El alcalde de Coria del Río ha condenado públicamente la agresión a una chica transexual, vecina de la localidad, y la ha invitado a reunirse con él “para mostrarle personalmente su pesar y ponerse a su disposición”.

Según informa el Consistorio en una nota, el alcalde, Modesto González, ha invitado a la víctima de la agresión para trasmitirle “que no está sola, y que el Ayuntamiento y todos los corianos a los que representa están apoyándola”. De esta manera, González ha calificado de “intolerables y abominables” los hecho ocurridos, asegurando que el gobierno municipal contribuirá “en lo posible a la erradicación de este tipo de actitudes”.

El alcalde quiere dejar claro su “rechazo firme” a cualquier acto que atente contra la libertad de las personas, ya sea por motivos políticos, religiosos o de sexo. En este sentido, ha asegurado que “no pueden permitirse estos actos de violencia y de ‘transfobia’ en Coria del Río”, y ha añadido que “nadie tiene derecho a juzgar a otra persona y mucho menos a agredirla por intentar ser coherente y querer encontrar su verdadera identidad”. Asimismo, González ha animado a la víctima a “seguir el camino que ha emprendido en busca de su auténtica sexualidad”, y ha advertido que “los intolerantes no tienen cabida en este municipio“.

El primer edil ha expresado su deseo de que Coria del Río mantenga el “equilibrio y la paz que la caracterizan”, y ha instado a todos los corianos a que contribuyan a conseguir este objetivo. González ha asegurado, además, que “este grupo de violentos y estas actitudes impropias son una excepción en el municipio”, añadiendo que toda sociedad civilizada y democrática está “obligada a repudiar”. Por último, ha instado a todos los vecinos a que “el respeto y la tolerancia sigan siendo la seña de identidad en este municipio”.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo a las 22,00 horas, cuando Espina, una chica transexual de 20 años, paseaba por una calle de la localidad en compañía de un amigo y cuando llegaron a la altura de un grupo de chicos, estos empezaron a increparla diciendo: “¿Eso es un tío o una tía?”, así como profiriendo “palabras con contenido de acoso sexual”.

Así, tal y como señala la denuncia, debido a esos insultos el denunciante “se quedó mirando al denunciado, momento en el cual éste arrojó un recipiente de cristal conteniendo gazpacho en su interior contra la espalda” del denunciante, y “acto seguido el denunciado esgrimió una silla con la cual comenzó a correr hacia el denunciante golpeándolo en la parte trasera de la cabeza”.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ayuntamiento, Coria del Río, Delitos de Odio, Modesto González, Sevilla, Transexualidad, Transfobia

ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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Un juez federal desestima la demanda de una madre contra su hija de 17 años, legalmente emancipada, por estar transicionando sin consentimiento paterno.

Hace unos meses en Minnesota, Anmarie Calgaro, demandó a su hija por estar transicionando sin su consentimiento. También demandaba a los médicos que le estaban ayudando con el tratamiento y a la escuela a la que acude la menor por no habérselo notificado.

Decía Anmarie en noviembre del año pasado, cuando presentó la demanda en una rueda de prensa junto a su abogado y varias asociaciones tránsfobas, que comprobar que su hija había comenzado el proceso de transición sin que nadie le avisara le había supuesto “un auténtico shock. ¿Por qué nadie me lo notificó?“. La respuesta a esa pregunta era sencilla: la hija de Anmarie está legalmente emancipada de sus padres y no necesita consentimiento para tomar esa decisión.

Anmarie quiso vender el drama diciendo que “su hijo” (se refirió a la menor constantemente en masculino) ya había sido incluso operado, algo que desde la Asociación Profesional Mundial por la Salud Trans dijeron que era “altamente improbable“ puesto que cualquier médico espera a ver el resultado de la terapia hormonal antes de plantearse realizar cualquier tipo de operación. Varios organizaciones por los derechos de las personas trans señalaron que el hecho de que Anmarie incluyera en la demanda a su propia hija (aún considerándola no apta para tomar esas decisiones) y no sólo a los médicos y psicólogos que le ayudaban dejaba claro que a ella el bienestar de la menor le daba igual y todo era un paripé de los ultraconservadores para denunciar cómo el Estado se inmiscuye en “el derecho constitucional” de los padres. La propia Anmarie dijo en la rueda de prensa que “El tema de la transición no es ni siquiera el problema, el problema es que él sea capaz de tomar esas decisiones.”

El abogado de Anmarie, Erick Kaardal, intentó argumentar en la demanda que la carta de emancipación que le dio independencia total a su hija (aunque evidentemente el abogado se refería a la menor en masculino) no tenía validez legal. El juez ha considerado que dado que la menor está completamente emancipada es totalmente capaz de tomar sus propias decisiones en materia de salud; algo que la propia ley del estado contempla.

Fuente | CBS Minnesota, vía EstoyBailando

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La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera) ha hecho pública en un comunicado la agresión sufrida el pasado 14 de mayo Espina, una chica trans de 20 años, vecina de Coria del Río (Sevilla). La agresión a Espina se conoce solo unos pocos días después de que Gabriel Benítez, un chico transexual de 21 años, denunciase otra agresión tránsfoba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ante esta situación, ATA reclama a los partidos políticos andaluces “que den celeridad” a la aprobación de la esperada ley regional de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

Segun informa el comunicado, Espina fue agredida física y verbalmente el pasado 14 de mayo, aunque es ahora cuando la denuncia ha trascendido. Ocurrió alrededor de las diez de la noche, cuando mientras ella y un amigo caminaban por la calle llegaron a la altura de un grupo de chicos que comenzaron a increparla con insultos tránsfobos, del tipo de “¿eso es un tío o una tía?” o “travelo”, además de acosarla con frases de contenido sexual. Ella continúo su camino, pero de repente sintió como rompían contra su espalda un recipiente de vidrio. Uno de los agresores llegó a golpearla con una silla en la cabeza, mientras los demas reían y se mofaban.

La joven ya ha presentado denuncia ante la Policía Nacional, que ahora ATA ha hecho pública, instando al Ayuntamiento de Coria del Río a condenar la agresión y solicitando que sobre sus autores recaiga la mayor pena máxima prevista y que se tenga en cuenta la agravante por transfobia.

Aunque en realidad la antecedió en el tiempo, la agresión de Coria del Río, en la provincia de Sevilla, se conoce pocos días después de que trascendiera públicamente otra agresión tránsfoba ocurrida en Andalucía, en esta ocasión a un chico. Fue en Jerez de la Frontera (Cádiz). Gabriel Benítez, de 21 años, fue agredido en los baños públicos de la feria de Jerez, alrededor de las cinco de la madrugada del 17 de mayo (precisamente al inicio del Día Internacional contra la LGTBfobia). Cuando se encontraba dentro del baño, el agresor abrió la puerta, lo sacó tirándole del cabello, lo tiró al suelo y lo golpeó, mientras le gritaba “tú que coño te crees que eres, maricón”. Una amiga del joven resultó también agredida.

Gabriel sufrió diversos traumatismos y presenta secuelas psicológicas, con miedo a salir de casa. El agresor, que habia sido inmediatamente identificado por la Policía Local, pasó a disposición judicial pocas horas después de la agresión. Como reacción, el sábado 20 tuvo lugar una concentración de protesta a las puertas de la Feria jerezana a la que acudieron varias decenas de personas, incluyendo al propio Gabriel, así como representantes de colectivos trans, LGTB y feministas.

ATA reclama la aprobación de la ley LGTBI de Andalucía

En esa concentración estaba precisamente Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, que ahora ha denunciado también la agresión a Espina. “Los reiterados delitos de odio por identidad, expresión de género y orientación sexual ponen en evidencia la falta de una herramienta legal, que por un lado prevenga con medidas que eduquen en la diversidad sexo-genérica y por otro, contemplen medidas sancionadoras disuasivas de estos actos deplorables y que no tienen cabida en una sociedad, plural, diversa y democrática”, ha declarado Cambrollé tras conocerse esta segunda agresión.

“Desde ATA-Sylvia Rivera, de nuevo llamamos a la responsabilidad política de todos los prupos del Parlamento de Andalucía para que den celeridad al consenso sobre la ley LGTBI en trámite parlamentario (…) Es hora de pasar a los hechos, Andalucía y los colectivos LGTBI necesitan urgentemente esa ley para defenderse de la intolerancia y agresiones”, ha añadido Cambrollé. El Parlamento andaluz, recordemos, aprobó en octubre la tramitación de dos propuestas de ley en este sentido: una del PSOE y otra de Podemos (que profundizaba más en determinados aspectos, como el referido a los menores trans), pero seguimos a la espera de que el proceso parlamentario culmine felizmente.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Una serie de personas transexuales y de grupos de apoyo trans han tenido que hacer frente a un malicioso ataque online. En concreto, las víctimas sufrieron un hackeo informático y recibieron diversas amenazas de muerte y otros comentarios e insultos tránsfobos. La autora de cómics e ilustradora canadiense Sophie Labelle ha sido una de las principales afectadas.

Labelle, de 29 años, fue una de las víctimas de un ataque tránsfobo que ya desde el principio se consideró orquestado. La página de Facebook en la que comparte con seguidores y amigos sus caricaturas ilustradas fue una de las que resultaron hackeadas. “Fue un ataque orquestado a varias páginas de grupos de apoyo trans, personas trans y artistas trans. Como community manager que administra una de las mayores páginas trans de Facebook, fui objetivo de su elección“, aseguró Labelle, que perdió parte del material que contenía la página.

Pero el ataque no quedó ahí. Además de dejar numerosos mensajes de odio en las cuentas de las que los atacantes se apoderaron, estos mismos colocaron también información personal de Labelle, incluyendo su nombre y dirección, en varios foros online transfóbicos. La ilustradora, de hecho, ha recibido más de 20.000 mensajes de odio procedentes de usuarios tránsfobos de la red. Los responsables del ataque parecen tener su base en Estados Unidos, lo que dificulta las posibles acciones al respecto.

