agencias de acogida y adopción de niños de titularidad privada rechazar a posibles padres por razones religiosas. Con esta ley, aprobada por amplio margen por la legislatura del estado, Oklahoma se suma a la lista de estados que permiten este tipo de discriminación, casi todos ellos fuertemente conservadores. 

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Oklahoma por 33 votos a favor y 7 en contra, mientras que la Cámara de Representantes le dio su visto bueno por 56 a 21. Se trata, conviene tenerlo en cuenta, de un estado fuertemente conservador, en el que los republicanos disponen de mayorías superiores a los dos tercios en ambas cámaras y en el que ningún demócrata ha obtenido la victoria en las elecciones presidenciales desde que lo hiciera Lyndon B. Johnson en 1964.

Aún así, la aprobación del proyecto y su conversión definitiva en ley tras la firma de la gobernadora ha sido recibida con preocupación por grupos LGTB y de defensa de los derechos humanos, que ven con preocupación como iniciativas discriminatorias de este tipo progresan en los estados sin que exista en estos momentos contrapeso alguno en el nivel federal tras conquistar también los republicanos la Casa Blanca en 2016.

Adopción homoparental: aunque es legal en todo el país…

En Estados Unidos, como sucede en tantas otras esferas, las normativas de acogida y adopción difieren entre cada estado, por lo que existe una gran variabilidad. Hasta hace no demasiados años, por ejemplo, convivían estados que permitían la adopción homoparental con otros que la prohibían, en todo o en parte. Diversas sentencias de la justicia federal han acabado, sin embargo, por hacer extensiva la adopción homoparental a todo el territorio estadounidenses. La más importante, la sentencia de junio de 2015 del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, que provocó toda una cascada de reconocimientos jurídicos de la igualdad ante la ley de las parejas del mismo y de distinto sexo.

Por si quedaban dudas, un juez federal de Mississippi declaró en abril de 2016inconstitucional la ley que prohibía la adopción por parejas del mismo sexo en ese estado, aprobada en el año 2000, y que era la última de su tipo en ser desafiada ante los tribunales. Y en junio de 2017 el Supremo arrojó otro jarro de agua fría a los contrarios a la homoparentalidad al obligar al estado de Arkansas a inscribir los nombres de las dos madres en los certificados de nacimiento en aquellos casos en los que estas hubieran recurrido a un donante de esperma anónimo. En ambos casos (Mississippi y Arkansas) la argumentación dejaba claro que la sentencia de junio de 2015 sobre el matrimonio igualitario suponía también el reconocimiento de la igualdad por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de parentalidad.

… la derecha religiosa apuesta por poner trabas en los estados 

Sin embargo, pese a la derrota por lo que a la prohibición genérica de la adopción homoparental se refiere, la derecha religiosa no se da por vencida, y redirige sus baterías hacia un objetivo más asequible: el sistema de acogida y adopción, en manos en buena parte (sobre todo por lo que a la adopción se refiere) de agencias de titularidad privada. Muchas de ellas, vinculadas a organizaciones religiosas. Permitir a estas que puedan rechazar a candidatos a ser padres adoptivos por razones religiosas legaliza la discriminación de las parejas del mismo sexo. Son ya varios los estados que contaban con normas de este tipo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, como Dakota del Norte, Virginia o Michigan (aunque en este último estado la norma ha sido desafiada ante la justicia federal), pero más recientemente han comenzado a sumarse otros. Alabama, Dakota del Sur y Texas, tres estados con mayoría republicana en sus legislaturas y gobernadores de ese mismo partido, aprobaron las leyes que lo hacen posible en 2017.

Ahora lo ha hecho Oklahoma y casi con total seguridad el siguiente será su vecina Kansas, cuya legislatura (también controlada por los republicanos) ya ha aprobado el proyecto de ley, si bien de forma algo más ajustada: la Cámara de Representantes por 63 votos contra 58, el Senado por 24 a 15. Una diferencia que permitiría albergar esperanzas si el gobernador del estado estuviese dispuesto a vetarlo, pero Jeff Colyer (también republicano) ya ha anunciado que lo rubricará. El estado de Georgia también discute una medida similar, aunque en este estado existe al menos el antecedente de que el gobernador, aun siendo republicano, vetó hace dos años otra ley discriminatoria. Y no son los únicos: a finales de abril un proyecto similar recibió el visto bueno de un comité del Senado de Colorado, aunque sin posibilidades reales de salir adelante ya que de momento los republicanos solo controlan la cámara alta.

La aprobación de las leyes de Oklahoma y Kansas ha sido saludada por grupos evangélicos y por representantes la Iglesia católica. Por el contrario, ha sido condenada como discriminatoria por grupos de defensa de los derechos LGTB. «Estamos sobre todo preocupados por los niños que desesperadamente están a la espera de un hogar, y que serán víctimas de esta legislación vergonzosa», ha declarado por ejemplo Troy Stevenson, director ejecutivo de Freedom Oklahoma, y que ya ha anunciado su intención de acudir a los tribunales. No es descartable, de hecho, que a medio o largo plazo la cuestión acabe siendo dirimida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo pronto, supone un nuevo ensanchamiento de la brecha que separa a los estados más profundamente «rojos» (en el lenguaje político estadounidense, aquellos que tradicionalmente votan republicano) de los estados «azules» (aquellos que tradicionalmente votan demócrata) por lo que a los derechos de las personas LGTB se refiere. Seguiremos atentos.

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Aunque residen en Australia, Stephen Heasley y Andrew Birg, de 39 y 31 años de edad, son naturales de Pensilvania, donde deciden contraer matrimonio con el objetivo de estar cerca de sus familias. Cuando se encuentran ultimando los preparativos para el enlace, en septiembre del año pasado, solicitan 100 copias de un programa de mano a Vistaprint. En lugar de lo que habían pedido, reciben 80 copias de un folleto de propaganda cristiana, motivo por el que este martes, 16 de enero, presentan una denuncia federal en Massachucetts contra la empresa de impresión, alegando que se los enviaron en forma de ataque y amenaza por ser homosexuales.

Stephen Heasley y Andrew Borg se casaron en Pensilvania (Estados Unidos) el pasado mes de septiembre. El día previo a la ceremonia recibieron el paquete de la imprenta en el que, supuestamente, se encontraban los recordatorios de boda que habían encargado. Sin embargo, en lugar de estos, la imprenta de Massachusetts Vistaprint les envió un panfleto con mensajes homófobos como: «Tentación comprensiva: luchen la buena batalla de la fe», es el titular del panfleto que recibe la pareja, en lugar del programa en tonos azules y dorados que habían solicitado en el que explicaban los eventos del día de su boda, junto con los nombres de los miembros de su familia. A la pregunta «¿Si tu egocentrismo es lo que te atrae al pecado, ¿qué puedes hacer para evitar la tentación?», responden unos versículos bíblicos cristianos para resistir los tres tipos de tentación de Satanás: «La lujuria de la carne es lo que atrae a nuestro cuerpo de una manera pecaminosa», dice el primero, «la Lujuria de los Ojos es lo que nos atrae al pecado cuando lo miramos», afirma el segundo, y «orgullo de la vida es lo que atrae nuestra autoestima de una manera que nos dirige a ser egocéntricos», concluye el tercero. “Es un acto de rebelión contra la santidad de Dios”, “Satanás seduce a tu carne con malos deseos” o “el pecado es el resultado de tu fracaso en resistir la tentación”, entre otras lindezas. En un principio, los afectados lo achacaron a un lamentable error. Sin embargo, esta misma semana han decidido denunciar su caso ante Tribunal de Distrito de Massachusetts por incumplimiento de contrato y dolor emocional. Vistaprint se ha disculpado y ha anunciado una investigación interna.

Stephen Heasley y Andrew Borg se casaron en septiembre el condado de Butler, al oeste de Pensilvania, porque el primero es oriundo de allí; aunque actualmente se han trasladado a Sídney (Australia). Michael J. Willemin, el letrado de la pareja, argumenta en la demanda que “los panfletos, claramente enviados para amenazar y atacar al Sr. Heasley y al Sr. Borg, porque son homosexuales, advierten de que ‘Satanás seduce a tu carne con malos deseos’”. Willemin también alega que “este caso presenta un ejemplo particularmente atroz de una empresa que se niega a proporcionar servicios iguales a los miembros de la comunidad LBGTQ”.

Por ello, finalmente, los afectados han decidido denunciar lo sucedido ante los tribunales estadounidenses por incumplimiento de contrato y daños morales así como porque Vistaprint se negó a hacerse cargo del error y tuvieron que pagar 80$ por la impresión y el envío urgente de los dípticos de la boda. En la demanda, a la que ha tenido acceso el New York Daily News, Andre y Stephen, además de reclamar el dinero y una indemnización han señalado que el envío de esos panfletos tenían una clara intención de odio y pretendían comparar su relación con la “tentación de Satán“. Según han explicado Heasley y Borg a través de un comunicado: “nuestro objetivo es responsabilizar a Vistaprint por el daño que han causado y dar una voz a otras personas que puedan haber sido victimizadas de manera similar, ayudar a prevenir que esto le suceda a otra persona y enviar un mensaje de que habrá consecuencias por actos de odio perpetrados contra otros…”, declara la pareja en un comunicado.

