Continúa el debate sobre la reforma de la ley de identidad de género en Alemania. Los principales partidos del país, representados en el Bundestag, han retomado la discusión sobre el alcance de los cambios que necesita la regulación, que data de 1980. El Partido Liberal (FDP) y Los Verdes han presentado sendas proposiciones de ley que incluyen los principios de despatologización y autodeterminación de género que reivindican los colectivos trans. Los socialdemócratas del SPD ven con buenos ojos la medida, pero sus socios democristianos en la gran coalición (CDU/CSU) rechazan por el momento que se elimine por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. La extrema derecha representada por Alternativa para Alemania (AfD) aprovecha, por su parte, para insistir en sus mensajes de odio contra la comunidad LGTBI.

La reforma de la ley de identidad de género es una de las reivindicaciones más insistentes de los colectivos LGTBI alemanes. La norma, que data de 1980, exigía someterse a cirugía genital y esterilización para poder obtener la modificación registral del sexo. En 2011, el Tribunal Constitucional eliminó ambos requisitos por considerarlos contrarios a la ley fundamental alemana. Pero la ley mantiene la tutela médica y judicial, con la exigencia de un informe firmado por dos facultativos que se debe presentar ante el juez encargado de autorizar el cambio.

Aunque el acuerdo que renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas en febrero de 2018 obvió la reivindicación de actualizar este marco legal, el ministerio de Justicia de Katarina Barley (SPD) redactó en mayo del año pasado un anteproyecto de reforma de la ley de identidad de género. Los colectivos rechazaron de plano el texto por insuficiente, al no incluir el principio de autodeterminación, y el Gobierno introdujo el asunto de nuevo en un cajón.

Mientras tanto, los partidos de la oposición democrática han tomado la iniciativa. Hace algo más de una semana, los liberales del FPD y Los Verdes presentaron sendas proposiciones de ley en el Bundestag. Ambas cuentan con la aprobación del activismo trans y contemplan la derogación de la actual ley de identidad de género y su sustitución por una norma que simplifique los trámites desde una perspectiva de despatologización. El grupo parlamentario de Die Linke (La Izquierda), por su parte, presentó una propuesta de resolución para indemnizar a las víctimas de operaciones no consentidas de «normalización» genital. El ministerio de Justicia ya trabaja en un proyecto de ley que prohíba estas intervenciones.

Durante el debate parlamentario, el representante del SPD Karl-Heinz Brunner se mostró receptivo a la toma en consideración de las iniciativas de la oposición. Sus socios en el Gobierno, los democristianos de la CDU/CSU, rebajaron sin embargo las expectativas. Aunque aceptan la reforma de la ley de identidad de género, se muestran reticentes a eliminar por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. Finalmente, la extrema derecha de AfD aprovechó la tribuna para lanzar un mensaje de odio xenófobo y tránsfobo que mereció la condena de los grupos parlamentarios democráticos.

Las proposiciones de ley de liberales y verdes y la iniciativa de Die Linke continuarán ahora su tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias. Si la CDU/CSU no flexibiliza su postura, los focos se dirigirán probablemente de nuevo al SPD. Su dilema, unir sus votos a los de la oposición para promover un verdadero cambio que consagre la despatologización y la autodeterminación de género o someterse a las directrices de sus socios en el Gobierno.

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La ola de odio tránsfobo promovida por tanto por sectores ultraconservadores como por el feminismo transexcluyente se podría apuntar una nueva victoria, después de las conseguidas recientemente en Hungría o en Estados Unidos. Según se ha filtrado a la prensa británica, el Gobierno de Boris Johnson tendría intención de mantener la patologización de las identidades trans que contempla la vigente le ley de identidad de género, que su predecesora Theresa May había prometido derogar. De confirmarse que estas son las intenciones del Gobierno británico, las personas trans que quieran ver reconocida legalmente su identidad de género deberán seguir necesitando un diagnóstico médico y atravesar por un largo y doloroso proceso.

La vigente ley de identidad de género, Gender Recognition Act, fue aprobada por el Parlamento británico en 2004, aunque no entró en vigor hasta el año siguiente. La legislación suponía un avance sobre la situación previa, pero aun así obliga a las personas trans que quisieran ver reconocida legalmente su identidad a presentar un certificado médico de que padecen «disforia de genero» y a demostrar que llevan al menos un periodo de dos años viviendo públicamente bajo la identidad solicitada. Es necesaria, además, la aprobación por parte de un panel de «expertos», médicos, psicólogos y abogados. Solo después de que este tribunal ad hoc haya dado su visto bueno, la persona puede ver reconocida legalmente su identidad.

Un proceso que, si bien en 2004 podía suponer una mejora respecto a la situación previa, patologiza las identidades trans y niega de forma explícita el principio de autodeterminación de género. Es por eso que el Gobierno de Theresa May comenzó en 2018 un proceso encaminado a la reforma de la ley en un sentido despatologizante y que devolviera a las personas trans su dignidad. Proceso que ha incluido, como es habitual en este tipo de reformas en Reino Unido, una consulta previa a la ciudadanía, ya cerrada, y que habría recibido alrededor de 100.000 respuestas. La mayoría de ellas (un 70%, según reporta la prensa británica), favorables a reconocer a las personas trans el derecho a ver reconocida legalmente su identidad declarada. Mayoría que no habría sentado bien a los cada vez más poderosos grupos de opinión tránsfobos, un amplio espectro que agrupa desde organizaciones ultraconservadoras a un sector del feminismo que excluye a las mujeres trans como sujeto político (el conocido como movimiento TERF, «Trans-Exclusionary Radical Feminist», por sus siglas en inglés) y que tampoco parece ser del agrado del nuevo Gobierno británico presidido por Boris Johnson.

Las alarmas ya se despertaron el pasado mes de abril, cuando Lizz Truss, nombrada ministra de Igualdad por Boris Johnson, anunció que los cambios a la ley de identidad de género irían, entre otros aspectos, en el sentido de reforzar la prohibición a las personas menores de edad de adoptar «decisiones irreversibles» así como de reforzar la seguridad de los «espacios» de uso por parte de un solo sexo, sin anunciar más detalles. Un anuncio que fue recibido como un jarro de agua fría por el activismo trans, que veía en las declaraciones de la ministra una toma de postura a favor de algunos de los argumentos esgrimidos por el movimiento TERF para fomentar el odio tránsfobo (como que muchas mujeres trans son en realidad acosadores disfrazados que buscan invadir los aseos femeninos para así tener un más fácil acceso a sus víctimas). Pero ha sido ahora, pocas semanas antes de que el Gobierno anuncie oficialmente sus intenciones, cuando la filtración a la prensa británica de que el Gobierno de Johnson no tiene intención de permitir a las personas trans ver reconocida su identidad sin un diagnóstico médico cuando el miedo se ha materializado. La reforma de la ley, en este sentido, no solo podría no aportar ningún avance significativo, sino que incluso podría suponer un retroceso en los derechos del ya castigado colectivo trans británico.

Tal es así que los grupos LGTBI de los diferentes partidos políticos británicos (conservadores, laboristas, liberal-demócratas, verdes, nacionalistas escoceses y galeses y unionistas moderados de Irlanda del Norte) han aparcado sus diferencias en otras materias y ha dirigido una carta a la ministra Liz Truss en la que expresan su gran preocupación por la propuesta de reforma filtrada a la prensa británica y la marcha atrás respecto a lo prometido por Theresa May. Colm Howard Lloyd, líder del grupo LGBT+ de los conservadores, ha llegado a denunciar la «atmósfera tóxica» que a su juicio rodea en estos momentos las discusiones sobre el avance de los derechos trans.

Veremos qué sucede finalmente, dado que el Gobierno británico no se ha manifestado oficialmente. Esperemos que la sensatez se imponga y la reforma de la ley suponga avances significativos y ningún paso atrás. No obstante, el mero hecho de que se plantee esta discusión (que bien podría replicarse en España, a la luz del argumentario interno difundido semanas atrás entre cuadros dirigentes del PSOE) demuestra lo delicado del momento en que nos encontramos.

