Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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Un año más, como cada 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Transexual recuerda la violencia ejercida contra las personas trans en el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 se han registrado 325 asesinatos de personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto (basado, en la mayoría de los países, en datos parciales), aunque suficiente para dibujar un panorama desolador.

El Día Internacional de la Memoria Transexual fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo. Una conmemoración especialmente necesaria, puesto que las personas trans siguen siendo el grupo más débil, más estigmatizado y en mayor riesgo de exclusión social de todo el colectivo LGTB.

En dosmanzanas recogemos solo algunos casos de personas transexuales asesinadas, normalmente los que alcanzan mayor eco mediático. El último de ellos, el asesinato de una chica trans de 17 años en Estados Unidos, a la que sus asesinos sacaron los ojos, mutilaron sus genitales, la desmembraron, arrojaron parte de su cuerpo a un gallinero y el resto lo quemaron. Pero el horror va mucho más allá: Según la monitorización anual que Transgender Europe hace de los asesinatos tránsfobos, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 325 personas trans han perdido la vida como consecuencia de la violencia tránsfoba (30 más que en el mismo periodo precedente). Brasil es, un año más, el país con más asesinatos registrados (171, lo que supone un fortísimo incremento: son 48 muertes más que en el periodo precedente). Le siguen, también como en el año anterior, México (56 asesinatos, 4 más que en el periodo precedente) y Estados Unidos (25 asesinatos, 2 más que en el mismo periodo anterior).

Después aparecen Colombia, con 10 asesinatos (4 menos) y Filipinas, con 8. Este último país es de hecho el que registra el mayor incremento en términos relativos (son 7 asesinatos más que en el periodo anterior). Resulta en cualquier caso evidente que las personas trans de América Latina lo tienen especialmente complicado: además de Brasil, México y Colombia, se han registrado muertes en Argentina (7), El Salvador (7), Venezuela (6), República Dominicana (3), Honduras (2) y Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay (1 en cada país). La propia Transgender Europe reconoce, en cualquier caso, que las muertes recogidas en sus informes suponen solo la punta del iceberg,

En esta terrible lista aparece este año España, con 1 muerte: la de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, cuando fallecida al caer de un tercer piso mientras trataba de salvar su vida, tras ser amenazada y agredida por un cliente en la vivienda donde ejercía la prostitución.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2017 se tienen registrados 2.609 asesinatos de personas trans. Asesinatos que podemos considerar de forma global como tránsfobos, aunque como la propia Transgender Europe explica la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo (hace varias semanas recogíamos como la mayoría de las personas LGTB asesinadas en Estados Unidos en 2016 eran mujeres trans de color) el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, vemos que el 69% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado con motivo de esta jornada tan especial. Pinchando en este enlace puedes acceder además a la versión en castellano de la web que esta organización ha lanzado.

Más información…

Sobre los asesinatos recogidos a lo largo del último año por Transgender Europe en todo el mundo, puedes descargar el mapa pinchando aquí, así como consultar una lista con la información disponible sobre cada una de los 290 víctimas (en castellano) aquí. Y pinchando aquí puedes acceder a una lista solo con sus nombres.

También puedes descargar el mapa correspondiente al periodo 2008-2017 aquí.

Fuente Dosmanzanas

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La situación en Brasil comienza a ser inquietante: los grupos evangélicos ganan posiciones e influencia, algunos derechos LGTB comienzan a dar marcha atrás, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro es ya uno de los favoritos para ganar las próximas elecciones presidenciales… En este contexto, la visita de Judith Butler, intelectual de referencia tanto del feminismo como del movimiento LGTB (es una de las “teóricas queer” más importantes) se adivinaba complicada. Y así ha sido. Una campaña de odio promovida por ultraconservadores estuvo a punto de dar al traste con la participación en un simposio al que había sido invitada, pero además Butler tuvo que soportar la agresión verbal (y casi física) de un grupo de ultraconservadores en el aeropuerto.

Judith Butler había sido invitada a participar en el simposio “Los fines de la democracia“, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre en el centro cultural Sesc Pompeia de São Paulo, organizado por la Universidad de California en Berkeley (de la que es profesora Judith Butler) y el Departamento de Filosofía de la Universidad de São Paulo y financiado por la mencionada Universidad de California y la fundación estadounidense Andrew W. Mellon. Un evento, por tanto, de carácter universitario, cuyo objeto de discusión era el concepto de soberanía popular y su relación con la democracia liberal, así como el surgimiento de los movimientos populistas en política. No incluía en su programa debates ni mesas redondas sobre feminismo, teoría queer o derechos LGTB. Sin embargo, la mera presencia de Butler y el peso de su obra teórica fue suficiente para movilizar a los pujantes grupos ultraconservadores, muy vinculados a las iglesias evangélicas (aunque no solo) y que cada vez están cobrando más peso tanto en las calles como en el ámbito político.

A través de la plataforma CitizenGo (la marca que HazteOír utiliza para la difusión internacional), los ultraconservadores consiguieron reunir algo más de 370.000 firmas pidiendo la cancelación de la visita de Butler. “No queremos una ideología de género que enmascara un objetivo político marxista. Sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura. La ciencia y sobre todo la realidad nos muestran lo contrario. Su presencia en nuestro país en un simposio comunista, pagado con dinero de una fundación internacional, no es deseada por una abrumadora mayoría de la población nacional”, rezaba la petición.

