Los socialistas europeos inician una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir que María Elósegui se retracte de sus comentarios LGTBfóbicos.

Si la catedrática no reacciona, el PSOE enviará una carta exigiendo la revocación del nombramiento de Elósegui como jueza del TEDH.

El Partido Popular de La Rioja ha invitado a la María Elósegui, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza cuyo pensamiento LGTBfobo saltó a los medios tras ser elegida jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales, cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención de los populares. Un detalle nos llama la atención: la invitación a Elósegui fue hecha antes de que estallase la polémica, lo que a nuestro juicio sugiere que, al menos en parte, el Partido Popular conocía sus postulados. 

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: PSOE y Unidos Podemos, por ejemplo, han pedido directamente el cese de Elósegui por el falseamiento del currículum, mientras que Ciudadanos ha criticado duramente su inclusión en la terna y ha pedido explicaciones al Gobierno. En change.org, por su parte, hay en marcha una petición de dimisión de Elósegui, dirida además a los representantes de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que hagan “haga todo lo que esté en su mano” para que no llegue a tomar posesión de su cargo. Y son solo algunas de las reacciones…

El PP de La Rioja ya había invitado a Elósegui como “experta” en transexualidad

Este miércoles, sin embargo, se añadía una pieza más al vodevil, al conocerse que María Elósegui ha sido invitada por el PP al Parlamento de La Rioja como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales. En noviembre, recordemos, el Parlamento riojano aprobaba la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido promovida por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que los populares preferían abstenerse.

Una invitación que según el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, fue anterior a que la LGTBfobia de Elósegui saltara a los medios. Según asegura el diario La Rioja, Garrido no ha aclarado si ahora se le retirará la invitación. “Podría ser, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo ni de planteárnoslo“, ha declarado. “La ahora juez de Estrasburgo supongo que tendrá una agenda muy complicada, pero lo que sí quiero dejar claro es que el criterio de elección, en su momento antes de hacerse públicas las supuestas manifestaciones que luego ha desmentido, fue por currículo científico”, añadía a este periódico.

El colectivo riojano Gylda ya ha expresado su absoluto rechazo a la presencia de Elósegui en el Parlamento regional, criticando además la actitud del PP por lo que la aprobación de la ley de transexualidad se refiere. “Gylda siempre se ha caracterizado por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. (…) Durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario don Jesús Garrido, en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy”, explican de hecho en su nota, en la que acusan además a este partido de querer dilatar los plazos para que acabe la legislatura sin que la ley sea aprobada.

En toda esta historia, lo que más nos llama la atención es el hecho de que el PP de La Rioja hubiera tramitado la invitación a Elósegui para opinar sobre una ley de transexualidad ANTES de que saltara a los medios la polémica sobre su LGTBfobia. Una circunstancia que nos hace pensar que ese partido (o al menos alguien en ese partido) era plenamente consciente de sus posicionamientos sobre el tema, “supuestamente” desconocidos por los partidos políticos hasta la semana pasada. Y es que, como ya resaltamos en la primera entrada que dedicamos al tema (un día antes que los medios generalistas) es al referirse a la transexualidad cuando Elósegui expresa sus opiniones más extremas. Nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTubede Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

Es grave que alguien como Elósegui vaya a ocupar una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es muy grave que en pleno 2018, casi trece años después de que el PP invitara a Aquilino Polaino al Senado de España para insultar a las personas homosexuales, haga lo mismo en La Rioja con las personas transexuales. Y de forma a todas luces consciente: si el PP no conocía las opiniones de Elósegui sobre las personas transexuales ¿para qué la invitó a una ley dedicada a este colectivo?

El PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Pues mientras el mismo PP invita a esta mujer a participar en la redacción de la Ley Integral Trans de la Rioja desde el PSOE han empezado una campaña a nivel europeo contra su nombramiento. Los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo han iniciado una recogida de firmas para exigir a Elósegui que se retracte de sus declaraciones pasadas sobre el colectivo LGTB+. Entre las cosas que esta mujer nos ha ido dedicando está, por ejemplo, su idea de que una persona trans lo que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica en lugar de vivir en contra de su “biología”, que los homosexuales no es que estemos enfermos pero sí que transmitimos muchas enfermedades y sufrimos varias patologías o que el preservativo es malo porque eso hace que los violadores violen más.

Si Elósegui no se retractara de esas declaraciones, los socialistas europeos enviarán una carta a Michele Nicoletti, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, y a Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir que se revoque su nombramiento.

Por respeto a todo lo que el colectivo LGTB+ y las mujeres han sufrido y siguen sufriendo por culpa de personas con las ideas de Elósegui su nombramiento ni siquiera debería haber sido propuesto.