En la demanda explican que se sintieron «emocionalmente devastados por la conducta intimidante y discriminatoria de Vistaprinst», calificando el envío como un acto «atroz y despreciable» que les lleva a sentirse amenazados porque esas personas tienen la dirección donde viven sus familiares, lo que les lleva a sentir vulnerables a cualquier otra agresión de carácter homofóbico. «Nos casábamos en una granja familiar en lo que entendemos por ser una parte bastante conservadora y rural de Pensilvania. Si las personas malintencionadas decidieran enfocarse en nuestra boda e invitados, tendríamos muy pocas opciones para escapar o buscar refugio», declara Heasley.

Fundada por Robert Keane en Holanda, Vitsaprint es una empresa que distribuye artículos promocionales y de impresión que ofrece sus servicios a autónomos, PYMES y particulares. Vistaprint, la imprenta a la que realizaron el encargo de sus recordatorios de boda, es una compañía multinacional que opera en más de 120 países de todo el mundo. En Estados Unidos tiene su sede en Massachusetts, aunque su centro mundial está radicado en los Países Bajos y su oficina europea de marketing se encuentra en la ciudad de Barcelona (siendo esta última “la base de Vistaprint para las iniciativas de marketing de la compañía en Europa”).

Mediante un comunicado, la compañía justifica que “acabamos de enterarnos de este incidente en las últimas horas. Entendemos lo molesto que sería para cualquier persona recibir materiales como estos la noche anterior a su boda e inmediatamente hemos lanzado una investigación interna”. La empresa también añade que “Vistaprint nunca discriminará a los clientes por su orientación sexual. Nos enorgullecemos de ser una empresa que celebra la diversidad y permite a los clientes de todo el mundo personalizar los productos para sus eventos especiales”.

“Vistaprint de ninguna manera aprueba, y no tolera, la discriminación contra ninguno de nuestros clientes en función de su raza, religión, género u orientación sexual. Alentamos a los miembros de la comunidad LGBTQ a usar nuestros servicios para ayudar a celebrar sus eventos de la vida durante muchos años, y han publicado miles de invitaciones de boda, programas y otro contenido para parejas del mismo sexo”, declara Trynka Shimerman, directora ejecutiva de Vistaprint al día siguiente, 17 de enero, asegurando que han iniciado una investigación para saber el origen y las causas del envío, prometiendo una «acción enérgica» contra cualquier empleado responsable de tal acción. Asimismo, se comprometen a «planificar cómo podemos usar nuestra plataforma de marca global para compartir un mensaje de apoyo para el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad en todo el mundo».

Este es el recordatorio de boda que Stephen Heasley y Andrew Borg encargaron a Vistaprint:

Y este es el que recibieron un día antes del enlace en su domicilio:

Discriminación empresarial hacia contrayentes del mismo sexo

No es la primera vez que en los Estados Unidos una empresa protagoniza un caso de discriminación hacia contrayentes del mismo sexo en el marco de su boda. Hace poco más de un mes, precisamente, llegaba al Tribunal Supremo de este país la disputa sobre si una pastelería puede negarse a elaborar una tarta nupcial para una pareja homosexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fuente | Pink News, vía Dosmanzanas/Universogay

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Doug Jones celebra su victoria y detrás su hijo gay Carson

Como publicábamos hace unos días, el candidato demócrata, Doug Jones, se impone al republicano, Roy Moore, como gobernador de Alabama en una campaña que ha girado en torno a los derechos del colectivo LGBT, en la que ha sido crucial la intervención de un padre cuya hija se suicidó tras ser víctima de la misma discriminación que hace gala Moore, mientras que el hijo de Jones, abiertamente homosexual, no ha querido intervenir confiando en la habilidad de su padre.

A pesar que el estado de Alabama está ubicado entre otros marcadamente homofóbicos, como Georgia, Tennessee y Misisipi, el colectivo LGBT celebra la victoria del candidato demócrata para gobernador, Doug Jones, que vence este miércoles, 13 de diciembre, al republicano Roy Moore, quien en su campaña había defendido que la homosexualidad debería ser considerada una enfermedad. Mientras Jones se muestra orgulloso de su hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual, muchos aplauden la intervención en campaña de William Nathan Mathis, cuya hija se suicida tras ser víctima de la misma discriminación que proclama Moore.

«Estoy realmente abrumado (…). Al final del día, toda esta carrera ha sido sobre dignidad y respeto. Esta campaña ha sido sobre el estado de derecho. Esta campaña ha sido sobre educación y decencia», declara Jones al ganar por un porcentaje muy ajustado pero que permite la elección de un demócrata después de 25 años. La gran ventaja de Moore se reduce en el momento en que varias mujeres le acusan de agresión sexual cuando tenía alrededor de 30 años, antes de convertirse en juez del Tribunal Supremo de Justicia de Alabama. Según el candidato estas acusaciones proceden de «liberales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y socialistas», a los que culpa de liderar una «conspiración» para destrozar su carrera política.

https://www.youtube.com/watch?v=cYIz9VeuNX4

Durante su campaña, Moore llega a pedir al Congreso que impugne a la juez federal responsable del bloqueo al veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas de Donald Trump, así como a los miembros del Tribunal Supremo a hacer lo mismo con el juez que había firmado la sentencia que permite la legalización del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, llegando a afirmar que «las personas transexuales no tienen derechos». De hecho, Moore habría sido destituido en dos ocasiones como presidente del Tribunal Supremo de Alabama tras desafiar sentencias del Tribunal Federal que entraban en conflicto con sus creencias religiosas, siendo el fundador de un grupo radical como Fundación para el Derecho Moral, que se opone recientemente a que Kristin Goodwon dirija la Academia de la USAF.

«El pueblo de Alabama eligió a Doug Jones, un aliado con un historial de lucha frontal contra el odio», declara Ben Needham, director del Proyecto Uno América de Human Rights Campaign, mientras que Masen David, director ejecutivo de Freedom for All Americans añade que «las personas LGBT de todo el país estarán felices celebrando los resultados de las elecciones de hoy en Alabama, donde Roy Moore, una de las fuerzas más fervientemente anti-LGBT del país, ha sido derrotado. Moore demostró un abrumador desprecio por las personas LGBT y la incapacidad de tratarnos con el respeto y dignidad básicas. Los resultados de las elecciones de esta noche demuestran que la discriminación no gana las carreras políticas».

Pro, con toda seguridad, quien más orgulloso está de la victoria de Jones es su propio hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual. «Obviamente estoy emocionado con la victoria de mi padre. Nos ha abrumado el apoyo de tanta gente que ha hecho posible que esto sucediera. Alabama ha hecho una gran declaración de que la unidad gana. ¡No podría estar más orgulloso de él ni de mi estado natal!», afirma Carson, que no ha querido pronunciarse antes al considerar que su padre es lo suficientemente hábil para para silenciar a quienes se manifiestan contra sus posturas liberales en cuestiones como el aborto y los derechos de los homosexuales, «una necesidad en uno de los estados más conservadores del sur».

Como abogado, Jones encabezó en 1963 la persecución de los miembros del Ku Klux Klan responsables del atentado con bombas en la iglesia de Birmingham y la clínica abortista de Eric Rudolph. En la página web del candidato demócrata queda clara su postura al afirmar que cree «que todos somos creados iguales ante los ojos del Señor y la ley. Si bien hemos progresado en derechos civiles como nación, no podemos ser complacientes con las continuas amenazas a la igualdad y la justicia. La masacre de la iglesia de Charleston motivada por motivos raciales y Charlottesville son claros recordatorios de esa continua amenaza. Creo que los Estados Unidos de América son una tierra de leyes, justicia, libertad, igualdad y oportunidad».

Pero quien sí se ha manifestado en campaña, favoreciendo la oposición a Moore, ha sido William Nathan Mathis, quien explicaba cómo su nieta de había suicidado con sólo 23 años de edad, tras ser víctima de discriminación como la que defiende el candidato republicano. «El juez Roy Moore la llamó una pervertida por una razón: porque era homosexual», declara Mathis, que es lo que el candidato pensaría de los hijos de sus votantes que fueran igualmente gays o lesbianas, indicando que es algo que la gente debe saber porque, siendo candidato se supone que debe defender que todas las personas tienen los mismos derechos, haciendo referencia por error a la Constitución, dado que tal derecho se defiende en la Declaración de Independencia. Mathis llega a afirmar que no considera responsable a Moore del suicidio de su nieta, revelando que él mismo era contrario a las personas homosexuales, siendo una persona religiosa, lo que le llevó a decirle cosas horribles, que ahora lamenta. Si bien no puede rectificar con respecto a su nieta, afirma que los ciudadanos de Alabama, «no necesitamos una persona así que nos represente en Washington».

