La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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La organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

El kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

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La comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

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Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cicloide y Artsmedia, han realizado esta magnífica campaña contra la violencia hacia las mujeres lesbianas, bisexuales, con discapacidad y personas trans.

El spot, creado por Arcigay, representa el lanzamiento del proyecto de la organización «plural femenino irregular», financiado por la Presidencia del Consejo de Ministros – Departamento de Igualdad de Oportunidades italiano.

El objetivo de la campaña es crear conciencia sobre el tema de la violencia que afecta a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans o que sufren alguna discapacidad.

El anuncio tiene cuatro historias que parecen esconder el miedo, la violencia y la discriminación. La joven que huye de casa debido a una salida no aceptada por su padre. La mujer trans que se siente acosada y amenazada. La chica bisexual molestada. La mujer con discapacidad que todos piensan que nunca encontrará a nadie. Pero la pasión, afortunadamente, la complicidad, la amistad y el amor conducirán a las cuatro historias a tomar otro camino. Porque precisamente, «la violencia no es una historia ya escrita. Juntos hacemos la diferencia».

Hay dos mensajes principales: en primer lugar, hay una violencia específica que afecta a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y que sufren alguna discapacidad. Una violencia con nombre propio: lesbofobia, bifobia, transfobia y discafobia, y que adquiere diferentes apariencias: el rechazo tras la salida; agresión física o violación de la percepción de un espacio seguro; acoso sexual o la expectativa de una relación sexual no solicitada o no deseada. El prejuicio que nos hace creer que las personas con discapacidad no tienen derecho a una sexualidad plena o una relación estable.

En segundo lugar, la aceptación de la responsabilidad colectiva detrás del fenómeno de la violencia: nos cuestiona a todos en nuestra vida diaria. Pero elegir no ser violento es posible. Así como la decisión de abandonar el miedo y vivir como personas libres también está en nuestras manos.

«Hay un posible cambio -comentó Natascia Maesi, directora de políticas de género en la secretaría nacional de Arcigay- una revolución que pasa por pequeños gestos diarios de amor, complicidad, amistad y respeto por los demás y que todos debemos tener el coraje de llevarlo a cabo.»

La urgencia de reflexionar sobre este tema nació de la conciencia de que las mujeres que no se ajustan a las expectativas sociales y culturales vinculadas a un modelo de sexualidad hetero-normativo, sexista y de género, parecen estar más expuestas a procesos de estereotipos, prejuicios y estigmatización. y discriminación que a menudo resulta en diferentes formas de violencia (victimización verbal, física, directa, indirecta, primaria y secundaria).

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. 25 de noviembre, Arcigay, Artsmedia, Bifobia, Cicloide, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Discafobia, Italia, Lesbofobia, Transfobia, Violencia, «plural femenino irregular»

Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo acto de violencia organizada contra el colectivo LGTBI paraguayo, solo un mes después del asedio y agresión a los participantes en una marcha en favor de sus derechos. En esta ocasión ha sido en Ciudad del Este, donde de nuevo un grupo de personas autocalificadas como «provida» y «profamilia» cercaron un festival promovido por el colectivo SomosGay. Entre ellos se encontraba un concejal de la localidad, que llegó a derribar parte del mobiliario instalado para el evento. El evento iba a ser una fiesta. Arrancó a las 10 de la mañana con danza, música, canto y servicios comunitarios de salubridad. También montaron una feria que promocionaba proyectos independientes. Pero del otro lado de las rejas, al mismo tiempo, el sector autodenominado “provida y profamilia” colocó sábanas por el cercado perimetral del parque. Su idea era impedir la visualización de los actos del festival desde las afueras “para proteger la integridad de los niños”.

El pasado sábado, SomosGay celebraba en Ciudad del Este (departamento del Alto Paraná) su Festival por la Igualdad y la Libertad 2019. Un evento que, en la línea tradicional del activismo LGTBI paraguayo, buscaba reivindicar derechos en un clima festivo y familiar y aliviar el mal sabor de boca que había dejado en el colectivo lo sucedido el pasado 29 de septiembre en Hernandarias (también en Alto Paraná), cuando los activistas que participaban en otro evento fueron violentamente atacados por  contramanifestantes convocados por los mencionados grupos «profamilia». Un acoso que llegó a ser justificado por el intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, cuya actitud llegó incluso a merecer el reproche de la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo.

Celso Mirada “Kelembu”, concejal de Ciudad del Este, acompañado por un grupo de antiderechos, irrumpió en el Festival por la Igualdad y la Libertad el sábado pasado y comenzó a destruir la decoración y a agredir a les manifestantes. La concentración se llevó a cabo en el Parque Chino, (Av. Bernardino Caballero, centro de CDE) y aglutinó a cerca de 100 personas.

El Festival de Ciudad del Este contaba con actuaciones musicales y servicio gratuito de tests rápidos del VIH, entre otras actividades. «En compañía de todas las familias, amigos y amigas, más unidos y unidas que nunca, viviremos una jornada llena de entusiasmo para fortalecernos en el camino hacia un Paraguay libre de odio y discriminación», anunciaba SomosGay. Lamentablemente, los defensores del discurso del odio volvieron a aparecer para tratar de impedirlo. Grupos autodenominados «profamilia» se personaron en el parque en el que se desarrollaba el evento y lo cercaron con sábanas, intentando invisibilizarlo (una estrategia que también utilizaron en Hernandarias). El concejal Celso «Kelembu» Miranda,  presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, irrumpió derribando parte del mobiliario instalado para el Festival. También se lanzaron piedras contra los asistentes. SomosGay ha lamentado el clima de «amedrentamiento, insultos y provocaciones», que los asistentes tuvieron que soportar, «además del bloqueo de la zona, impidiendo a las personas acceder al Parque Chino. En el lugar se encontraban familias, adolescentes, amigos y amigas, quienes estuvieron expuestos al peligro, el odio y la furia provenientes de estos grupos violentos».