Fuente Dosmanzans

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El Observatori contra l’Homofòbia tuvo conocimiento de 160 incidentes por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo de 2019. La cifra supone un aumento de un 41,6% respecto al año anterior, cuando la entidad registró 113 incidentes. El 29,4% de los casos (47) fueron agresiones verbales, seguidas a continuación de las agresiones físicas (un total de 45, el 28,1% de los casos).  El observatorio pide medidas urgentes a las administraciones y considera que la extrema derecha ha alentado a los agresores, cada vez más deshinibidos en la intolerancia.

Tras las agresiones verbales y físicas, las incidencias más frecuentes consistieron en episodios de odio y exaltación LGTBIfóbica (30 incidencias, el 18,8%), el trato inadecuado (9,4%) y los episodios de acoso (7,5%):

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias (el 60,6% de los casos) se cometieron contra hombres gais y bisexuales. En segundo lugar se situaron las incidencias dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (16.3%), seguidas de las agresiones lesbófobas (12,5%) y tránsfobas (10,6%). A este último respecto, conviene destacar que las víctimas de transfobia fueron muy mayoritariamente mujeres (17 incidencias contra mujeres trans frente a solo 1 contra un hombre trans):

Por lo que se refiere al ámbito en el que ocurrieron las agresiones, la mayoría ocurrieron en la vía pública (el 33,1% de los casos), seguida de la vivienda (8,8%), los espacios de ocio nocturno (el 7,5%) y en ámbito laboral, el de internet y redes sociales y los medios de comunicación (un 6,9% cada uno). Un 5,6% de los casos se produjeron en el transporte público:

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (104 personas) fue de 32,8 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 36 a 45:

Por lo que se refiere al itinerario de los incidentes recogidos en el informe del Observatori, destaca la ausencia de denuncia en el 71,3% de los casos, un porcentaje que además ha ido creciendo de forma progresiva desde 2015, cuando «solo» el 27,4% de los incidentes registrados por el Obervatori quedaban sin denunciar. «Se trata de una situación totalmente anómala, ya que representan más de un tercio del total de las incidencias registradas [a lo largo de estos cinco años]. Este resultado muestra que la infradenuncia está muy presente en el colectivo LGTBI», advierte el informe. El 16,3% de las denuncias, por el contrario, fueron interpuestas por la vía penal:

Por lo que se refiere a la distribución territorial, en los casos en los que se ha podido establecer claramente (128 casos), es la provincia de Barcelona la que mayor número de incidencias registra (115), seguida de Tarragona (7), Girona (5) y Lleida (1). En la provincia de Barcelona, el 63,5% de los casos (73 de los 115) se produjeron en Barcelona capital.

El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas, en función de la población de cada provincia. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (53,9%), pero le sigue a menos distancia Tarragona (22,8%), Girona (17,3%) y Lleida (6%).

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos del informe en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, demandó el pasado jueves que «las administraciones públicas tomen nota e implementen políticas públicas dirigidas tanto a víctimas como a los agresores ante el alarmante crecimiento de la LGTBIfobia en Cataluña». Rodríguez destacó además que «los agresores tienden a ser jóvenes que actúan en grupo» y exigió por ello «medidas contundentes y las acciones educativas necesarias para terminar con el imaginario de que el odio y la violencia contra el colectivo LGTBI sale gratis».

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Puedes descargar el informe completo (en catalán) en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado contrario al Acta de Derechos Civiles de 1964 la discriminación en el trabajo de las personas LGTB. Para ello ha unido tres casos distintos, que afectaban a dos trabajadores homosexuales y a una trabajadora trans, todos ellos despedidos por su orientación sexual o identidad de género. El alto tribunal considera que han sido discriminados puesto que el despido se ha producido por razón de su sexo, dado que no habría tenido lugar si hubieran pertenecido a un sexo diferente. Se trata de la mayor victoria para los derechos de las personas LGTB estadounidenses desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en 2016. La nota amarga es que dos de los demandantes no podrán celebrar esta importante victoria, pues ambos han fallecido durante el proceso.

Se trata de una de las decisiones más importantes sobre los derechos LGTB en la historia de los Estados Unidos. Según el dictamen del Tribunal Supremo del 15 de junio, «un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transexual lo hace por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que el título VII prohíbe».

Efectivamente, el título VII del Acta de Derechos Civiles protege contra la discriminación en las relaciones laborales «por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional». En este caso, ha sido el sexo el factor contemplado por todos los implicados. La Fiscalía, en representación de la Administración Federal, y dos de los jueces del Tribunal Supremo se ciñen a la literalidad de la ley y estiman que solo está amparada la discriminación entre hombres y mujeres. Pero para la defensa de los litigantes y la mayoría del tribunal el espíritu de la ley es más amplio. Según la sentencia, «los que adoptaron la Ley de Derechos Civiles podrían no haber previsto que su trabajo llevaría a este resultado en particular. Pero los límites de la imaginación de los redactores no dan ninguna razón para ignorar las exigencias de la ley. Solo la palabra escrita es la ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio».

La sentencia ha sido sorprendente, dado el cariz conservador de la composición del Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión, a los cuatro jueces liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se han unido los conservadores John Roberts (presidente del tribunal) y Neil Gorsuch, el primer juez nombrado por Donald Trump durante su presidencia. Gorsuch, además, ha sido el ponente de la sentencia. Han emitido voto particular en contra de la sentencia los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que abogaban por la literalidad de la ley. También se ha opuesto el juez Brett Kavanaugh, el último en incorporarse al tribunal y nombrado por Donald Trump, que defendía la separación de poderes y estimaba que debía ser el poder legislativo quien modificase el Acta de Derechos Civiles, si bien defendía que este cambio debía producirse.

Los casos implicados

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos unificó en un solo caso tres apelaciones que consideró que tenían factores comunes. El caso tomó el nombre de uno de los demandantes, Bostock contra el condado de Clayton, Georgia.

Gerald Bostock era un funcionario del tribunal de menores del condado de Clayton, dentro del área metropolitana de Atlanta. A principios de 2013, se unió a una liga de softball para gais y la promovió en el trabajo. En abril de 2013, el condado de Clayton llevó a cabo una auditoría de los fondos controlados por Bostock y lo despidió por «conducta impropia de un empleado del condado».

Bostock, sin embargo, estaba convencido de que el condado utilizaba este subterfugio como pretexto para despedirlo por ser gay, e interpuso una demanda por discriminación en el lugar de trabajo en 2016 ante el Tribunal de Distrito Norte de Georgia. El condado solicitó que la demanda fuese desestimada, petición que fue aceptada por el juez, al estimar que el título VII del Acta de Derechos Civiles no incluye la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, según la jurisprudencia asentada en el Undécimo Circuito de Apelaciones, que ya había fallado en contra de demandas semejantes anteriormente. A pesar de ello, Bostock apeló al Undécimo Circuito, cuyo panel de tres jueces confirmó el fallo del Tribunal de Distrito en 2018.

El segundo caso implicaba a Donald Zarda, un empleado de la compañía de paracaidismo Altitude Express, que había sido despedido tras comentarle a una de las clientes que era gay, con el propósito de que se sintiera cómoda mientras él le ajustaba el traje de seguridad. El marido de la cliente puso una queja y Altitude Express despidió a Donald Zarda por «comportamiento inapropiado en el trabajo». Zarda interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra. Posteriormente, recurrió el fallo ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuyo panel de tres jueces confirmó la sentencia desfavorable del Tribunal de Distrito. Zarda falleció en un accidente en Suiza en octubre de 2014, pero su familia decidió proseguir con el caso. Presentaron una petición para que decidiera el pleno del tribunal del Segundo Circuito, que en esta ocasión revertió su dictamen  anterior y dictó sentencia favorable a Zarda, al estimar que «dado que la orientación sexual es una cuestión de sexo y el sexo es una característica protegida por el título VII, se deduce que la orientación sexual también está protegida».