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea del Consejo de Europa, Ciudadanos, Discriminación, Guido Raimondi, GYLDA, Jesús Garrido, La Rioja, LGTBfobia, María Elósegui, Michele Nicoletti, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidos Podemos

Una niña de Quilmes de siete años pidió el cambio de género y nombre en su partida de nacimiento y en el DNI. Lo hizo a través de sus padres, como exige la Ley de Identidad de Género. Cuando la familia consultó en el Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires sobre el estado del trámite les avisaron que el nuevo documento estaba en camino. Unos días más tarde recibieron un sobre con documentación oficial: no era el DNI y la partida de nacimiento de su hija, era una notificación que rechazaba el pedido.

Un niño de ocho años de Punta Indio y otro de La Plata también recibieron una notificación de rechazo. Es la primera vez en seis años, desde la aprobación y promulgación de la ley, que el Estado le niega a menores de 13 años el derecho a la identidad de género: desde 2013 más de 20 niños y niñas obtuvieron sus DNI con la identidad autopercibida. Ahora las asociaciones AboSex e Infancias Libres, que acompañan a las familias de los niños y las niñas trans, anticiparon que llevarán los casos “hasta las máximas instancias locales e internacionales de protección de derechos humanos”.

El Registro de las Personas argumentó el rechazo diciendo que se debe conformar un equipo multidisciplinario que analice si los menores de 13 años tienen “el grado de madurez suficiente para prestar un consentimiento válido”. “Es una interpretación totalmente arbitraria”, explicó a Cosecha Roja Alejandro Joma, representante de la asociación AboSex. “Cualquier niño que puede entender que hace el cambio de género puede pedir el cambio de DNI sin importar la edad. Es una batalla que ya fue saldada y por la cual se luchó mucho”, agregó.

“Las personas trans luchamos mucho para tener esta ley y ahora no se respeta. A los niños les afecta mucho no poder ver reflejado su nombre en el DNI o que no les respeten el nombre en el colegio o en el médico”, dijo a Cosecha Roja Matias Veneziani, secretario de la Asociación Civil Infancias Libres.

La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada y promulgada en mayo de 2012, otorga el derecho a todas las personas a que se les reconozca su identidad de género. En el artículo 5 establece que los niños, niñas y adolescentes que deseen efectuar un cambio de género y nombre deben hacer el pedido “a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor”. El Registro de las Personas está obligado a reconocer la identidad de género “sin necesidad de ningún trámite judicial”.

En 2013 Lulú se convirtió en la primera niña trans en tener DNI con nombre femenino. Se asumió nena desde que nació y a los cuatro años le dijo a su mamá Gabriela: “Yo no soy un nene, soy una nena. Ya no me llamo Manuel, me llamo Lulú”.

Gabriela entendió que no debía imponerle a su hija una identidad que no era la suya. Así, las dos juntas comenzaron un recorrido de acompañamiento y de lucha contra la incomprensión, la negación y la discriminación cada vez que la llevaba a anotar a un taller, danza o patín o cuando iban a una guardia médica para que la atendieran.

Lulú necesitaba un DNI que reconociera su derecho a la identidad. Durante un año insistieron para que el Registro de las Personas de Buenos Aires rectificara sus datos. A pesar de que en 2012 había sido sancionada la ley de Identidad de Género, la titular del registro y el asesor de Menores e Incapaces del Tribunal de Morón consideraban que la nena no tenía capacidad para decidir sobre su identidad.

En octubre de 2013, el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, le entregó a Gabriela Mansilla la nueva partida de nacimiento y el DNI de su hija. “Todas las personas trans fueron niños en algún momento, pero no existía en la sociedad la posibilidad de percibirlo”, dijo Gabriela ese día. Y agregó: “El temor lo tenemos los adultos, no los niños, ya que en el jardín los compañeros no tienen ningún problema en aceptarla tal como ella se siente”.

A partir de la publicación de esta nota, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires realizó una presentación de oficio ante el Registro Nacional de las Personas de la provincia para que las autoridades informen los fundamentos del rechazo al reconocimiento de la identidad de género de niños y niñas trans. “Actuamos de oficio por la gravedad y el retroceso que implica esta decisión de apartarse de lo que establece la legislación”, explicó el defensor del Pueblo adjunto de Buenos Aires, Walter Martello.

Fuente: Cosecha Roja, vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. ABOSEX, Alberto Pérez, Alejandro Joma, Argentina, Buenos Aires, Gabriela Mansilla, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Infancias Libres, La Plata, Ley de Identidad de Género, Matias Veneziani, Menores transexuales, Morón, Punta Indio, Quilmes, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Walter Martello

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas”.

