Tal y como adelantamos en mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ha fallado a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. El recuento final arroja ocho votos a favor y tres en contra de un texto que decreta la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista la «omisión legislativa» al respecto. 

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó el proceso sobre la persecución legal de la LGTBfobia, en respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión en mayo de otros dos votos favorables se alcanzaba ya la mayoría del alto tribunal, compuesto por once magistrados. Ahora lo han hecho los cinco restantes, de los cuales dos se han posicionado a favor y tres en contra. Finalmente, 8 votos contra 5.

La tesis fijada por el Supremo brasileño hace extensiva la legislación contra el racismo a los delitos por homofobia y transfobia y será de aplicación mientras se mantenga la ausencia de legislación al respecto, un vacío legal que coloca al colectivo LGTB en situación de indefensión. «El concepto de racismo sobrepasa los aspectos estrictamente biológivos o fenotípicos e incluye la negación de la dignidad y de la humanidad de grupos vulnerables», asegura el Supremo en la nota de prensa que daba a conocer el resultado de la votación.  Puedes descargar aquí la tesis completa, que también impone límites al discurso de odio por parte de los líderes religiosos al considerar que este no queda cubierto por el derecho a la libertad religiosa.

Críticas de Jair Bolsonaro

La decisión, como era de esperar, no ha sido recibida con agrado por el presidente de Brasil, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro, que la ha calificado como «completamente equivocada» y ha asegurado que perjudica a los propios homosexuales, que según él tendrán más dificultades para encontrar trabajo ya que los empresarios se lo pensarán «dos veces» antes de contratarlos por miedo a ser acusados de descriminación. Bolsonaro ha añadido que esta decisión del Supremo brasileño es un argumento más a la hora de renovar el alto tribunal incorporando magistrados evangélicos.

Habrá que ver, por otra parte, si el legislativo brasileño avanza en la misma dirección que el Supremo. En este sentido, solo un día antes de que en mayo se adelantase la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. A la propuesta, no obstante, le queda por delante una trabajosa tramitación.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja ha denunciado haber sido objeto de una agresión tránsfoba en la madrugada del pasado 26 de mayo en Zaragoza. La peor parte, por lo que a los golpes se refiere, fue para el chico, Erik García, presidente del colectivo aragonés Visión Trans, que solo días antes había recogido en Sevilla un premio por su activismo en favor de los derechos de las personas trans.

Según ha denunciado la Federación Plataforma Trans, la pareja, formada por un chico y una chica, ambas personas trans, intentó entrar pasadas las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo a un bar, aún con clientes dentro, con intención de comprar tabaco. Una persona vinculada al establecimiento les prohibió el acceso, argumentando que ya estaba cerrado. Al salir, uno de ellos rozó la persiana metálica, que estaba medio bajada, y la persona que les había prohibido el acceso salió y se dirigió hacía ellos, comenzando los insultos homófobos y tránsfobos del tipo de «en mi bar no van a entrar maricones de mierda ni putos travestis». Insultos de los que fue testigo una amiga que acompañaba a la pareja. Al pedir explicaciones por la reacción, el agresor agarró a la chica. Cuando él intentó separarlos le propinó un fuerte golpe en el rostro, lo tiró al suelo y continuó dándole puñetazos. En el parte de lesiones se hace constar un hematoma en zona infraorbitaria y la presencia de siete piezas dentales con línea de fractura. Su pareja, por su parte, ha tenido que tomar medicación como resultado del cuadro de ansiedad resultante.

#StopTransfobia #SiTocanAUnxNosTocanATodxs
🔊 Es #URGENTE la tramitación de la #LeyTransEstatal de protección jurídica del derecho a la identidad sexual y agravar los delitos de odio #ContraLaTransFobiaTolerenciaCero
Lee los sucesos aquí 👇👇👇https://t.co/JTnsYtyfY0 pic.twitter.com/TmXd85UMd5

— Plataforma Trans (@PlataformaTrans) 2 de junio de 2019

La Federación Plataforma Trans ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten las medidas oportunas. «Las personas trans somos objeto de una gran violencia que se concreta en bullying escolar, acoso laboral, en redes sociales y agresiones tanto verbales como físicas en espacios públicos, ante la falta de aplicar en los delitos de lesiones o vejaciones el agravante de odio por transfobia», señala en su comunicado su presidenta, Mar Cambrollé.

Una de las víctimas, premiado en mayo por su activismo

Erik García, el chico agredido, fue galardonado el pasado 17 de mayo con uno de los Premios T, que concede la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, en reconocimiento a su activismo. En su discurso aludió a los riesgos de una involución en los derechos de las personas trans y exigió, como buena parte de los allí presentes, la aprobación de una ley trans de carácter estatal que protega los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. «Hemos luchado contra el gobierno, contra todo, y hemos conseguido que en Aragón se haya aprobado una ley que reconoce nuestros derechos. Y ahora queda por hacer que haya una ley estatal para toda España», expresó entonces, en alusión a la aprobación, el pasado 2018, de una avanzada ley trans en su comunidad.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, sentenciará en junio a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. Seis de los once miembros del alto tribunal ya han depositado sus votos a favor del texto que decreta la equiparación en la legislación de los delitos de LGTBfobia con los motivados por el racismo. El Senado trabaja actualmente en un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista, que ha denunciado una “omisión del Parlamento” en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución nacional. Seis de los once magistrados del Supremo ya se pronunciaron a favor de la medida. La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría de votos necesaria para tipificar la homofobia como un delito penal equivalente al racismo, pero decidió aplazar la decisión final para el próximo 5 de junio.

En febrero comenzó el proceso sobre la inclusión de la LGTBfobia en la legislación, que dará respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión de otros dos votos favorables la semana pasada, se ha alcanzado una mayoría en el alto tribunal. El próximo 5 de junio se pronunciarán los restantes cinco magistrados, que ya no pueden variar el veredicto final, pero sin cuyo voto no puede entrar en vigor el fallo.

Entre los que ya han dado su apoyo a la sentencia, la jueza Rosa Weber defendió su voto favorable para cubrir un vacío legal que provoca indefensión en el colectivo. Su compañero el magistrado Luiz Fux se inclina por establecer una interpretación de la ley de 1989 contra el racismo que incluya a las personas LGTB. Se trata de una norma que castiga los delitos motivados por esta causa con penas de hasta cinco años de prisión. Fux considera que no existe la certeza de que el poder legislativo vaya a aprobar las reformas legales necesarias para proteger a la comunidad LGTB, y mientras tanto «efectivamente la homofobia va a seguir».

Solo un día antes de conocerse la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. La propuesta continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

Durante la sexta sesión dedicada al tema, que se debate desde fines del año pasado, dos de los once magistrados del Supremo se sumaron a los cuatro que ya se habían pronunciado a favor de equiparar los delitos de carácter sexual al racismo, que el Código Penal castiga con rigor.

No obstante, a pesar de que seis magistrados ya se pronunciaron en ese sentido, la mayoría alcanzada aún podría ser alterada, pues por las normas del tribunal cualquiera de sus once miembros puede alterar su voto antes de la proclamación del resultado.

