Daniel Román, el enfermero-educador al que la ONG Nuevo Futuro-Sirio se vio obligada a readmitir hace ahora tres años tras ser despedido en el contexto de su proceso transexualizador, vuelve a sentir el peso de la discriminación. Román, convencido de que detrás de lo que le ocurre no se encuentra sino la transfobia, ha presentado la correspondiente denuncia.

En su momento recogimos la historia con cierto detalle. Daniel Román fue despedido de Nuevo Futuro-Sirio (ONG que cuida a menores con problemas mentales cuya tutela corresponde a la Comunidad de Madrid, de la que recibe financiación) pocos meses después de comunicar su intención de proceder a la rectificación legal del sexo (ya dos años antes había comenzado su proceso de hormonación, y los menores habían visto su proceso con normalidad). Desde la ONG se le propuso dejar el puesto mientras acometía el proceso, pero Daniel lo rechazó: “Al menos dos veces la directora me sugirió que me cogiera una baja o una excedencia. La excusa era que así podría hacer el proceso más tranquilo. Pero yo me negué. Primero, porque necesitaba el trabajo; segundo, porque no soy un enfermo”, contó entonces. La ONG acabó por despedirlo, alegando “indisciplina y desobediencia en el trabajo”. Pero Daniel, que contó por entonces con el asesoramiento del sindicato UGT y con el apoyo activo de Carla Antonelli (que llegó a registrar una pregunta en la Asamblea de Madrid sobre el tema y entrevistarse con la directora de la ONG) consiguió que Nuevo Futuro-Sirio lo readmitiese.

Tres años después Daniel Román ha denunciado que vuelve a ser objeto de discriminación. Fue a principios de este año cuando comenzó a percibir que la actitud de la dirección cambiaba. “Hice una solicitud de vacaciones a principios de año para irme 15 días en diciembre y todavía no sé si me las puedo coger, cuando otros compañeros lo han hecho”, declaraba a El Mundo hace tres semanas. “Hasta julio he tenido silencio administrativo; ese mes me dicen que son malas fechas para el centro, y les da un poco igual que sea parte de mis derechos y que me venga bien por cuestiones personales y familiares”, añadía.

Tras su reclamación, Daniel Román comenzó a recibir escritos de amonestación por no acudir a un determinado número de reuniones, muchas de las cuales se celebran fuera de su horario de trabajo. Según Daniel Román explicó a El Mundo se trata de una situación común a otros trabajadores, con los que sin embargo la dirección no tiene “el mismo nivel de exigencia”. Y a finales de agosto fue sancionado por tomarse dos días de permiso por la hospitalización de su hermana y el nacimiento de su sobrino (un derecho recogido en su convenio colectivo y en el Estatuto de los Trabajadores), a pesar de que avisó con 15 días de antelación explicando que desconocía la fecha exacta en la que se produciría el parto. El mismo día del nacimiento de su sobrino volvió a comunicarlo por la mañana a la dirección, que le denegó el permiso argumentando la imposibilidad de sustituirle y le acusó de actuar de mala fe. La sanción emitida por la ONG, de hecho, recoge que “cuesta creer que no supiera con más antelación la fecha” y añade que “en el caso que nos ocupa se ha desobedecido una instrucción directa por parte de esta dirección. Entendemos que no es relevante en este caso que el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio colectivo le confiriesen el derecho a la licencia”.

Insertamos a continuación la entrevista realizada a Daniel Román en el programa Hoy por Hoy Madrid, de la cadena SER, en el que el joven explica su historia y se muestra convencido, en última instancia, de que lo que le ocurre no es más que otro episodio de discriminación tránsfoba:

Todo apunta a que será la justicia la que tenga la última palabra. Veremos qué sucede finalmente.

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Defensores de los derechos de las personas LGTB han festejado la resolución, calificándola de un “hito para los derechos de niñas y niños transgéneros”.

La Corte Suprema chilena ha ratificado un fallo que ordena a una clínica privada de Santiago de Chile a reconocer la identidad de género de una niña en la ficha médica, aún cuando la menor no ha cambiado su nombre y sexo legales en el registro civil.

La activista trans del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Paula Dinamarca, precisó que “este fallo marca un hito para los derechos de las niñas y niños trans, pues obliga a respetar la identidad de género desde la más tierna infancia. Y para ello, el fallo argumenta que el interés superior del niño exige respetar la identidad de género, tanto si hubiese o no efectuado un cambio en la partida de nacimiento. Es todo un avance”. También añadió que “desde 2013 el Ministerio de Salud exige a los servicios de salud respetar la identidad de género de las personas trans, por tanto el rechazo de esta clínica a esta exigencia tiene más que merecida su sanción”.

Dinamarca comentó que “fue el pasado 13 de enero cuando la Clínica Alemana notificó por correo electrónico a la familia de la niña que no cambiaría los datos de su ficha médica, aún cuando así lo habían solicitado los padres. Esta medida se mantuvo firme en reuniones posteriores de los padres con representantes de la Clínica”.

En efecto, el 27 de enero anterior, la jefa de atención al cliente de la Clínica Alemana, María Francisca Geisse, señaló por carta a la familia de la niña que “no es posible acceder a la solicitud de la modificación de datos de la ficha clínica y atenciones de urgencia”, pues la información de los pacientes “se asocia a su cédula de identidad”.

Teniendo en consideración la igualdad ante la ley, la no discriminación y el interés superior del Niño, derechos garantizados en la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en forma respectiva, la Corte Suprema finalmente desestimó la postura de la Clínica Alemana,

El Comité de los Derechos Niño de la ONU “espera que los Estados interpreten el término ‘desarrollo’ como un concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño”, señaló la Corte al citar la Observación General Número 5 del órgano internacional.

“La actuación de la Clínica Alemana, en orden a no incorporar en sus diversos registros a la niña, con su nueva identidad, establecida por sentencia ejecutoriada, sólo porque no se ha materializado la inscripción correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación (…) resulta completamente infundada, especialmente si se tiene en cuenta que la referida inscripción sólo tiene un sentido de publicidad, la que en caso alguno puede prevalecer sobre la dignidad de la persona, el interés superior del niño y la garantía constitucional de la igualdad; derechos todos que se han conculcado por la recurrida con su negativa caprichosa y antojadiza que sin duda la torna arbitraria, por lo que la acción de protección será acogida”, puntualizó la corte.

Fuente MOVILH

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Meses después de amenazar con revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del alto tribunal dispuestos a valorar de nuevo la cuestión, Donald Trump ha asegurado, en su primera entrevista televisada tras ganar las elecciones presidenciales, que ya no considera necesario reabrir el tema. Una postura relativamente conciliadora, en la línea de sus declaraciones de los últimos días (mucho más templadas que las de los meses previos) y que de haber manifestado abiertamente durante las elecciones primarias seguramente hubiesen complicado mucho su elección como candidato republicano a la Casa Blanca. El activismo LGTB estadounidense, en cualquier caso, desconfía profundamente de las intenciones del presidente electo. Razones no le faltan.

Las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario se produjeron en una entrevista al programa 60 Minutes, de la CBS, en la que el presidente electo apareció rodeado de su actual familia. Preguntado sobre el miedo que su elección ha despertado en las minorías, Trump negó que tuvieran razones para ello, y culpó directamente a la prensa de ser la instigadora de ese miedo. Lesley Stahl, la entrevistadora, quiso profundizar más en concreto sobre sus intenciones sobre el colectivo LGBTQ. Donald Trump, como respuesta, le recordó que él mismo se había referido al colectivo LGBTQ en la convención repúblicana. “A todo el mundo le pareció genial. Yo les apoyo”, añadió.

Recordemos, en este punto, cuál fue la referencia exacta de Trump al colectivo LGBTQ en su discurso de aceptación de la nominación republicana: “Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”. Esa fue la única referencia. Un recurso, en definitiva, a la islamofobia, pero que sirvió a algunos medios de comunicación generalistas para presentar a Trump como un político sensible a los derechos de este colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción.

Tras recordar Trump esta referencia, Lesley Stahl se refirió, ya más en concreto, al matrimonio igualitario. “¿Apoya usted el matrimonio igualitario?”, le preguntó. “Es irrelevante, porque ya ha sido decidido por el Supremo. Es ley. Ya está hecho”, respondió. “¿Entonces, incluso si usted promueve un juez que…?”, trató de indagar Stahl, en referencia a la afirmación de Trump de que promovería jueces que en un futuro revirtieran la decisión. “Estos casos ya han sido visto por el Supremo. Han sido resueltos. Para mí está bien así”, zanjó Trump:

https://www.youtube.com/watch?v=jDVX8oj8h1c

No hubo más referencia a los derechos LGTB en la entrevista. Ni una palabra, por ejemplo, sobre la próxima decisión que el Tribunal Supremo debe tomar en esta materia, referida al derecho de un adolescente trans a usar en su instituto los aseos que se corresponden a su identidad de género. En cualquier caso, las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario suponen un titular potente, que ha sido recibido con precaución y escepticismo por el activismo LGTB estadounidense.

Es fácil entender las razones de este escepticismo. La reversibilidad del matrimonio igualitario nunca ha sido el mayor temor del activismo, dado que para ello sería necesario que el Tribunal Supremo se desdijera a sí mismo, y ello después de que Trump hubiese propuesto al menos a dos nuevos jueces (en este momento solo hay una vacante, la que dejó al fallecer el conservador Antonin Scalia, que de hecho ya fue uno de los que se opusieron a la decisión mayoría del Supremo en 2015) o que culminase con éxito una iniciativa de reforma de la Constitución de los Estados Unidos para incluir una definición excluyente de matrimonio (muy improbable a día de hoy). Lo que más preocupa en realidad al activismo LGTB son los más que probables (estos sí…) retrocesos en materia de políticas antidiscriminatorias, promovidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, que recordemos, se presentó este año a las elecciones con la plataforma más abiertamente anti-LGTB de su historia.

Así por ejemplo el que será vicepresidente de Trump, Mike Pence anunciaba hace pocas semanas que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.

El próximo vicepresidente, un homófobo contrastado

Por desgracia, todos los analistas auguran a Mike Pence un papel mucho más activo en la futura administración federal que el de sus predecesores. Una muy mala noticia en clave LGTB, dado su perfil homófobo. Recordemos que su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos (ver foto, a la derecha).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

No es, por desgracia, el único antecedente homófobo de Pence, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

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Importante sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que ha reconocido el derecho a la propia identidad de género y ha decretado que el proceso de rectificación del sexo en los documentos de identidad debe realizarse mediante procedimiento sumarísimo. La sentencia deja sin efecto una sentencia anterior, especialmente perjudicial para los derechos de las personas trans, que precisamente impedía la modificación del sexo en los documentos de identidad.