El tercer caso afectaba a Aimee Stephens, una mujer trans que trabajaba como empleada en una funeraria. Cuando se inició la relación laboral, Aimee Stephens aún se presentaba públicamente como perteneciente al género que le fue asignado al nacer. Pero en 2013 tomó la decisión de vivir su vida plenamente con su género real y así lo comunicó al dueño de la funeraria, informándole de que en el futuro acudiría al trabajo con el uniforme femenino. Apelando a sus convicciones religiosas, el empleador despidió a Aimee Stephens por no vestirse apropiadamente en el trabajo. Stephens decidió denunciarlo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la convicción de que había sido despedida por ser una mujer trans. La comisión la apoyó y presentó demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra y confirmó el despido. Sin embargo, el Sexto Circuito de Apelaciones falló a su favor, dictaminando que la «discriminación por sexo» del título VII incluye a las personas trans.

Los tres casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo por parte del demandante en el primero de ellos y de la Fiscalía en los otros dos. Tras la unificación de casos y las audiencias que tuvieron lugar en 2019, el alto tribunal confirmó las sentencias del Segundo y Sexo Circuito y revocó la del Undécimo Circuito.

Lamentablemente, Aimee Stephens falleció en un hospital en mayo de 2020, sin poder conocer una sentencia de tanta importancia para el colectivo trans, que se había producido gracias a su lucha.

Satisfacción por la sentencia

Los grupos de defensa de los derechos LGTB han expresado su profunda satisfacción por una sentencia histórica para los derechos de las minorías sexuales.

Kevin Jennings , director ejecutivo de Lambda Legal, declaraba lo siguiente: «Por fin. Hoy, la ley, la justicia y la equidad están de nuestro lado. El más alto tribunal de nuestra nación ha confirmado lo que Lambda Legal ha argumentado durante años, que la discriminación contra los trabajadores LGBTQ es ilegal. Tenemos un largo camino por recorrer para asegurar los plenos e innegables derechos civiles de las personas LGBTQ, especialmente los de nuestra comunidad que son negros, indígenas y personas de color para quienes su orientación sexual o identidad de género es solo una de las muchas barreras para la igualdad de oportunidades en este país. Pero la victoria de hoy es un paso necesario en el camino hacia la igualdad de justicia para todos sin salvedades o condiciones».

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, emitía un comunicado en el que afirmaba: «La histórica decisión del Tribunal Supremo confirma lo que no debería haber sido ni siquiera un debate: los americanos LGBTQ deberían poder trabajar sin miedo a perder sus trabajos por ser quienes son. La decisión nos da la esperanza de que como país podemos unirnos por el bien común y continuar la lucha por la aceptación de las personas LGBTQ. Especialmente en un momento en el que la Administración Trump está haciendo retroceder los derechos de las personas trans y la violencia antitrans continúa plagando nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas trans, y de todas las personas LGBTQ».

También han dado a conocer las palabras del único demandante superviviente de los tres, Gerald Bostock. «No hay palabras para describir lo eufórico que estoy», afirmaba, «cuando me despidieron hace siete años, estaba devastado. Pero esta pelea se convirtió en mucho más que yo. Estoy sinceramente agradecido al Tribunal Supremo, a mis abogados, a las organizaciones de defensa como GLAAD, y a todos los que me apoyaron en esta lucha. Hoy podemos ir a trabajar sin el temor de ser despedidos por lo que somos y por lo que amamos. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. La discriminación no tiene cabida en este mundo, y no descansaré hasta que tengamos derechos iguales para todos».

Por su parte, el presidente Donald Trump, en una mesa redonda de la Casa Blanca sobre temas de la tercera edad, calificó la decisión de «muy poderosa» y añadió que «ellos han dictaminado y nosotros viviremos con su decisión. De eso se trata, viviremos con la decisión del Tribunal Supremo».

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo golpe a la comunidad trans estadounidense por parte de la administración Trump. El departamento de Salud ha anunciado la anulación de una norma, aprobada en 2016, que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios. El texto, que prohíbe la discriminación basada en una serie de características, fijaba una definición de sexo inclusiva con las personas trans, intersexuales y de género no binario. La reforma aprobada ahora revierte esta descripción y redefine el sexo como «masculino o femenino y determinado por la biología». El activismo alerta de que el cambio da vía libre a la exclusión de pacientes del sistema sanitario basada en su identidad de género. La medida se enmarca en una estrategia más amplia cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se han pronunciado a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.

En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue el viernes pasado, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando se consagró la anulación de la reforma de Obama. El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entenderá como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.

El Centro Nacional por la Iguadad Transgénero ha lamentado que la medida excluyente llegue en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advierte de que, a partir de ahora, los profesionales médicos podrán rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans. La organización Human Rights Campaign ha anunciado que demandarán a la administración Trump ante los tribunales por la reforma, que también elimina la protección contra la discriminación de pacientes que hayan abortado en el pasado o la obligación de informar sobre la existencia de un servicio de traducción de documentos.

Una auténtica cruzada contra los derechos de las personas trans

El cambio introducido ahora se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Ya lo adelantábamos en octubre de 2018, cuando informábamos de la prevista reforma de las leyes federales que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans. Según esa definición, aprobada ahora por el departamento de Salud, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los departamentos de Educación, Justicia y Trabajo, por lo que negaría a las personas trans la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real en todos los aspectos de su vida pública.

Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans, su principal objetivo en este momento. Tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión.

En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Como en el caso que hoy nos ocupa, la administración Trump ordenó que fuera el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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Una buena noticia: a petición de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz, la Junta Electoral insta a la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco a sensibilizar a quienes formen parte de las mesas electorales en las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 12 de julio para que las personas cuya identidad de género no corresponde con la que figura en su documentación oficial puedan ejercer el derecho a voto con todas las garantías, preservando su privacidad y derecho a la intimidad.

Ikusgune advierte que el simple acto de votar se convierte para muchas personas en un trance violento o, cuanto menos, a evitar, por la necesidad de mostrar un documento de identidad que no se corresponde con tu realidad. «Hay personas que se identifican en la categoría mujer, otras en la categoría hombre. Hay quienes fluyen de un género a otro; hay quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres… Pero todas ellas están obligadas a clasificarse dentro de un sistema burocrático que no atiende a todas las realidades», explican desde Ikusgune. «Es así como hechos cotidianos como pagar con la tarjeta de crédito en un comercio, enseñar un DNI o acudir a un centro médico puede convertirse en un proceso de sufrimiento, a evitar por quienes no encajan con el género asignado o con la imagen de su documento de identidad. Esta circunstancia también se da al ejercer el derecho al voto ante cualquier cita electoral», añaden.

Por ello, Ikusgune ha editado una guía de buenas prácticas destinada tanto a las personas que compongan las mesas electorales como a apoderados e interventores de los diferentes partidos políticos. En esta sencilla guía (que puedes descargar aquí en castellano y aquí en euskera) se ofrecen pautas para respetar tanto los derechos de las personas trans como de aquellas personas que no encajan en la «burocracia de género» a la hora de ejercer el voto. En paralelo, Ikusgune ha editado otra guía para las propias personas trans y personas que no encajan en las normas de género en las que se resumen sus derechos y las vías de reclamación en caso de que alguno de ellos se conculque. Puedes descargarla aquí (en castellano) o aquí (en euskera).

Además de estos documentos, Ikusgune pone a disposición de la ciudadanía un servicio de acompañamiento al colegio electoral para aquellas personas que lo deseen en el contexto expuesto. «Ninguna persona debe quedarse sin ejercer su derecho a voto por no enfrentarse solas a un acto tan violento como enseñar una documentación que te niega tu identidad», explican. Para solicitar dicho servicio, las personas interesadas deben ponerse en contacto con Ikusgune llamando al 633 309 653 o a través de WhatsApp/Telegram en ese mismo número.

Más información en la web de Ikusgune.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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Seis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

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El policía local de Benidorm cuya imagen hostigando a una mujer trans alcanzó una gran difusión en redes sociales ha sido detenido, y posteriormente puesto en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad alicantina lo investiga por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o delito contra la integridad moral.