Tras cuatro horas de audiencia, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, decidió convocar a una nueva sesión para el 5 de junio próximo, cuando deberán pronunciarse los cinco jueces que aún no lo han hecho, que en su mayoría parecieron inclinados a seguir la tendencia que ya se impone.

Aunque una comisión del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que también equipara la homofobia al racismo, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso, ya que, según el decano de la corte, Celso de Mello, “nada garantiza que eso será aprobado” por el pleno de las cámaras.

Según el magistrado, “la mera existencia de un trámite no puede impedir que se lleve a cabo el juicio”, sobre todo cuando las cámaras legislativas han debatido sobre el asunto “durante los últimos 30 años sin llegar a nada”, apuntó.

El decano de la corte, uno de los cinco que aún no ha presentado su voto, sostuvo que “es necesario superar esa inercia y ese cuadro de permanente indefinición” para llegar al fin de “un largo y penoso camino”, que “supera con excesos los plazos razonables”.

El magistrado Alexandre de Moraes, el último de los miembros de la corte en asumir su cargo, en 2017, coincidió con el decano e incidió en que el Parlamento “ha legislado sobre protección por raza, por género o para la infancia” y “solamente ha dejado sin protección a los colectivos homosexuales”.

Según el juez Luiz Fux, cuyo voto consolidó la mayoría de seis necesarios, argumentó : “Cuando un miembro de la colectividad LGBT muere por causa de una bala perdida o en un asalto, estamos frente a una situación ya contemplada” por las leyes penales. Sin embargo, apuntó: “Si esa misma persona es agredida o hasta asesinada por su condición sexual, estamos frente a un delito de homofobia”. Fux también declaró que el Parlamento, dominado hoy por fuerzas conservadoras, muchas de ellas aliadas con el gobierno de Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha, “podrá luego crear una legislación sobre la homofobia”, pero “no recrear” sobre lo que decida el Supremo “a la luz de las normas constitucionales”.

Varios magistrados se hicieron eco de estudios de organismos de derechos humanos, según los cuales Brasil es uno de los países en el que más personas son asesinadas por su condición sexual.

Uno de esos informes, elaborado por el Grupo Gay de Bahía, una activa organización de la sociedad civil, fue divulgado la semana pasada y sostiene, apoyado en datos oficiales, que una persona es asesinada cada día en Brasil como víctima de la intolerancia contra los colectivos homosexuales.

Fuente Agencias

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Joan López, un joven de 30 años de La Vall d’Uixó (en la provincia de Castellón), ha denunciado públicamente haber sido objeto de discriminación laboral por su condición de hombre trans. El diario El Mundo recogía este sábado la historia. 

El joven solicitó trabajo en una gasolinera de la zona. Pasó un periodo de prueba de unos 15 días, durante los cuales, según asegura, no hubo problema alguno y la sintonía con el gerente del establecimiento fue buena. De hecho, tras el periodo de prueba, le solicitaron la documentación para contratarlo de forma definitiva. Fue entonces cuando descubrieron que el chico es trans, ya que todavía no había podido completar el proceso de rectificación de sus datos registrales y en su Documento Nacional de Identidad aparece un nombre femenino.

A partir de ese momento, Joan notó que el tono de la relación cambió. Aunque fue contratado, tardaron poco en despedirlo: el joven debía acudir a la gasolinera los fines de semana, pero solo acudió dos. Al tercero ya no trabajó, después de recibir una llamada telefónica en la que le comunicaban el despido sin darle razón alguna más que «ya no hacía falta». Es más, según detalla El Mundo, cuando Joan reclamó 300 euros que la gasolinera le adeudaba, el gerente le exigió, de malos modos, que antes devolviera el uniforme. «Me habló muy mal, amenazándome con no pagarme», ha relatado. De hecho, a Joan no le abonaron lo que le debían hasta después de un tira y afloja con el gerente que no se resolvió hasta que intervino la esposa de este, a la que Joan conocía.

El joven ha decidido hacer público el caso, aunque según El Mundo su denuncia social no se ha acompañado, al menos de momento, de denuncia legal, al considerar que carece de pruebas suficientes para ello. Tampoco ha querido hacer pública la gasolinera en la que han sucedido los hechos. Y ello a pesar de que, según cuenta, no es la primera vez que esta circunstancia afecta a su vida laboral, ya que en mas de una entrevista de trabajo ha acabado recibiendo largas por parte del empleador al conocer este su condición.

Discriminación laboral contra las personas trans: es necesaria mayor protección

Conviene recordar, en este punto, que la legislación laboral española prohíbe la discriminación de los trabajadores por «razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español» (Estatuto de los Trabajadores). De igual forma, el Estatuto Básico del Empleado Público establece como derecho individual del mismo «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Comunidad Valenciana, en su legislación autonómica, prohíbe cualquier forma de discriminación por identidad y expresión de género (Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana).

Sin embargo, como denunciaba en 2016 la FELGTB y Comisiones Obreras en su documento Personas trans en el ámbito laboral. Guía para el proceso de transición, que puedes descargar aquí, «no hay ninguna ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a las personas trans en el centro de trabajo mientras realizan su proceso de transición. Además a pesar de que es uno de los colectivos más discriminados e, incluso, excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral a nivel estatal y muy pocos a nivel local o autonómico». Se hace imprescindible una legislación estatal que proteja de forma sólida a las personas trans contra la discriminación. Esperemos que después de que la anterior legislatura se cerrara sin conseguirlo los partidos políticos se pongan a trabajar de inmediato para que las Cortes salidas de las pasadas elecciones generales la aprueben sin más dilación.

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Un joven de 23 años ha sido condenado a 10 meses de prisión por un tribunal parisino por la agresión a Julia Boyer, una mujer trans a la que golpeó el pasado marzo en plena calle, cuando Boyer se topó con una manifestación contraria al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales y desencadenaron gran indignación en Francia. Se da la circunstancia, además, de que la víctima ha tenido que soportar, durante el juicio, que se dirigieran a ella utilizando un pronombre masculino, pese a tratarse de una mujer. 

El pasado 31 de marzo, Julia Boyer se encaminaba hacia el metro cuando se topó, en la parisina Plaza de la República, con una manifestación contra el Gobierno de Abdelaziz Buteflika en Argelia. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a acosarla, le dirigieron insultos homófobos y tránsfobos, la zarandearon y la golpearon. Agentes de seguridad del metro intervinieron para ponerla a salvo. Las imágenes de la agresión, grabadas por una cámara de videovigilancia, se viralizaron rápidamente en redes sociales, levantando una ola de indignación que se extendió por toda Francia:

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk

— SOS homophobie (@SOShomophobie) 2 de abril de 2019

Julia Boyer recibió la solidaridad de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y de la secretaria de Estado francesa de Igualdad, Marlène Schiappa, entre otras personalidades, que condenaron lo sucedido y le ofrecieron su apoyo. Lamentablemente, solo uno de los agresores pudo ser identificado y detenido.

