Caitlyn Jenner, posiblemente la mujer trans más famosa del mundo, ha anunciado que retira su apoyo a Donald Trump. En un duro artículo publicado en The Washington Post, la popular exatleta y celebridad televisiva reconoce que se equivocó al pensar que los republicanos se abrirían a la comunidad LGTB tras el ascenso de Trump a la presidencia. La reciente revelación del plan del departamento de Salud para negar la existencia de las personas trans ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Jenner, que responsabiliza directamente al presidente de la deriva tránsfoba del Gobierno estadounidense. La toma de posición se produce a escasas dos semanas de las elecciones de mitad de mandato, que podrían mermar significativamente el poder institucional republicano.

La carta, publicada el pasado jueves en The Washington Post, ha tenido un amplio eco mediático. La popular estrella televisiva, votante republicana en 2016, afirma que la reflexión y el aprendizaje adquirido durante los dos primeros años de la presidencia de Trump la han llevado a cambiar de opinión. Jenner reconoce que confió en la posibilidad de un cambio en la tradicional hostilidad de los republicanos hacia los derechos LGTB, a caballo de una sociedad cuyas posiciones sobre el asunto eran cada vez más progresistas. Algunos gestos de Trump antes de ser elegido presidente la convencieron de que el cambio era posible.

Aunque ya entonces los republicanos se presentaban con el programa electoral más anti-LGTB de la historia, Jenner intentó influir en congresistas y otros políticos para cambiar sus posiciones. Ahora reconoce abiertamente que se equivocó: «La comunidad trans está siendo atacada sin descanso por este presidente. El líder de nuestra nación no ha mostrado consideración por una comunidad ya marginalizada y con problemas. Ha ignorado nuestra humanidad. Ha insultado nuestra dignidad. Ha convertido a las personas trans en peones políticos mientras espolea los ánimos contra nosotras en un intento de activar al sector más derechista de su partido, afirmando que sus políticas antitransgénero están destinadas a ‘proteger el país’. Esto es política en su peor versión. Es inaceptable, es decepcionante y me ha herido personal y profundamente».

La gota que ha colmado el vaso, según Jenner, ha sido el plan del departamento de Salud, que ha salido recientemente a la luz, para negar la existencia de las personas trans. Se trata de una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género como «la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública, arrebatándoles la posibilidad de ejercer sus derechos con su identidad de género real.

Jenner responsabiliza directamente a Trump de la deriva tránsfoba de la Administración estadounidense y por ello le retira su apoyo. Afirma que seguirá luchando por la causa de los derechos trans desde su posición que reconoce «privilegiada» y aprendiendo de la comunidad en asuntos como la discriminación laboral, la violencia, la depresión o los suicidios. «El mundo necesita oírnos. El mundo necesita conocernos. No seremos borrados», concluye. Unas palabras que pueden tener una influencia importante en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 6 de junio y en las que los republicanos podrían perder, entre otros, el control del Congreso.

Caitlyn Jenner es posiblemente la mujer trans más famosa del mundo. En 2015 dio la vuelta al mundo la portada de la edición americana de Vanity Fair, donde mostraba orgullosa su identidad femenina en una preciosa fotografía de Annie Leibovitz. Hacía solo unas pocas semanas que había asumido públicamente, en un programa de televisión, su identidad de género femenina. Exatleta y popular personaje mediático en Estados Unidos, su salida del armario como mujer transexual conmocionó al país. Preguntada por la presentadora Diane Sawyer «¿eres una mujer?», Jenner aseguraba que «sí, lo soy a todos los efectos». «Llámenme Caitlyn» es el titular del reportaje que le dedicó Vanity Fair, en el que la que fuera ganadora del oro en decatlón en los Juegos de Montreal (cuando su identidad social era masculina) reflexionaba sobre su proceso de transición. Jenner profundizaría posteriormente en el asunto en el documental I am Cait («Soy Cait»).

Fuente Dosmanzanas

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La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

Ha llegado el día

️‍APROBADA LA LEY LGTBI+ DE CANTABRIA ️‍

Aún hace falta que se apruebe en el Parlamento, pero para eso están los currantes de Alega!!

Por si no lo sabéis, esta fue la principal petición en el orgullo pasado, y la verdad es que estamos ORGULLOSOS. (1/4) pic.twitter.com/Vw5akD5StQ

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 25 de octubre de 2018

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Justicia lo anunciaba la pasada semana, y ya es una realidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (descargar aquí). Los registros civiles tienen instrucción de facilitar el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

EL Boletín Oficial del Estado unifica el criterio para modificar o cambiar el nombre en el Registro Civil, cuyo único requisito será el de solicitarlo si eres mayor de edad, o que seas una persona emancipada o acudas con tus tutores legales, si eres menor de edad. Esta rectificación ha sido posible gracias a la lucha personal de Gabriel Delgado Suárez, un adolescente de Calatayud al que le denegaron cambiar su nombre porque no era neutro.

Cualquier persona transgénero puede cambiar o modificar su nombre en el Registro Civil reclamándolo en la oficina de su localidad o mediante documento público, según se publica en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, 24 de octubre. El único requisito es que sean personas mayores de edad o, si se trata de menores de edad, que estén emancipados o acudan con sus tutores legales «declarando que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado», según aclaran desde la Dirección General de Registros y Notarios en lo que supone una unificación del criterio a nivel nacional y que antes quedaba a juicio del funcionario de turno o de un juez tras presentar un recurso.

De acuerdo a la instrucción publicada en el BOE este 24 de octubre y que firma el director general de los Registros y el Notariado, Pedro Garrido Chamorro (reproducimos literalmente):

Primero

En el supuesto de que un mayor de edad o un menor emancipado solicitara el cambio de nombre, para la asignación de uno correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de nacimiento, tal solicitud será atendida, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos del art. 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Segundo

Los padres de los menores de edad, actuando conjuntamente, o quienes ejerzan la tutela sobre los mismos, podrán  solicitar la inscripción del cambio de nombre, que será atendida en el Registro Civil, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, los representantes del menor actuando conjuntamente declaren que el mismo siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. La solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce años. Si el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser oído por el encargado del Registro Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado de madurez.

Como recogimos tras el anuncio, la medida se hizo pública tras una reunión mantenida entre representantes de Chrysallis (asociación de familias de menores trans), la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el propio Pedro Garrido, en la que Chrysallis recordó al Ministerio que el Gobierno de España no había atendido todavía una Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba precisamente al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación vigente. El resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. El pasado viernes, de hecho,  Gabriel y su familia entregaron en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

«Te preguntas: ¿por qué no me dejan ser quien soy? Es lo único que quiero y no hago daño a nadie (…). Si hubiera puesto Gabi habría servido. Pero quiero llamarme como yo desee. Elegir otro nombre sería corregirme y yo no soy un error. El error está en la ley y en este auto injusto», declara Gabriel cuando en septiembre del año pasado le deniegan cambiar su nombre en el Registro Civil,que solicita con el objetivo de que aparezca el nombre con el que se identifica y que utiliza habitualmente en su título de la ESO, cuyo último curso está terminando. El adolescente zaragozano no solo cuenta con el apoyo de su familia, sino que presenta informes médicos de diferentes especialistas en los que explican que ya se encuentra en proceso de transición hormonal, además de un informe favorable a la rectificación de su nombre por parte del instituto de secundaria en el que está matriculado, acreditando que profesores y alumnos se dirigen a él por el nombre de Gabriel.

«Cada vez que tengo que enseñar mi DNI es una humillación, cada vez que tengo que viajar con mi pasaporte es una humillación, cada vez que tengo que sacar un billete de bus es una humillación (…). No hago daño a nadie llamándome como me llamo. No le tengo que contar a nadie mi vida privada, nadie se tiene que enterar de que soy un menor trans, es una estupidez», explica Gabriel a los medios de comunicación cuando el pasado 19 de octubre entrega entrega en la Dirección General de Registros y Notarios más de 129.000 firmas, recogidas a través de una campaña en Change.org, a favor de que le permitan cambiar su nombre en su documentación legal.

