El Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia ha hecho público su primer informe anual. Fruto de la colaboración entre el colectivo A.L.A.S. A Coruña y el Ayuntamiento, el observatorio coruñés se sumó a finales de 2017 a otras entidades similares que han surgido en otros puntos de la geografía española, y que permiten hacer un seguimiento más preciso del estado de la LGTBIfobia así como prestar una mayor atención a las víctimas.

Desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018, el Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia atendió a 61 personas, de las cuales, según el desglose de los que contiene el informe, el 45,9% fueron hombres gais, el 24,6% personas trans, el 11,5% mujeres lesbianas y el 1,6% personas bisexuales. El resto (un 16,4%) fueron personas heterosexuales. La mayoría de las atenciones se prestó a personas de la ciudad, aunque también se atendieron algunas solicitudes de otros puntos de Galicia, sobre todo de Santiago de Compostela. El 83,6% fueron personas de nacionalidad española, frente a un 16,4% de personas extranjeras. En este último caso, el 40% eran personas en situación de refugio, con las que el Observatorio realiza una función de doble inclusión, tanto en la ciudad como en el propio colectivo.

En 33 casos las personas atendidas habían sido objeto de una agresión. Predominaron los casos de homofobia (el 57,6%), seguidos de transfobia (21,1%), lesbofobia (18,2%) y bifobia (3). Según el informe, el predominio de las agresiones a hombres gais está en la línea de lo que recogen otros observatorios, en muy posible relación a su mayor visibilidad. Con respecto a la transfobia cabe destacar que en todos los casos esta se dirigió contra mujeres trans.

Por lo que se refiere a la tipología de las agresiones, en un 42,4% de los casos se trató de una agresión puramente verbal, en un 15,2% de una agresión física y en un 27,3% se combinaron agresión física la agresión verbal:

Finalmente, por lo que se refiere a los espacios donde ocurrieron las agresiones, predomina la vía pública, seguida de locales de ocio/fiesta, domicilios particulares y entorno laboral:

El informe ((que puedes descargar en su totalidad aquí) fue presentado este viernes en el Ayuntamiento de A Coruña por el presidente de A.L.A.S, Carlos Emilio Mella, la concejala de Igualdad, Rocío Fraga, y la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil.

La importancia de los observatorios en el proceso de denuncia

Este tipo de observatorios surgidas del activismo LGTB (aunque en algunos casos cuenten con cierto grado de patrocinio institucional) se han convertido en espacios de referencia para denunciar la LGTBIfobia. Afrontar la problemática de este tipo de agresiones no es una tarea sencilla, y la perspectiva LGTB con la que trabajan estas entidades es clave para poder dar una atención adecuada a las víctimas de estos delitos.

Ello permite, además, obtener un retrato más preciso que el que ofrecen las estadísticas oficiales, que solo recogen los incidentes por LGTBfobia que son denunciados ante las autoridades, y que constituyen solo una minoría de los casos. Y ello teniendo en cuenta que hay muchos incidentes que ni siquiera llegan a conocimientos de los observatorios. El último informe del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia estimaba, de hecho, que solo eran capaces de registrar en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios.

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Ampliamos, por su gravedad, la información que ya publicamos el pasado día 22:

Como consecuencia del resultado de las pasadas elecciones andaluzas, el partido de extrema derecha Vox dispone ya de un primer representante en el Senado de España (le corresponde un escaño en el reparto de senadores por designación autonómica, que se asigna en proporción al número de parlamentarios regionales de cada formación). Se trata de Francisco José Alcaraz, conocido por haber presidido la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desde donde en su momento participó en la feroz campaña de acoso y derribo contra José Luis Rodríguez Zapatero cuando este era presidente del Gobierno. Pues bien, Alcaraz ya ha protagonizado su primer hito como senador: vetar una declaración institucional de la Cámara Alta contra la LGTBfobia en el deporte.

La declaración institucional pretendía mostrar el apoyo del Senado a la celebración del Día contra la LGTBIfobia en el Deporte que se celebra cada 19 de febrero, el día en el que en 1961 nació Justin Fashanu, primer futbolista profesional en hacer pública su homosexualidad en 1990. Una revelación que acabó con su carrera profesional y que, tras una acusación de abuso sexual que él siempre negó, desembocó en su suicidio.

La declaración contaba con el apoyo del resto de las formaciones políticas, y estaba destinada a ser aprobada por unanimidad, como requiere dicha fórmula. Este era su texto:

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes dirigen a la Presidencia la adjunta declaración institucional, a fin de que sea leída y
aprobada en el Pleno, del día 20 de febrero de 2019.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Como cada 19 de febrero, ayer se celebró el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte. Este tributo existe gracias a Justin Fashanu, primer futbolista profesional de la historia en declararse abiertamente homosexual en 1990.

Si bien es cierto que las personas LGTBI ha avanzado en la los últimos años en su lucha por la igualdad, la no discriminación y la defensa de la diversidad, el deporte sigue siendo un espacio que en muchas ocasiones se resiste a la aceptación y la promoción de la diversidad por orientación sexual o identidad de género.

En España no hay datos sobre la situación personal de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en el deporte. Son muy pocas las personas deportistas de reconocido prestigio que hacen pública su orientación sexual por miedo a las consecuencias que ello pueda conllevar, a la vez que contadas entidades deportivas promueven el deporte entre el colectivo LGTBI.

En pleno Siglo XXI lamentamos que se sigan dando situaciones de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género en cualquiera de las manifestaciones deportivas.

Por ello se hace necesario potenciar el deporte como instrumento de transformación y palanca para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa. Se hace necesario entender el deporte como un espacio amable que ofrezca a las personas LGTBI recursos para una práctica inclusiva, segura y libre de discriminación.