El siguiente vídeo (inserto en un tuit de @a24compy, un medio paraguayo) muestra algunas imágenes de lo sucedido:

De esta manera el concejal Celso Miranda alias @Kelembucde y un grupo de militantes “pro-vida” intentaron impedir una marcha que organizó el grupo @SOMOSGAY en Ciudad del Este. ⬇
Mirá: https://t.co/3QI2Dhm0ln.#Ahora #A24Py pic.twitter.com/wrBVDSucsz

— A24compy (@a24compy) 28 de octubre de 2019

El festival organizado por SomosGay Ciudad del Este fue una respuesta política a la agresión que sufrieron les miembres de la organización Diversxs de Alto Paraná hace un mes. Y, a pesar de que la organización LGBT solicitó protección policial, el concejal de la Asociación Nacional Republicana (ANR), “Kelembu”, ingresó al parque; derrumbó las mesas, sillas y arrancó la decoración que habían instalado más temprano les organizadores.

“Llegaron a gritar con parlantes, con bocinas, como hicieron en Hernandarias. La diferencia es que, esta vez, vinimos preparados. Teníamos un equipo de sonido mucho más fuerte que tapaba el ruido, habíamos conseguido guardia de la policía. No podíamos dejar que el relato del sector conservador quede instalado”, dijo Simón Cazal, cofundador de SomosGay, en diálogo con Presentes.

Una hipótesis que maneja Sofía Masi,  jefa de prensa de la municipalidad de Ciudad del Este y activista de la agrupación feminista Kuña Poty, es que la  Policía no colaboró con les activistas porque tenía órdenes de no tocar al concejal una vez que ingresara al parque. “Duele porque daba mucha impotencia estar en el festival en una plaza pública, con personas ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y, del otro lado, una autoridad que venía a atacarnos. Tenía cables y bombas”, expresó.

Que tire la primera piedra

Alpra Zolange, no binarie de 22 años, estuvo a cargo de conducir el evento de SomosGay, y contó que los agresores lxs trataron de “putos” y “kururú (sapos) con teta”. “Nos insultaron, nos tiraron piedras, nos derramaban agua por el rostro. Cuando ingresaron, hasta padres de familia atacaron a nuestrxs compañerxs”, refirió.

Les miembres del colectivo LGBT intentaron cortar con tijeras las sábanas, desde el interior del parque, pero se produjo una serie de forcejeos y discusiones. Los antiderechos, que tiraban piedras a les activistas, hirieron en la cabeza a una adolescente de 17 años que se encontraba de su lado, sosteniendo la sábana y tuvo que ser asistida por los bomberos.

Además, una simpatizante “provida profamilia” que arrojaba las piedras intentó despojar su cámara a un periodista del diario Vanguardia por registrar los hechos de violencia.

“Cuando escucho que alguien canta ‘con mis hijos no te metas’, se me vienen a la memoria muchos recuerdos de mi infancia. Ellos se metieron en mi niñez cuando yo salí del clóset. Se metieron conmigo y me discriminaron desde chiquitito”, siguió Alpra.

“De la oscuridad a la luz”

Días antes del festival, empezó a gestarse una plataforma de escrache dirigida específicamente a violentar el evento. La Gobernación de Alto Paraná invitó a la activista provida Sara Winter a brindar una conferencia titulada De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar. Winter realizó, además, una serie de charlas donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas.

“Con una resolución quieren violar la constitución nacional y los derechos garantizados internacionalmente. Es una política de retroceso de derechos conquistados tras largas luchas. Desde las municipalidades, las gobernaciones, las cámaras de senadores, desde el propio Estado se emiten resoluciones en las que se declaran pro-vida y pro-familia”, cosignó Masi.

“Me indigna mucho que esta gente nos trate de esta manera. Hace cinco años que con SomosGay venimos luchando en Ciudad del Este y recibimos bloqueo tras bloqueo. Esto tiene que servir para unirnos más como colectivo LGBT, no vamos a parar. Tienen que entender que somos seres humanos y estamos llenos de amor”, manifestó Alpra. Y Masi agregó: “Nosotras creemos que estamos en una nueva dictadura: la dictadura de los antiderechos”.

SomosGay denuncia: la agenda ultraconservadora se ha instalado en Paraguay

SomosGay ha denunciado que acciones como la de Ciudad del Este no son hechos aislados o espontáneos. «Forman parte de una agenda orientada a frenar los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, incluso poniendo en riesgo la integridad física de las personas», explican desde el colectivo, según el cual una plataforma de escrache dirigida directamente a violentar el Festival empezó a gestarse días anteriores durante una charla de la activista «provida» brasileña Sara Winter. Una charla que según el colectivo paraguayo tuvo lugar bajo la organización de la Gobernación de Alto Paraná. «Winter realizó, además, una serie de charlas en ese tenor, donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas, siendo expuestos al discurso de odio e información tendenciosa. Es preocupante que quienes deberían ser los primeros en velar por la seguridad de las personas y propiciar el bienestar de toda la ciudadanía, sean quienes generen violencia, vulneren derechos y expongan a los ciudadanos a situaciones de alto riesgo», lamenta SomosGay.