Fuente Universogay

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El conocido LGTBfobo Roy Moore ha perdido las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Alabama. Su contrincante, el demócrata Doug Jones, ha conseguido una ajustada victoria en uno de los estados más conservadores del país. Moore (a quien podemos ver en la imagen acudiendo a votar montado a caballo) ha abogado por la penalización de la homosexualidad, la prohibición de ejercer cargos públicos para los ciudadanos de religión musulmana y se ha referido a los tiempos de la esclavitud como la última vez que los Estados Unidos fueron grandes. También ha sido acusado de haber abusado de mujeres cuando aún eran menores de edad. A pesar de todo ello, ha recibido el apoyo incondicional de los grupos evangélicos y del presidente Donald Trump. Su derrota es la derrota del fundamentalismo religioso más reaccionario y de la más abyecta hipocresía.

El pasado 12 de diciembre se celebró en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trataba de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, tras su dimisión el pasado mes de febrero al ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado.

En un principio, Luther Strange, fiscal general de Alabama, fue designado senador provisional hasta la elección, siendo el candidato preferido por el Partido Republicano y por el propio presidente Donald Trump. Sin embargo, Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama, consiguió arrebatarle la candidatura por un ajustado margen.

La campaña de Moore se basó en lo que él denominaba la defensa “valores familiares”contra un “ellos” difuso que trataban de mermarlos. En uno de sus discursos, describió a esos “ellos” contra quienes luchaba: “Cuando digo ‘ellos’, ¿quiénes son? Son los liberales. Los que no tienen valores conservadores. Son las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que quieren cambiar nuestra cultura. Son los socialistas que quieren cambiar nuestra forma de vida y poner al hombre por encima de Dios y que el Gobierno sea nuestro Dios. Son los miembros de la clase dirigente de Washington, que quieren mantener todo igual para no perder su posición, su poder, su prestigio”.

La escalada de fanatismo de su discurso fue incrementándose a lo largo del proceso electoral. Llegó a afirmar que la última vez que los Estados Unidos fueron una gran nación ocurrió durante la época de la esclavitud, también declaró que los estadounidenses de filiación religiosa musulmana no deberían poder acceder a cargos públicos. Si el racismo y la intolerancia no fueran suficientes, salieron a la luz denuncias de varias mujeres, que afirmaron que habían sido acosadas por Moore cuando aún eran menores de edad —alguna de ella contaba tan solo catorce años— y el candidato republicano ya andaba por la treintena.

Nada de esto hizo mella en sus partidarios, sobre todo entre la comunidad evangelista, que le siguió ofreciendo todo su apoyo y le defendió denodadamente. Según sus líderes religiosos, “el juez Moore tiene un historial probado de lucha por políticas públicas basadas en valores bíblicos y no en la perversión, y por eso que es un objetivo. Se mantiene fiel a las líneas de combate contra el enemigo interior. Se ha convertido en un baluarte para combatir a aquellos que buscan victimizar a niños y adultos a través de leyes de baño transgénero, adoctrinamiento LGBT en las escuelas, y mucho más”. Tampoco preocupó al presidente Donald Trump, que le apoyó hasta el último momentocon su habitual estilo deslenguado.

En quienes sí que pareció hacer efecto el exceso de fanatismo fue entre las minorías raciales y sexuales, que se movilizaron para votar a favor del candidato demócrata. Finalmente, Doug Jones consiguió el 49,9 % de los votos, frente al 48,4 % obtenido por Roy Moore. Un resultado que desmentía casi todas las encuestas, que daban al candidato republicano por seguro vencedor.

El mapa de votos por condado ofrecía otro dato: el voto urbano se volcaba mayoritariamente por Jones, mientras que el voto rural era incondicional de Moore.

La elección de Doug Jones deja a los representantes del Partido Demócrata con 47 escaños en el Senado, frente a los 51 del Partido Republicano y 2 independientes. Esa exigua mayoría hacía especialmente relevante esta elección, pues en cuestiones como inmigración o derechos civiles, algunos de los senadores republicanos de los estados menos conservadores podrían vetar leyes y dictámenes presidenciales, uno de los mayores temores de Donald Trump.

Doug Jones es conocido por su labor como fiscal general del distrito norte de Alabama, durante el mandato presidencial de Bill Clinton.

Su caso más conocido fue la reactivación del procedimiento contra dos miembros del Ku Klux Klan, que atentaron con dinamita contra una iglesia baptista de feligresía negra en 1963, causando la muerte de cuatro niñas y decenas de heridos. El empeño del entonces fiscal Jones consiguió la condena a cadena perpetua para los asesinos.

Roy Moore: una larga historia de fanatismo LGTBfobo

Los ciudados de Alabama pertenecientes a minorías sexuales, raciales o religiosas se han librado de que les representara en el Senado uno de los políticos más fanáticos e intolerantes de la actualidad estadounidense. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de EE.UU. se niega a tomar en consideración un caso de discriminación hacia matrimonios homosexuales en Houston y abre la puerta a la desigualdad jurídica de las parejas homosexuales.

El mismo Tribunal está estos días escuchando los argumentos del caso del pastelero homófobo de Colorado que podría sentar la base para el blindaje de la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó este martes los argumentos de las partes en el caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, un nuevo desafío judicial de los conservadores estadounidenses al matrimonio igualitario. En este caso, el Supremo estadounidense deberá decidir si el pastelero Jack Phillips tiene derecho a discriminar a una pareja del mismo sexo y no elaborar su pastel de boda, pese a que la normativa de su estado (Colorado) prohíbe a los negocios privados discriminar a sus clientes por razón de orientación sexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque pueda resultar anecdótico, el caso tiene una gran importancia legal, dado que una sentencia de Supremo favorable a Phillips abriría la puerta a que multitud de negocios en todo el país pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo con independencia de que en sus estados existan leyes locales que las protegen contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Es importante, en este sentido, tener en cuenta los argumentos de los abogados de Phillips. La línea de defensa del pastelero no se basa propiamente en que su “libertad religiosa” haya sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica casos de discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a la libertad de expresión, expresamente protegido por la 1ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Phillips argumenta que diseñar un pastel de boda es un proceso “creativo”, y que hacerlo para una pareja del mismo sexo supone forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo.

Argumentos retorcidos, pero que en caso de ser tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo facilitarían que todos aquellos negocios con un componente “creativo” pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo. Las posiciones, en este sentido, aparecen divididas al 50% tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo han dirigido a las partes en la jornada de ayer. Los analistas consideran más que probable que los cuatro miembros conservadores del Supremo (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinen por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro miembros considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

El voto que desharía el empate sería el de Anthony Kennedy, un juez “bisagra” cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario ya resultó clave en el pasado. En el año 2013, su votó en el caso United States v. Windsor hizo posible derribar por 5 votos contra 4 la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Una sentencia que todos coinciden allanó definitivamente el camino para que dos años después, al resolver el caso Obergefell v. Hodges, el Supremo legalizase el matrimonio igualitario en todo el país, también con los votos de Kennedy (ponente de la sentencia) y de los cuatro jueces progresistas. Está por ver, en este caso, cual será la decisión de Kennedy, que en la jornada de este martes se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con argumentos de las dos partes.

En septiembre, conocíamos que de cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya al empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo y en octubre publicábamos que un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips.  

El Supremo rechaza pronunciarse sobre un fallo discriminatorio en Texas

Lo que suceda con el caso del pastelero de Colorado, será, pues, de gran importancia. Muy especialmente después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo rechazase revisar una decisión judicial adoptada en junio por la conservadora Corte Suprema de Texas, y que daba la razón a dos activistas anti-LGTB que demandaron a la ciudad de Houston por extender los beneficios que concedía a los cónyuges de distinto sexo de sus empleados a los cónyuges del mismo sexo. El mismo Tribunal se ha negado a aceptar un caso (Pidgeon contra Turner) y ese movimiento ha dejado claro, a pesar de haber legalizado el matrimonio igualitario, no las tienen todas consigo sobre la igualdad de derechos entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. Jack Pidgeon y Larry Hicks denunciaron a la ciudad de Houston cuando la entonces alcaldesa, Annise Parker, anunció que ofrecería a los cónyuges del mismo sexo de los empleados públicos los mismos beneficios que tenían los cónyuges de los empleados heterosexuales.

Tras un proceso legal bastante largo y complicado el Tribunal Supremo de Texas se posicionó a favor de esa demanda y dictaminó que las parejas homosexuales no tienen por qué recibir los mismos beneficios y derechos que las parejas heterosexuales. Y eso a pesar de que en la sentencia del Supremo del país que legalizó el matrimonio igualitario se dejó claro que las parejas homosexuales podían casarse “en los mismos términos y condiciones que las heterosexuales“. Curiosamente en la misma semana de enero en la que Texas mantenía la discriminación el Supremo del país dictaminaba -otra vez- que en un caso sobre los derechos de los padres homosexuales (Pavan contra Smith) que los matrimonios homosexuales han de tener los mismos derechos y beneficios que los heterosexuales.