La nueva sentencia, Nº 06040-2015-PA/TC (y que puedes descargar aquí en su integridad) supone, por tanto, un giro de 180 grados, al dejar sin efecto la doctrina jurisprudencial establecida en la nefasta sentencia Nº 0139-2013-PA/TC, según la cual el sexo era un elemento “inmutable” y por tanto no era viable solicitar su modificación en los documentos de identidad. Esto, además, se asociaba con la idea de que cualquier alteración a la identidad en función de ese criterio debía ser entendido como un trastorno o una patología.

En efecto, se trata de una sentencia a la que en su momento hicimos alusión. El alto tribunal peruano negó entonces el cambio aduciendo que la demandante, que en el pasado se había sometido a cirugía de reasignación y a la que otro tribunal ya había concedido el cambio de nombre, y que entonces solicitabala rectificación de la referencia al sexo, no presentaba “un caso de intersexualidad o hermafroditismo” que, al momento de registrar su sexo, hubiese ocasionado un error que tuviera que ser rectificado. “Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”, expresaba aquella lamentable sentencia, que llega a a añadir además que darle la razón hubiera supuesto “admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo” .

Afortunadamente la nueva sentencia se desprende de los prejuicios que la anterior contenía, al reconocer que el sexo no siempre debe ser definido en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física y ello obviaría que el humano es un ser también psíquico y social. esta nueva sentencia fue aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra.

Uno de los magistrados firmantes de la sentencia es Carlos Ramos Núñez, que aclara algunos aspectos de la misma en una entrevista al diario oficial El Peruano. En esta entrevista, el magistrado explica que la nueva decisión del Constitucional peruano busca que la judicatura “pueda tomar en cuenta las recientes tendencias existentes a nivel internacional a favor de las personas que buscan el reconocimiento de su identidad de género y que no se vea sometida, de manera mecánica, a una sentencia, aunque esta sea del máximo intérprete de la Constitución, al menos en lo que se relaciona con los progresos existentes respecto del reconocimiento y ejercicio de los derechos”. “Lo que hace [la sentencia] es reconocer una tendencia que, al parecer, es irreversible, y que se encuentra vigente en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en distintos órganos de las Naciones Unidas. También en el derecho comparado encontramos distintos pronunciamientos interesantes de altas cortes”, añade el magistrado.

La sentencia no supone, en cualquier caso, que el proceso se libre de la tutela judicial. La rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez, aunque al menos el Tribunal Constitucional establece que deberá hacerse por vía sumarísima. “El Tribunal ha planteado que, por la urgencia de estos casos, los pedidos relacionados con el cambio de sexo sean tramitados en el marco del proceso sumarísimo. No olvidemos que en la práctica de la justicia civil ordinaria, desde el 2007, ya se reconocía el cambio de sexo”, explica Ramos Nuñez.

Sobre el vínculo entre identidad de género y matrimonio igualitario que establecía la anterior sentencia, Ramos Núnez lo niega. “En este caso se ha hecho referencia a la identidad personal, en particular lo que es la identidad de género”, cuestión distinta a la orientación sexual. “Son conceptos que se mantienen en ambientes distintos. Nuestro pronunciamiento respecto a la STC 06040-2015-PA/TC no se extiende a esos supuestos, ya que no han sido planteados”, añade.

Importante avance sobre la sentencia anterior, pero no la situación ideal

En definitiva, tal y como explica el activista Gio Infante en su comentario de la sentencia, se trata de un avance muy importante si se tiene en cuenta el carácter tan profundamente tránsfobo de la sentencia anterior, pero no supone ni mucho menos que la situación a partir de ahora sea la ideal. “Sin duda, un avance. Aunque el gran pendiente sigue siendo que el cambio de nombre y sexo de las personas trans deje de ser visto en vía judicial y sea resuelto administrativamente ante la RENIEC [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] como bien señala el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera. Más allá de ello, su voto y el de la magistrada Ledesma Narváez merecen una lectura y reconocimiento especial, toda vez que refieren claramente a la dignidad de las personas trans y las múltiples deudas históricas que el Estado peruano tiene en el reconocimiento y protección de sus derechos”, explica Infante, que denuncia además como “una vergüenza” el voto particular de los tres magistrados opuestos, “que pretendían la primacía cromosómica sobre la experiencia e identidad de las personas para definir su sexo”.

Recordemos que en América Latina son ya varios los países que han actualizado sus normativas por lo que al reconocimiento jurídico de la propia identidad de género se refiere. Es el caso de países como Uruguay, Argentina (cuya legislación fue en su  momento pionera) o Bolivia. Ecuador también aprobó una ley sobre la materia, aunque introduciendo en el último momento aspectos restrictivos por imposición del presidente Rafael Correa. Por otra parte, Chile ya discute una reforma legal sobre la materia y el gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto (que no una ley) en el mismo sentido.

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En los últimos 8 años se han asesinado a más de 2.000 personas trans, en su inmensa mayoría mujeres transexuales.

El Día Internacional de la Memoria Transexual, en inglés Transgender Day of Remembrance (TDoR), que se celebra anualmente el 20 de noviembre, es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas trans, así como para recordar la violencia continua que sufre la comunidad trans.

El evento tiene como finalidad darles rostro y voz a aquellas víctimas de la violencia transfóbica, así como hacer visible nuestra exigencia a vivir una vida libre de violencia y poder ejercer nuestros derechos como el resto de la ciudadanía.

En el pasado año, el TDOR se llevó a cabo en más de 180 ciudades y en más de 20 países de América del Norte, Europa, África y Oceanía.

Según los datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, hecho público el pasado 30 de marzo de 2016, indicaba que en los últimos 8 años, se han asesinado a más de 2.000 personas trans, en su inmensa mayoría mujeres trans. El estudio muestra un aumento significativo y constante de los informes de asesinatos de personas trans durante los últimos ocho años.

La actualización TMM (Observatorio de Personas Transa Asesinadas) TDV 2016 revela 2.016 homicidios reportados de personas trans y de género diverso en 65 países en el mundo entre 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2015, siendo más de 1.500 en América del Sur y Central. Además, el análisis de los datos del TMM muestra que el 65% de todas las personas trans y de género diverso asesinadas cuyas profesiones se conocen eran trabajadoras sexuales.

A lo largo de las seis regiones del mundo, las cifras absolutas más altas han sido encontradas en países con movimientos trans y organizaciones de la sociedad civil fuertes, que realizan algún tipo de monitoreo profesional: Brasil (802), México (229), Colombia (105), Venezuela (98), y Honduras (79) en América Central y del Sur; los Estados Unidos (132) en América del Norte; Turquía (41) e Italia (33) en Europa; e India (54), Filipinas (40) y Pakistán (34) en Asia. [4]

Ante esta alarmante situación que constituye un TransFeminicidio, la Plataforma por los Derechos Trans insta a todas las instituciones a que se marque este día en el calendario de fechas onomásticas, se condenen los asesinatos y todas las formas de violencia de las que son víctimas las personas trans -en especial las mujeres trans- y se exija el fin de este TransFemicidio.

Para ello, han sido enviadas unas peticiones a los ayuntamientos, parlamentos, asambleas autonómicas, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo, que se concretan en

– Proponer una Declaración Institucional que condene estos TransFeminicidios, en la que se exija el cese de los mismos, así como su depuración, se inste a las Naciones Unidas a que sus estados miembros integren, en la medida de sus posibilidades, los principios de Yogyakarta en la aplicación e interpretación de la legislación interna y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos en relación con la Identidad de Género.

 -Izar la bandera trans.

– Iluminar un monumento, fuente o fachada emblemática de la ciudad que permita la reprogramación de los colores, para que coincidan con los de la bandera trans.

“Las obligaciones legales que los estados tienen para proteger a las personas trans frente a la violencia y la discriminación, no son diferentes de las que los estados tienen para la ciudadanía. Los derechos de las personas trans no están segregados y no son un subconjunto especial de derechos, sino que son Derechos Humanos”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, quien añade; “Las personas trans no son inferiores y tienen derecho a la vida, como cualquier ser humano. Se les debe procurar protección contra la detención arbitraria y la tortura, garantizar la no discriminación y la libertad de expresión, asociación y reunión. Estos derechos y muchos otros son universales: acreditados en las leyes internacionales, aunque negados a muchas personas trans, simplemente por su identidad de género o expresión de género”.

Fuente ATA, vía Universogay/Cáscara Amarga

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Descorazonadora noticia la que nos llega desde Argentina, donde colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos consideran absolutamente insuficientes las condenas dictadas a los policías que secuestraron, agredieron y abusaron sexualmente de una mujer transexual en Tucumán, al noroeste del país. Para la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) este caso es “emblemático y representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans”.

La mujer, de nombre Celeste, fue detenida de modo ilegal en noviembre de 2013. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su abuela, por la que ya había sido llevada a comisaría y puesta luego en libertad. En el momento de la detención se encontraba en el interior de su domicilio, tomando un baño. Allí irrumpieron los efectivos policiales, que la trasladaron a la seccional IV de San Miguel de Tucumán, alegando la aplicación del código contravencional (una normativa que se aplica en la vía pública y que ha sido denunciada como una herencia de la dictadura argentina que permite a la Policía de Tucumán realizar detenciones arbitrarias).

Ya en la comisaría, Celeste fue sometida a maltrato, vejaciones, insultos y abusos durante tres días, hasta que en un descuido de los policías consiguió escapar. En ese tiempo fue obligada a realizar hacer tareas de limpieza, golpeada, tuvo que soportar como varios policías se masturbaban sobre ella y fue encerrada en una celda junto a otros detenidos que abusaron sexualmente de ella sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Tras escapar, los médicos constataron las lesiones que sufrió, y la brutal agresión fue denunciada. En este intervalo de tiempo, Celeste ha sufrido presiones, intimidaciones e incluso intentos de soborno para que retirara la denuncia. Ella, con el apoyo de activistas LGTB, ha aguantado hasta que por fin, tres años después, se ha celebrado el juicio contra los siete policías que participaron en la agresión. El resultado, sin embargo, ha causado una profunda decepción en el movimiento LGTB argentino. Dos de los procesados, Ernesto Aguirre y Walter Trejo, han sido condenados a cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad y por falsear el acta de detención. Un tercer procesado, Aldo Quiroga, ha sido absuelto de dichos delitos. El resto deberán seguir siendo investigados. Los abusos sexuales sufridos por la víctima han quedado impunes. Todos los acusados, por cierto, han continuado durante todo este tiempo ejerciendo como policías.

