Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans. Algo que en otros momentos podría ser visto como negativo pero que en el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Gavin Grimm y de su batalla jurídica. Tras salir del armario como chico en 2014, el adolescente comenzó a usar los baños que correspondían a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos contrarios a la igualdad jurídica de las personas trans, convertía en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados. Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo, que como explicamos antes había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto de 2019, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, pese a que este, ya por su edad, había abandonado el instituto. Pero el Consejo Escolar del condado recurrió y el caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en agosto de 2020 insistía de nuevo por 2 votos a 1 en que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género era inconstitucional. El tribunal ciataba además en su argumentación una reciente sentencia del propio Tribunal Supremo que prohibía la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En un casi perfecto déjà vu, el Consejo Escolar del condado de Gloucester volvió a recurrir al Tribunal Supremo, seguramente convencido de que gracias a su actual composición este le daría finalmente la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 28 de junio el alto tribunal comunicaba su decisión de no tomar en consideración el caso, de forma que el fallo del 4º Circuito de Apelaciones es ya firme. Poco se conoce sobre las deliberaciones del Supremo a la hora de decidir por qué no estimaron la apelación, aunque el comunicado del alto tribunal menciona de forma expresa que dos de los magistrados de su mayoría conservadora (Clarence Thomas y Samuel Alito) se opusieron.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Dosmanzanas

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De su blog Homoprotestantes:

María es cristiana católica desde siempre, fue bautizada a los pocos días de nacer, tomó la primera comunión con diez años, se confirmó con quince, se casó en la iglesia católica de su barrio, y allí bautizó también a su primera hija: Sandra. Siempre ha formado parte de la misma comunidad católica, de la que se ha sentido muy cercana, aunque también ha sido crítica en temas como el papel que las mujeres tienen en esta iglesia, y ha sido clara en su posición a favor del aborto. Desde muy pronto se dio cuenta de que su hija era diferente a las demás, demasiado masculina pensaban ella, pero nunca se atrevió a preguntarle, cerró los ojos y rezó para que nunca viniera a confesarle que era lesbiana.

Y así ocurrió, porque lo que tenía que decirle Sandra cuando la sentó en la silla de la cocina para hablar, es que no era su hija, sino su hijo, y que ya no era Sandra, sino Pol, que en realidad era quien siempre había sido, y que no iba a cambiar nada; o que por lo menos a él, no le gustaría que cambiara nada. Pero eso ya no lo escuchó María, se quedó en shock, incapaz de articular una palabra, o incluso de mirar a los ojos a su… hijo. Sentía como Pol le cogía de las manos y se las llevaba a la boca para besarlas, también como le abrazaba, y sabía que esos besos y abrazos eran idénticos a los que Sandra le daba… Pero aquel pequeño cambio, aquel palito cuya desaparición convertía la a en o, la hija en hijo, y que luego transformaba a Sandra en Pol, podía traer otros muchos cambios que no entendía y que la aterraban. Y decidió fingir, lo hizo muy mal, pero fingió, y devolvió a… Sandra el abrazo, y le dijo que era su… hija y que siempre iba a estar con ella para ayudarla. No pudo hacer mucho más, nadie le había dicho como se enfrenta una madre a esto.

María pasó unos días encerrada en ella misma, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba contarle lo que le estaba pasando a alguien, y así lo hizo. Fue a hablar con Joan, un capellán que conocía desde hacía muchos años. Sabía que era una persona razonable con la que se podría hablar de todo sin sentirse juzgada. No fue una conversación, fueron muchas, y durante varios meses, que ayudaron a María a desmontar todos los prejuicios que le impedían aceptar y querer a su hijo. Pero también los que no le permitían perdonarse a ella misma por haberlo abandonado, y no haberlo protegido y ayudado. Cuando se sintió preparada, María sentó a su hijo en la misma silla de la cocina donde habían tenido aquella conversación que la descolocó; le cogió las manos, y mirándole a los ojos le dijo: «Pol es un nombre muy bonito, tienes mejor gusto que yo para los nombres, te quiero y estoy a tu lado. Perdóname, Dios me dio un hijo, y no una hija, pero no supe, o no quise verlo». Pol la abrazó, y la besó, como siempre había hecho, y le dijo que no tenía nada que perdonarle, que ahora respiraba feliz después de varios meses pensando que había perdido a su madre para siempre.

Al domingo siguiente María fue a la iglesia, y Santiago, el joven sacerdote que desde hace un par de años lleva la parroquia, le preguntó por su hija Sandra. Le dijo que hacía casi un año que no la veía, y que la echaban de menos, que aportaba mucho tocando la guitarra. María le explicó que su hija Sandra ahora era su hijo Pol, y Santiago le contestó que lo sentía mucho, que imaginaba por lo que estaba pasando, que hoy los jóvenes están a merced de los discursos queer que los desestabilizan y los llevan a confundir su identidad. María le dijo que no, que ella estaba orgullosa de su hijo Pol, y que si de algo se arrepentía, era de no haberlo apoyado y ayudado antes, de no haber estado a su lado. Pero que Pol seguía tocando igual de bien la guitarra y que le diría que viniese el próximo domingo a tocarla. Santiago le dijo que no hacía falta, que esto era la casa del Señor, y que preferían seguir cantando a capela. Además le explicó con un todo angelical y amoroso, que como cristiana no debía apoyar en esto a su hija, que la única forma de ayudarla era sacarle todo aquello de la cabeza. Que había psicólogos y especialistas católicos que podrían ayudarla. María le respondió que su hijo no necesitaba psicólogos, que justamente ahora lo veía más feliz que nunca. Santiago le dijo entonces, que era un pecado que como madre apoyase la confusión en la que su hija estaba inmersa, y que por eso, era mejor que no participara de la comunión. María lo miró directamente a los ojos y le respondió: «Creo que usted al decirme que rompa la comunión con mi hijo, no entiende lo que significa tomar la comunión. Examine su conciencia, porque si no comprende lo que significa formar parte del cuerpo de Cristo, quizás no lo está sirviendo como debería». Después María, salió de la iglesia, y hasta hoy no ha vuelto. Ahora se reúne en otra, y Pol la acompaña algunos domingos para tocar la guitarra.

Hay diferentes formas de entender la esencia del cristianismo, para algunos, lamentablemente están las normas y las doctrinas, para otros está el prójimo, desde él se ven las normas y las doctrinas con otra perspectiva. Por sus obras los conoceréis, y por los frutos que producen dichas obras. La transfobia no puede ser un fruto nacido del evangelio, la empatía y el amor, sí. Es urgente que tantas y tantas iglesias vuelvan al evangelio, vuelvan al seguimiento de Jesús, y se alejen de las ideologías del odio y la exclusión. Que se comporten como una madre o un padre, como María, dejándose guiar por el Espíritu, para volver a conectar con su hijo Pol. Para seguir siendo madre. Para seguir siendo, de verdad, Iglesia.

Carlos Osma

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Espiritualidad 2021, Familia Trans*, Transfobia

La oleada de odio tránsfobo que vive el mundo alcanza su perfecta representación en lo que está pasando en Estados Unidos, donde varios estados de mayoría republicana han aprobado leyes cuyo objeto no es otro que el discriminar a las personas trans. La modalidad más extendida es la de impedir a las estudiantes trans participar en competiciones deportivas femeninas, pero también hay leyes que les dificultan modificar sus datos registrales (Montana) e incluso facilitar tratamiento con bloqueadores puberales a los menores trans que lo deseen (Arkansas).

El Partido Republicano de Estados Unidos, una formación política cada vez más enferma de transfobia, consiguió de la mano del expresidente Trump importantes éxitos en su estrategia de discriminación contra las personas trans a nivel federal. La pérdida de la presidencia a manos de Joe Biden, que en solo unos meses ha revertido dichas medidas, ha hecho que la obsesión tránsfoba se traslade a los estados que controlan, al tener mayoría en sus cámaras legislativas para aprobar las medidas y gobernadores dispuestos a rubricarlas (o mayorías suficientemente amplias como para superar sus vetos).

A lo largo de este 2021, de hecho, seis estados han legislado prohibir a las estudiantes trans participar en competiciones deportivas de acuerdo a su identidad de género. Se trata de leyes concebidas para que colegios y universidades no puedan aceptar a deportistas trans en sus equipos femeninos. Una medida del agrado tanto de la derecha religiosa como del activismo feminista radical transexcluyente (el tristemente conocido movimiento TERF). Se trata, por el momento, de Arkansas, Alabama, Tennessee, Mississippi, Montana y Virginia Occidental. Estos seis estados se unen a Idaho, el primer estado que adoptó una medida similar en 2020, aunque su aplicación se encuentra paralizada por decisión de un juez federal. Una paralización que se encuentra pendiente de la decisión que finalmente adopte la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que hace poco más de un mes escuchó los argumentos de las partes.