Minar la moral de la comunidad trans

Para Labelle, el ataque pretende hacer que la comunidad trans se sienta insegura en Internet. “Su objetivo es explícitamente aumentar la tasa de suicidios en las comunidades trans. Quieren que nos desesperemos y por eso atacan a grupos de apoyo y páginas como la mía“, apunta.

Labelle dice que ella y otras personas trans están convirtiéndose en el objetivo de grupos de odio y neonazis, sobre todo a raíz de la elección del presidente Donald Trump el pasado otoño. Piensa que los trolls se han “envalentonado” a raíz de ello.

A pesar del ataque, la ilustradora ha sido capaz de recuperar una gran cantidad del contenido eliminado por los hackers, aunque ha decidido cambiar de domicilio. También asegura que lo sucedido refuerza sus ganas de luchar por los derechos del colectivo trans. “Lo peor que puede pasar es la apatía“, ha declarado.

El trabajo más conocido de Sophie Labelle es Assigned Male (“sexo asignado: hombre”, podríamos quizá traducir), una serie de cómics que tienen como protagonista a Stephie, una niña trans de 11 años, y que utiliza el humor como una forma de presentar la realidad de las niñas y adolescentes trans. Es autora, además, de diferentes obras sobre la identidad y la expresión de género.

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HazteOír y su marca internacional CitizenGo comienzan la ruta del autobús del odio LGTBfóbico en América Latina. Colombia se ha convertido en el primer país del continente que recibe la indeseada visita del vehículo tránsfobo. Pero la elección no ha sido en absoluto arbitraria, pues coincide con el reciente rechazo al referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo, promovido por Viviane Morales. Las organizaciones españolas contrarias a la igualdad cuentan con la colaboración de la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacea) y el Movimiento Nacional por la Familia de Colombia. Representantes de estas organizaciones, junto a grupos cristianos, acompañaron la llegada del bus tránsfobo a la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso. El concejal bogotano Marco Fidel Ramírez, conocido por su trayectoria LGTBfóbica, se paseó delante del autobús con una gran banderola en la que se podía leer “Jesucristo es el señor”. Activistas y partidarios de los derechos LGTB han desplegado pancartas y han lanzado pintura multicolor al autobús.

Tras el rechazo que el “autobús del odio” de HazteOír cosechó en los Estados Unidos, su andadura se traslada ahora a América Latina, empezando por Colombia. El lema escogido en esta ocasión es “Los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas. Es biología, no ideología”. Como decíamos, la llegada del vehículo tránsfobo a Colombia coincide con el intenso debate LGTBfóbico que ha despertado la frustrada iniciativa de la senadora Viviane Morales para intentar impedir, mediante referéndum, la adopción por parejas del mismo sexo en el país. Tampoco es casual que el autobús se aparcara frente a la sede del Congreso.

En la plaza de Bolívar de Bogotá, este sábado, se congregaron en torno al vehículo representantes HazteOír y CitizenGo, junto a miembros de la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacea) y el Movimiento Nacional por la Familia de Colombia. También su unieron grupos cristianos, que llegaron a montar una carpa desde la que lanzaron proclamas contra la igualdad, en materia de identidad de género y de orientación sexual. Entre ellos se encontraba el concejal bogotano Marco Fidel Ramírez (conocido por protagonizar distintas polémicas LGTBfóbicas), que ondeó una banderola con la inscripción “Jesucristo es el señor”. El autocar tránsfobo estuvo protegido por agentes de la policía.

Por otra parte, un grupo de activistas y de partidarios de los derechos LGTB quisieron protestar y demostrar su malestar por esta campaña de odio tránsfobo. En este sentido, desplegaron pancartas con mensajes como “los niños trans existen” o “la infancia trans tiene derechos en Colombia”. La policía desalojó a los activistas igualitarios, haciendo uso de la fuerza, cuando intentaron impedir la permanencia del autobús en la plaza de Bolívar. Entonces, algunos manifestantes lanzaron pintura multicolor contra el vehículo, impactando también contra algunos agentes y miembros de las organizaciones convocantes. Así se expresaba tras el choque el concejal Ramírez:

Hemos sido agredidos con empujones,pintura e insultos x parte d la COMUNIDAD LGBT. Lamento q eso ocurra! Se trata de BIOLOGÍA,no IDEOLOGÍA! pic.twitter.com/igbmhDXW6E

— MARCO FIDEL RAMÍREZ (@7MarcoFidelR) 20 de mayo de 2017

Fuente Dosmanzanas

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Como ya habíamos anunciado la pasada semana, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) celebró este jueves, en el Palacio de Cibeles (sede del Ayuntamiento de Madrid) la gala de entreba de sus Premios Plumas y Látigos, que este año alcanzaban su XI edición. A lo largo del acto, amenizado con las actuaciones de Barei y La Prohibida, abundaron las referencias al 25º aniversario de la FELGTB, a la celebración este año en Madrid del World Pride y a la necesidad imperiosa de aprobar la ley de igualdad LGTB que esta misma organización ha propuesto. Pero si por algo creemos que destacó el acto fue por el merecido homenaje al histórico activista Armand de Fluvià, fundador del primer colectivo homosexual del estado y presidente de la propia FELGTB entre 1995 y 1997. Sus palabras, por cierto, merecen especial atención.

Los premiados este 2017 fueron:

• Pluma Mediática: la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, “por su compromiso con la defensa de los derechos del colectivo LGTB, así como por su personaje de Irene Larra en la serie de Televisión Española ‘El Ministerio del Tiempo’”. “Ningún otro premio me va a hacer la misma ilusión”, aseguró la actriz, que arrancó el primer gran aplauso de la noche al recordar a Pedro Zerolo, al que le unía una amistad personal.
• Pluma Musical: la canción ¿A quién le importa?, de Alaska y Dinarama, “por haberse convertido en el himno del colectivo LGTB en España”. Recogió el premio la propia Alaska, en su nombre y en el de Nacho Canut y el fallecido Carlos Berlanga. Alaska tuvo un recuerdo especial a los años en los que el Orgullo madrileño terminaba en la Puerta de Sol, cuando el ¿A quién le importa? se convirtió en lo que hoy es y el Orgullo creció y paso de movilizar unos pocos cientos de personas a arrastrar cientos de miles. Un recuerdo que muchos de los que ya tenemos una cierta edad y va por entonces vivíamos en Madrid compartimos…
• Pluma Educativa: Josefa Suárez, la “seño Josefa”, “por su valentía a la hora de romper barreras dentro y fuera del aula y dar visibilidad a la transexualidad”. Suárez, muy aplaudida por el auditorio, recordó la importancia de la visibilidad. En concreto, aludió a aquellas personas trans que después de su proceso de reasignación prefieren invisibilizarse como trans. Algo que ella aseguró que nunca haría, “porque la visibilidad es nuestra principal arma”.
• Pluma Literaria: Eduardo Mendicutti, “por su trayectoria y por su compromiso de visibilidad personal y profesional de la diversidad de las personas LGTB”. En su discurso, Mendicutti reconoció haber sido un privilegiado, pero recordó que no todas las personas LGTB han podido ni pueden vivir sus vidas como él sí ha podido, y en ese sentido agradeció el papel que el activismo juega en su defensa. “Colaboro siempre que me llaman, pero no he sido nunca militante del colectivo. Sin embargo, siempre estaré agradecido a las personas que sí militan”, aseguró.
• Pluma Acción Social: la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), “ser la entidad más representativa del movimiento ciudadano de VIH y sida del Estado Español, así como por tener muy presente la perspectiva LGTB en su labor”.

Látigos a la OMS, Rusia y Chechenia

Los dos latigazos de la noche fueron, por un lado, para la Organización Mundial de la Salud, “por mantener la transexualidad en su catálogo de enfermedades mentales, persistiendo en la estigmatización de las personas trans” y por otro a la República de Chechenia y a la Federación Rusa, “por la persecución sistemática hacia las personas LGTB”. Latigazos que fueron acompañados de fuertes abucheos por parte del público.

Menciones Especiales

Hubo tres menciones especiales, ambas por partida doble:

• La primera, a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y a Plena inclusión, “por su compromiso creciente en incorporar la perspectiva LGTB en su trabajo de intervención y empoderamiento con personas con discapacidad”. La Mención Especial a Plena Inclusión fue recogida por un chico gay con síndrome de Down, que se convirtió en uno de los más aplaudidos de la noche.
• La segunda mención fue para dos películas: Rara, de la directora chilena Pepa San Martín, y Moonlight, del director estadounidense Barry Jenkins, ganadora del Óscar a Mejor película este año 2017, “por su tratamiento de la diversidad afectivo-sexual y por la denuncia de las barreras sociales, culturales y políticas que todavía quedan por derrumbar”.

Reconocimiento a Armand de Fluvià

Como ya es tradición, la Gala de los Premios Plumas y Látigos tuvo también carácter solidario. De nuevo este año ha existido creado una “Fila cero”, gracias a la colaboración y patrocinio de PayPal, cuya recaudación será destinada íntegramente a financiar dos de los proyectos que está llevando a cabo la FELGTB: Red Educa y La Liga Arcoíris, que tienen como objetivos principales luchar contra la discriminación y la LGTBfobia en los ámbitos educativo y deportivo, respectivamente.

Hubo sin duda más detalles (se anunciaron, por ejemplo, los tres dibujos ganadores del concurso infantil “Esta es mi familia”) pero el momento culminante de la noche llegó a la hora de homenajear al activismo histórico. Tras un primer reconocimiento a las cuatro entidades más veteranas de la FELGTB (aquellas que son más “viejas” que la propia Federación: COGAM, el colectivo Lambda, No te Prives y Stop Sida) llegó la hora de rendir homenaje al activista catalán Armand de Fluvià, que recibió emocionado la Pluma Activismo.