La Corte Suprema de Texas consideró entonces que la sentencia sobre el caso Obergefell v. Hodges, que hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país, no obliga necesariamente a tratar igual a los matrimonios entre personas del mismo y de distinto sexo. No sorprende saber que hubo un juez del Supremo de EE.UU. que votó en contra de esa sentencia igualitaria y no fue otro que Neil Gorsuch, que fue puesto ahí por… Donald Trump.

El caso, cuyo origen se remonta en realidad a una fecha anterior a la de la sentencia del Supremo sobre el matrimonio igualitario, no está de todas formas cerrado: al rechazar el Supremo revisarlo (sin pronunciarse en ningún sentido sobre la cuestión de fondo), el asunto volverá de nuevo a los tribunales de Texas, donde continuará la litigación. Y aunque los activistas LGTB consideran que la justicia acabará dandoles la razón, la negativa del Tribunal Supremo a resolverlo de forma definitiva en este momento arroja dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el más alto tribunal estadounidense en defensa de sus propias decisiones sobre el matrimonio igualitario.

Y es que al negarse a juzgarlo y al no hacer ningún comentario al respecto han sentado un precedente tremendamente preocupante y es que -tras los cambios de Trump- podrían estar de acuerdo en que los matrimonios homosexuales no han de tener los mismos derechos.

Como explica la presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, “el Tribunal Supremo acaba de dejar que prevalezca una preocupante sentencia del Supremo de Texas que recorta de forma clara los derechos de las parejas homosexuales casadas. La abnegación del mayor tribunal del país abre la puerta a una embestida de demandas contra los derechos de las personas LGTB+ en todas las instancias.”

Huelga decir que si después de esto el Supremo de EE.UU. decide sentenciar a favor del pastelero de Colorado y proteger así la “libertad religiosa” la situación de las parejas homosexuales en EE.UU. volvería a ser tremendamente complicada.

Seguiremos atentos a lo que suceda. La decisión definitiva sobre el pastel de bodas, en cualquier caso, no se conocerá hasta la primavera de 2018.

Fuente LGTBQ Nation, vía Dosmanzanas/EstoyBailando/Cristianos Gays

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El expresidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, que fue apartado del cargo por desobedecer el dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos favorable al matrimonio igualitario, será el candidato republicano al Senado por el estado de Alabama. Moore ha vencido al aspirante Luther Strange, que basó su campaña en postularse como el preferido tanto del establishment republicano como del propio presidente Trump. Roy Moore ha hecho gala repetidamente de su LGTBfobia, con declaraciones a favor de leyes contra la “propaganda homosexual” al estilo ruso, e incluso de penar las relaciones entre personas del mismo sexo.

El próximo mes de diciembre, se celebrará en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trata de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, que dimitió el pasado mes de febrero tras ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado. En el intervalo, Luther Strange fue nombrado senador provisional por el gobernador de Alabama Robert J. Bentley.

Strange ocupaba anteriormente el cargo de fiscal general de Alabama, y se postuló como un ferviente y radical conservador, que además era el candidato preferido del presidente Trump, a quien ha ofrecido persistentemente su apoyo en cuestiones como inmigración o recorte de derechos de las minorías, entre ellas la LGTB. Durante su ejercicio como senador suplente, fue uno de los que instó al presidente a abandonar los acuerdos de París sobre cambio climático. Durante la campaña, alardeó repetidamente de sus conversaciones directas con el presidente, de quien recibía apoyo constante a través de las redes sociales. Strange era considerado por el entorno presidencial como un senador que apoyaría cualquier medida que tomara el ejecutivo.

Sin embargo, en las primarias celebradas el 15 de agosto, Strange obtuvo el 32,83 % de los votos, sobrepasado por el 38,87 % obtenido por Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama. Al ser los dos candidatos más votados, se enfrentaron en la elección definitiva, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. Moore se declaró vencedor con el 54,89 % de los votos, frente al 45,11 % de Strange.

La campaña de Moore se centró en dos puntos fundamentales: la más feroz LGTBfobia y la defensa de la libertad religiosa, entendida como la imposición de unas determinadas creencias al conjunto de la población. Un discurso demasiado extremista incluso para los más conservadores. En las proclamas de Moore efectuadas durante sus mítines se pudieron escuchar frases como que “el ejército ha sido dañado por las tropas transgénero que invaden nuestros baños y por la inclusividad”, o que “Dios debe ser la fuente de todas las leyes”. Se daba la circunstancia, además, de que su jefe de campaña era Steve Bannon, antiguo consejero del presidente Trump, hasta su cese en agosto de este año.

Sin embargo, tras el triunfo de Moore, el presidente Trump inmediatamente le expresó su apoyo en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la presidencia, Trump se habría mostrado furioso por su apoyo al candidato perdedor, achacando su fracaso a la falta de carisma del propio Strange. Roy Moore se enfrentará el próximo mes de diciembre al candidato demócrata Doug Jones.

El candidato republicano más contrario a los derechos LGTB

De obtener el cargo en las futuras elecciones, es de temer que por su parte haga ostentación del mayor de los fanatismos e impulse las propuestas más exacerbadas en contra de los derechos de las minorías sexuales. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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En un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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La administración Trump ha revocado las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, según las cuales los centros educativos que reciben financiación federal debían permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La decisión, no por esperada (había sido adelantada por el ahora vicepresidente Mike Pence en campaña electoral) deja de suponer un golpe muy duro a las personas trans en ese país. La decisión se acompaña, además, de la retirada del apoyo federal a todas las iniciativas de defensa de los derechos de las personas trans en los tribunales, semanas antes de que el Tribunal Supremo decida precisamente sobre la demanda del joven Gavin Grimm, un chico trans al que su instituto prohíbe usar el baño de chicos.

La directiva que ahora deja de estar en vigor fue enviada en mayo de 2016 por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país. Según aquel texto, prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera de la directiva. Junto a la directiva, de hecho, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Hoy todo ello es historia. La transfobia institucional que el Partido Republicano promueve, y de la que el vicepresidente Pence es uno de sus principales valedores (el propio Pence anunció en campaña que la política de protección del alumnado trans sería una de las que la nueva administración revisaría en caso de ganar Trump las elecciones) se ha impuesto a la que solo meses antes parecía una postura relativamente favorable de Trump a los derechos de las personas trans (e incluso, según asegura The New York Times, a la postura que defendía la nueva secretaria de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos, inicialmente proclive a mantener la política de Obama en esta materia). La protección de los estudiantes trans queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la ya vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado, y cuya aprobación desencadenó, en buena parte, la reacción de la administración Obama).

Está por ver también qué sucede ahora con la batalla judicial que la decisión de la administración Obama descencadenó. Recordemos, en este punto, que en verano de 2016 el juez federal de Texas Reed O’Connor emitía una medida cautelar (preliminary injuction) que dejaba en suspenso, justo antes de que empezara el curso escolar, la orden de la administración Obama. La sentencia de O’Connor era la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación. El Departamento de Justicia, que bajo la administración Trump ha pasado a estar dirigido por Jeff Sessions, uno de los políticos más abiertamente LGTBfobos de los Estados Unidos, ya había ordenado dejar de defender la directiva en los tribunales antes incluso de que esta fuese derogada.

El joven Gavin Grimm, sin apoyo de la administración federal

Otro de los damnificados por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense es el joven Gavin Grimm, que pierde el apoyo federal en su lucha por el derecho a usar el baño de chicos de su instituto de Gloucester (Virginia) y cuyo caso es uno sobre los que próximamente debe pronunciarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Cuando el juez Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina. Una orden que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente a requerimiento del instituto y sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado (las audiencias del caso están previstas en marzo).

La decisión del Tribunal Supremo en este caso marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Y hoy día las perspectivas son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. Habrá que estar atentos además a cómo el nuevo marco jurídico federal afecta al caso (cuyo origen en cualquier caso es anterior a que la administración Obama emitiese sus directrices en favor de los estudiantes trans). Estaremos atentos…

Fuente Dosmanzanas

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Meses después de amenazar con revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del alto tribunal dispuestos a valorar de nuevo la cuestión, Donald Trump ha asegurado, en su primera entrevista televisada tras ganar las elecciones presidenciales, que ya no considera necesario reabrir el tema. Una postura relativamente conciliadora, en la línea de sus declaraciones de los últimos días (mucho más templadas que las de los meses previos) y que de haber manifestado abiertamente durante las elecciones primarias seguramente hubiesen complicado mucho su elección como candidato republicano a la Casa Blanca. El activismo LGTB estadounidense, en cualquier caso, desconfía profundamente de las intenciones del presidente electo. Razones no le faltan.