El colectivo SomosGay ha reiterado en un comunicado posterior que los actos de violencia perpetrados en las últimas semanas no son casos aislados, sino que «forman parte de una estructura institucionalizada orientada a frenar el acceso a derechos». «La comunidad LGBTI+ continúa sufriendo persecuciones que se recrudecieron considerablemente en los últimos meses, con actos de violencia alentados por las propias autoridades locales, ataques en eventos celebrados en espacios públicos y proliferación del discurso de odio. Todo esto ante la casi nula intervención del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta exacerbación del discurso antiderechos junto con los ataques permanentes a miembros de la comunidad no se tratan de actos fortuitos e inconexos. Existe suficiente evidencia para afirmar que la agenda ultraconservadora prospera a grandes pasos a nivel regional, reclutando a fieles católicos, evangélicos e incluso a legisladores y parlamentarios, a fin de frenar el avance de los derechos humanos», denuncia.

SomosGay pone de nuevo como ejemplo lo sucedido con la activista «provida» Sara Winter, «quien a través de la Gobernación de Alto Paraná realizó la charla ‘De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar’, de la que participaron la concejala Sandra Miranda y el concejal conocido como ‘Kelembu’, quien luego lideró una turba y violentó el Festival por la Igualdad y la Libertad 2019». «Durante su estadía en nuestro país, Winter participó de programas televisivos, impartió conferencias ante niños, niñas y adolescentes de varias instituciones educativas, se presentó en la Costanera de Hernandarias, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción y en el Centro Familiar de Adoración. De esta forma, su presencia alimentó el resentimiento que luego detonó el sábado en el Parque Chino de Ciudad del Este», continúa la nota. Sara Winter, cuyo nombre real es Sara Fernanda Giromini, es una antigua activista feminista ahora reconvertida a activista «provida», que apoya a Jair Bolsonaro y se ha convertido en una de sus principales embajadoras en la exportación del discurso de odio contra las personas LGTBI.

Apoyo al colectivo LGTBI paraguayo

Desde dosmanzanas aprovechamos para trasladar todo nuestro apoyo al colectivo LGTBI de Paraguay, un país que viene experimentado en los últimos años una preocupante deriva ultraconservadora de la mano de grupos ideológicamente vinculados tanto a la Iglesia católica como a iglesias evangélicas y que ha cobrado ya significativa fuerza política. Baste recordar lo sucedido hace ahora dos años, cuando el Ministerio de Educación emitió un decreto que prohibía la difusión de materiales escolares sobre «ideología de género [sic]». Una decisión que dejaba a las escuelas de Paraguay sin materiales educativos para formar, entre otros temas, sobre la diversidad sexual y de género.

Pese a todo, el activismo paraguayo no se rinde y continua su labor de visibilización de la realidad LGTBI y su lucha en favor de los derechos. Una labor que pasa por extender los eventos fuera de la capital, Asunción, donde ya han alcanzado una presencia consolidada. El pasado 29 de junio, por ejemplo, unas dos mil personas marchaban por el centro de la capital paraguaya mientras el presidente del país, Mario Abdo, presumía en Twitter de defender «a la familia como fundamento de la sociedad y a la protección de la vida desde la concepción». Y este 29 de septiembre, el mismo día que era atacado en Hernandarias, el activismo volvía a salir a las calles de Asunción para conmemorar los 60 años de la publicación de «carta a un amoral» en el diario El País de Paraguay, un texto que, 10 años antes de los disturbios de Stonewall, se considera punto de arranque de la lucha en favor de los derechos de las personas LGTBI en el país.

Fuente Agencia Presentes (Por Juliana Quintana. Fotos: Luis Centurión Gómez)/Dosmanzanas

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Ahí… donde más les duele, en el negocio. Bien por Netflix.

El diario ABC, una de las principales cabeceras de la prensa escrita española aseguraba hace unos días que la plataforma estadounidense Netflix ha decidido vetar a la cabecera «en sus relaciones comerciales, por un criterio ideológico y no empresarial». Todo parece indicar que la plataforma online habría decidido dejar de invertir en publicidad en el diario, de línea editorial conservadora, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Según ABC, Netflix habría tomado la decisión de «vetar» a su diario y a Vocento —grupo editorial al que pertenece el diario— «en sus relaciones comerciales» por un «criterio ideológico y no empresarial». El diario español explica que Antonio Ábalos, director de Marketing de Netflix, «esgrime como único argumento para vetar a ABC un encarte comercial que se repartió con este diario hace tres años». 

Como ya recogimos en marzo de 2017, el diario ABC difundió junto a su periódico el panfleto LGTBfobo editado por esta organización ultraconservadora —el mismo que HazteOír hizo llegar unos meses antes a cientos de colegios públicos y privados de toda España—, junto a un manifiesto «por la libertad de expresión» que HazteOír pedía firmar y devolver por correo. Curiosamente, la difusión del contenido tránsfobo coincidía en ABC con una impactante portada mostrando a diversas personalidades sociales y políticas contando que ellas iban a misa todos los domingos.

En el citado panfleto, firmado por HazteOír y CitizenGO (su marca internacional), se denigraban los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo y se recopilaba todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, y muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. «Como es natural, ABC no comparte en ningún caso las tesis de dicho encarte, como no asume las de muchos de los contenidos publicitarios que se publican cada día. Igualmente, entendemos que Netflix tampoco hace propias las ideas de series, películas y documentales que ofrece a sus espectadores en todo el mundo», se ha excusado ahora el diario español, comparando la ficción con el intento de adoctrinamiento con tesis tránsfobas.