«Aprecio mucho la rapidez que se han dado. Me ha sorprendido porque pensábamos que sería antes de Navidad pero no tan pronto», declara Pilar Suárez, madre de Gabriel, explicando que la modificación del BOE se produce tras una reunión de familias de menores transexuales con Chrysallis en Madrid en la que relataron sus experiencias personales sin saber que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, les estaba escuchando y agradecía que le hubieran abierto «las puertas a una nueva realidad y nos dijo que la política tenía que estar para hacer más felices a las personas».

«Estoy contento. Es un buen paso para lograr la igualdad por la que estamos luchando. Pero solo es un paso. Ahora tenemos que ponernos a caminar. No es para nada el final», afirma Gabriel tras la publicación del BOE a su favor, valorando positivamente que el Gobierno haya mostrado su compromiso por su causa, pero señalando que la verdadera victoria sería un cambio legislativo: «Es muy positivo, pero estas son solo recomendaciones. Lo que necesitamos es una ley que nos defienda». En cualquier caso, dado que Gabriel presentó un recurso contra el auto que le denegaba el cambio de nu nombre en su DNI, todavía debe esperar para poder concluir su proceso, aunque se muestra muy optimista y agradecido por todo el apoyo que ha recibido.

Fuente Universogay/Dosmanzanas

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En Estados Unidos se calcula que hay más de 1,4 millones de personas transgénero, quienes se verían afectadas si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo su política de cambio en materia de reconocimiento de género.

Según lo divulgó el diario The New York Times, en un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se propone definir legalmente el género de una persona por su sexo biológico al nacer. Este hecho anularía los derechos conquistados por la población trans desde la presidencia del exmandatario Barack Obama. “Sexo significa el estatus de una persona como hombre o mujer en función de rasgos biológicos inmutables identificables durante o antes del nacimiento”, propone el HHS en la nota, según el diario.

“El sexo que figura en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona, a menos que sea refutado por pruebas genéticas confiables”, añade el texto oficial.

Este hecho motivó a que miles de personas protestarán este lunes en Washington ante lo que consideran una nueva arremetida del Gobierno de Trump, que ya ha venido limitado los derechos de las personas trans en ámbitos como la educación y la salud.

“Lucharemos y seremos fuertes, y estaremos aquí después de que esta administración esté en un montón de basura”, aseguró Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Transgénero, de Estados Unidos.

Los activistas de la comunidad LGBT marcharon hacia la Casa Blanca con pancartas que tenía escrito “#Won’tBeErased” (#NoSeremosEliminados) en apoyó a las persona transgénero. Etiqueta que también posicionaron en las redes sociales.

Entretanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos mencionó que no hablarían de “supuestos documentos filtrados”.

El activismo LGBT se mantiene en alerta en Estados Unidos, y aseguran que habrá impugnaciones legales si dicho rumor se concreta, ya que no permitirán que se vulneren los derechos del colectivo trans.

“Si la administración quiere regresar el tiempo al continuar con su propia definición de sexo frívola y científicamente infundada, estaremos ahí para enfrentar el desafío”, aseveró la directora legal de Lambda, Dianna Flynn.

Por su parte, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero describió a través de una cadena de tuits los posibles cambios que se plantea el Gobierno de Trump como una “abominación” y “un ataque imprudente” en las vidas de personas transgénero.

“No nos vamos a ninguna parte. Las personas trans no pueden ser borradas con un memo. Publica una selfie. Llama a un amigo. Asiste a nuestro mitin mañana. Todo para mostrarles que #WeWontBeEreased“, dijo la organización en su cuenta de Twitter.

Asimismo, informaron que a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos se están realizando manifestaciones para evitar que esta medida gubernamental se efectúe.

Fuente Universogay

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Pantallazo Instagram @angelaponceofficial | Foto: Uso Permitido

La representante de España en el Miss Universo Ángela Ponce, ha sabido enfrentar con elegancia y contundencia las críticas de los intolerantes que rechazan su participación en el concurso por ser una mujer transexual. 

“Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan” escribió esta semana la modelo Ángela Ponce, representante de España en la edición de este año del concurso Miss Universo. El texto estuvo acompañado de unas hermosísimas imágenes de la beldad sevillana.

La participación de Ángela en el renombrado evento de belleza no ha pasado desapercibida, especialmente, por ser una mujer transexual. Desde su elección, muchas han sido las críticas que ha recibido, sin embargo, han sido más numerosas las palabras de aliento por el ejemplo de constancia y determinación que está transmitiendo al mundo.

Recientemente, se suscitó una polémica debido a las declaraciones ofrecidas por la representante de Colombia en el Miss Universo, Valeria Morales, quien afirmó que este tipo de eventos debe ser “exclusivamente para mujeres que nacimos mujeres”. Aunque luego se retractó por lo dicho y deseó suerte a la española, su comentario ya había corrido como pólvora ardiente por las redes sociales. Por su parte, la exMiss Universo mexicana, Lupita Jones, también se mostró en desacuerdo con la participación de Ponce y expulsó su intolerancia en la siguiente frase: “Una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente, no son iguales”.

Sin embargo, Ángela encaró con altura todo el vendaval. Siempre se le ha escuchado un tono conciliador y tolerante. “Mi finalidad (en el concurso) es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia”, fue parte de la respuesta que dio a Miss Colombia tras la polémica. Palabras que envió con amor y pidió respeto, tanto para ella como para su compañera de concurso.

Ella ha sabido utilizar sus redes sociales para dar a conocer la realidad de las personas trans. “El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar”, fue otro poderoso mensaje que en meses recientes publicó la joven de 27 años.

En una entrevista a la revista Smoda contó que de pequeña no tenía ningún referente, y que por ello pensaba que “a lo que más me parecía era a una persona gay”. También ha dicho que desde chica se ha caracterizado por tener una determinación de hierro para hacer lo que quería hacer con su vida. Ha sido un factor importante para llegar a ser la persona que es hoy el apoyo recibido de sus padres y hermanos.

“Quiero ser un referente tanto para mi colectivo, como para todas las mujeres. Estoy agradecida por oportunidades como estas en las que puedo poner mi granito de arena. Llevar mi mensaje al Senado de España es hacer visible una realidad que muchos desconocen. Hoy, no solo soy Miss España, sino también la voz de una comunidad que no siempre ha sido escuchada”, escribió hace unos días en Instagram como parte de su trabajo de activista a favor de los derechos humanos de las personas trans.

Fuente Universogay

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La administración presidida por Donald Trump continúa en su denodada persecución de las personas trans. Según ha adelantado The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans y, por lo tanto, la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real. Según esa definición, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los Departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública.

El Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece la prohibición de discriminar en razón del sexo en los programas de educación que reciban financiación federal. La anterior administración estadounidense, presidida por Barack Obama, estimó que esa disposición también acogía a las personas trans y emitió una directiva en la que ordenaba a las instituciones de enseñanza que respetaran la identidad de género de los alumnos trans en cualquier actividad educativa. Eso amparaba a las personas trans en el uso de los baños públicos, las actividades separadas por género o la asignación de dormitorios, que debían adaptarse a la identidad de género expresada por el alumnado. Los centros que no respetasen esa normativa podían perder la financiación federal. Sin embargo, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, la nueva Administración, presidida por Donald Trump, derogó esa directiva y dejó sin protección a los alumnos trans. Pero su pretensión es, al parecer, llegar aún más lejos.

Según un memorándum que ha llegado a manos del diario The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma del mencionado Título IX, en la que se incluiría una definición de lo que es el sexo, con el objetivo de evitar que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según el Departamento de Salud, las distintas agencias gubernamentales necesitan adoptar una definición del sexo o género explícita y uniforme como algo determinado «sobre una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y administrable». Sin embargo, desoyendo las evidencias científicas, pretende que esa definición establezca la existencia de únicamente dos sexos, varón y mujer, inmutables y determinados por los genitales que la persona tuviera al nacer. Además, cualquier disputa administrativa en relación al reconocimiento del sexo o género se dilucidaría con pruebas genéticas.

Específicamente, el memorándum propone que «el sexo se refiera a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento. El sexo que figure en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable».

La propuesta es que esta definición no solo afecte al Departamento de Educación, sino que sirva de guía al resto de las agencias gubernamentales. Significaría negar la existencia de casi un millón y medio de ciudadanos estadounidenses, cuya identidad de género no sería reconocida por la Administración en materia de derechos civiles de ámbito federal. Específicamente sería adoptada por el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo (llamados coloquialmente «los cuatro grandes»), por lo que afectaría a los ciudadanos trans en todos los aspectos de su vida pública.