Desde la Mesa de Justicia para Celeste, un grupo de activistas que la han arropado, consideran que lo sucedido no es excepcional, y que las mujeres trans, sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual, están expuestas a un abuso policial constante en Argentina. Para Ruth, una de sus integrantes, “el caso de Celeste en particular es emblemático porque es el único que ha llegado a la justicia”, pero no por ello sus derechos han sido respetados. Durante el juicio, por ejemplo, los abogados defensores se dirigieron continuamente a ella en masculino, sin que los jueces les llamaran al orden. Unos jueces sobre los que por cierto pende la sospecha de su sesgo conservador: se trata del mismo tribunal que condenó a una mujer a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo acusada de haber asesinado a su hijo. Una sentencia que fue luego anulada por la Corte Suprema de Tucumán, pero que desencadenó en su momento una ola de indignación en Argentina y que motivó incluso una campaña a nivel mundial de Amnistía Internacional.

Para la FALGBT y ATTTA, por su parte, “el caso de la compañera Celeste es emblemático y es representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans (…) Exigimos que Celeste, tanto como lxs compañerxs del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas, estén protegidxs y que haya una condena con cárcel efectiva para los acusados, y que cese la hostilidad hacia nuestras compañeras trans en todo el territorio nacional. Exigimos #JusticiaParaCeleste”, manifestó Marcela Romero, en este momento presidenta de ambas organizaciones.

Sin duda, una historia terrible, que vuelve a poner de manifiesto la situación de absoluta vulnerabilidad que vive el colectivo de mujeres trans en los países de América Latina. Veremos si al menos en este caso instancias superiores son capaces de reparar la injusticia y castigar debidamente a los agresores de Celeste.

Insertamos a continuación la entrevista radiofónica realizada por Radio Zumba la Turba a Ruth, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, en la que explica detalles del caso:

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Queda solo una semana para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y los dos principales candidatos aparecen virtualmente empatados en las encuestas, aunque con una ligera ventaja de Hillary Clinton si lo que se tiene en cuenta es el colegio electoral (en Estados Unidos, es el número de votos electorales que un candidato consigue reunir, en función de en qué estados logra la victoria, lo que determina el resultado final). Cada voto cuenta, también el LGTB. Por eso los dos principales candidatos han intentado atraerlo en los últimos días. De una manera bien distinta, que refleja hasta qué punto la cuestión interesa a uno y a otro.

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, promete avanzar hacia una sociedad más igualitaria en un mitin celebrado con la comunidad LGTB en Florida, un estado clave en la campaña en el que las encuestas le auguran un empate técnico contra Donald Trump.

Hillary Clinton, la candidata demócrata, dio un mitin en un local de ambiente LGTB (The Manor, en la localidad de Wilton Manors, Florida) en el que hizo un llamamiento a no dar ni un paso atrás sobre los avances que se han conseguido estos últimos años. Clinton, en este sentido, lo tenía fácil: le bastaba con enumerar las promesas que los republicanos han hecho sobre esta materia. Recordó, por ejemplo, que Donald Trump ha sugerido la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.

De campaña por uno de los estados claves de cara a las elecciones presidenciales, Hillary Clinton une lazos con la comunidad latina a través de un concierto de Jennifer Lopez y Marc Anthony en Miami, en el que pedía que votaran el 8 de noviembre en las «elecciones más importantes de la historia», y con la comunidad LGTB en un mitin celebrado en Wilton Mannors, la segunda ciudad estadounidense con mayor cantidad de residentes identificados como LGBT, donde recordaba la tragedia de Pulse.

La candidata demócrata no desaprovechó tampoco el momento para recordar otra promesa republicana, quizá menos llamativa pero quizá más grave, en tanto podría ocurrir desde el minuto cero de la presidencia de Trump: la de anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). El candidato republicano a vicepresidente, Mike Pence, era el encargado, hace pocas semanas, de anunciar en una entrevista esta medida.

Hillary Clinton, sin embargo, no se quedó solo ahí, y denunció de forma expresa que son todavía muchos los estados que siguen amparando la discriminación de las personas LGTB en materia de trabajo o vivienda. La candidata demócrata, de hecho, puso el ejemplo de Eleazar Andres, un trabajador gay que fue despedido de una de las empresas de Donald Trump tras denunciar el brutal acoso homófobo al que fue sometido por sus compañeros (hasta llegó a ser hospitalizado tras una agresión). En este sentido, la candidata demócrata prometió su apoyo activo a una legislación federal que prohíba este tipo de episodios. Algo que en cualquier caso parece difícil, incluso con Clinton en la presidencia si los republicanos retienen, como así parece que sucederá, el control de la Cámara de Representantes (que también se renueva el próximo martes, junto a un tercio del Senado).

No está de más recordar, hablando de discriminación a personas LGTB, que el propio Trump anunciaba en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA (First Amendment Defense Act), una propuesta legislativa que los republicanos incluyen en su plataforma electoral y que en caso de prosperar prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.

En su mitin de Florida Clinton también prometió, por cierto, luchar por un mayor control sobre la posesión de armas para intentar evitar masacres como la Orlando, que hace unos meses conmocionó precisamente a la comunidad LGTB de Florida.

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Clinton contra Trump

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El periódico coloca una advetencia de “contenido para adultos” al acceder a un artículo sobre transfobia.

¿Cómo? Volvemos a intentarlo no sea que por error hayamos entrado en una página pornográfica, pero no. Estamos en la web del periódico. Repasamos el artículo por si vemos alguna foto inapropiada pero… tampoco. Sólo hay texto acompañado de una foto de la cara de Ángela Ponce, la primera mujer transexual candidata a Miss Wolrd Spain. Entonces ¿por qué narices se muestra la advertencia?

Buscamos otros artículos en el periódico para ver si localizamos más casos. Curiosamente, uno titulado Matando transexuales no tiene advertencia alguna. Debe ser que un transexual muerto ya no es peligroso y por eso no es necesario advertir de nada. Por cierto, en este artículo si se muestra la foto del entierro de Paola Ledezma, asesinada el pasado 30 de septiembre.

Por supuesto, en un diario con la trayectoria de El País las noticias con “contenido para adultos” abundan: asesinatos, atentados, guerras… pero jamás habíamos visto un aviso como el que nos ocupa. Es cierto que el nivel de la publicación ha bajado mucho, muchísimo en los últimos tiempos, pero que la advertencia del “contenido para adultos” lleve dos días online nos hace pensar que no se trata de un error.

General, Homofobia/ Transfobia. Ángela Ponce, Celia Blanco, El País, Transexualidad, Transfobia

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. 

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

En paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Aracely Campos es una activista transexual invitada por la UNAM para ofrecer una charla sobre la discriminación, para terminar siendo discriminada ella misma al impedirle utilizar el cuarto de baño de señoras.

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Se repite la historia: ataque homófobo puro y duro, intencionado y sin mediar “provocación” alguna. Sucedía en la madrugada del sábado, 29 de octubre, a las puertas de una céntrica discoteca de Madrid. Un grupo de entre ocho y diez jóvenes se acercó a un chico, lo insultó y lo agredió. Afortunadamente, en este caso el chico agredido iba acompañado de varias amigas, que lo protegieron. No queremos ni imaginarnos qué habría sucedido si se hubiera encontrado solo. 

Lo explica un comunicado de prensa del colectivo Arcópoli. El joven J.P., de 20 años, disfrutaba de su tiempo de ocio en compañía de unas amigas en la puerta de una discoteca considerada “para público LGTB” en las cercanías de la Plaza de España (en pleno centro de la capital). De repente se les acercó el grupo de agresores, entre ocho y diez, que comenzaron a increparlo. “Maricón. ¿Tú qué eres, chico o chica?” o “Eres un personaje, ¿vas de putita o de transexual?” fueron algunas de las frases que le dedicaron, mientras lo cogían del pelo. Sus amigas pidieron a los agresores que les dejasen en paz, pero uno de ellos abofeteó en la cara al chico. A continuación le arrojaron un vaso lleno de bebida por la cara. Cuando otro de los individuos se acercó a la víctima con intención de golpearle, las amigas le protegieron y evitaron la embestida. Finalmente el chico y sus amigas consiguieron alejarse del lugar, aunque según indica Arcópoli los agresores siguieron increpando y amenazando a otros chicos en las inmediaciones del local. De hecho, varios efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos e identificaron a algunos de ellos.

El joven y sus amigas han interpuesto ya la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Municipal de Moncloa. “Afortunadamente la víctima sabía perfectamente el protocolo de actuación en caso de agresión por ser LGTB ya que es miembro de UC3M LGBT+, asociación integrada en el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia”, expresa el comunicado de Arcópoli, que destaca también “la gran profesionalidad de la Policía Municipal al tratarles y su concienciación desde el primer momento con los delitos de odio”. El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, por su parte, ha trasladado lo sucedido a la Fiscalía de Delitos de Odio, al Comisario de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid y a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la propia Policía Municipal.

Según la contabilidad del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, se trata de la agresión número 198 en lo que llevamos de 2016, “dato preocupante, máxime cuando no notamos ninguna disminución durante estos meses en el índice de agresiones”. “Las agresiones homófobas se siguen produciendo con absoluta sensación de impunidad y es algo contra lo que tenemos que luchar con contundencia. En esta ocasión un grupo de diez personas acudieron a un lugar donde sabían que había integrantes del colectivo LGTB con  la clara intención de infundir el miedo y agredir para transmitirnos un mensaje de odio muy claro que vamos a combatir con todas nuestras fuerzas”, ha declarado Yago Blando, coordinador de Arcópoli y responsable del Observatorio.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios del 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Dosmanzanas

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Hace unas semanas te contábamos que el director del colegio Juan Pablo II de Madrid había enviado una carta bastante repugnante a los padres de los alumnos en la que comparaba la ley contra la lgtbfobia aprobada en Madrid con  el “fanatismo terrorista”. Tras la denuncia por parte de Arcópoli, la Comunidad ha decidido enviar el caso a la Fiscalía para ver si se ha cometido algún delito por homofobia. Y por si fuera poco, la Consejería de Políticas Sociales ha abierto una investigación para ver si el centro cumple el concierto educativo, y es que en caso de no hacerlo, podría suponer la retirada del mismo.