«Por supuesto, la compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a decidir dónde coloca su publicidad y cómo realiza sus campañas de promoción. Del mismo modo, este diario tiene derecho a sostener la gravedad que representa que una multinacional del entretenimiento decida subvertir las reglas del juego y tratar de imponer una tendencia ideológica en un país, y que lo haga además a partir de una información falaz», apuntan.

«Con su actitud, Netflix está vetando por decreto y tratando de influir en la sociedad española con idea de dirigir a los medios a un determinado punto. Es un hecho de extrema gravedad que una plataforma de entretenimiento utilice sus decisiones comerciales con este fin, sobre todo si han sido tomadas con los criterios y caprichos ideológicos de una persona, para silenciar a los que no piensan del mismo modo que ella», añade el mismo diario. Por su parte, Netflix no se ha manifestado aún públicamente sobre el asunto.

Fuente Dosmanzanas

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Una joven trans de 18 años se ha quitado la vida en Llíria (Valencia). Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de suicidio adolescente debido al odio tránsfobo. Guardia Civil y juzgado de instrucción nº 3 de la localidad valenciana investigan ahora los mensajes de odio que la chica había recibido durante los meses previos debido a su condición de mujer trans por si pudieran se constitutivos de delito.

La joven, que llevaba tiempo en tratamiento y ya había dado los primeros pasos para afrontar el cambio de sexo tras cumplir los 18 años, se quitó la vida el pasado martes, 29 de octubre, tras quedarse sola durante unos minutos en casa de una amiga con la que estaba pasando la tarde. Según informa el diario valenciano Levante, el juzgado ya ha iniciado los trámites para citar como testigos a amigos, compañeros de estudios y familiares de la joven para evaluar hasta qué punto el acoso tránsfobo que sufrió ejerció como detonante del suicidio. De acuerdo a la informacion de Levante, la chica llevaba al menos un año soportando insultos y burlas tránsfobas cada vez que colgaba en alguna de sus redes sociales vídeos y fotografías reproduciendo canciones de sus artistas preferidos, lo que al parecer era una de sus pasiones. Algunos allegados aseguran además que la chica sufrió agresiones en relación con su condición de mujer trans.

No se trata, por desgracia, de la primera noticia sobre un suicidio de un adolescente trans que recogemos en tiempos recientes en nuestro país. Sucedió en Móstoles en mayo de 2018, cuando Thalía, otra chica de 17 años, decidió quitarse la vida. Antes conocimos los casos del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Adolescentes trans: altas tasas de suicidio

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia hace ahora un año, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

Seguramente no sea suficiente para erradicar todos los casos de acoso tránsfobo, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans. Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado como están sucediendo, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía, donde los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox están introduciendo importantes limitaciones en las políticas educativas en favor de la diversidad.

Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal).

Por último, pero no menos importante, sigue pendiente la aprobación de un marco legislativo estatal que vaya más allá de las cuestiones registrales y que otorgue una mayor protección jurídica a las personas trans que sufren acoso, violencia o discriminación, sea en forma de una ley general contra la discriminación de las personas LGTBI o de una ley específica de transexualidad. Los antecedentes, en este sentido, no son precisamente tranquilizadores: la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI impulsada por la FELGTB y registrada en el Congreso en mayo de 2017 nunca llegó a ser aprobada por el bloqueo impuesto en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Mientras tanto, la sangría prosigue.

Fuente Dosmanzanas

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Ha sucedido en Avilés (Asturias). Una mujer trans, de 38 años de edad y nacionalidad brasileña, ha sido brutalmente asesinada a puñaladas. La Policía Nacional investiga lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer, que ejercía el trabajo sexual, pudo ser asesinada por un cliente. Aún está por determinar el posible componente de odio.

Según informa El Comercio, el cuerpo de la mujer fue encontrado por una limpiadora a primera hora de la tarde del sábado en un piso de la calle La Cámara de Avilés, en el que la mujer ejercía el trabajo sexual. Presentaba al menos quince heridas de arma blanca, aunque será la autopsia la que determinará la causa última de la muerte, que podría haberse producido el día anterior. El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, ayer de guardia, ha decretado el secreto de sumario.

A la espera de tener más información de lo sucedido, el colectivo asturiano XEGA ha convocado este lunes 23 de septiembre una concentración en Gijón, delante de la Gota de Leche, a las 20:00 horas. El colectivo LGTB asturiano ha expresado su repulsa por el asesinato y ha pedido la aprobación en Asturias de una ley contra la discriminación de las personas trans:

Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, también ha expresado su condena del asesinato, y a la espera de que se aclare el posible componente de odio, también ha reclamado al Principado de Asturias la aprobación de una ley «que ampare a a las personas trans y garantice que tanto sus derechos como su nivel de protección sean como los de cualquier otra persona».

Se trata, en nuestro conocimiento, de la segunda mujer trans asesinada este año en España. El pasado marzo dos personas fueron detenidas como presuntas responsables de la muerte de otra mujer, cuyo cuerpo sin vida apareció en un huerto cercano a Castellón. En 2018 murió de Eli, objeto de una brutal paliza en Valladolid a manos de un menor. Y en octubre de 2016 fue Lorena Reyes la que murió en Santa Cruz de Tenerife (un jurado popular absolvió posteriormente al único acusado por su muerte).

Fuente Dosmanzanas

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Campaña Nora y su mochila menguante

Preocupantes datos los que desvela un estudio elaborado por la FELGTB según el cual el 58% de las personas trans ha sido víctima de transfobia durante su etapa escolar, sobre todo en forma de insultos, acoso y amenazas. LA FELGTB considera urgente la aplicación de protocolos específicos de acompañamiento para menores y jóvenes trans, que parecen mejorar de forma muy clara estas cifras. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes los datos extraídos de una encuesta realizada a una muestra de personas trans de entre 16 y 24 años de todo el territorio español que revela que casi el 60% (58%) sufrió transfobia en el ámbito escolar.