Poco más de mes y medio después, los hechos han sido juzgados, y el detenido, Seddik A., de 23 años, ha sido condenado a un total de diez meses de prisión, de los cuales seis deberá pasarlos obligatoriamente entre rejas. Deberá abonar a la víctima 3.500 euros, además de otros 1.500 euros a cada una de las tres organizaciones que también se han personado como parte (SOS Homophobie, Mousse y Stop Homophobie), y tiene prohibido contactar con la víctima y acercarse a su domicilio. El condenado, por su parte, ha alegado que durante los hechos se encontraba bajo medicación y no era plenamente consciente de sus actos. Sus abogados, que se reservan el derecho de recurrir la sentencia, argumentan que se trata de un joven en una situación social vulnerable, con problemas de adicción y bajo tratamiento psiquiátrico, y consideran la condena muy dura. Una dureza que atribuyen a lo mediático del caso.

Tanto Julia Boyer como los colectivos que la han acompañado en el juicio se han felicitado por la sentencia y consideran que la justicia ha hecho su trabajo, aunque lamentan que solo uno de los agresores haya podido ser juzgado. Lamentablemente, el proceso también ha tenido sus puntos oscuros: la víctima, que no ha podido todavía proceder a la rectificación de sus datos registrales (un proceso que en Francia sigue judicializado tras la tímida reforma promovida en 2016 por el entonces Gobierno socialista) tuvo que soportar que en varias ocasiones el tribunal se dirigiese a ella en masculino. De hecho, la Fiscalía, un tanto despistada, se vio obligada a cambiar la acusación, fundamentada inicialmente en la «orientación sexual» de la víctima, para basarla después en su identidad de género. Un ejemplo más de lo poco preparado que está el sistema de justicia, en este caso en Francia, a la hora de respetar la diversidad, incluso cuando las sentencias, como en este caso, son favorables a los intereses de las víctimas de LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

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Las personas trans ya pueden comenzar a realizar los trámites contemplados en la avanzada ley integral trans aprobada en Uruguay el pasado mes de octubre, después de que el Gobierno de ese país haya aprobado el reglamento que la desarrolla. La buena noticia no es completa, sin embargo. Las fuerzas ultraconservadoras han logrado reunir las firmas necesarias para iniciar un proceso que podría concluir con la derogación de la ley mediante referéndum. Una vez más la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, se enfrenta al odio de los reaccionarios.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. En 2009, por ejemplo, Uruguay aprobaba una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, pero que había quedado obsoleta. De ahí que los colectivos uruguayos luchasen para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder. Para más información práctica sobre trámites y requisitos, ver la web del Ministerio de Desarrollo Social aquí. 

La nueva ley, por ejemplo simplifica el procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud, además, ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales.

El texto, además, incluye importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Los opositores logran activar un mecanismo de derogación

La alegría por la entrada en vigor de la nueva ley, ya en sus aspectos prácticos, no es completa. Fuerzas ultraconservadoras han conseguido reunir las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría acabar con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados en esta ocasión por Carlos Iafigliola (uno de los precandidatos del Partido Nacional a la presidencia) y por el diputado de ese mismo partido y pastor evangélico Álvaro Dastugue, han conseguido reunir 69.260 firmas en contra. Se trata de una cifra que al superar el 2% del censo electoral obliga a convocar un primer referéndum sobre la materia, no vinculante, pero que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral a la derogación de la ley obliga a la convocatoria de un segundo referendum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les basta una mayoría simple.

Los colectivos en defensa de los derechos LGTBI y de las personas trans han condenado la iniciativa, que consideran que atenta contra las obligaciones que Uruguay ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, repudiando muy especialmente «el uso de la distorsión y la mentira como medios hacia la recolección de las firmas presentadas». En un comunicado secundado por varias decenas de organizaciones, de hecho, la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans desmiente uno por uno los principales argumentos de las que se han valido los promotores del referéndum. «No estamos dispuestxs a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio en contra de los avances logrados. A los ataques conservadores antiderechos responderemos con resistencia siempre. Nuestro derecho a SER es urgente», finaliza el texto. De hecho, algunos colectivos han promovido ya una denuncia penal contra Iafigliola y Dastugue por incitación al odio, un delito que el Código Penal de Uruguay reconoce expresamente que puede estar motivado por la orientación sexual o la identidad sexual de las víctimas.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Marta Kauffman durante el aTVfest 2018 en Atlanta (Foto: Para Griffin/Getty)

La co-creadora de Friends, Marta Kauffman, asegura que si pudiera cambiar una sola cosa de la serie sería la trama tránsfoba sobre la madre de Chandler

Ver hoy en día un capítulo de Friends es un peligro: raro es el capítulo en el que no hay un chiste que percibimos como machista, homófobo, tránsfobo e incluso clasista. Aunque la serie terminó hace ahora 25 años, internet sigue debatiendo sobre si Rachel debía acabar con Ross o no, la gente sigue escandalizándose con el machismo de los personajes masculinos y otros aplauden a Rachel como una heroína feminista.

Y luego esta “lo del padre de Chandler”.

Desde el principio de la serie (recuerda, 1994) los espectadores sabíamos que el padre de Chandler había dejado a su madre para irse con el chico de la piscina y que iba a verle a los partidos del instituto vestido de mujer (y repartiendo frutas entre sus amigos). No fue hasta 2001 cuando se nos presentó al personaje, que interpretó la actriz Kathleen Turner.

Visto ahora, era evidente que «el padre» de Chandler era en realidad una mujer trans y no hay comentario sobre ese personaje que no sea tránsfobo porque ni siquiera su hijo es capaz de dejar de llamarle «Charles» en lugar de «Helena», que es como se presenta, y la única vez que le llama «Mamá» es de forma irónica.

La co-creadora de la serie, Marta Kauffman, explicó hace unos días en una entrevista a USA Today que de todo el legado de la serie, eso es lo que más le gustaría cambiar si pudiera: “Creo que no teníamos el conocimiento suficiente sobre las personas trasngénero por aquel entonces, así que no estoy segura de si utilizamos los términos apropiados. No sé si habría conocido siquiera esos términos en aquella época. Eso es lo que más me gustaría cambiar.“

En la misma entrevista Kauffman explica que cada vez que ve un episodio hay cosas que le gustaría cambiar. Como, por ejemplo, el capítulo en el que Brad Pitt interpretaba a un ex-compañero de instituto de Ross y Rachel que había sido el que difundió el rumor de que Rachel era hermafrodita: “Probablemente hoy no haría lo de la hermafrodita si pudiera cambiar algo del capítulo con Brad Pitt”.

Y es que, como explica Kauffman, la serie “realmente es una obra de época”.

Algo en lo que coincide Kathleen Turner, que el año pasado declaró que la serie no había “envejecido bien””: “No creo que haya envejecido bien. Era una sitcom de 30 minutos. Se convirtió en un fenómeno, pero nadie se la tomó en serio como comentario social.» Turner explicó que le ofrecieron el papel como el de «la primera mujer que interpreta a un hombre que interpreta una mujer» (…) y lo aceptó porque “en esa época no había muchas personas drag/trans en televisión”. A pesar de que la actriz sí tenía claro que Helena era una mujer trans que trabajaba como drag, lamentaba que «”a mayoría de espectadores pensaban que era Charles disfrazado”.

Fuente Pink News  , vía HazteQueer

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De acuerdo al movimiento, Francisca (30) se encontraba en la calle Los Delfines del Cerro El Carmen, donde fue atacada por un vecino que la golpeó con cadenas y candados, tanto en el rostro como el torso.