Y cuando hablamos de la retirada del concierto nos referimos a  que el gobierno podría retirarle los fondos. Es decir, podrían quedarse sin dinero. Y ahí, es donde les duele a los homófobos. Bueno, a todos menos a determinados grandes almacenes que parecen pasar de todo.

Recordemos que la misiva, entre otras cosas, decía que era una pena que se pierda el tiempo en leyes absurdas cuando se podría estar defendiendo la familia y las raíces cristianas. Oye, qué manía tienen los cristianos con definir lo que es familia y lo que no. Además, también hablaba de los “valientes obispos” que ya no podrían seguir siendo homófobos.  Lo que igual no se esperaba este señor es que la mismísima Cristina Cifuentes saliera al paso diciendo que “este tipo de afirmaciones son de una gran radicalidad que incluyen afirmaciones que desde luego no es lo que recoge el espíritu de nuestra Constitución y de nuestra legislación y, desde luego, de la legislación de la Comunidad de Madrid, que hay que cumplir.”

De momento las autoridades están revisando la oferta de actividades extraescolares, las asignaturas optativas y el cumplimiento de los currículos y parece ser que hasta ahora está todo en orden. Bueno, todo menos los pensamientos de Carlos Martínez, el director, que parecen bastante “desordenados”, que es una palabra que seguro que le gusta mucho.

Así que toca esperar y ver como se resuelve todo esto. Si por nosotros fuera, inhabilitaríamos al Sr. Martínez de por vida.

El PP de Alcorcón se niega a condenar la carta del colegio Juan Pablo II

Pues aunque la propia Comunidad de Madrid ha puesto el caso en manos de la fiscalía para que investiguen si se ha cometido un delito de odio tipificado precisamente en esa ley LGTBI, y aunque la Consejería de Políticas Sociales está investigando al centro para ver si cumple el concierto que tiene con la Comunidad (y si no lo cumple, quitarles el dinero), el PP del Ayuntamiento de Alcorcón ha dicho, básicamente, que a ellos esa carta les parece bien.

El gobierno de Alcorcón tiene un largo historial de enfrentamientos con el colectivo LGTB. Aunque su alcalde dice que no es homófobo (y lo dice muy alto y muy claro, en plan “voy a denunciar a Arcópoli por llamarme homófobo“), el grupo municipal del PP en esta localidad madrileña no ha votado a favor de ninguna propuesta a favor de la igualdad del colectivo. La última ha sido rechazar un programa contra la discriminación en las aulas y para el fomento de la convivencia e interculturalidad presentada por el PSOE y que contaba con el respaldo de todos los otros grupos (Ganar Alcorcón, Ciudadanos y La Izquierda).

Esa propuesta del PSOE llevaba en el texto, además, el compromiso de desarrollar la ley LGTB en lo que concierne a las competencias del ayuntamiento y poner en marcha un plan para fomentar la convivencia en los centros escolares públicos y concertados (como el Juan Pablo II); que es lo que exige la ley.

Pero al PP de Alcorcón esa ley debe parecerle también comparable al “fanatismo terrorista“, porque han dicho que nanai de la china. Que ellos no votan eso. Y tampoco quieren condenar la carta que Carlos Martínez, el director del Juan Pablo II, envió a los padres. Aunque el propio PP en la Comunidad lo haya hecho.

Yago Blando, el coordinador general de Arcópoli, sigue pidiendo al Ayuntamiento una reunión para saber exactamente cómo pretende el PP municipal fomentar la igualdad y cuáles son sus propuestas para luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Porque no tiene mucho sentido que por un lado digan que no son homófobos y que ellos son los primeros en luchar por la igualdad pero luego no sólo rechazar todas las propuestas sobre el tema de otros grupos sino ni siquiera plantear alguna.

¿Qué misterio se oculta en el PP de Alcorcón?

Arcópoli lamenta que el alcalde de Alcorcón se niegue a condenar la carta homófoba del colegio Juan Pablo II

Fuente: Cadena Ser/Arcópoli, Estoy Bailando

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La última astracanada episcopal… Hay que tener bemoles para soltar esta sarta de estupideces… Está claro que este no está en la lista de obispos “aperturistas“… Vamos a ver, que se quite el dedo de la boca que no se le entiende… O sí… ¿Quién dijo Cambio?… Aquí lo único que ha cambiado es el tono de voz. Entre el ronco Rouco y el suave Blázquez, la misma homofobia, los mismos exabruptos, la misma intransigencia…

Lejos quedan los obispos españoles no ya solo de los representantes de otras iglesias cristianas que han asumido plenamente la inclusión de las personas LGTB, sino de algunos de sus compañeros católicos de otros países a la hora de referirse a la realidad LGTB. Incluso cuando pretenden tener palabras algo más amables de lo habitual acaban por resultar ofensivos o grotescos. Es lo que le ha sucedido al cardenal arzobispo de Valladolid y actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, según el cual hay que acoger “con respeto” a los homosexuales… porque “ya llevan una buena cruz el que lo lleva y su familia” [sic].

Las peculiares declaraciones de Blázquez tuvieron lugar este lunes durante su intervención en unas jornadas de reflexión celebradas en el Seminario Conciliar de Madrid sobre “la belleza del amor matrimonial” en la exhortación papal Amoris Laetitia. Un texto del que nos hicimos eco hace varios meses y en el que el papa Francisco reafirmaba, entre otras cosas, la doctrinal oficial de la Iglesia católica en materia LGTB. Al hilo de lo allí contenido, Blázquez se preguntaba si la humanidad “se distribuye entre homosexuales y heterosexuales”. “No, se distribuye sabiamente entre varones y mujeres”, respondía, como si una cosa tuviera que ver con otra… Blázquez aseguraba además, respecto a las personas con “tendencias homosexuales”, que tal y como dice el papa hay que acogerlas “con respeto” y “evitando toda discriminación injusta”. “A veces, en nuestros pueblos cuántos motes hemos puesto a estas personas, cuando ya llevan una buena cruz el que lo lleva y su familia”, añadía para reforzar su argumento, dando a entender qué el mismo se han referido de forma homófoba a otras personas…

Blázquez también aseguraba que “cuando se intenta separar el género del sexo me parece poco serio, porque la sexualidad no es solo genitalidad, también es una forma especial de sentir. Esta cuestión no se resuelve con una operación quirúrgica, es de otro orden”. Una afirmación para empezar contradictoria, pero que además contiene elementos que casi parecen formar parte de la por ellos tan denostada “ideología de género”. Por supuesto que una cosa es la genitalidad y otra la sexualidad. Y respecto a que el género “no se resuelva” con una operación quirúrgica, parece que el cardenal Blázquez ignora que en efecto hay mujeres con pene, hombres con vagina… y que no todas las personas trans se someten a reasignación genital sin que por ello su identidad sea menos femenina o menos masculina.

Más “convencionales”, pero no por ello menos burdas, son sus declaraciones sobre los “lobbies” que “reivindican una libertad absolutamente” y después son “absolutamente cerrados a la libertad de otros” o su crítica a los supuestos “centros de gestación de legislación para todos los países, que a veces lo ponen como condición para recibir subvenciones” (lo cierto es que no acabamos de entender muy bien a qué se refiere con esta frase).

Dejando de lado la realidad LGTB, Blázquez también ha criticado las técnicas de reproducción asistida, el divorcio y las relaciones prematrimoniales. “¿Entonces los hijos ya se van a fabricar en un laboratorio?”, se ha preguntado. “No”, se respondía él mismo, ignorando que de hecho existen ya miles de personas que en su momento fueron gestadas gracias a estas técnicas. Sobre el divorcio, ha lamentado que hoy día el procedimiento sea más sencillo que hace años, y sobre su preocupación por el hecho de que hoy día las parejas convivan sin estar casadas ha puesto el ejemplo de su propio sobrino (no sabemos si le hará mucha gracia que su tío hable en público de su vida privada…).

Lejos de los cardenales más aperturistas

Las declaraciones de Blázquez no nos sorprenden especialmente: ya tras sustituir a Antonio María Rouco Varela en la presidencia de la Conferencia Episcopal Blázquez criticó el matrimonio igualitario. En cualquier caso, al arzobispo de Valladolid se le considera un “moderado”, especialmente en comparación con su precedesor. Pero declaraciones como estas dejan bien claro lo lejos que se sitúa de los cardenales más aperturistas a la realidad LGTB, como Christoph Schönborn (arzobispo de Viena), Rainer Maria Woelki (arzobispo de Berlín), Jozef De Kezel (arzobispo de Malinas-Bruselas) o Blase J. Cupich (arzobispo de Chicago), de los que hablábamos hace pocos días. Parece que habrá que seguir esperando para ser testigos de una renovación profunda de la jerarquía católica española.

Fuente| Infolibre/Dosmanzanas

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Log Cabin Republicans, el más importante grupo LGTB del Partido Republicano estadounidense, ha anunciado que no apoyará a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Aunque hacen una encendida defensa del candidato republicano, al que llegan a calificar como “el más pro-LGTB de la historia del Partido Republicano”, aclaran que su decisión ha sido tomada en consideración al equipo fuertemente LGTBfobo que ha escogido para acompañarle en la carrera presidencial y las medidas que defienden.

Lo cierto es que los derechos LGTB no han sido un tema especialmente recurrente en los debates de la campaña presidencial. Pero sí fue un asunto destacado en la elección del candidato republicano, surgido de una convención que elaboró una plataforma ideológica, para presentar como oferta electoral, que puede considerarse la más anti-LGTB de la historia republicana.

Tanto así, que el propio presidente de Log Cabin Republicans, Gregory T. Angelo, declaró estar “terriblemente enfadado” con esa propuesta, que incluía medidas contrarias al matrimonio igualitario, los derechos de las personas transexuales y la adopción homoparental; además de impedir que se legislasen medidas antidiscriminatorias favorables al colectivo LGTB.