En la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005, se ha iniciado la enésima campaña contra la comunidad LGTB. Amnistía Internacional ha denunciado la detención de 12 mujeres trans en la redada a cinco salones de belleza, el pasado sábado 27 de enero. La policía, además de clausurar los locales, les afeitó el cabello en público, las desnudó y las obligó a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. “La llamada ‘reeducación’ de las personas trans por parte de la policía no solo es humillante e inhumana, también es ilegal y una clara violación de sus derechos humanos. Dichos incidentes deben ser investigados de manera inmediata y efectiva”, exige Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

La policía indonesia arrestó a 12 transexuales en la provincia de Aceh, la única que se rige bajo la sharia o ley islámica, y les obligó a vestir ropa de hombre además de cortarles el pelo, denuncian los activistas. En el marco de la llamada “Operación Anti Moral Enferma”, la policía de Aceh efectuaba este sábado redadas sincronizadas a varios salones de belleza, deteniendo a 12 mujeres trans. Los agentes forzaron el cierre de los establecimientos y a las víctimas arrestadas, por su mera identidad de género, las sometieron al escarnio público: les raparon las cabelleras en la calle y las obligaron a pasearse con ropas de hombre. Para las autoridades, estas prácticas denigrantes formal parte de un programa de “reeducación social”. El tránsfobo objetivo final no es otro que “enseñarles” a “comportarse” como “hombres de verdad”.

Decenas de agentes de la policía local e islámica llevaron a cabo las detenciones durante la noche del sábado en cinco salones de belleza del distrito Aceh del Norte, en el norte de la isla de Sumatra, confirmó un activista en favor de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).

“Por el momento todavía están recuperándose del trauma”, declaró en conversación telefónica la fuente, que pidió mantener el anonimato, y añadió que los arrestados fueron liberados el domingo.

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas” y dijo que actuaron porque molestaban a los vecinos con un comportamiento que va “en contra de la sharia y la naturaleza humana”, en declaraciones al portal de noticias “Kliksatu.com“.

Aceh, provincia que aprobó en 2002 la aplicación de la ley islámica, criminaliza las relaciones homosexuales y sentencia a los infractores a castigos corporales que pueden llegar a hasta los 100 bastonazos.

El investigador en asuntos LGTB de Human Rights Watch, Kyle Knight denunció, tras los arrestos de diciembre, que los políticos locales de Aceh han empeorado la situación al promover la homofobia.

Al menos 527 personas fueron azotadas en Aceh desde 2016 hasta octubre de 2017, por infracciones como apostar, consumir alcohol o adulterio, entre otros, según el centro de investigación indonesio Institute for Criminal Justice Reform.

El año pasado dos hombres fueron condenados por primera vez a ser azotados en público por mantener relaciones homosexuales.

Aunque Aceh es la única provincia del archipiélago que aplica la sharia, ONG y activistas han denunciado un aumento en la represión contra la comunidad LGTB en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta…

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Aceh, Aceh del Norte, Ahmad Untung, Ahmad Untung Surianata, Amnistía Internacional, Banda Aceh, Discriminación, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Java Occidental, Kyle Knight, LGTBfobia, Sharia, Sumatra, Sumatra Meridional, Surabaya, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo, Usman Hamid, Yakarta

Los datos y las encuestas muestran cómo los ataques a la comunidad LGTB por parte de la Administración Trump han tenido consecuencias nefastas a lo largo del año 2017. Los homicidios causados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas se han incrementado en un 86 % respecto al año anterior en los Estados Unidos (si se exceptúa la brutal masacre de The Pulse). La aceptación de las personas LGTB por parte de la población estadounidense ha disminuido por primera vez desde que se realiza este tipo de sondeos, situándose en un preocupante 49 %. Las cifras demuestran que tanto las legislaciones, como la difusión de mensajes LGTBfobos por parte de los medios afines al Gobierno de Donald Trump, están haciendo mella en lo conseguido en años de lucha contra la discriminación.

Según el informe anual titulado «Una crisis de odio», que elabora el New York City Anti-Violence Project, el número total de homicidios causados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas en los Estados Unidos ha sido de 52 durante el año 2017, un 86 % mayor que en el año anterior. El informe, como es su costumbre, solo tiene en cuenta asesinatos y homicidios producidos en un ataque individual, por lo que excluye la masacre de The Pulse, ocurrida a comienzos de 2016, en la que fueron asesinadas 49 personas.

De las 52 víctimas, 22 fueron mujeres transexuales (la mayoría de ellas de raza negra), 20 fueron hombres cisgénero homosexuales o bisexuales, 5 mujeres cisgénero lesbianas o bisexuales, 1 hombre transexual y 4 personas de género no binario.