Las vergonzosas imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo de la propia Policía Local de Benidorm, se viralizaban rápidamente el viernes, 1 de mayo. «Te lo digo en serio, eh. De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar, cómo vivís? (…) Sí antes jalarías pocas pollas con lo feo que eres, ¿y ahora qué haces?…», le espetaba uno de los agentes a una mujer trans a través de la ventanilla. Aunque las imágenes se viralizaron desde la cuenta del periodista Miquel Ramos, nosotros preferimos insertar el tuit que poco después publicaba en su cuenta el partido valenciano Compromís, que reproduce el vídeo ya con el rostro de la mujer pixelado:

Pedimos colaboración ciudadana para identificar a este individuo y presentar denuncia a la Fiscalía per delito de odio.

¡Esto es una agresión transfóbica intolerable! pic.twitter.com/cOEriK2Yrc

— Compromís (@compromis) May 1, 2020

Inmediatamente comenzaron a producirse reacciones de condena ante las imágenes, como la de la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. «En cuarentena, aunque hay cosas que siguen estando muy presentes como la transfobia, más repugnantes aún si es de alguien que se supone está para dar ejemplo y protegernos», denunciaba Antonelli, también en Twitter.

En cuarentena aunque hay cosas siguen estando muy presentes como la #transfobia, + repugnantes aún si es de alguien se supone está para dar ejemplo y protegernos, un policía Valencia se graba vejando y faltando respeto a una persona trans, esto es un delito de odio agravado #asco pic.twitter.com/34w068rXL6

— Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) May 1, 2020

Pero la condena más significativa llegaba de Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y máxima autoridad de la comunidad autónoma, que anunciaba, en la misma tarde del viernes, la apertura de un expediente por parte de la Consejería de Justicia, Administración Pública e Interior. «Son absolutamente intolerables las imágenes de transfobia que he visto en un vídeo denigrante. Me provocan indignación y me solidarizo con la persona agredida», publicaba en Twitter:

Són absolutament intolerables les imatges de transfòbia que he vist en un vídeo denigrant. Em provoquen indignació i em solidaritze amb la persona agredida. La @GVAjusticia ja ha emprés accions obrint un expedient. Som un poble respectuós amb una policia local que ajuda la gent. pic.twitter.com/1npOgW6Sdh

— Ximo Puig (@ximopuig) May 1, 2020

Según el comunicado oficial que la propia Consejería difundía, la consejera Gabriela Bravo ordenaba el inicio de una investigación. «Los hechos, denunciados a través de un vídeo en una cuenta de Twitter, muestran a una pareja de agentes de servicio y en su vehículo oficial refiriéndose a esta persona con términos y calificaciones impropias no solo de un agente de seguridad, sino de cualquier ser humano. La consellera Bravo quiere dejar claro que considera ‘inadmisible, intolerable y un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano’ lo que se escucha en dicho vídeo y asegura que desde su departamento ‘no se va a permitir este tipo de vocabulario indecente y ofensivo, y menos aún de un agente de la ley’», expresaba el texto. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba la puesta a disposición de la mujer acosada del servicio Orienta de atención a personas LGTBI.

El Ayuntamiento de Benidorm reaccionaba también el mismo viernes y anunciaba en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente disciplinario a los agentes implicados y su suspensión provisional de funciones. «El Ayuntamiento de Benidorm rechaza los hechos, el contenido lamentable e indignante de las declaraciones recogidas en las imágenes; manifestaciones que constituyen un hecho absolutamente aislado y sin precedentes en nuestra ciudad», añadía. También aseguraba que «considerando que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se dará cuenta a la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos, y depurar posibles responsabilidades».

Finalmente, en la misma noche del viernes el agente responsable de las vejaciones tránsfobas era detenido, quedando en libertad con cargos al día siguiente. Su compañero está siendo también investigado, en este caso, por un posible delito de omisión de socorro. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que se personará en la causa judicial. Según ha afirmado la consejera Bravo, se trata de una situación «intolerable» que «además de atentar contra la dignidad de una persona, atenta contra la imagen de la institución que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y denunciar el delito».

El Observatorio Valenciano reclama unidades especializadas en delitos de odio

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, por su parte, ha exigido la comparecencia pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como autoridad competente en la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una exigencia compartida por el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya y la Federación Plataforma Trans «Sabemos que a uno de los dos policías se le ha arrestado y que ha pasado a disposición judicial, pero entendemos que este tipo de actuaciones policiales han de ser condenadas y los policías implicados apartados del cuerpo definitivamente del servicio», añade la entidad. «Que solo se denuncie el 10% de las agresiones que se producen es, en gran medida, culpa de estas actitudes contrarias a derecho y perpetuadas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Cuántas veces se producen este tipo de agresiones? En este caso, la denuncia era sencilla porque los mismos policías, en una intención clara de jactarse de la víctima, se han grabado. Pero muchas agresiones no se pueden demostrar porque no hay un vídeo que las muestre. La formación de los cuerpos policiales y judiciales se convierte en más necesaria que nunca, para que las personas LGTBI no tengamos miedo a denunciar sea cual sea el sujeto agresor que nos humilla, insulta, amenaza y agrede físicamente», explican desde el Observatorio.

La entidad valenciana, además, reclama la puesta en marcha de unidades de atención a la diversidad en las Policías locales. «La Ley Valenciana LGTBI establece que se crearán en municipios de más de 50.000 habitantes unidades de Policía Municipal especializadas en delitos de odio», explican, añadiendo que no tienen constancia de que así haya sido: «El artículo 42 establece la creación de estas unidades, lo que constituye un claro incumplimiento de la Ley aprobada por el parlamento valenciano, por lo que solicitaremos la comparecencia en les Corts Valencianes de los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, así como de los responsables de la Consellería d’Igualtat para que expliquen por qué no se han constituido».

Fuente Dosmanzanas

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Tres mujeres trans han sido asesinadas en Puerto Rico durante este mes de abril. Dos de ellas recibieron disparos de bala y sus cuerpos aparecieron calcinados en un vehículo el pasado martes. En las últimas horas ha trascendido también la noticia de la muerte de una tercera mujer, cuyo cuerpo apareció colgado y lleno de hematomas en un centro correccional. Tres nuertes que ocurren pocas semanas después del asesinato de otra mujer trans, acribillada a balazos también en Puerto Rico, después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar un baño público femenino.

La ola de transfobia no remite en Puerto Rico. Apenas una semanas después del bárbaro asesinato de Neulisa Alexa Luciano después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar el baño que correspondía a su identidad de género, nos llega la noticia de tres nuevas muertes de mujeres trans. En la madrugada del pasado martes eran asesinadas Serena Angelique Velázquez, de 32 años, natural de Nueva York, que se encontraba de vacaciones en la isla, y Layla Peláez, de 21 años, que también había vivido en Nueva York pero que llevaba dos meses en Puerto Rico. Acribilladas a balazos, sus cuerpos fueron encontrados calcinados en el vehículo propiedad de la madre de una de ellas en Humacao, al este de la isla, al que los asesinos habrían prendido fuego. Por el momento no hay detenidos. El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) ha exigido a las autoridades que se investigue la posible motivación tránsfoba en el asesinato.

Uno de sus portavoces, el conocido activista Pedro Julio Serrano, ha querido difundir en Twitter, a modo de homenaje, un fragmento de un vídeo publicado en YouTube por una de las mujeres asesinadas, en el que esta habla (en inglés) de la importancia de la autoestima y el amor propio:

Serena, una de las dos mujeres trans que fue brutalmente asesinada en Humacao, tenía su canal de YouTube.

Este es un pedazo de uno de sus vídeos —en el que habla del amor propio.#JusticiaParaSerena pic.twitter.com/ZK8SnsZ2Hy

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) April 25, 2020

El propio Pedro Julio Serano difundía también en Twitter la noticia del asesinato de Penélope, una mujer trans de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado ahorcado con signos de violencia el pasado 13 de abril pasado en el complejo correccional de Bayamón:

Penélope —otra víctima de la ola de violencia anti-LGBTTIQ en Puerto Rico— fue encontrada ahorcada y con hematomas en su cuerpo el 13 de abril en la cárcel de Bayamón.