Pero Log Cabin Republicans ha esperado hasta el pasado día 22 para emitir un comunicado en el que declaran que no apoyarán al candidato republicano en su carrera presidencial. Curiosamente, lo hacen mientras lo califican, sin explicar el fundamento, como uno de los candidatos presidenciales de cualquier partido más favorable a los derechos LGTB, pero criticando el equipo fuertemente LGTBfobo del que se ha rodeado —comenzando quizás, con el candidato elegido para optar a la vicepresidencia, Mike Pence— y las medidas que apoyan. Este es el comunicado:

22 de octubre de 2016

“Confía, pero comprueba”.

Así lo advirtió el expresidente Ronald Reagan, que inspiró nuestra fundación en 1977, y es el entendimiento solemne de esa misma instrucción de nuestro presidente número 40 el que obliga a Log Cabin Republicans a negar nuestro apoyo al actual candidato de nuestro Partido.

El Sr. Trump es tal vez el candidato presidencial más pro-LGTB en la historia del Partido Republicano. Sus propuestas sin precedentes a la “comunidad LGBTQ”, una primicia para cualquier candidato de un partido importante en la historia de nuestra nación, son dignas de elogio, y deben servir como un aviso al Partido Republicano de que los días en que era necesario cumplir con un programa anti-LGTB son ahora cosa del pasado.

Pero Log Cabin Republicans se ha percatado desde hace tiempo de que no somos una organización monotemática, ni nuestros miembros son votantes monotemáticos. Incluso si lo fuéramos, la sola retórica respecto a los temas LGTB no equivale a doctrina. Mientras el Sr. Trump hablaba positivamente de la comunidad LGTB en los Estados Unidos, al mismo tiempo se rodeaba de asesores de alto nivel con un historial de oposición a la igualdad LGTB, y se comprometía a apoyar una legislación como la denominada First Amendment Defense Act, a la que Log Cabin Republicans se opone.

En caso de que el Sr. Trump se convirtiera en el próximo presidente de la nación, Log Cabin Republicans aprovecharía la oportunidad de trabajar con su administración para garantizar los avances en la libertad LGTB por los que hemos luchado y asegurar su continuidad.

Hasta que eso no ocurra, nuestra confianza estaría fuera de lugar.

Log Cabin Republicans continuará el resto del ciclo electoral de 2016 comprometido con la preservación y el crecimiento de las mayorías del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Esta falta de respaldo al candidato Trump contrasta con el apoyo que prestó Log Cabin Republicans a Mitt Romney en su carrera contra Barack Obama en 2012. Romney se caracterizó por un discurso marcadamente LGTBfobo, con propuestas como enmendar la Constitución para prohibir el matrimonio igualitario, y con acciones como impedir el registro de los hijos de las familias homoparentales.

Trump y Pence: una opción que se prevé nefasta para los derechos LGTB

Aunque lo cierto es que Donald Trump partía de posiciones bastante menos LGTBfobas que las que defendía el que fue su principal contendiente en las primarias republicanas, Ted Cruz, lo cierto es que el ahora candidato no ha dudado en abrazar los postulados contrarios a los derechos LGTB para hacerse con el favor de la derecha republicana más conservadora. Un giro que se hizo evidente cuando Trump sugirió la posibilidad de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión. Declaraciones que causaron cierta sorpresa en el colectivo LGTB estadounidense, que consideraba que en el tema del matrimonio igualitario Trump era partidario de pasar página.

Semanas después Trump dio algunas esperanzas al activismo LGTB cuando defendió, al ser preguntado por periodistas sobre la ley anti-LGTB de Carolina del Norte, que las personas transexuales pudiesen hacer uso de los baños que mejor se acomodasen a su identidad de género, al tiempo que se lamentó del daño económico que generan este tipo de leyes, que considera innecesarias. Eso sí, a las pocas horas Trump arrojaba un jarro de agua fría sobre esas mismas esperanzas, al asegurar primero que debían ser los estados los que decidieran sobre esta materia, para finalmente completar el giro al apoyar abiertamente la posición de los republicanos de Carolina del Norte y de su gobernador, Pat McCrory, firme defensor de la ley discriminatoria.

De la misma forma, Trump no ha tenido problema ninguno en asumir la plataforma ideológica que los republicanos aprobarob en la convención de Cleveland, considerada la más abiertamente LGTBfoba de la historia. Los puntos incluidos en la plataforma son, a este respecto:

• Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer  y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
• Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
• Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
• Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
• Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
• Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

La elección de Pence confirmó el giro conservador 

Pero sin duda el gesto que de una forma más tajante dejó claro el giro conservador de Trump en materia LGTB fue la elección como candidato a vicepresidente de Mike Pence, gobernador de Indiana, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

No es de extrañar, pues, que su momento de mayor protagonismo como gobernador viniese precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB. En marzo de 2015, Mike Pence sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (también bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos.

La norma, sin embargo, provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazaba con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificara los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

“No” a las órdenes contra la discriminación

Pence era el encargado, hace pocos días, de anunciar en una entrevista que una de las medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas que impiden discriminar a las personas LGTB, al considerar que suponen una intromisión en la libertad de los estados. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes e  tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial).

El propio Trump, de hecho, acababa con cualquier esperanza de una presidencia “neutra” en materia LGTB al anunciar en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA, y legalizar de esta forma la discriminación contra las personas LGTB en base a argumentos religiosos, si finalmente resultase aprobada por un Congreso de mayoría republicana.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Carolina del Norte, Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, FADA, Gregory T. Angelo, Homofobia, Indiana, Log Cabin, Mike Pence, Partido Republicano, Ted Cruz, Transfobia

Otra mujer muere asesinada en España víctima de violencia machista. En este caso, una mujer transexual, Lorena Reyes. Al dolor que supone su trágica muerte se suma el hecho de que algunos medios de comunicación locales, mostrando un escaso respeto por la víctima, se hayan referido a ella como “hombre”.

Lorena Reyes, de origen sudamericano, tenía 32 años y ejercía el trabajo sexual. En la madrugada del lunes se precipitó al vacío mientras huía de un cliente, que la había golpeado y agredido con arma blanca en una mano. Fue en una vivienda de la calle Álvaro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Lorena intentó saltar a un balcón adyacente mientras gritaba “socorro, socorro, me van a matar”. Pudo mantenerse agarrada durante unos minutos, pero acabó cayendo al patio interior del edificio. En estado crítico, consiguió ser estabilizada por los servicios de urgencia, pero falleció en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria poco después de su ingreso.

El agresor, de 36 años, se presentó horas después de forma en comisaría y se encuentra detenido. Respecto a las circunstancias que precedieron a la agresión poco ha trascendido hasta el momento. Los investigadores hallaron en la vivienda varias dosis de una sustancia que podría ser cocaína. En la vivienda también se encontraba otra mujer, también trabajadora sexual, que ya ha prestado declaración.

El Gobierno de Canarias, a través de su consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha condenado lo sucedido, que no ha dudado en calificar como un caso de violencia de género “que no podemos obviar”. “Todos y todas debemos asumir un compromiso efectivo contra la violencia machista para evitar que se perpetúe y pase de generación en generación”, ha expresado. Sin que pueda excluirse un componente tránsfobo (ambas circunstancias pueden coincidir, de hecho), lo cierto es que tanto autoridades como colectivos feministas y LGTB locales se inclinan por considerar la muerte de Lorena como un caso de violencia machista. Criterio que también nosotros asumimos al redactar esta entrada, mientras no se disponga de otros datos.

Lamentable falta de respeto de algunos medios

Diversos colectivos canarios se han concentrado en la tarde del martes para expresar su repulsa por este asesinato (Algarabía LGBTI y Fundación Triángulo Canarias en Santa Cruz de Tenerife, Red Feminista de Gran Canaria y Gamá, Colectivo LGTB de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria). Este último colectivo ha denunciado además que “a la violencia ejercida del agresor sobre la víctima se une la falta de respeto por parte de la policía y los medios de comunicación que se refieren a ella como ‘un hombre’ y ‘un travesti’, sin plantearse si quiera que una mujer transexual inmigrante no tiene reconocido el derecho al cambio de su documentación pero sí al respeto de su identidad sexual”.

También la activista y diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli (nacida precisamente en Tenerife) ha denunciado el hecho de que algunos medios de comunicación locales se refiriesen a Lorena en masculino en sus crónicas. “Vergüenza ajena, rabia y repugnancia que medios comunicación traten a Lorena de ‘hombre’ tras su fallecimiento cuando huía de su asesino”, tuiteaba, junto a algunas capturas:

Verguenza ajena, rabia y repugnancia q medios comunicación traten a Lorena de “hombre” tras su fallecimiento cuando huia de su asesino #DEP pic.twitter.com/xWQHXJXAHt

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 24 de octubre de 2016

Justo es decir que hubo medios que rectificaron posteriormente, lo que no quita para lamentar el escaso tacto que mostraron inicialmente. Es evidente que es mucho el camino que aún nos queda por recorrer en este país por lo que al conocimiento y respeto de la realidad transexual se refiere.

Descansa en paz, Lorena.

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Peter Thiel, el multimillonario republicano y abiertamente gay que ya apoyó a Donald Trump en la pasada convención republicana, hará una donación de 1,25 millones de dólares a la campaña del candidato republicano a la Casa Blanca. Poco parece importarle a Thiel el grave retroceso en materia LGTB que una presidencia de Trump puede suponer. Su propio candidato a vicepresidente, Mike Pence, anunciaba hace unos días que una de las medidas que Trump tomará, en caso de ser presidente, será anular las ordenes ejecutivas federales que hacen más difícil discriminar a las personas LGTB.

La intervención de Peter Thiel en la convención republicana, recordemos, fue uno de los elementos que contribuyeron a “dulcificar” el perfil de Trump en materia LGTB. Thiel, conocido sobre todo por ser uno de los confundadores de PayPal y el primer gran inversor en Facebook (compañía de la que es uno de los principales directivos), se define como libertario, pero no ha dudado en apoyar a todos y cada uno de los últimos candidatos republicanos a la Casa Blanca pese a carecer de ese perfil. También lo ha hecho ahora, y con fuerza, con Donald Trump.

Thiel fue, de hecho, el primer orador de la historia de las convenciones republicanas que proclamó abiertamente su orgullo de ser gay y republicano. Tras esa primera frase, su intervención poco tuvo que ver sin embargo con la defensa de los derechos LGTB, a los que de hecho quitó importancia. “Cuando yo era un niño, el gran debate era sobre cómo derrotar a la Unión Soviética. Y ganamos. Ahora se nos dice que el gran debate es sobre quién usa cada cuarto de baño. Eso es una distracción de nuestros problemas reales. ¿A quién le importa?”, se preguntó entonces, en referencia a la polémica sobre la ley anti-LGTB de Carolina del Norte. Como entonces dijimos, al hacernos eco de la noticia, se trata de una pregunta bastante tramposa: es realmente a su partido al que más parece importar el tema, hasta el punto de promover de forma expresa una ley para, entre otras cosas, prohibir a las personas trans usar los baños públicos que corresponden a su identidad de género.