Según la directora de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, «las personas trans están asustadas. En cada paso en el que la administración ha tenido la opción, han optado por darle la espalda a las personas trans». Por ello, el Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha convocado una manifestación en la ciudad de Washington, que concluirá frente a la Casa Blanca. Su directora, Mara Keisling, describe la propuesta de reforma como «una medida superagresiva, despectiva y peligrosa» que lo que trata es «decir que no existimos».

El empeño en la discriminación de las personas trans

Esta propuesta de reforma es un paso más del actual Gobierno estadounidense en su ensañamiento en socavar los derechos de las personas trans. Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final y llegar hasta el Tribunal Supremo, cuya actual composición puede serles desdichadamente favorable.

Una de las últimas disposiciones ha sido la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. La administración Trump ordenó que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

Como hemos señalado anteriormente, la administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Uruguay, de nuevo en vanguardia mundial en derechos LGTBI. El Parlamento de ese país acaba de aprobar la ley integral para personas trans, cuyo proyecto fue presentado hace año y medio por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de igualdad jurídica de las personas LGTBI. 

Uruguay aprobó en 2013 el matrimonio igualitario. Pero ya antes se había adelantado a sus vecinos al elaborar en 2007 una ley de uniones concubinarias, y en 2009 una ley de adopción abierta a todas las parejas con independencia de su orientación sexual y una ley de identidad de género. Esta última sin embargo, tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales y había quedado ya obsoleta.

De ahí que los colectivos LGTI uruguayos hayan luchado para conseguir la aprobación de un marco legislativo más ambicioso para las personas trans, que actualice el procedimiento para acceder a la modificación de los datos pero que además contemple medidas contra la discriminación de este colectivo a nivel educativo, laboral o sociosanitario. Una demanda escuchada por el Gobierno de Tabaré Vázquez, que en mayo de 2017 presentaba un proyecto de ley integral para personas trans.  «Las personas trans que habitan el territorio nacional han sido históricamente víctimas de estigma, discriminación y violencia social y estatal, lo que ha conllevado importantes dificultades para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que se considera imprescindible aprobar una ley integral que incluya una pluralidad de dimensiones y que permita atender en forma simultánea distintos problemas y exclusiones que interactúan en esta población tan duramente castigada y excluida, que conforman una realidad en sí misma diferente a cualquier otra y que necesita herramientas específicas para su superación», reza la exposición de motivos de la ley.

Por lo que se refiere al procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, este se simplifica, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil, aunque se introduce como requisito una entrevista presencial ante una comisión de tres funcionarios que certificará «la existencia de la solicitud». El Registro Civil deberá emitir una respuesta en el plazo de 30 días hábiles. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales (los padres, en la mayoría de los casos). Solo en caso de que estos se opongan entra en juego la vía judicial, que deberá tener en cuenta en cualquier caso «el interés superior del menor». 

También merece la pena destacar que la ley fuerza a incorporar la variable «identidad de género» en todos los sistemas oficiales de información estadística de Uruguay, incluidos los censos, encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y otras mediciones públicas.

Importantes medidas contra la discriminación

Por lo que se refiere a las medidas para combatir la discriminación de las personas trans, la nueva ley contempla medidas como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, así como incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los pogramas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género.

También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acrediar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación. Los menores de edad, y este ha sido uno de los puntos que más debate ha generado durante el proceso de aprobación, podrán también acceder a tratamiento hormonal. Eso sí, para acceder a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género deberán contar forzosamente con la autorización de los representantes legales. de la misma forma que con la adecuación del nombre y sexo en los documentos, en caso de que los padres se opongan deberá mediar una decisión judicial.

Reparación a las víctimas de la dictadura

Otra medida específica que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uuruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual.

Como bien explica la exposición de motivos de la ley, «durante la última dictadura cívico-militar (1973-1984), y en el período inmediatamente posterior (1985-1989) bajo el amparo tanto de la vigencia del Decreto Nº 680/980 (que permitía la detención para averiguación de antecedentes y la realización de razzias) como del hecho de que todavía era ilegal el comercio sexual callejero, las personas trans sufrieron una dura y sistemática persecución estatal por su identidad de género, que implicó largos y arbitrarios períodos de detención en comisarías (semanas o meses enteros), y un agravamiento importante de las condiciones de detención (tortura, maltrato, violencia sexual, chantaje, etc.). Además, las detenciones no solo se realizaron en los lugares públicos donde se desarrollaba el trabajo sexual: muchas veces la policía irrumpió en los hogares de las personas que tenía identificadas para detenerlas por el hecho de ser trans. Los testimonios de personas trans que vivieron en ese período son ilustrativos de las particularidades y la contundencia con que operó la represión policial sobre sus cuerpos, y confirman su presencia recurrente en los calabozos de las comisarías y de la Jefatura de Policía de Montevideo donde tuvieron que enfrentar durante el tiempo de detención torturas, abuso, maltrato, violencia sexual y trabajos forzosos».

Pese al ruido generado por los opositores a la ley, se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán solo a unas pocas decenas.

Aprobación mayoritaria

Hablamos de una ley contra la que los sectores conservadores se han movilizado con especial ahínco (organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron unas 40.000 firmas en contra), utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, han sido los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político han suscitado en la tramitación parlamentaria.

En cualquier caso, lo cierto es que la ley ha conseguido ser aprobada por una mayoría significativa del Parlamento de Uruguay. El proyecto, ya con las modificaciones incluidas en comisión, recibió el pasado martes el visto bueno del Senado por 17 votos de los 29 senadores presentes (votaron a favor los senadores del Frente Amplio y un senador independiente). Y este jueves recibía el visto bueno de la Cámara de Representantes por 62 votos de 88 presentes, después de una larga discusión de 10 horas en la que intervinieron cerca de 40 diputados. Cabe destacar, además, que el proyecto recibió apoyos no solo de los representantes del Frente Amplio (que cuenta 5o escaños), sino de varios representantes de otras fuerzas políticas.

“Es una ley de avanzada en nuestro país“, ha explicado a Efe la diputada del FA Manuela Mutti, “Es una bandera que es importante que nuestro país la levante en el marco de los derechos en América Latina“. Para Mutti la ley no es solo un avance en “derechos y democracia” sino que servirá también para conseguir “una sociedad más participativa y más justa y que, sobre todo, apunte a su escalón más débil“. Para Rodrigo Goñi, del Partido Nacional en la oposición, la ley no es tan bonita y por eso votó en contra. Según Goñi es importante “atender al sufrimiento” de las personas trans, pero no con una ley que plantea “soluciones que traen cangrejos bajo la tierra“y que “va mucho más allá de favorecer a un grupo de personas transexuales” y que le preocupa de la ley que es que tiene detrás “una ideología de género“ que afectará a las familias y confundirá a los jóvenes haciéndoles creer que ser trans es lo mejor que les puede pasar en la vida. Sin comentarios…

Dejando a un lado las estupideces de Goñi, lo cierto es que la Ley Trans de Uruguay es un ejemplo a seguir no solo para el resto de países de latinoamérica sino para todos los países del mundo. Algunos aspectos de la ley son similares a los de la Ley Trans aprobada en España hace años y en otros está muy por delante de nuestra legislación; aunque hay que recordar que hace unos meses el PSOE ya propuso actualizarla. Propuesta que fue aprobada por el Congreso con el único voto en contra… ¡cómo no! del Partido Popular.

#ESLEY 💛 Hicimos historia. Por primera vez a nivel mundial se aprueba una ley que incluye una batería de medidas de inclusión social, de reparación histórica y de reconocimiento de derechos para las personas trans.

Por 62 votos en 88 @DiputadosUY aprobó finalmente la #LeyTrans. pic.twitter.com/rkF1MHibsw

— 💛 Ovejas Negras 💛 (@ovejasnegras_uy) 20 de octubre de 2018

Fuente El Tiempo, vía Dosmanzanas

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Tras reunirse con representantes de Chrysallis, asociación de familias de menores trans, el Ministerio de Justicia ha anunciado que prepara una instrucción para que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria (así los esperamos…) al menos hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

«La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad», asegura el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, que alude también a la reunión mantenida entre representantes de Chrysallis, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Se trata de agilizar y de alguna forma automatizar el proceso “para facilitar la vida de los menores trans”, ha dicho Natalia Aventín, representante de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que ha señalado que este avance ha sido fruto del compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras una reunión celebrada esta semana.