Pero si la prohibición a las estudiantes trans de participar en equipos femeninos es repugnante, aún más crueles son otras dos leyes aprobadas en Arkansas y Montana. En Arkansas, la legislatura del estado ha aprobado una ley que criminaliza cualquier tipo de atención médica a los menores trans que tenga como objeto facilitarles la transición o simplemente impedir el desarrollo de caracteres sexuales no deseados. Se trata del primer estado de Estados Unidos en llegar tan lejos. Hasta el gobernador republicano del estado, Asa Hutchinson, que sí estuvo de acuerdo en firmar la ley que discrimina a las deportistas trans, se vio moralmente obligado a vetarla, pero la mayoría republicana en la legislatura de Arkansas es tan grande que el veto fue superado en una nueva votación. Un procedimiento tan común en el abordaje de la adolescencia trans, como es el tratamiento con bloqueadores puberales, es ahora ilegal en ese estado, y puede llevar a los médicos que se atrevan a prescribirlo a su inhabilitación.

Por lo que se refiere a Montana, la nueva ley impide a las personas trans acceder a la modificación de sus datos registrales a no ser que se hayan sometido previamente a cirugía de reasignación genital. No se trata del único estado que obliga a ello (a este respecto existe una gran diversidad de situaciones entre los 50 estados del país), pero supone un gigantesco paso atrás en un estado que hasta ahora no lo hacía. Por lo que se refiere a este aspecto, recordemos que el año pasado Idaho aprobó una ley que impedía en todos los casos la modificación registral del sexo (algo que en este momento solo hace Tennessee), ley que también se encuentra paralizada por decisión judicial.

Los estados citados son los que han aprobado legislaciones abiertamente tránsfobas, pero por desgracia no son los únicos en los que estas propuestas están siendo discutidas. Es previsible, de hecho, que en próximos meses algunos otros estados en los que los republicanos disponen de sólidas mayorías implementen medidas similares. Y es que, como The Conversation señalaba en un reciente artículo, los republicanos han encontrado en la transfobia un excelente argumento para movilizar a sus bases de cara a las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre de 2022, en las que intentarán recuperar el terreno perdido en 2020. Está por ver si lo lograrán, pero de lo que no cabe ya duda es de que en el camino habrán conseguido hacer aún más dificil la vida de las personas trans, y muy especialmente la de las mujeres trans. Para ello, además, han encontrado un valioso aliado: el feminismo radical transexcluyente, que aplaude entusiasta cualquier medida discriminatoria contra este colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Importante medida a favor de las personas LGTBI por parte de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden. El departamento de Salud ha anunciado la recuperación de la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios a las personas trans, intersexuales y de género no binario. Se trata de una nota aclaratoria que el expresidente Barack Obama añadió a su reforma sanitaria, conocida como Obamacare, en 2016. Cuatro años después, la administración Trump decidió anular la orden de Obama, dando vía libre a la exclusión de pacientes basada en su identidad de género del sistema de salud. La medida se cuenta, junto con la reversión de la prohibición de servir en el Ejército, entre las principales iniciativas aprobadas por Biden para restablecer la igualdad de la comunidad trans.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.

En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue en junio de 2020, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando la administración Trump consagró la anulación de la reforma de Obama. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» pasaba a entenderse como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El Centro Nacional por la Igualdad Transgénero lamentó que tal retroceso llegara además en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advertía de que los profesionales médicos podrían rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans.

Desde el pasado lunes 10 de mayo, sin embargo, esta posibilidad queda de nuevo descartada. El departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por el secretario Xavier Becerra, anunció que la medida regresiva de la anterior Gobierno republicano queda revertida y se recupera el texto aprobado por Obama en 2016. La administración Biden vincula esta decisión con la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 que prohibió la discriminación laboral de la población LGTBI y aclara que los artículos correspondientes del Obamacare que hacen referencia al sexo se interpretarán en un sentido amplio que incluya la orientación sexual y la identidad de género.

La decisión es la segunda de gran calado que afecta a la comunidad trans desde la llegada al poder de Joe Biden en enero de este año. La primera de ellas fue, en realidad, otra rectificación de la anterior administración: la revocación de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército estadounidense. Una de las medidas estrella de la administración Trump, que puso a la comunidad en su punto de mira con el intento indisimulado de suprimir su existencia jurídica. Un ataque a la igualdad y el reconocimiento de las personas trans que Biden ahora ha empezado a revertir.

Fuente Dosmanzanas

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Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.

Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.

Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.

Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Un hombre de 34 años y una mujer de 33 han sido detenidos en Molina de Segura (Murcia) por un presunto delito de odio por su acoso continuado a una mujer trans. Un acoso que comenzó en 2019, cuando la víctima visibilizó su proceso de transición, pero que no ha denunciado hasta que su vida se convirtió en un auténtico infierno.

Según informa el diario murciano La Opinión, el acoso tránsfobo se remonta al verano de 2019, cuando la mujer comenzó a hacer visible su proceso de transición y la apreja ahora detenida comenzó a humillarla en cuanto tenía ocasión. Pese a todo, la víctima era reacia a denunciar, por miedo a las represalías, por lo que optó por modificar sus rutinas para evitar cruzarse con sus agresores. Pero estos continuaron su acoso, hasta el punto de amenazarla e incluso agredirla físicamente. Finalmente, la mujer denunció los hechos ante la Policía Nacional, que en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, llevaron a cabo una investigación que permitió recabar indicios suficientes de la existencia de un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, procediendo a la localización y detención de los presuntos autores.

Siempre según La Opinión, se ha dado cuenta también al Juzgado de Instrucción de Molina de Segura para la adopción de las medidas oportunas, así como al Fiscal Provincial Delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, La Opinión de Murcia, LGTBIfobia, Ministerio del Interior, Molina de Segura, Murcia, Personas trans, Transexualidad, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

Nuestro #HOBus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas del #8M2021 pidiendo #StopLeyTrans pic.twitter.com/A7iGZBTL8K

— HazteOir.org (@hazteoir) March 7, 2021

Cabe destacar que el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo”, podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla Antonelli, Carmen Calvo, Discriminación, España, HazteOir, LGTBIfobia, Madrid, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos

Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado mes:

Al menos 175 mujeres trans fueron asesinadas en 2020 en Brasil, un 29% más que en 2019. Unas cifras con las que el país sudamericano se asegura, una vez más, el primer puesto en el número de asesinatos tránsfobos en el mundo. Así lo pone de manifiesto el último informe publicado por ANTRA (Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE). 

Las cifras son escalofriantes; al menos 175 transfeminicidios documentados a lo largo del año 2020. Solo en 2017 se registró un número superior (179), pero la cifra se había reducido algo en 2018 (163) y un poco más en 2019 (124). El año de la pandemia de covid-19, sin embargo, ha visto surgir un recrudecimiento de la violencia tránsfoba. São Paulo (29 asesinatos), Ceará (22), Bahía (19), Minas Gerais (17) y Río de Janeiro (10) son los cinco estados que encabezan la trágica clasificación. En total, el informe recoge 641 asesinatos de personas trans entre 2017 e 2020.

Por lo que se refiere a las edades de las víctimas, solo en 109 casos ha sido posible documentar el dato. El 56% de ellas tenía menos de 29 años (la víctima más joven tenía solo 15 años). El 28,4% tenía entre 30 y 39 años, el 7,3% entre 40 y 49 y el 8,3% restante entre 50 y 59. Por lo que se refiere a su contexto social, en el 72% de los casos identificados las víctimas ejercían la prostitución. Por lo que se refiere a la raza, en el 78% de los casos identificados se trataba de mujeres negras o de color. Una vez más, las frías estadísticas confirman que las mujeres jóvenes, negras y que ejercen el trabajo sexual constituyen el grupo más vulnerable a la violencia tránsfoba. La mayor parte de los asesinatos (87) se produjeron en la vía pública, un dato que nos hace pensar en la sensación de impunidad que parecen sentir los agresores. Otro dato sobrecogedor, de los muchos que recoge el informe, es que en el 47% de los casos se identifica una tendencia a ejercer la violencia (sea en forma de golpes, mutilaciones o disparos) sobre partes específicas del cuerpo como la cara, los pechos o los genitales, muchas veces de forma repetida y asociada, lo que parece reflejar un empeño por humillar a las víctimas y subrayar el odio hacia su condición trans.