Fluvià, recordemos, es a sus 85 años la figura más señera del activismo LGTB español. Entre otros innumerables hitos, fue uno de los fundadores, en 1970, del Movimiento Español de Liberación Homosexual, primer colectivo LGTB de España, que en 1972 comenzó a editar AGHOIS, la primera revista de temática LGTB. Todo ello, huelga decirlo, en la clandestinidad. Una organización que años más tarde acabaría dando lugar al Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Fue también uno de los primeros presidentes de la FELGTB, allá por los años noventa, cuando esta organización aún se denominaba simplemente “Federación de Gais y Lesbianas”.

Un visiblemente emocionado Fluvià, al que todo el auditorio aplaudió puesto en pie, hizo un repaso de todos los logros del movimiento LGTB en estos últimos cincuenta años, desde los tiempos en que “ser maricón era lo peor. El peor pecado, el peor delito (…) Te empujaban a suicidarte” hasta los tiempos actuales, en que gozamos de casi plena igualdad jurídica. Fluvià, con la clarividencia que dan los años, tuvo palabras de advertencia, al asegurar que “queda lo más difícil”, en referencia a la lucha contra la homofobia. En este sentido, Fluvià se mostró especialmente preocupado, y de hecho incidió en ello a lo largo de su discurso, por el hecho de los más jóvenes parezcan ignorar nuestra historia y antecedentes y no ser conscientes de todo el sufrimiento acumulado por el colectivo LGTB en décadas pasadas. Un toque de atención que tanto la sociedad como el activismo LGTB no deberían pasar por alto.

Fuente Dosmanzanas

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Tras cumplir siete años de los treinta y cinco a los que había sido condenada, en la que se considera la mayor pena por filtrar documentos en los Estados Unidos, Chelase Manning sale de la cárcel recuperando su libertad, reivindicando su identidad sexual y anunciando su intención de convertirse en activista LGBT y luchar por los derechos de las personas transexuales. “Por primera vez, puedo ver un futuro como Chelsea para mí. Puedo imaginarme viviendo como la persona que soy y por fin puedo estar en el mundo exterior. La libertad solía ser algo con lo que soñaba pero nunca me permití imaginármela del todo. Ahora, la libertad es algo que volveré a experimentar con amigos y seres queridos, después de casi siete años de barrotes y cemento…”, declaraba Chelsea Manning, de 29 años de edad, quien alrededor de las 2 de la madrugada y coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, miércoles, 17 de mayo, sale de la cárcel gracias al indulto concedido por Barack Obama tres días antes de entregar el testigo como presidente a Donald Trump.

Chelsea Manning ya está en libertad. Así lo han comunicado tanto su equipo de abogados como ella misma en redes sociales, a pesar de que por el momento no ha hecho declaraciones públicas. La soldado Manning vio conmutada su pena de prisión por Barack Obama, en la que fue una de sus últimas decisiones como presidente de Estados Unidos. De haber tenido que cumplir su sentencia al completo, su salida no habría tenido lugar hasta 2045. Las condiciones en prisión de una mujer obligada a cumplir sentencia en un establecimiento penal masculino condujeron a la soldado a dos intentos de sucidio, así como a una huelga de hambre para que sus necesidades como persona transexual fueran atendidas.

El pasado 17 de enero, como es tradición cuando un presidente de los Estados Unidos abandona el cargo, Barack Obama concedió 69 indultos y 209 conmutaciones de pena. Una de las favorecidas por la conmutación fue la soldado Chelsea Manning, que en agosto de 2013 había sido sentenciada a 35 años de cárcel por filtrar a la web WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense y se encontraba recluida en un Barracón disciplinario de Fort Leavenworth, Kansas, la más antigua de las instalaciones penitenciarias de los Estados Unidos, donde ingresan a los soldados condenados más peligrosos, tal y como se la consideraba a Manning por la filtración a WikiLeaks de más de 700.000 documentos, entre los que se encontraba el vídeo conocido como Collateral murder, considerada como consecuencia como una traidora, por algunos, mientras que otros la consideran una heroína al sacar a la luz los abusos cometidos por su propio país en Irak, en Afganistán o en Guantánamo, y convirtiendo Internet en una fuente de información.

Desde 2010 se encontraba en prisión, sometida a condiciones de máxima vigilancia y aislamiento extremo que en su momento fueron muy criticadas por organizaciones humanitarias. Desde el día siguiente a su condena, Chelsea Manning (hasta entonces conocida como Bradley Manning) se declaró públicamente como una mujer transexual, expresando su intención de iniciar su proceso de reasignación.

“Este es mi problema. He tenido signos de ello durante mucho tiempo. Me ha causado problemas con mi familia. Pensé que una carrera militar me ayudaría a deshacerme de él. No pretendo llamar la atención, he intentado superarlo poniéndome en situaciones donde sería imposible. Pero no se va, me está obsesionando más y más según me hago mayor. Ahora, las consecuencias de ello son extremas, me está causando un gran dolor…”, de esta manera Manning hacía pública la lucha que había tenido con su condición como transexual, solicitando iniciar su transición al día siguiente de entrar en prisión. Lo que algunos vieron como una estrategia para que le suavizaran la pena, otros lo interpretan como una manera de liberarse de su propia prisión, la que le había acompañado desde el momento en que tuvo conciencia de su verdadera identidad de género. “El soldado Manning parece generarse presión interior debido a conflictos desconocidos que no parece en disposición de discutir, y es incapaz de manejarlos por sí mismo”, comunicaba de esta insensible manera el sargento Paul Adkins a sus superiores la revelación de la exsoldado de primera clase y analista de inteligencia militar que hablaba de que “la única ‘ayuda’ que parece válida es el castigo severo y/o deshacerme de mí mismo (…). Soy Chelsea Manning. Soy una mujer. Así es como me siento y me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia de hormonas lo antes posible. Espero que me apoyen en esta transición”.

Sin embargo, se vio obligada a demandar al Gobierno estadounidense por la negativa de las autoridades penitenciarias a ofrecerle la asistencia precisa. No fue hasta abril de 2015 que consiguió la autorización del Gobierno para iniciar el tratamiento hormonal. Las autoridades militares se negaron incluso a reconocer su nombre de mujer hasta que en abril de 2014, tras la correspondiente demanda, un juez de Kansas lo oficializó.

Sin embargo, a pesar de todas las sentencias y dictámenes, Chelsea Manning ha continuado recluida en un centro penitenciario para varones y se le han negado derechos como el de poder dejarse el pelo largo, como sí se permite en los centros para mujeres. Los continuos castigos a un durísimo aislamiento por las faltas más leves y la lucha continuada por ejercer sus más elementales derechos la condujeron a dos intentos de suicidio, uno en julio pasado y otro en octubre. También llevó a cabo una huelga de hambre ante la negativa de las autoridades de la prisión a que se pudiera someter a cirugía de reasignación, algo que el propio equipo médico había recomendado. Solo cuando la situación fue denunciada por ACLU (Amerinca Civil Liberties Union, la mayor asociación estadounidense de defensa de los derechos civiles, cuyo equipo legal llevó el caso de Manning en los tribunales) los mandos penitenciarios se comprometieron a facilitar el proceso.

Finalmente, Manning consigue convertirse en la primera soldado en recibir un tratamiento hormonal en una prisión militar, contribuyendo a derribar la ley que prohibía las personas transexuales servir en el ejército estadounidense, consiguiendo incluso que le aprobaran la operación de cambio de sexo después de nueve días en huelga de hambre. Logros que no consiguen que se reconcilie consigo misma al seguir confinada en una prisión masculina, lo que lleva a intentar terminar con su vida hasta en dos ocasiones. “Chelsea Manning ha cumplido una condena dura. No creo que ningún ciudadano tenga la impresión de que revelar información clasificada queda impune. Pidió perdón por su crimen, y reconoció que puso en peligro a EEUU. Dado que la pena fue desproporcionada en comparación con la que recibieron otros filtradores, me siento cómodo con esta decisión”, declaraba Barack Obama cuando daba a conocer que había conmutado su pena, gracias en parte a la presión de Courage Foundation, quienes actualmente se vuelcan en pedir el cese de la persecución en torno a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien había prometido que se entregaría a las autoridades estadounidenses si liberaban a Manning.

Dada la precaria situación en prisión de Chelsea Manning, la medida de gracia había sido solicitada repetidamente, incluso por otros responsables de WikiLeaks acogidos fuera de los Estados Unidos, como Edward Snowden o Julian Assange. Finalmente Barack Obama accedió a la petición, que por fin se ha materializado este 17 de mayo. Los abogados de la soldado hacían públicas sus primeras palabras en un comunicado: “Después de otros cuatro meses de ansiosa espera, por fin ha llegado el día. ¡Me apetecen tantas cosas! Sea lo que sea lo que me espera en el futuro, es mucho más importante que el pasado. Ahora mismo estoy resolviendo algunas cosas, lo que es a la vez emocionante, raro, divertido y todo nuevo para mí” 

La propia Manning, en sus redes sociales, ha difundido la que es su primera fotografía en libertad… de sus pies. “Primeros pasos de libertad”, era la frase que la acompañaba, tanto en Twitter como en Instagram. “He visto cambiar al mundo dentro de los muros de la prisión y a través de las cartas que he recibido de veteranos, jóvenes transexuales, padres, políticos y artistas (…). Espero tomar las lecciones que he aprendido, el amor que he recibido, y la esperanza que tengo en trabajar en mejorar las vidas de otros”, declara Manning en un comunicado, confirmando su abogado, Chase Strangio, su intención de convertirse en activista LGBt y defensora de los derechos de las personas transexuales. Tras ser confirmada su liberación por las autoridades penitenciarias, ella misma lo hacía público en su recién inaugurada cuenta de Instagram a través de una imagen que reflejaba sus primeros pasos en libertad, a los que han seguido una pizza y un brindis con champagne:

First steps of freedom!! 😄https://t.co/kPPWV5epwa#ChelseaIsFree pic.twitter.com/0R5pXqA1VN

— Chelsea Manning (@xychelsea) 17 de mayo de 2017

El ensañamiento por parte de las autoridades militares y carcelarias hacia Chelsea Manning, sobre todo en lo que se refiere al no reconocimiento de su identidad de género, ha finalizado. Le deseamos ahora todo lo mejor.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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El supuesto agresor abrió la puerta y lo sacó “de los pelos”, mientras le gritaba “tú qué coño te crees que eres, maricón”.