Poco importó lo delirante del texto. La apelación a la amenaza marxista (sufragada por capital estadunidense…) y sobre todo la mención a la “ideología de género” (el término que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente en los últimos tiempos la lucha en favor de los derechos trans) fue suficiente para desatar la histeria, reunir miles de firmas y desatar la batalla en las redes sociales. Además, decenas de personas se congregaron físicamente frente al centro en el que tenía lugar el simposio gritando consignas de odio contra Butler (llegaron a quemar un muñeco que la representaba, en una especie de intento por “exorcizar el mal”), si bien también acudieron manifestantes en favor de Butler. Basta echar un vistazo a las imágenes recogidas por Ruptly TV para comprobar el odio que los manifestantes emanaban (el reportaje también recoge en su segunda parte imágenes de los contramanifestantes en apoyo de Butler):

Acosada en el aeropuerto

Pero la cosa no terminó ahí, por desgracia. Cuando se disponían a tomar el vuelo de vuelta, Judith Butler y su pareja fueron acorraladas en el aeropuerto de Congonhas por un grupo de personas que le gritaron a la filósofa “no eres bienvenida”, “eres el mal”, “destructora de los niños”, “pedófila” o “destructora de familias”, entre otras barbaridades. Destacaron por su violencia verbal dos mujeres que portaban pancartas y que no dejaron de acosar a la filosófa por todo el vestíbulo del aeropuerto, hasta que vigilantes de seguridad y otras personas que espontáneamente defendieron a Butler se interpusieron y la permitieron marcharse. En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse incluso como una de ellas la intercepta en un momento determinado con un carro portaequipajes. Insertamos a continuación el vídeo publicado por El Salto Diario, que ofrece las imágenes subtituladas:

Entre las personas que defendieron a Butler en el aeropuerto se encontraba Danieli Lima, que en su perfil de Facebook ha denunciado la actitud racista de una de las mujeres que acosaron a la filosófa (en concreto la que viste blusa amarilla), que se dirigió a ella y a otras personas de raza negra de modo despectivo:

Brasil: preocupante contexto regresivo

Hace pocas semanas recogíamos el fallo de un juez federal brasileño, que estimaba el recurso de varios psicólogos vinculados a grupos evangélicos y ordenaba al Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que permitiese de nuevo las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, prohibidas desde 1999. El fallo sacudía la sociedad brasileña, enfrentada a una ola regresiva no solo en materia política (tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer) sino también social, fruto en buena parte de la ya mencionada pujanza de los grupos evangélicos.

Una regresión que amenaza los avances que Brasil había experimentado en materia LGTB en años recientes. A finales del año pasado Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en 2018. Veremos qué sucede, pero el panorama es, como decíamos al principio, profundamente inquietante.

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La Guardia Civil ha identificado y detenido al autor de una brutal agresión contra una mujer trans ocurrida el pasado 31 de julio en el Forn d’Alcedo, una pedanía del sur de Valencia. La mujer, a la que el agresor golpeó, intento estrangular y dejó finalmente inconsciente, tuvo que ser hospitalizada en la Unidad de Reanimación del Hospital La Fe durante tres días.

Según cuenta el diario Levante, la víctima y el agresor (un joven de 19 años y nacionalidad rumana) contactaron a través de una red social de citas. Ya habían mantenido, de hecho, un primer encuentro días antes de la agresión. En esta segunda ocasión, tras mantener relaciones sexuales, el joven comenzó a golpearla en la cabeza. Después intentó estrangularla. La mujer quedó inconsciente, y de hecho ella piensa que él huyó de la vivienda pensando que la había matado. La mujer, que según el diario Levante sufrió graves lesiones en los ojos, fue hospitalizada durante tres días en la Unidad de Reanimación del Hospital La Fe. De hecho, no pudo prestar declaración hasta cinco días después de la agresión.

No ha sido hasta esta semana, sin embargo, cuando la Guardia Civil de Alfafar ha podido finalmente detener al presunto autor de la agresión. La identificación fue más complicada de lo previsto porque que el joven utilizó una identidad falsa para contactar con la víctima. El jues de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza, acusado de un delito de lesiones que podría llegar a ser calificado de homicidio en grado de tentativa.

A falta de conocer más detalles (el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar), poco podemos añadir sobre el transfondo de la agresión. No parece descabellado pensar, de todas formas, que nos encontramos una vez más ante la letal combinación de machismo y transfobia, que convierte a las mujeres trans en un colectivo especialmente vulnerable. “Prisión por agredir gravemente a una mujer trans. Ninguna agresión sin respuesta. Basta de LGTBfobia. Exigiremos que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor”, tuiteaba en este sentido el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia y los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género esta misma tarde.

Fuente Dosmanzanas

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Danica Roem

Señaladas victorias de los demócratas en varias elecciones que tuvieron lugar este martes, 7 de noviembre, en Estados Unidos. Pero una de ellas es especialmente importante para el colectivo LGTB: Danica Roem se ha convertido en la primera persona abiertamente transexual en acceder a un escaño en una cámara legislativa estatal (la Cámara de Representantes de Virginia). La victoria de Roem tiene una carga simbólica adicional: ha derrotado al republicano Bob Marshall, que ocupaba ese escaño, precisamente uno de los políticos más ferozmente anti-LGTB del panorama estadounidense. En junio de este año, por ejemplo, propuso la introducción en Virginia de una legislación tránsfoba similar a la aprobada  por la vecina Carolina del Norte.

Danica Roem, de 33 años, es periodista. El 13 de junio de 2017 se impuso en las elecciones primarias del Partido Demócrata para optar al escaño que representa al 13º distrito en la Cámara de Representantes de Virginia, ocupado desde hace 25 años por el representante republicano Bob Marshall. Desde entonces Roen ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones en defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, además de personalidades destacadas del Partido Demócrata (como el exvicepresidente Joe Biden).

Hay que tener en cuenta, en este sentido, el simbolismo de la pelea electoral: Danica Roem, abiertamente transexual, luchaba por hacerse con el escaño del que es uno de los políticos más ferozmente anti-LGTB del panorama político estadounidense. Tras la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, por ejemplo, Marshall propuso la aprobación de una ley que prohibiese a las personas homosexuales servir en la Guardia Nacional de Virginia, que no llegó a prosperar. También fue uno de los promotores de una enmienda a la Constitución del Estado de Virginia para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está sí que fructificó: la enmienda fue aprobada en referéndum en 2006 por un 57% de los votos. Una prohibición vigente en el estado de Virginia hasta octubre de 2014, cuando el Tribunal Supremo rechazó valorar las apelaciones de los contrarios al matrimonio igualitario en cinco estados en los que la justicia federal lo había dado por bueno semanas antes (Virginia entre ellos).