Cifras escalofriantes las del 2020, que no tenemos la menor duda que confirmarán una vez más a Brasil como el país con mayor número de asesinatos tránsfobos de todo el mundo. Así lo reflejan de modo sistemático las estadísticas que anualmente publica Transgender Europe, que en su último recuento, publicado el pasado noviembre con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, había logrado identificar 350 asesinatos de personas trans y género-diversas entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 (de ellas, 152 en Brasil. En segundo lugar se encontraba México, con 57 víctimas, y en tercer lugar Estados Unidos, con 28). Una situación sobre la que no honestamente esperamos una respuesta enérgica de las autoridades brasileñas, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico del Brasil actual, un país marcado entre otros muchos factores por la presidencia de Jair Bolsonaro, un político que precisamente destaca por su abierta hostilidad a la diversidad sexual y de género.

Puedes descargar el informe completo (140 páginas, en portugués) pinchando aquí.

Brasil, una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo de ese año recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

En el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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Este artículo fue publicado y luego censurado en el medio mexicano Milenio por la presión transfóbica.

Por Laurel Miranda

Si eres feminista y no plantas cara a quienes en nombre de este movimiento político violentan a personas trans y no binarias, temo decirte que se llama complicidad. Del mismo modo en que hablamos del pacto patriarcal para denunciar la complicidad entre hombres, así como su silencio o pasividad ante los actos misóginos de sus congéneres, podemos y debemos hablar también de aquellas mujeres cisgénero feministas que deciden pasar de largo los actos transfóbicos de sus presuntas compañeras de lucha.

Qué tan lejos hemos dejado avanzar la transfobia en México que ahora se convoca a “marchas feministas” ya no para luchar a favor de los derechos de las mujeres, sino para impedir que las poblaciones trans accedan a ellos. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en lugares como Puebla, donde un colectivo de feministas radicales ha tomado como su principal objetivo impedir que se apruebe la Ley Agnes, una iniciativa con la que las personas trans podrían ver reconocida su identidad sexogenérica mediante un trámite administrativo. En el Estado de México ocurre algo similar, pues otro colectivo ha hecho un llamado para que la marcha del 8 de marzo sea “contra el borrado de las mujeres”.

¿Cuáles mujeres?

¿A qué se refiere este presunto borrado de mujeres?, ¿cuáles mujeres?, ¿blancas, racializadas, pobres, trabajadoras sexuales, trans…?, ¿cómo podría borrarse a más de la mitad de la población mundial? Bien, pues del mismo modo en que construcciones discursivas como “ideología de género” o “lobby gay” llegaron con fuerza desde los sectores más conservadores de la sociedad para reprimir a la diversidad sexogenérica, ahora nos enfrentamos al presunto “borrado de mujeres”, una idea que (aparentemente) no es impulsada ni por la iglesia ni por la ultraderecha, sino por voces feministas de periodistas, escritoras e intelectuales, tales como la ex diputada del partido español PSOE Ángeles Álvarez, la antropóloga y académica mexicana Marcela Lagarde o la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling.

La lucha contra el “borrado de mujeres” se ha erigido para impedir que en países como España, Reino Unido (y ahora México) entren en vigor leyes que permitan el reconocimiento de las identidades sexogenéricas de las personas trans y no binarias mediante trámites administrativos y ya no a través de juicios o certificaciones de género, para las que se necesitan acompañamientos psicológicos o psiquiátricos, así como tratamientos hormonales, los cuales han contribuido históricamente con la patologización de las personas trans.

En España, por ejemplo, Ángeles Álvarez y el sector transexcluyente del feminismo español, consideran que de aprobarse la Ley Trans, ésta pondría en peligro la representación de las mujeres –de nuevo: ¿qué mujeres?– en los distintos ámbitos de la vida pública como la política, deportes, espectáculos, etcétera. El argumento de Álvarez se desbarata cuando constatamos en las estadísticas que las poblaciones trans somos minoría en el mundo, y sin embargo con un alto índice de crímenes de odio en nuestra contra, una alta tasa de suicidios y una esperanza de vida reducida. En contraste, son contados los casos de personas trans en las esferas antes descritas, y aún así se emplean de forma sensacionalista, particularmente en el mundo de los deportes, para acusar que su presencia pone en peligro la posibilidad de victoria de las “mujeres biológicas” (sic).

Me parece increíble que en pleno 2021, luego de décadas y décadas de feminismos y estudios de género, frases como “mujeres biológicas” y “hombres biológicos” (sic) sigan siendo empleadas como argumentos para descartar la legitimidad de las identidades trans y para enarbolar abiertamente una lucha en contra de nuestros derechos más básicos: identidad, libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, acceso a la educación y a un trabajo digno.

Y es que más que estar en contra del “borrado de las mujeres”, las voces transexcluyentes están en contra de la categoría género y a favor de la reivindicación de la realidad material del sexo como factor único y decisivo para determinar quién sí y quién no es mujer; se trata, pues, de una postura esencialista contra la que, de hecho, el feminismo lleva años luchando. Consideran, además, que de su realidad sexuada deriva una “opresión primaria”, con lo que universalizan las experiencias de todas las mujeres y dejan de lado aspectos de la identidad como raza, clase u orientación sexual, que en el caso de algunas mujeres se trata del factor principal de la opresión en que viven.

”Hay mujeres que son negras, mujeres que son lesbianas, mujeres que son trans y mujeres pobres. No sólo sufren discriminación por ser mujeres, sino por su raza, su género o su situación socioeconómica (…) El feminismo está en contra de la opresión de género y la explotación, si hay mujeres afectadas por el racismo o por la homofobia o por la transfobia, luchar contra eso es parte de la liberación”, señala Reni Eddo-Lodge, feminista y periodista británica.

Es debido a la particularidad de nuestras realidades y las distintas violencias que nos atraviesan, que me parece necesario ser sincera y señalar que en esta ocasión hablo de lo peligroso que es el discurso transexcluyente para las mujeres trans; sin embargo, me gustaría subrayar que éste atenta también contra otras posibilidades de vida: hombres trans, por ejemplo, a quienes llaman “hermanas” si deciden detransicionar, o traidorAs y “lesbofóbicas” si deciden mantenerse firmes en su transición de género. Basta con ver la violencia con que se lanzan contra hombres trans que, en tanto tienen también la capacidad de gestar, han acudido a marchas a favor de la despenalización del aborto.

Como señalan Gracia Trujillo y Moira Pérez, “con frecuencia se resalta del feminismo TERF su oposición a incorporar a las mujeres trans dentro del movimiento de mujeres (o del colectivo mismo). Sin embargo, se trata en realidad de un feminismo excluyente en términos amplios, que se opone, desde el privilegio, a distintas formas de autonomía decisional, autonomía corporal, al derecho a la identidad, al derecho a una vida libre de violencia… El movimiento feminista excluyente es contrario a muchas formas de existencia: no solo de todo el espectro de personas trans y no binarias, sino también de las trabajadoras y trabajadores sexuales o de cualquier persona que recurra a la gestación por sustitución, entre otros. En el caso de estos dos últimos, el trabajo sexual y la gestación por sustitución se entienden en todos los casos como violencias contra las mujeres. Este análisis no se ajusta a la realidad, obtura el avance de derechos para las personas directamente involucradas en estas prácticas y las sitúa en posiciones de víctimas pasivas sin, por otra parte, escucharlas”.

El peligro de este discurso no radica únicamente en su lucha por restringir derechos, sino también en su función como caldo de cultivo para reforzar estigmas y prejuicios en contra de nuestra comunidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso reciente de las pintas que manifestantes transfóbicas realizaron para posicionarse en contra de la Ley de Identidad de Género y que, sin embargo, fueron atribuidas por medios locales a personas trans. Al final del día la construcción discursiva y mediática que se hace de nuestras identidades, que nos asocia con lo anormal, lo fuera de lugar, lo iracundo, alimenta también los crímenes de odio en nuestra contra, particularmente los transfeminicidios.

En el contexto actual, no suscribir el discurso transfóbico o desmarcarse de él no es suficiente: también hay que posicionarse en su contra. Por ello aplaudo a la colectiva Dignas Hijas, que desde agosto del año pasado y luego de visualizar la forma en que el feminismo está siendo instrumentalizado con fines transfóbicos lanzaron la iniciativa #NoEnNuestroNombre para subrayar que “los derechos de las personas trans son derechos humanos, no una amenaza”.

Queridas aliadas, queridas feministas cisgénero, si desean identificar cuál es el caballo de Troya en su movimiento, les invito a analizar qué discurso se aproxima más al de la ultraderecha. ¿Es acaso el que lucha por los derechos y digna existencia de las personas trans o el de sus “hermanas” abolicionistas, que ven un peligro en la otredad? No nos equivoquemos, que se frenen las leyes que permiten el reconocimiento de las identidades sexogenéricas no va a lograr que haya menos personas trans, sólo repercute en que nuestras vidas sean más difíciles y tengamos un acceso limitado a nuestros derechos.