Esta transfobia, según el sondeo, se tradujo en forma de insultos (40% de incidencia), acoso (25%), amenazas (22%), ciberviolencia (18%), agresiones físicas (12%) y violencia sexual (9%) hasta el punto de que el 83% de los jóvenes que la sufrieron declaró que su etapa educativa fue menos feliz que la del resto del alumnado. Además, el 58% de quienes sufrieron estas violencias aseguró que el centro educativo no tomó ninguna medida para castigar a quienes las ejercieron.

La investigación (que puedes descargar aquí), aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa sí ofrece datos significativos, revela además que, tras ser víctima de estas agresiones, solo el 15% de las personas encuestadas encontró apoyo en el profesorado y un 20% no encontró apoyo en nadie. El 40% de los menores y jóvenes trans víctima de transfobia se apoyó en otros miembros del alumnado.

Por otra parte, los datos muestran que Secundaria es la etapa en la que más personas sufrieron transfobia (37%), seguida de Primaria (25%), Bachillerato o FP Superior (22%), educación Infantil (9%) y Universidad (7%). Un 57% de las personas víctimas de transfobia declararon haberla sufrido durante más de una etapa escolar.

Discriminaciones y dificultades del alumnado trans relacionadas con la identidad de género.

El 53% de las personas encuestadas afirmó que en el entorno escolar nunca o rara vez se las llamaba por su nombre de acuerdo a su género y un 66% explicó que en la documentación escrita siguió figurando el nombre que les asignaron al nacer.

Por otra parte, cuándo fueron preguntadas por las principales dificultades encontradas durante su etapa educativa, coincidieron en que, al margen del acoso verbal y/o físico, lo peor para ellas fue la falta de apoyo y comprensión por parte del profesorado y del resto del alumnado; el sentimiento de soledad; la falta de información y formación sobre la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual y familiar que ellas mismas tenían y el sentimiento de no poder expresar quiénes eran por miedo al rechazo.

También señalaron aspectos puramente relacionados con la gestión del centro como la diferenciación del uniforme en función del género, la separación por género en asignaturas como educación física o los WC binarios. Y es que, el 89% respondió que en su centro existían actividades separadas por géneros; el 76% indicó que no existía en su centro educativo intimidad para cambiarse de ropa; el 99% explicó que en sus centros los aseos están diferenciados por géneros y el 88% aseguró que durante festividades y festivales (navidad, carnaval, etc.) se empleaba vestimenta diferente para chicos y chicas.

Repercusiones de las violencias y la discriminación

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, de los datos de la encuesta también se desprende que el 28% del alumnado trans víctima de violencia tuvo que cambiar de centro y que en personas trans de entre 16 y 20 años existe una tendencia al abandono escolar temprano superior a la de la población escolar de la misma edad.

Además, el 81% de las personas encuestadas utilizó un término negativo cuando se les pidió que describieran con una palabra su etapa escolar. Los adjetivos más repetidos fueron: horrible, agobiante, dura, infierno, difícil, costosa, incómoda y complicada.

La importancia de los protocolos 

Sin embargo, el informe arroja algo de luz ya que, según las respuestas de las personas encuestadas, mientras que en los centros educativos donde no existía protocolo de acompañamiento para menores y jóvenes trans, el 74% de las personas encuestadas declaró no haber encontrado ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad educativa, en los centros donde sí se contaba con protocolo, esta cifra descendió hasta un 27%.

Por este motivo, Carlos Castaño, miembro de la Comisión Ejecutiva de FELGTB ha recordado durante el acto la necesidad de implantar estos protocolos de manera obligatoria en todos los centros educativos del territorio estatal. “Aún hay muchas CCAA que carecen de leyes autonómicas LGTBI que hacen obligatorios estos protocolos. También hay otras CCAA, donde sí existe legislación, pero está sin implementar por falta de dotación presupuestaria”, ha declarado y ha recordado que “se trata de menores que están sufriendo y su calidad de vida depende en muchas ocasiones de gestos simples”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que, mientras se aprueban e implantan las legislaciones, mejore la vida de estos menores con gestos sencillos como llamarles por su nombre sentido, eliminar la separación por géneros en actividades como la educación física o permitirles vestir el uniforme correspondiente a su identidad sentida de género.

“En cualquier caso, no podemos dejar que los derechos de los menores y jóvenes dependan de la buena voluntad. Por eso, exigimos la aprobación de la Ley Estatal LGTBI que recoge todas estas medidas de forma prioritaria tras la formación de gobierno”, ha concluido Castaño.

A la luz de estos datos, FELGTB ha desarrollado una campaña dirigida a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular para sensibilizar sobre la realidad de los menores y jóvenes trans.

Conoce la historia de Nora y su mochila menguante:

Archivos

Informe menores trans FINAL-comprimido.pdf (4,58 MB)

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Adolescentes LGTB, Carlos Castaño, Delitos de Odio, Educación, FELGTB, LGTBfobia, Niñas trans, Niños trans, Nora y su mochila menguante, Personas transgénero, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Interesantísimo artículo:

Por Pilar Salazar 

Ilustración: Florencia Capella 

Hace unos días un conocido medio de comunicación digital en Guatemala publicó un artículo haciendo apología del “antifeminismo”. Es un escrito poco atinado, haciendo ver al feminismo (que tampoco es monolito) como un dogma, tan violento como el Islam o Judeo-Cristianismo. Mientras tanto, un grupo secreto “sororo” de mujeres al que fui invitada por una amiga, estaba poniendo reglas de membresía y durante ese proceso pusieron a votación y opinión de las integrantes (entre ellas yo, trans) si era bueno incluir a las mujeres trans. Lo que cuestionaba era si éramos o no mujeres. Me sentí molesta porque había un pensamiento en el ambiente que percibía a las mujeres trans como una amenaza.