En enero de 2015 Marshall lanzó una propuesta de ley que en caso de ser aprobada hubiera permitido tanto a empresas privadas como a empleados públicos del estado de Virginia denegar sus servicios a personas LGTB. Y en enero de este mismo año lanzó otra propuesta de ley para prohibir a las personas transexuales el uso de instalaciones que correspondiesen a su identidad de género, en la línea de la infame ley tránsfoba de la vecina Carolina del Norte (ahora derogada, aunque en condiciones no satisfactorias para los colectivos LGTB).

Son solo algunos de los ejemplos de las diversas iniciativas anti-LGTB de Marshall, al que precisamente una mujer perteneciente a uno de los colectivos que más ha luchado por discriminar. Lo ha hecho, además, por una diferencia de 8 puntos: 54% frente al 46%. Sin duda, una gran victoria frente al odio.

Otras importantes victorias demócratas

La de Roem no fue la única victoria de los demócratas, que consiguieron además ganar las elecciones a gobernador en Nueva Jersey (Philip Murphy) y en la propia Virginia (Ralph Northam). Esta última victoria ha sabido especialmente bien a los demócratas, que tenían en el candidato republicano Ed Gillespie a un hueso duro de roer. A falta de conocer el recuento final, los demócratas han conseguido además un importante avance en la Cámara de Representantes de Virginia, hasta ahora controlada de forma indiscutible por los republicanos (podría registrarse incluso un empate entre ambos partidos).

Se trata, en todos los casos, de buenas noticias para la causa LGTB, dada la tendencia que últimamente muestran los republicanos, especialmente en los estados del sur (y Virginia es uno de ellos), a aprobar leyes discriminatorias.

Seattle elige su primera alcaldesa abiertamente lesbiana

Andrea Jenkins

Este martes también tuvieron lugar elecciones a nivel municipal en numerosas ciudades del país. El demócrata Bill de Blasio, aliado de la causa LGTB, conseguía por ejemplo revalidar la alcaldía de Nueva York, la principal ciudad del país.

Por lo que se refiere a candidatos y candidatas abiertamente LGTB, merece la pena destacar el caso de Andrea Jenkins, primera mujer transexual en ser elegida concejala en la ciudad de Mineápolis (Minnesota). Jenkins es, de hecho, una de las primeras mujeres negras abiertamente transexuales elegida para un cargo político de relevancia en ese país.

Jenny Durkan,

Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención a Jenny Durkan, abiertamente lesbiana, elegida alcaldesa de Seattle (Washington). Cabe señalar que aunque Durkan es su primera alcaldesa lesbiana, Seattle ya ha tenido un alcalde LGTB, el demócrata Ed Murray, que dimitió en septiembre tras ser objeto de varias acusaciones de abuso sexual a adolescentes, que él niega ser ciertas. Un escándalo que desde luego no ha perjudicado la candidatura de Durkan, que ha obtenido una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival Cary Moon (ambas candidatas pertenecientes al Partido Demócrata).

Fuente Dosmanzanas

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La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Vitit Muntarbhorn, experto independiente contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, ha pedido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas acciones inmediatas para paliar la grave situación que vive la comunidad LGTB en numerosos países. “Es inconcebible que las personas con una orientación sexual real o percibida, identidad de género o expresión de género diferentes a la de una norma social particular, sean objeto de violencia y discriminación en muchas partes del mundo”, aseguró este viernes en Nueva York. 

Muntabhorn rendía cuentas ante la Asamblea General de Naciones Unidas tras ser nombrado hace un año experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB. Y el panorama que dibujó es terrorífico. Según el tailandés, “las personas LGTB sufren un crisol de violaciones atroces de sus derechos, que incluyen asesinatos, violaciones, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros, hostigamiento y agresiones físicas y mentales. Son azotadas y sometidas a intervenciones quirúrgicas forzadas, acosadas desde la infancia, sufren incitación al odio y presiones que las conducen al suicidio”.

El experto de Naciones Unidas pidió la eliminación de las legislaciones del mundo de todas aquellas normas que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, así como el desarrollo de medidas antidiscriminatorias efectivas que cubran tanto el ámbito público como el privado. “Incluso cuando no existe una ley que penalice las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, en algunos países las leyes sobre la decencia pública, el orden público y la paz social se utilizan para incriminar a personas bajo el paraguas de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género”, explicó.

Muntabhorn también mostró su preocupación por el trabajo de los defensores de los derechos de las personas LGTB. “Las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y activistas, así como las instituciones nacionales independientes de derechos humanos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de una agenda inclusiva para todos, sin discriminaciones ni distinciones, incluyendo la promoción de la comprensión y el respeto de los derechos humanos y la diversidad de género “, subrayó.

Rechazo de Rusia, Bielorrusia y países musulmanes

La labor de Vitit Muntabhorn, plasmada por escrito en el que es su primer informe (un documento de 27 páginas que puedes descargar aquí en castellano), cuenta sin embargo con una fuerte oposición por parte de algunos estados. Hace algunos días, y según reporta International Service for Human Rights, un delegado de Egipto ante Naciones Unidas, otorgándose además la representación de Rusia, Bielorrusia y los países de Organización para la Cooperación Islámica (con la excepción de Albania), aseguró que “nuestra posición es clara. No reconocemos el mandato del experto independiente, y por tanto no estamos en posición de comprometernos, interactuar o cooperar”. “Aunque reiteramos nuestro firme compromiso de combatir diferentes formas de violencia y discriminación, creemos que la resolución que estableció el mandato y adoptada por un estrecho margen de voto es altamente divisiva. Es más, la introducción e imposición de nociones controvertidas más allá del marco internacionalmente aceptado sobre derechos humanos contradice la universalidad y conduce a polarización”, agregó.