Penélope es la quinta persona trans o que no confoma el género asesinada en dos meses.#JusticiaParaPenélope pic.twitter.com/HMythDvgdi

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) April 25, 2020

«Recién nos enteramos de que otro miembro de nuestra comunidad LGBTTIQ ha sido asesinado. Se trata de Pablo Díaz Ramírez, a quien llamaban Penélope. Ya no queda dudas, esto se trata de una epidemia de violencia anti-LGBTTIQ. La Policía tiene la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos ocho asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBTTIQ han sido heridas desde enero de 2019», ha declarado Serrano a Metro Puerto Rico.

El asesino de Penélope, José Villafañe Cotto, de 32 años, ha recibido cargos por asesinato y destrucción de evidencia, informó la Policía. El reo confeso utilizó un pedazo de tela para estrangular a Penélope. Después, destruyó la evidencia utilizada para cometer el crimen. La jueza Eilyn Torres Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa en todos los delitos y le fijó una fianza de $1,000,000. Posteriormente, ordenó su reingreso al Complejo Correccional, hasta el día de la vista preliminar pautada para el 22 de junio.

Radican cargos al asesino de Penélope — la quinta persona trans en ser asesinada en los pasados dos meses. #JusticiaParaPenélope https://t.co/evKbViX4my

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) April 25, 2020

De los ochos asesinatos que menciona Serrano, cinco corresponden a personas trans y han ocurrido en el espacio de unas pocas semanas: los ya mencionados de Neulisa Alexia Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez y Penélope Díaz, al los que se suma el de Yampi Méndez, (cuyo nombre de nacimiento era Angélica Marie Méndez Arocho ) un joven trans de 19 años asesinado en Moca, al noroeste de Puerto Rico.El crimen ocurrió a eso de las 8:30 p.m. del jueves, en la carretera PR-4444, del sector El Limón, del barrio Cuchillas de Moca, cerca de un parque de pelota.

Yampi Méndez

Además, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) volvió a reclamar al Negociado de la Policía que trate con sensibilidad los casos que pudiesen involucrar a miembros de la comunidad LGBTTIQ, ya que pudieron haber vuelto a fallar en identificar como mujer a Yampi

Según el activista homosexual Pedro Julio Serrano, “los protocolos de la Policía y Justicia sobre los crímenes en contra de personas LGBTTIQ establecen que se investigue el ángulo de odio en estos casos. Si el trato de este asesinato de Yampi se suma al mal manejo del asesinato de Alexa, estamos hablando de una crisis de confianza de las comunidades LGBTTIQ hacia la Policía, porque están incumpliendo con sus propios protocolos de atender con dignidad y sensibilidad los casos con la comunidad trans”. El activista hizo mención al caso de Alexa, pues la Policía lo trató como un crimen de un “hombre con falda” y su deceso fue incluido en las estadísticas de asesinato de varones adultos.

Para sostener sus argumentos, el grupo CABE divulgó el protocolo para atender a los miembros de la comunidad LGBTTIQ. El mismo establece el proceso para identificar a algún miembro de este grupo y comenzar la pesquisa basada en un crimen de prejuicio o de odio. Por ello, el abogado Osvaldo Burgos afirmó que se requiere un trato digno a la comunidad LGBTTIQ y el cumplimiento de lo establecido en la Reforma de la Policía.

“Pedimos encarecidamente a los medios y a las autoridades que utilicen pronombres neutrales si no conocen la identidad o expresión de género de las víctimas. Aún no sabemos cuál es el móvil de este asesinato, ya que hay informaciones de que Yampi tuvo una discusión con una mujer antes de su muerte y ella ha sido entrevistada por las autoridades. Cualquiera que sea el caso, es muy probable que Yampi haya sido miembro de nuestras comunidades LGBTTIQ y exigimos un trato digno a su identidad y expresión de género”, expresó.

Por su parte, la portavoz de Matria, Amarilis Pagán, agregó que “las comunidades LGBTTIQ están atravesando un momento sumamente difícil tras el vil asesinato de Alexa, por lo que levantamos bandera ante el asesinato de Yampi en Moca de que se pudiera tratar de una persona de nuestras comunidades. Aunque su familia y las autoridades identifican a la víctima como mujer, en sus redes sociales, Yampi tenía una expresión de género como hombre, utilizaba pronombres masculinos y podía ser percibido como un hombre trans. En todo caso, exigimos que las autoridades no descarten ningún ángulo en su pesquisa”.

Fuente Dosmanzanas/Primera Hora

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El pasado viernes, el Parlamento Europeo incluyó, en una amplia resolución referida a la respuesta europea al coronavirus, una referencia expresa al ataque a los derechos de las personas trans e intersexuales que el Gobierno húngaro ha pergeñado con esta excusa. Por otra parte, un grupo de 63 eurodiputados ha dirigido una carta al Gobierno húngaro en la que solicitan que dé marcha atrás en su proyecto de negar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de las personas intersexuales. Solo cuatro de ellos son españoles. 

Hace un par de semanas informamos de que el Gobierno húngaro ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil con objeto de impedir que las personas trans (así como las personas intersexuales en desacuerdo el sexo que les fue asignado al nacer) puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. La reforma, de amplísimo calado, aparece sin embargo «disimulada» como un apartado más (el 33) más dentro de un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias.

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. La respuesta expresa del resto de países y de la propia institución comunitaria es, por el momento, tibia, más allá de advertencias genéricas sobre la evolución del Estado de derecho en Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y ha asegurado estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans).

Por el momento, lo único que nos consta que el Parlamento Europeo incluyó en su resolución de este viernes 17 de abril en la que demanda una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones «rechaza enérgicamente toda tentativa de retroceder en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI y, en este contexto, condena las tentativas de penalizar más severamente la asistencia en caso de aborto, estigmatizar a las personas seropositivas por HIV y reducir el acceso de los jóvenes a la educación sexual en Polonia, así como los ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Un rechazo que se agradece, pero que por el momento no tiene más valor que el meramente declarativo.

Más interesante nos resulta, como termómetro de la preocupación real que esta cuestión genera entre los eurodiputados, la carta que un grupo de ellos ha dirigido al Gobierno húngaro reclamando que dé marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explica que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. De hecho, la legislación aún vigente en Hungría contempla que sus ciudadanos pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género con un informe médico al respecto pero sin están obligados a acreditar, por ejemplo, que se han sometido a tratamiento hormonal o a cirugía de reasignación. En este sentido, se trata de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Lamentablemente, la carta está firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros. Solo cuatro de ellos son españoles. Se trata de los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Mónica Silvana González (del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), el diputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun (grupo Verdes/Alianza Libre Europea) y el diputado de Junts per Catalunya Antoni Comín (no inscrito). Ello no le quita valor, pero nos hubiera gustado ver más firmas respaldándola.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Antoni Comín, Catalunya en Comú, Discriminación, Ernest Urtasun, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Hungría, Identidad de género, Intersexualidad, Juan Fernándo López Aguilar, Junts per Catalunya, LGTBIfobia, Mónica Silvana González, Parlamento Europeo, Personas trans, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Ursula von der Leyen, Verdes/Alianza Libre Europea, Viktor Orbán

El vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil, para impedir que las personas trans puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus.

El pasado lunes día 30, el Parlamento húngaro votó a favor de otorgar poderes especiales al primer ministro Viktor Orbán, debido a la situación de emergencia creada por la crisis del coronavirus. Con esos poderes, Orbán podrá aprobar leyes por decreto sin control parlamentario de manera indefinida, lo que convierte a Hungría en una dictadura de facto.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género en los archivos registrales. Este es el texto del proyecto de ley:

El concepto de género no se incluye actualmente en la legislación, dado que su definición se basa en razones biológicas. Se puede determinar en función de los caracteres sexuales primarios o de los cromosomas. El género asignado en el registro se basa en los hechos declarados por los médicos para su anotación registral. A menos que se demuestre lo contrario, el registro certifica los hechos así declarados, aunque en principio no tiene ningún efecto legal.