Mi intención al escribir no es dividir ni atacar el movimiento feminista, sino visibilizar de qué manera estamos respondiendo a estos ataques en paralelo a nuestras acciones cotidianas. También vamos a coordinarnos colectivamente para no pasarnos llevando a otras compañeras de las que desconocemos (por decisión) sus luchas y que en lugar de sumar al movimiento pueden restar o dividir.

Cuesta entender que también las mujeres trans andamos en las luchas feministas, nos interesan muchas de las mismas luchas que se intersectan con las de las mujeres cisgénero.

Las radicales trans excluyentes no son feministas

Viv Smyth las llamó TERFs en referencia al “feminismo radical trans excluyente” que se refiere a las mujeres cisgénero “feministas” que piensan que las mujeres trans no son mujeres y que la lucha feminista no les pertenece. Pero voy a ser rebelde y contradecir esta conceptualización, pues en mi opinión y en la de muchas feministas, ser “trans radical excluyente” no es una característica de los feminismos sino una postura que lleva implícito el dispositivo biologicista (basarse en la genitalidad para categorizar una identidad de género).

Tiene un bagaje de lógicas cisexuales que mantienen una venda para no ver los privilegios que le dan cancha a la cis-normatividad femenina de “decidir” violentamente si las mujeres trans podemos ser mujeres y estar en los mismos espacios o no.

Es una necedad paternalista y al mismo tiempo de exclusión porque no hay espacio ni capacidad de entender que las mujeres somos diversas y que en general a esta parte de la diversidad transfemenina nos matan antes de cumplir 35 años en América Latina. Creo que justificar el desconocimiento de la lucha que llevan las mujeres trans por parte de movimientos «feministas» cisgénero ya no es un argumento válido para desentenderse y violentar. Muchas mujeres y varones trans apañamos las mismas luchas porque también nos atraviesa el aborto, acoso sexual callejero y más.

¿Quiénes son lxs sujetxs politicxs del feminismo?

Abrirse al diálogo y aceptar que no nos ha importado o que tenemos aristas que discutir es el primer paso para evitar la confrontación y división que, como lo he dicho, en algunos espacios es una posibilidad que está llegando a Centroamérica. Son las pocas ganas de hacer, por ejemplo, una pregunta tan básica como la propuesta por Paul Preciado: ¿quiénes son lxs sujetxs politicxs del feminismo?

Ya no basta con decir que para subirse al barco contra la lucha del sistema patriarcal y desarme de las opresiones hay que tener una vulva. Propongo que hablemos de interseccionalidades y nos preguntemos ¿a quiénes ataca el sistema patriarcal? Aquí hablo de cuerpos oprimidos feminizados.

El axioma de que una vulva es igual a una mujer y un pene es igual a un hombre se rompe con la transexualidad o transgenerismo, pero también al producirse la intersexualidad, por ejemplo. Y el poder disciplinatorio de la medicina occidental da la muerte a una ficción y nacimiento a otra.

Teresa de Lauretis dijo que, como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales. En palabras de Michel Foucault, es el despliegue de una tecnología política compleja.

¿Tiene sentido seguir hablando de feminismo o de feminismos?

Parafreaseando a Preciado: sí, siempre que sea una forma de combatir los mecanismos específicos del control, producción de las subjetividades sexuales, raciales, estéticas, etc.

La matriz heterosexual^[1] intenta reducir la multiplicidad de los cuerpos a la masculinidad y la feminidad desde la política genital, sin tomar en cuenta que los sistemas de opresión llegan hasta las periferias de los cuerpos subalternos^[2]. En este punto debo decirlo, que me parece poco ético y nada sororo despotricar contra las mujeres trans al momento de defender el feminismo de los machos violentos, argumentando desde la lógica biologicista. Es importante y contracorriente de estas aristas la apertura al diálogo y a la resolución de dudas para fortalecer y no dividir lo que tanto ha costado para las feministas.

^[1] Judith Butler, El género en dipusta, 1990. Estados Unidos

^[2] Saurabh Dube, Sujetos subalternos, 2001

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Feminismo, Guatemala, Identidad de género, Judith Butler, Michel Foucault, Mujer, Paul Preciado, Teresa de Lauretis, TERFs, Transexualidad, Transfobia, Viv Smyth

Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

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Salvaje agresión a una mujer trans en Alicante, que quedó tumbada en el suelo, inconsciente, tras recibir una paliza a manos de dos individuos que ya han sido detenidos. La víctima fue ingresada en el Hospital General de Alicante, aunque por fortuna fue dada de alta pocas horas después.

Según detalla el diario Información de Alicante, los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del jueves, en la calle Segura de la capital alicantina, a la salida de un after. La víctima comenzó a ser objeto de insultos en el interior del local por su condición de mujer trans. Al abandonarlo, los dos detenidos y otra mujer salieron tras ella. Ya en el exterior continuaron increpándola. De los insultos pasaron a los golpes. La mujer cayo al suelo, donde continuaron dándole patadas (al parecer uno de los agresores se empleó con especial violencia) y quedó inconsciente. Testigos de lo que estaba sucediendo llamaron a la Policía, ante lo cual los agresores huyeron, no sin antes robarle a la víctima dos bolsos y un teléfono móvil.