En el año 2016, el total de víctimas fue de 28, de las que 17 fueron mujeres transexuales y 4 eran hombres cisgénero homosexuales o bisexuales, colectivo en el que el número de víctimas ha experimentado un incremento abrumador.

Según Beverly Tillery, directora de la Coalición Nacional de Programas Antiviolencia, que reúne a más de 40 organizaciones, el incremento de estos crímenes coincide con el fin de un período presidencial (el de Barack Obama) y el comienzo de otro (el de Donald Trump) durante el cual las cifras se siguen incrementando aceleradamente.

Tillery opina que «Trump ganó las elecciones diciendo que era hora de recuperar América para las personas que se sentían oprimidas por las personas LGTB, los inmigrantes y las personas de color. Fue un movimiento táctico para atacar a esas comunidades. Funcionó, y hay más casos de violencia porque el clima en el país ha cambiado. Ha dado una oportunidad para que las personas sientan que pueden cometer actos de violencia basada en el odio sin demasiada repercusión».

Menor aceptación de las personas LGTB en los Estados Unidos

Por su parte, GLAAD (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación) ha publicado su encuesta anual titulada «Acelerar la aceptación», en la que se interroga a los ciudadanos estadounidenses no LGTB sobre su interacción con las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. Realizado en los últimos meses del pasado año, el sondeo muestra, por primera vez desde que se efectúa, que el número de estadounidenses que afirma sentirse cómodo con personas LGTB en determinadas situaciones cotidianas ha disminuido hasta el 49 %, frente al 53 % del año anterior.

Lo que sí que ha crecido es el número de personas LGTB que se han sentido discriminadas por razón de su orientación sexual o identidad de género, que ha subido hasta el 55 %, mientras que en el 2016 lo afirmaba un 44 %.

También se incrementa el número de estadounidenses que se sienten incómodos con la presencia de personas LGTB en algunos ámbitos o en determinadas situaciones:

• • Al saber que un compañero de trabajo es LGTB:  el 24 % (22 % en 2016).
  • Que lo es un familiar: el 30 % (27 % en 2016).
  • Que lo es el médico de la familia: el 31 % (28 % en 2016).
  • Que lo es el profesor de los hijos: el 31 % (28 % en 2016).
  • Viendo fotografías de una boda de una pareja del mismo sexo: el 27 % (25 % en 2016).
  • Viendo a una pareja del mismo sexo pasear dada de la mano: el 31 % (29 % en 2016).

Como dato positivo, sigue siendo estable el porcentaje de estadounidenses que opina que las personas LGTB no deben ser discriminadas legalmente (un 79 %).

John Gerzema, director ejecutivo de The Harris Poll, empresa elaboradora de la encuesta, opina que «una víctima invisible de un año tumultuoso ha sido la comunidad LGTB. En un solo año, hemos visto disminuciones significativas de lo que había sido una aceptación cada vez mayor en los Estados Unidos, a una sociedad que ahora es menos comprensiva. Y este terreno perdido en la aceptación afecta a muchos en la sociedad estadounidense.».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Beverly Tillery, Coalición Nacional de Programas Antiviolencia (Estados Unidos), Delitos de Odio, Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, GLAAD, Homofobia, John Gerzema, New York City Anti-Violence Project, The Harris Poll, Transfobia, Una crisis de odio

Dos activistas transexuales pakistaníes han sido brutalmente agredidas como represalia por su labor en defensa de los derechos de las personas trans e intersexuales.

Shama, de 18 años, fue secuestrada y violada por nueve hombres, que posteriormente la amenazaron con matarla si continuaba con su activismo.

A Sonia le disparó repetidamente su propia pareja con un arma de fuego, tras de que ella se negara a cesar en la lucha por sus derechos. Ambas pertenecen a la organización TransAction Pakistan, que ofrece refugio y apoyo a quienes son víctimas de discriminación por su identidad de género.

Shama y Sonia desarrollan su labor en la organización TransAction Pakistan, que ofrece apoyo y refugio a quienes se enfrentan a la persecución y violencia por su identidad de género. Sonia es muy conocida por su participación en seminarios y marchas por la defensa de los derechos de las personas trans e intersexuales. La joven Shama, muy concienciada, también participa en estas actividades.

El 17 de enero, la activista Sonia recibió varios disparos por parte de su propia pareja, tras una fuerte discusión causada por la negativa de Sonia a cesar su labor en defensa de los derechos trans e intersexuales, a la que su pareja se oponía con agresividad.