Sin embargo, existen derechos y obligaciones que pueden surgir en función del género declarado en el registro y, por lo tanto, es necesario definir el concepto de género al nacer. Dado que no es posible cambiar completamente el género biológico, es necesario indicar en la legislación que tampoco es posible cambiarlo en el registro.

De esta manera, utilizando los poderes especiales otorgados para la lucha contra el coronavirus, el Gobierno de Orbán aprovecha para cercenar y dejar sin efectos el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género. Ocurre tan solo dos años después de que entrara en vigor la ley que permite el cambio del género en los datos registrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la normativa aún vigente, los ciudadanos húngaros pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitan un informe médico al respecto, aunque no están obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Domanzanas/Cristianos Gays

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Prosigue la deriva legislativa tránsfoba en Estados Unidos. El gobernador del estado de Idaho, el republicano Brad Little, firmó el pasado lunes dos leyes que suponen un retroceso sin precedentes en el reconocimiento de las personas trans. La primera prohíbe a las alumnas trans participar en equipos deportivos femeninos, mientras que la segunda elimina la posibilidad de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento para que refleje a la propia identidad de género. Los activistas pro derechos humanos ya se preparan para la batalla legal contra la legislación que coloca al estado como uno de los más hostiles del país para la comunidad trans.

Las leyes fueron aprobadas por ambas cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos. La primera de ellas (Ley de Imparcialidad en el Deporte Femenino) prohíbe a los colegios y universidades públicas aceptar a mujeres trans en sus equipos femeninos. En caso de duda, un médico determinará el sexo de la estudiante basándose «solamente» en su «anatomía reproductiva externa e interna», sus «niveles de testosterona normalmente producidos de manera endógena» y su «composición genética».

El contenido de la Ley de Estadísticas Vitales de Idaho es, si cabe, aún más grave. La norma elimina la modificación registral del sexo en las partidas de nacimiento, en cualquier circunstancia. Suprime el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género y se las obliga a conservar el sexo legal asignado al nacer, incluso después de someterse a cirugía de reafirmación de género. Los legisladores se excusan en una supuesta necesidad de garantizar una información estadística «factual» que no se pueda alterar por «sentimientos o experiencias subjetivas», sin hacer referencia a la identidad de género.

No se trata del primer intento de negar la identidad de las personas trans en Idaho. En 2018, un tribunal federal declaró inconstitucional una ley aprobada anteriormente y los activistas esperan que la actual siga el mismo camino. El propio fiscal general del estado ya ha advertido de esta posibilidad. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que combatirá las leyes en los tribunales. Solo otros dos estados, Ohio y Tennessee, impiden a las personas trans obtener una partida de nacimiento acorde a su identidad de género.

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El Senado del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, ha aprobado un proyecto de ley, procedente de la Cámara de Representantes, para prohibir la alegación de «pánico gay» o trans como atenuante de un delito. Se trata de una de las estrategias de defensa legal más utilizadas por los asesinos de personas LGTBI, que argumentan haber cometido el crimen cegados por un miedo insuperable tras el acercamiento de una persona de la que supuestamente descubren en ese momento que es homosexual o trans. La iniciativa lleva el nombre de Nikki Kuhnhausen (en la foto), una adolescente trans asesinada con 17 años en 2019. Nueve estados de Estados Unidos ya han introducido leyes para acabar con estos casos.

El caso de Nikki Kuhnhausen conmocionó a la sociedad del estado de Washington. La joven de 17 años desapareció en junio del año pasado, pero sus restos mortales no se localizaron hasta diciembre, en un bosque cercano a la localidad de Vancouver junto a Portland. La investigación reveló que Kuhnhausen fue estrangulada por un hombre de 25 años que presuntamente pretendía mantener relaciones sexuales con ella. El acusado declaró a la policía que al saber que la adolescente era una mujer trans, se sintió «realmente incómodo» y que la revelación lo «trastornó».

Un ejemplo más de la estrategia de defensa legal de «pánico trans» o gay, según el caso, que los asesinos de personas LGTBI utilizan con frecuencia. Aunque en esta ocasión, gracias a la iniciativa de la madre de la víctima, el terrible suceso tendrá consecuencias. Al conocer la declaración del presunto homicida, Lisa Kuhnhausen-Woods comenzó a hacer campaña por la prohibición de los atenuantes por miedo insuperable, y sus esfuerzos han cristalizado en un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del legislativo estatal y que ya solo aguarda la firma del gobernador.

La norma, que lleva el nombre de Nikki, fue discutida y aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 12 de febrero por 90 votos a favor y solo cinco en contra. En el Senado, el apoyo ha sido igual de abrumador y bipartito. El pasado miércoles, 46 senadores respaldaron la medida frente a tres que se opusieron. El proyecto solo aguarda ya la firma en las próximas semanas del gobernador demócrata Jay Inslee.

Washington se convertirá, previsiblemente, en el décimo estado en aprobar una ley de este tipo. El primero fue California, en 2014, seguido por Illinois, Rhode Island, Connecticut, Hawái, Maine, Nevada, Nueva York y Nueva Jersey. Además, otros cinco estados debaten actualmente normas similares. Fuera de Estados Unidos, Nueva Zelanda adoptó la prohibición de la defensa por «provocación» en 2009 y en Australia, todos los territorios ya han aprobado leyes contra las defensas por «insinuación homosexual» salvo Australia Meridional, donde actualmente se discute el asunto.

«Pánico gay»: un largo historial de uso

La defensa por «pánico gay», en sus diferentes variantes, ha sido y sigue siendo muy utilizada. En España, sin ir más lejos, permitió que Jacobo Piñeiro, asesino de dos chicos gais en Vigo en 2006 (a los que asestó 57 puñaladas, para luego prender fuego a su casa) fuera absuelto por un jurado popular en 2009. Por fortuna la justicia obligó a repetir el juicio con un nuevo jurado, y Piñeiro fue finalmente declarado culpable de doble asesinato y condenado a una pena de 58 años de cárcel, una sentencia que fue luego confirmada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal estimó, tal y como ya había resuelto antes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el recurso de Piñeiro se hallaba «completamente huérfano de fundamentación», tanto por las atenuantes invocadas de «miedo insuperable, trastorno mental transitorio y superación de una situación límite que le hacía temer por su vida» como porque los motivos formulados carecían «de amparo procesal».

En Estados Unidos, la defensa por «pánico gay» ha sido utilizada en muy diversas ocasiones, empezando por el terrible asesinato de Matthew Shepard en 1998, cuya brutalidad ocasionó un fuerte movimiento de protesta. Este movimiento culminó en 2009 con la ley que lleva su nombre, por la que se incluye la orientación sexual de las víctimas en la lista de delitos de odio. La misma defensa fue utilizada por los abogados de Brandon McInerney, un muchacho de 14 años que asesinó su compañero de instituto Lawrence King, aunque al final, tras un acuerdo, fue condenado a 21 años de cárcel. Y también ha sido usada por la defensa de Lawrence Reed, acusado en marzo de 2013 del asesinato de Marco McMillian, primer candidato abiertamente gay a la alcaldía de Clarksdale, Misisipi.

En junio de 2013, la sección de justicia criminal de la Asociación Americana de la Abogacía (American Bar Association) propuso precisamente a sus miembros una serie de medidas contra el uso de esta estrategia, incluyendo la recomendación de medidas legislativas como la aprobada ahora en Washington. La propuesta fue aprobada de forma unánime en agosto de 2013 por la asamblea de dicha organización, a la que están afiliados más de 400.000 abogados.

Fuente Dosmanzanas

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Lauren Jackson y debajo su agresor Fred Joseph Costanza (Lincoln County Sheriff’s Office)

Fred Constanza, de 37 años, ha sido condenado por un tribunal de Oregón (Estados Unidos) a casi seis años de prisión por la brutal paliza que propinó el pasado mes de agosto a Lauren Jackson, una mujer trans que utilizó un baño público femenino, el correspondiente a su identidad de género. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió fractura craneal y una fractura de mandíbula que precisó intervención quirúrgica. El ataque a Jackson, un ejemplo más de la ola de odio tránsfobo que recorre Estados Unidos, ha sido reconocido como delito de odio al haberse producido en Oregón, estado que incluye en dicha categoría a las agresiones motivadas por la identidad de género de la víctima.