Fuente Agencias

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La Justicia porteña ordenó al Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires que en 30 días corridos dicte la reglamentación pertinente para implementar en los sectores del Poder Judicial bajo su órbita el cupo laboral para el colectivo trans, establecido en la Ley 4376 de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.

El fallo es de la jueza titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 21, María Soledad Larrea. Responde a la demanda de la abogada y activista trans Cristina Montserrat Hendrickse. “Cuando yo me presenté, me respondieron que esta ley no era de cumplimiento obligatorio. Entiendo que sí, por lo que inicié una acción colectiva en la justicia pidiendo la reglamentación y una medida cautelar, para que mientras se resuelva la cuestión de fondo, se contrate a personas trans. Este fallo va sobre la reglamentación y pone un plazo de 30 días”, explica la abogada, que también es querellante.

Además, resalta Hendrickse, la importancia del fallo también radica en que exhorta a los otros poderes al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a cada uno de los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans. “Esto es muy importante porque la ley se incumple en los tres poderes y esto no es un privilegio: nuestro promedio de vida tiene que ver con la exclusión a las que nos someten en todos los ámbitos de la vida y, sobre todo, en el trabajo”, agrega la activista y abogada.

Garantizar oportunidades de trabajo digno

Aprobada en noviembre de 2012, mismo año de la Ley Nacional de Identidad de Género, la Ley 4376 en su artículo 5 establece que el Estado de la Ciudad garantiza la implementación de una política pública de “trabajo digno”. La define como: “estrategias para garantizar que las personas LGTBI accedan a oportunidades de trabajo digno y de generación de ingresos, integrando acciones que fomenten la formación para el empleo, promoviendo la articulación de actores para el apoyo al emprendimiento y la erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito local”. Y “propone la incorporación, en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de personas del colectivo trans en el sector público de la Ciudad”.

Según consta en la demanda, en respuestas a pedidos de informes de Ovistrans (Observatorio de Violencia Institucional y Social Trans) el Consejo de la Magistratura fue renuente a brindar información sobre el cumplimiento de la Ley 4376, alegando no registrar a sus empleados por su identidad de género.

“Por datos particulares sabemos que sólo una empleada es trans, en el juzgado de la Doctora Elena Liberatori, desconociendo si pertenece a planta o a contratos precarios. Lo mismo sucede en el Poder Legislativo de la Ciudad, donde trabaja una sola persona trans. Y en la administración central, también por averiguaciones particulares, se sabe que trabajan 43 personas trans, desconociendo si en planta o contrato de locación de servicios. Estos datos están muy por debajo de los 6.928 puestos de empleo trans porque allí trabajan 138.567 personas”.

Entre sus argumentos, el fallo de la jueza Larrea considera que “en los fundamentos de la Ley 4376 se estableció la necesidad de intervención directa del estado destacando que casi el 39 % del colectivo trans padece de discriminación laboral por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo por su identificación”. Y luego agrega: “Es evidente que ello repercute además en otros aspectos inherentes a los demás derechos esenciales, por caso vivienda o salud. De esta forma se verifica que lleva a condiciones de exclusión o marginalidad que requieren acciones positivas para la efectiva constitución de la igualdad garantizada”. “La falta de trabajo digno para las personas trans es una violencia estructural”

Consultada por Presentes, la abogada y activista Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos, celebró el fallo: “Confirma que la falta de reglamentación de una ley no es excusa válida para incumplirla. Los derechos son operativos, principalmente los derechos humanos, y esta decisión judicial puso las cosas en su lugar al remover los obstáculos que los distintos poderes ejecutivos colocan al retrasar o impedir el pleno acceso de las personas trans al trabajo digno”, dijo.

Además, consideró “lamentable que el Estado siga fallando y que las personas trans deban acudir a la justicia para lograr que se cumplan las leyes protectorias”. Y concluyó: “la falta de trabajo digno para las personas trans es una violencia estructural. No solamente las legislaciones de cupo laboral atacan esa problemática, sino que la propia Ley de Identidad de Género garantiza el libre desarrollo de la persona acorde a su identidad autopercibida y eso claramente comprende el acceso al ámbito laboral”

Fuente Agencia Presentes, vía SentidoG

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Una buena noticia nos llega desde Turquía. Según ha anunciado el colectivo Kaos GL, un tribunal administrativo regional ha puesto por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital turca, en base al estado de emergencia declarado en esa fecha. Queda pendiente de decisión una segunda prohibición, emitida en octubre de 2018, pero el maltratado activismo LGTB turco puede al menos celebrar una primera (y significativa) victoria.

Como recogimos en su momento, el entonces gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado en noviembre de 2017 prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. La prohibición, cuyo antecedente había sido el veto, pocos días antes, a la celebración de un Festival de Cine LGTBI Alemán (organizado entre otros por la embajada germana) se fundamentaba en una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno turco. Las organizaciones Kaos GL y Pembe Hayat (o Pink Life) apelaron la decisión, pero la justicia rechazó en un primer momento la apelación. Ahora, sin embargo, el 12º tribunal administrativo de Ankara ha estimado sus argumentos al considerar que la prohibición era «indefinida y ambigua». «Debe garantizarse la seguridad de los eventos, en lugar de prohibirlos», ha argumentado además el tribunal.

La decisión ha sido saludada tanto por los colectivos demandantes como por ILGA Europa, organización que en su momento criticó con dureza la decisión de las autoridades turcas. Sin embargo, como la propia Kaos GL explica en su página web, queda pendiente todavía el recurso por una segunda prohibición de eventos de temática LGTB emitida por el gobernador de Ankara en octubre de 2018, con posterioridad al estado de emergencia decretado por el Gobierno turco (que finalizó en julio). Una segunda prohibición, por cierto, que el pasado mes de febrero un grupo de diputados pertenecientes al Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo solicitaron por carta al gobernador de Ankara que derogase. Entre ellos los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Javi López (PSC) y Jordi Solé (ERC).

Confiemos en que la justicia ponga también punto final a esta segunda prohibición, uno más en una larga serie de episodios de discriminación contra el colectivo LGTB turco, ejemplarizados por ejemplo en la reciente prohibición del Orgullo LGTB de Estambul, la principal ciudad turca. En 2013 nos hacíamos eco del éxito de dicha celebración, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

La complicada situación política 

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, en abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía, a la que pese a todo trata de resistir una parte importante de la sociedad turca. Un dato esperanzador ha sido, en este sentido, el reciente resultado de las elecciones municipales, donde la oposición del Partido Republicano del Pueblo (actualmente un partido secular de centro-izquierda) ha conseguido arrebatar a los islamistas de Erdoğan las alcaldías de Ankara y Estambul (en este último caso por un margen muy ajustado).

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja de chicos ha denunciado haber sido víctimas, el pasado viernes por la noche, de una agresión de cáracter homófobo en Catwalk, una conocida discoteca del Port Olímpic de Barcelona. Una de las víctimas ha explicado a TV3, la televisión autonómica catalana, que él y su compañero se encontraban en el interior de un baño cuando los vigilantes de seguridad reventaron la puerta, que les cayó encima, hiriendo a uno de ellos en la nariz y los labios.