En esta reunión, Chrysallis ha recordado al Ministerio que el Gobierno de España no ha atendido todavía la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación. En resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

Tras la reunión, el director general de los Registros y del Notariado ha reconocido que la actual regulación vulnera derechos fundamentales de los menores trans y lastra su desarrollo personal, aspectos que tratará de evitar tanto la instrucción que ya se prepara como la reforma legal en tramitación parlamentaria.

Fuentes del ministerio de Justicia han explicado que la instrucción es un parche para facilitar los trámites de los menores mientras se tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse “en un viaje de fin de curso, recoger un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su intimidad”. De momento, la instrucción se limita solamente al nombre y no al sexo.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. Este mismo viernes, de hecho,  Gabriel y su familia han entregado en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

Retrasos intolerables en la tramitación parlamentaria

En efecto, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

No debe confundirse esta proposición con la que a su vez el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ha sido necesaria una huelga de hambre de un grupo de activistas trans (entre los que se encontraba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) para que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que la mantenía «en el congelador», tomase la decisión de impulsarla en el contexto de sus recientes acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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El colectivo Arcópoli ha convocado una concentración este próximo jueves 18 de octubre, a las nueve de la noche, en protesta por una agresión de carácter tránsfobo ocurrida el pasado mes de septiembre en el madrileño barrio de Lavapiés. El agresor continuó amenazando a la chica incluso en presencia de los agentes de la Policia Nacional que acudieron al lugar.

La agresión tuvo lugar alrededor de las tres y media de la madrugada del domingo 21 de septiembre. La víctima, una chica trans de 39 años de edad, se encontraba tocando la guitarra en compañía de unos amigos  en las escaleras del Teatro Valle-Inclán (al inicio de la calle Valencia, a escasos metros de la céntrica plaza de Lavapiés). Un individuo de unos 40 años se le acercó y le dijo: «muy guapo». Ella le preguntó si tenía algún problema, a lo que el agresor contestó «tú lo que eres es un maricón de mierda y te llamo guapo porque tú eres un tío (…) Eres un maricón de mierda que vas de guay tocando la guitarra». A continuación le dio un fuerte puñetazo en la nariz, que la tiró al suelo.

Al levantarse, la víctima pudo ver cómo los propios amigos del agresor lo sujetaban para que no siguiera golpeándola. De hecho, según el relato de los hechos que hace Arcópoli, un conocido del agresor que le recriminó su ataque recibiño también varos golpes y cayó al suelo. «Eso te pasa también a ti por maricón», le dijo.

La propia víctima llamó por teléfono a la Policía Nacional, que se personó en el lugar, pese a lo cual el agresor siguió amenazando a la chica con una botella. Cuando los agentes le avisaron de que podría estar incurriendo en un delito de odio, el agresor les espetó «¡Claro que es odio! ¡Le odio porque es un tío y es un maricón!». 

La víctima ha recibido asesoramiento legal y orientación psicológica por parte del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia y ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional. El Observatorio ha denunciado el caso también a la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid. Con esta agresión, el Observatorio tiene ya registrados 237 incidentes de odio por LGTBfobia en lo que llevamos de año en la Comunidad de Madrid, «cifras similares a las de 2017 por estas fechas». Recordamos que en 2017 el Observatorio Madrileño registró 321 incidentes por LGTBfobia.

Concentración el jueves en la plaza de Lavapiés

Arcópoli, a petición de la víctima, ha convocado a la ciudadanía a expresar su repulsa por lo sucedido este jueves 18 de octubre, a las 21:00 horas, en la plaza de Lavapiés, a escasos metros de donde ocurrió la agresión. El colectivo madrileño anima a llevar una cacerola para convertir la concentración en una cacerolada de protesta contra la transfobia.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que forman parte otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Ángela Ponce va a hacer historia en el próximo certamen de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia en diciembre. La modelo sevillana será la primera mujer trans en participar desde que se eliminara la discriminación existente contra el colectivo. Ponce ganó el título de Miss Universo España en junio de este año. Su elección para el concurso de belleza ha despertado comentarios tránsfobos por parte de la candidata colombiana, Valeria Morales, y de Lupita Jones, Miss Universo 1991 en representación de México.

Nacida en Pilas (Sevilla), Ángela Ponce fue elegida Miss Cádiz en 2015, aunque entonces no pudo aspirar al título de Miss Mundo por la no admisión de mujeres transgénero. La modelo apadrinó a la Fundación Daniela, una asociación de apoyo a los niños y adolescentes trans. Este año, sin embargo, se presentó y ganó Miss Universo España, ya que el certamen eliminó la discriminación por este motivo en 2012. El desencadenante del cambio de criterio fue el caso de Jenna Talackova, una joven canadiense que consiguió que Miss Universo Canadá la readmitiera a concurso después de haberla excluido por ser una mujer transexual.

Ponce se ha mostrado muy satisfecha de poder llevar un mensaje de inclusión al popular concurso de belleza, que se celebrará en Tailandia el próximo mes de diciembre. Un esfuerzo muy necesario a la vista de algunos de los comentarios de carácter tránsfobo que ha provocado su candidatura. Es el caso del de la representante colombiana, Valeria Morales. Antes de ser elegida Señorita Colombia, la modelo de Cali opinó en una entrevista que «un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja… por eso, hay que respetarla, pero no compartir».

Otra de las voces que ha tintado de transfobia su oposición es la de Lupita Jones, Miss Universo 1991 y actual directora del concurso Mexicana Universal, la selección oficial para Miss Universo en México. Jones afirma acatar las normas que permiten la participación de mujeres trans en el certamen, pero muestra su oposición porque «una mujer nacida mujer jamás será igual que un transgénero [sic], biológicamente no son iguales». La empresaria afirma no estar en contra de los derechos de las personas trans, sino de que se visibilicen en un lugar que, en su opinión, «no está diseñado para ellas».

La flamante Miss Universo España ha reaccionado con elegancia a los ataques por su condición de mujer trans. Ponce ha denunciado en Twitter que se utilicen recortes de entrevistas anteriores para inventarse una respuesta suya a las declaraciones de Morales. Con imágenes suyas y de la representante colombiana, ha pedido respeto para ambas y ha mandado un mensaje claro contra la intolerancia. «Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminaría con tanto bullying, prejuicios y violencia», escribe.

Fuente Dosmanzanas

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El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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El Consejo Nacional suizo ha aprobado la modificación del Código Penal para incluir entre los delitos de odio aquellos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. La reforma deberá ser ahora corroborada por el Consejo de los Estados para que tome efectos. Aunque la aprobación ha contado con el apoyo de una mayoría holgada (118 votos a favor y 60 en contra), los opuestos a la reforma no han dudado en equiparar la homosexualidad o la bisexualidad con la pedofilia y la zoofilia.

La iniciativa de reforma del código penal ha partido del diputado Mathias Reynard, perteneciente al Partido Socialista, que ha conseguido el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Consejo Nacional (la cámara baja suiza), excepto el de la derechista Unión Democrática del Centro (grupo mayoritario, con 65 escaños del total de 200) y algunos diputados del centroderechista Partido Liberal Radical. El apoyo a la reforma, sin embargo, ha sido contundente: de los 183 diputados presentes, 118 votaron a favor, 60 en contra y 5 se abstuvieron. Ahora debe tramitarse en el Consejo de los Estados (la cámara alta, de representación territorial), donde la Unión Democrática del Centro tan solo tiene 5 representantes del total de 46, lo que parece que allana el camino para la aprobación de la reforma. La votación tendrá lugar el próximo mes de diciembre.