En este momento la avanzada va contra personas trans y trabajadoras sexuales, pero de continuar con la tibieza, la factura también les alcanzará a ustedes. No al pacto (cis)patriarcal.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. #NoEnNuestroNombre, Dignas Hijas, Homofobia/Transfobia, Ley Agnes, Ley de Identidad de Género, Personas trans, Transfobia

“Fanatismo religioso y derecho natural”

“El periodista americano Michael Sea Winters afirma que se está produciendo un cisma de corte jansenístico en la Iglesia americana que ha infectado a la jerarquía y al clero”

“La radicalización, como vemos, no es algo exclusivo hoy de la lucha política y de la sociedad civil. El sector integrista sigue sin aceptar la realidad de una Iglesia que ha dejado atrás la ideología de cristiandad”

“No es fácil ponerse en el lugar de las personas trans, comprenderlas. Pero tenemos que hacerlo por deber de justicia y de fe cristiana. Tiene que haber protección legal para los millones de personas trans que hay en el mundo”

“Las rutas de la renovación son como un laberinto… La futura ley trans española, redactada desde el conocimiento científico y la sensatez, debería alcanzar el máximo consenso posible y contar con el asesoramiento y la experiencia de las personas de ese colectivo”

07.02.2021 | Julio Puente López

“¿Es el presidente de la Conferencia Episcopal ahora el gran imán de cada católico de Estados Unidos?” Es la pregunta que se hacía en el NCR el periodista Michael Sean Winters el pasado 27 de enero. Se refiere al arzobispo Gomez, miembro del Opus Dei. Winters afirma que se está produciendo un cisma de corte jansenístico en la Iglesia americana que ha infectado a la jerarquía y al clero. El influyente laico católico George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, sería uno de los que está flirteando con este tema.

Con motivo de la proclamación de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos al Arzobispo Gomez le faltó tiempo para recordarle la doctrina de la Iglesia, la del aborto en concreto, que si este ignora le inhabilitaría según muchos neoconservadores para recibir la comunión. ¿Sería este un sacramento para los puros al que los débiles no podrían acudir para hacer más fuerte su fe? El papa Francisco no es de esa opinión.

La radicalización, como vemos, no es algo exclusivo hoy de la lucha política y de la sociedad civil. La Iglesia católica sufre también en su seno profundos enfrentamientos. Con nostalgia de la ideología de cristiandad o del Estado confesional, la oposición de carácter ultraconservador al programa de reformas del papa Francisco tiene las características de los comportamientos sectarios.

El sector integrista sigue sin aceptar la realidad de una Iglesia que ha dejado atrás la ideología de cristiandad. “El Vaticano I hablaba de la Iglesia como “sociedad perfecta”; el Vaticano II habla de la Iglesia como “necesitada de continua renovación”, leemos en la Historia de la Iglesia editada por la editorial San Pablo. El historiador Guido Zagheni dedica a este tema un capítulo de casi 70 páginas titulado “El proyecto de “cristiandad”: Modelo de relación entre la Iglesia y el mundo”. Su conclusión es clara: con el Vaticano II se ha superado la ideología de cristiandad.

Pero las rutas de la renovación no son fáciles. Son como un laberinto donde todos andamos dando vueltas sin encontrar la salida de Mt 6, 24: Dios o el dinero, evangelizar o colonizar. Y el clero renuncia, sí, al sexo, o lo intenta, pero se enreda siempre en los juegos del poder y de la acumulación de bienes, sin querer comprender que el cristianismo que cree que hay acceso a Dios desde el apego al dinero es falso. Es el problema que tienen todas esas personas tan amantes de las tradiciones religiosas y de la estética litúrgica, pero no tanto de la justa distribución de la riqueza.

En la década de los setenta el sociólogo alemán Franz-Xaver Kaufmann escribió un libro titulado “Theologie in soziologischer Sicht” (Herder, 1973). El autor dedica un capítulo a estudiar el papel que ha jugado el pensamiento iusnaturalista en la estabilización del catolicismo, sobre todo en la sociedad alemana. Fue el fundamento ideológico que hizo posible la aparición de una subcultura católica unida, cerrada y partidista en la esfera política. Desde Pio IX hasta el concilio Vaticano II el papado se sirvió de la teoría del derecho natural y de la apelación a la ley natural para marcar la frontera con la sociedad secular y dar cohesión a la comunidad de creyentes.

El Vaticano II supuso el fin de esa ideología, pero Juan Pablo II y Benedicto XVI volvieron a insistir en la teoría del derecho natural reivindicando un liderazgo moral del papado no solo para la Iglesia, sino también frente a la sociedad civil. Benedicto XVI en su viaje a España esgrimió el derecho natural al enjuiciar la ley del aborto y la ley del contrato civil entre personas del mismo sexo. La España laica entendió que era “una extorsión a la libertad de conciencia”. “La coartada justificadora era la supuesta violación del derecho positivo de una ley natural que solo la Iglesia católica se halla en condiciones de conocer, interpretar y aplicar” (Javier Pradera, El País, 10 de noviembre de 2010).

Y ahora los obispos de Estados Unidos, como si quisieran ser la tercera cámara del Estado, no han perdido ni un minuto en hablar al presidente Biden de la ley del aborto para influir así en su conciencia. Se olvidan de que el cristiano mayor de edad juzga por sí mismo lo que cree justo (cf. Lc 12, 56-57). Se olvidan de la legítima autonomía de la ciencia, de la autonomía de lo temporal, de que los obispos no pueden substituir la conciencia de los fieles, de que la misión de la Iglesia no es de orden político, económico o social. Estos obispos ignoran todo aquello que enseñó el Vaticano II en la Gaudium et spes.

La Iglesia anterior al Vaticano II era una sociedad que se decía perfecta y que constituía una cultura aparte y a la defensiva frente a lo que venía de fuera, que creaba una sociedad paralela con escuelas, universidades, hospitales, medios de comunicación y toda clase de sociedades y organismos a los que se añadía el adjetivo de “católicos”. Esa Iglesia no daba siempre un testimonio auténtico del Evangelio, porque conseguir influencia y poder no es evangelizar. Tradicionalista y dogmático, el catolicismo era visto por muchos como una secta. En América se usaba con frecuencia la palabra inglesa “sectarian” para referirse a ese tipo de creyente católico. Ahora volverá a haber nuevos motivos para hacerlo.

Pero una Iglesia así, de doctrina y ritos que no cambian y que promete la salvación frente a un mundo extraviado, sigue teniendo sus adeptos. Ahí tenemos a los grupos católicos federados en “Una Voce”, y a los clásicos grupos ultraconservadores y fundamentalistas españoles de todos conocidos, con su interpretación al pie de la letra de la Escritura, su intransigencia y su rigidez dogmática.

Wolfgang Waldstein, el famoso jurista de Salzburgo que el papa Benedicto XVI citó en su discurso en el “Reichstag” de Berlín, gran defensor del iusnaturalismo tal como lo explicaba el magisterio hasta hace poco, fue nombrado presidente de honor de la asociación laica alemana “Pro Missa Tridentina”. El cardenal Rouco Varela reflexionó en 2019 sobre ese discurso del papa Ratzinger en el Parlamento de Berlín en 2011. En su artículo, “¿Un nuevo retorno del derecho natural?” publicado en Ius Communionis, presenta Rouco el discurso de Benedicto XVI como una propuesta para recuperar el “derecho natural” como categoría intelectual y como valor ético-jurídico.

Todo ello es legítimo y tiene su sentido, pero conviene no olvidar que un “corazón dócil, que sepa escuchar para juzgar, para discernir entre el bien y el mal”, como pedía Salomón (cf. 1 R 3, 9), es algo que no le es negado a ningún hombre honesto. Benedicto XVI cita ese pasaje con la expresión de “un corazón oyente” (“ein hörendes Herz”) y también cita el versículo de Rm 2, 15 que habla de una ley escrita en el corazón, en la conciencia de todo hombre, no solo en la de los cristianos. Ya nos dijo Ebner, y luego Rahner, que el hombre es “Hörer des Wortes”, “oyente de la palabra” divina. Y es la “confianza en la palabra” lo que constituye para el personalismo la última instancia, el fundamento de la vida social, de la ley y del derecho. Aunque Ebner nos recuerda, citando Dt 30, 14, que Dios ha puesto su palabra en nuestro corazón para que la podamos poner en práctica, nos dice en sus “Glosas al prólogo del Evangelio de Juan” (1921) que “no es necesario en absoluto entender esta confianza en un primer momento en sentido religioso”. Tal vez los estudiosos del derecho podrían encontrar aquí un puente entre el positivismo jurídico de H. Kelsen, contemporáneo de Ebner, por cierto, y el iusnaturalismo.