El supuesto agresor sacó “de los pelos” a la víctima mientras le gritaba “tú qué coño te crees que eres, maricón”. Una amiga del agredido, que lo acompañaba en ese momento, también fue atacada, según la denuncia.

La Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera considera necesario disuadir con “sanciones ejemplares”.

Un joven transexual ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en la que relata una agresión sufrida en uno de los baños públicos de la feria de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la madrugada del miércoles.

El joven, acompañado de una amiga también agredida, presenta diversas contusiones y traumatismos como consecuencia de los golpes sufridos.

Según la denuncia, la agresión se produjo sobre las 4:50 horas de la madrugada del miércoles, cuando el joven acudió a unos baños públicos de la feria en compañía de una amiga.

Además, lo arrastró por los suelos mientras lo golpeaba. Según recoge la denuncia, al tratar de mediar en la situación, la amiga del joven también fue agredida, hasta que finalmente se personó en el lugar de los hechos una patrulla de la Policía Local que medió en la agresión.

Por su parte, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera ha condenado estos “hechos de violencia con connotaciones transfóbicas” y ha “lamentado que se sigan dando estos actos de odio y agresiones a personas por motivos de identidad o expresión de género”.

Además, ha exigido la “depuración de los hechos y que los mismos se contemplen como una agresión con agravante de odio”. “Es necesario disuadir con sanciones ejemplares este tipo de conductas que no tienen espacio en una sociedad, plural y diversa”, ha asegurado Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.

Furnte Cáscara Amarga

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Dos noticias de cariz muy diferente revelan las tensiones internas que se están produciendo en el seno de la Iglesia católica estadounidense por lo que la inclusión de las personas LGTB se refiere. Por un lado, un obispo ha asistido a un encuentro para personas LGTB católicas, en el que además ha dirigido la oración. Por otro, se siguen conociendo casos de discriminación en instituciones dependientes de la Iglesia.

Que las instituciones de la Iglesia católica no son precisamente un lugar fácil para las personas LGTB es bien conocido. No obstante, también es cierto que se están produciendo en los últimos tiempos movimientos internos, especialmente en países como Estados Unidos o Alemania, de los que venimos informando regularmente. Hoy recogemos movimientos de signo contrario al otro lado del Atlántico, unos a favor de la inclusión y otros de reafirmación de la exclusión.

Un ejemplo reciente del primer grupo es el del obispo de Lexington (Kentucky), el franciscano John Stowe, quien ha dirigido una oración ante 300 personas en un encuentro de New Ways Ministry, organización norteamericana que trabaja por la inclusión de las personas LGTB en la iglesia católica. No era, por cierto, el único obispo que tenía previsto asistir: también iba a estar presente el obispo emérito auxiliar de Detroit, Thomas Gumbleton, que al final se vio obligado a cancelar su asistencia por enfermedad.

En una entrevista concedida durante el encuentro, Stowe declaró sentir humildad ante la persistencia de las personas LGTB católicas, con “una vida de fe en una iglesia que no siempre la ha acogido o valorado”. Según el obispo, ellas también le han dado a la Iglesia “una valiosa lección de misericordia”, al pedirle “ser más inclusiva y más parecida a Cristo, a pesar de que se les hayan dado tantas razones para marcharse”.

Stowe dirigió la oración, además, en presencia de la hermana Jeaninne Gramick, de la Congregación de Loreto. Esta monja es desde hace más de 20 años una de las figuras más prominentes en defensa de la inclusión de las personas LGTB católicas en la Iglesia. Cofundadora de New Ways Ministry, ha publicado varios libros y ha protagonizado un documental sobre su vida y su mensaje, In Good Conscience. Más aún, Gramick llegó a ser reprobada por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1999, junto a otro de los fundadores de la organización, Robert Nugent, fallecido en 2014. Pese a ello persistió en su tarea, aunque tuvo que cambiar de congregación.

La participación de Stowe, como era de prever, no dejó de causar gran controversia, a través de correos y publicaciones en blogs, algunas de las cuales calificó de “maliciosas”. Con todo, es un signo positivo que pese a las presiones en contra, Stowe persistiera en ir al encuentro.

“Algunos santos probablemente fueron gais”

En el contexto de esta charla, merece ser destacada una anécdota. La protagonizó el jesuita James Martin, de quien ya hemos hablado en esta página por su apoyo al colectivo LGTB (la última hace menos de un mes, cuando afirmó que las iglesias debían denunciar la persecución de los homosexuales en Chechenia).

Martin respondió en su perfil de Facebook a quienes le reprocharon su publicación sobre el encuentro del obispo Stowe. En concreto, al comentario de que “a ningún santo canonizado le haría mucha gracia”, James Martin respondió: “algunos de ellos eran probablemente gais. Un cierto porcentaje de la humanidad es gay, por lo que muy probablemente lo fueron algunos de los santos. Te sorprenderás de verte saludado por hombres y mujeres LGTB cuando llegues al cielo”. Un comentario que curiosamente ha sido recogido en Infovaticana, un portal ultraconservador que, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con ninguna página oficial del Vaticano.

Dos casos de discriminación

La asistencia del obispo Stowe a un encuentro LGTB contrasta con dos casos de discriminación recientemente conocidos, también en Estados Unidos. En el primer caso, Evan Michael Minton, un hombre trans, ha demandado al grupo de hospitales Dignity Health de California por haberse negado a practicarle una histerectomía (extirpación del útero). Fue, en concreto, en el San Juan Medical Center, centro que canceló la intervención justo el día antes de que se le practicara: “Me dejó destrozado, no quiero que esto afecte a mis hermanos y hermanas transgénero como me afectó a mí. Nadie debería pasar por esto”, asegura.

De acuerdo con la explicación de los administradores, la cancelación se debió a que la operación violaba las políticas de la empresa, basadas en las directivas éticas y religiosas para los servicios de salud católicos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, publicadas en 2009. En este sentido, la doctora de Minton, Lindsey Dawson, afirma no culpar a los administradores o al personal del centro. “Culpo a la doctrina católica”, ha declarado.

El segundo caso es el de William di Canzio, retirado de sus funciones de lector en la parroquia de Daylesford Abbey, en las afueras de Filadelfia, por haber contraído matrimonio con otro hombre. La decisión se produce después de que el arzobispo de Filadelfia, Charles Caput (uno de los más conservadores de Estados Unidos), haya prohibido expresamente que personas con pareja del mismo sexo lleven a cabo labores litúrgicas. Sin embargo, el relato de los acontecimientos que ofrece el propio Di Canzio muestra las tensiones actuales, pues el propio párroco expresó un claro malestar al tener que aplicar la decisión: “el abad Richard Antonucci de la Abadía de Daylesford en Paoli pidió reunirse conmigo, aunque no quiso decirme por adelantado el motivo. Empezó la conversación diciendo que se había enterado de que me había casado con mi compañero desde hace doce años, Jim Anderson. ‘Créeme’, me dijo, ‘os deseo sinceramente muchos, muchos años de felicidad juntos’. Luego me pasó una copia de la directiva del arzobispo Charles Caput [y] dijo que, a su pesar, tenía que aplicar la directiva”.

En definitiva, noticias contradictorias que hablan de tensiones en el interior de la Iglesia católica por lo que a la situación de sus fieles LGTB se refiere. Unas tensiones cuya visibilidad, inimaginable hace solo unos pocos años, es señal de que se están produciendo cmovimientos a los que merece la pena seguir atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Mark Green, el político ultraconservador propuesto por Donald Trump como secretario del Ejército de los Estados Unidos, ha renunciado finalmente a ocupar dicha posición tras divulgarse su historial profundamente anti-LGTB. Green, senador estatal de Tennessee e impulsor de un proyecto de ley anti-LGTB en ese estado, era el candidato de Trump para suceder al abiertamente gay Eric Fanning (propuesto por Barack Obama en septiembre de 2015 y confirmado luego por el Senado tras varios meses de espera), y se encontraba a la espera de que el Senado de los Estados Unidos confirmase su nombramiento. 

El nombramiento de Eric Fanning supuso en su momento un hito en la visibilidad de las personas LGTB en la administración estadounidense. The United States Army, en su denominación original, es la mayor de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que también se componen de la Marina, la Fuerza Aérea o el cuerpo de marines). Sería, por tanto, el equivalente al Ejército de Tierra español. El secretario es nominado directamente por el presidente de los Estados Unidos, debiendo recibir la aprobación del Senado, y se sitúa en el escalón inmediatamente inferior al del secretario de Defensa. Fanning fue la primera persona abiertamente LGTB en ocupar dicha posición.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, y al igual que todos los altos funcionarios de la administración Obama, Fanning abandonó dicha posición, que durante estos primeros meses ha estado ocupada en funciones por Robert Speer a la espera de que Trump nominase a un sucesor. Tras un primer candidato fallido (el multimillonario Vincent Viola, que renunció por voluntad propia cuando comprobó que no podía compatibilizar el puesto con sus negocios), Trump se decidió finalmente por un político cuyo perfil no puede ser más contrario al de Fanning: Mark Green, que durante un tiempo sirvió como médico militar y que en la actualidad es un destacado miembro republicano del Senado estatal de Tennessee. Representante de la derecha religiosa y muy cercano al Tea Party, Green es además un enemigo declarado de los derechos LGTB.