Hasta 1995, el Código Penal suizo solo castigaba la ofensa a las creencias religiosas, en su artículo 261, aún vigente. En 1993 se aprobó la introducción del artículo 261 bis, en el que se penalizan la incitación al odio o la discriminación causadas por la pertenencia a un grupo étnico, racial o religioso. La reforma tomó efectos el 1 de enero de 1995. Esta es la redacción actual de los dos artículos:

Art. 261

Quien, pública y vilmente, ofenda o ultraje las convicciones de otros en materia de creencias, en particular la creencia en Dios, o profane los objetos de veneración religiosa, quien impida, perturbe maliciosamente o ultraje públicamente un acto religioso garantizado por la Constitución, quien, maliciosamente, profane un lugar u objeto destinado al culto o un acto religioso garantizado por la Constitución, será castigado con una multa de 180 días como máximo.

Art. 261 bis

Quien incite públicamente al odio o a la discriminación hacia una persona o a un grupo de personas debido a su de origen racial, étnico o religioso;

quien, públicamente, propague una ideología destinada a menospreciar o denigrar sistemáticamente a los miembros de una raza, grupo étnico o religión;

quien, con el mismo fin, organice, fomente o participe en actividades de propaganda;

quien públicamente, con palabras, escritos, imágenes, gestos, agresiones o por cualquier otro medio, degrade o discrimine a una persona o grupo de personas por motivo de su raza, etnia o religión, o que, por la misma razón, niegue, minimice gravemente o trate de justificar el genocidio u otros crímenes de lesa humanidad;

quien se niegue a prestar un servicio de uso público a una persona o grupo de personas por razón de su origen racial, étnico o religioso;

será castigado con pena privativa de libertad de una duración máxima de tres años o con una sanción pecuniaria.

La reforma impulsada por el diputado Reynard trata de modificar el artículo 261 bis para incluir en la lista la orientación sexual y la identidad de género, algo que, si bien ha despertado las simpatías de la mayoría de los grupos políticos, también ha provocado un discurso de feroz oposición en la Unión Democrática del Centro. El diputado de esta formación Yves Nidegger criticó en el debate parlamentario que se fuera a incluir una noción que consideraba «jurídicamente problemática e indefinible». Incluso llegó a preguntar a la cámara si «la pedofilia, la bisexualidad, la gerontofilia, la necrofilia, el fetichismo, la zoofilia, etc. —la creatividad en este ámbito es inagotable— son orientaciones sexuales que deben protegerse o no», lo cual provocó la indignación de la mayoría de los presentes.

Lo cierto es que una reforma de este tipo se le ha reclamado a Suiza repetidamente desde la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Europea con la Intolerancia. ILGA Europa también ha denunciado la falta de una legislación que penalice los crímenes de odio contra la población LGTBI, lo que ha causado que Suiza ocupe el puesto 22 de 40 en el informe sobre los derechis LGTBI en Europa, justo por debajo de Estonia y Hungría, con un exiguo 38,44 % de consecución de objetivos en esta materia.

Mathias Reynard se ha declarado muy satisfecho por el resultado de la votación, que ha calificado de «victoria de los derechos humanos» y se ha mostrado muy esperanzado en la convalidación por el Consejo de los Estados. Estaremos atentos.

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Ante le confusión que nos hizo no dar la noticia como correspondería haberse hecho, , publicamos la rectificación que hace Dosmanzanas y que hacemos nuestra. Sentimos el error…

Terrible noticia. Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor de 15 de años, falleció en la tarde de este sábado en el Hospital Río Hortega de la capital castellana. Con 59 años, Francisco Javier, Javi o la Eli, como le gustaba que la llamaran, se encontraba en estado muy grave ya desde el primer momento.

NOTA IMPORTANTE: esta entrada ha sido actualizada después de que fuentes próximas a la víctima hayan insistido en que se trataba de un hombre cis, homosexual y al que le gustaba travestirse. Rectificamos y procedemos por ello a modificar algunas de las frases, así como el titular. Por coherencia también hemos eliminado la crítica que hacíamos a diversos medios que se referían a Eli en masculino. Habituados a que muchos medios obvien referirse a las personas trans por el género por el que se identifican, nosotros mismos cometimos el error de generalizar y consideramos que este era otro de los casos. Os pedimos perdón por ello. 

En su momento informamos de la terrible agresión. Sucedió alrededor de las seis y media de la mañana del domingo 12 de agosto. Los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que además parecía haber sido víctima de un robo. Aunque en el primer momento no se facilitó su identidad, la Policía Nacional consideró que la agresión podría haber estado vinculada con «la identidad sexual de la víctima». De hecho, ya después de la agresión recogimos la polémica en redes sociales respecto al tratamiento de la noticia. La FELGTB, por ejemplo, pidió a los medios un mayor cuidado a la hora de recoger este tipo de noticias y aprovechó para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso.

Volviendo a la agresión a la Eli, en la misma tarde del 12 de agosto, un menor de 15 años de edad, sin aparente conexión previa con la víctima, se entregó voluntariamente, acompañado de su madre, y confesó ser el autor. Según informa El Norte de Castilla, el menor permanece desde entonces ingresado en el centro de reclusión Zambrana y pasará ahora a ser investigado por un delito de homicidio. El diario vallisoletano informa también de que el colectivo trans ATC Rainbow tiene intención de convocar una concentración de repulsa en próximos días. «Muchas personas de nuestra asociación están asustadas debido a que esta agresión, aunque es la más grave, no es la única que ha tenido lugar últimamente en Valladolid», ha expresado su portavoz, Lunara Santamaría.

La familia de la víctima ya ha anunciado que ejercerá la acusación particular contra el menor responsable de la paliza a la Eli. «Nosotros no sabemos si fue un delito de odio o qué ocurrió exactamente, pero sí que a Eli le dieron una paliza que le ha costado la vida y que merece justicia», han asegurado. «Fue un icono que supo mostrar su sexualidad sin tabúes y que siempre fue muy respetuosa con todo el mundo y defensora del colectivo en nuestra ciudad», ha declarado por su parte una de sus hermanas.

Hay que tener en cuenta que el sumario permanece bajo secreto y por el momento no han trascendido muchos más datos de los conocidos en un primer momento. No obstante, dada la virulencia de la paliza, desde dosmanzanas seguimos considerando que, al margen de que se cometiera un robo, resulta plausible pensar que se trató de una agresión relacionada con la expresión de género de la víctima, o en la que al menos el odio por LGTBfobia pudo jugar un papel determinante.

Fuente El Norte de Catilla/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un jurado popular ha absuelto al único acusado de la muerte de Lorena Reyes, al no considerar probado que él fuera el autor pese a que ni Fiscalía ni acusación particular tenían dudas al respecto. Lorena falleció en Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2016 al caer al vacío huyendo de su agresor.

Recordamos la noticia, tal y como la recogimos en su momento: Lorena Reyes, de origen sudamericano, tenía 32 años y ejercía el trabajo sexual. Se precipitó al vacío mientras huía de un supuesto cliente, que la había golpeado y agredido con arma blanca en una mano. Lorena intentó saltar a un balcón adyacente mientras gritaba «socorro, socorro, me van a matar». Pudo mantenerse agarrada durante unos minutos, pero acabó cayendo al patio interior del edificio. En estado crítico, consiguió ser estabilizada por los servicios de urgencia, pero falleció en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria poco después de su ingreso. Según se difundió entonces, el presunto agresor se presentó horas después en comisaría, aunque negó ser el autor de la muerte. Respecto a las circunstancias que precedieron a la agresión apenas trascendió información, más allá de que los investigadores hallaron en la vivienda cocaína y de que también se encontraba en ella otra compañera de piso.

El tratamiento de la muerte de Lorena, por otra parte, desencadenó entonces una especial indignación entre los colectivos LGTB y trans, dado que diversos medios se refirieron a ella como «hombre» y como «travesti».

Caso dos años después de aquellos terribles hechos ha tenido lugar el juicio, que ha permitido conocer más detalles, aunque las versiones de lo sucedido difieren y entre los testigos (la compañera de piso y los vecinos) ha habido contradicciones. Lo cierto es que en el brazo de Lorena se encontró una cuchillada de 18 centímetros, que según los peritos era compatible con un arma blanca encontrada en el coche del acusado (en la que no había restos de sangre, si bien destacaba la limpieza que presentaba frente a la suciedad del resto del vehículo). También es indiscutible que el acusado estuvo en el piso (de hecho dejó allí objetos personales) y que mantuvo una discusión con la víctima, sin que haya quedado resuelto el papel que el consumo de cocaína pudo jugar. Sea como sea, parece que en efecto el acusado llegó a salir del piso antes de los hechos, pero tanto acusación particular como Fiscalía defienden que volvió a entrar y provocó la agresión que desembocó en la muerte de Lorena. Algo que él niega, asegurando que ya no se encontraba en la vivienda.