Después de sacarlos del baño, la pareja asegura que los vigilantes los agarraron por la cintura y los arrojaron fuera de la discoteca «como un saco de patatas». Según su versión, no les dieron explicación ninguna, pero continuaron burlándose de ellos incluso cuando se encontraban ya fuera del local. «Estaba clarísimo que era un acto de odio de personas homófobas», explica a TV3 uno de los chicos. Insertamos a continuación el vídeo de con el testimonio de uno de los denunciantes (en catalán, pero fácilmente comprensible sin ser catalanoparlante):

Los jóvenes han presentado ya la correspondiente denuncia ante los Mossos d’Esquadra y la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Como se puede ver el el vídeo, también han notificado lo sucedido al Observatori contra l’Homofòbia, entidad que recientemente reclamaba medidas urgentes ante el repunte de agresiones por LGTBfobia en Cataluña y que asegura disponer ya de un histórico de denuncias por conductas de LGTBfobia en locales de ocio del Port Olímpic (en el reportaje de TV3, por ejemplo, se menciona el caso de una chica trans a la que le denegaron el acceso a uno de los locales).

Según pública La Vanguardia, la sala Catwalk asegura por su parte que todas las personas son bienvenidas al local al margen de su orientación sexual y descarga la responsabilidad de lo sucedido en el servicio de seguridad, contratado a una empresa externa. Según justifica la discoteca, la política de esta empresa es que al encontrar dos personas juntas en un mismo baño se les solicita que lo abandonen «para prevenir el posible consumo de drogas».

Algo que, al menos en principio, no cuadra con el relato de los denunciantes y las imágenes de las lesiones sufridas… Estaremos atentos a cómo evoluciona el caso.

Fuente Dosmanzanas

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Hace treinta y cinco años, llegaba a los cines de España Vestida de azul (1983), el primer documental patrio protagonizado por seis mujeres trans que se estrenaba en salas comerciales. Y, para sorpresa de sus responsables, se convirtió en un éxito de taquilla que amortizó muy bien los cuatro duros que había costado ponerlo en marcha. Esa cinta, pionera y de gran interés informativo, es el punto de partida del ensayo Vestidas de azul. Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la Transición española (Dos Bigotes), donde la periodista Valeria Vegas analiza cómo los medios y el cine abordaban la transexualidad en una época hostil para un colectivo demasiado expuesto. 

La escena inicial de esa atípica película ilustra muy bien la esencia de la trama: la reasignación de la marginalidad. En esa secuencia, un grupo de mujeres —entre las que se encuentran varias de las protagonistas— ejerce la prostitución en una calle de Madrid cuando un coche policial se presenta en el lugar para llevar a cabo una redada contra trabajadoras sexuales. La escena podía ser ficcionada, pero recreaba una situación nada extraña para las allí presentes, puesto que cualquier agente podía detenerlas en esa época amparándose en la entonces aún vigente ley sobre «peligrosidad social».

«Eran años donde el término travesti ni siquiera se veía confuso (salvo cuando el entrevistado era un médico), y se asumía erróneamente que englobase por igual al artista transformista que a las mujeres trans», explica a Dosmanzanas la autora. «Porque ‘travesti’ no se empleaba para los hombres trans. Ellos, afortunadamente, resultaban invisibles ante ese error descriptivo. Las protagonistas empleaban el término de la misma manera coloquial que lo hacía el resto de la sociedad».

A fin de cuentas, la información sobre el tema brillaba entonces por su ausencia en una España que jugaba, como podía o sabía, a ser moderna. Algo de lo que daban buena cuenta las protagonistas del bizarro documental, que en las conversaciones que mantienen entre ellas esbozan sus alegrías e ilusiones, pero también sus miserias y los motivos por los que, tan a menudo, se sentían despojos humanos. «El mundo, la sociedad y su entorno no cesaban en decirles que eran lo peor. Y ellas se lo acababan creyendo. Digamos que en aquella España aún no había calado el ‘I will survive’ de Gloria Gaynor. No había autoestima ni desde la cultura de masas», apunta Vegas.

La perra vida a la que estaban abocadas las minorías sexuales en esa época se cebó fuera de los focos con las seis protagonistas de la película. De hecho, cuatro de ellas (Eva, Loren, Tamara y Renée) fallecieron víctimas del sida, la drogodependencia o la exclusión social. Hoy día, solo sobreviven Nacha y Josette —a quien muchos daban por muerta hasta hace poco, y que en la película protagoniza un curioso reencuentro con quien entonces era su exmujer en la vida real— . «Josette vive en Madrid, nunca se sintió identificada como mujer trans y en los años noventa regresó a su identidad masculina. Nacha lleva una vida tranquila en Vigo», apunta Vegas.

La intención inicial de su director, Antonio Giménez-Rico, era la de hacer una película de ficción, pero el burgalés cambió de idea a medida que, en el proceso de documentación, se acercaba a la triste realidad de las mujeres trans de la época. Eso sí, tuvo claro desde el primer momento que no quería caer en el sensacionalismo ni los prejuicios. Y que tampoco pretendía juzgar ni moralizar a la sociedad.

El cineasta cuenta en el ensayo que, al principio, trató de buscar perfiles distintos, pero vio que aquello sería una misión casi imposible, dado que la inmensa mayoría de esas mujeres se veían obligadas entonces a dedicarse al mundo de la prostitución y el cabaré. Lo triste es que los empresarios de esas salas de fiesta con espectáculos de transformismo solían contratar a mujeres trans y travestis con el único fin de exhibirlas como fenómenos de feria.  «Y ellas, por muy buena intención que tuviesen, sabían que esos matrimonios y público variado que acudían a verlas lo hacían desde el morbo”, explica la periodista. «No se les daba la oportunidad de progresar como vedettes, y otras muchas estaban en el espectáculo sin tan siquiera valer para ello. Era el camino paralelo a la prostitución. Otra vía de explotación al fin y al cabo. Cuando a finales de los ochenta acabó la moda de los cabarets, tuvieron que buscarse la vida».

Vestida de azul se llegó a presentar en el (aún entonces no competitivo) Festival de San Sebastián, pero se perdió en el tiempo. «Hoy en día es una película maldita que estuvo años sin distribución, y parece ser que hasta la copia de la Filmoteca está algo estropeada. ¡Siempre quedará el legado de ripear el VHS!», apostilla Vegas sobre una película que hoy día forma parte de la historia LGTB española.

Pero, además de celebrar la existencia de este documento audiovisual, la periodista explica en su libro las desalentadoras claves del tratamiento sensacionalista y transfóbico que se daba en los años de la Transición a las noticias protagonizadas por mujeres transexuales: «El tratamiento transfóbico en artículos y en el cine se veía de manera natural. Era un linchamiento asumido tanto a nivel público como individual, incluso en los años noventa. La conclusión a la que llegué es que los beneficios de la democracia sólo eran disfrutables para la sociedad imperante, dentro de esa mayoría hetero-cis. Las minorías asumían los aires de libertad con la resignación de no tener ciertos derechos».