La ley natural no se encuentra en ninguna caja fuerte del Vaticano bajo siete llaves teniendo acceso a ella solamente el magisterio del papa. Que su fundamento sea la ley eterna de Dios no anula la capacidad de todo hombre para razonar. Como enseñó hace años el profesor Stephen Buckle “la idea de derecho natural no proporciona atajos al razonamiento moral”. La promulgación de esa ley y de ese derecho corresponde, como ya defendió Santo Tomás de Aquino, a la inteligencia humana. En ese sentido, como muestra Buckle, la ley natural bien entendida tiene capacidad para incorporar el cambio.

Diego Neria Lejárraga, el primer transexual en ser recibido por un papa,

Siguiendo las enseñanzas del profesor Jesús Vega López, si le he entendido bien, esta ley no puede interpretarse en un sentido radicalmente contrario a la idea de igualdad en su sentido moderno y contemporáneo, puesto que incluye la noción de universalidad normativa que da origen a la idea de “ley moral”.

El contenido de la ley natural ha de ser interpretado, pero sin apelar a una antropología natural inalterable, porque entonces estamos haciendo una interpretación no igualitaria negando los hallazgos del razonamiento crítico jurídico que reconoce que existe un derecho fundamental a la igualdad de trato y a la no discriminación. La afirmación de este derecho constituye la base de las legislaciones de los Estados occidentales que reconocen las uniones civiles de las personas del mismo sexo y los derechos de las personas con sexualidades diversas. Sin reconocer este derecho a la igualdad de trato, que la Iglesia debería aplicar a sus propios fieles, a las mujeres y a las minorías sexuales, resulta difícil ver que las pretensiones de la Iglesia en estas materias puedan tener acogida en un Estado constitucional laico. No aparecerían ante los ciudadanos como una doctrina moral “razonable”.

No es de extrañar que las reformas del papa Francisco encuentren oposición cuando queriendo ser fiel al espíritu de “aggiornamento” y de renovación de la Iglesia del Vaticano II afronta los problemas sin recurrir a esa teoría del derecho natural. El cardenal Müller se expresó así en una entrevista del Corriere della Sera: “La palabra de Dios vale para todos los tiempos. Y habla del derecho natural, moral. La constitución antropológica no se respeta en esta nueva antropología LGTB”. Según Müller “el papa es el primer intérprete de la ley natural”. Y pregunta: “¿Por qué interviene en estos asuntos de los Estados sin subrayar la dimensión de la ley natural?”

Se ve claramente el interés de los ultraconservadores por usar ese concepto como un comodín dialéctico con el que hacer oposición. Müller, con el puritanismo ajeno al Evangelio que desde San Pablo impregna la enseñanza de la Iglesia, e ignorando la sexología, recuerda que “las relaciones sexuales están reservadas exclusivamente al matrimonio”. Reprocha así al papa que hable de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, del derecho de todos a tener una familia y una protección legal.

En 2019 este cardenal viajó a Estados Unidos y se vio con los miembros de la Corte Suprema y católicos conservadores, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, así como con Brian S. Brown, conocido activista homófobo y con la princesa Gloria von Thurn und Taxis, una millonaria de Ratisbona amiga de los que se oponen a Francisco. Esta empresaria ultraconservadora, que ve en Müller al Trump de la Iglesia, fue la que puso al cardenal en contacto con Stephen Bannon. Uno recuerda aquellas palabras de Ebner cuando se preguntaba en su escrito “El escándalo de la representación” qué espera la aristocracia de una victoria de Dios. “Nada cuando se da en el corazón del hombre. Pero ¿qué de esta en el mundo?”

Hermana Mónica Astorga OCD, quien acompaña y ayuda a mujeres trans (Diario de Río Negro/Gobierno Provincial )

Los grupos de presión que mezclan política y religión son, como vemos, especialmente activos en América. Francisco parece estar en buena forma, pero ya se han publicado libros que nos hablan de cómo debería ser el próximo papa. George Weigel y Edward Pertin han publicado sendos libros con el mismo título, The Next Pope. Si en Roma o en la iglesia alemana se estudia la posibilidad de dar la comunión a los divorciados que han vuelto a contraer matrimonio Weigel, haciendo una interpretación burda del Evangelio, se apresurará a señalar que el papa no puede cambiar la doctrina de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Es una táctica común en el sectarismo refutar lo que el adversario no ha sostenido. Lo que técnicamente llaman “mutatio elenchi” si se hace a sabiendas. Una forma de acusar falsamente. Además se pasa por alto Mt 19, 9: “a no ser en caso de porneia”, algo que rompería el matrimonio.

Weigel no ha dudado en tergiversar la doctrina social del papa Juan Pablo II en la encíclica “Centesimus annus” (1991). Pero el texto es claro: “Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del llamado “socialismo real” deja al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que colocan a tantos pueblos al margen del desarrollo, y asegurar a todos —individuos y naciones— las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo” (Centesimus annus, 35). No es pues verdad como afirma Weigel que el papa apoyara la doctrina de la autorregulación libre de los mercados.

El sectarismo ultraconservador se hace con frecuencia fanatismo obsesivo en los temas de la sexualidad y de las relaciones humanas. Así, por ejemplo, el que fue arzobispo de San Luis, el conservador americano Carlson, hoy ya retirado, insistía todavía en 2020 en que “la comprensión católica de la persona humana sostiene que el sexo y el género no pueden separarse”. Pero la realidad de la vida hace pedazos la rigidez de esa doctrina de la Relación final del Sínodo de los obispos de 2015 recogida luego en otros documentos.

Un caso real lo puede mostrar. Recordemos a J. Morris. Falleció el 20 de noviembre de 2020 a la edad de 94 años. Sirvió en el ejército británico durante la segunda guerra mundial, se graduó como oficial de inteligencia en Sandhurst, trabajó como periodista y, como miembro de la expedición de Hurt y Hillay en su conquista del Everest, dio la noticia en exclusiva para The Times en 1953. Morris, después de estudiar en Oxford, contrajo matrimonio con Elisabeth Tuckniss, la mujer de su vida con la que tuvo 5 hijos. Escribió más de 40 obras, entre ellas Pax Britannica, una historia del imperio británico en tres tomos y libros de viajes traducidos a muchos idiomas. James Morris, nacido biológicamente como varón, siempre supo que era mujer.

En 1972 James Morris viajó a Casablanca para someterse a una reasignación de sexo. Lean su obra “Conumdrum” (Enigma). Desde entonces y hasta que murió en 2020 fue Jan Morris. Tras un divorcio al tener que someterse a las leyes, de nuevo la unión civil con Elisabeth Tuckniss, el tú de su yo, más allá del sexo y de la orientación sexual. Fue una mujer transgénero primero, mujer transexual después de la operación, en una larga lista en la que están Lili Elbe, Virginia Prince, Caitlyn Jenner, Georgine Kellermann y millones de otras. Y habría que hablar también de los hombres trans, que nacieron con el sexo biológico de mujer. Está claro que el sexo y el género no siempre van de la mano. Son cosas diferentes. Y otra cosa distinta de ambos es la orientación sexual. Y eso simplemente es lo que afirman los estudios de género.

No es fácil ponerse en el lugar de las personas trans, comprenderlas. Pero tenemos que hacerlo por deber de justicia y de fe cristiana. Tiene que haber protección legal para los millones de personas trans que hay en el mundo. La futura ley trans española, redactada desde el conocimiento científico y la sensatez, especialmente en los que se refiere a los menores, debería alcanzar el máximo consenso posible y contar con el asesoramiento y la experiencia de las personas de ese colectivo.

La comunidad transgénero de Estados Unidos (cerca de un millón de personas) le hizo saber al arzobispo Carlson que su doctrina desconocía su problemática. Si se evitan las posturas sectarias no tendría por qué ocurrirle lo mismo a la Iglesia en España.

Fuente Religión Digital

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La policía alemana se vuelve más inclusiva. Con el nuevo año ha entrado en vigor una reforma del reglamento sobre el acceso a las fuerzas de seguridad que abre la puerta a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El texto elimina los requisitos que excluían a los candidatos no cisgénero al imponer determinadas características corporales, como disponer de «al menos un testículo funcional» en el caso de los aspirantes varones. El ministerio del Interior cumple así con la promesa de acabar con la discriminación basada en la identidad de género existente hasta ahora.