Recientemente se celebraba en Madrid el I Congreso Deporte y Diversidad, en el que las personas e instituciones participantes acordaron la siguiente declaración final:

• Denunciar y penalizar socialmente los comportamientos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios en el entorno del deporte.
• Acabar con cualquier expresión de violencia ya sea física o verbal en los espacios deportivos, los campos de juego y las gradas, por cualquier causa y especialmente por cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género.
• Equiparar el reconocimiento público de las deportistas femeninas respecto a los masculinos, así como los premios que se otorguen en cualquier manifestación deportiva.
• Garantizar la práctica deportiva de las personas trans e intersexuales de acuerdo a su sexo sentido, protegiendo sus derechos y su intimidad, y velando especialmente en el deporte de élite por una reglamentación que asegure las condiciones de igualdad.
• Reconocer y situar la diversidad sexoafectiva, la expresión e identidad de género y la orientación sexual como elementos enriquecedores.
• Utilizar un lenguaje inclusivo que evite las expresiones discriminatorias por razón de genero, orientación sexual y expresión e identidad de género.
• Hacer realidad el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito del deporte en España.
• Incluir en la regulación de toda la actividad deportiva los valores de la diversidad, la igualdad de tinto y no discriminación.

Todas estas acciones buscan ta consecución de un objetivo final:

El acceso al deporte de personas diferentes en igualdad de condiciones, como actividad que nos empodera, mejora nuestra vida, nos enseña a relacionarnos y enriquece nuestra sociedad con sus valores.

El Senado de España comparte estos objetivos y se compromete a impulsar las acciones anteriormente mencionadas y con ello promocionar políticas respetuosas con la diversidad y que fomenten un deporte inclusivo y tolerante.

Lamentablemente, la declaración no pudo llevarse a cabo por la oposición de Alcaraz, que con esta decisión estrenaba su trayectoria como senador. De hecho, sobre el resto de asuntos que se sometían a votación ese día en el Senado, Alcaraz no emitió voto alguno, argumentando que «no había tenido tiempo» de leer ninguna documentación.

La oposición de Alcaraz a la declaración fue justificada por Vox en Twitter con el argumento de que «Si fuera una declaración en contra de la discriminación en el deporte, VOX no tendría problema en firmarla. Pero no lo es. Lo que se ha firmado en el Senado no es una mera declaración contra la discriminación, es un panfleto ideológico con el que el PSOE y los grupos que lo han suscrito intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás. Como hacen siempre, aprovechando una causa justa como es la lucha contra la discriminación, que por otro lado ya está recogida en el código penal». Más tarde, desde esa misma cuenta, Vox respondía al activista Rubén López, que había recriminado a la formación de extrema derecha su veto, añadiendo un elemento de transfobia a su justificación. «Se trata de defender el sentido común. Es una barbaridad que un hombre por ‘sentirse’  mujer pueda participar en un campeonato de boxeo femenino. Es completamente injusto con las deportistas por cuestiones biológicas obvias. Los complejos explican que lo hayan apoyado el PP y CS».

No creemos que la noticia merezca mucho más comentario. Ya lo decíamos tras las elecciones andaluzas: «todo apunta a que el ‘efecto contagio’ al resto de España convertirá en los próximos años a la extrema derecha en protagonista de la política española». Han bastado solo unas semanas. La extrema derecha, que ya contaba con gran protagonismo mediático, tiene ahora protagonismo e influencia institucional. PP y Ciudadanos, por su parte, han decidido convertirla en un agente político de primer orden al contar con su apoyo parlamentario para formar gobiernos. Desgraciadamente esta nueva batalla acaba de comenzar para el activismo LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Este sábado, 23 de febrero, ha tenido lugar el acto de colocación de una placa en honor a las personas trans víctimas de discriminación y violencia, y que por fin hace reconocible a los viandantes la Plazuela de la Memoria Trans, en pleno barrio de Chueca de Madrid. Una denominación que por fin hace hueco en el callejero madrileño a tantas personas perseguidas, violentadas, asesinadas y masacradas por su identidad de género. 

La Plazuela de la Memoria Trans se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que carecía de nombre diferenciado pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid propuso dedicarla a Alan, el adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia. Formalmente aprobada el 21 de septiembre de 2017 por el pleno de la Junta Municipal de Centro (con la significativa abstención del Partido Popular), no fue hasta el 4 de abril de 2018 cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid le dio su visto bueno definitivo.

«Un espacio recoleto motivo de mucho orgullo, solidaridad y donde se escuchan los pájaros», ha señalado esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. «Es un objetivo fundamental que Madrid sea solidaria porque la vocación de la ciudad es la solidaridad y que todos podamos vivir juntos y felices. Por eso estamos muy orgullosos de haber hecho realidad esta propuesta que recuerda que todos los seres humanos tenemos como esencia la diferencia y la diversidad», ha añadido Carmena, para la que «la historia de la memoria trans es la historia de una lucha a favor de la felicidad de todos los seres a pesar de la esencia de su naturaleza y que enriquece la diversidad humana». «Todos somos conscientes de que hemos de impedir que Madrid vuelva para atrás. Madrid no puede volver al pasado porque pensar en futuro es necesario y nos lo está pidiendo toda la ciudadanía. Además es una suerte contar con una ciudad como Madrid, tan abierta y acogedora. Una ciudad del abrazo. Por eso es necesario que la memoria se convierta en futuro y el futuro sirva para hacer olvidar todo el sufrimiento inferido a esas personas, solo por tener una forma diferente de amar y de elegir a sus parejas», ha finalizado la alcaldesa.

La alcaldesa ha estado acompañada, entre otras personalidades, de la primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Vivienda y Derechos Sociales, Marta Higueras, del concejal presidente del distrito Centro y delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, de los concejales socialistas Purificación Causapié y José María Dávila, del concejal de Ciudadanos Bosco Labrado, de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid e incansable activista Carla Antonelli y de la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, primera mujer trans que preside el colectivo madrileño. Les acompañaban un nutrido grupo de activistas trans y LGTB.