«Ha mejorado, pero ha sido una evolución lenta y torpe», responde la valenciana cuando se le pregunta si cree que el tratamiento informativo de la realidad trans ha evolucionado como debería. «Casi podríamos decir que esa ética deontológica para el colectivo de personas trans no empieza a aplicarse hasta hace un lustro. Lo importante es saber de dónde venimos, por eso quise escribir este libro. El mañana ya depende de nosotros».

Fuente Dosmanzanas

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La ONG presenta un demoledor informe contra Japón después de que el país ratifique la ley que obliga a las personas que buscan un cambio de género legal a someterse a esterilización. 

El pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Japón ratificó la Ley 111 contra la que Takakito Usui, un hombre trans, había puesto una demanda. Según la Ley 111 cualquier persona que quiera cambiar su género legal “no puede tener glándulas reproductivas, o éstas han de haber perdido permanentemente su función“. Es decir, que se han de someter a un proceso de esterilización.

No solo eso, la Ley 111 (aprobada en 2003) también obliga a las personas trans a “poseer un cuerpo que parezca tener partes similares a los órganos genitales del género opuesto“. Efectivamente, además de esterilizarte también tienes que someterte sí o sí a una reasignación de sexo.

Y si no, no existes. Como declaró Usui después de la sentencia que tumbó su caso legal, “lo esencial no debería ser si te has hecho una operación o no, sino cómo quieres vivir como individuo“.

Tras esa sentencia del Supremo la ONG Human Rights Watch se puso a trabajar y durante dos meses ha entrevistado a 48 personas trans que viven en Japón y a varios abogados, doctores y académicos por todo el país. El resultado del informe es demoledor: “El procedimiento en Japón para cambiar el género legal de un individuo es regresivo y dañino“. Sí, he traducido “regressive” como “regresivo” porque puede significar tanto “retrógrado” como “contraproducente” y causalmente esa Ley es esas dos cosas.

Como explica Kanae Doi, directora de Human Rights Watch en Japón, el país “debe defender los derechos de las personas trans y dejar de obligarlas a someterse a una cirugía para ser legalmente reconocidas“. El informe, titulado “Un obstáculo muy alto: El Abusivo Proceso de Reconocimiento Trangsénero Legal“, añade en su resumen que “la legislación en concreto -conocida como la ‘Ley de Casos Especiales de Desorden de Género’- es contraria a la legislación sobre derechos humanos internacional y a las últimas prácticas médicas internacionales.” Una ley que,añade Kanae Doi, “está basada en una premisa anticuada que trata la identidad de género como una ‘enfermedad mental’ y debe ser revisada urgentemente“.

Hace unos meses la Seguridad Social japonesa anunciaba la creación de un programa para ayudar a las personas trans a costear las operaciones necesarias para cumplir los requisitos legales. Y es que desde que se supo que Tokyo sería la sede de los JJ.OO. de 2020, el país nipón parecía haber empezado ligeros pasos hacia la igualdad del colectivo LGTB+ al, por ejemplo, prohibir a sus hoteles discriminar a parejas gais e incluso empezando a promover políticas contra la discriminación del colectivo. Es posible, como han señalado varios activistas LGTB+ de Japón, que los Juegos Olímpicos sean una oportunidad para que el país se abra a Occidente y comience a adoptar valores sociales más progresistas.

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Un profesor de Virginia (EEUU) que, supuestamente, siguió y acosó en el baño a un estudiante trans* se quedará sin su trabajo al final de este curso por decisión unánime de la junta de educación.

El profesor en concreto se llama Lee Livengood y da clases, de momento, en el Liberty High School.

“No hay otra razón que no sea el hecho de que simplemente deseamos que él no continúe como empleado de la Junta de Educación del Condado de Harrison”.

El profesor en cuestión es, además, el subdirector Lee Livengood y fue suspendido a final del año pasado cuando se enteraron de lo ocurrido con el alumno Michael Critchfield.

Supuestamente, se acercó a Michael, que estaba usando un puesto en el baño de los chicos, y le preguntó por qué estaba usando las instalaciones para hombres. Luego le dijo que utilizara el baño para demostrar que era un hombre. Cuando el chico intentó salir del baño, Lee, bloqueó la salida y preguntó qué pasaría si otro chico pensara que estaba tratando de revisarlo en el baño y cuando finalmente permitió que se fuera, Livengood dijo : “No voy a mentir. Me asustas.”

Después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se quejara ante el director de la junta escolar del Condado de Harris en diciembre, Livengood fue suspendido temporalmente. Sin embargo, regresó al trabajo a principios de 2019 después de enviar a Critchfield una mísera disculpa que decía: “Lamento profundamente haber alzado mi voz mientras estaba en el baño el 27/11/18. Prometo que no volverá a suceder “.

La ACLU dijo que la escuela no estaba tomando ‘medidas serias’ para abordar el incidente y que no había cumplido con los términos acordados cuando las dos partes resolvieron la queja en enero.

La ACLU dijo: “Después de recibir la carta y los informes de que Livengood seguía vigilando el período de almuerzo de Michael, se hizo dolorosamente claro que ni Livengood ni las Escuelas del Condado de Harrison estaban tomando medidas serias para abordar lo que sucedió en el baño ese día”.

“No debería estar en la misma habitación que Michael, nunca. Este fue un incidente muy traumático “, dijo el director legal de ACLU.

Mientras tanto, Critchfield dijo que se negaría a permitir que lo que le sucedió fuera escondido. En un comunicado de prensa de la ACLU en diciembre, Critchfield, de 15 años, dijo que el incidente con Livengood lo había dejado aterrado. “Al final del día, todo lo que quiero es sentirme bienvenido y seguro en mi escuela. El comportamiento del señor Livengood en el baño ese día fue aterrador y ningún estudiante merece ese tipo de tratamiento”.

Fuente Oveja Rosa

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Así lo denuncia la FELGTB con motivo del Día de la Visibilidad Trans

Con motivo del Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora este viernes, 15 de marzo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) denuncia, gracias a los datos extraídos de una encuesta realizada por la propia Federación a una muestra de personas trans de todo el territorio español, que el 42% de quienes respondieron sufrieron amenazas o maltrato psicológico durante 2018.

Este sondeo, de respuesta múltiple, aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa, sí releva datos significativos como es el hecho de que casi el 70% de las 70 personas entrevistadas fueron insultadas en este periodo de tiempo, el 31%, acosadas y que el 42% sufrieron negación al acceso laboral. Además, nos muestra que el 16% fue víctima de agresiones o abusos sexuales, mientras que el 9% sufrió violencia con lesiones y el 12% violencia sin lesiones. Por otra parte, el 19% reconoció haber sufrido discriminación a la hora de acceder a los servicios sanitarios el 31% haberla sufrido al intentar acceder a otro tipo de servicios.

Para la coordinadora del grupo trans de la FELGTB, Alicia Salvadó, “estos datos son la prueba de que la sociedad española adolece todavía de transfobia (odio, miedo o falta de aceptación de las personas trans) para lo que no ayuda en absoluto que nuestra legislación actual siga considerando a las personas trans como “enfermas” pese a que la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad del listado de trastornos mentales en 2018”.

“Son muchas las discriminaciones a las que nos enfrentamos las personas trans en nuestro día a día en el ámbito, escolar, laboral o sanitario, pero creemos que el germen de todo reside en no tener reconocido nuestro derecho a la autodeterminación”, explica la coordinadora.