Las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario se produjeron en una entrevista al programa 60 Minutes, de la CBS, en la que el presidente electo apareció rodeado de su actual familia. Preguntado sobre el miedo que su elección ha despertado en las minorías, Trump negó que tuvieran razones para ello, y culpó directamente a la prensa de ser la instigadora de ese miedo. Lesley Stahl, la entrevistadora, quiso profundizar más en concreto sobre sus intenciones sobre el colectivo LGBTQ. Donald Trump, como respuesta, le recordó que él mismo se había referido al colectivo LGBTQ en la convención repúblicana. “A todo el mundo le pareció genial. Yo les apoyo”, añadió.

Recordemos, en este punto, cuál fue la referencia exacta de Trump al colectivo LGBTQ en su discurso de aceptación de la nominación republicana: “Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”. Esa fue la única referencia. Un recurso, en definitiva, a la islamofobia, pero que sirvió a algunos medios de comunicación generalistas para presentar a Trump como un político sensible a los derechos de este colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción.

Tras recordar Trump esta referencia, Lesley Stahl se refirió, ya más en concreto, al matrimonio igualitario. “¿Apoya usted el matrimonio igualitario?”, le preguntó. “Es irrelevante, porque ya ha sido decidido por el Supremo. Es ley. Ya está hecho”, respondió. “¿Entonces, incluso si usted promueve un juez que…?”, trató de indagar Stahl, en referencia a la afirmación de Trump de que promovería jueces que en un futuro revirtieran la decisión. “Estos casos ya han sido visto por el Supremo. Han sido resueltos. Para mí está bien así”, zanjó Trump:

https://www.youtube.com/watch?v=jDVX8oj8h1c

No hubo más referencia a los derechos LGTB en la entrevista. Ni una palabra, por ejemplo, sobre la próxima decisión que el Tribunal Supremo debe tomar en esta materia, referida al derecho de un adolescente trans a usar en su instituto los aseos que se corresponden a su identidad de género. En cualquier caso, las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario suponen un titular potente, que ha sido recibido con precaución y escepticismo por el activismo LGTB estadounidense.

Es fácil entender las razones de este escepticismo. La reversibilidad del matrimonio igualitario nunca ha sido el mayor temor del activismo, dado que para ello sería necesario que el Tribunal Supremo se desdijera a sí mismo, y ello después de que Trump hubiese propuesto al menos a dos nuevos jueces (en este momento solo hay una vacante, la que dejó al fallecer el conservador Antonin Scalia, que de hecho ya fue uno de los que se opusieron a la decisión mayoría del Supremo en 2015) o que culminase con éxito una iniciativa de reforma de la Constitución de los Estados Unidos para incluir una definición excluyente de matrimonio (muy improbable a día de hoy). Lo que más preocupa en realidad al activismo LGTB son los más que probables (estos sí…) retrocesos en materia de políticas antidiscriminatorias, promovidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, que recordemos, se presentó este año a las elecciones con la plataforma más abiertamente anti-LGTB de su historia.

Así por ejemplo el que será vicepresidente de Trump, Mike Pence anunciaba hace pocas semanas que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.

El próximo vicepresidente, un homófobo contrastado

Por desgracia, todos los analistas auguran a Mike Pence un papel mucho más activo en la futura administración federal que el de sus predecesores. Una muy mala noticia en clave LGTB, dado su perfil homófobo. Recordemos que su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos (ver foto, a la derecha).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

No es, por desgracia, el único antecedente homófobo de Pence, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

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A todos estos que dicen que todos los políticos son iguales y que no votan porque son superfragilisticoespialidosos y purísimos, ahora van a ver lo que es un fascista homófobo, machista y xenófobo en la Casa Blanca…

Malas noticias, sin paliativos. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, así como el control republicano de las dos cámaras del Congreso estadounidense, auguran años de parálisis, si no abierto retroceso, por lo que a los derechos de las minorías se refiere. La minoría LGTB no será una excepción. No tanto por la figura de Trump en sí mismo (que nunca ha mostrado un especial interés hacia este colectivo, ni siquiera a la hora de oponerse a sus derechos) como por la de la plataforma ideológica republicana bajo la que se ha presentado (la más anti-LGTB de su historia) y por sus acompañantes de viaje. Su vicepresidente, recordemos, será Mike Pence, una figura que sí destacó por su LGTBfobia durante los años que fue gobernador de Indiana. Otro punto al que habrá que estar atento es a lo que suceda con el equilibrio en el seno del Tribunal Supremo, una institución cuyos miembros, confirmados por el Senado a propuesta del presidente, lo son de forma vitalicia, y que durante estos años quizá le toque renovar a Trump en parte.

Donald Trump ha ganado de forma clara las elecciones presidenciales estadounidenses, al lograr la victoria en una serie de estados clave que se encontraban en disputa. Ello le otorga mayoría en el colegio electoral. Ha ganado en Carolina del Norte, Florida, Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, lo que unido a los estados que ya se daban por seguros para los republicanos le da la victoria final. Hillary Clinton ha retenido los territorios más fuertemente demócratas (como los estados del noreste y de la costa oeste), además de Colorado, Illinois, Nevada, Nuevo México y Hawaii. Virginia, de donde era gobernador su candidato a vicepresidente, ha caído también del lado demócrata. En voto popular (número total de votos recibidos por cada candidato, con independencia del estado de residencia), se registra sin embargo un cuasi empate, aunque este dato aún no está cerrado. De hecho, conforme se acerca el final del escrutinio parece que Clinton obtendrá finalmente más votos que Trump.

En definitiva, un resultado que muestra una doble fractura de la sociedad estadounidense. A la ya tradicional entre estados fuertemente demócratas y estados fuertemente republicanos, se une el apoyo sin precedentes que Trump habría recibido de los votantes blancos de menor nivel educativo, incluso en caladeros considerados tradicionalmente demócratas, según indican los primeros análisis del voto (ver How the Presidential Election Took a U-Turn in 2016 en The New York Times). La movilización masiva de la clase obrera blanca a favor del republicano parece haber sido el factor fundamental a la hora de decantar el resultado. Lo que ello significará en términos de exclusión de las minorías raciales en los próximos años está por ver.

La plataforma republicana, la más anti-LGTB de la historia

Ya en entradas anteriores nos hemos referido al tema, pero no está de más recordar cuál es la declaración de intenciones del Partido Republicano en materia LGTB de acuerdo a la plataforma ideológica que fue aprobada este verano  en la convención republicana:

• Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer  y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
• Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
• Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
• Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
• Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
• Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

¿Y qué han manifestado Trump y Pence?

Siempre se puede argumentar que las plataformas aprobadas por las convenciones son una mera declaración de intenciones y no obligan necesariamente al presidente, que puede decantarse por una política pragmática (y de esto hay sobrados ejemplos en el pasado). Pero tampoco los mensajes lanzados directamente por Trump y el que será su vicepresidente son tranquilizadores. Trump, por ejemp, sugirió en campaña la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión. Más adelante, el magnate anunció que no tendría inconveniente en rubricar la FADA, arriba mencionada, en caso de prosperar, lo que habría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB.

Pence, por su parte, anunciaba recientemente que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial).

El único elemento que Trump ha utilizado expresamente para intentar congraciarse con el colectivo LGTB ha sido la islamofobia. Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”, expresó Trump en su discurso de aceptación de la nominación republicana. Una frase que de hecho sirvió a a algunos medios de comunicación generalistas (no especialmente preocupados por el detalle cuando de la realidad LGTB se trata) para presentar a Trump como un político sensible a los derechos del colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción. Algún tiempo más tarde, Trump propuso que a los inmigrantes que aspirasen a un permiso de residencia en Estados Unidos se les sometiese a un test ideológico que confirmase si comparten o no los valores estadounidenses. Según expresaron entonces miembros de su equipo, entre estos se incluirían los derechos de las personas homosexuales. Nada más se supo de esta propuesta.

Los partidarios LGTB de Trump

Como también hemos venido comentando en entradas anteriores, Donald Trump cuenta pese a todo con seguidores LGTB, como el multimillonario Peter Thiel y muchos de los denominados homocon, una corriente de gais conservadores que comparten el argumentario que sitúa al islam (y no a la derecha religiosa estadounidense) como su principal enemigo. No es casualidad que, coincidiendo con la convención republicana tuviera lugar un evento de apoyo a su candidatura por parte de un grupo (pequeño) de personas LGTB. Los dos principales oradores fueron Milo Yiannopoulos, un columnista conservador abiertamente gay, protagonista de varias polémicas en redes sociales, y la activista antimusulmana Pamela Geller. La intervención de Yiannopoulos, del que son bien conocidas sus opiniones contra el feminismo y el islam, resumió a la perfección el núcleo actual del ideario homocon: el Partido Demócrata no ha hecho nada por los gais, sino que por el contrario ha abierto el país a los musulmanes, enemigos de los derechos LGTB.