Como senador, Green ha promovido un proyecto de ley que persigue prohibir que cualquier entidad gubernamental pueda sancionar a negocios o empresas del estado de Tennessee que adopten decisiones discriminatorias sustentadas en sus “reglas de política interna”. Aunque el proyecto no nombra expresamente a las personas LGTB, a nadie se le escapa que se trata de una de tantas iniciativas hechas a medida para bloquear, mediante leyes de alcance estatal, las normativas contra la discriminación de las personas LGTB que numerosas ciudades están promoviendo a nivel local. El proyecto de Green, de hecho, ya ha recibido el visto bueno del Senado de Tennesee, y está solo a la espera de la decisión de la Cámara de Representantes del estado.

La transexualidad, “una enfermedad”

Pero este proyecto de ley no es su único antecedente LGTBfobo. Especialmente importante fue la divulgación de un vídeo de un encuentro de Green con simpatizantes del Tea Party hace varios meses, en el que refiriéndose a la por entonces oposición de la administración Obama a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte y a la polémica sobre el uso de los baños públicos por las personas trans, aseguró que la transexualidad “es una enfermedad”. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas entre las familias de los militares LGTB, que desde hace solo muy pocos años pueden mostrar abiertamente su orientación sexual (la derogación del Don’t Ask, Don’t Tell no entró en vigor hasta septiembre de 2011) o su identidad de género (el fin de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército no entró en vigor hasta el año pasado). Y que motivaron una profunda reacción de colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles, que promovieron una campaña ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado con el objetivo de que este se pronunciase contra el nombramiento de Green.

Finalmente, tras la polémica despertada, y ante la eventualidad de que el Senado rechazase su confirmación para un puesto tan delicado (los republicanos disponen de mayoría por un solo escaño), Green ha dado un paso atrás y ha decidido renunciar, asegurando en un comunicado que sus “creencias cristianas” habían sido manipuladas de forma intencionada por sus enemigos políticos y que prefería marcharse para no perjudicar a Trump.

De la misma forma que hace un mes, cuando se conoció la noticia, comentábamos que pocos relevos simbolizaban tan claramente la profundidad del cambio político en materia LGTB que la victoria de Trump había supuesto, hoy nos congratulamos de que la fortaleza del activismo estadounidense haya sido capaz de conseguir esta victoria.

Fuente Dosmanzanas

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La organización Human Rights Watch (HRW) ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la situación de los solicitantes de asilo LGTB en Ceuta, “expuestos a hostigamiento y abusos” y urge a las autoridades españolas a trasladar inmediatamente a estas personas a la península y cesar “la política de facto” por la cual se bloquean la mayoría de estos traslados.

Los inmigrantes que ingresan en Ceuta en forma irregular son alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El establecimiento, diseñado para estancias breves y con capacidad para 512 personas, está a menudo saturado, según denuncia HRW. A pesar de los esfuerzos del personal, los solicitantes de asilo no pueden recibir la atención y los servicios que el derecho español les reconoce, tal y como la propia organización pudo comprobar en una visita al centro los pasados 28 y 29 de marzo, momento en el que había allí concentrados 943 residentes. “Según el personal del centro, actualmente hay entre 70 y 80 solicitantes de asilo en el centro de Ceuta”, expresa el comunicado. De ellos, al menos 10 han pedido asilo por ser objeto de persecución y acoso en sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género.

“Human Rights Watch habló con tres hombres gais alojados en el centro, dos procedentes de Marruecos y uno de Argelia, que habían pedido asilo por persecución debido a su orientación sexual. Describieron haber vivido situaciones de abuso extremo, incluida la violencia física ejercida por familiares, rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en las calles de sus países de origen. Un hombre de Marruecos dijo que había sido encarcelado, en parte, por su orientación sexual. Tanto Marruecos como Argelia criminalizan la actividad sexual con consentimiento entre personas del mismo sexo, y prevén para esto una pena de hasta tres años de prisión y multas”, explica HRW.

Los tres hombres se refirieron a las dificultades que enfrentaban en el centro y en Ceuta debido a su orientación sexual. “Ahmed [seudónimo], de 29 años, y oriundo de Marruecos, dijo que huyó de su país porque sufría amenazas de su familia y de la policía, pero que está recibiendo el mismo trato por parte de otras personas que se alojan en el CETI. ‘Ellos [otros residentes del CETI] me dicen que si me ven afuera [del centro] me van a pegar’, según contó. ‘Me atacan, y yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó’”, explica por ejemplo el comunicado.

Traslados a la península: no para los solicitantes de asilo

Los solicitantes de asilo LGBT están atrapados en Ceuta por causa de una política que, según cree Human Rights Watch, está diseñada para disuadir las solicitudes de asilo. “Los migrantes que no piden asilo reciben órdenes de expulsión y son trasladados a España peninsular a un promedio que las autoridades procuran que sea de 80 por semana, y allí son asignados a centros de detención mientras se encuentra pendiente su deportación o a refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a los solicitantes de asilo en general no se les permite trasladarse”, explica HRW. “Negar a los solicitantes de asilo su libertad de circulación para disuadir las solicitudes no solo sería cruel y errado, sino que además supondría un uso indebido de poder”, explica Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de la organización. “Sin embargo, la evidencia sugiere que las autoridades ofrecen una dura alternativa a las personas que necesitan protección, al exigirles que manifiesten su necesidad y permanezcan meses o años en una situación indefinida en Ceuta, o que corran el riesgo y pidan asilo recién después de haber sido trasladadas al territorio continental, cuando ya tienen una orden de expulsión en mano”, añade.

En definitiva, se da una situación paradójica: mientras que migrantes irregulares que no han solicitado asilo son trasladados con cierta rapidez a la península, los que lo solicitan se quedan en Ceuta mucho más tiempo, “a veces durante la totalidad del procedimiento en el que se evalúa su solicitud de protección, un proceso que puede demorar bastante más de un año”. La única excepción son los solicitantes de asilo procedentes de Siria, a los que sí se traslada regularmente a la península desde Ceuta o desde Melilla. “La situación de los enclaves, que son las fronteras de la Unión Europea en la costa sur del Mediterráneo, es sin dudas diferente de la de otros países, pero esto no justifica castigar a quienes ingresan a Ceuta en busca de asilo. España tiene los medios para tratar dignamente a los solicitantes de asilo, incluidas las personas LGBT que buscan un país tolerante donde puedan vivir sin temor a sufrir discriminación o violencia”, explica Sunderland.

HRW, de hecho, considera que la perspectiva de tener que permanecer en Ceuta en forma indefinida disuade a las personas que necesitan protección internacional de solicitar asilo. La organización, por ejemplo, habló con una persona de 22 años de la República Centroafricana que, un mes después de llegar al centro de acogida, estaba debatiéndose entre solicitar o no asilo: “El procedimiento lleva mucho tiempo, no quiero quedarme aquí”, les dijo. Y lo que es muy grave: a través de distintas fuentes, HRW tuvo también constancia de que un hombre subsahariano retiró su solicitud de asilo después de que la policía le dijera expresamente que sería trasladado al territorio continental si lo hacía. Algunos días después, fue trasladado.

Relatos de solicitantes de asilo

Ahmed, el joven marroquí de 29 años al que nos hemos referido antes, contó a HRW que en su país no tenía a nadie que lo protegiera, ni entre su familia ni en la policía. En Marruecos sufrió palizas por ser gay e incluso fue condenado a seis meses de prisión. Pero la vida en el CETI de Ceuta, donde se aloja desde mediados de octubre de 2016, tampoco es fácil para él: “Aquí también me insultan, me dicen maricón. Me dicen que cuando me ven fuera me van a pegar. Y me atacan, yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó. Era un argelino. Me decía maricón, te voy a matar. Anteayer estaba con un amigo, vino un argelino y me echó de la habitación diciéndome ‘eh maricón, sal de aquí’ (…) Quiero sobrevivir, quiero un futuro. No quiero pensar siempre en que me van a pegar”.

Francisco (también un pseudónimo) es otro ciudadano marroquí, de 30 años, que vive en el centro hace 14 meses. Contó a HRW que su familia lo echó cuando tenía 12 años debido a su sexualidad. Había sido violado por dos hombres cuando todavía era adolescente, y golpeado y detenido por la policía. Llegó a un punto límite cuando su primo, con el que Francisco había vivido después de que aquel regresara tras vivir algunos años en el extranjero, se puso en su contra tras enterarse de que era gay. “Me vine a Ceuta. No me quedaba más remedio que pedir asilo. Pero aquí está muy mal. Estoy desesperado. Ceuta me parece igual como en Marruecos. Una vez estaba en la playa, un tío un poco mayor me ofreció un purrito. Dije que no. Él quería abusar de mí, pero no quería, y me tiró una piedra y me pegó un puño. Fui a la policía. Al inicio no quisieron tomar la denuncia. No hicieron nada, lo veo siempre ahí….En el CETI no hablo con nadie, evito los problemas. Si no, reviento. Sabes, echado de casa a los 12 años, todos los problemas”, relató.

Said (otro seudónimo) es un ciudadano argelino de 32 años, que llevaba casi 10 meses en el CETI cuando HRW lo entrevistó: “Quiero tener una nueva vida. Necesito olvidarme de mis problemas. No tenía mucha idea de adónde ir, solo quería un lugar donde pudiera vivir sin violencia. Aquí las cosas son difíciles. Solo puedes dormir y comer, dormir y comer. Aquí evito a todos para no tener problemas”.

Un miembro del personal del CETI confirmó a HRW que otros residentes suelen burlarse y hostigar, sea en el propio centro o en las calles de Ceuta, a las personas LGBT que solicitan asilo:. “Muchos no aceptan compartir una habitación con un homosexual. O los hostigan aquí o pelean fuera del centro”.