Sonia fue conducida a un centro hospitalario, donde aún permanece, con heridas de arma de fuego en la cara y una bala alojada en la garganta. En este caso, sí se ha iniciado procedimiento contra el atacante.

El 22 de enero, Shama, que tan solo cuenta con 18 años, fue secuestrada por nueve hombres, que la violaron repetidamente como castigo por su activismo a favor de las personas trans e intersexuales. Después de la brutal agresión sexual, la amenazaron de muerte si denunciaba el ataque y si proseguía con su lucha en la asociación TransAction Pakistan. A pesar de las amenazas, Shama presentó la correspondiente denuncia ante la policía. Sin embargo, no se ha iniciado procedimiento alguno, ni se ha efectuado ninguna detención, ni tan siquiera se ha procedido a realizar un examen médico a Shama.

La realidad LGTB en Pakistán

Las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los “delitos antinaturales”, que cometerá “quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal”.

Los condenados por estós “delitos” “serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa”. La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, a parte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un “tercer sexo”. Este mismo año, el senador Babar Awan presentaba en la cámara alta un proyecto de ley similar al de ahora para proteger al colectivo trans y que también contenía disposiciones antidiscriminatorias. En marzo, una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. Cualquier ley que favorezca a las personas trans y al conjunto de la población LGTB pakistaní es muy necesaria, igual que lo es la urgente despenalización de la homosexualidad.

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Pakistán, TransAction Pakistan, Transexualidad, Transfobia

Ante la polémica por la elección de María Elósegui Itxaso para integrarse como representante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, la magistrada no se plantea renunciar ante la polémica debido a sus declaracioens homofóbicas y transfóbicas. 

Seis años después de que el Parlamento Europeo solicitara a la Organización Mundial de la Salud que dejara de considerar la transexualidad como una enfermedad, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención de salud a nivel internacional confirma a finales de marzo del año pasado que así lo iba a hacer de cara a este año, aunque pasando de denominar que las personas transexuales tienen «trastornos de personalidad y el comportamiento» a denominar que tienen «incongruencia de género». Esa misma incongruencia parece estar instalada en la votación realizada este martes, 23 de enero, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante la que han elegido a María Elósegui Itxaso, juez y catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, para representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Gobierno español estaba obligado a presentar una terna de candidatos para el puesto, proponiendo junto a la magistrada a José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, y a Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional y favorito del gobierno quien se ha tenido que conformar con ningún voto, mientras que Elósegui se alza con el puesto por mayoría absoluta, señalando que podrá aportar al tribunal una «sensibilidad especial» con los derechos humanos y una perspectiva de mujer, siendo, de hecho, la primera mujer que España aporta al tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La sensibilidad y perspectiva a las que se refiere son aquellas que le han hecho notoria al haber demostrado su parcialidad en lo que se refiere a temas relacionados con la asignatura de religión y la iglesia, el aborto, el uso de preservativos y de la píldora del día después, la educación sexual, las personas transexuales y las homosexuales. «Es una clara patología referente al sexo psicológico que crea una severa disfunción que en no pocos casos conduce al suicidio», afirma la juez sobre las personas transexuales, denotando su preocupación por el fallecimiento de personas transexuales que no son asesinadas, así como considera que la conducta homosexual «es mucho más compulsiva, lleva, a pesar de la gran necesidad afectiva de estas personas, a tener un elevado número de parejas», dando por sentado que la promiscuidad está ligada a una orientación sexual determinada, la homosexual, y no a un género, el masculino, o un comportamiento, el heterosexual.

«Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia estamos verdaderamente alarmados y preocupados de que se haya elegido a la Jueza María Elósegui para un puesto de tal relevancia y compromiso social como el TEDH, con tales actitudes ante la diversidad sexual y otros temas muy alejados de la sociedad actual, y que consideramos anticientíficas, discriminantes, estigmatizantes y contra la dignidad de las personas LGBTI. Es lamentable que nos hayamos enterado tan tarde de estos antecedentes tan deplorables en una persona que deberá intervenir en futuros procesos sobre los derechos de las personas LGBTI en Europa. Una situación paradójicamente comparable a la elección de Arabia Saudita como miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres en Naciones Unidas el año pasado, o la elección de Venezuela, Emiratos Árabes y otros como miembros del Consejo de Derechos Humanos también de Naciones Unidas», declara con contundencia Paco Ramírez, presidente del Observatorio.