Yiannopoulos, por cierto, se ha lanzado en días recientes a una espiral de odio tránsfobo, calificando a las personas trans de “enfermas mentales”, defendiendo las leyes que les impiden usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género, convertidas en la punta de lanza del movimiento LGTBfobo estadounidense.

Siendo justos, también hay que recordar que Log Cabin Republicans, el más importante y “serio” de los grupos LGTB afines al Partido Republicano estadounidense, anunció que no apoyaría a Donald Trump en las  presidenciales. Aunque hicieron una encendida defensa del candidato republicano, al que calificaron como “el más pro-LGTB de la historia del Partido Republicano”, aclararon que su decisión fue tomada en consideración al equipo fuertemente LGTBfobo que ha escogido para acompañarle en la carrera presidencial y las medidas que defienden.

Mike Pence, próximo vicepresidente

Sin duda alguna la figura de Mike Pence, el próximo vicepresidente, destaca en este sentido. Su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos ver foto, a la izquierda).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Una marcha atrás que dejó tocada la imagen de Pence y que seguramente fue una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta de Trump en lugar de optar a la reelección como gobernador.

El equilibrio del Supremo, amenazado

Otro de los puntos de interés en materia LGTB en los próximos años será lo que suceda con el equilibrio del Tribunal Supremo, cuyos miembros lo son de forma vitalicia. Por lo pronto, hay una vacante sin ocupar, tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia, el que fuera uno de sus miembros más conservadores. Los republicanos, que controlan el Senado (y lo seguirán haciendo al menos durante dos años más) se ha negado por el momento a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, de perfil centrista. Veremos qué sucede ahora: aunque los analistas apostaban a que la ratificación de Garland se produciría tras las elecciones, en este momento no es descartable que los republicanos prefieran que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB.

No está de más recordar, en este sentido, la importancia de Tribunal Supremo como garante del orden constitucional estadounidense por encima de la acción del presidente y del Congreso. Gracias al Supremo, por ejemplo, las leyes de segregación racial quedaron invalidadas en los estados del Sur, y gracias al Supremo hay hoy matrimonio igualitario en todo el territorio de los Estados Unidos. Ese mismo tribunal deberá decidir en los próximos meses, por ejemplo, si es legal o no la discriminación de un adolescente trans al que no le permiten usar el baño de chicos en su instituto.

¿La caída de Pat McCrory, único consuelo?

Con esto terminamos el que es nuestro primer análisis del resultado de las elecciones en Estados Unidos en clave LGTB. Tiempo habrá de hilar más fino (este martes, por ejemplo, también se renovaban numerosas legislaturas estatales y se decidían varios gobernadores).

Sí que parece, a falta de la confirmación oficial, que el colectivo LGTB habría conseguido una victoria simbólica: la derrota del gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, a manos de su rival demócrata, Roy Cooper. Pese al estrecho margen (menos de 5.000 votos) la derrota de McCory es especialmente significativa, dado que los republicanos han ganado allí con comodidad tanto las elecciones presidenciales como las elecciones a la legislatura del estado. Y es que la elección de gobernador se había convertido en una especie de “plebiscito oficioso” sobre la ley LGTBfoba aprobada en Carolina del Norte, de la que McCrory se había convertido en principal defensor. Un consuelo sin duda magro: los republicanos conservan el poder legislativo en ese estado y es difícil que acepten la derogación de la ley. Sí que puede servir, en cualquier caso, para lanzar un mensaje a otros líderes republicanos que estén pensando en embarcarse en aventuras similares.

Fuente Dosmanzanas

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Por unanimidad, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva del juez Roy Moore, presidente de la Corte Suprema del estado sureño, hasta la finalización de su mandato. El magistrado ha sido hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. En su cargo como cabeza de la Corte Suprema de Alabama, el juez Moore ordenó a los jueces de familia del estado que desobedeciesen los dictámenes favorables a la igualdad de las parejas LGTB, tanto de los jueces federales como del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Este viernes 30 de septiembre, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva hasta la finalización de su mandato del juez Roy Moore, debido a sus reiteradas violaciones de la ética judicial. Así, se hace permanente la suspensión cautelar que ya había dictado la Comisión de Investigación Judicial del estado el pasado mes de mayo.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión de Investigación Judicial presentó los correspondientes cargos ante el Tribunal de la Magistratura, dictaminando la suspensión cautelar del juez Moore hasta que se dilucidase el caso. En su dictamen, la Comisión reiteró que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debía aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirmó en su denuncia contra el juez Moore, al que acusó de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

El Tribunal de la Magistratura, sin embargo, no ha entrado a valorar las leyes en vigor, sino únicamente las violaciones de los Cánones de Ética Judicial que ha cometido el juez Moore, que serían las siguientes:

• Canon 1, por no mantener la integridad e independencia de la judicatura.
• Canon 2, por no evitar la incorrección o apariencia de incorrección en todas sus actividades.
• Canon 2A, por no respetar ni cumplir con la ley, y por no conducirse en todo momento de manera que se promueva la confianza pública en la integridad e imparcialidad de la judicatura.
• Canon 2B, por no evitar conductas perjudiciales para la administración de Justicia que ocasionan el descrédito de la judicatura.
• Canon 3, por no cumplir con las obligaciones de su cargo de manera imparcial.
• Canon 3A(6), por no abstenerse de comentarios públicos acerca de un proceso pendiente de su propio tribunal.

Por todo ello ha dictaminado que “debido a estas violaciones, el presidente de la Corte Suprema Roy Moore queda suspendido de su cargo y de su sueldo por el resto de su mandato. Esta suspensión es efectiva con carácter inmediato”. El mandato del juez Moore concluirá a finales de 2019, pero, dado que entonces contará con 69 años de edad, no podrá presentarse de nuevo como candidato al cargo, según las leyes del estado. Es decir, la suspensión de su cargo es, a todos los efectos, a perpetuidad.

El Tribunal de la Magistratura no ha admitido el argumento de la defensa del juez Moore, según el cual su única intención era clarificar el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario. Por el contrario, el tribunal ha dado por probado que “el presidente de la Corte Suprema, de hecho, estaba ordenando y dirigiendo a los jueces de familia para que cumplieran sus órdenes al margen de Obergefell [la sentencia del Tribunal Supremo] o la medida cautelar de Strawser [la sentencia del Tribunal Federal de Alabama]”.

Sin embargo, los jueces del Tribunal de la Magistratura no se han puesto de acuerdo en que el castigo pertinente para el juez Moore fuera el cese de su cargo, pero sí han sido unánimes en su dictamen de suspensión hasta la finalización del mandato. La diferencia estriba en que el juez seguirá siendo el titular de la presidencia de la Corte Suprema de Alabama, aun en suspenso, por lo que su cargo no podrá ser ocupado por otro magistrado. La Corte Suprema, pues, estará compuesta por ocho jueces, en vez de los nueve habituales, hasta finales de 2019.

Richard Cohen, presidente del Southern Poverty Law Center, opina que el Tribunal de la Magistratura “ha prestado un gran servicio a los ciudadanos de Alabama al suspender a Roy Moore de su cargo. Moore ha deshonrado su tribunal y ha socavado la integridad del sistema judicial, anteponiendo sus creencias religiosas personales por encima de su deber de defender la Constitución de los Estados Unidos. Moore fue elegido para ser  juez, no un predicador. Es algo que nunca ha parecido entender. Los ciudadanos de Alabama que aprecian el estado de derecho no van a echar de menos al ayatolá de Alabama”.

Pataleo del suspendido juez Moore

Por su parte, al abogado del juez Roy Moore ha expresado su intención de apelar el fallo del Tribunal de la Magistratura ante la Corte Suprema de Alabama. El propio juez, presa de la indignación, ha emitido el siguiente comunicado, en el que, como en ocasiones anteriores, hace responsable a “la agenda inmoral de los grupos homosexuales y transgénero” de todos sus males:

Esta decisión refleja claramente la naturaleza corrupta de nuestro sistema político y judicial al más alto nivel.

Después de que el fiscal general de Alabama se negara a presentar este caso, la Comisión de Investigación Judicial utilizó al antiguo director legal de Southern Poverty Law Center, que presentó los cargos contra mí, con un coste de hasta 75.000 dólares para los contribuyentes de Alabama.

Durante el juicio, que duró aproximadamente cuatro horas, la Comisión de Investigación Judicial no presentó ningún testigo, no hubo declaraciones, no se presentaron pruebas que respaldaran la carga de la prueba con una evidencia “clara y convincente” de que la orden administrativa del 6 de enero de 2016 haya violado los Cánones de Ética Judicial.

Esto ha sido un esfuerzo políticamente motivado de grupos homosexuales y transexuales radicales para cesarme como presidente de la Corte Suprema, debido a mi oposición abierta a su agenda inmoral.