Thiel, por otra parte, no tuvo problema en reconocer que apoya al Partido Republicano pese a que la plataforma política aprobada en la convención de Cleveland es abiertamente anti-LGTB. “No coincido con todos los puntos que recoge nuestra plataforma. Pero las falsas guerras culturales solo nos distraen de nuestro declive económico”, aseguró, volviendo a minimizar la importancia de los derechos LGTB en el debate político.

Trump y Pence: una opción que se prevé nefasta para los derechos LGTB

Aunque lo cierto es que Donald Trump partía de posiciones bastante menos LGTBfobas que las que defendía el que fue su principal contendiente en las primarias republicanas, Ted Cruz, lo cierto es que el ahora candidato no ha dudado en abrazar los postulados contrarios a los derechos LGTB para hacerse con el favor de la derecha republicana más conservadora. Un giro que se hizo evidente cuando Trump sugirió la posibilidad de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión. Declaraciones que causaron cierta sorpresa en el colectivo LGTB estadounidense, que consideraba que en el tema del matrimonio igualitario Trump era partidario de pasar página.

Semanas después Trump dio algunas esperanzas al activismo LGTB cuando defendió, al ser preguntado por periodistas sobre la ley anti-LGTB de Carolina del Norte, que las personas transexuales pudiesen hacer uso de los baños que mejor se acomodasen a su identidad de género, al tiempo que se lamentó del daño económico que generan este tipo de leyes, que considera innecesarias. Eso sí, a las pocas horas Trump arrojaba un jarro de agua fría sobre esas mismas esperanzas, al asegurar primero que debían ser los estados los que decidieran sobre esta materia, para finalmente completar el giro al apoyar abiertamente la posición de los republicanos de Carolina del Norte y de su gobernador, Pat McCrory, firme defensor de la ley discriminatoria.

De la misma forma, Trump no ha tenido problema ninguno en asumir la plataforma ideológica que los republicanos aprobarob en la convención de Cleveland, considerada la más abiertamente LGTBfoba de la historia. Los puntos incluidos en la plataforma son, a este respecto:

• Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer  y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
• Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
• Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
• Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
• Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
• Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

La elección de Pence confirmó el giro conservador 

Pero sin duda el gesto que de una forma más tajante dejó claro el giro conservador de Trump en materia LGTB fue la elección como candidato a vicepresidente de Mike Pence, gobernador de Indiana, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

No es de extrañar, pues, que su momento de mayor protagonismo como gobernador viniese precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB. En marzo de 2015, Mike Pence sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (también bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos.

La norma, sin embargo, provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazaba con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificara los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

“No” a las órdenes contra la discriminación

Pence era el encargado, hace pocos días, de anunciar en una entrevista que una de las medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas que impiden discriminar a las personas LGTB, al considerar que suponen una intromisión en la libertad de los estados. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes e  tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial).

El propio Trump, de hecho, acababa con cualquier esperanza de una presidencia “neutra” en materia LGTB al anunciar en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA, y legalizar de esta forma la discriminación contra las personas LGTB en base a argumentos religiosos, si finalmente resultase aprobada por un Congreso de mayoría republicana.

Los homocon y Trump, alineados contra el islam

Es este contexto, precisamente, en el que personajes como Peter Thiel han anunciado su apoyo incondicional a Trump, el candidato por el que por otra parte la corriente homocon de gais conservadores afines al Partido Republicano siempre ha mostrado sus preferencias, y con el que comparte el argumentario que sitúa al islam (y no a la derecha religiosa estadounidense) como principal enemigo de la causa LGTB.

No es casualidad, de hecho, que coincidiendo con la convención republicana que encumbró a Trump tuviera lugar un evento de apoyo a su candidatura por parte de un grupo (ciertamente pequeño) de personas LGTB. Los dos principales oradores fueron Milo Yiannopoulos, un columnista conservador abiertamente gay, protagonista de varias polémicas en redes sociales, y la activista antimusulmana Pamela Geller. En el evento, por cierto, estuvo también presente el holandés Geert Wilders, líder del islamófobo Partido por la Libertad (PVV).

La intervención de Yiannopoulos, del que son bien conocidas sus opiniones contra el feminismo y el islam, resumió a la perfección el núcleo actual del ideario homocon: el Partido Demócrata no ha hecho nada por los gais, sino que por el contrario ha abierto el país a los musulmanes, enemigos de los derechos LGTB, y Trump es el candidato más pro-LGTB de la historia estadounidense.

Tampoco parece importar a esta gente las cada vez menos disimulada homofobia del grueso de los seguidores de Trump, a la que hacíamos alusion hace pocos días, al referirnos a los feroces insultos hacia el periodista abiertamente gay Anderson Cooper, y que también está siendo protagonista estos días en medios LGTB estadounidenses al hacer viral una fotografía de una pegatina homófoba en la parte trasera del coche de un orgulloso seguidor de Trump:

¿Conseguirá Trump llegar a la presidencia con la ayuda de Thiel y de los homocon? ¿Si es así, con qué tipo de medidas “agradecerá” la administración Trump su contribución? El próximo 8 de noviembre comenzaremos a conocer las temidas respuestas…

Fuente Dosmanzanas

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El informe, titulado “Cuerpos excluidos, rostros de impunidad”, recoge los datos de violencia hacia la población LGTB de cada año.

En 2015 se han registrado 110 crímenes mortales, la cifra más alta desde 2012, cuando se registraron un total de 119 casos.

Colombia ha registrado el último año su cifra más alta de asesinatos de homosexuales, bisexuales y transexuales desde 2011, con 110 casos, según un informe publicado este jueves por las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

Colombia registró en 2015 la cifra más alta de asesinatos de LGTB desde 2012. En 2014, la cifra de asesinados no alcanzó el centenar, quedándose en 97. No obstante, de enero a diciembre del año pasado 52 gays, 33 transexuales, 11 lesbianas, siete bisexuales y otras siete personas que no han sido identificadas fueron asesinadas en el país.

Casi la mitad de ellos estuvieron motivados por prejuicios, razón que también está detrás de casi un cuarto del centenar de casos de violencia ejercida por agentes de las fuerzas de seguridad contra miembros de esta comunidad.

Fuente Colombia Diversa, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Colombia Diversa, Cuerpos excluidos, Homofobia, Lesbofobia, LGTBIfobia, rostros de impunidad, Santamaría Fundación, Transfobia

Se acumulan las informaciones negativas procedentes de Indonesia en relación al colectivo LGTB. La radicalización política del país se está transformando en un hostigamiento hacia cualquier expresión igualitaria. En este sentido, la policía ha informado de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor. Las autoridades, sin embargo, han calificado las imágenes como “pornografía”. A estos hechos se suman el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela para personas trans de Indonesia y la persecución de webs LGTB y apps de contactos gais, entre otras cosas.

Aunque ya han sido puestos en libertad, la pareja gay que fue detenida en Indonesia por subir a Facebook unas fotografías afectivas se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta siete años. Para las autoridades, estas imágenes representan un fomento de la “pornografía LGTB, al mostrar dos hombres besuqueándose”. En el país de mayoría musulmana más poblado del mundo la “lascivia pública” está perseguida por la ley y cualquier muestra de diversidad suele considerarse una “ofensa a la moralidad”.

Los dos jóvenes, de 22 y 24 años (en la fotografía superior), aparecen con los torsos desnudos compartiendo besos y otras muestras de cariño, junto al texto “nuestro amor durará para siempre”. Taufik, que publicó las imágenes, ya las ha retirado de su muro, disculpándose y asegurando que “no se volverá a repetir”. Una postura comprensible al pensar que su juicio puede convertirse en un escarnio público. De hecho, muchos usuarios le han escrito mensajes ofensivos y homófobos y aún así dice que seguirá pidiendo perdón.

Desgraciadamente, las tropelías LGTBfóbicas se acumulan en Indonesia. Por ejemplo, el gobierno de Indonesia publica una anuncio en el que busca una persona para cubrir un puesto de embajador de la juventud entre cuyos requisitos indica que tiene que demostrar que no pertenece a la comunidad LGTB. Concretamente, el Gobierno está buscando jóvenes con “creatividad” para ocupar una plaza como embajador y, al parecer, solo las personas heterosexuales cuentan con este talento. La convocatoria de la administración incluye, de matera textual, la exigencia de que los candidatos sean “mentalmente sanos, que no sean promiscuos ni con comportamiento sexual desviado, incluyendo personas LGTB, que debe probar mediante certificado médico”, dice el anuncio publicado por el Gerakan Nasional Pemuda Kreatif (Movimiento Nacional creativo para jóvenes), que pretende atraer candidatos, de entre 20 y 27 años de edad, siempre que sean estrictamente heterosexuales, para cubrir un puesto para un programa del Ministerio de Juventud y Deportes que tiene como objetivo buscar a jóvenes creativos en todos los campos que generen proyectos para ayudar al país a reducir el desempleo juvenil.

Desde las redes sociales o han tardado en criticar la ironía de esta convocatoria que busca personas creativas que no sean gays, algo tradicionalmente asociado, precisamente, a las personas de la comunidad LGTB. Un defensor de la igualdad del colectivo LGTB se ha preguntado retóricamente: “¿no saben que [la comunidad LGTB] es la columna vertebral de las artes y la industria creativa?”.

Asimismo, grupos en defensa de los derechos humanos no han dejado de resaltar la fuerte atmósfera de discriminación hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales a pesar de la legalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, una discriminación que no ha dejado de incrementarse en los últimos meses.

 No obstante, además del apoyo de algunas personas jóvenes hacia las personas LGBT, algunos funcionarios han advertido de que el creciente aumento del sentimiento homófobo perjudicará las posibilidades de detener el aumento de las infecciones de VIH en el país. Entre 2007 y 2015, el VIH entre hombres que mantuvieron relaciones con otros hombres en Indonesia pasó del 5,4% al 25,8%, en contraste con la caída de las tasas globales. En parte, el miedo a la discriminación influye en una reducción de las pruebas de detección y, a su vez, esto ocasiona que las personas infectadas no tomen las oportunas medidas de prevención.