Insertamos a continuación algunos de los mensajes que tanto la alcaldesa como otros asistentes han publicado en Twitter:

Hemos inaugurado la ‘Plaza Memoria Trans’ en Chueca. Ha sido muy hermoso. Lo hacemos en recuerdo a toda la lucha por la tolerancia y la diversidad. Seguiremos viviendo en este Madrid libre al que nadie podrá hacerle retroceder. pic.twitter.com/VJN69fuABf

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 23 de febrero de 2019

Hemos inaugurado la ‘Plaza Memoria Trans’ en Chueca. Ha sido muy hermoso. Lo hacemos en recuerdo a toda la lucha por la tolerancia y la diversidad. Seguiremos viviendo en este Madrid libre al que nadie podrá hacerle retroceder. pic.twitter.com/VJN69fuABf

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 23 de febrero de 2019

Madrid hoy es una ciudad más libre y más justa. Hoy inauguramos la Plazuela A la Memoria Trans@CarlaAntonelli @LGTBPSOE @COGAM @PSOEMadridAyto @AhoraMadrid @FELGTB pic.twitter.com/z7TD7MzqKb

— Puri Causapié (@PuriCausapi) 23 de febrero de 2019

Hoy hemos inaugurado la plazuela de la Memoria Trans.
👏Un pequeño reconocimiento a todas las personas luchadoras por nuestros derechos.
👏Nos mantiene viva la memoria de la lucha que nos queda por librar. pic.twitter.com/LSVC2d4R9n

— COGAM (@COGAM) 23 de febrero de 2019

369 personas trans y género-diversas asesinadas en un año

Según los datos que Transgender Europe hizo públicos con ocasión de la celebración, el pasado 20 de noviembre, del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se registraron 369 asesinatos de personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trataba, por cierto, de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil volvió a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Fuente Dosmanzanas

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El grupo LGBT+ Athlete Ally ha cortado lazos con la leyenda del tenis y el icono de las lesbianas Martina Navratilova después de que escribiera una columna en The Sunday Times oponiéndose a la inclusión de atletas trans en los deportes.

En una declaración publicada en su sitio web el martes 19 de febrero, la Athlete Ally condenó los comentarios de Navratilova como “transfóbicos” y basados en “una falsa comprensión de la ciencia y los datos” que promueve “estereotipos odiosos” y va en contra de la misión del grupo LGBT+ de luchar contra la homofobia y la transfobia.

“Los recientes comentarios de Martina Navratilova sobre los atletas trans son transfóbicos, basados en una falsa comprensión de la ciencia y los datos, y perpetúan mitos peligrosos que conducen a la continua persecución de las personas trans a través de leyes discriminatorias, estereotipos de odio y violencia desproporcionada”, decía la declaración. Y agregó: “Por eso, Navratilova ha sido eliminada de nuestro Consejo Asesor y como embajadora aliada de los atletas, con efecto inmediato”.

Navratilova, una jugadora checo-estadounidense retirada que se casó con su pareja Julia Lemigova en 2014, ha defendido los derechos de los homosexuales y ha denunciado la oposición de su compañera de tenis Margaret Court al matrimonio entre personas del mismo sexo en Australia.

Pero en el artículo del Sunday Times, la jugadora abiertamente lesbiana dijo que tener mujeres trans compitiendo contra mujeres cisgénero sería una forma de “engaño” e “injusto”.

Athlete Ally rechazó sus comentarios, señalando que “no hay ninguna evidencia de que la mujer trans promedio sea más grande, más fuerte o más rápida que la mujer cisgénero promedio, pero hay evidencia de que a menudo cuando los atletas bajan la testosterona a través de la terapia de reemplazo hormonal, el rendimiento disminuye”.

El grupo LGBT+ también ha revelado que se puso en contacto por primera vez con Navratilova sobre su postura respecto a los derechos de los transexuales en diciembre, cuando abogó por primera vez por los “estándares” en relación con la capacidad de las mujeres transexuales para competir contra las mujeres cisgénero después de haber sido etiquetada en un hilo de Twitter sobre el tema iniciado por el grupo Fair Play for Women (Juego Limpio para Mujeres), que hace campaña contra los derechos de los transexuales.

“Claramente eso no puede ser cierto. No puedes proclamar que eres una mujer y competir contra las mujeres. Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no encajaría con ese estándar”, escribió Navratilova en un mensaje desde entonces, citado en The Telegraph.

Durante un intercambio en Twitter en el que participó Rachel McKinnon, la primera mujer trans que ganó un campeonato mundial de ciclismo, después de sus tweets iniciales, Navratilova escribió: “Lamento si dije algo que se acercara a lo transfóbico – ciertamente no quise decir nada malo – me educaré mejor sobre este tema, pero mientras tanto me quedaré callada al respecto”. Gracias.”

Según Athlete Ally, el grupo ofreció a la tenista como recurso para esa educación, pero nunca recibieron respuesta de ella. “Creemos que el crecimiento es posible, y extendemos una vez más a Martina la invitación a aprender de esta experiencia, a estudiar los datos sobre los atletas trans en el deporte y a examinar cómo declaraciones como la suya aumentan el estigma y la discriminación”, dijo Athlete Ally en el comunicado.

El grupo añadió: “La comunidad LGBTQ no es un monolito. Siempre debemos dejar espacio para aprender unos de otros y para crecer. Si no lo hacemos, no sólo estamos fracasando en nuestra meta de promover la igualdad LGBTQ como un todo, sino que no estamos a la altura de nuestro potencial como seres humanos que creemos que todos merecemos un lugar en los deportes y en este mundo”.

En una declaración separada, el grupo anunció la publicación de una política modelo dirigida a incluir a los atletas transexuales y no binarios. La política fue adaptada de Lewis & Clark College Athletics y desarrollada por Athlete Ally y Out in Athletics, basada en las pautas de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

¿Cuáles son las reglas actuales sobre los atletas transgénero?

En 2004, las Olimpiadas comenzaron a permitir que los atletas abiertamente transgéneros compitieran en la categoría que corresponde a su identidad de género si se habían sometido a una cirugía de confirmación de género y habían estado en terapia hormonal durante al menos dos años.

Estas reglas cambiaron en 2015: se eliminó el requisito de la cirugía de confirmación de género y se redujo el plazo para la terapia hormonal a un año.

El año pasado, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) propuso nuevas restricciones sobre los niveles de testosterona de las atletas femeninas en las carreras. Las reglas requerirían que los atletas con niveles particularmente altos de testosterona compitieran en la categoría masculina o realizaran terapia hormonal para reducir sus niveles de testosterona.

El corredor sudafricano Caster Semenya, que tiene naturalmente altos niveles de testosterona debido al hiperandrogenismo, ha montado un desafío judicial contra las nuevas reglas, retrasando su implementación hasta que se llegue a un veredicto. El veredicto en el caso se espera para el 26 de marzo.

Semenya, que es lesbiana y está casada con su compañera de carrera Violet Ledile Raseboya, ya se ha ganado el apoyo de otras leyendas del deporte, como la jugadora abiertamente lesbiana Billie Jean King.