Lauren Jackson es una mujer trans de 29 años que el pasado mes de agosto hizo uso del baño público femenino en un parque cerca de Newport, en Oregón. Algo que no gustó a Fred Constanza, de 37 años y natural de Idaho, que se encontraba en el parque con su esposa. Constanza se enfrentó a Jackson («¿qué te crees, que eres una mujer o algo así?», le espetó), la agarró del pelo y, según testigos presentes en el lugar, golpeó su cabeza repetidas veces, dejándola malherida. La mujer fue trasladada al hospital, donde le apreciaron fracturas de cráneo y mandíbula, precisando cirugía por esta última. El agresor, que abandonó el parque junto a su mujer tras propinar a Lauren Jackson la paliza, fue detenido al día siguiente y encarcelado. Un jurado lo encontró culpable de acoso, agresión en segundo grado y delito de odio en primer grado. El pasado 7 de febrero se conoció la condena que le ha sido impuesta, que asciende a 70 meses (casi seis años) de prisión, además de una sanción económica por los daños causados.

This is Lauren Jackson, a transgender person beaten at Agate Beach State Park for using the women’s restroom. More on the story #LiveOnK2 at 6pm pic.twitter.com/vpZCu6Bdpu

— Joe English (@JoeEnglishKATU) August 30, 2019

Cabe señalar que la consideración de la agresión como delito de odio ha sido posible por haberse producido en Oregón, un estado que desde solo unas pocas semanas antes incluía en dicha categoría a las agresiones motivadas por la identidad de género de la víctima. Lauren Jackson es natural de Utah, pero como parte de su nueva vida tras salir del armario como mujer trans y comenzar su proceso de transición decidió trasladarse a Oregón, estado en el que solo llevaba unos días cuando sufrió la brutal paliza. Pese a todo lo sufrido, Jackson se muestra animosa y dispuesta a que su experiencia pueda ser útil para ayudar a que otras mujeres trans no pasen por lo mismo. «Todas merecemos poder existir y ser felices», declaraba tras conocer la condena a su agresor.

Ojalá fuese así, aunque no faltan razones para el pesimismo dada la profunda ola de transfobia que recorre Estados Unidos y otros países. Pocos días después de conocerse la condena a Fred Constanza, por ejemplo, se producía el asesinato en Puerto Rico de Alexa Luciano, una mujer trans sin hogar de 28 años, acribillada a balazos después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar un baño público femenino, el correspondiente a su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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Ona, nombre ficticio,

Ona, una niña trans de ocho años, podrá competir junto a sus compañeras después de que la Federación Catalana de Natación le haya habilitado su ficha federativa en la categoría que corresponde a su identidad sentida. Cinco meses después que su familia lo solicitase, ha tenido que ser la Generalitat de Cataluña la que, dando cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, haya conseguido que Ona (nombre ficticio) pueda competir como la niña que es. Un ejemplo más de la necesidad de un marco legislativo que blinde los derechos de las personas trans (y muy singularmente las menores de edad) en todos los ámbitos de la vida y no permita, como sucede en este caso, que se vean sometidas a decisiones arbitrarias. 

Ona (nombre ficticio) tiene ocho años, y todavía no ha podido ver reconocida legalmente su identidad de género. La ley española ha quedado atrasada en esta materia, al no permitir a los menores acogerse a este derecho a no ser que lo peleen en los tribunales y tengan suerte con el juez que les toque. Una circunstancia que hasta el propio Tribunal Constitucional ha declarado ya inconstitucional (con matices) pero que sigue sin actualizarse debido a la parálisis legislativa estatal en materia LGTBI de la última década. Es por eso que la Federación Catalana de Natación se negaba a emitir su fecha federativa como niña, a pesar de la ilusión de Ona por ese deporte y el apoyo incondicional de su familia. En la actualidad, como han denunciado colectivos como la FELGTB, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI o Deporte y Diversidad con motivo de la reciente celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, «el derecho de la infancia y adolescencia trans a acceder libremente a la práctica deportiva depende de la voluntad de las federaciones deportivas que deciden arbitrariamente si una persona puede competir o no en la categoría correspondiente a su género».

Finalmente, y después de que la Secretaría de Igualdad de la Generalitat de Cataluña mediase, Ona ha visto cumplidos sus deseos. La solución adoptada implica que la Federación Catalana de Natación tomará los datos de la tarjeta sanitaria de la niña, que de acuerdo a la legislación autonómica catalana sí contempla el cambio de nombre, y no de su DNI. La Generalitat da así cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, que entre otros puntos obliga a las administraciones públicas catalanas a garantizar «junto con las federaciones deportivas, la libre participación de las personas LGBTI en las competiciones y el trato correcto de estas personas en las instalaciones deportivas».

Una decisión que ha sido bienvenida por los colectivos LGTBI, si bien la presidenta de Chrysallis Catalunya, Ana Valenzuela, ha insistido en que no solo se trata «de que se aprueben medidas excepcionales para casos concretos como este», sino que se respete el derecho de todas las personas trans que participan en competiciones deportivas. «Para ello, es importante que el gobierno de España apruebe de forma urgente una ley estatal contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género. Esa ley debe contener el derecho de deportistas trans a participar libremente en la categoría según su identidad sentida y sin aportar ninguna documentación médica», han expresado en una nota de prensa conjunta Chrysallis Cataluña, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI y Deporte y Diversidad. Mientras llega esa ley estatal, el presidente de Deporte y Diversidad, David Guerrero, ha asegurado que «seguiremos exigiendo a los gobiernos autonómicos con leyes específicas LGTBI que aprueben reglamentos y normativas que garanticen los derechos de las personas trans».

Estas organizaciones han recordado además que ya existe un precedente en Castilla y León, comunidad en la que paradójicamente no hay vigente una ley trans, y en la cual el Tribunal Administrativo del Deporte (dependiente del Consejo Superior de Deportes) ha ordenado a una federación la expedición de una ficha federativa en categoría de sexo sentido a una persona trans.

Fuente Dosmanzanas

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Neulisa Alexa Luciano Ruiz, una mujer trans sin hogar de 28 años, fue acribillada a balazos en Puerto Rico después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar un baño público femenino, el correspondiente a su identidad de género. El asesinato de Alexa, que todo apunta fue un delito de odio, ha causado una profunda conmoción en Puerto Rico y ha puesto de nuevo sobre la mesa el clima de odio creciente al que se enfrentan las mujeres trans. El caso ha conseguido además una especial repercusión después de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny lo denunciase en The Tonight Show, el late-night de la NBC estadounidense presentado por Jimmy Fallon.

El pasado domingo el rostro de Alexa se viralizó en redes sociales después de que un usuario difundiera un vídeo en el que aseguraba que «un hombre vestido de mujer»había intentado usar el aseo de mujeres de un establecimiento de la cadena McDonald’s situado en Toa Baja, una localidad situada al oeste de San Juan, la capital puertorriqueña. De hecho, según informa la agencia Presentes, las últimas imágenes con vida de Alexa la muestran dentro del restaurante, abordada por policías que atendieron la denuncia de quienes divulgaron el vídeo. «Algunas personas que estaban allí, en vez de asumir que era una mujer transexual, denunciaron que había un hombre disfrazado de mujer en el baño de mujeres y que representaba un riesgo para las que estaban allí», ha declarado a BBC Mundo la abogada Amárilis Pagán, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) de Puerto Rico. «Eso provocó que a través de las redes sociales se disparara la discriminación y durante todo el día estuvo corriendo por las redes sociales una foto de Alexa en el restaurante y también un llamado a que se hiciera algo contra ella», añadía Pagán.