El asilo a las personas LGTB, deuda pendiente del Gobierno español

Por desgracia no es la primera vez que nos referimos a la actitud indolente del Gobierno español por lo que a los solicitantes de asilo LGTB se refiere. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lleva años alertando sobre las dificultades que las personas LGTB perseguidas encuentran en España cuando solicitan protección. Y eso que la directiva de acogida de la Unión Europea, vinculante para España, exige tener en cuenta la situación de las personas vulnerables al brindarles alojamiento, así como tomar medidas para prevenir la agresión y el acoso sexuales en los centros de acogida.

“Si bien las personas LGBT que solicitan asilo no están enumeradas en la directiva como personas consideradas vulnerables, Human Rights Watch coincide con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europa) en que muchas personas LGBT que buscan asilo reúnen los requisitos debido al tipo de persecución que viven en sus países de origen”, explica HRW. “Las mejores prácticas para la acogida de personas identificadas como solicitantes de asilo LGBT por dichas organizaciones incluyen alojamiento en habitaciones individuales, traslados a centros más pequeños, capacitación específica para el personal y facilitación del acceso a organizaciones LGBT y redes de apoyo”, añade.

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La víctima fue arrinconada por un grupo de jóvenes en una zona oscura y con poca afluencia de público y fue intimidada, increpada e golpeada.

Una mujer transexual fue agredida el pasado sábado día 22 por un grupo de jóvenes que la increparon, intimidaron y golpearon al acabar el concierto de la Fiesta Mayor Jove del barrio de la Sagrada Familia.

Tal y como ha denunciado el Colectivo Crida LGBTI, el suceso ocurrió sobre las 02.00 horas de la madrugada, cuando una mujer transexual fue arrinconada por un grupo de jóvenes en una zona oscura y con poca afluencia de público en el parque de la Sagrada Familia, a una calle de la zona de conciertos, donde la intimidaron, increparon y golpearon.

Algunas personas, entre ellas algunos miembros de la Crida LGBTI, pudieron intervenir y detener la agresión, que el colectivo ha calificado de “transfóbica”, y asistieron a la víctima, que han anunciado que denunciarán los hechos ante los Mossos.

Los colectivos “Crida LGBTI” y “Joves del Poblet” han denunciado que “la LGBTIfobia continúa manifestándose en multitud de situaciones de nuestro día a día, también en espacios públicos y en entornos de ocio y fiestas populares“.

“Es necesario que visualicemos las agresiones, que establezcamos protocolos y redes de apoyo para reforzar la prevención y la vigilancia y, sobre todo, que nos corresponsabilicemos y demos una respuesta colectiva a esta violencia y acabemos con la impunidad”, ha pedido la Crida LGTBI, que ha recibido el apoyo del Observatorio contra la Homofobia.

Fuente Cáscara Amarga

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El presidente del Observatorio contra la Homofobia lamenta que los agentes “no hicieron nada” más allá de tomarle los datos y anotar el incidente.

Una chica transexual de 23 años ha tenido que dejar su vivienda L’Hospitalet de Llobregat por culpa del acoso transfóbico al que le sometían algunos de sus vecinos.

Así lo ha denunciado el presidente del Observatorio contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez, que ha detallado que la víctima llevaba tiempo sufriendo insultos y vejaciones.

El activista ha relatado que la chica, A.T., decidió dar un paso adelante y pedir ayuda a los Mossos d’Esquadra el pasado domingo, cuando los vecinos del piso inferior le aporrearon la puerta hacia las 21 horas y se pusieron violentos con ella “porque decían que les molestaba el ruido de los tacones”.

Rodríguez ha lamentado que los agentes que acudieron al lugar de los hechos “no hicieron nada”, más allá de tomarle los datos y anotar el incidente, y ha pedido más pedagogía entre los efectivos de los cuerpos policiales para que pongan en marcha los protocolos pertinentes cuando les lleguen casos como éste.

“Los operativos tienen que funcionar”, ha insistido el presidente de OCH, que ha apuntado que los casos de homofobia se deben poner en conocimiento de los responsables de delitos de odio y discriminación, lo que se debe acompañar con apoyo psicológico para la víctima.

Desde la OCH han puesto el caso en conocimiento del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, que ha indicado que se han puesto en contacto con la víctima para ayudarla “en lo que haga falta”.

Fuente Cáscara amarga

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Acusan a la MPAA de transfobia al plantarle una R a una película sobre un adolescente trans, con una historia familiar en la que no hay violencia, sexo ni alcohol.

La GLAAD ha enviado una carta exigiendo que se reconsidere la evaluación de la película.

3 Generations es el título de una película dirigida por Gaby Dellal que cuenta la historia de Ray (Elle Fanning), un adolescente trans que comienza su transición. Esa decisión afectará también a su madre (Naomi Watts), que tendrá que localizar al padre biológico de Ray para conseguir su consentimiento legal, y su abuela (Susan Sarandon) que vive con la familia.

De hecho hace mucho que os hablamos de esta cinta, cuando aún se llamaba About Ray, y su fecha de estreno estaba fijada en septiembre de 2015 en EE.UU. Pero estas cosas pasan y a veces las películas se quedan en las estanterías y finalmente llegará a los cines americanos el próximo 5 de mayo. Y no lo hará exenta de polémica, muchos son los que han criticado la cinta por elegir para el papel del adolescente trans a una actriz cisgénero, Elle Fanning, y no a un chico trans.

Pero ahora hay una polémica más: la Motion Picture Association of America (la MPAA) le ha plantado a la película una R en su tabla de clasificación de edades. Esto significa que los menores de 17 años no podrán ver la película si no van acompañados de un adulto. Cosa bastante irritante teniendo en cuenta que (dejando a un lado la calidad de la película) la cinta va dirigida especialmente a los adolescentes trans.

Una mujer trans de Carolina del Sur, Blair Durkee, ha lanzado una campaña en Change.org para exigir a la MPAA que reconsidere esa clasificación, sobre todo teniendo en cuenta que en la película no hay violencia, ni sexo, ni uso de alcohol o drogas (los motivos por los que se les suele plantar una R): “Vi personajes en los que me veía reflejada, y que provocaron una gran diferencia en mi vida. Me rompe el corazón cuando pienso en la cantidad de chicos y chicas que no podrán ver esta película porque tiene una R. Esta historia es sobre ellos, y se les está negando simplemente porque la MPAA no sabe qué hacer con el tema que trata.”

Desde la GLAAD también se han sumado a las protestas y han enviado una carta a la MPAA exigiendo que cambien la clasificación de la película porque “ponerle una restrictiva R envía un mensaje muy peligroso a una comunidad que ya está siendo marginada“. La presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, recuerda que durante 50 años los personajes trans en Hollywood se han retratado como asesinos psicópatas, como bichos raros o como patéticas víctimas, y recuerda que en 2016 sólo contabilizaron un personaje trans en películas mainstream cuya única razón de existir en el guión era sufrir las burlas de los demás. “El amor incondicional de un progenitor hacia su hijo no es una historia que tenga que ser restringida. Es una historia que puede ayudar a los padres y a la gente joven de todo el país y de todo el mundo.”

Fuente | Gay Star News

, vía EstoyBailando

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Sin el trabajo de las entidades LGTB, las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género estarían especialmente desprotegidas. Hoy nos hacemos eco de una nueva iniciativa en ese sentido, que surge del colectivo alicantino Diversitat y que tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana. Se trata del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Según datos de Diversitat, en la Comunidad Valenciana se cometen cerca de un centenar de incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia al año, muchos de los cuales no se denuncian por miedo a revelar la identidad o a recibir represalias. “Solo en Alicante, durante 2016 se registraron 22 agresiones a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. En lo que va de año llevamos 11 consultas por agresión”, explican. Son datos, desde luego, superiores a los oficialmente registrados. Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2015 (último año del que hay datos completos publicados), en la provincia de Alicante se registraron solo 5 incidentes (1 en la de Castellón y 11 en la de Valencia). Una discordancia que ya han puesto de manifiesto otras entidades en la Comunidad de Madrid o en Cataluña.

Una realidad ante la cual Diversitat han decidido poner en marcha un Observatorio similar a los existentes, por ejemplo, en esas dos comunidades. De carácter autonómico, asistirá a las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Valenciana. El acceso será a través de un teléfono y medios telemáticos, como correo electrónico e internet, y pondrá en contacto directo a las víctimas con un equipo de atención psicológica y jurídica especializada que brindará atencion ininterrumpida. El equipo de asistencia, formado por un psicólogo y una abogada experta en delitos de odio, realizará un acompañamiento integral a las víctimas a lo largo de todo el procedimiento policial como, llegado el caso, judicial. Según Toño Abad, “lo que nos encontramos a la hora de realizar el acompañamiento son personas destrozadas que sienten que parte de la culpa de la agresión es debido a ellas, a su aspecto, expresión, orientación o identidad (…) Nuestro trabajo es recomponer a estas personas y darles herramientas, sensación de acogimiento y acompañamiento para que puedan denunciar sin miedo ni temor”.

Según el director del Observatorio, Toño Abad, Diversitat pretende “luchar contra el fenómeno de la infradenuncia”. “La situación que se produce con el miedo a denunciar por no sentir comprensión por parte de los funcionarios, la normalización de la violencia que sufren las personas LGTBI, el sentimiento de culpa muy asociado a la vítima del delito de odio o no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad, provocan que muchas víctimas tengan miedo a denunciar”, explica. Esta situación da lugar a que haya delitos penales “que en su mayoría quedan impunes, reforzando precisamente el agresor frente a la víctima”.