“Caster Semenya es inequívocamente mujer. Forzar a las mujeres con alto contenido natural de testosterona a renunciar a la propiedad de sus cuerpos y a consumir drogas para competir en el deporte es bárbaro, peligroso y discriminatorio. Yo la apoyo y espero que prevalezca”, dijo King en Twitter el martes.

No ha comentado públicamente los comentarios de Navratilova. Navratilova, sin embargo, ha retweeted el poste del rey sobre Semenya.

Fuente Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. Athlete Ally, Caster Semenya, Fair Play for Women, Martina Navratilova, Tenis, Transfobia

La Cámara de Representantes de Dakota del Sur, controlada ampliamente por el Partido Republicano, ha aprobado un proyecto de ley que limita gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. La ley 1108 prohíbe la enseñanza de la «disforia de género»al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. El estado norteamericano, cuya política está dominada por los republicanos, intentó hace tres años obligar a sus estudiantes trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer. Los activistas avisan de la estigmatización de la comunidad trans que provocaría este nuevo proyecto de ley.

La mayoría republicana en las instituciones de Dakota del Sur vuelve a poner a la comunidad trans en su punto de mira. El pasado martes, la Cámara de Representantes aprobó, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. El texto pasará ahora al Senado, donde continuará su tramitación.

Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero. Uno de ellos, el miembro de la Cámara Tom Pischke, justificó su apoyo a la norma en su propia ignorancia: «Tengo 36 años y todavía estoy confundido sobre lo que es la feminidad y la masculinidad, así que no sé por qué habría que explicarle eso a alguien en cuarto curso». Su compañero de filas Fred Deutsch instó a «proteger a nuestros niños que estamos enviando a la escuela pública de las influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en relación a los menores trans.

Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se han pronunciado. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.

Se trata de un deseo fundado, ya que el actual proyecto de ley no es la primera medida contra la comunidad en el estado. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto.

Solo en lo que llevamos de año se han presentado otras tres medidas que ponen a las personas trans en el punto de mira. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Una medida similar espera su tramitación en la Cámara de Representantes, donde la semana pasada fue rechazada una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.

General, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Cathryn Oakley, Dakota del Sur, Dennis Daugaard, Educación, Estados Unidos, Fred Deutsch, Human Rights Campaign, Kelly Sullivan, Libby Skarin, Partido Demócrata, Partido Republicano, Tom Pischke, Transfobia

Laly Heredia Escobar fue asesinada en la madrugada del 3 de febrero en Camino de Cintura. Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm.

Una vecina que caminaba por la calle dio el alerta: al amanecer del domingo 3 de febrero, el cuerpo de una joven travesti asesinada yacía en el cruce de avenida Monseñor Bufano y Arribeños, Camino de Cintura, a la altura de Los Pinos (La Matanza, pcia de Buenos Aires). Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm. Fue llevada a la Comisaría 4° de Los Pinos. Sus compañeras travestis y trans estaban casi seguras de quién se trataba. Recién en la noche del 3 de febrero, su hermana y su pareja la identificaron: era Laly Heredia Escobar.

Tenía 36 años, había venido desde Lima (Perú) a la Argentina hace 10 años. Vivía en Morón (provincia de Buenos Aires), en una vivienda que alquilaba junto a Emanuel Ferraro, albañil. “Estamos en pareja hace 9 años. Ella salió de casa el sábado a medianoche, me había dicho que volvía a las 5, pero no vino nunca. Me enteré de lo que pasó por las redes”, contó Ferraro a Presentes.

Ayer, cuando la foto de Laly empezó a circular en Facebook, Ferraro y una de las hermanas de Laly que vive en Argentina (el resto de la familia vive en Lima), fueron a la comisaría y en la 4° de Los Pinos reconocieron el cuerpo.

“Por lo que me dijo la policía, la mataron a eso de las 3 de la mañana. Ella estaba trabajando, cuando la abordó un hombre pidiendo servicios (sexuales), y ahí la ejecutaron de una, en la puerta de un hotel sobre Camino de Cintura. Creemos que estuvo agonizando de las 3 a las 7 de la mañana. Nadie la ayudó”.

“Todavía no hay una hipótesis certera de quién la mató o por qué” informaron fuentes judiciales a esta agencia.

La causa está caratulada como “homicidio agravado por uso de armas”. Interviene la Unidad Fiscal de Investigación de Homicidios del departamento judicial de La Matanza. Hasta ahora, lo poco que se sabe es que fue asesinada de un tiro en la cadera. Pero antes de matarla, le dispararon varias veces. Se descarta que se haya tratado de un robo: no le sustrajeron la plata que llevaba encima.

Las vainas de las balas halladas junto a su cuerpo son .9 mm, el calibre utilizado por las armas de la policía. “Es el calibre más común. Por el calibre no generamos una hipótesis de trabajo”, dijeron fuentes judiciales.

El lunes a la tarde la familia seguía tratando de reunir los fondos para el velatorio. Y planeando cómo organizarse para pedir justicia. Quieren hacer una marcha, articulando con organizaciones de travestis y trans. “Estamos conmocionados. Laly era increíble, había venido a la Argentina a buscar una vida mejor. Viajaba una vez al año a Perú a ver a su mamá, les mandaba plata, siempre vivió abocada a su familia, no quería que les faltara nada. Se puso una mochila enorme. Tenía sueños. Ella sabía de la violencia que sufren las chicas en la calle, sabía que está todo muy mal. Había vivido lo que viven todas las que trabajan en la calle con la policía. Pero no andaba en nada raro”, dijo su pareja.

“Nos violentan hasta después de muertas”

Poco después de conocerse el travesticidio de Laly, el diario Crónica informó acerca de los hechos infringiendo la ley de identidad de género y tratándola en masculino. Al respecto, la activista travesti Violeta Alegre escribió:

“Ese proceso es una de las tantas particularidades de nuestras identidades, donde los medios de comunicación nos violentan hasta después de muertas, que aún no somos luz. Detenernos a leer los comentarios de nuestras noticias casi con festejo de nuestras muertes nos muestran el mundo horrible en donde nos tocó estar, por ser quienes queremos, por resultante de un Estado que no se responsabiliza ni siquiera de garantizarnos un descanso en paz, nos quieren muertas, lo sabemos.