El acceso al cuerpo de policía en Alemania se rige por la norma PDV 300, que regula los criterios que deben cumplir las personas aspirantes al uniforme. Con la versión en vigor hasta el pasado 31 de diciembre, se exigía de los varones que tuvieran «al menos un testículo funcional» y se descartaba a las mujeres con implantes mamarios. Se requería, además, la estabilidad en la función hormonal «andrológica» o «ginecológica» según el caso.

Con los cambios que han entrado en vigor con el nuevo año, la discriminación de las personas trans, intersexuales y de género no binario ha pasado a la historia. Una nota aclarativa al principio del texto explica que cualquier indicación que utilice la fórmula masculina se entenderá aplicable a todos los géneros. En Alemania existe una tercera opción de sexo legal con la denominación de «diverso» desde 2018. Además, se eliminan los requisitos corporales que excluían de facto a las personas trans e intersexuales.

Se cumple así con una promesa que hizo el ministerio del Interior hace dos años como respuesta a una pregunta parlamentaria de Jens Brandenburg, del FDP, quien se ha felicitado por los cambios. Se trata de un «hito histórico» para la «vinculación de la policía con una sociedad diversa», afirmó. El diputado liberal, proponente de la reforma, reclama ahora formación para que los agentes policiales puedan aplicar sin dificultades la medida. Desde la izquierda de Die Linke también saludan la modificación y destacan su valor para la prevención de la violencia intrapolicial.

 Fuente Dosmanzanas

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Nicola Sturgeon

Nicola Sturgeon, Primera Ministra de Escocia y líder del SNP (Partido Nacional Escocés), ha condenado enérgicamente la transfobia en un “mensaje del corazón”, insistiendo en que es “vital hablar a favor de lo que es correcto y en contra de la injusticia”.

Sturgeon publicó un video en las redes sociales el miércoles 27 de enero, por la noche, en medio de acusaciones de que el SNP se ha convertido en un “centro de transfobia”.

En el video, la primera ministra escoces dijo: “Este es un mensaje mío como líder del SNP sobre el tema de la transfobia. No tengo mucho tiempo para otra cosa que no sea la lucha contra COVID en este momento, pero algunos días el silencio no es una opción “.

Sturgeon dijo que su mensaje no estaba escrito, sino que era un “mensaje del corazón”.

Sobre los informes de “un número significativo” de jóvenes miembros del SNP que abandonan el partido por las acusaciones de transfobia, dijo: “Conozco a muchos de ustedes personalmente, los considero amigos, he hecho campaña junto a ustedes. Eres un crédito para nuestro partido y nuestro país. Me entristece profundamente que hayas llegado a esta conclusión después de mucho examen de conciencia porque consideras en esta etapa que el SNP no es un lugar seguro, tolerante o acogedor para las personas trans. Eso no es aceptable para mí, como líder del SNP haré todo lo posible para cambiar esa impresión y persuadirlos a todos de que el SNP es su partido y que deben volver a casa donde pertenecen”.

Sturgeon admitió que los miembros de su partido tenían “diferencias de opinión sobre la reforma de la Ley de Reconocimiento de Género”, pero insistió: “Ningún debate puede ser una tapadera para la transfobia”.

A message from me as @thesnp leader on transphobia. pic.twitter.com/ewjM7xWLjG

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 27, 2021

Ella continuó: “Las personas trans tienen tanto derecho como cualquiera de nosotros a estar seguras, protegidas y valoradas por lo que son. La transfobia está mal, y debemos tratarla con la tolerancia cero con la que tratamos el racismo o la homofobia “.

Sturgeon finalizó: “Algunos criticarán este mensaje, dirán que no llega lo suficientemente lejos o que las palabras son huecas a menos que demostremos que las decimos en serio. Estoy decidido a que lo haremos. Sin duda otros me acusarán de estar ‘despierta’. No me importa. A veces, particularmente como líder, es vital hablar a favor de lo que es correcto y en contra de la injusticia “.

Este mensaje trata de responder a la iniciativa de un grupo de campaña de “derechos basados en el sexo de las mujeres”que  ha exigido a los parlamentarios que deroguen la Ley de Reconocimiento de Género de Gran Bretaña y eliminen el “transgenerismo”.

La The Women’s Human Rights Campaign (WHRC),-Campaña de Derechos Humanos de las Mujeres -, cuya misión es “defender a las mujeres y las niñas” y “preservar nuestros derechos basados en el sexo”, estaba respondiendo a una investigación sobre la Ley de reconocimiento de género (GRA) realizada por el Women and Equalities Select Committee (Comité Selecto de Mujeres e Igualdad), presidida por la diputada Tory MP Caroline Nokes.

La GRA es una ley que, desde 2004, alrededor de 5.000 hombres y mujeres trans adultos han utilizado para obtener el reconocimiento legal de su género. Entre 2018 y 2020, el acalorado debate público sobre si reformar la ley para hacerla más accesible para las personas trans se volvió cada vez más tóxico y llevó a que grupos como el WHRC se formaran para oponerse a los derechos trans.

Refiriéndose a la convención de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas, WHRC dijo: “La convención pide la ‘eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y todas las demás que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres  (artículo 5). Consideramos que la práctica del transgénero claramente se incluye en este artículo porque se basa en roles estereotipados para hombres y mujeres”.

En su presentación de nueve páginas, la WHRC también pidió que se derogue la GRA porque tiene “fallas fatales” y “crea una gran confusión y conduce a la idea de que hombres y mujeres pueden cambiar de sexo”.

La presentación del 27 de noviembre es, como era de esperar, transfóbica en todas partes: los cofundadores de WHRC son Sheila Jeffreys y Heather Brunskell-Evans, dos prominentes activistas anti-trans.

Entre otras cosas, Jeffreys ha criticado la “tendencia del transgenerismo de moda” y describe los derechos trans como “fetiches sexuales explotados por Internet”; Brunskell-Evans fue despedida por el Women’s Equality Party (Partido por la Igualdad de la Mujer) por decir que sería “abusivo” que los padres apoyaran a sus hijos trans.

La WHRC también repite varios reclamos anti-trans en su presentación al Comité Selecto de Mujeres e Igualdad, incluyendo que ser trans es una fase o moda pasajera – “el transgenerismo es una construcción social e histórica, no biológica, y aumentará o disminuirá a medida que resultado de fuerzas sociales ”– y la asquerosa e infundada afirmación de que las mujeres trans son fetichistas sexuales – “la pornografía llamada sissy hypno hipnotiza a los hombres para que se sientan mujeres con el propósito de excitación sexual ”. También afirman que las personas no binarias “han sido producidas por la cultura popular y pueden no existir en el futuro”.

Las organizaciones de apoyo a la WHRC, que se enumeran en su sitio web, incluyen una serie de prominentes grupos británicos anti-trans que niegan rotundamente que sean grupos de odio transfóbicos y que los medios británicos los critican regularmente, además de apoyar varios casos judiciales financiados por crowdfunding contra los derechos de las personas trans. .

Incluyen: LGB Alliance, Transgender Trend (que intervino en el caso de Keira Bell contra el NHS por prescribir bloqueadores de la pubertad), Labor Women’s Declaration, WoLF (Women’s Liberation Front, un grupo con vínculos con la Fundación Heritage anti-aborto y anti-LGBT + ), Standing For Women (el grupo detrás del eslogan “mujer = mujer humana adulta“, fundado por Posie Parker, fanática de aparecer en programas de YouTube con nacionalistas blancos), Safe Schools Alliance UK (que recientemente tuvo un intento de caso contra la Fiscalía de la Corona La guía de crímenes de odio LGBT + del servicio para las escuelas descartada como “indiscutible”), OBJECT (que quiere hacer que la atención médica que afirma el género sea ilegal para cualquier persona menor de 25 años) y For Women Scot (que actualmente está luchando por un caso legal para excluir a las mujeres trans de Definición de mujer de Escocia).

Todos estos grupos se opusieron a reformar la GRA, pero muchos pretenden apoyar los derechos trans y todos rechazan la noción de que son anti-trans o transfóbicos.

La investigación de GRA se lanzó en octubre, cuando la portavoz de igualdad de los conservadores, Liz Truss, anunció que, a pesar del abrumador apoyo público, no desmedicalizaría el proceso de reconocimiento legal de género en el Reino Unido, que actualmente ve a las personas trans obligadas a ser diagnosticadas con disforia de género antes de que se le permita tener el marcador de género correcto en su certificado de nacimiento.

En lugar de reformar la GRA, Truss dijo que reduciría la tarifa de reconocimiento legal de género de £ 140 a una “cantidad nominal” y colocaría el proceso de solicitud en línea. Semanas después, el Comité Selecto de Mujeres e Igualdad dijo que llevaría a cabo una investigación sobre “si los cambios propuestos por el gobierno son los correctos y si van lo suficientemente lejos”.