Fiscalía y acusación solicitaban por ello 14 años de prisión para el acusado, así como el pago de una indemnización a los herederos de la víctima de 120.000 euros. Sin embargo, el jurado ha dado la razón a la defensa, que solicitaba la libre absolución, al considerar que pese a todo no hay pruebas suficientes de que el acusado volviese a entrar en el piso y forzase a Lorena a huir por la ventana.

Así queda por el momento la situación, a la espera de los posibles recursos: Lorena fallecida; el único acusado de su muerte absuelto, y sin que ninguna otra hipótesis sea capaz de explicar lo que sucedió «a no ser que haya aparecido algún fantasma», según expresaba la acusación. Estaremos atentos a posibles novedades.

Fuente Dosmanzanas

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Demoledor estudio el que publica el último número de la revista Pediatrics, que edita la Academia Americana de Pediatría, y que muestra que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos es el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%). 

El estudio (enlace al abstract) analiza datos provenientes de la encuesta Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors, correspondientes a 120.617 adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 19 años durante un periodo de tres años (desde junio de 2012 a mayo de 2015). Se trata de una macroencuesta de carácter general sobre las actitudes y la conducta de los adolescentes estadounidenses que entre otras muchas cuestiones recogía si los jóvenes habían cometido alguna vez un intento de suicidio (la respuesta era dicotómica y solo admitía «alguna vez» y «nunca» como respuesta, por lo que no hay datos sobre el número de «reincidentes»).

De forma global, un 14% de adolescentes reportaron haber intentado quitarse la vida alguna vez (la cifra puede parecer alta para alguien no familiarizado con la problemática, pero si se tiene en cuenta que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes estadounidenses, solo por detrás de los accidentes, no lo parece tanto). Y aunque menos del 1% se identificaron cono trans, el alto número de encuestados permite que el análisis en este grupo tenga valor. El grupo de chicos trans (para que no haya dudas: chicos a los que en el nacimiento se les asignó el sexo femenino) es el que admitió una mayor proporción de intentos de suicidio: mas de la mitad (el 50,8%) lo habían intentado. El siguiente grupo fue el de los adolescentes no binarios, es decir, aquellos que no se identifican exclusivamente como chico o como chica (el 41,8% lo había intentado). Le seguían las chicas trans (29,9%), aquellos adolescentes que en ese momento se preguntaban por su identidad («questioning», un 27,9%), y finalmente las chicas cis (17,6%) y los chicos cis (9,8%).

El estudio también tiene en cuenta el factor orientación sexual. En este sentido, identificarse además como no heterosexual aumentaba el riesgo para todos los grupos analizados, excepto el de adolescentes no binarios. El estudio no ha evaluado otras características sociodemográficas secundarias que seguramente hubieran arrojado datos igualmente interesantes.

Datos drámaticos… que si se quiere pueden combatirse

El estudio arroja, en cualquier caso, datos dramáticos. Hay que tener en cuenta, además, que el trabajo de campo corresponde a la era pre-Trump, en la que la transfobia estaba menos instalada en el debate social y político estadounidense: mucho nos tememos que los datos pueden haber empeorado.

Es cierto que no es una sorpresa, y que ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos uno de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso transexualizador. También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Fuente Dosmanzanas

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Le preguntaron que si era un chico porque le notaban la voz afeminada, al ver su DNI el entrevistador le dijo que “no quería maricones en su empresa“. 

Estos días hemos conocido un nuevo episodio de discriminación tránsfoba, en esta ocasión en el ámbito laboral, ocurrido en Albacete. Lo daba a conocer el diario local La Tribuna la semana pasada. Un chico trans que se interesó por un trabajo de limpiador fue rechazado por la persona que lo atendió, que le espetó directamente que no quería «maricones» en su empresa. ALEAS, el área LGTBI+ de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, se ha interesado por el caso y ha ofrecido su apoyo al chico.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de septiembre, cuando S. M., un chico trans natural de Murcia pero residente en la Albacete, llamó por teléfono para interesarse por una oferta de trabajo de una empresa de limpieza.

La responsable del área ALEAS de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) de la formación, Inés Gómez, ha solicitado una reunión con el afectado tras conocer la noticia publicada en el periódico ‘La Tribuna de Albacete‘, el pasado viernes 7, en la que, en un artículo respetuoso y empático, lo que es de agradecer dado el nivel con el que muchos medios de comunicación siguen recogiendo las noticias relacionadas con las personas trans, el joven relataba que había denunciado a la empresa por “discriminación”, ha informado IU en nota de prensa.

Durante el encuentro, Gómez ha indicado que el joven le comentó que se presentó a la entrevista de trabajo a raíz de anuncio de la empresa en la que solicitaba a una persona para cubrir un puesto de trabajo como limpiador.

Según la responsable de ALEAS de IU, el afectado le trasladó que la entrevista no comenzó con buen pie, ya que le preguntaron que si era un chico porque le notaban la voz afeminada, y cuando el entrevistador vio el DNI le dijo que estaba buscando a un chico y que “no quería maricones en su empresa”.

“Vi un anuncio en el que se necesitaba a un limpiador para un puesto de trabajo y llamé para mostrar mi interés”,  “Empezamos con mal pie, ya que me preguntaron que si era un chico porque me notaban una voz ‘afeminada’. Cuando por fin nos reunimos para hacer la entrevista y vio mi DNI me dijo que estaba buscando a un chico, a lo que le contesté que yo era un chico trans y su respuesta inmediata fue ‘no quiero maricones en mi empresa’”.

La situación fue tan violenta que el joven, que se encuentra en pleno proceso transexualizador, entró en un estado de ansiedad y tuvo que acercarse al hospital, y con posterioridad, y con la ayuda de la activista por los derechos humanos y la igualdad y dignidad de las personas trans Esperanza Escribano se decidió a interponer una denuncia ante la policía y a contarlo en los medios de comunicación.

En este sentido, Inés Gómez ha manifestado: “Lo cierto es que cuando me enteré de lo sucedido la sangre me hervía y la rabia se apoderó de mí, así que no puedo ni imaginarme cómo se tuvo que sentir S.M. en ese momento”, explica Inés Gómez. “Estas cosas tienen que salir a la luz. Necesitamos que la prensa se haga eco de estos sucesos que son más comunes de lo que mucha gente se piensa. Necesitamos educar a la sociedad. Educar en igualdad y no discriminación“, ha recalcado.

Fuente La Tribuna de Albacete, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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Cometer un delito por discriminación referente a la orientación sexual o identidad de género de la víctima implica un agravamiento de la responsabilidad penal. Así lo indica el artículo 22.4 del Código Penal, ni más ni menos que desde 1995. Así, si se demuestra que una agresión, unas amenazas o un robo con violencia se ha cometido a causa de la identidad LGBTI de la víctima, la pena impuesta puede verse aumentada. Sin embargo, ¿se está aplicando esta agravante en la práctica? Revisamos el tema a la luz de algunos casos que han trascendido a los medios en los últimos años.

Así, por ejemplo, la agravante sí se aplicó en 2016 en el caso de una agresión homófoba en un bar de Gijón, en la que los acusados propinaron varios puñetazos a la víctima, quien tuvo que ser hospitalizado durante ocho días. El juez reconoció que «no existiendo ningún incidente previo, ni provocación alguna por el agredido, la consecuencia lógica que se infiere es que la agresión vino motivada por su previa manifestación de ser homosexual».

También se aplicó en caso de la brutal agresión a un joven gay en octubre de 2016 en Sitges, que terminó con la víctima, aturdida por los golpes, encima de las vías del tren. A la condena por tentativa de homicidio y robo con violencia se le añadió la agravante por homofobia. «Te vamos a matar con piedras como matamos a los maricones en nuestro país», le dijeron los agresores a la víctima. La justicia también tuvo en cuenta la agravante en la agresión a una mujer transexual en Málaga en agosto de 2016, cuando cuatro jóvenes empezaron a insultar y lanzar piedras desde su coche a la víctima, para posteriormente golpearla con una barra de hierro y robarle el bolso. El juez consideró, dados los insultos transfóbicos que precedieron a la agresión, que esta estuvo motivada por la identidad de género de la víctima.