La Policía Nacional acabó sin embargo por localizarlos poco después en los aledaños del Castillo de San Fernando, no lejos de lugar donde tuvo lugar la agresión. Se trata de dos hombres de nacionalidad argelina, de 30 y 19 años de edad, que han sido acusados de un presunto delito de odio (en concreto, de un delito contra la integridad moral) y de otro delito de robo con violencia. Tras pasar la noche en Comisaría, han quedado en libertad a la espera de juicio. El informe policial ha sido trasladado tanto al Ministerio Fiscal como la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. La víctima, por su parte, fue dada de alta tras pasar varias horas en el Hospital General de Alicante. Sufre contusiones múltiples.

La Federación Plataforma Trans ha condenado lo sucedido y ha pedido a todas las fuerzas políticas la aprobación de una ley trans integral de ámbito estatal que contribuya a poner fin a este tipo de situaciones. «Somos un colectivo sobre el que los agresores sienten impunidad a la hora de ejercer estas violencias (…) Nuestras vidas no valen menos; no vale todo contra nosotras; es necesaria una implicación de las instituciones para poner fin a esta lacra social que es la transfobia», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

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Contramanifestantes de extrema derecha intentaron impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este de Polonia. Un evento que había despertado las iras del sector más conservador de la provincia de Podlaquia, de la que Białystok es capital, incluyendo las de su arzobispo católico, Tadeusz Wojda. Varios activistas resultaron salvajemente agredidos y hubo una veintena de detenidos.

La valentía del activismo LGTBI polaco consigue que, pese a las dificultades, cada año se celebren más eventos del Orgullo en Polonia más allá de la capital, Varsovia, cuyo Orgullo LGTBI ya consigue reunir a decenas de miles de personas y que tiene al frente a un alcalde, Rafał Trzaskowski, que hace unos meses firmó una avanzada declaración de apoyo a la comunidad LGTBI y lucha contra la discriminación. Lejos queda 2010, cuando bajo una fuerte protección policial la capital polaca acogía el primer Europride celebrado en Europa oriental sin apoyo alguno de las autoridades locales. Mucho más difícil es la situación en otras ciudades de Polonia, como vimos el pasado mes de octubre en Lublin, al este del país, que solo pudo celebrar su primer Orgullo después de que la justicia levantase la prohibición impuesta por su alcalde y bajo una intensa protección policial frente a los contramanifestantes, que intentaron interrumpirlo arrojando petardos y bombas de humo. Entonces se produjeron 21 detenciones y un agente resultó herido.

Janek Skarzynski/Agence France-Presse — Getty Images

Este sábado era Białystok, también al este del país, la que celebraba su primer Orgullo. Entre 800 y 1000 valientes activistas se manifestaron por las calles de la ciudad, de cerca de 300.000 habitantes. Lo hacían, sin embargo, bajo una fuerte protección policial debido a la presencia de unos 4.000 contramanifestantes en diversos puntos de la ciudad. Entre ellos, numerosos jóvenes de extrema derecha, extremadamente violentos, y que según informan diversos medios internacionales habían acudido desde el resto del país para hacer gala de su violencia e impedir el normal desarrollo del evento. Los ultras insultaron y lanzaron objetos contra los agentes de policía, que acabaron por cargar contra ellos. Hubo, según CNN, 20 detenidos. Se registraron además varias agresiones por parte de estos indeseables a participantes en el Orgullo o a personas cuya apariencia simplemente les desagradaba y que por desgracia no tuvieron la suerte de encontrarse en ese momento protegidos por la policía, como documentan diversas grabaciones difundidas en Twitter y que muestran el salvajismo de los LGTBfobos:

Footage purportedly of violence from opponents of today’s LGBT march in Białystok pic.twitter.com/qfEdB64vmm

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) 20 de julio de 2019

today’s pride parade in bialystok (poland) was stopped and attacked by homophobes with glass, fireworks, explosives, stones, bricks. helicopters were used but the police was hopeless. young people, elderly and even kids were hurt. i feel sick and ashamed pic.twitter.com/VXfgdaRAPh

— sebby 💜💣 #sejin (@h0tmez) 20 de julio de 2019

En otros puntos de la ciudad, entretanto, grupos ultraconservadores vinculados a la Iglesia católica celebraban actos de desagravio. El arzobispo católico, Tadeus Wojda, convocó por ejemplo una vigilia de oración en la catedral y animó a los fieles a participar en un «picnic a favor de la familia» convocado a mediodía. Wojda hizo público un comunicado en el que calificó al Orgullo de «iniciativa ajena a nuestra tierra» y acusó a sus participantes de constituir «un ejemplo escandaloso» para niños y los jóvenes, de profanar símbolos cristianos y de blasfemia.

No esta de más recordar, en ese punto, que el pasado mes de mayo la policía polaca detuvo a una activista bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos simplemente por difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado.

Insertamos a continuación dos vídeos publicados en YouTube que recogen algunas imágenes de los choques entre los contramanifestantes y la policía, uno de ellos de Polskie Radio Białystok, un medio local, y otro de Euronews:

Desde dosmanzanas aprovechamos para trasladar toda nuestra solidaridad al activismo LGTBI polaco, que vive momentos complicados ante el auge de las políticas reaccionarias de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna Polonia (y que comparte escaños en el Parlamento Europeo con Vox, la formación española de extrema derecha con la que comparte ideario contrario a los derechos LGTBI).

Fuente Dosmanzanas

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El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp, «cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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Incomprensible sentencia la de la sección 7ª Audiencia Provincial de Barcelona, que ha absuelto a tres hombres que agredieron a dos mujeres trans de un delito contra la integridad moral por razón de orientación o identidad sexual al considerar que «probablemente» estos desconocían su condición trans. 