Este dictamen viola no solo las normas legales respecto a las pruebas, sino también el estado de derecho, que establece que ningún juez puede ser cesado de su cargo si no es por unanimidad.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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Donald Trump (o su equipo, siendo más preciso) vuelve a acordarse de los derechos LGTB en su lucha por conseguir la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo hace, otra vez, de la única forma en la que los candidatos que defienden posturas contrarias a los mismos suelen hacerlo: utilizándolos como una forma de atizar la islamofobia, precisamente uno de los ejes fundamentales de su campaña. Ahora Trump propone que a los inmigrantes que aspiren a un permiso de residencia en ese país se les someta a un test ideológico que confirme si comparten o no los valores estadounidenses. Según su equipo, entre estos se incluirían los derechos de las personas homosexuales. Una propuesta que podría considerarse digna de discusión… si no fuese porque demuestra una enorme hipocresía: la candidatura republicana se presenta a las elecciones con el programa más explícitamente anti-LGTB de su historia.

El candidato republicano planteó la propuesta en un discurso que pronunció este lunes en Ohio, uno de los “estados basculantes” que decidirán el resultado de las presidenciales (se trata de aquellos estados en los que en condiciones normales la victoria no está asegurada para ninguno de los dos grandes partidos, a diferencia de los tradicionales estados “rojos” o “azules” que solo en muy raras ocasiones votan diferente). Trump, empeñado en presentarse como el único candidato capaz de hacer frente al terrorismo islámico, propuso elaborar un cuestionario que sirva para cribar, de entre aquellas personas que intentar emigrar a Estados Unidos, las que mantengan una “actitud hostil” hacia los principios de la democracia estadounidense, que promuevan el odio o que pretendan sustituir las leyes vigentes en los Estados Unidos por la sharía o ley islámica.

En su discurso, Trump no dio detalles sobre aquellos aspectos sobre los que supuestamente se preguntaría en el cuestionario. Miembros de su equipo, sin embargo, fueron algo más explícitos, asegurando que en el cuestionario se valorarían los puntos de vista del aspirante en materia de libertad religiosa, igualdad de género y “derechos gais”.

Sin duda, la propuesta de Trump modificaría sustancialmente el modo en el que los Estados Unidos maneja la política inmigratoria, aunque lo cierto es que no supondría una novedad absoluta. Hay países que aplican cuestionarios de este tipo cuando se valora, por ejemplo, la concesión de la ciudadanía. Sin embargo, lo que más nos llama la atención, más que la propuesta en sí, es el hecho de que el candidato republicano solo se acuerde de los derechos LGTB cuando de utilizarlos en su argumentario islamófobo se trata. Ya lo hizo durante la pasada convención republicana, cuando la única mención que hizo al colectivo LGTB asunto fue para asegurar que “haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”. Una frase que hizo que algunos medios de comunicación generalistas (no especialmente preocupados por el detalle cuando de la realidad LGTB se trata) presentasen a Trump como un político sensible a los derechos de este colectivo, algo de lo que alertaron activistas LGTB.

El programa republicano, abiertamente anti-LGTB

Hace pocas semanas hacíamos un resumen, precisamente, de los puntos incluidos en la plataforma republicana aprobada en la pasada convención y relacionados con los derechos LGTB. Dejan poco lugar a dudas:

• Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer  y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
• Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
• Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
• Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
• Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
• Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

Pero sin duda el gesto que de una forma más tajante ha dejado claro el giro conservador de Trump en materia LGTB ha sido la elección como candidato a vicepresidente de Mike Pence, gobernador de Indiana, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

De hecho, el momento de mayor protagonismo de Pence como gobernador vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (también bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos. La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Una marcha atrás que dejó tocada la imagen de Pence y que quizá haya sido una de las razones que le han llevado a aceptar la propuesta de Trump en lugar de optar a la reelección como gobernador.

Hillary Clinton: “Trump no pasaría su propio test”

Una de las reacciones a la propuesta de Trump ha venido de su principal oponente en las elecciones de noviembre, la demócrata Hillary Clinton. En un mensaje en Twitter, Clinton ha insertado un vídeo de poco más de un minuto de duración en el que reproduce algunas declaraciones del propio Trump que fácilmente pueden considerarse contrarias a la Constitución estadounidense. Una de ellas, por ejemplo, su afirmación de que consideraría la posibilidad de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del alto tribunal dispuestos a valorar de nuevo la cuestión… “Donald Trump dice que creará un nuevo examen para inmigrantes. Es un examen que él suspendería”, ironiza Clinton:

Donald Trump says he’ll create a new test for immigrants.

It’s a test he’d fail.https://t.co/LZoCq8bJFx

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 de agosto de 2016

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, Hillary Clinton, Homofobia, Inmigración, Islamismo, Islamofobia, Matrimonio, Mike Pence, Ohio, Partido Republicano, Sharia, Transfobia, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Gavin Grimm

Malas noticias, al menos de momento. Por primera vez, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha pronunciado (de forma indirecta) sobre la polémica que rodea en ese país el uso de los baños y otras instalaciones públicas por parte de las personas transexuales. Y lo ha hecho prohibiendo temporalmente a un adolescente trans que pueda usar el baño de chicos de su instituto. La decisión, adoptada por 5 votos a 3, supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el Supremo adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

En este caso el voto decisivo ha sido el de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que se ha unido a los cuatro jueces de perfil más conservador y ha dado la razón al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester, en Virginia. El Consejo Escolar había solicitado con carácter urgente que el permiso para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad de género, emitida por el juez federal Robert Doumar, quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrolla el proceso legal.

La orden de Doumar se producía tras el importante pronunciamiento de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que el pasado mes de abril había dado la razón al adolescente. Se trataba de una decisión también provisional, pero que entonces se inclinaba del lado de Gavin: la Corte de Apelaciones consideró que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género (en este caso masculina) sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas.

La historia de Gavin

Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester. Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al consejo escolar del condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez Robert Doumar estudió en caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez federal de distrito al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de los argumentos expuestos en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). El resto ya lo sabemos…

La decisión del Supremo: un revés temporal

De hecho, si ahora Stephen Breyer hubiera unido su voto al de las otras tres jueces del bloque progresista se hubiera registrado un empate, con lo cual la posición de la Corte de Apelaciones, la más alta de las que han valorado el caso, hubiese prevalecido. Pero no ha sido así. El propio Stephen Breyer, sin embargo, ha querido dejar claro, en un voto particular, que el suyo era un voto “de cortesía” hasta que el Supremo decida si revisa el fondo del asunto, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta octubre. Si decide hacerlo, el statu quo se mantendrá hasta que haya una decisión final.

Si finalmente el Supremo decide no revisar el caso, finaliza la suspensión temporal: prevalece la posición del tribunal más alto que ha valorado el caso (la Corte de Apelaciones) y Gavin, en teoría, podría volver a usar el baño de chicos. “Lo que es triste”, ha declarado Joshua Block, abogado de la ACLU, “es que hay una posibilidad muy seria de que incluso si Gavin gana el caso la decisión no llegue a tiempo”. Y es que Gavin Grimm, que tiene ya 17 años, comenzará este otoño su último curso en el instituto.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Si la decisión que la Corte de Apelaciones tomó en abril fue recibida con satisfacción por el colectivo LGTB estadounidense, lo sucedido ahora supone un cierto jarro de agua fría. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Activismo, Adolescentes LGTB, Carolina del Norte, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Discriminación, Educación, Estados Unidos, Gavin Grimm, Gloucester, Joshua Block, Menores, Robert Doumar, Stephen Breyer, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Virginia

Buena noticia la que nos llega desde Puerto Rico, cuya comunidad LGTB se encuentra por cierto entre las más sacudidas por la masacre homófoba de Orlando (23 de las víctimas eran originarias de la isla). Por eso nos congratula recoger esta historia, la de un matrimonio gay que se ha convertido en la primera pareja de la isla en adoptar a dos niños que se encontraban bajo custodia del Departamento de Familia.

La histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario, también de aplicación en Puerto Rico, ha actuado como catalizador de los avances en ese país. Ya en diciembre, apenas cinco meses después de que comenzasen las bodas y de que el propio Gobierno de Puerto Rico ordenase no discriminar a las familias LGTB en el acceso a la adopción, una decisión judicial local reconocía por primera vez una adopción homoparental: una pareja de mujeres, que llevaba años luchando en los tribunales, consiguió que por fin la hija biológica de una de ellas pudiese ser adoptada por la otra, llevando sus apellidos y siendo reconocida como hija de ambas.