Vitit Muntarbhorn, recordemos, fue nombrado hace un año primer experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB de la historia. Con anterioridad (concretamente el 30 de junio de 2016), el Consejo de Derechos Humanos de la organización había aprobado la creación del cargo con 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. La puesta en marcha de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Un experto de reconocido prestigio

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Además, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (puedes descargarlos aquí).

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El Gobierno catalán ha aprobado por fin este martes el protocolo para el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia en las administraciones públicas catalanas. El protocolo, cuyo desarrollo estaba contemplado en la ley catalana 11/2014 contra la LGTBfobia (artículo 11.2), ha sido bienvenido por el Observatori contra l’Homòfobia, entidad que en los últimos tiempos se ha mostrado muy crítica con la lentitud con la que esta ley se está desarrollando y aplicando de forma efectiva.

El protocolo, plasmado en un documento de 23 páginas (que puedes descargar aquí) establece cómo debe aplicarse el deber de inetrvención de las personas que trabajan en las administraciones públicas catalanas (tanto dependientes de la Generalitat como de los entes locales) para hacer efectivo el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Se trata, según el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat, de “garantizar los derechos de las personas LGTBI y evitar situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Cataluña se puede vivir la diversidad sexual y de identidad de género en plena libertad”. Las administraciones públicas catalanas, de esta forma, se configuran como garantes de los derechos LGTBI, y sus funcionarios deberán comunicar cualquier situación de discriminación y de violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género de la que tengan conocimiento o de la que tengan una sospecha fundamentada.

La aprobación de este protocolo ha sido celebrada por el Observatori contra l’Homofòbia. “Desarrolla el deber de intervención, concretamente el artículo 11 de la Ley [11/2014], que insta a todos los profesionales de la administración a actuar inmediatamente ante la certeza o sospecha de un caso de discriminación por orientación o identidad de género en cualquiera de sus formas”, ha explicado su presidente, Eugeni Rodríguez. Un deber de intervención que para Rodríguez es “una herramienta indispensable para frenar las agresiones y discriminaciones LGTBIfóbicas en Cataluña”. El Observatori ha felicitado al Gobierno catalán por el trabajo realizado y le ha pedido que trabaje conjuntamente con las entidades LGTB para activar ya el protocolo de forma real y efectiva.

Conviene recordar, en este sentido, que el Observatori contra l’Homofòbia se mostrado muy crítico en los últimos tiempos con la Generalitat debido a la lentitud con la que la ley catalana contra la LGTBfobia, aprobada hace ya tres años, se está desplegando, y ello pese al repunte en los casos de LGTBfobia en Cataluña. En septiembre, Eugeni Rodríguez comparecía en la Comisión del Igualdad del Parlamento catalán y exponía los últimos datos registrados por la entidad, según los cuales en el ejercicio en curso habría un 30% más de denuncias. “Las conclusiones actuales son similares a las del Estudio del OCH sobre el Estado de LGTBIfobia en 2016: el grupo que más agresiones sufre son los hombres gais y bisexuales, y las agresiones que más se perpetúan son en espacios públicos, seguidas del bullying y el discurso de odio”, expresaba entonces.

Recordemos que, según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue de hecho la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficiamente (60 en total, 51 de ellos en la provincia de Barcelona). Peor aún era el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia: la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia en Cataluña (como también sucede en Madrid, los datos recogidos por las entidades vinculadas a colectivos arrojan un número mayor de agresiones que las que oficialmente se denuncian). La mayoría (el 46,4%) fueron contra hombres gais o bisexuales, seguidos de las generalistas (contra el colectivo LGTB como tal, un 19%) y contra las personas trans (un 14,3%).

Aunque quedan mucho trabajo por hacer para que la ley 11/2014 sea una realidad plena (el desarrollo, por ejemplo, de un reglamento sancionador), la aprobación de este protocolo es sin duda un paso en la buena dirección. Confiamos, en este sentido, en que la grave crisis política que vive en estos momentos Cataluña y su relación con el Estado no impida seguir progresando. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

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La joven mide 1,90 y pesa 100 kilos , por lo que había despertado el interés de varios equipos para contratarla. 

La Federación de Fútbol Australiano (AFL) anunció este martes que Hannah Mouncey, una jugadora transexual, no podrá participar en la liga femenina debido a que su físico supondría una ventaja con respecto a sus rivales.

Mouncey, que en el pasado llegó a jugar en el equipo nacional masculino de balonmano, no podrá entrar en el draft de la Liga Femenina Élite de Fútbol Australiano (AFLW).

La joven es particularmente atlética (1,90 m de altura y 100 kilos de peso), por lo que había despertado el interés de varios equipos para contratarla.

La AFL precisó que su decisión se basa en la legislación del Estado de Victoria y se tomó tras consultar a grupos de apoyo al colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo) , así como al agente de Hannah Mouncey.

La AFL entró en la historia este año al organizar pro primera vez una liga semiprofesional femenina.

La decisión sobre Mouncey solo es para la próxima temporada, por lo que podría volver a presentarse al draft del próximo año.

Todos los casos de peticiones de transexuales serán deliberados caso por caso, en función de las circunstancias de cada demandante, precisó la AFL.

En un comunicado, Mouncey se mostró “decepcionada” por la decisión de la AFL, pero le agradeció “su manera sincera de tratar mi situación“.

El sindicato de jugadores de la AFL había apoyado a la joven durante todo el proceso y ha exigido a la federación que ponga en práctica líneas directivas claras para ayudar a los transexuales que quieran jugar en la élite en el futuro.

Fuente Cáscara Amarga

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Camila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.

Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.

Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.

El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio” de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.