Ferviente defensora de la conspiración mundial de la «ideología de género» y la «ideología gay», Elósegui se opone al matrimonio igualitario y a que las parejas del mismo sexo puedan tener descendencia. Promover el uso del preservativo incita a la violación, según su opinión, en lugar de prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, de la misma forma que cuestiona el uso de la píldora del día después. Mientras apela a la libertad de cátedra al hablar de educación sexual, critica a quienes consideran que la asignatura religión está de más en un país laico. Si bien fomenta la fidelidad, recalca que es un valor todavía más importante para la mujer con el objetivo de lograr la felicidad de la pareja, fomentando de esta manera la sumisión de la mujer en el libro El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres. Incluso llega a defender las terapias de conversión, que ella denomina «terapias psicológicas-psiquiátricas» a las que opina deberían someterse las personas transexuales.

La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 miembros y otros tantos suplentes repartidos en siete grupos que aglutinan a partidos políticos de distintos países. Con 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores, la mitad pertenecen al PP, tres al PSOE, una Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Izquiera Unida, Podemos y En Comú, se han sumado a las críticas del colectivo LGBT por la elección de Elósegui, a la que califican igualmente de «homófoba».

Sin embargo, todas estas reacciones están equivocadas y responden a una mala interpretación de sus textos y sus opiniones, por lo que Elósegui ya ha manifestado su rechazo a renunciar a este puesto. «No pienso que la homosexualidad sea una enfermedad ni que los homosexuales padezcan enfermedades por su orientación sexual (…). Las declaraciones que se han reproducido se han sacado de contexto (…). De hecho, algunas afirmaciones que se me han atribuido forman parte de textos publicados en Latinoamérica que incluyen términos y expresiones, como ideología gay, que yo nunca he utilizado porque no estoy de acuerdo con ellos: no se ajustan a la realidad», declara Elósegui, recordando que es una firme defensora de los derechos humanos y la igualdad y está en contra de la discriminación, como demuestra su trayectoria en organismos como el Consejo de Europa, además de que estuvo integrada en el equipo que se encarga de elaborar el borrador de la ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en España, promulgada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Carmen Marcuello, Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, España, Francisco Pérez de los Cobos, Homofobia, Intersexualidad, José Martín y Pérez de Nanclares, LGTBfobia, Luis López Guerra, María Elósegui, María Elósegui Itxaso, Observatorio Español contra la LGBTfobia, Paco Ramírez, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Videos

Numerosos medios se han hecho eco este martes de la elección de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se trata de la primera mujer que aporta España al alto tribunal europeo, algo que ha sido ampliamente saludado por medios y redes sociales. Por desgracia, como medio LGTB no podemos compartir este “entusiasmo”. Elósegui ha defendido en el pasado posturas sobre la homosexualidad que consideramos claramente homófobos, pero son sobre todos sus posicionamientos sobre la transexualidad, que de forma explícita considera una patología psiquiátrica, los que nos generan una mayor alarma, teniendo en cuenta la importancia del TEDH a la hora de determinar el grado de protección de las personas LGTB bajo la Convención Europea de Derechos Humanos.

María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante que deja Luis López Guerra en el TEDH (elegido en 2007 y cuyo mandato ya ha concluido). Los otros dos candidatos eran el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos (supuestamente el favorito del Gobierno) y José Martín y Pérez de Nanclares, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares. Y aunque fue este último el que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora (7 de 10 votos, por 3 de Elósegui y ninguno de Pérez de los Cobos), la Asamblea Parlamentaria se decantaba finalmente por la única mujer de la terna  (114 votos, frente a 76 de Martín y 47 de Pérez de los Cobos).

Wikipedia afirma sobre María Elósegui que “sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres”. Sorprendidos de que una mujer con ese perfil hubiera sido incluida por un Gobierno tan conservador como el de Mariano Rajoy en la terna de candidatos a un puesto tan relevante, nos ha bastado una búsqueda en Google para encontrar testimonios del pensamiento de Elósegui. Y no son precisamente tranquilizadores desde el punto de vista LGTB.

Resumiendo su pensamiento, Elósegui es partidaria de un “modelo” de relación entre hombres y mujeres que se aleje no solo del modelo tradicional (superioridad del hombre) sino también del modelo “igualitario”. En este sentido, su posición es la de “igualdad en la diferencia”, que parte del supuesto de que la diferencia biológica entre mujeres y hombres condiciona necesariamente las esferas relacional y familiar. Y que tiene como derivadas la concepción de la homosexualidad, y sobre todo de la transexualidad, como una anomalía o disfunción propia de personas que no han sido capaces de acomodar su “psique” a esa realidad.