El derecho de autodeterminación

La identidad de género es la percepción que cada persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género, que puede o no coincidir con las características biológicas con las que se nace. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución que invitaba a los Estados miembros a incluir en sus legislaciones el reconocimiento jurídico del género sobre la base de la autodeterminación, es decir, que a las personas se les respete su identidad de género en base a la percepción que ellas tengan de sí mismas.

Sin embargo, en España, tal y como recuerda Salvadó, “la Ley 3/2007, vigente a día de hoy en nuestro país, dicta como exigencias para poder realizar un cambio registral de género el tener un diagnóstico médico de disforia de género, haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser español y mayor de edad, lo que exlucye a un amplio sector de la sociedad trans que seguirá teniendo unos datos en todos sus documentos oficiales contrarios a su identidad de género”.

“Para que la sociedad reconozca y entienda nuestra realidad, necesitamos ese respaldo legislativo que estaba a punto de ser conseguido antes del adelanto electoral, pues se trataba de una medida que estaba siendo tramitada en la Comisión de Justicia y contaba con el apoyo mayoritario de los grupos políticos”, explica la coordinadora. “Desde FELGTB confiamos en que los grupos mantengan ese compromiso durante la próxima legislatura”, añade.

Por este motivo, y partiendo de ese derecho de autodeterminación, la FELGTB reivindica que se modifique la Ley 3/2007, así como que el Sistema Nacional de Salud incluya dentro de su cartera de servicios comunes la asistencia sanitaria necesaria para la reasignación de sexo, así como los tratamientos durante la pubertad dirigidos a evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados y a propiciar los deseados.

En este sentido, exige que ninguna persona pueda ser sometida a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico o psiquiátrico que coarte su libre autodeterminación de género y que las personas puedan prestar por sí mismas el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica a partir de los 16 años de edad.

Por otra parte, la FELGTB entiende que la educación debe ser el eje de cambio que permita alcanzar una sociedad inclusiva que camine hacía el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, familiar y de género. Por este motivo, la considera una de las herramientas más poderosas para acabar con la transfobia.

Así, para luchar contra las discriminaciones que sufren las personas trans en el territorio español actualmente, la FELGTB reivindica la creación de programas de información dirigidos a los centros educativos y cursos de sensibilización y capacitación para ayudar al profesorado a incorporar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar de manera transversal en sus currículums formativos. Asimismo, exige la implantación de protocolos de actuación específicos para casos de acoso escolar por motivo de LGTBIfobia y la formación y sensibilización del personal sanitario y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado sobre la realidad y necesidades de las personas trans, para animar a éstas a denunciar las violencias que sufren y garantizar así una correcta atención durante el proceso.

Por otra parte, para avanzar hacia la igualdad real de derechos, la FELGTB exige también, entre otras medidas, el acceso a los tratamientos de reproducción asistida a través de la sanidad pública a toda persona con capacidad de gestar y la implementación de medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans, por estar en situación de especial vulnerabilidad (el 85% de estas personas está en situación de desempleo).

Fuente FELGTB

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Como cada año, la guía de viajes Spartacus World ha publicado su lista anual de países y territorios puntuados según su nivel de aceptación de las personas LGTB. Este año encabezan la lista Canadá, Suecia y Portugal, que obtienen una nota perfecta de 10 puntos. España, por su parte, aparece en cuarto lugar, junto a otros 12 países, que han alcanzado los 9 puntos. La lista valora positivamente las legislaciones antidiscriminatorias y favorables a los derechos LGTB, pero también el ambiente social de aceptación. Por otra parte, resta puntos por la influencia negativa de las organizaciones religiosas, el ambiente social hostil, las legislaciones discriminatorias, la persecución o los crímenes LGTBfobos. Como en años anteriores, el último lugar es para Chechenia, un territorio en el que la población LGTB es objeto de persecución policial, confinamiento y tortura.

La guía de viajes Spartacus World está orientada al público LGTB y anualmente publica una lista para que sus usuarios puedan comprobar gráficamente el estado de los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en los lugares de destino de sus desplazamientos. Podéis consultarla aquí.

Al estar relacionada con los viajes y el turismo, la lista no solo incluye países, sino también territorios que suponen un destino turístico diferenciado, facilitando así búsquedas más concretas. En total son 197 localizaciones, que son calificadas según 14 categorías distintas.

Se valoran positivamente:

• La legislación contra la discriminación de las personas LGTB (hasta 3 puntos, según su alcance).
• El matrimonio igualitario (2 puntos) o las uniones civiles para parejas del mismo sexo (1 punto).
• La adopción homoparental (hasta 2 puntos si no difiere de la heteroparental).
• La legislación favorable a los derechos de las personas transexuales (hasta 2 puntos, según su alcance). Además, este es el primer año que se tiene en cuenta.
• La equiparación en la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales y heterosexuales (1 punto).

Se valoran en negativo:

• La influencia negativa de las organizaciones religiosas (resta hasta 2 puntos).
• Las restricciones para viajar a las personas que viven con el VIH (resta 1 punto).
• Las leyes contrarias a los derechos de las personas LGTB (resta 1 punto).
• La existencia de leyes que prohíben la homosexualidad (resta 1 punto).
• La prohibición del Orgullo LGTB (resta 1 punto).
• El ambiente social hostil (resta hasta 2 puntos).
• La persecución de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La frecuencia de los asesinatos de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La pena de muerte para las relaciones homosexuales (resta hasta 5 puntos).

La lista la encabezan Canadá, Suecia, y Portugal, que obtienen 10 puntos al sumar la máxima puntuación en las categorías positivas y no tener ningún punto negativo. Los dos primeros repiten el puesto obtenido el año pasado, mientras que Portugal alcanza por primera vez esa posición, debido a sus recientes leyes sobre autodeterminación de género. Tras ellos, obtienen el cuarto lugar, con 9 puntos, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, la Isla Reunión, España y el Reino Unido.

Como en el año anterior, los últimos lugares los ocupan Irán, Arabia Saudí, Somalia y Chechenia, países donde está implementada la pena de muerte para las relaciones homosexuales o cuyas fuerzas policiales persiguen y torturan a la población LGTB.

España repite la misma puntuación que en pasados años, si bien en este ocupa una posición inferior al haber tres países con 10 puntos. La falta de una ley antidiscriminatoria de ámbito nacional ha impedido que alcance la puntación perfecta. Caben destacar las bajadas en la clasificación de países como Alemania o Francia, que anteriormente habían obtenido la misma puntuación que España. El descenso se debe, como ocurrió en el caso del Reino Unido, al incremento de las agresiones LGTBfobas y la falta de reacción de las autoridades para atajarlas. Alemania ha descendido del tercer puesto en 2018 hasta el vigésimo tercero en 2019. El clima social de fuerte LGTBfobia tras la victoria de fuerzas políticas ultraconservadoras y la promoción de legislaciones que hacen perder los derechos adquiridos por la población LGTB ha tenido como consecuencia que Brasil baje hasta el puesto 68 y los Estados Unidos hasta el 47. Por otra parte, Spartacus World está pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos en países como Costa Rica o Taiwán, que muy posiblemente legislen en poco tiempo a favor del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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Dos personas han sido detenidas y se encuentran ya en prisión como presuntas responsables de la muerte de una mujer trans, cuyo cuerpo sin vida apareció la semana pasada en un huerto cercano a Castellón. Colectivos LGTB valencianos habían pedido una rápida respuesta, además de condenar el tratamiento informativo que por enésima vez recibió la noticia en los primeros momentos por parte de algunos medios de comunicación.