Fuente MOVILH

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Alexis Tsipras, primer ministro griego

Grecia sigue figurando en la lista de países que esterilizan a las personas trans.

El gobierno griego prepara un proyecto de ley para permitir el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero con una serie de defectos importantes.

Amnistía Internacional lanza una campaña para pedir modificaciones en el texto.

Según informa Amnistía Internacional, Grecia prepara una nueva ley sobre transexualidad que reconoce el derecho a cambiar de nombre sin necesidad de ninguna intervención quirúrgica. Sin embargo, hay un punto en el borrador del texto que nos parece surrealista: “Si la persona trans está casada, debe divorciarse antes de cambiar su género. Además si la persona tiene hijos, en la documentación de estos, no se modificará el género de la persona trans”. ¿Qué tiene que ver el estado civil de una persona trans para cambiar de género? Pues nosotros tampoco le vemos la lógica.

Además, se requiere que un juez decida si la apariencia externa se identifica con la del género sentido basándose en… en… bueno, no sabemos muy bien en qué. Porque si ahora resulta que uno es hombre o mujer en función de si se pone falda o pantalón apañados vamos.

Para terminar, la ley niega el cambio de género a menores de diecisiete años y a las personas inmigrantes.

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional ha lanzado una recogida de firmas para que la nueva ley recoja medidas como permitir a las personas transgénero el cambio legal del nombre y el género basándose únicamente en el género con el que se identifican, sin referencias a su aspecto externo y retirar las restricciones de edad a fin de dar a los menores de edad el derecho al cambio legal de su indicador de género, teniendo en cuenta sus opiniones.

En 20 países europeos se sigue esterilizando a las personas trans.

Además, también piden que se garantice que las personas trans y no binarias puedan efectuar el cambio legal del nombre y el género en un procedimiento administrativo extrajudicial que sea rápido, transparente y de fácil acceso para todas las personas transgénero, incluidas las refugiadas y migrantes además de eliminar el requisitio de divorcio y que las que tienen hijos puedan eliminar su nombre y su género en el certificado de nacimiento de sus hijos cuando proceda.

En Grecia no existe el matrimonio igualitario, pero sí una unión civil para personas del mismo sexo aunque no se permite la adopción ni la gestión subrogada por parte de parejas homosexuales.

Fuente | Amnistía Internacional, vía EstoyBailando

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Terribles imágenes las que captó una cámara de seguridad del Instituto East Side en Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos): Kylie Perez, una adolescente trans de 14 años, camina por el pasillo del centro cuando uno de sus compañeros comienza a golpearla. Al menos otros tres se le unieron. Según Perez ha contado, la agresión se desencadenó al grito de “there’s the tranny” (“ahí está el travelo”, podríamos traducir: “tranny” es un insulto tránsfobo). No se trata, por desgracia, del primer episodio de acoso transfóbico que sufre.

Kylie Perez ha denunciado haber sufrido acoso por parte de sus compañeros, en forma de insultos tránsfobos y homofóbos, desde que inició su transición (cuando acudía a 6º grado, que según el calendario americano cursan los estudiantes de 11-12 años). En esta ocasión, sin embargo, la brutalidad de la agresión y el hecho de que fuera captada por una cámara de seguridad del instituto han impactado a la opinión pública. La agresión ya ha sido denunciada a la policía de Newark, y de hecho policía y fiscalía valoran acusar a los agresores de un delito de odio, aunque la investigación está aún en curso. La madre de Kylie, por su parte, lamenta la ausencia de un plan escolar contra el acoso que permita a su hija sentirse segura en el instituto.

El propio alcalde de Newark, Ras Baraka, ha expresado su consternación por lo sucedido y su deseo de contactar con la familia de la chica para ofrecerle su ayuda. “Me uno a la comunidad LGTBQI, así como a los padres, estudiantes y ciudadanos de Newark que se encuentran horrorizados”, ha expresado el alcalde en un comunicado. “Debemos permanecer vigilantes como comunicad y seguir denunciando y persiguiendo los delitos de odio perpetrados contra miembros de la comunidad GBTQI. Este acto, además, ha sido particularmente atroz porque la víctima es una adolescente, atacada sin previo aviso por sus agresores”, continuaba el comunicado.

Insertamos a continuación un breve reportaje que incluye las imágenes de la cámara de seguridad y declaraciones de Kylie (que muestra por cierto temple y madurez) y de su madre:

Repunte de la violencia trans en Estados Unidos

Por desgracia, todo apunta a que los incidentes de odio contra las personas LGTBQ, y especialmente contra las personas trans, conocen un repunte en Estados Unidos. Hace pocas semanas nos hacíamos eco del informe correspondiente a 2016 de la National Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP), organización que hace un minucioso seguimiento de los delitos de odio contra la comunidad LGTBQ en los Estados Unidos. Y los datos no son precisamente tranquilizadores: incluso dejando fuera a las 49 víctimas del atentado homófobo de Orlando, 2016 fue el año con mayor número de asesinatos de personas LGTBQ en ese país desde que se registra este dato (28 víctimas). El colectivo trans y de género no conforme se reveló, una vez más, como el más vulnerable (17 víctimas).

Por si esto fuera poco, en lo que llevamos de 2017 ya se han cometido más homicidios de personas LGTBQ que en todo 2016. Esta misma semana recogíamos el brutal asesinato de Ally Steinfeld, otra adolescente trans, que se convertía de hecho en la 21 persona trans asesinada este año en los Estados Unidos.