Cierra la única escuela musulmana para personas trans

Hace tan solo unos días la única escuela musulmana de toda Indonesia que admitía  a alumnos trans se ha visto obligada a cerrar sus puertas al ser señalada como promotora de la “inmoralidad”. Hasta el momento de su cierre, este centro ha sido uno de los referentes de tolerancia de la comunidad LGTB en el mundo musulmán. Para Agnes Dwi Rusjiyati, coordinadora local del grupo activista Bhinneka Tunggal, “por desgracia, en los últimos años los grupos intolerantes han ido imponiendo sus creencias rígidas en las personas”.  Y en marzo se clausuró la única mezquita que admitía personas transexuales…

La estigmatización del colectivo LGTB en el ámbito educativo se ha intensificado en Indonesia, especialmente, desde principios de este año. En enero, Muhammad Nasir, ministro de Estudios Superiores de este país asiático apelaba a “normas morales” para perseguir a los alumnos LGTB en la universidad. Pero el sentimiento de odio se ha propagado como un virus en el resto de niveles educativos.

Muhammad Nasir, a la sazón ministro de Investigación, Tecnología y Estudios Superiores, aseveraba que el colectivo LGTB representa “una grave amenaza para la nación”. Nasir, además, negaba que las universidades sean el marco para la “discusión” o la elaboración de “trabajos científicos” relacionados con la comunidad LGTB, una circunstancia que calificaba de “grave”, por ser contraria a la “moral”.

Prohibición de apps de contactos gais y castración química

En febrero, las autoridades indonesias anunciaban su intención de solicitar que Facebook y WhatsApp eliminaran los emojis que aludían a la comunidad LGBT y bloquearan ciertas cuentas de Tumblr por su contenido. Desde el pasado mes de septiembre, por orden del Gobierno de Indonesia, se ha bloqueado Grindr y otras 80 aplicaciones (apps) de contactos gais, así como webs LGTB que, supuestamente, contribuyen a la “propaganda desviada”. Líderes musulmanes iniciaban una campaña contra el colectivo LGTB, poniendo en peligro incluso destinos turísticos como Bali, para posteriormente retener un cargamento de preservativos cuyo único objetivo era el de luchar contra el aumento del VIH en Indonesia y el mes pasado bloqueaban tres aplicaciones de citas

Pero Indonesia no es el único país con homofobia de estado que censura webs LGTB o que prohíbe o utiliza las apps de contacto para perjudicar a hombres gais. En países como los Emiratos Árabes tampoco está permitida la descarga de Grindr y en Egipto la policía utiliza estas apps para “cazar” homosexuales y enjuiciarlos.

Los detractores de los derechos LGTB en Indonesia han construido un peligroso discurso público de asociación de la pedofilia y la homosexualidad, algo similar a lo ocurrido en Rusia con los mensajes de grupos ultras como Occupy Pedofilyaj. Precisamente, por esta acientífica e injusta equiparación, resulta especialmente preocupante la denuncia que hace unas horas ha realizado Amnistía Internacional: el Gobierno empezará a aplicar la castración química a “pedófilos” y “violadores”.

Nadie defiende la impunidad de las personas que abusen de menores o de otros adultos. Según ha explicado Papang Hidayat, investigadora en Indonesia de Amnistía Internacional, “el abuso sexual de los niños es indescriptiblemente horrible. Pero someter a los delincuentes a la castración química o a ejecuciones no es justicia sino que es la adición de una crueldad a otra”. Algunos grupos de médicos han adelantado que se niegan a aplicar estas prácticas porque violan la ética médica. Y también violan el derecho internacional sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), del que Indonesia es uno de los estados firmantes.

Sin embargo, a pesar de la crueldad de estas medidas para cualquier condenado, la castración química puede ser una peligrosa arma incluso para personas completamente inocentes. Falsas acusaciones o malentendidos por la ignorancia de la realidad LGTB pueden provocar la privación de la sexualidad física a personas que únicamente tengan una orientación sexual o una identidad de género diversa o contraria a la heteronormatividad.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

No se puede negar la belleza natural de Indonesia, un país de postal que oculta en su interior un infierno para la comunidad LGTB. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero dosmanzanzanas publicaba un post recogiendo cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada ver más a la población LGTB.

Recordemos que la provincia autónoma de Aceh (en la zona norte de Sumatra) aprobó en septiembre de 2014 una penosa ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015. Ese mismo mes nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es Aceh, donde desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. Pero la influencia islamista se deja sentir también en otros lugares de Indonesia. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más.En la propia Yakarta, la capital, las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga,  abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso.

Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos.

En marzo de 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada.

Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays/Universogay

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La Asamblea Nacional francesa votó el pasado 12 de octubre la reforma del Código Civil, que incluye la nueva normativa para la modificación de la referencia al sexo legal en el Registro Civil. El texto final ha decepcionado a la inmensa mayoría de las asociaciones LGTB, dado que el proceso del cambio registral de la referencia al sexo sigue totalmente judicializado. No bastará, como en las legislaciones más avanzadas aprobadas recientemente en otros países, con la mera expresión de la voluntad de la persona transexual. Será un juez quien decida al respecto, después de que la persona solicitante cumpla con la obligación de presentar pruebas que demuestren su identidad de género, si bien se elimina el requisito de someterse previamente a algún tipo de tratamiento médico. Según la Fédéración LGBT, se trata del “peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”.

Hasta ahora, Francia carecía de una legislación que estableciera el procedimiento a seguir para efectuar los cambios registrales necesarios que asegurasen los derechos de las personas transexuales. Únicamente existía la posibilidad de un largo, y muchas veces infructuoso, procedimiento judicial, cuya jurisprudencia exigía, de hecho, la esterilización completa para poder acceder al reconocimiento legal de la identidad de género.

La normativa aprobada se incluye en el Proyecto de Ley de Modernización de la Justicia del siglo XXI, que persigue actualizar los reglamentos sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos para adecuarlos a la realidad imperante. Sin embargo, en cuanto al reconocimiento de la realidad de las personas transexuales, esa actualización parece haber nacido obsoleta. Se introduce una sección 2 bis en el capítulo II del título II del libro 1º del Código Civil, que consta de los artículos 60 a 61.8 , en los que se describe el proceso para el cambio legal del nombre y el cambio en el registro civil de la referencia al sexo. Las personas transexuales tendrán pues que realizar ambos trámites, que deben instarse ante distintos órganos administrativos.

El cambio de nombre se solicitará ante un funcionario del registro civil, pudiéndolo llevar a cabo las personas mayores de edad y los menores emancipados. Tan solo los tutores legales podrán efectuar la solicitud cuando se trate de menores no emancipados, aunque se requerirá el consentimiento del menor si supera los 13 años de edad. Si el funcionario estima que el requerimiento no responde a un interés legítimo, o si considera que va en menoscabo de un menor, informará al procurador de la República, que podrá denegar solicitud, dando paso a la vía judicial para su resolución.

Sin embargo, la solicitud de modificación registral del sexo tendrá que efectuarse ante un tribunal. El texto de los artículos legales aprobados al respecto es el siguiente:

Sección 2 bis

De la modificación de la referencia al sexo en el Registro Civil

Art. 61-5 – Toda persona adulta o menor emancipado que demuestre, con un conjunto suficiente de hechos, que la referencia al sexo en el registro civil no coincide con aquella con la que se muestra y con la que es conocida puede obtener el cambio.

Los hechos principales, cuya prueba puede ser informada por cualquier medio, pueden ser:

1. Que se muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado;

2. Que sea conocida por el sexo reivindicado por su entorno familiar, de amigos o profesional;

3. Que haya obtenido el cambio de nombre para que coincida con el sexo reivindicado;

Art. 61-6 – La petición se presentará ante el Tribunal de Primera Instancia.

El solicitante dará fe de su consentimiento libre e informado de la modificación de la referencia al sexo en el registro civil y aportará todos los elementos de prueba en apoyo de su  petición.

El hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud.

Si el tribunal constata que el solicitante cumple con las condiciones establecidas en el artículo 61-5, ordenará la modificación relativa al sexo y, si es necesario, al nombre en el Registro Civil.

El artículo 61-7 es meramente procedimental, mientras que el 61-8 establece que la modificación de la referencia al sexo el el Registro Civil “no tendrá efecto en las obligaciones frente a terceros o las afiliaciones establecidas antes del cambio”. Eso quiere decir, por poner un ejemplo, que se conservan los derechos de paternidad o custodia previos a la modificación.

En resumen, queda en manos del juez requerir la presentación de las pruebas que estime oportunas y valorar si permiten o no efectuar la modificación registral del sexo. En esto, el texto finalmente aprobado difiere del proyecto presentado inicialmente en el mes de mayo por el Partido Socialista, que establecía un trámite meramente administrativo que debía resolver en un plazo determinado el procurador de la República, aunque requería el mismo tipo de pruebas para apoyar la solicitud. A pesar de que ese primer proyecto ya fue criticado por las asociaciones LGTB, por no ceñirse a la simple voluntad expresada por la persona transexual para efectuar el cambio registral, fue el propio Partido Socialista quien introdujo posteriormente en el trámite parlamentario las modificaciones que judicializan además todo el proceso. Sí que fueron rechazadas las enmiendas propuestas por la centroderechista Unión de Demócratas e Independientes, que pretendían incluir entre los requisitos la presentación de informes médicos.

La nueva normativa entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente de la República, François Hollande, y posteriormente publicada en el Boletín Oficial, una fecha que se espera próxima pero que aún es incierta.

Sombras e incertidumbres de la ley

Es evidente que la legislación francesa dista mucho de las aprobadas en países como Noruega, Dinamarca, Irlanda, Malta o Argentina, en las que basta con la voluntad expresada libremente por la persona transexual para que se efectúen los cambios registrales oportunos. Por el contrario, en Francia prima la arbitrariedad judicial, al establecer la obligatoria presentación de determinadas pruebas para que un juez las valore. Unas pruebas que, antes de que se siente alguna jurisprudencia o se dicten algunos criterios, siembran dudas y abren interrogantes.

¿Qué debe entender un juez como “mostrarse públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿Quiere decir que la persona transexual debe tener un aspecto físico preciso o haber experimentado unos determinados cambios corporales que satisfagan las expectativas del magistrado? Si bien por una parte se establece que “el hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud”, ¿no es posible que un juez estime que no haberse sometido a esos tratamientos hace que no se “muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿No se podría seguir medicalizando el proceso a través de ese subterfugio?