Según los datos que maneja Diversitat, la mayor parte de las agresiones son verbales y físicas, pero también psicológicas, de discriminación en entornos laborales o en centros educativos, de acoso, hostigamiento y amenazas. Según Abad, “a veces la violencia es de baja intensidad pero mantenida en el tiempo, lo que a la larga produce crisis de ansiedad, depresión y situaciones emocionales cuya reparacion es muy complicada”. Por ello el asesoramiento psicológico es esencial y formará parte de todo el proceso a través de la atención especializada.

El Observatorio estará compuesto, además del área de asistencia a las víctimas, por una mesa de delitos de odio, en la que participarán todas las entidades e instituciones que quieran sumarse y que coordinará las acciones, políticas y actividades propuestas, así como por un área de análisis, docencia e investigación, que estará coordinada por la Universidad de Alicante (en concreto, por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y la Unidad de Atención a la Diversidad). El objetivo de esta última es el de documentar, sistematizar y analizar los datos de agresiones.

Futuro convenio con el Colegio Provincial de Abogados

Según explican desde Diversitat, la iniciativa ha sido ya presentada al decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que ha mostrado sun interés por establecer una colaboración con el Observatorio. En palabras de Toño Abad, “es muy importante tener de nuestro lado a las instituciones públicas y a los representantes de la sociedad, y en este caso, el Colegio de Abogados es un gran aliado, tanto a la hora de realizar formación específica en materia de delitos de odio a colegiados y profesionales del derecho como en difundir el servicio que prestamos a sus colegiados de forma que todos los abogados de Alicante tengan conocimiento de que hay entidades que trabajamos específicamente con la víctima de delitos de odio”.

Ambas entidades, de hecho, se han comprometido a elaborar próximamente un convenio de colaboración.

Seguiremos con atención la evolución del Observatorio valenciano contra los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por lo pronto, puedes seguirlo en su cuenta de Twitter.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido al senador estatal de Tennessee Mark Green como futuro secretario del Éjercito de los Estados Unidos. Green, representante de la derecha religiosa e impulsor de un proyecto de ley anti-LGTB en su estado de origen, sucederá al abiertamente gay Eric Fanning, propuesto por Barack Obama en septiembre de 2015 y confirmado luego por el Senado tras varios meses de espera. Ningún otro relevo simboliza tan claramente la profundidad del cambio político en materia LGTB que la victoria de Donald Trump ha supuesto.

El nombramiento de Eric Fanning supuso en su momento un hito en la visibilidad de las personas LGTB en la administración estadounidense. The United States Army, en su denominación original, es la mayor de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que también se componen de la Marina, la Fuerza Aérea o el cuerpo de marines). Sería, por tanto, el equivalente al Ejército de Tierra español. El secretario es nominado directamente por el presidente de los Estados Unidos, debiendo recibir la aprobación del Senado, y se sitúa en el escalón inmediatamente inferior al del secretario de Defensa de los Estados Unidos (el “ministro” de Defensa, en terminología europea). Fanning fue la primera persona abiertamente LGTB en ocupar dicha posición.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, y al igual que todos los altos funcionarios de la administración Obama, Fanning abandonó dicha posición, que durante estas últimas semanas ha estado ocupada en funciones por Robert Speer a la espera de que Trump nominase a un sucesor. Por fin lo ha hecho, y su perfil no puede ser más contrario al de Fanning: Mark Green, que durante un tiempo sirvió como médico militar y que en la actualidad es un destacado miembro republicano del Senado estatal de Tennessee. Representante de la derecha religiosa y muy cercano al Tea Party, Green es además un enemigo declarado de los derechos LGTB.

Como senador, Green ha promovido un proyecto de ley que persigue prohibir que cualquier entidad gubernamental pueda sancionar a negocios o empresas del estado de Tennessee que adopten decisiones discriminatorias sustentadas en sus “reglas de política interna”. Aunque el proyecto no nombra expresamente a las personas LGTB, a nadie se le escapa que se trata de una de tantas iniciativas hechas a medida para bloquear, mediante leyes de alcance estatal, las normativas contra la discriminación de las personas LGTB que numerosas ciudades están promoviendo a nivel local. El proyecto de Green, de hecho, ya ha recibido el visto bueno del Senado de Tennesee, y está solo a la espera de la decisión de la Cámara de Representantes del estado.

Siendo más que suficiente, el proyecto de ley anti-LGTB no es el único antecedente en el que nos basamos para calificar a Green como un político abiertamente hostil a las personas LGTB. Tras su nominación por Trump se ha divulgado un vídeo de un encuentro de Green con simpatizantes del Tea Party hace varios meses, en el que el senador de Tennessee, refiriéndose a la por entonces oposición de la administración Obama a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte y a la polémica sobre el uso de los baños públicos por las personas trans, que la transexualidad “es una enfermedad”. Es esa misma intervención Green se mostraba convencido de que Obama no nació en Estados Unidos (lo que le convertiría en un presidente ilegítimo, una corriente “negacionista” muy popular entre la extrema derecha estadounidense) y defendía que su país había “tolerado la inmoralidad”.

No es de extrañar que la nominación de Green, que aún debe confirmar el Senado de Estados Unidos (previsiblemente lo hará, gracias a su mayoría republicana), haya hecho saltar las alarmas entre las familias de los militares LGTB, que desde hace solo muy pocos años pueden mostrar abiertamente su orientación sexual (la derogación del Don’t Ask, Don’t Tell no entró en vigor hasta septiembre de 2011) o su identidad de género (el fin de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército no entró en vigor hasta el año pasado). Y es que hasta la fecha pocos relevos simbolizan tan claramente la profundidad del cambio político en materia LGTB que la victoria de Trump ha supuesto.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe la práctica.

Hoy es lunes 10 de abril de 2017 y aún hoy hay 22 países en la Unión Europea que obligan a las personas trans que quieren cambiar legalmente su género a someterse a un proceso de esterilización. Sí, eso está pasando ahora mismo. O más bien estaba pasando hasta ahora, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el pasado jueves día 6 una sentencia en la que dejan claro que ese proceso atenta contra los derechos humanos de las personas trans. Esta sentencia obligará a esos países a modificar sus leyes y eliminar la esterilización forzada de las personas que quieran cambiar su género de forma legal.

En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado francés por condicionar el reconocimiento legal de la identidad de género a la realización de una intervención quirúrgica o a un tratamiento esterilizador. Aunque recientemente Francia ha modificado su legislación en lo referente al reconocimiento legal de la identidad de género y ya no exige estos procedimientos, la sentencia supone un espaldarazo a los derechos trans en Europa.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Bélgica o Finlandia. Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta 2013 este requisito y se comprometió a indemnizar a todas las personas trans que sufrieron esa tortura entre 1972 y 2013 con unos 25.000€. Francia dejó de esterilizar a las personas trans que querían ver reconocido su género de forma legal en octubre de 2016 (hace apenas medio año).  A principios de 2017 Ucrania fue otro de los países que revisó las leyes que afectan al colectivo trans y también eliminó la esterilización. Pero, de hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas.

Situación de los derechos trans en Europa en 2013 según la ILGA

Hoy por hoy sólo hay cuatro países en Europa (Noruega, Irlanda, Malta y Dinamarca) que tienen leyes a nivel estatal que basan los derechos de las personas trans (y su identidad legal) en el derecho de autodeterminación y no en requerimientos médicos. En España el PSOE presentó hace unos meses una propuesta para actualizar la Ley Trans que se aprobó hace una década y acercarla más a algunas de las leyes autonómicas (como la de Valencia, aprobada hace unos días) eliminando el requerimiento de un diagnóstico de disforia de género (término que la propia OMS ha sustituido por el de “incongruencia de género“) para poder acceder a los cambios en el registro civil.

Esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos surge de tres casos diferentes presentados contra Francia en 2012 y en 2013. En el caso francés, hasta muy recientemente no existía una legislación específica que regulase la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía: La decisión debía pasar forzosamente por las manos de los jueces, que de forma generalizada exigían este requisito. No fue hasta finales de 2016 que la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley al respecto, que aunque sigue manteniendo la tutela judicial sobre la decisión de ver reconocida la identidad de género al menos eliminaba expresamente la necesidad de someterse a tratamiento previo.

Ahora, tras haber analizado de forma conjunta la demanda de tres mujeres transexuales francesas que en su momento acudieron por separado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el alto tribunal considera que la exigencia de someterse a este tipo de procedimiento viola el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Puedes descargar el comunicado de prensa que da los detalles de la sentencia aquí (en inglés). La sentencia íntegra la puedes descargar aquí (en francés).

Julia Ehrt, directora de Transgender Europe

Aunque la sentencia no reconoce todas y cada una de las peticiones de las demandantes francesas (por ejemplo, no condena a Francia por exigir la necesidad de un examen médico y psicológico previo, considerando que ello entra dentro de la capacidad discrecional de los estados) supone sin duda un enorme paso adelante para el reconocimiento global de los derechos trans. Y así ha sido celebrada por Transgender Europe, que la ha considerado “una victoria de las personas trans y de los derechos humanos en Europa”. Su directora ejecutiva, Julia Ehrt, ha hecho también un llamamiento a que la veintena de estados europeos que aún exigen este requisito para reconocer legalmente la identidad de género modifiquen cuanto antes sus legislaciones.

Julia Ehrt, la Directora Ejecutiva de Transgender Europe (una de las organizaciones que más ha luchado las esterilizaciones forzosas) ha explicado que esos tres casos mostraban cómo Francia (y los otros 21 países) quebrantaban los artículos 3, 8 y 14 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que hacen referencia a la prohibición de la tortura, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la prohibición de la discriminación. “El día de hoy es una victoria para las personas trans y los derechos humanos en Europa. Esta decisión pone fin al oscuro capítulo de la esterilización por mandato del estado en Europa. Los 22 países en los que la esterilización sigue siendo obligatoria tendrán que eliminar esta práctica, y nosotros estamos deseando apoyar a esos y otros países en la reforma de sus legislaciones“, ha explicado Ehrt

Jessica Stern, Directora Ejecutiva de la OutRight Action International ha dicho que la sentencia es un “paso en la dirección correcta” para garantizar los derechos de las personas trans en todo el mundo, porque la decisión del tribunal europeo ha “subido el listón“.

