General, Homofobia/ Transfobia. África, Chacha Mwita, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Commonwealth, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Eric Gitari, HazteOir, Homofobia, John Mativo, Kenia, LGTBfobia, Roselyn Aburili, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha aceptado estudiar los argumentos sobre si la decisión de la India de acabar con la criminalización de la homosexualidad es relevante para Kenia. Hasta el fallo reciente de la Corte Suprema de la India (un país de más de 1.300 millones de habitantes que declaraba inconstitucional la sección 377 del Código Penal), ambos países compartían las mismas leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo debido al «legado» de la época colonial británica. Los condenados por estos «delitos» tienen que afrontar penas de hasta 14 años de prisión en Kenia. El próximo 25 de octubre el citado tribunal escuchará las alegaciones en este sentido.

El tribunal permitirá a las partes presentar comunicaciones sobre el asunto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de la India de rechazar la sección 377 del Código Penal. La ley de la época colonial criminalizó todas las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». El 25 de octubre, el altos tribunal keniata escuchará las alegaciones sobre si el reciente veredicto de la India tiene alguna relevancia para Kenia.

Los activistas que hacen campaña para despenalizar la homosexualidad constatan que la ley se usa en Kenia para perseguir a las personas LGTB. Asimismo, las medidas contra la discriminación hacen que las personas sexualmente diversas sean vulnerables a situaciones de injusticias y discriminaciones.

A los espectadores keniatas finalmente se les permitió ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia levantaba temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Fuente Dosmanzanas

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Los espectadores kenianos tienen por fin la oportunidad de ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha levantado temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». Un cine de Nairobi mostrará el filme en siete pases entre el 23 y el 29 de septiembre. La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Rafiki («Amiga», en suahili), dirigida por la cineasta Wanuri Kahiu y protagonizada por las actrices Samantha Mugatsia y Sheila Muniya, narra la historia de dos chicas que se enamoran en Kenia, un país en el que las relaciones homosexuales no solo son incomprendidas por la mayoría social, sino que están castigadas por la ley. «En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus padres respectivos. Las chicas se gustan, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir entre el amor y la seguridad…», reza la sinopsis del filme en la web del Festival de Cannes, donde fue proyectada el pasado mes de abril.

La película está inspirada en el relato Jambula Tree, de la escritora ugandesa Monica Arac. Su selección para participar en Cannes, en concreto en su sección Un certain regard(«Una cierta mirada»), fue un hito histórico para el cine de su país, ya que ninguna película realizada en Kenia y dirigida y protagonizada por mujeres de ese país había logrado ser seleccionada para tan prestigioso certamen. A partir de ese momento comenzaban a sucederse las felicitaciones, incluyendo las de organismos como el Ministerio de Deportes y Patrimonio de Kenia o la Kenya Film Commission.

La alegría quedaba sin embargo empañada al conocerse que Ezekiel Mutua, consejero delegado del Kenya Film Classification Board (KFCB, el órgano gubernamental keniano que regula la programación y la clasificación de los contenidos audiovisuales en los medios) decidía prohibir la exhibición de la película. Según anunciaba Mutua, la razón para prohibir Rafiki era «su temática homosexual y su clara intención de promover en Kenia el lesbianismo, contrario a la ley y a los valores predominantes de los kenianos». El dirigente del KFCB tenía antecedentes de censura homófoba: en noviembre del año pasado contábamos, por ejemplo, que Mutua decidía censurar la serie de Disney Andi Mack, dirigida mayoritariamente al público preadolescente, debido a que uno de sus personajes salía del armario.

Hace solo unos días, la directora de la película presentaba una demanda contra el Gobierno keniano por el veto a su difusión. Kahiu argumentaba que la decisión de la KFCB impedía que la cinta pudiera ser evaluada por el Comité de Selección de los Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, ya que las normas requieren que  los filmes escogidos para su toma en consideración se hayan proyectado en su país de origen antes del 30 de septiembre. El Tribunal Superior de Justicia le dio la razón y anunció el viernes pasado la suspensión temporal de la prohibición.

El fallo de la jueza Wilfrida Okwany permite la proyección de Rafiki en siete pases, desde este domingo hasta el próximo sábado, en un cine de la capital Nairobi. Okwany expresó su convicción de que Kenia es una sociedad fuerte «cuyos fundamentos morales no se verán sacudidos por ver una película como esta». La película, eso sí, está clasificada para mayores de 18 años. Ezekiel Mutua, que reaccionó airadamente en las redes sociales contra el fallo, insistió en que se exigirá un justificante de mayoría de edad para poder ver el filme.

La directora Wanuri Kahiu ha reaccionado exultante ante la sentencia: «Estoy llorando. En un aeropuerto francés. ¡Con TANTA alegría! ¡Nuestra constitución es FUERTE! ¡¡¡¡¡Dad las gracias a la libertad de expresión!!!!! ¡LO HICIMOS!», escribía en Twitter. En su primera proyección, el Prestige Cinema ha colgado el cartel de «No hay entradas».

I am crying. In a french airport. In SUCH Joy! Our constitution is STRONG! Give thanks to freedom of expression!!!! WE DID IT! We will be posting about Nairobi screening soon. Follow @rafikimovie

— Wanuri (@wanuri) 21 de septiembre de 2018

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Dosmanzanas

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CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

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