Podría argumentarse que esa es nuestra interpretación… Valgan algunos ejemplos para aquellos lectores que no acaben de creernos. María Elósegui es coautora de un artículo titulado “Sexo, género, identidad sexual y sus patologías”, publicado en Cuadernos de Bioética en 1999 junto a la ginecóloga Ana Carmen Marcuello. En este artículo, al que puedes acceder aquí, podemos leer, en referencia al momento histórico en el que “el primer feminismo radical [sic]“ plantea la igualdad absoluta de hombres y mujeres, lo siguiente:

(…) aparece la moda “bisexual”, se incrementa la homosexualidad que se presenta como un modo de vida “idílico” y se intenta buscar una base científica a la afirmación de que heterosexualidad y homosexualidad son aspectos igualmente normales de la naturaleza humana, que obedecen a mecanismos intrínsecos de las primeras fases del desarrollo. Conviene pues detenerse en resumir que es lo que en realidad conocemos sobre las posibles bases biológicas de la homosexualidad (…) Respecto a si la preferencia homosexual es patológica es un asunto que estaba fuera de duda para Freud quien consideraba la heterosexualidad como la condición adulta normal y la homosexualidad como un estado patológico de desarrollo interrumpido causado primordialmente por factores educativo-familiares (carácter absorbente de la madre, la hostilidad, debilidad o ausencia del padre, celos infantiles u otros factores).

Posteriormente desde la psicopatologia se ha definido la homosexualidad como “un estado persistente, postadolescente, en que el objeto sexual es una persona del mismo sexo y al que acompaña una aversión o repugnancia en diversos grados, a mantener relaciones con miembros de otro sexo” (Cavanagh). Muy recientemente el psicólogo holandés Gerard van den Aardweg ofrece en su libro “Homosexualidad y esperanza” una reflexión sobre las causas y soluciones a este problema con la experiencia de la atención directa de 250 pacientes de este tipo a lo largo de 20 años: “El estilo de vida homosexual -dice en el texto mencionado- se presenta de modo tendencioso e idílico, algo que se debe entender como simple propaganda, pues cuando se escuchan las historias de los homosexuales se ve claro que en ese género de vida no se encuentra la felicidad. Agitación en los contactos, soledad, celos, depresiones neuróticas, y, proporcionalmente, un elevado número de suicidios (por no mencionar las enfermedades venéreas y otras enfermedades somáticas) representan la otra cara de la moneda, que los medios de comunicación no muestran”. Es conocida la vivencia de la homosexualidad como sufrimiento (Guide) y el hecho de que la conducta homosexual supone una menor relación personal y una mayor dependencia del sexo dada la tendencia a obtener una gratificación sexual inmediata: la consecuencia es que el número de compañeros sexuales se multiplica y que el intento de presentar a una pareja homosexual como el equivalente a un matrimonio feliz no pasa de ser una pretensión sencillamente imposible (…).

Y esto es solo un pequeño fragmento del artículo, que recomendamos leer en su integridad para entender mejor el marco ideológico en el que se ubica María Elósegui por lo que a orientación sexual e identidad de género se refiere. Y que más adelante aprovecha también para lanzar una pulla a las familias mono y homoparentales: al defender el modelo de “igualdad en la diferencia”, asegura que es necesario “el reconocimiento de que no todos los estereotipos sociales atribuidos a los dos sexos son siempre indiferentes sino que algunos de ellos tienen una mayor raigambre o base biológica, de manera que no son una mera construcción cultural cambiable, sino que están inexorablemente unidos a la diferenciación sexual; así no es lo mismo ser padre que madre a la hora de educar a los hijos. Los dos papeles son insustituibles, complementarios y no intercambiables. Por tanto, tan perjudicial sería la desaparición de la figura de la madre, como la carencia de la figura del padre”.

La transexualidad, un síndrome psiquiátrico

Pero donde las tesis de María Elósegui alcanzan su mayor “esplendor” LGTBfobo es al referirse a la transexualidad con un enfoque fuertemente patologizante. Para conocer su opinión, nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui comienza refiriéndose a la intersexualidad como “hermafroditismo”, asegurando que las personas “hermafroditas” padecen una “disfunción en el desarrollo genético” pero que no tienen una identidad sexual ambigua y son “hombres o mujeres”.En este sentido, distingue esta condición de la transexualidad, “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia al asegurar que es la que se construye “desde el modelo 3” es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, explica:

Puedes ver la primera y la segunda parte de la charla también en YouTube. En la segunda parte Elósegui se explaya sobre la homosexualidad en el mismo sentido que el texto que reproducíamos anteriormente, definiendo además las relaciones sexuales como “recíprocas e interdependientes” entre hombre y mujer, cada uno de los cuales “aporta su diferencia”.