Hoy encontraron a otra compañera muerta de un tiro, hoy en el feminismo hay un desparpajo de mensajes fascistas en contra de nosotras, hoy nuestras identidades están padeciendo mucha más violencias en la calle, desde insultos, botellazos, en manos de las fuerzas policiales, o un tiro. Hoy no van a compartir nuestras noticias ni a generar un revuelo como pasó con la noticia aberrante de La Nazión, ni el mainstream del feminismo que les encanta contar cuerpxs vivos y selecciona algunas muertas, tampoco nos darán luz”.

En el Camino de Cintura (que atraviesa varias jurisdicciones), muchas chicas travestis y trans sobreviven ejerciendo la prostitución, expuestas a las violencias de todo tipo, incluida la policial. Si bien puede haber algunas de ellas que se identifiquen como trabajadoras sexuales, son muchas más las que recurren a la prostitución como único medio de subsistencia, tras haber sido excluidas y expulsadas de otros ámbitos como la educación y el trabajo.

A fin de empezar a hacer algo para revertir la exclusión laboral, en la provincia de Buenos Aires, la ley de Cupo Laboral Travesti Trans Diana Sacayán (impulsada por esta activista de derechos humanos) fue aprobada por la legislatura hace más de 3 años, en septiembre de 2015. Pero al día de hoy no se reglamentó.

Muertes travestis y trans en lo que va de 2019

La de Laly Heredia es la segunda muerte violenta de una travesti en lo que va de 2019 en Argentina. Pero las organizaciones de travestis y trans que recolectan datos aseguran que en los primeros 31 días del año hubo al menos diez muertes de travestis y trans.

Jésica Benavídez, 33 años, Entre Ríos

De esas muertes, dos están siendo investigadas por la justicia. Una de ellas en Entre Ríos, a partir del 24 de enero, cuando en Paraná un vecino encontró el cuerpo sin vida de Jésica Benavídez, una mujer trans de 33 años. Sobrevivía a cuentagotas como trabajadora sexual y vivía en situación de extrema pobreza. Sus compañeras la llamaban “La Nicky”. Era oriunda de Santa Elena (La Paz) y había llegado a la capital entrerriana hace más de 10 años.

Mirta Antonella Eva Di Marzo, 30 años, Salta

Días después, el 27 de enero, tras pasar tres meses en coma a raíz de un brutal ataque de odio, falleció Mirna Antonella Eva Di Marzo, de 30 años, en Güemes (Salta). Estaba inconsciente, en terapia intensiva desde el 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe, en General Güemes (a 50 kilómetros de la ciudad de Salta). “El discurso de odio es el que mató a Mirna y es el que sigue matando a mujeres trans”, dijo el abogado de su familia, José Lazarte, a Presentes, la semana pasada, al conocerse la noticia.

Las víctimas silenciadas

Ante la falta de datos oficiales de muertes travestis y trans, las organizaciones y activistas llevan un listado en el que documentan tanto las muertes violentas (travesticidios) así como las muertes causadas por la exclusión (travesticidio social: falta de acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo, vivienda, trabajo, la mayoría de estas muertes se vinculan a enfermedades de las que no mueren prematuramente otras poblaciones).

Forman parte de esta lista, que no sale en los medios:

Mariana Quinteros, La Rioja, 48 años

Jessica Paola Ochoa, CABA, 36 años

Carolay, CABA

Yamile, CABA, 24 años

Sandra Cantero, Reconquista, Santa Fe

Gabriela Farias, Lomas de Zamora, Bs As

Yesica Neira, Comodoro Rivadavia, 56 años

Luciana Anahi, CABA (oriunda de Güemes, Salta), 28 años

Laly apenas superó en un año el promedio de vida estimado para este colectivo en América Latina: 35 años. Los datos volcados en esta nota fueron confirmados a Presentes por diversas fuentes.

Fuente Agencia Presente  , vía SentidoG

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La policía fronteriza del aeropuerto de Dubái humilló y denegó la entrada en el país a una mujer transgénero austriaca. Sucedió el pasado 31 de diciembre, cuando Bernadette y su pareja Madlen König-Halbritter aterrizaron procedentes de Johannesburgo con la intención de continuar sus vacaciones en la capital emiratí. Los agentes retuvieron a Bernadette, preguntándole si lo tenía «todo cortado» y obligándola a desnudarse. Finalmente les denegaron la entrada en el país, obligándolas a tomar un vuelo de regreso a Viena pagando los gastos de su bolsillo.

La LGTBfobia de Estado emiratí vuelve a cebarse con las personas trans. Madlen y Bernadette König-Halbritter, una pareja de mujeres procedentes de la ciudad austriaca de Wiener Neustadt, habían planificado un viaje a Sudáfrica y Dubái durantes las vacaciones navideñas que terminó abruptamente. Tras aterrizar en la capital emiratí, los agentes las retuvieron y les impidieron la entrada al país a causa de la identidad de género de la segunda.

El detonante de la desagradable experiencia fue el cacheo, tras el cual el encargado de seguridad le preguntó a Bernadette, una mujer trans, si lo tenía «todo cortado» («Everything cut off?») y la obligó a desnudarse ante otros tres compañeros. El personal las retuvo en una habitación durante horas y finalmente les prohibieron entrar en los Emiratos. Les dieron las opciones de volver a Johannesburgo o regresar a Viena, donde habían empezado su viaje. Madlen tuvo que cambiar el vuelo y anular la reserva del hotel, asumiendo un coste total de unos 2.500 euros.

Las gestiones con el consulado de Austria en Dubái tampoco resolvieron nada. Las autoridades austriacas aseguraron que no se habían encontrado antes con una pareja del mismo sexo a la que se le hubiera vetado la entrada a un país extranjero. De la «amarga experiencia», a las víctimas les ha indignado especialmente la arbitrariedad de los funcionarios emiratíes. Con el mismo pasaporte, Bernadette había viajado sin problemas a Dubái en dos ocasiones en 2017 y 2018.

No es la primera vez, sin embargo, que ocurre un caso así en los Emiratos Árabes Unidos, país donde rige una arraigada LGTBfobia de Estado. En 2015, la policía detenía a una mujer trans española y a otra portuguesa por «ir disfrazadas de mujer». Y un año más tarde, la modelo Gigi Gorgeous denunciaba que las autoridades de Dubái le habían denegado la entrada en el país por su condición de mujer trans.

