Buenas noticias las que nos llegan desde Irlanda, cuyo Parlamento ha aprobado sin controversia una ley que recoge el principio de autodeterminación de género y que permitirá a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna. Irlanda se une así al selecto grupo de países que ya han dado un paso adelante en este sentido y deja cada vez en mayor evidencia a legislaciones como la española, que en solo unos pocos años han quedado obsoletas.

Irlanda está dando toda una lección al resto del mundo en el campo de los derechos LGTB. Tras la consecución del matrimonio igualitario mediante referéndum, llegaba la hora de proporcionar un marco jurídico digno a las personas transexuales. La primera propuesta legislativa, sin embargo, contó con el rechazo del colectivo trans. Sin embargo, el gobierno irlandés (una coalición entre el centroderechista Fine Gael y el Partido Laborista) daba una vez más muestra de su madurez y decidía tramitar un texto más progresista e inclusivo, alineado con el principio de libre determinación del género mediante autodeclaración de la persona por medio de una declaración jurada. También se eliminaba la controvertida cláusula de divorcio forzado (la versión anterior exigía que las personas solicitantes estuvieran legalmente solteras). Un giro que era aplaudido por Transgender Equality Network (TENI), la principal organización irlandesa en favor de los derechos de las personas trans.

Este 15 de julio la tramitación parlamentaria del proyecto llegaba a su fin. Ya con el visto bueno de las dos cámaras del Oireachtas (Parlamento de Irlanda), solo resta la sanción oficial del presidente de la República, Michael D. Higgins, que se producirá en próximos días, para que el texto sea ley. Culmina así una larga lucha que inició hace ya más de veinte años Lydia Foy, primera mujer trans que acudió a los tribunales irlandeses para ver reconocida su identidad de género en todos los documentos oficiales y que no ha cejado en su empeño de conseguir que Irlanda reconociese sin cortapisas este derecho.

Para TENI, la nueva ley supone un hito para la comunidad trans irlandesa. “Nuestra comunidad por fin sale de las sombras”, ha manifestado Broden Giambrone, su presidente ejecutivo. Una organización que de todas formas ya ha expresado su voluntad de seguir luchando para avanzar en un aspecto que lamentablemente deja fuera la nueva ley: el reconocimiento jurídico de la identidad de los menores trans. Y es que el principio de autodeterminación de género se contempla solo para los mayores de 18 años. Los menores de 16 a 18 años podrán modificar legalmente su identidad, pero mediante un procedimiento complejo (que sí exige valoración médica, consentimiento parental y autorización judicial) mientras que a los menores de esa edad no les quedará más remedio que esperar.

España ya se ha quedado retrasada

Con la aprobación de su nueva ley, Irlanda ha recorrido una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Pero no parece que estos países vayan a ser los únicos. En estas últimas semanas, de hecho, hemos visto como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia acaba de emitir un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que sería además extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un gran paso en 2007 al suprimir el proceso judicial -lo que la coloca por delante de numerosos países europeos-, ha quedado “congelado” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

Fuente Dosmanzanas

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