El lunes 24 de febrero, un día después de que su imagen se viralizara, el cuerpo sin vida de Alexa era encontrado acribillado a balazos. Lo que parecen ser imágenes grabadas del momento de su asesinato, precedido de insultos y burlas tránsfobas, llegaron de hecho a circular por redes sociales, en una muestra más del sadismo de sus asesinos. En el vídeo, Alexa es aparentemente acribillada a tiros por individuos en un auto que circulaba en el pueblo de Toa Baja. Se escucha decir a los ocupantes del vehículo en la grabación divulgada en principio por Tu Video PR. “A que voy y le meto con el palo, cabr**, a que sí”, continúa uno de ellos. En otro momento, uno de los acosadores repite: “Mira la loca”. El otro le contesta: “El loco, el loco”. A los pocos segundos, se escucha una ráfaga de tiros que parecen provenir del interior del coche. Los sujetos que, aparentemente, la emprendieron contra Alexa estaban grabando al mismo tiempo.

Pero ni tras conocerse la muerte de Alexa se respetó su dignidad. Medios locales difundieron la noticia tratándola en masculino e repitiendo de nuevo que era «un hombre vestido de mujer». «No estamos hablando de un hombre con falda. Hablamos de una mujer trans. Repetir que es un hombre, nombrarle en masculino y perpetuar la idea de que una mujer trans es un peligro en un baño de mujeres aumenta el prejuicio social hacia las personas trans y fomenta mitos sobre ellas. Ya vimos lo que se provocó ayer a través de las redes sociales y cómo terminó Alexa: asesinada por personas que prácticamente salieron a cazarla en medio de ataques a su dignidad humana. Ya basta de transfobia», expresaba Amárilis Pagán en un comunicado del CABE hecho público ese mismo día.

Con el transcurso de los días, y gracias sobre todo a la movilización de un activismo harto del creciente clima de odio al que se enfrentan las mujeres trans, especialmente aquellas en situación de pobreza, la indignación se ha extendido en Puerto Rico. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que las banderas se izarán a media asta en todos los edificios del municipio de la capital por el asesinato de Alexa. “En el municipio de San Juan hemos ordenado bajar las banderas a media asta en todas nuestras dependencias para honrar la memoria de Alexa, denunciar la transfobia y exigir que se haga justicia en este terrible crimen de odio”, dijo Cruz en un comunicado.

“Ofrecemos los recursos del municipio de San Juan tanto para la familia de Alexa como para la comunidad trans en cualquier esfuerzo que fomente un clima de paz, respeto y dignidad para toda la gente ‘trans’ y de la comunidad LGBT”, indicó.

La propia gobernadora, Wanda Vázquez, condenaba el asesinato y aseguraba en rueda de prensa que se estaba trabajando en su esclarecimiento. Por el momento, la principal hipótesis es que un grupo de adolescentes habría decidido asesinar a Alexa tras lo sucedido en el McDonald’s, pero a día de hoy la investigación sigue abierta y ni siquiera el análisis del vídeo que supuestamente mostraría los momentos del asesinato ha resultado suficiente para esclarecer los hechos.

El pasado sábado, a las 17:00 horas en Puerto Rico, fue convocada una vigilia en la calle Resistencia de San Juan en memoria de Alexa. Una mujer cuyo «delito» fue ser trans y pobre. Según se ha publicado, Alexa vivía en la calle, sufría problemas mentales y en su momento fue abandonada por su familia. En un vídeo difundido en Twitter (ver aquí) puede verse como el pasado noviembre Alexa contaba que sufría de depresión.

En cuanto a los datos disponibles de la investigación, la Policía detuvo la noche del martes a una persona por su posible relación con el asesinato, un menor de 17 años que junto a su madre intentaba salir de la isla a través del Aeropuerto Luis Muñoz Marín de la capital.

En medio de la ola de odio tránsfobo que llevan tiempo impulsando grupos ultraconservadores y sectores minoritarios autoproclamados como feministas (pero que excluyen a las mujeres trans), las personas más vulnerables son las que más tienen que perder. Como en este caso.

El homenaje de Bad Bunny a Alexa en la televisión estadounidense

Lo sucedido con Alexa ha tenido además especial repercusión gracias al gesto que Bad Bunny, el popular cantante puertorriqueño de trap y reguetón, tuvo el pasado jueves en The Tonight Show, el famoso late-night de la NBC presentado por Jimmy Fallon. En un momento determinado de su actuación junto al panameño Sech, el cantante abrió su chaqueta y dejó ver una camiseta con el lema «Mataron a Alexa, no a un hombre con falda»:

El artista denunció el crimen de odio ante el show que emite la cadena estadounidense NBC, con una audiencia estimada en 11 millones de telespectadores solo en Estados Unidos.

Fuente AgenciaPresentes

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Lucas, un joven trans de 21 años, se ha quitado la vida en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. No han trascendido más detalles sobre lo sucedido y en redes sociales se han difundido informaciones confusas sobre las circunstancias que habrían rodeado su trágica decisión. Desde dosmanzanas optamos por publicar íntegramente el comunicado hecho público por Chrysallis, la asociación de familias de menores trans, y que según la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha sido consensuado con la familia del joven:

Ha vuelto a suceder. Una vez más y debería ser la última. Una vez más nuestras voces se quiebran desde lo más hondo de nuestro ser. Hoy nos vuelven a invadir la impotencia, el dolor y la incomprensión ante tanto odio sutil.  Desde Chrysallis reivindicamos el derecho de todas las personas trans a una vida libre de violencia. No es suicidio, es asesinato social provocado por la transfobia.

Hay muchos tipos de transfobia, está la que se ejerce detrás del visillo, la que se ejerce a hurtadillas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Está la que ni siquiera parece transfobia porque se esconde tras una fachada de comprensión y aceptación falsas. Esta transfobia, también es odio y mata.

Todas las personas merecemos las mismas oportunidades, oportunidades para estudiar, trabajar, para enamorarnos y desenamorarnos. Construir ilusiones y llevarlas a cabo, o no, pero mantener esa ilusión como una posibilidad que nos puede acontecer, que nos puede acompañar, que nos puede hacer felices. Si esas ilusiones encuentran obstáculos a pesar de tener el apoyo y acompañamiento familiar, pueden esfumarse y dar paso a la desesperación.

No nos cansamos de repetir una y otra vez que la transfobia mata.

Denunciamos a esta sociedad, saturada de convencionalismos, estereotipos y creencias absurdas que se reproducen en un ciclo interminable y que debe cesar. Exigimos que se ponga fin a todo tipo de odio y violencia, incluido aquel encubierto de buenismo. Invitamos a la reflexión, a la de todas aquellas personas que escudadas por la intimidad de lo que se cuece en las cocinas de sus hogares, se piensan inocentes y se exculpan y lamentan en la distancia y tras los muros.

Reclamamos protección. Las familias solas no podemos. Es imprescindible una sociedad y unas estructuras públicas y legales que garanticen una vida feliz y plena en derechos para las personas trans*.

Una vez más desde Chrysallis lanzamos el grito: ¡NO ES SUICIDIO, ES ASESINATO SOCIAL!

Una vez más lloramos la pérdida de una vida que debería de haber tenido todas las oportunidades para ser vivida plenamente.

Jóvenes trans, una población especialmente vulnerable

Hace solo unas pocas semanas informábamos de otro suicidio de una joven trans de 18 años en Llíria (Valencia). Y antes hemos recogido los casos de Thalía, otra chica trans de 17 años que se quitó la vida en Móstoles en mayo de 2018, o del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia en septiembre de 2018, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes trans con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Concentración in memoriam en Sevilla

«Lucas y su familia fueron parte de Chrysallis y de ATA. Por ese motivo, y con la aprobación de su familia, ambas asociaciones convocamos una concentración para honrar su vida, su memoria y mostrar nuestro dolor y consternación. Os invitamos a acompañarnos, el domingo 12 de enero, a las 18 h., en Plaza Nueva de Sevilla. Sin distintivos: solo claveles y velas», ha anunciado Chrysallis en sus redes sociales.

Fuente Dosmanzanas

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José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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