No ocurrió lo mismo en el caso de la agresión a una pareja gay en Estepona (Málaga) en junio de 2008, pese a las palabras pronunciadas por el agresor: «no voy a parar hasta que os mate, maricones». Dicho caso llego al Supremo, que mantuvo la condena pero se negó a aplicar la agravante por homofobia. Tampoco se aplicó en la sentencia del pasado mayo por la agresión en junio de 2017 a dos chicos al grito de «maricones», «sidosos» y «pederastas», recibiendo varias patadas que les causaron hematomas. La Audiencia de Valladolid consideró que la agresión no había sido motivada por la homofobia, sino por una disputa previa acerca de unos supuestos actos vandálicos cometidos previamente en el parque.

Especialmente llamativa fue la no aplicación de dicha agravante en el caso de la agresión a base de patadas y puñetazos contra cuatro jóvenes en abril de 2015 al grito de «maricones de mierda». La jueza consideró probados los hechos, pero hizo la siguiente valoración sobre los insultos: «podría ser en su caso constitutiva de una falta de vejaciones injustas o injurias, que ha quedado despenalizada con la reforma operada en el Código Penal, pero no es constitutiva de una falta de amenazas». Ni una referencia a la homofobia. Al margen de las consideraciones de la jueza, resulta claro que la motivación de la agresión era la orientación sexual de las víctimas. Aún así, no se aplicó la agravante de homofobia al delito de lesiones que sí reconoció. Lo cierto es que, según hemos podido saber con posterioridad, ninguna de las acusaciones solicitó la aplicación de la agravante, lo que imposibilitaba que la jueza la aplicase.

Sin embargo, el caso más grave en que no se ha aplicado dicha agravante fue el del asesinato de Javier Abil, joven homosexual asesinado en 2014 en Gandía. El primer jurado que conoció el caso consideró que el asesinato había sido motivado por la homofobia, pero dicha agravante fue retirada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, considerando que la motivación del asesinato no fue la orientación sexual de la víctima, sino el hecho de que esta se hubiera insinuado y hubiera tocado al asesino. Argumento que, en realidad, no hace sino dar más peso a la tesis de que el motivo del asesinato sí estaba basado en el hecho de que la víctima era homosexual. La de Javier Abil es sin duda una historia terrible, que en su momento no recibió la atención mediática que merecía.

¿Por qué esta agravante tiene una aplicación tan escasa e irregular?

Es sin duda la gran pregunta. Hablamos de una agravante ya clásica, incluida en el Código Penal en 1995, veinte años antes de que se incluyese en el artículo 510 (el referido a la incitación al odio) la referencia a la orientación o identidad sexual. Y aún así, los jueces y tribunales españoles la aplican con cuentagotas. Está claro que, en Derecho Penal, es la acusación quien tiene la carga de la prueba y que las agravantes se deben probar de forma plena. Por lo tanto, es cierto que para que tenga lugar la aplicación de esta agravante se debe demostrar, sin lugar a dudas, que el autor del delito actuó motivado por la homofobia; hay que probar que es esto lo que le impulsó a agredir, amenazar, asesinar. Y esto no es tarea fácil, pues se exige acreditar algo que sólo está en la mente del agresor. Inidicios como insultos, conversaciones previas, o el hecho de que el agresor no conociera de nada a la víctima, pueden ayudar a demostrar que el motivo para atacar fue la identidad LGTBI del agredido.

Ahora bien, también es cierto que tanto los jueces como la mayoría de los demás operadores jurídicos (fiscales, abogados…) simplemente pecan de falta de conocimientos y de sensibilidad cuando trabajan en un caso donde la homofobia haya podido tener un papel importante. Algo que se podría solucionar con una formación adecuada sobre la lacra de la LGBTIfobia aún presente en nuestra sociedad. Cuando no se es consciente del nivel de discriminación que sufre a diario el colectivo LGBTI, alentado por el discurso homófobo que lo sustenta, difícilmente se va a apreciar la motivación discriminatoria que hay detrás de una agresión o unos insultos.

La falta de aplicación de la agravante por homofobia no solo implica una falta de reconocimiento al sufrimiento de muchas personas LGBTI: también alienta a las potenciales víctimas a no denunciar. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un elevado porcentaje de personas LGBTI no denuncia los delitos de odio por no verse forzados a identificarse públicamente como tal, por temor a las posibles represalias o por la aceptación de la violencia homófoba como algo cotidiano. Sin embargo, si a esto se le suma el hecho de que la justicia no reconozca la motivación de estos delitos, la confianza de las víctimas en el sistema caerá en picado. Y no podemos dejar que esto ocurra, pues el primer paso para acabar con la LGTBIfobia es denunciarla y visibilizarla.

La lucha contra la LGTBIfobia a nivel judicial es ahora más necesaria que nunca teniendo en cuenta que, según organizaciones como el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia o el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia estamos ante un repunte de los incidentes LGTBIfóbicos en territorios como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana.

Fuente Dosmanzanas

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Sophia La Reis, una mujer trans de 47 años del Reino Unido, se dispuso a transferir dinero de su cuenta la semana pasada, pero cuando tiró a confirmar su identidad, el banco le dijo que no creía que en realidad fuera ella. La afectada, que utilizó el servicio de banca telefónica del Santander, no pudo completar la operación porque, según el banco, sonaba «como un hombre». La mujer ha dicho que la situación fue «embarazosa» y «humillante». Al tratar de realizar una compra al día siguiente no pudo realizar el pago porque su cuenta estaba congelada. La Reis acudió entonces a la oficina de Clumber Street en Nottingham para exigir explicaciones, puesto que hacía más de un año que había presentado la documentación de su verdadera identidad de género para que quedara registrada. La entidad bancaria española alega que «no era nuestra intención causar ninguna ofensa».

«Salí llorando a lágrima viva y no soy ese tipo de persona en absoluto», se ha lamentado Sophia La Reis tras el desagradable episodio que ha sufrido. No podemos asegurar que la discriminación fuera motivada por transfobia, por desconocimiento. De todas formas, este caso demuestra que incluso en países considerados «avanzados» en el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTB, como es el caso del Reino Unido, la falta de sensibilidad puede ser un escollo en la vida cotidiana de las personas sexual e identitariamente diversas (la comunidad trans es, posiblemente, la más vulnerable en este sentido).

Oficina del Banco Santander en el Reino Unido. / Foto de Can Pac Swire – Flickr

«Soy una persona muy cortés y extrovertida, pero me siento así porque todo lo que pedí fue que mi dinero fuera transferido. Me siento maltratada», narra la afectada. Según ha relatado La Reis, desde el servicio de Banca telefónica del Santander le dijeron que su voz no coincidía con su perfil porque sonaba «como un hombre» y no como una mujer. «Me sentí avergonzada de ser quien soy», confiesa esta mujer trans residente en Nottingham.

Un portavoz de la entidad bancaria española en el Reino Unido ha sostenido que «nos hemos disculpado con la señorita Reis por la experiencia que tuvo al utilizar nuestro servicio de banca telefónica y le hemos ofrecido un gesto de buena voluntad». Asimismo, agregan que, «definitivamente no era nuestra intención causar ninguna ofensa y nuestro servicio no fue tan bueno como debería haber sido».

«Cuando verificamos que los clientes son quienes dicen ser, tenemos que equilibrar nuestro deber de proteger la seguridad de sus cuentas», argumenta el Santander. «Si un cliente llama con sus credenciales bancarias, debería poder pasar la seguridad sin problemas», mantiene el portavoz.  Por su parte, La Reis quiere asegurarse de que esto nunca vuelva a sucederle a ninguna persona trans: «el Santander es una compañía multimillonaria que debería tener un identificador en su sistema para personas que forman parte de una minoría, como yo».