Fuente Dosmanzanas

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Centenares de usuarios de diversas redes sociales están expresando su asombro y malestar porque la policía del condado de Texas (Misuri) no valora el “odio” como agravante del asesinato de Ally Steinfeld, una chica trans de 17 años. A la víctima, que ya es la 21 persona trans muerta por violencia en los Estados Unidos (EEUU) en lo que va de año, le sacaron los ojos, le mutilaron sus genitales, la desmembraron, arrojaron parte de su cuerpo a un gallinero y el resto lo quemaron. Human Rights ha aseverado que “esta violencia, a menudo motivada por el odio, debe llegar a su fin”. En este sentido, lamentan el asesinato de Ally Steinfeld y aseguran que es necesario “luchar contra la transfobia y la violencia contra las personas trans”. Hasta el momento, se han recaudado cerca de 5.000 dólares, a través de crowdfunding, para sufragar el funeral de Steinfeld.

A principios de septiembre, la familia de Ally Steinfeld, una adolescente trans estadounidense, denunció su desaparición y, casi tres semanas después, la policía hallaba parte de sus huesos enterrados en el gallinero de una zona rural de Misuri (a unos 20 kilómetros de Houston). Los acusados del asesinato son Andrew Vrba, y su novia, Isis Schauer, ambos de 18 años y residentes de Houston, así como Briana Calderas, de 24 años. A James Grigsby, por su parte, se le acusa de abandonar el cadáver y manipular pruebas.

Vrba, el principal acusado, se habría jactado del asesinato ante la propia policía, alegando que “tenía que matar”a Steinfeld y que al menos dos de sus amigos sabían del plan. Durante el interrogatorio de los agentes, Calderas (que supuestamente era amiga de la víctima) dijo que, aunque se había enterado de los planes de Vrba, no quería que Steinfeld muriera. Pero Vrba y Schauer le dijeron a la policía que Calderas también participó en el asesinato y que incluso había discutido con ellos “varios días antes de la muerte de Steinfeld”.

Al parecer, Vrba intentó envenenar a la adolescente. Sin embargo, como no logró que bebiera, acabó rajándola con un cuchillo (que posteriormente sería encontrado por la policía). Y como asesinarla no pareció ser suficiente, su cuerpo fue sometido a vejaciones como la extracción de los ojos, la mutilación de genitales, el desmembramiento y la quema de parte del cadáver. Con todo, las fuerzas de seguridad se resisten a reconocer que se trate de un “crimen de odio”. Una decisión que está siendo muy contestada en las redes sociales.

Ally Steinfeld ya había hablado con su familia sobre su identidad de género. Ashleigh, su hermana, la ha definido como “una persona muy cariñosa y extrovertida”, a la que “no le gustaba el conflicto”. El pasado mes de mayo, la joven publicaba su salida del armario como chica trans en su cuenta de Instagram, invitando a los usuarios de esta red a apoyarla:

Hasta el momento, se han recaudado cerca de 5.000 dólares, a través de una campaña de crowdfunding en Gofundme, para sufragar el funeral de Steinfeld. La oscarizada Patricia Arquette ha sido una de las donantes (1.000 dólares). La actriz publicaba, además, el siguiente mensaje: “esta donación es en honor de Ally, quien fue lo suficientemente valiente como para vivir su verdad en un mundo muy ignorante. Estoy orando por su familia durante este tiempo desgarrador. Pueden estar rodeados de apoyo y amor”. Alexis, la hermana trans de Arquette, falleció hace un año por complicaciones relacionadas con el sida. La familia Arquette viene apoyando distintas causas favorables a la igualdad y a los derechos del colectivo LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El Arzobispo de Canterbury les dice a los padres tránsfobos Nigel y Sally Rowe que maduren y en lugar de aplicar los prejuicios sobre una niña trans aprendan de la situación y sean empáticos. 

El otro día te explicábamos que hay un matrimonio cristiano en Reino Unido, los Rowe, que habían sacado a su hijo del colegio (y querían demandar al centro) por permitir que una alumna trans comenzara a llevar el uniforme de chica. Los Rowe aparecieron en televisión en un par de intervenciones que no sentaron bien a los colectivos LGTB porque se les ofreció un altavoz para sus prejuicios y mentiras sin que fueran rebatidos (y porque detrás de los Rowe hay una organización tránsfoba cristiana).

Eso lo solucionaron en el programa This Morning de la ITV al invitar a la madre de un niño trans de seis años que explicó que su hijo no ha elegido nada, que él es un niño y punto, y que además es un niño con más madurez emocional que los Rowe; que decían estar sufriendo mucho porque su hijo no entendía que ahora los niños pudieran vestir con ropa de niña.

Les diría que no creo que eso sea un problema. La otra familia está poniendo orden en sus pensamientos. El otro niño está poniendo orden en sus pensamientos. Hablad con vuestro hijo. Ayudadle a entenderlo. Ayudadle a ver lo que está ocurriendo y a ser fiel a sus propias convicciones.

El Arzobispo, por cierto, también le ha dicho a los Rowe que se dejen de tonterías de demandas al colegio:

Les diría que cuando ocurre algo así no veo el sentido en acudir a la ley. Creo que debemos intentar solucionar estas cosas sin involucrar la legalidad, con las personas sentándose alrededor de una mesa, con un mediador, que les ayude a llegar a una conclusión.

Para el Arzobispo cuando una persona religiosa se encuentra en una situación así lo que tiene que hacer es ayudar a que sus hijos entiendan sus valores religiosos en lugar de intentar inculcarlos por la fuerza a otra familia. Hablando su propia familia (Welby está casado y tiene seis hijos) explicó que:

Nuestros hijos acudieron a centros públicos durante toda su escolarización. Había cosas que nos gustaban y cosas que no nos gustaban, pero es en casa donde educas y enseñas a las personas a seguir la fe.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Como excepción, por que programas de este tipo no tienen cabida en est web, publicamos esta noticia  por lo que supone de cómo se puede llegar tan bajo y mostrar una  transfobia descarnada en TV con tal de ganar audiencias. Una muestra más de la telebasura que nos invade:

Kiko Hernández lanza en el plató de Sálvame el rumor de que una concursante de la nueva edición de Gran Hermano es transexual, y la cuenta de Twitter del programa atiza la transfobia en redes.