Fuente Dosmanzanas

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

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Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

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Buena noticia la que nos llega desde los tribunales. El juzgado de lo penal número 27 de Barcelona ha condenado a un año de inhabilitación a un portero de discoteca por impedir el acceso a una mujer trans. Deberá abonar además una indemnización de 350 euros a la denunciante por daños morales.

El episodio de discriminación sucedió en abril de 2017, en una discoteca del Passeig Marítim de la capital catalana. El portero denegó el acceso a la mujer argumentando que su apariencia femenina no concordaba con la imagen que figuraba en su Documento Nacional de Identidad. Cuando un poco más tarde se personó su marido y este insistió, el portero, trabajador de una empresa subcontratada por el local, continuó con su negativa. La pareja, además de cumplimentar la correspondiente hoja de reclamaciones, acudió a una comisaría de los Mossos d’Esquadra a denunciar los hechos.

Ahora el juez ha dado la razón a la denunciante, al considerar probado que la razón por la que se le denegó el acceso fue su condición de mujer transexual. En este sentido, la sentencia no otorga ningún peso al argumento de la defensa, según el cual el portero sospechaba que la mujer era una ladrona.

La sentencia, ante la que cabe recurso, condena al portero a un año de inhabilitación profesional y al pago de una indemnización de 350 euros a la demandante, así como al pago de las costas. La discoteca ha sido declarada responsable civil subsidiaria.

Desde el Observatori contra l’Homofòbia, que desde un principió acompañó y prestó asesoramiento a la mujer, se muestran satisfechos con el hecho de que el portero haya sido condenado por la vía penal pero al mismo tiempo reclaman una mayor contundencia por la vía administrativa, así como la imposición de sanciones más elevadas. Cabe recordar, en este punto, que la ley catalana contra la LGTBfobia contempla un amplio repertorio de sanciones que apenas se están aplicando (al menos hasta hace un año solo se habían impuesto tres sanciones pese a haber sido comunicadas hasta entonces 110 incidencias presuntamente LGTBfobas).

En cualquier caso, nos felicitamos por esta condena. Confiemos en que sea una muestra de que poco a poco la justicia española está dejando de ser ciega ante todos los episodios de discriminación por LGTBfobia, y no solo ante las agresiones físicas más llamativas o mediáticas.

Fuente Dosmanzanas

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‘Un castillo de muy claro cristal’. La mirada de Teresa, desde los márgenes

Ya en su momento dedicamos varios post al trabajo de esta mujer infatigable, comprometida con la Diversidad, fiel seguidora del Evangelio… por lo que, los fundamentalistas agresivos lanzan sus amenazas… Pero alguien apunta antes con el dedo con sus soflamas homófobas y tránsfobas… y para muestra los posts anteriores…

Revolucionaria, transgresora, inconsciente, magnánima, intrépida, tímida y parca de palabras, pero de movimientos ágiles. ¿Quién es esta monja, carmelita de clausura, que está ayudando a las mujeres transexuales? ¿Quién es esta mujer que recibe premios y reconocimientos de la comunidad lésbica, trans y gay? ¿Acepta la Iglesia a una mujer que hizo votos de castidad, pobreza y obediencia y que ayuda con comida, con palabras y oraciones a hombres travestidos de mujeres? ¿Quién es esta monja que ha abierto las puertas de la Iglesia Católica a personas que siempre se han sentido rechazadas? ¿El Papa sabe lo que está haciendo esta monja desde su convento? Esa monja está dando un giro copernicano a las tradiciones eclesiásticas.

Para alegría de muchos y horror de otros está abriendo una puerta de la Iglesia Católica a personas que han cambiado su identidad y trabajan en la prostitución.

Pero no todo es de color de rosa, hay sectores fundamentalistas minoritarios que ante la avanzada cada vez más contundente de la igualdad en la Argentina y en el mundo están dando sus últimos manotazos de ahogado desde estos sectores reaccionarios.

Desde luego que el mundo sería un lugar mucho más justo si existieran más religiosas como la hermana Mónica Astorga, quien desde hace tiempo viene siendo objeto de denuncias anónimas, críticas en Facebook y amenazas por ayudar a las personas transexuales, a quienes cierto sector de la sociedad y de la Iglesia dejan ubicadas en las periferias existenciales...

(pincha sobre la toto para ampliarla)

Hna. Mónica Astorga Cremona, ingresó al Carmelo el 2 de Febrero de 1985, hizo su primera profesión el 31 de mayo de 1987. Ingresó habiendo acabado su escuela secundaria. Es de Buenos Aires Capital, pero siendo niña se trasladaron a Rauch (Provincia de Buenos Aires) donde descubrió su llamado vocacional. Su vida pasa entre la oración, la contemplación, el servicio a su comunidad de hermanas. Le gusta todo tipo de manualidades. Hace trabajos en cuero, lociones, costura fina. Mucho tiempo dedicó sus habilidades a bordar ornamentos (las hermanas hacen buenos ornamentos en telar tipo mapuche), dulces, los tradicionales alfajores, encuadernación y siempre está por ahí aprendiendo. Pertenece a una comunidad de clausura muy viva.

Ya en septiembre de 2015 nos hacíamos eco de su activismo- En marzo del año pasado leímos en el blog “De la rueca a la pluma” la reseña de un libro titulado “Acariciar las heridas” —publicado por Logos en Argentina— en el que se daba a conocer la tarea que la Hna. Mónica Astorga, del Carmelo de Neuquén, está llevando a cabo con mujeres transexuales, a las que acompaña y ayuda a salir de la prostitución.

La obra no era fácil de conseguir en España y ahora, la editorial Freshbook ha realizado una nueva edición del mismo, lo que facilita su adquisición aquí.

Muchos seguidores de este blog ya conocen a esta carmelita descalza, a la que hace algún tiempo, dedicamos una entrada por su importante labor social, que ha sido reconocida con diversas distinciones y premios. Lleva tiempo en la brecha: más de diez años presentado apoyo a mujeres transexuales, en situación de exclusión social:

Como una madre, Mónica lucha para que cada una recupere su dignidad, abandone la prostitución y pueda tener una vida digna.

El libro recoge las historias de estas mujeres heridas, atropelladas, maltratadas. Sus vidas son un grito a nuestra conciencia adormecida. Donde hay un cristiano ha de haber un experto en humanidad, un sanador de heridas, como lo fue Jesús:

Con una sonrisa serena las lleva a Dios, a quien descubren como un gran Padre y Consolador. Su actividad ha suscitado aplausos y condenas. Sin embargo, ella sigue adelante, sabe que la misericordia de Dios es infinita y  que Él no hace acepción de personas.