¿Qué ocurre si el entorno familiar o laboral de una persona transexual no quiere reconocer su identidad de género? ¿Y si sus familiares o compañeros de trabajo son tránsfobos? ¿Por qué debe depender el reconocimiento de la identidad de género de una persona transexual de la opinión de otras personas?

En cuanto al cambio del nombre también surgen dudas. Si bien se trata de un trámite meramente administrativo, la normativa no obliga al funcionario del Registro Civil a admitir las solicitudes con capítulos sancionadores. Dado que en las localidades medianas y pequeñas esos funcionarios son los alcaldes, ¿no podrían un alcalde o procurador de la República tránsfobos judicializar el proceso arbitrariamente, con el consiguiente transtorno para la persona transexual?

Repercusión en asociaciones y partidos

Han sido pocas las reacciones positivas a la redacción aprobada entre el activismo LGTB, aunque algunos colectivos han querido destacar que supone un avance respecto a la situación previa. Así han hecho desde SOS-Homophobie, al admitir que la nueva normativa supone un avance, aunque lo encuentran insuficiente: “A SOS-Homophobie le hubiera gustado que la solicitud de modificación en el Registro Civil se hiciera ante un funcionario del propio registro, pues es la única opción que permite garantizar la autodeterminación efectiva de las personas transexuales. Además, los menores no emancipados no se benefician de la nueva normativa. SOS-Homophobie considera que la ley debería haber permitido que los menores puedan iniciar un tratamiento tras obtener el consentimiento de sus padres”.

El Partido de Izquierda, por su parte, “lamenta el carácter timorato” de la nueva legislación, y denuncia “la cobardía del Gobierno y de numeroso diputados” en el proceso de su aprobación. Para la formación, “solo un procedimiento declarativo sin intervención judicial es una garantía plena contra la arbitrariedad”, por lo que estima que “lejos de ponerse al día, Francia ha adoptado esta semana una nueva ley… particularmente retrógrada en Europa”.

Más crítica aún ha sido la reacción de la Association Nationale Transgenre (ANT), que publicaba el siguiente comentario en su cuenta oficial de Facebook: “El Parlamento francés acaba de aprobar una ley que no ofrece ninguna garantía de desmedicalización en el procedimiento del cambio registral para las personas transexuales ante un tribunal. La ANT no felicita al gobierno ni a los parlamentarios que han participado en la adopción de una ley de este tipo, la peor votada en Europa en los últimos años”.

Contundente también ha sido la oposición a la nueva normativa de la Fédération LGTB, que comentaba en su cuenta de Twitter: “Ayer por la noche, la Asamblea Nacional ha aprobado el peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”. Posteriormente añadía: “Judicialización, disparidad entre territorios, evaluación arbitraria por parte de los jueces, binariedad: la cuenta no acaba”.

Judiciarisation, disparité selon les territoires, appréciation arbitraire par des magistrats, binarité : le compte n’y est pas.

— Fédération LGBT (@FederationLGBT) 13 de octubre de 2016

La directora de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, hacía unas declaraciones en las que, ha felicitado a la comunidad trans del país por la nueva norma: “Felicitaciones a toda la comunidad trans en Francia y el movimiento activista que ha empujado este profundo cambio. Esta es una clara señal del progreso en Europa.” A pesar de felicitarse por la desmedicalización del proceso en Francia, consideraba que “en Europa, existen varios modelos que estaban disponibles para que Francia los siguiera. Dinamarca, Malta, Irlanda y, más recientemente, Noruega han elegido respetar la integridad física de las personas transexuales y han optado por la autodeterminación. El hecho de que Francia no haya seguido la senda más progresista y humana es muy lamentable. La lucha continuará por la plena igualdad y el respeto a las personas transexuales en Francia”.

El único en defender con cierta firmeza la regulación aprobada ha sido el grupo LGTB asociado al Partido Socialista, Homosexualités et Socialisme (HES), que emitía el siguiente comunicado: “Al rechazar cualquier condición médica, quirúrgica o psiquiátrica, la Asamblea Nacional conduce a Francia por el curso adoptado por las naciones más avanzadas en la consideración de las personas transexuales, como Malta, Argentina, Noruega, Irlanda o Dinamarca, por ejemplo. Desde HES esperamos y trabajaremos por que esta dirección se intensifique”.

El colectivo LGTBI francés lucha además contra un enemigo invisible pero con un gran poder: el populismo. La moderación política ha sido derrotada por una derecha trasnochada e intolerante que hace una década no dejaba de ser una anécdota electoral.

Los resultados obtenidos por el Frente Nacional de Marine Le Pen han ido mejorando en los últimos comicios y sabemos de su deseo de prohibir el matrimonio igualitario. El partido ha cobrado tanto protagonismo en el panorama político del país galo que Nicolas Sarkozy había prometido abolir el matrimonio igualitario si llega al poder con el ánimo de captar los votos homofóbicos que le devuelvan al Elíseo, aunque luego se retractó.

Ante esta enrevesada situación, aunque hay que recordar que la mayor parte de la población francesa muestra su apoyo al colectivo LGTBI, los avances legislativos logrados, a esar de sus defciencia se tienen que celebrar por partida doble.

España, retrasada

En Europa, el grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación del género son Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca y Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). En el continente americano, también lo hace Argentina, cuya ley fue pionera en el proceso de desmedicalización y desjudicialización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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Un 6 de octubre de 1991, Sonia Rescalvo, una mujer transexual, era asesinada en el Parque de la Ciutadella de Barcelona por un grupo de seis skinheads de ideología ultraderechista. 25 años después, otro neonazi que en su momento actuó como encubridor del crimen ha sido detenido por otra bárbara agresión: dar una patada en el abdomen a una mujer embarazada que caminaba por la calle ataviada con niqab. 

La agresión ocurrió el pasado 29 de agosto, cuando la mujer paseaba por el barrio del Born de Barcelona junto a su marido y dos hijos. Dos hombres comenzaron a increparla por vestir el niqab o velo integral y a hacer comentarios islamófobos. El marido les recriminó sus palabras y en ese momento los dos individuos agredieron tanto al marido como a la mujer, a la que propinaron una patada en el abdomen sin importarles que estuviera embarazada de ocho meses. Afortunadamente otros viandantes que presenciaron la bárbara agresión (que fue registrada por una cámara de de seguridad cercana) protegieron a la mujer y a los dos niños y llamaron a la policía. Los agresores fueron finalmente identificados como simpatizantes de las Brigadas Blanquiazules, conocido grupo de seguidores del R.C.D. Espanyol de carácter ultraderechista.

Ahora se ha sabido, además, que uno de ellos (Óscar Lozano, de 42 años) fue condenado en su momento como encubridor del asesinato de Sonia Rescalvo, un crimen especialmente doloroso para el colectivo LGTB catalán, y que en su momento supuso un antes y un después en la percepción social de la violencia tránsfoba. Sonia y otra compañera, Dori, dormían al raso cuando el grupo de jóvenes fascistas decidió “tocar el tambor”, como llamaban al hecho de golpear brutalmente la cabeza de alguien con sus botas. Sonia murió, mientras que Dori sufrió graves heridas. Otros tres sin techo que dormían en el parque fueron también atacados. Uno de ellos perdió la visión en un ojo como consecuencia de la agresión.

“Ninguno negó los hechos”, recordaba en su momento en el diario El País el entonces subinspector de los Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, que destacó además “el nivel de desafío, beligerancia, prepotencia y chulería” de aquel grupo de asesinos. Uno de ellos contó que los “bultos” que atizaron tenían “aspecto travesti”. Otro “sintió un fuerte dolor en el dedo gordo del pie” mientras pateaba a las víctimas: tal fue la brutalidad de la agresión, que a pesar de la punta de hierro de las botas el agresor se había roto una uña.

El grupo fue detenido por el equipo de Molinero en marzo de 1992. El juez les condenó a un total a 333 años de cárcel, aunque luego se les rebajó la pena. Todos han sido ya liberados (los dos últimos salieron de la cárcel en 2011). Salvo dos de ellos, el resto ha reincidido después en otro tipo de delitos, entre ellos violencia de género. El ahora detenido por la agresión islamófoba, sin embargo, no llegó a pisar la cárcel, dado que no participó directamente en la agresión. Sí que fue multado como encubridor.

Sonia Rescalvo, un antes y un después

La prensa de la época siempre se refirió a Sonia en masculino, como “travesti” y utilizando el que era su nombre legal por aquel entonces, José Rescalvo Zafra. Su vida fue un reflejo de las vidas de tantas otras víctimas de la transfobia a lo largo de la historia: Sonia había huído de su Cuenca natal a los 16 años para instalarse en el anonimato de Barcelona. Y aunque llegó a actuar en el teatro, la suerte le dio la espalda y acabó dedicándose a la prostitución. Sin apenas contacto con su familia, vivió en los últimos tiempos en la indigencia.

La investigación y juicio por asesinato de Sonia supusieron un punto de inflexión en el modo de tratar las agresiones relacionadas con el odio y la discriminación. “Fue la primera vez que un tema de homofobia y transfobia se trataba en serio”, recordaba en su momento Eugeni Rodríguez, del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). También para la abogada María José Varela, que llevó la acusación popular, supuso un momento emocionante, en tanto que “gays y transexuales luchaban por salir de la invisibilidad”.

Precisamente en marzo de 2011 fue inaugurado en el Parque de la Ciutadella el primer monumento que honra en la capital catalana la memoria de las personas LGTB represaliadas por su orientación sexual e identidad de género. A la elección del lugar no fue ajeno el hecho de que allí precisamente fuera asesinada Sonia. Dos años después, de hecho, la hasta entonces conocida como Glorieta dels Músics pasó a denominarse “Glorieta de la Transsexual Sònia” en recuerdo y homenaje a Sonia Rescalvo.

Una mujer cuyo nombre siempre permanecerá en la memoria del colectivo LGTB catalán y español. “Sonia fue y es un símbolo de los crímenes de odio en España. Fue la primera vez que la justicia se preocupó de una manera cierta”, comenta la activista trans y diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli a La Sexta en el siguiente reportaje, en el que se muestra como uno de los asesinos, Oliver Sánchez, entrevistado en 1996, aseguraba no sentir “ningún tipo de remordimiento” por haber asesinado a Sonia:

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