Comenzó la nueva edición de Gran Hermano y a un día de que haya comenzado la edición los rumores sobre los concursantes y sus vidas privadas ya están campando a lo largo y ancho de internet… y de los platós de otros programas de Telecinco como Sálvame, en el que por lo visto es importantísima la identidad de género de una de las concursantes:

Ya hace bastante tiempo mostraron muy poco tacto en ese mismo programa al hablar de La Veneno y el deje tránsfobo que tenían las intervenciones de algunos invitados que conocían a Cristina y hablaban de ella como una “sirena” y no como una mujer, que es lo que era.

Pues ahora el programa vuelve a pisotear el respeto a las personas trans con esa “porra” para adivinar qué concursante es trans. Por lo visto todo viene por un comentario de Kiko Hernández, que ya sabéis que es un señor que de su vida privada no habla (salvo para decir lo guapa que es la mujer que alquiló para tener a sus hijas) y al que el respeto al colectivo LGTB le importa, básicamente, una mierda.

Y aunque hay algún inconsciente que les sigue el juego, en general la gente no está nada contenta con el tema:

No deja de ser gracioso, porque hasta donde yo sé la cuenta de Twitter la lleva un chico gay, @caesaris. Y el programa lo presenta otro señor gay, Jorge Javier Vázquez, que hace unos meses denunciaba la transfobia del autobús de Hazte Oír.

Fíjate que al final lo del bus nos va a servir de algo: para comparar reacciones. Querido JJ, no es normal que un día escribas en Lecturas que lo del bus de Hazte Oír “resultaría cómico si no fuera tan trágico” para que luego tu programa participe en este lamentable espectáculo a costa de la identidad de género de una persona. Y no me vengáis con que al entrar en la casa exponen su vida privada, porque lo mismo podríamos decir de Kiko Hernández. Que empezó también como concursante de Gran Hermano y del que se podría hablar largo y tendido sobre su vida privada.

Y pensar que tuvisteis a Nacho Vidal sentado en ese mismo plató explicándoos la historia de su hija trans y todos parecíais estar un poquito más sensibilizados con el tema.

Qué pena.

Fuente EstoyBailando

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Foto: saultonline.com

 El hombre ha interpuesto una denuncia por discriminación.

Tuvo que enseñar su prótesis y su vagina a la cajera.

El pasado 12 de mayo un hombre trans se encontraba haciendo la compra en un supermercado de Nueva Jersey cuando se acercó un oficial de la oficina del sheriff que trabaja allí como personal de seguridad y le dijo “quiero ver lo que llevas en los pantalones”.

Según Thomas A. McKinney, el abogado del demandante, parece que el vigilante vió un bulto en el pantalón y pensó que había robado algo… pero desde luego eso no justifica lo que sucedió.

El acusado informó de que era un hombre trans y que el bulto que había visto era su prótesis con forma de pene, a lo que el guardia contestó que llamaría a una mujer policía para que procediera al registro…

En la demanda que ha presentado en el juzgado del condado de Hudson, el hombre asegura que ha sido injustamente acusado y que se han violado las leyes anti-discriminación, además afirma que desde entonces sufre de “angustia emocional, dolores y otras dolencias”.

Por su parte, la oficina del sheriff asegura que no tienen conocimiento de nada de lo ocurrido.

Fuente | True Jersey, vía EstoyBailando

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El programa This Morning de ITV invita a la madre de un niño trans para contrarrestar las declaraciones tránsfobas de Nigel y Sally Rowes.

Los Rowe, un matrimonio cristiano, han sacado a su hijo de un colegio porque el centro permitió a una alumna trans vestir con el uniforme femenino y compararon el transgenerismo con la “disforia de especie”

En Reino Unido hay mucho enfado en la comunidad LGTB por la aparición en un programa de la BBC y en uno de la ITV de un matrimonio que sacó a sus hijos del colegio (y amenazan con denunciar al centro) por permitir que una alumna trans llevara falda.

El enfado vino, básicamente, porque Nigel y Sally Rowe tuvieron un altavoz estupendo para soltar muchas palabras tránsfobas (como que lo siguiente será aceptar que los niños crean que son animales) sin que ningún experto les rebatiera y sin que se hiciera mención al hecho de que el matrimonio tiene detrás a una organización cristiana anti-LGTB.

No iba a discutir a Sally y a Nigel pero Dexter es bastante más maduro emocionalmente que ellos. Dexter es totalmente consciente de quién es. Es su elección, no algo que le hayamos inculcado en casa. Cuando te tumbas junto a él por la mañana y te pregunta ‘mami, ¿por qué nací mal? ¿cuándo van a curarme? ¿cuando vaya al médico me pondrán un pito?’; eso no es algo que ninguno de nosotros le haya dicho jamás, es algo que él siente.

Mienna aprovechó también para dejar claro que el transgenerismo no es algo que se elija. Uno de los argumentos que los Rowe repitieron incesantemente (y que es el mismo argumento que utilizan todos los de la “ideología de género”, como los miembros de Hazte Oír) era que al enseñar a los niños sobre diversidad sexual y la aceptación de la misma se empujaba a los niños a sentirse así:

Y la otra cosa que no paraban de decir… Me dio la impresión de que pensaba que ser transgénero está mal. “No está bien”, dijo él. Y dejó caer que era una elección. No es una elección, es como ser gay. Y tu hijo es tu hijo.

Mienna explicó también cómo fue el momento en que su hija, Talia, le dijo que en realidad era Dexter; momento que esta madre explica llenó a su hijo de felicidad y todos sintieron que les habían quitado “un peso de encima“:

Con cuatro años vino corriendo a mí desde el jardín y me dijo ‘Mami, ya lo tengo, soy Dexter’. Y yo le dije, ‘vale’. Y él me dijo: ‘Soy Dexter. Ése soy yo. Ése es quién soy. Y le dije: ‘Es fantástico. Es un nombre precioso, me encanta ese nombre.’ Entonces dijo que quería que todo el mundo le llamara Dexter y que era un chico.