 La autora

Maria Laura Favarel Nació en Rosario (Argentina), el 2 de abril de 1977,y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral de Buenos Aires. Desde que se licenció, trabaja como periodista en el diario La Capital de Rosario, donde se desempeñó en distintas  secciones. Actualmente es redactora del suplemento “Más”,  donde se publican entrevistas y notas en profundidad. Realizó distintos programas de  radio y trabajó en varias  instituciones, a cargo del departamento de comunicación. Dicta cursos de comunicación interpersonal, corporativa y media training. Su pasión: descubrir testimonios  de vida para poder transmitirlos, comunicarlos y compartirlos.

Respaldo del papa Francisco

El papa Francisco envió por correo electrónico un mensaje animando en su labor a Mónica Astorga, en estos términos:

“A vos y al convento los tengo cercanos a mi corazón, como también a las personas con las que trabajan. Se lo podés decir”.

El Papa le escribió a la religiosa, al conocer el proyecto de construcción de 15 viviendas para mujeres trans en la localidad neuquina de Confluencia, como también la apertura de un hogar de ancianos que será llevado adelante por personas de este colectivo.

Ofrecemos este video que recoge una entrevista a Mónica Astorga donde ella da a conocer cómo surgió su contacto con el colectivo trans y cómo es la labor que desarrolla. Os invitamos a verlo.

Para quienes estén interesados, se puede adquirir en este enlace.

Fuente De la Rueca a la Pluma

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El 9 de febrero de 2017 Ányela Ramos Claros, activista Lgbt, recibió un tiro de escopeta en la espalda. La jueza determinó que se trató de un crimen de odio por su condición de mujer trans. 

Una jueza del Departamento del Huila (Colombia) -en el interior del país- condenó a 20 años de reclusión en un centro psiquiátrico a Davinson Stiven Erazo Sánchez (23), por ser el responsable del feminicido cometido contra Ányela Ramos Claros, mujer trans, quien además era activista por los derechos del colectivo LGBT.

Se trata de la primera condena en esta nación en la que un juez tipifica el homicidio de una mujer transexual como feminicidio, agravante que se creó en el 2015 con la ley de Rosa Elvira Cely, quien fue brutalmente violada y asesinada en Bogotá, capital del país suramericano.

La organización Colombia Diversa informó que en el caso de Ramos el juzgado consideró que su asesinato fue “por un prejuicio a causa de la identidad de género de la mujer trans”.

Sin embargo, en el proceso, según la jueza Catalina Manrique, se demostró que Erazo tiene un trastorno mental, específicamente esquizofrenia, que se suma a farmacodependencia, intentos suicidas por psicosis tóxica, delirio paranoico, místico y religioso. Por este motivo se le estableció como centro de reclusión una institución psiquiátrica y no una cárcel.

Ányela, quien era dueña de una peluquería, fue asesinada el 9 de febrero de 2017, al recibir un disparo por la espalda. Además, en el juicio se constató que no era la primera vez que Erazo la agredía ya que en otra ocasión la atacó con un machete, discriminándola por su identidad de género.

En el juicio se determinó que su identidad correspondía a la de una mujer trans, aunque sus documentos de identidad aún figuraba del sexo masculino. Pues, se respectó su identidad autopercibida. “Se presentó con claridad que la identidad de género correspondía a la femenina, por las sencillas razones que en su medio social, público y familiar, Luis Ángel (Anyela) era una mujer trans”, aseguró la jueza. Previamente, la Fiscalía General había identificado a la víctima como del sexo masculino.

En ese sentido, se determinó que Anyela era una mujer trans no sólo por su físico, sino también por la forma en la que se desenvolvía en sus relaciones personales y familiares. Así, su hermano testificó, por ejemplo, que Anyela siempre se identificó como una mujer y que, incluso, se hizo una cirugía de senos para cumplir con esa aspiración.

Esta sentencia es la segunda en Latinoamérica en la que se considera que el asesinato de una mujer trans constituye feminicidio. El primer caso de asesinato de una mujer trans en América Latina, que fue considerado penalmente como una situación de odio por su identidad de género, fue el de Diana Sacayán, en Argentina, activista de los derechos humanos. Fue asesinada en 2015.

Según Medicina Legal de Colombia, en el 2017 fueron asesinadas 758 mujeres y, ese año, 109 personas asesinadas eran LGBT. De ese total, 36 eran mujeres trans.

Fuente El Tiempo, vía Universogay

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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La firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano dejaba el viernes pasado un desagradable cambio de última hora. La versión final rebaja el carácter vinculante de la protección frente a la discriminación laboral basada en la orientación sexual y la identidad de género, presente en el texto inicial. Ni siquiera con la nueva formulación, más laxa, se ha dado por contenta la administración Trump. Ante la amenaza de varios congresistas republicanos de rechazar el tratado si se hacía referencia a la realidad LGTB, Estados Unidos se ha autoexcluido de la medida con una nota al pie en la que especifica que el país no va a tomar nuevas medidas en esa dirección.

El pasado 30 de noviembre, el ya expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau firmaban el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio en vigor desde 1994. Era el resultado de dos años de negociaciones y ahora deberá superar la ratificación parlamentaria en cada uno de los Estados signatarios. En el ámbito LGTB, la administración Trump ha conseguido, tras diluir su carácter vinculante, autoexcluirse de una ambiciosa formulación contra la discriminación laboral tras las presiones de los republicanos.

El texto original, en su artículo 23, instaba a los tres países a apoyar «políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo, inclusive con relación al embarazo, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género». Pero ya a mediados de noviembre, un grupo de más de cuarenta congresistas republicanos escribieron una carta al presidente urgiéndolo a no firmar el acuerdo si antes no se borraba esta mención. En el trasfondo, la amenaza de rechazar el tratado durante su ratificación en el Congreso de Estados Unidos.