El cadáver de la mujer, de 49 años, fue encontrado el viernes, 1 de marzo, en un huerto cercano a la ermita de Sant Jaume de Fadrell, en las cercanías de la capital castellonense, una zona en la que al parecer se ejerce de forma habitual la prostitución. Según las primeras investigaciones murió asfixiada. Tras investigar al entorno de la víctima y lo que había hecho durante sus últimas horas de vida, agentes de la Policía Nacional detuvieron un día después a dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 46, que ya se encuentran en prisión como presuntos responsables de su muerte. Uno de los detenidos había salido recientemente de prisión.

A la indignación por lo sucedido se sumó, en los primeros momentos, la condena por el trato que algunos medios de comunicación, como El Periódico Mediterráneo, hicieron del caso, llegando a referirse a la víctima como «un varón disfrazado de mujer». En este sentido, además de expresar su condena y solicitar, como «lo principal»,determinar quién o quienes habían sido los agresores y que fueron puestos a disposición judicial cuanto antes, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, Castelló LGTBI y el Colectivo LGTBIQ Queer Fest de Castelló hicieron público un comunicado en el que insistieron, una vez más, en que este tratamiento informativo «caricaturiza a la víctima, la revictimiza y vulnera su dignidad». «Negar la identidad a la víctima es revictimizar a las personas, someterlas a un señalamiento público innecesario y desinformar, alentar el prejuicio y el estereotipo», señalaron.

«Hay que seguir trabajando por la erradicación de toda violencia que sufren las personas trans, especialmente las mujeres, y recuerda que hay que desarrollar la ley trans del País Valenciano de forma que se proteja a las personas trans, formar a los cuerpos policiales y evitar que se trate la información de estos casos de forma estereotipada», declaró Pastora de Florencio, presidenta de Castelló LGTBI. «En un momento en el que el odio contra las mujeres y personas LGTBI centra el discurso de la extrema derecha insistimos en la necesidad de alargar la acción protectora de la legislación contra la violencia machista, no segregando por concepciones biologicistas. Decimos no al terrorismo machista y a la violencia contra las mujeres trans», añadió por su parte María de Castro, miembro de la ejecutiva de LGTBIQ Queer Fest de Castelló.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, por su parte, recordó que a lo largo de 2018 la entidad ha registrado 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes. El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se ha producido en la provincia de Castellón, que han aumentado el registro de incidentes y delitos de odio de 8 registrados en 2017 a 21, lo que supone triplicar la cifra.

«Es imprescindible desarrollar la ley LGTBI de la Comunitat Valenciana aprobada en noviembre de 2018, que contiene medidas para erradicar la LGTBIfobia, su prevención y condena, como son la formación a los cuerpos de las policías locales de la Comunitat en ciudades de más de 50.000 habitantes», ha declarado Toño Abad, director de Observatorio, que ha reclamado muy especialmente formar a los agentes de la Policía Local, «la más cercana a la ciudadanía y la que más habitualmente acude cuando se ha sufrido una agresión homofóbica o tránsfóbica». «Exigimos implicación del Ministerio del Interior para que haya agentes de enlace en Guardia Civil y Policía Nacional, formados y especializados,  a quien poder acudir en caso de que tengamos constancia de una agresión discriminatoria, lo que ya se hace en otros tipos de crímenes (xenofobia, por ejemplo). Las organizaciones que defendemos los derechos de las personas LGTBI nos sentimos muy desamparadas en el trato con aquellos que tienen que cuidar de que no se vulneren nuestros derechos y que se proteja nuestra seguridad», ha añadido Abad.

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La Transfobia que han desatado algunos medios es impresentable…

La siguiente historia se ha hecho viral en los últimos días, y puede que por los motivos equivocados, que han contribuido a expandir la transfobia de aquellos que la han difundido. Un hombre descubre que su mujer es trans tras 20 años y quiere anular el matrimonio.

Ha sucedido en Bélgica. Los protagonistas de esta historia se llaman Jan y Mónica. Jan es un hombre belga que tiene 64 años de edad y que llevaba 19 años de matrimonio con su mujer, Mónica. Ella es una asistenta de origen indonesio, pero lo que su marido no sabía de ella es que se había sometido a una operación de cambio de sexo. Y cuando él se enteró, entró en cólera.

Lo cierto es que Mónica sí engañó a Jan, ya que ahora él cuenta que ella simulaba tener el período. El hombre jamás sospechó nada del pasado de su mujer hasta que uno de sus hijos, de un matrimonio anterior, le abrió los ojos y le alertó de la mentira. Jan ha dicho que “era una mujer atractiva y no tenía rasgos masculinos”. Ya sabes, Jan es de esos hombres que cree que las mujeres trans deben ser hombres feos con peluca o algo así, pero bueno. Jan también ha revelado a los medios de comunicación que habían acordado no tener hijos juntos y que nunca sospechó nada de nada.

Ahora este hombre belga ha emprendido acciones legales contra su mujer, después de que ella le confesara la verdad, que es una mujer trans. Jan pretende lograr la nulidad de su matrimonio, la nulidad de casi 20 años de amor compartidos. ¿Crees que es para tanto o este caso viral lo único que demuestra es la transfobia de uno de sus protagonistas?

Fuente Cromosomax

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Una comisión del Senado de Dakota del Sur ha rechazado un proyecto de ley que limitaba gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. El texto había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace unos días y perseguía la prohibición de la enseñanza de la «disforia de género» al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. A pesar de la derrota de la iniciativa, otra propuesta de carácter tránsfobo está pendiente de tramitación. Su objetivo, obligar a los alumnos trans a participar en las competiciones deportivas con el sexo que les fue asignado al nacer.

El pasado día 12, la Cámara de Representantes aprobaba, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero, justificándola con argumentos tránsfobos sobre la «protección» de los alumnos frente a las «influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en referencia a los menores trans.

Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se pronunciaron. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.

La implicación de todos ellos ha conseguido que la iniciativa acabe en vía muerta. El viernes pasado, una comisión del Senado rechazaba la admisión a trámite del proyecto de ley 1108, por siete votos a dos. Se trata de la tercera medida de carácter tránsfobo que tumba el legislativo en lo que va de año. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Sin embargo, una medida similar, el proyecto de ley 1225, espera su tramitación en la Cámara de Representantes. Sus legisladores votaron hace tres semanas en contra de una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.

Aunque la persecución legal de las personas trans parece haberse acelerado en los últimos meses, no son estas las primeras medidas contra la comunidad en el estado del Medio Oeste. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto. Dakota del Sur se ha colocado a la vanguardia del movimiento reaccionario contra las personas trans, pero se calcula que actualmente son 78 las iniciativas LGTBfobas pendientes de tramitación en el conjunto de los Estados Unidos.

Fuente Dosmanzanas

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