La organización LGTBfóbica Alliance Defending Freedom participó en el proceso reclamando el derecho de los países a decidir sobre las personas trans en su territorio y argumentando que el Tribunal De DD.HH. Europeo no debía tener en cuenta los Principios de Yogyakarta. Jessica Stern, de OutRight Action International, explica que este grupo “se mofa de la palabra libertad cuando anteponen sus dogmas religiosos a los derechos de los individuos a ser legalmente reconocidos.” ¿Os recuerda a alguien? Pues eso.

Los grupos humanitarios instan a todos los países a abandonar legislaciones que consideran arcaicas y perjudiciales para las personas trans y adoptar las legislaciones más avanzadas que garanticen los derechos del colectivo. De hecho, aunque el activismo trans ha visto esta sentencia con muy buenos ojos, se lamentan de que no se haya dado un paso más y se haya eliminado el requisito de informes médicos y psicológicos para que prevalezca el derecho de autodeterminación.

Fuente: Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Continuación de las barrabasadas de esta concejala…

“¿Y esta cosa con bigote de dónde ha salido? Qué hartazgo, por Dios”, rezaba el texto con el que la concejala del Partido Popular en Paiporta (Valencia), Amparo Ciscar, se refería en Facebook a Cassandra Vera, la joven tránsgenero condenada por la Audiencia Nacional por difundir en Twitter chistes sobre Carrero Blanco. “No sé qué hay de despectivo llamando Ramón a un señor que se llama Ramón. Su DNI da fe de ello? Y decir que tiene bigote, si lo tiene…”, se defendía después, una vez empezó a recibir los primeros reproches. Ciscar, representante del PP en el Consejo de la Mujer de Paiporta, acabó pidiendo disculpas tras la oleada de críticas.

El propio gobierno municipal de Paiporta consideró “muy graves” la afirmaciones de Ciscar, a la que pidió la retirada de los mensajes tránsfobos y una disculpa pública. Según expresó el equipo de gobierno, “las diferentes opciones sexuales e identidades de género tienen que contar con el respeto y la comprensión de todas y todos pero, especialmente, de los cargos políticos que ostentan una responsabilidad pública”. El gobierno municipal también lamentó la imagen que se ha dado “de una localidad que muy mayoritariamente es respetuosa con las diferentes opciones sexuales y las identidades de género, y se mantiene firme en su lucha por la igualdad y contra la homofobia y la discriminación de las personas transexuales”.

Pero las críticas a Ciscar llegaron incluso de su propio partido. El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Paiporta, Vicente Ibor, reclamó a su compañera que pidiera disculpas públicas por lo que consideró un “comentario desafortunado”. De hecho, Ciscar acabó por retirar de su perfil de Facebook los comentarios tránsfobos y dejar, en su lugar, la siguiente disculpa:

En relación a la polémica que ha tenido lugar, con motivo de mi comentario en FB, quiero hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, reconocer que ha sido un comentario realmente desafortunado, pero que en modo alguno mi intención ha sido ofender a nadie, y muchísimo menos por su condición sexual.

Quiero ante todo hacer constar, que no soy una persona homófoba.
Que respeto profundamente la diversidad y las diferentes maneras de vivir y de sentir de TODAS las personas.

Quienes me conocen, saben que mi actitud, tanto en mi vida política como personal, siempre se ha basado en el respeto y las buenas maneras.
Por eso creo que mis palabras se han malinterpretado, y algo que pretendía ser meramente anecdótico se ha convertido en ofensivo muy a mi pesar.

Por tanto, pido a Casandra que acepte mis disculpas, así como al colectivo LGBT y a cualquier persona a la que he podido ofender sin pretenderlo.
Gracias.

Lambda critica muy duramente al PP y pide la dimisión de Císcar

El colectivo valenciano Lambda ha reaccionado con firmeza ante la transfobia de Amparo Císcar. “Desde Lambda, entendemos que la señora Ciscar piense que, por el hecho de que Cassandra sea una persona trans, tiene el poder de robarle la dignidad humana y por este motivo su partido votó que no a una ley que nos igualaba con el resto de la ciudadanía [la ley integral de transexualidad recientemente aprobada en las Cortes Valencianas con la oposición del PP]. Quizás si estos comentarios se hubiesen realizado en referencia a la señora Ciscar, o hacia alguien de su familia o partido, serían considerados una enorme ofensa e incluso un hecho delictivo contra el honor”, expresa Lambda en su comunicado. “Parece ser que la edil del PP aún no se ha enterado que muchas mujeres, o personas que se sienten e identifican como mujeres, sean trans o no-trans, tienen bigote y no por ello dejan de ser mujeres”, llega a añadir.

En su comunicado, Lambda crítica de forma muy dura al partido de Císcar y a su actitud hacia las personas LGTB. “Como personas trans estamos hartas de que el PP nos considere ciudadanas de segunda. No podemos continuar tolerando que el PP anteponga los derechos de la ideología católica a nuestros derechos fundamentales, tal y como hicieron con la defensa de ciertas enmiendas el pasado jueves 30 de marzo en la votación sobre la Ley Integral del reconocimiento del derecho a la Identidad y Expresión de Género de la Comunidad Valenciana. Es inadmisible que el PP siga defendiendo, como de nuevo hizo a través de la serie de comparecientes que participaron las diferentes sesiones de debate sobre la ley trans, que se nos aplicaran terapias de aversión para revertir nuestra identidad y deseo”, expresa la nota.“Desde Lambda todavía recordamos las votaciones de la ley de 2007, que nos facilitaba el cambio registral de nombre y sexo, y a la bancada del PP en el Congreso de los Diputados, votando en contra de aquella ley sin inmutarse, sin padecer ni un solo instante por las vidas que estaba menospreciando y más de uno, tras apretar el botón del no, siguió leyendo el periódico como si nada”, añade con amargura.

“Señora Amparo Ciscar, con sus comentarios no solo ha discriminado a Cassandra sino a todo el colectivo de personas trans. Así pues, desde Lambda, le exigimos una disculpa pública y que retire todo comentario que fomente el discurso del odio hacia las personas trans. Además, le exigimos, la dimisión inmediata del cargo público que ostenta, ya que sus declaraciones de odio la incapacitan para defender el interés y el bien común que como política está obligada a defender y a hacer cumplir. Como dice la investigadora, escritora y directora Susan Stryker, ‘la mayoría de las personas tienen grandes dificultades para reconocer la humanidad de otra persona si no pueden reconocer el género de esa persona’. Señora Císcar, ese es su problema y el de su partido, problema que se hace evidente cada vez que les vemos votar en contra de cualquier propuesta que dignifique nuestras vidas”, finaliza el comunicado.

Un caso que merece reflexión

En cualquier caso, ya al margen de la transfobia demostrada por el PP valenciano, lo que está sucediendo en torno a Cassandra Vera merece una reflexión profunda. Los múltiples comentarios surgidos tras su condena están dejando al descubierto una transfobia latente que resulta preocupante. No nos referimos ya a los habituales perfiles difusores de odio LGTBfobo en redes sociales, sino a personas que en otras circunstancias se lo pensarían dos veces antes de hacer un comentario tránsfobo (como ha sido, quizá, el caso de Amparo Ciscar). Es en estos casos, precisamente, en los que se pone a prueba la solidez de principios de muchas personas. Basta que se hayan conocido comentarios que aún siendo adolescente dejó Cassandra Vera en sus redes sociales y que muchas personas han considerado reprobables o de mal gusto para que “se relaje” la vara de medir de la transfobia y se abra la veda del comentario insultante.

Por no hablar de la confusión reinante sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites, incluso entre personas con sensibilidad progresista. Como el periodista Antón Losada señalaba muy acertadamente en la columna que hace pocos días publicó sobre el caso en el diario.es, “otra curiosa manera de defender la libertad de expresión estos días ha sido equiparar la condena a Cassandra con la prohibición de circular al autobús de Hazte Oír, tratándolos como si fueran ejemplos similares de idénticas amenazas para la libertad y la tolerancia. ‘Yo no hubiera condenado a Cassandra, pero tampoco habría prohibido el autobús de Hazte Oír’, repiten muchos convencidos. Como si fuera lo mismo publicar tus ideas en un medio donde acceder supone una acto voluntario, que ocupar una calle y un espacio público obligándonos a todos a leerlas y escucharlas, nos guste o no. Como si a Hazte Oír la hubieran prohibido usar Twitter, o publicar una web, o editar sus ideas; no simplemente abusar de manera ilegitima de un espacio público”.

Nosotros mismos destacábamos la que consideramos diferencia de trato entre lo sucedido con Cassandra Vera y con la campaña de HazteOír. Los que en sus comentarios nos han reprochado nuestra postura argumentan que no es posible criticar la condena de Cassandra y pedir que se persiga legalmente la campaña de los ultraconservadores. Como si fuera lo mismo una campaña planificada de incitación al odio tránsfobo (financiada, programada, publicitada con dinero obtenido gracias a beneficios fiscales y acompañada de edición de material escrito enviado a los colegios, de cartelería con mensajes de odio, etc.) que la publicación en redes sociales de personas desconocidas de tuits, chistes u opiniones provocativas o políticamente incorrectas, por desgradables que nos puedan parecer. Flaco favor nos hacemos a nosotros mismos si no somos capaces de ver la diferencia, o si la vemos pero preferimos pasar de puntillas sobre el caso temerosos de que ello nos haga antipáticos ante cierta opinión pública.

Fuente Dosmanzanas

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