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Se llamaba Vanesa Campos y tenía 36 años. Mujer trans, ejercía el trabajo sexual en la noche del 16 al 17 de agosto en el Bosque de Bolonia de París cuando murió asesinada por varios individuos que se dieron a la fuga. Vanesa se enfrentó a la banda, que al parecer buscaba asaltar a uno de sus clientes, cuando estos la golpearon y la dispararon en el pecho.

Los asesinatos de mujeres trans trabajadoras del sexo son una auténtica epidemia en países de América Latina. Basta repasar la lista de asesinatos de personas trans en el mundo que recopila Transgender Europe, un recuento que aunque incompleto (se basa, en la mayoría de los países, en datos parciales) dibuja un panorama desolador. Pero Europa no se libra de la sangría. El último episodio que hemos conocido ha ocurrido en la capital francesa, donde Vanesa Campos, de 36 años y origen peruano, fue asesinada por un grupo de individuos que pretendía asaltar a uno de sus clientes. Armados con cuchillos, palos y al menos una pistola, golpearon a la chica, aunque fue un disparo en el pecho la que le causó la muerte. Se trata, según parece, de un banda organizada que con frecuencia asalta a las trabajadoras del sexo y a sus clientes en los lugares más recónditos del Bosque de Bolonia, un parque de París en el que se ejerce habitualmente la prostitución.

El asesinato de Vanesa Campos, que llegó a París hace dos años en busca de una vida mejor, ha sembrado la consternación en el colectivo de trabajadoras del sexo, cuyo sindicato STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) emitía un duro comunicado al respecto. «Hoy lloramos esta pérdida y nos sentimos, como de costumbre, abandonadas. Los asesinatos de trabajadoras sexuales trans no son en absoluto raros. Es un fenómeno recurrente, del que regularmente alertamos a la opinión pública y las autoridades. Desafortunadamente, como siempre, nos encontramos solas», expresan desde la organización que agrupa a las trabajadoras del sexo.

«¿Por qué la vida de las trabajadoras sexuales migrantes trans importa tan poco? ¿Por qué nuestras muertes son tratadas solo como sucesos? ¿Por qué los periodistas son tan ignorantes o irrespetuosos como para hacer titulares sobre la muerte de ‘un travesti prostituido’ y continúan equivocando nuestro género incluso en la muerte? ¿La vida de una puta no importa?», añade el comunicado. «Tenemos la extraña impresión de que nuestras muertes no despiertan ninguna emoción. Para nosotras, nunca hay duelo nacional. Nunca hay una conmemoración oficial. La clase política permanece en silencio. Una vez que los artículos de prensa sensacionalista desaparecen, regresamos al silencio, y volvemos a trabajar con miedo, esperando que quizá seamos la próxima. Nuestas muertes están normalizadas. Una puta que muere es un poco como un personaje de vídeojuego al que se mata, no importa. Es un poco como una broma sexista, nos reímos y seguimos adelante», continúa.

«’No eres una verdadera mujer’. Entendemos lo que significa, que no somos parte de esa humanidad normal que tiene derecho a que se respete su vida. Nos tratan como una subespecie, que pueden aplastar como un insecto, hasta el punto que la Policía, a la que se paga para proteger a los ciudadanos comunes, nos acosa a diario, nos multa y raja nuestras tiendas, nos llama ‘señor’ para humillarnos y nos mantiene detenidas en celdas masculinas, donde los otros detenidos nos agreden», añade.

Un durísimo comunicado que denuncia, además de la insensibilidad ante la situación de las mujeres trans trabajadoras del sexo, el acoso que reciben por parte de la Policía. Una situación que denunciaban también muchas de las mujeres que, vestidas de blanco, acudieron a la concentración en recuerdo de Vanesa Campos que tuvo lugar este viernes 23 de agosto en el Bosque de Bolonia, y que reclamaban la derogación de la ley que desde 2016 castiga a los clientes de la prostitución con cuantiosas multas y que según los colectivos de trabajadoras sexuales únicamente ha servido para estigmatizarlas aún más y hacer su actividad clandestina, lo que las situa en una situación de mayor vulnerabilidad. Los colectivos abolicionistas de la prostitución, por su parte, consideran que precisamente es la pervivencia de esta la responsable de muertes como la de Vanesa. «La prostitución es violación y esclavitud, negarlo es facilitar el acto y balanizar el asesinato de Vanesa y de todas las demás», asegura por ejemplo en un comunicado Mouvement du Nid, que apoya la ley.

Vanesa, descansa en paz.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión sexual a una mujer trans en Vitoria. Según denunció el colectivo Sidálava, en uno de cuyos programas de empoderamiento y formación participa la víctima, esta fue violada repetidas veces por el camarero de un local cuando este se quedó a solas con ella. Este viernes tuvieron lugar dos concentraciones de protesta por lo sucedido. 

La agresión, según la información facilitada por el Departamento vasco de Seguridad, habría tenido lugar la madrugada del martes en un bar del barrio de Zaramaga, cuando el resto de los clientes ya se habían marchado. El camarero se quedó a solas con la víctima, y bajo intimidación y amenazas, la agredió. Según la versión facilitada por el colectivo Sidálava, más explícita, la víctima fue violada repetidas ocasiones en la parte trasera del local,«no sin antes amenazarla de muerte por si se le ocurría denunciar». 

La mujer fue capaz de vencer el miedo y acudió a la Etrtzaintza (la Policía autónoma vasca) tras abandonar el local. Los agentes la trasladaron a un hospital para que fuera reconocida y recibiera asistencia sanitaria y tras las primeras investigaciones procedieron a detener al camarero. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos denunciados, tras la declaración judicial del camarero y de la víctima al presunto agresor solamente se ha retirado el pasaporte y dictado una orden de alejamiento de la mujer mientras tiene lugar el juicio.

«Condenamos este gravísimo hecho y queremos que se destierren estos comportamientos violentos, vejatorios e intolerables hacia las mujeres. Si las mujeres somos atacadas por las agresiones sexistas, las pertenecientes al colectivo LGTBI sufrimos una doble vulnerabilidad por ser mujeres y por la discriminación y la no aceptación de nuestras identidades y orientaciones sexuales», ha reiterado Sidálava. También el colectivo Gehitu LGTB+ ha condenado la agresión y ofrecido todo su apoyo a la víctima.

Concentraciones de protesta

Ayer viernes se celebraron en Vitoria dos concentraciones de protestas por lo sucedido. En primer lugar tuvo lugar una concentración institucional en la Plaza Nueva las 12:00 del mediodía, en la que ejerció de portavoz el propio alcalde, Gorka Urtaran:

Concentración institucional de condena y rechazo por la última agresión sexual a una mujer del colectivo LGTBI.
Recordamos que a las 19:30 hay otra convocatoria en la Plaza Virgen Blanca convocada por el Movimiento Feminista y Lumagorri.
Anímate y súmate.
¡Ni una agresión más! pic.twitter.com/Pl9PFR0yWX

— SIDALAVA (@Sidalava) 24 de agosto de 2018

El Ayuntamiento de Vitoria, de hecho, condenó con dureza lo sucedido en un comunicado. «La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres y las personas LGTBI que la sufren y enfrentan. Esta violencia no es una acción o acciones aisladas, es un entramado de conductas explícitas, mensajes normalizados y simbólicos que estructuran nuestra sociedad con el objetivo último de mantener la subordinación de las mujeres a los hombres y de no permitir la existencia de ningún cuerpo, modelo y/o comportamientos que transgredan los límites marcados por el sistema heteropatriarcal vigente. En ese sentido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como institución pública responsable de garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de las mujeres y personas LGTBI, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que las entidades municipales y la ciudadanía en general responda de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres y personas LGTBI de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores», expresa el texto.

La segunda concentración de protesta fue convocada por la tarde por el Movimiento Feminista y el colectivo Lumagorri en la Plaza de la Virgen Blanca:

Erasorik ez, erantzunik gabe! pic.twitter.com/0RcneZ587r

— SIDALAVA (@Sidalava) 24 de agosto de 2018

Fuente Dosmanzanas

Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia. Agresión sexual, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Delitos de Odio, Ertzaintza, Euskadi, Gehitu, Gorka Urtaran, LGTBfobia, Lumagorri, Movimiento Feminista (Vitoria-Gasteiz), Personas transgénero, Sidálava, Transexualidad, Transfobia, Vitoria-Gasteiz