Fuente EstoyBailando

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictamina el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la Fiscalía.

La decisión se conoce después de que el ministro del Interior declarase que “HazteOír cumple con los requisitos para ser de utilidad pública”.

Recordamos los hechos una vez más. El pasado febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Un desafío que HazteOír ha ganado. La Audiencia Provincial de Madrid levantaba en julio la inmovilización cautelar del ya conocido como “autobús del odio” con un auto de marcado contenido político en el que el juez conservador Eduardo de Urbano llegaba a compararlo con el “tramabús” de Podemos contra la corrupción política  y asegurada que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llegaba a decir. Es decir, que negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado…

El auto hacía suyo, de hecho, todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. 

Quedaba por conocer, en cualquier caso, qué sucedía con la denuncia interpuesta por la Fiscalía. Pues bien, según informa eldiario.es, la jueza María Isabel Durantez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha hecho suyos los razonamientos de la Audiencia Provincial para sobreseer el procedimiento, aun sin haber terminado de investigarlo y pese a que los argumentos del órgano superior solo se referían a la medida cautelar de inmovilización y no al posible delito. En base a estos argumentos, la jueza considera que “no existen motivos suficientes para considerar la perpetración de un delito del artículo 510.2 del Código Penal”. “Ha de primar la libertad ideológica y de expresión reconocida como derecho fundamental en la Constitución del 78”, añade.

En nuestra modesta opinión, nos encontramos ante una de las noticias más graves de los últimos tiempos en materia LGTB. De nada sirve la existencia de buenas leyes si no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican directamente agresiones físicas (e incluso en este caso hay jueces que se niegan a reconocer el delito de odio). Y no parece que la justicia española, en este terreno, esté por la labor. Y tampoco, por cierto, el Gobierno de España, que esta misma semana se negaba a retirar a HazteOír su privilegiado estatus de entidad de utilidad pública si la justicia no la condenaba.

General, Homofobia/ Transfobia. :Audiencia Provincial de Madrid, Autobús del Odio, Delitos de Odio, Eduardo de Urbano, HazteOir, LGTBfobia, Madrid, María Isabel Durantez, Transfobia

Una semana después de publicar el caso del adolescente trans inglés de 15 años Leo Etherington (se suicidó tras la negativa de su colegio a reconocer su identidad de género masculina), nos hacemos eco de otra noticia relacionada con los menores trans en el Reino Unido. Nigel y Sally Rowe han saltado a los medios de comunicación al decidir sacar del colegio a sus hijos, de 6 y 8 años, después de que el centro escolar (perteneciente a la anglicana Iglesia de Inglaterra) haya permitido que una niña trans acuda a clase con vestido, de acuerdo a su identidad de género femenina. Los padres tránsfobos alegan que “es un error alentar a los niños muy pequeños a aceptar la transexualidad; los niños son niños y las niñas son niñas” y se defienden de las críticas echando balones fuera: “no creemos que la gente los esté intimidando de ninguna manera por el hecho de ser transexuales”. Sin embargo, no dudan en proclamar que los casos de menores trans “causan confusión” entre el resto de niños, en lugar de asumir que es una cuestión de falta de educación.

Por las respuestas de los Rowe se evidencia que, como les ocurre a la mayoría de LGTBfóbicos, ignoran los problemas a los que se enfrentan los menores trans, acosados por una sociedad todavía poco preparada para brindarles todo el apoyo que necesitan. Según estos padres ingleses, una acción como la que ellos han protagonizado (sacar a sus hijos del colegio porque una niña trans se manifieste conforme a su auténtica ideología de género) no supone perjuicio alguno para los menores trans. Antes al contrario, justifican que “un niño (sic) de 6 años de edad no tiene la capacidad mental para hacer ese tipo de cosas”. En la misma línea, aseveran que “la disforia de género es algo que nosotros, como cristianos, necesitamos abordar con amor y compasión, pero no en la esfera de un ambiente de escuela primaria”.

La solución adoptada por Nigel y Sally Rowe (de 44 y 42 años, respectivamente) ha sido escolarizar a sus hijos en su propia casa, donde podrán instruirlos en sus propias tesis LGTBfóbicas. Asimismo, están preparándose para denunciar al colegio ante la anglicana Iglesia de Inglaterra y tienen la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Supremo, que podría revisar judicialmente la aplicación en menores de la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 (con consecuencias eventualmente negativas para los menores trans).

Lluvia de críticas a los padres tránsfobos

Por su parte, el director de educación de la Diócesis de Portsmouth, Jeff Williams, ha dejado claro que “las escuelas de la Iglesia de Inglaterra son ambientes inclusivos donde los alumnos aprenden a respetar la diversidad de todo tipo. Como cualquier otra escuela estatal, nuestras escuelas cumplen con los requisitos legales de la Ley de Igualdades de 2010”. Entre otras cosas, prosigue Williams, “esto requiere que las escuelas acepten los deseos de los niños y sus familias con respecto a la identidad de género”, ya que “sería ilegal que cualquiera de nuestras escuelas hiciera lo contrario”.

El mismo responsable de la mencionada diócesis anglicana ha añadido que “porque nuestras escuelas tienen un ‘ethos’ cristiano, también creemos que los niños de todas las religiones y los que no tienen ninguna deben sentirse igualmente bienvenidos, valorados y nutridos como hijos de Dios dentro de nuestras comunidades de aprendizaje”.

El anuncio de Nigel y Sally Rowe también ha merecido críticas en los círculos parlamentarios. La diputada conservadora Anna Soubry y la diputada laborista Stella Creasy son algunas de las voces contrarias a la desescolarización del centro de primaria de los menores, llevada a cabo por los Rowe, acusándoles de enseñar a sus hijos a “odiar”.

Fuente Dosmanzanas

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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