Lo publicaba este lunes eldiario.es. Aunque en primera instancia un juzgado de Terrassa consideraba probadas las expresiones tránsfobas supuestamente usadas por tres de los agresores, del tipo de «¿sois hombres o mujeres?» o «¿quién tiene la polla más grande?», los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran verosímil la versión de estos, según la cual desconocían que las víctimas eran mujeres trans cuando les preguntaron por el precio a pagar a cambio de servicios sexuales, lo que derivó finalmente en una pelea.

Al creer la versión de los agresores y desaparecer de los hechos probados las citadas expresiones tránsfobas, según la Audiencia de Barcelona ya «no cabe hablar de menosprecio a una orientación o identidad sexual que desconocían». Esa sería la razón argumentada para absolverles del delito contra la integridad moral, por el que habían sido condenados a seis meses de prisión, aunque sí se reconoce que causaron lesiones leves a las mujeres, por lo cual únicamente deberán abonar una multa de 180 euros. La sentencia sí que reconoce que uno de los agresores le dijo a una de las mujeres «si eres un hombre entonces te puedo pegar», pero considera que esta expresión «no entraña desdoro alguno» y que fue pronunciada una vez iniciada la pelea, por lo que no puede considerarse demostrativa de que esta se iniciase por una motivación tránsfoba.

Curiosamente, la Audiencia de Barcelona sí mantiene la condena a un cuarto individuo que agredió a una tercera víctima, un joven gay amigo de las dos mujeres, al que llamó «maricón» y al que según la sentencia sí agredió «por la condición de homosexual que su manera de vestir, moverse y hablar denotaba». La sentencia destaca además que una de las víctimas señaló a este cuarto acusado como el que desencadenó la pelea.

Una serie de argumentaciones, en definitiva, que nos deja realmente sorprendidos y que ilustra a la perfección la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario las mujeres trans. No solos los únicos. «No compartimos este cuestionamiento del odio tránsfobo. Hace falta contundencia ante la violencia hacia las personas trans», expresaba en redes sociales el Observatori contra l’Homofòbia.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatori contra l’Homofòbia presentó hace unos días los datos cuantitativos de su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2018 (puedes descargarlos aquí). Durante este periodo, el Observatori tuvo conocimiento de 113 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán, dos más que en 2017 y 28 más que en 2016. Pero lo más alarmante del informe es que 71 de ellas (el 62,8%) no fueron denunciadas, lo que supone un fuerte aumento de la infradenuncia respecto a 2017, cuando «solo» 31 (el 27,9%) no fueron denunciadas.

Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 41,6% de las incidencias (el año pasado fueron el 47,7%). A continuación se situaron los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (13,2%) y los episodios de LGTBfobia institucional (10,6%):

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, casi la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (49,5%). En segundo lugar se situaron las incidencias contra las personas trans (24,8%), seguidas de las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (17,7%). En el 6,2% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:

Viendo la evolución de los cuatro años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, el 15,5% en 2016, el 17,1% en 2017 y el 24,8% (la cuarta parte) en 2018.

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (61 personas) fue de 34,1 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 36 a 45 años, seguido del intervalo de 26 a 35:

Por lo que se refiere al itinerario de los 113 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 17 de ellos (un 15%) fueron denunciados por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su «deber de intervención» cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTB. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de la ley catalana contra la LGTBfobia, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico en octubre de 2017. Otras 13 denuncias fueron interpuestas por via penal (el 11,5%). El resto de itinerarios suponen un porcentaje claramente menor. Pero lo que destaca muy especialmente este año es la ausencia de denuncia en 71 incidentes (el 62,8%) lo que supone un incremento muy importante de la infradenuncia: en 2017, ese número fue de 31 (el 27,9%):

Por lo que se refiere a la distribución territorial, la provincia de Barcelona (con gran diferencia la más poblada) es la que mayor número de incidencias registra (81,1%), seguida de Tarragona (8,9%), Girona (7,8%) y Lleida (2,2%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (35,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (27,3%), Girona (24,9%) y Lleida (12,5)%.

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos en el Centro LGTBI de Barcelona, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, puso el acento en el aumento de casos de infradenuncia, algo que no dudó en atribuir a «la desafección del colectivo hacia los canales oficiales». Rodríguez también hizo alusión, aunque los datos presentados no lo recogen, al aumento de incidencias que se habría producido en el primer semestre de 2019, el año en curso. «Estamos identificando un patrón concreto de agresores, hombres jóvenes que actúan en grupo los fines de semana en zonas de ocio, especialmente los viernes, en la ciudad de Barcelona», denunció. Una situación de urgencia que el Observatori contra l’Homofòbia denunció ya en marzo, después de que en solo unos días se produjeran cinco agresiones el diferentes puntos de Cataluña, con una de las víctimas necesitando atención hospitalaria.

Rodríguez ha vuelto a reclamar ahora a las autoridades la constitución de una mesa de trabajo para abordar la situación, así como potenciar el grupo de trabajo con los Mossos d’Esquadra y hacer del Observatori parte interesada en los procesos administrativos sancionadores, tal y como ha recomendado el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán). También ha pedido poner en marcha recursos y servicios para atender a las víctimas de la LGTBfobia que estén funcionantes de forma permanente, durante las 24 horas del día, atendidos por profesionales especializados.

Fuente Dosmanzanas

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La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.

El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.

Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).

Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.

Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.

Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.

Estaremos muy atentos.

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.

Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:

Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.

Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.

«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.

«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB

Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.

Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.

Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.

Fuente FELGTB

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