Ahora, es una pareja de hombres, la formada por Jorge Vázquez Ramos (polícia de 36 años) y Joel Andrades Rivera (enfermero de 35 años), la que ha conseguido hacer realidad su sueño de fundar una familia homoparental, tras adoptar a dos hermanos, Yair Emanuel, de 11 años, y Alaya Isabelle, de 7 años. La pareja había iniciado los trámites para adoptar en 2009. O mejor dicho, los había iniciado Jorge para adoptar como soltero, ya que por entonces no era posible la adopción homoparental conjunta. Una pretensión para la que sin embargo Jorge contó con el apoyo incondicional de Joel. “Desde que nos conocimos, él me había enfatizado el deseo que tenía en un futuro no muy lejano de adoptar”, cuenta este último. Eso sí, “él me había dicho que quería un solo niño, y en el transcurso del tiempo yo le comenté que tienen que ser dos, porque uno va a estar solo y no va a tener con quién jugar”, añade.

Jorge Vázquez Ramos (i) y Joel Andrades Rivera (d) decidieron darle un hogar a los hermanos Yair y Alaya. (Tony Zayas)

Finalmente han sido un niño y una niña, dos hermanos bajo custodia del Departamento de Familia de Puerto Rico y que han acogido la adopción con entusiasmo y que no muestran problema alguno en tener dos papás. Identificados, eso sí, como “papá Jorge” y “papá Joel”, para que no haya confusiones. “Me gusta tener dos papás. No importa tener una mamá y un papá porque es igual”, asegura de hecho Yair, el hermano mayor. De hecho, tanto él como su hermanita no dudaron un momento en contarlo en su nueva escuela. Y es que ahora los hermanos tienen por fin una familia que los quiere. Y no solo dos padres: tienen abuelos, tíos, primos…

Os dejamos con la entrevista que El Nuevo Día ha hecho a la familia, en la que la pareja cuenta cómo padres e hijos se conocieron. Este periódico puertorriqueño, el de mayor tirada de la isla, también les dedicó su portada el mismo 28 de junio, Día del Orgullo LGTB, con una preciosa fotografía de Tony Zayas (ver arriba).

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El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha sido suspendido en sus funciones tras ser denunciado por sus dictámenes contrarios al matrimonio igualitario, que desobedecían palpablemente tanto las decisiones de los tribunales federales como la del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez deberá hacer frente al Tribunal de la Magistratura, que, de considerar los cargos imputados por la Comisión de Investigación Judicial, podría fallar el cese definitivo en su cargo. Para el juez Moore, sin embargo, todo obedece a un contubernio de las organizaciones que apoyan la “agenda LGTB”.

La Comisión de Investigación Judicial acusa al juez Roy Moore de haber cesado en su obligación de actuar con imparcialidad, y de haberse negado a acatar la “clara disposición legal” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Por ello le acusa de hasta seis violaciones de la ética judicial, que deberán dilucidarse ante el Tribunal de la Magistratura de Alabama.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión reitera que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debe aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirma en su denuncia contra el juez Moore, al que acusa de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

Desde SPLC se ha emitido un comunicado que expresa su satisfacción por que la Comisión de Investigación Judicial haya aceptado presentar cargos contra el juez Moore. En él, acusan al magistrado de que “ha instado a las autoridades estatales y locales a que violen una orden judicial vinculante” y de que ha faltado a su juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, pues “se ha demostrado en el pasado, y ahora una vez más, que está dispuesto a dejar de lado la ley cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. No se puede confiar en que sea un árbitro imparcial de la ley”.

El presidente de SPLC, Richard Cohen, criticaba agriamente al juez, al considerar “que ha dañado su cargo durante demasiado tiempo. Es un fanático religioso, un ególatra que piensa que no tiene que seguir los dictámenes de los tribunales federales con los que no está de acuerdo”. Por todo ello, espera que sea cesado definitivamente de su cargo, “por el bien del estado de Alabama”.

La culpa de todo la tiene la “agenda LGTB”

El juez Moore, por su parte, ha argüido como defensa que la Comisión de Investigación Judicial no tiene competencias respecto a las órdenes judiciales dirigidas a funcionarios y jueces. Pero sobre todo, siguiendo con la tónica habitual en él, ha aprovechado para denigrar a las personas LGTB en sus declaraciones y culpar de la demanda a la que está expuesto a una supuesta “agenda LGTB”. Sus palabras son así de lamentables:

La Comisión de Investigación Judicial no tiene autoridad sobre las órdenes administrativas del presidente de la Corte Suprema de Alabama, o sobre el requerimiento legal de la Corte Suprema de Alabama de prohibir a los jueces la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Comisión de Investigación Judicial ha optado por escuchar a gente como Ambrosia Starling, un travesti profeso [en realidad, una activista drag queen], y otros gais, lesbianas y bisexuales, así como a las organizaciones que apoyan su agenda. Tenemos la intención de luchar vigorosamente contra esa agenda, esperando que nuestra postura prevalezca.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, con sede en Boston, ha dictaminado una vez más que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario es de aplicación ineludible en Puerto Rico. Todo ello tras el inexplicable fallo del juez Juan M. Pérez-Giménez, que estipulaba que el citado fallo del alto tribunal estadounidense no era aplicable a la isla caribeña por no tratarse de un estado de la unión, sino de un territorio vinculado a los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones, además, ha desvinculado definitivamente del caso al juez Pérez-Giménez, y ha ordenado que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, a cuya jurisdicción está ligada Puerto Rico, ha sido demoledor con el juez Juan M. Pérez-Giménez. Firmado “per curiam”, lo que significa que ha sido tomado por unanimidad de los jueces, su argumentación comienza con un contundente “la sentencia del Tribunal del Distrito se equivoca en tantos aspectos que es difícil saber por cuál empezar”.

Prosigue con la confirmación de que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que dictaba que la prohibición del matrimonio igualitario violaba los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos por la 14ª y 5ª Enmienda de la Constitución, es de total aplicación en Puerto Rico. La Corte de Apelaciones estima, por tanto, que el juez Pérez-Giménez no solo ha malinterpretado la sentencia del alto tribunal, sino que además ha desobedecido gravemente su mandato.  Por tanto, falla a favor de las demandantes.

Finalmente, en una decisión realmente vergonzante para el juez Pérez-Giménez, le aparta definitivamente del caso, ordenando que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata, sin afectar más a las demandantes Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que ya no deberían esperar para ver reconocido su matrimonio en Puerto Rico. Y así lo ha hecho el juez Gustavo A. Gelpí, a quien se asignó el caso de urgencia, emitiendo un dictámen tan solo unas horas después en los siguientes términos:

Se declara inconstitucional el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, al igual que otras leyes federales y estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o que no reconocen los matrimonios válidos de otras jurisdicciones.

El activista LGTB puertorriqueño Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s —codemandante en la apelación— ha emitido el siguiente y contundente comunicado sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Boston:

Se acabó el abuso de un juez que pretendía usurpar el derecho adquirido de las parejas LGBTT a casarse en su patria. El Tribunal Supremo de Estados Unidos fue claro, el Tribunal de Apelaciones de Boston fue claro, el gobernador fue claro al instrumentar las órdenes de los tribunales. El matrimonio igualitario llegó a Puerto Rico para quedarse. Punto.

Ahora le corresponde al nuevo juez finiquitar el proceso judicial para que se mantenga la igualdad matrimonial en Puerto Rico. Sin embargo, es hora de que la Legislatura atempere el nuevo Código Civil con el estado de derecho que reconoce el derecho al matrimonio para todos.

Si esta Legislatura está verdaderamente comprometida con la equidad, como aduce estarlo, tiene que completar la impostergable revisión del Código Civil con el reconocimiento pleno de la igualdad matrimonial y todos los derechos para las personas LGBTT. Exigimos igualdad plena. Ni más, ni menos.

El empecinamiento de un juez homófobo

Como señalábamos anteriormente, la sentencia inicial del juez Juan M. Pérez-Giménez afectaba a Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que habían reclamado que el matrimonio que ambas habían contraído en Massachusetts en 2004 fuera reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Contrariamente a lo a lo dictaminado por la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez fallaba en 2014 en contra de las demandantes, y estipulaba  que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional.

Las demandantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Boston, que aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Pero, en vez de aplicar el mandato de la Corte de Apelaciones, el juez Pérez-Giménez dictaminó que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense era únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico seguía vigente.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, comunicó inmediatamente que iba a ignorar la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez, pues “el derecho fundamental al matrimonio igualitario ha sido validado y ordenado por el Tribunal Supremo Federal y por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Voy a respetar las determinaciones de tribunales de superior jerarquía que, agraciadamente, ordenan un proceder muy distinto al que propone el juez Pérez-Giménez”.

Pero a quien sí que afectaba la decisión del tribunal federal puertorriqueño era a las demandantes iniciales, Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez, pues el reconocimiento de su matrimonio estaba aún ligado a la decisión de la Justicia. Finalmente, han visto reconocida su demanda, aunque es evidente el daño causado por las decisiones del juez Pérez-Giménez, no fundamentadas en derecho sino en sus prejuicios homófobos, que las han obligado a tan largo y penoso proceso.

Fuente Dosmanzanas

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