Para sortear este posible veto, la nueva formulación del artículo 23 anima a los países firmantes a fomentar «políticas que consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo (inclusive con relación al acoso laboral), embarazo, orientación sexual, identidad de género y cuidado de personas allegadas». Una formulación, la de «que consideren apropiadas», que rebaja el carácter vinculante del mandato. Aun así, Estados Unidos se autoexcluye de esta recomendación con una nota al pie en la que asegura que las normas existentes en el país ya «son suficientes para cumplir las obligaciones» que impone el tratado en materia de discriminación laboral y «por tanto, no requieren ninguna acción adicional» por parte de la administración estadounidense.

Sin una ley federal contra la discriminación laboral

La realidad es que, a diferencia de Canadá y México, Estados Unidos carece en la actualidad de una ley federal de protección de las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. La legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado.

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, una posibilidad que por ahora no se ha materializado. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la «libertad religiosa» que la convertiría en papel mojado. Los tribunales, por su parte, han dictaminado que la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 cubre la protección frente a la discriminación laboral de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

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El pasado martes, 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en el mundo. La fecha ya ha pasado, pero la realidad que subraya, por desgracia, sigue viva el resto de los días. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se han registrado 369 personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil vuelve a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

Por detrás se sitúan Argentina, con 9 asesinatos; Pakistán con 8; India y Turquía con 7; El Salvador y Venezuela con 6; Italia, que con 5 es el país de la Unión Europea que más asesinatos de personas trans registra; Guatemala, con 4; Honduras, Paraguay y Sudáfrica con 3; Bolivia, Chile, Filipinas, Francia, Perú y República Dominicana con 2 cada uno; y finalmente Bangladés, Ecuador, Fiji, Nicaragua, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago y España, con 1 cada uno. Como vemos, faltan numerosos países en los que por desgracia nos tenemos que también han sucedido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista muy incompleta. En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 constan un total de 2.982 asesinatos de personas trans en 72 países del mundo. De ellos, 1.238 han ocurrido en Brasil, 408 en México y 212 en Estados Unidos. Son los tres países con mayor número de víctimas registradas.

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Cabe destacar, en cualquier caso, que aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Aunque en dos tercios de las 2.982 víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconoce su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado este año con motivo de esta jornada:

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2018 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Más información sobre el Observatorio de Personas Trans Asesinadas aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de varios países de la región, ha emitido una sentencia contra la ley guyanesa que coartaba la expresión de género de las personas trans. Es el resultado de un proceso que se remonta a 2010, cuando seis mujeres transexuales reclamaron a la justicia el fin de la norma, de origen colonial, que les impedía vestir de acuerdo a su identidad de género. Las demandantes habían sido arrestadas un año antes por portar una indumentaria femenina mientras su género legal era masculino. Los jueces del alto tribunal consideran que la ley es inconstitucional por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Buenas noticias desde el Caribe, la región de América con una LGTBfobia más arraigada. La Corte Caribeña de Justicia (CCJ) ha declarado inconstitucional la norma guyanesa que prohibía la «vestir atuendos femeninos por parte de hombres» y «vestir atuendos masculinos por parte de mujeres». Una redacción que tiene su origen en la época colonial británica y que se ha usado principalmente para perseguir a mujeres trans. Entre ellas, las seis que en 2010 iniciaron el proceso, un año después de ser arrestadas por «travestismo». «Fue una de las experiencias más humillantes de mi vida», relataba entonces una de las afectadas. Contaron con el respaldo de SASOD (Guyana’s Society Against Sexual Orientation Discrimination), una organización que pese a la situación jurídica adversa lucha por los derechos de las personas LGTB e intenta que el país ponga fin a la prohibición tanto de la homosexualidad como de la transexualidad.

En 2013, el magistrado de la Corte Suprema de Guyana Ian Chang daba parcialmente la razón a las demandantes, pero optaba por mantener la prohibición si el «travestismo» tenía lugar con «intenciones inapropiadas». Las interesadas y los activistas entendieron que esta vaga formulación dejaba la puerta abierta a la discriminación, por lo que recurrieron el fallo ante la Corte de Apelaciones de Guyana, que sin embargo ratificó la sentencia de Chang. Se dirigieron entonces a la Corte Caribeña de Justicia, el tribunal de última instancia de Guyana, así como de Barbados, Belice y Dominica. La CCJ comenzó a escuchar los argumentos del caso en junio de este año.

El pasado día 13, el alto tribunal decretó la inconstitucionalidad de la ley. Los magistrados han considerado que el artículo en cuestión «viola el derecho de los demandantes a la protección de la ley  y es contrario al imperio de la ley». La sentencia, que puedes descargar aquí, defiende la libertad de expresión de los peticionarios a pesar de la «confusión, miedo, incluso asco» que la realidad LGTB produce en gran parte de la sociedad caribeña y que genera «con frecuencia escarnio y a veces violencia contra aquellos que son diferentes». Frente a estas situaciones, es papel de los tribunales «ofrecer protección legal a los que sufren los embates de dichos comportamientos».

Un marco hostil que va cambiando lentamente

La antigua Guayana Británica, hoy Guyana, es un país de América del Sur que limita al este con Surinam y al oeste con Venezuela y Brasil. Miembro de la Commomwealth, su lengua oficial es el inglés y su religión mayoritaria el cristianismo, distribuido en diferentes confesiones, aunque casi una cuarta parte de la población practica el hinduismo y más de un 7% son musulmanes. La ley prohíbe tanto las relaciones homosexuales masculinas (castigadas con penas de cárcel que oscilan entre los dos años y la cadena perpetua) como, hasta ahora, el vestir de acuerdo a la identidad de género en el caso de las personas trans, sean hombres o mujeres.

En 2012, el Gobierno guyanés abrió un proceso de consultas para valorar la posible retirada de su legislación de las medidas que discriminan a las personas LGTB, entre ellas la criminalización de las relaciones entre varones. Un empeño que contó con la férrea oposición de los líderes religiosos del país, tanto cristianos como hindúes y musulmanes. Durante la campaña de las elecciones de 2015, los principales partidos expresaron su apoyo a la despenalización. El actual presidente, David A. Granger, defiende la legalización de los actos consentidos entre personas del mismo sexo. Las sentencias en el mismo sentido de los tribunales supremos de Belice, en 2016, y de Trinidad y Tobago, en abril de este año, mantienen la esperanza de los activistas por un cambio que no acaba de llegar a Guyana.

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La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.

El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.

El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que  hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.

La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.

No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.

Sea como sea, les deseamos lo mejor.

Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:

Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV

— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La Vanguardia – Betevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

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