Hasta ahora, el comité ha escuchado evidencia de académicos trans y académicos anti-trans, y recibió cientos de presentaciones de evidencia escrita de miembros del público, 295 piezas de las cuales ha publicado en su sitio web.

Fuente Pink News

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que condena a Rumanía por negar el reconocimiento de la identidad de género de dos hombres trans. Las autoridades rumanas condicionaban la modificación registral del sexo legal a una operación de reasignación genital a la que ninguno de los dos deseaba someterse. Los jueces de Estrasburgo obligan al Estado rumano a indemnizar a los demandantes con más de 25.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho a la privacidad de la que fueron víctimas.

Los dos hombres, que se encontraban en tratamiento hormonal y se habían sometido a mastectomías, solicitaron el reconocimiento de su identidad masculina ante el Tribunal de Distrito de Bucarest en 2011 y 2013. La respuesta de la justiciar rumana fue la misma en los dos casos: para obtener la modificación registral del sexo legal en los documentos de identidad y la partida de nacimiento, se requiere acreditar que la persona interesada ha pasado por una operación de reasignación de sexo. Una intervención a la que ninguno de ellos se quería someter.

El primero de los demandantes decidió finalmente transigir con el requisito y en 2017 se sometió a dos operaciones genitales. En consecuencia, en 2018 recibió un documento de identidad y un certificado de nacimiento acordes con su identidad de género. Ese mismo año, el Gobierno rumano rechazó modificar esta política de modificación registral del sexo legal. El segundo, mientras tanto, se trasladó al Reino Unido, donde obtuvo un permiso de conducción con sexo masculino. La incongruencia entre los datos de sus documentos británicos con los rumanos, sin embargo, le conllevaba problemas.

Los afectados decidieron llevar el asunto ante la justicia europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló el pasado martes a su favor. Los jueces de Estrasburgo consideran que la política de las autoridades rumanas contradice el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Los tribunales rumanos presentaron a los demandantes «un dilema imposible» entre someterse a una operación que no deseaban o renunciar al reconocimiento de su identidad de género.

El alto tribunal califica el requisito quirúrgico como «un enfoque rígido» que provocó a los dos hombres en «una posición de angustia durante un periodo de tiempo continuado y excesivo». El fallo condena al Estado rumano a indemnizarlos con un total de 25.908 euros por daños y perjuicios y los costes incurridos en el proceso. La sentencia supone un alivio para la comunidad trans del país. Según la asociación Accept, menos de 50 personas trans han conseguido el reconocimiento de su identidad de género en Rumanía. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han salido en los últimos años otras sentencias muy importantes para el colectivo como las que condenaron a Macedonia por no disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans o a Francia por exigir su esterilización como requisito para reconocer su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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Importante victoria para la comunidad trans en Estados Unidos. Un juez federal decretó el pasado mes de diciembre que la prohibición de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento, vigente en el estado de Ohio, es inconstitucional. La política discriminatoria, impuesta por el departamento de Salud y la oficina de Estadísticas Vitales, contradecía las normas que sí permiten el cambio de los documentos de identidad y los permisos de conducción en este estado del Medio Oeste. En agosto del año pasado, otra jueza federal paralizó la aplicación de la ley de Idaho que también prohibía la modificación registral del sexo asignado al nacer, con lo que Tennessee ha quedado como el único estado de los Estados Unidos que sigue negando a las personas trans el derecho al reconocimiento de su identidad de género.

La prohibición de modificar el registro del sexo legal en las partidas de nacimiento en Ohio se basa en una sentencia del año 1987. En 2016, las autoridades del estado revisaron el asunto y decidieron seguir aplicando la política discriminatoria para, según su versión, prevenir el fraude y mantener la exactitud de los registros históricos. En 2018, cuatro personas trans (tres mujeres y un hombre) demandaron al departamento de Salud y a la oficina de Estadísticas Vitales por la imposibilidad de adaptar sus partidas de nacimiento a sus identidades de género. Los demandantes sufrieron amenazas y humillación en sus trabajos cuando, por culpa de la incongruencia en estos documentos, quedó al descubierto su condición de personas trans.

Dos años después, el juez federal Michael Watson ha sentenciado que la práctica de las autoridades de Ohio es inconstitucional. El magistrado asegura que no hay motivos fundados para denegar el derecho al reconocimiento de la identidad de género. Señala que, a pesar del fallo de 1987, tiene constancia de al menos diez casos anteriores a 2016 en los que sí se autorizó la modificación registral del sexo. Por último, añade que el estado ya autoriza la adaptación de las partidas de nacimiento en el caso de adopciones y de cambios de nombre. Además, las personas trans sí que pueden actualizar sin problemas sus documentos de identidad y sus permisos de conducción.

Con la anulación de la política discriminatoria en Ohio, Tennessee queda como el único estado de los Estados Unidos que niega a las personas trans el derecho a su identidad. El año pasado, ambas cámaras de Idaho aprobaron una ley que eliminaba la posibilidad de modificar el sexo asignado al nacer en las partidas de nacimiento. Tan solo un mes después de entrar en vigor, la jueza federal Candy Dale decretó su paralización. En Europa, recordemos, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán prohibió en mayo del año pasado la modificación registral del sexo asignado en el nacimiento, en lo que se considera uno de los mayores ataques a la comunidad LGTBI ocurrido en un país de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía ha sentenciado que la reforma para prohibir el estudio de la diversidad en la identidad de género en todas las instituciones educativas es contraria a la ley fundamental del país. El proyecto en cuestión fue aprobado por el Parlamento el pasado mes de junio. El presidente del país, Klaus Iohannis, rechazó promulgarlo con su firma por considerarlo contrario a la libertad de expresión, al principio de igualdad y a los derechos de los menores. En su lugar, la remitió al Constitucional, que ahora le ha dado la razón.

En junio de este año, el Senado rumano aprobó una modificación de la ley de educación para prohibir «la propagación de teorías y opiniones sobre la identidad de género si esta es un concepto separado del sexo biológico». Se trataba de una proposición de ley del democristiano Partido del Movimiento Popular del expresidente Traian Băsescu (PMP, ahora extraparlamentario), que recibió el apoyo de los socialdemócratas (PSD) y de los socioliberales de PRO Rumanía, una escisión del PSD. La centrista Unión Salvar Rumanía (USR) y los representantes de la minoría húngara se opusieron, mientras que el conservador Partido Nacional Liberal (PNL), a la cabeza del Gobierno, se abstuvo.

La iniciativa pretendía extenderse a todas las instituciones educativas y mereció la condena unánime de universidades, profesores, organizaciones estudiantiles y asociaciones LGTBI. La Universidad de Bucarest advirtió de que suponía una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, mientras que el la Alianza Nacional de Organizaciones Estudiantiles consideró que llevaría el país «a la Edad Media» y sería un ataque directo a la comunidad trans. La organización LGTBI MozaiQ inició una recogida de firmas contra la propuesta que sumó más de 55.000 adhesiones.

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, fue sensible a estos llamamientos y rechazó promulgar la ley con su firrma, al considerar que supondría una legitimación de la censura y que vulneraría numerosos preceptos constitucionales. En el uso de sus prerrogativas, que en el sistema semipresidencial de Rumanía son relativamente amplias, Iohannis remitió el texto el pasado mes de julio al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre su contenido. El fallo llegó el 16 de diciembre y, aunque no se ha hecho pública aún la argumentación, da la razón al presidente y declara nula la proposición de ley por inconstitucional.

Desde MozaiQ se han felicitado por la sentencia del alto tribunal, que supone «un triunfo conjunto de la sociedad civil y de las personas que apoyan a la comunidad LGTB en Rumanía». Y, en especial, a «la comunidad transgénero, que más que nunca tuvo el valor de levantarse, luchar por los derechos civiles y hacerse oír». En resumen, «un avance para la democracia en Rumanía».

La tentación regresiva en los derechos LGTBI en Rumanía

Rumanía viene experimentando ciertos retrocesos en materia de derechos de la comunidad LGTBI en los últimos años impulsados por la vía política. Afortunadamente, en 2018 la ciudadanía dio la espalda al referéndum que pretendía incluir en la Constitución la prohibición expresa al matrimonio igualitario. En 2019, sin embargo, el Senado rechazaba dos proposiciones de ley de uniones civiles que incluían a parejas del mismo sexo. Cabe destacar, en este sentido, que la falta de compromiso con los derechos LGTBI se extiende tanto a derecha como a izquierda. Particularmente significativo es el posicionamiento de los socialdemócratas (PSD), que apoyaron el blindaje constitucional del matrimonio excluyente y también votaron a favor de la reforma educativa que ahora ha abortado el Tribunal Constitucional. Más sensibles a la igualdad LGTBI se han mostrado el presidente Klaus Iohannis y la formación centrista y anticorrupción USR.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatori contra l’Homofòbia ha registrado 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020. Una cifra que supone un aumento del 25% respecto al año anterior, y que sitúa al 2020 como el año con mayor número absoluto de incidencias desde que hace cinco años esta entidad comenzara a resgitraslas de forma sistemática.

Habrá que esperar todavía unos meses para conocer el detalle de las incidencias registradas a lo largo de 2020, pero el Observatori contra l’Homofòbia ha querido aprovechar el principio del año para adelantar que estas han ascendido a 189, la cifra más alta de los últimos cinco años. Conviene recordar, en este punto, que en todo 2019 el Observatori registró 160 incidentes, una cifra que ya suponía un aumento de un 41,6% respecto a 2018.

Según el adelanto, la vía pública continúa siendo el ámbito en el que más agresiones se produce. Otro dato destacable es que las agresiones a personas trans se habrían incrementado cerca de un 25%. Ante este panorama, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori, ha subrayado por enésima vez la necesidad de desplegar de una vez todos los mecanismos legales contenplados en la ley catalana contra la LGTBIfobia, así como de financiar adecuadamente a todas las entidades especializadas que dan soporte a las víctimas de agresiones LGTBI. Rodríguez también ha pedido la aprobación de una ley trans estatal que permita una cobertura más eficaz contra la transfobia.

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El Ayuntamiento de Madrid repuso la placa en homenaje a la desaparecida Cristina La Veneno en el Parque del Oeste a principios de diciembre. Lo ha hecho, eso sí, más de un año y medio después de que algún vándalo la arrancase. Más vale tarde que nunca, dicen. Cabe recordar que la placa, en la que reza «En memoria de Cristina Ortiz La Veneno, valiente mujer transexual visible en los 90», fue instalada en abril de 2019 por la anterior corporación municipal, a petición de la asociación LGTB Arcópoli.

El equipo de gobierno que actualmente lidera el alcalde José Luis Martínez-Almeida tuvo a bien reponer a comienzos del mes de diciembre la placa a Cristina La Veneno que fue colocada en abril de 2019 en el Parque del Oeste, por la anterior corporación —encabezada por Manuela Carmena—, a petición de Arcópoli. «Es algo histórico», apuntaba en su momento Rubén López, vocal de Delitos de Odio de Arcópoli. «Nunca en la historia de la ciudad de Madrid se había instalado una placa honorífica a alguien por su valentía de ser trans. Que el Ayuntamiento de Madrid tenga este gesto significa mucho para este colectivo tan vulnerabilizado».

Por desgracia, la placa original sufrió un ataque vandálico y fue arrancada a los pocos días de ser colocada junto a la fuente Juan Villanueva. Quizás por eso, el Consistorio ha explicado que la nueva placa —que ha sido instalada más de un año y medio después de aquel incidente, a rebufo del éxito cosechado por la serie Veneno y la revitalización de la figura de Cristina— cuenta con una plancha de material transparente con el fin de que «resista a posibles ataques y un mejor anclaje».

Cabe recordar que Cristina falleció el 9 de noviembre de 2016, debido a una caída en su domicilio del madrileño barrio de Tetuán, y tras permanecer algo más de tres días en coma en la UCI del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su cuerpo fue incinerado y, según su deseo expreso, sus cenizas fueron esparcidas en el madrileño Parque del Oeste, donde tantos días pasó antes de que los reporteros del programa Esta noche cruzamos el Mississippi la encontraran.

Fuente Dosmanzanas

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Enésima tragedia protagonizada por una menor trans: Fouad, una chica de 17 años, se quitó la vida el pasado miércoles en Lille (norte de Francia). Tras su suicidio, las redes sociales han difundido el episodio que Fouad sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando los responsables del centro escolar la hicieron volver a su domicilio por acudir vestida con falda. Los responsables del centro, pese a reconocer lo sucedido ese día, niegan ser los culpables de lo sucedido y aluden al «contexto personal complejo» de la adolescente.

Nuevamentes las redes sociales han servido de altavoz a una tragedia que de otros modos quizá hubiera pasado inadvertida. Bajo el hashtag #JusticePourFouad una tuitera denunciaba, tras el suicidio de la joven, el episodio de discriminación tránsfoba que sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando una trabajadora del instituto Fénelon de Lille, miembro del equipo pedagógico que supuestamente le hacía acompañamiento, le recriminó que acudiese vestida con falda y la obligó a volver a su domicilio. En este punto, las versiones que circulan en redes difieren: según una versión la joven fue conminada a abandonar la clase delante de sus compañeros. Según otra, fue interceptada antes de entrar en clase. Lo que parece confirmado es que fue ella misma la que grabó con su teléfono móvil parte de la discusión con la trabajadora, que también fue difundida en redes. «Comprendo tus ganas de libertad, comprendo tus ganas de ser tú misma, lo entiendo muy bien. Y todo lo que hacemos, precisamente, es para acompañarte mejor, eso es lo que tú no entiendes» , le argumentaba la trabajadora del centro.

Palabras no demasiado comprensibles si se tiene en cuenta que el instituto conocía bien la situación de la adolescente, una chica a la que al nacer asignaron sexo masculino y que todavía no había modificar en sus documentos oficiales, y su equipo pedagógico supuestamente se había propuesto ayudarle. Los responsables educativos reconocen lo sucedido ese día, pero niegan que tenga relación con el hecho de que la chica se quitase la vida. Aluden, para justificarse, al hecho de que Fouad vivía un «contexto personal complejo» (la joven residía en una casa de acogida dependiente de los servicios sociales) y argumentan además que el prohibirle acudir a clase con falda tenía como objetivo «protegerla».

Por nuestra parte, resulta imposible precisar más de acuerdo a lo publicado. En cualquier caso, y aun asumiendo que el suicidio de Fouad fuese el resultado de más elementos que simplemente lo sucedido el 2 de dicembre, los argumentos del centro escolar en modo alguno justifican la humillación que la joven sufrió ese día. Un episodio que, de hecho, generó la reacción de sus compañeros, que al día siguiente colocaron carteles en el instituto para denunciar lo sucedido y muchos de los cuales tres días después acudieron al centro vestidos también con falda como gesto de solidaridad. Hasta el punto de que el instituto había cedido y al parecer ya estaba dispuesto a permitir la vuelta de Fouad vestida con falda.

Tampoco nos genera mucha confianza el hecho de que la dirección del centro, se refiriese a Fouad como «un alumno» y no como una alumna (la marca de género existe en francés, al igual que en castellano) a la hora de comunicar su muerte por correo electrónico a los padres de sus compañeros, como también ha sido difundido en Twitter.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de los Países Bajos ha pedido oficialmente disculpas por el daño infligido a las personas trans a las que se obligó a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. El requisito formaba parte de la ley sobre transexualidad aprobada en 1985 y no se eliminó hasta 2014, después de afectar a cientos de personas. El Ejecutivo tramitará un proyecto de ley que incluirá indemnizaciones de 5.000 euros. Se trata del segundo país europeo en promover estas reparaciones, después que Suecia hiciera lo propio en 2018. En el caso sueco, sin embargo, la cuantía ascendía a unos 22.000 euros al cambio.

La Ley Transgénero, aprobada en 1985, permitió a las personas trans de los Países Bajos modificar su sexo legal en los certificados de nacimiento. Se exigió, eso sí, la esterilización irreversible. Hasta 2014 no entró en vigor una reforma de la legislación que eliminó este requisito. Para entonces, unas 2.000 personas habían sufrido su aplicación.

En febrero de este año, dieciséis personas y organizaciones presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno holandés para pedir una disculpa oficial, tanto por quienes se sometieron a la esterilización obligada como por quienes, para no tener que pasar por ese trance, renunciaron al reconocimiento de su identidad. El pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo reconoció en nombre del Estado holandés el sufrimiento causado y expresó sus disculpas a la comunidad trans.

El Gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de ley, de aquí al verano que viene, para compensar económicamente a las personas afectadas. Tendrán derecho a una indemnización de 5.000 euros las que, entre el 1 de julio de 1985 y el 1 de julio de 2014, se hubieran sometido a un proceso de transición física que conllevara la modificación registral del sexo legal.  Los Países Bajos se convierten así en el segundo Estado europeo en compensar a las personas trans por la exigencia de la esterilización para concederles el reconocimiento de su identidad. Suecia fue la pionera en 2018. Las entre 600 y 700 personas afectadas en el país escandinavo obtuvieron el derecho a una indemnización fijada en 225.000 coronas (unos 22.0000 euros).

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó en octubre de 2017 tramitar una ley en ese sentido.

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