El discurso de Elósegui, en definitiva, no deja de ser más que una variante “laica” del que mantiene, por ejemplo, la doctrina oficial de la Iglesia católica cuando condena la que llama “ideología de género” y niega la existencia de las identidades trans o las considera en todo caso un alejamiento perverso del orden natural. No sabemos si, en este sentido, tiene influencia en su pensamiento  su hipotética pertenencia al Opus Dei (dato que sostienen algunas informaciones). En realidad da igual: la nueva jueza del TEDH mantiene posiciones que, verbalizadas más o menos educadamente y sin las estridencias que caracterizan a otros portavoces de la LGTBfobia, pueden sustentar razonamientos a favor de la discriminación jurídica de las personas LGTB, e incluso aberraciones como las “terapias reparadoras” de la homosexualidad y de la transexualidad. No es de recibo que una persona así tenga la capacidad de decidir sobre asuntos que directamente involucran a los derechos humanos de las personas LGTB. Por mucho que tenga otros méritos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Carmen Marcuello, Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, España, Francisco Pérez de los Cobos, Homofobia, Intersexualidad, José Martín y Pérez de Nanclares, LGTBfobia, Luis López Guerra, María Elósegui, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Videos

Vergonzosa transfobia de la Fiscalía, que en un escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que solicita que se confirme la condena de un año de cárcel a Cassandra Vera por sus chistes sobre la muerte de Carrero Blanco se refiere a esta en masculino y la acusa de esconderse bajo un “pseudónimo”, en referencia a su nombre. 

En un escrito para refutar el recurso de la defensa solicitando al absolución de Cassandra Vera, la Fiscalía reincide en su actitud transfóbica al referirse a ella siempre en masculino y señalando que el nombre que ella a elegido para reflejar su identidad de género es un simple «pseudónimo» bajo el que oculta su «verdadera» identidad.

El caso es bien conocido. La estudiante trans de Historia Cassandra Vera fue condenada en marzo de 2017 a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta al considerarla la Audiencia Nacional culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras publicar varios chistes referidos a la muerte de Luis Carrero Blanco (el que fuera presidente del Gobierno de la dictadura franquista, objeto de un atentado de ETA en junio de 1973). La defensa de la joven presentó el correspondiente recurso al Tribunal Supremo. Durante el proceso y después la joven ha sido víctima de comentarios tránsfobos (incluso por parte de cargos públicos electos) que, estos sí, han quedado impunes.

Pues bien, según desvelaba ayer la cadena SER, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena mediante un escrito en el que continúa refiriéndose a Cassandra Vera en masculino (como ya ocurrió durante el juicio en la Audiencia Nacional). Y ello a pesar de que es público y notorio que su identidad de género es femenina, aunque no haya modificado a día de hoy su identidad registral. Pero la Fiscalía va en este caso aún más lejos, y la acusa de esconderse bajo pseudónimo. “Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra?”, afirma el escrito, siempre según la SER. En definitiva, la condición trans de Cassandra se convierte en un argumento culpabilizador…

En una entrevista concedida al diario Público, Cassandra Vera asegura sentirse humillada, aunque no sorprendida, tras conocer la noticia. “Es una muestra de que en las instituciones sigue habiendo mucha homofobia y transfobia. Era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso. Cassandra es mi nombre, es el que todo el mundo usa conmigo y así me presento. Es ridículo que diga que lo utilizo para esconder mi identidad cuando yo he subido fotos mías a Twitter, de mi vida cotidiana, del sitio donde estudio…“, asegura.

Público pregunta también a Vera por lo que sucedió en el juicio de la Audiencia Nacional, donde ya se la trató en masculino. La joven destaca, en este sentido, lo paradójico de que en un juicio que supuestamente buscaba reparar la dignidad de otra persona se denigrara la suya. “Como si yo tuviera menos derecho a la dignidad. En la sentencia también se escribió mi antiguo nombre, en masculino. No sé hasta qué punto debe de ser así en los documentos legales, pero es cierto que en el juicio podrían haber mostrado más respeto, pero nada. Hay que tener en cuenta que hablamos de una gente que me juzgó y condenó por hacer chistes de un fascista. No espero ningún re speto ni comprensión de esta gente”, añade.

«El escrito menosprecia intencionadamente un derecho tan básico como la identidad de género de las personas . Además, durante la visita oral en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se la trató continuamente como un hombre pese que ella se considera una mujer, lo que es otro claro discriminación institucional», declara Marta Sorlí, de Compromís, quienes han solicitado en varias ocasiones el indulto para la tuitera murciana.

“Estupor” de la Plataforma por los Derechos Trans

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha mostrado en un comunicado su desconcierto por el trato a Cassandra Vera en el escrito de la Fiscalía, que considera “vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género”. “La identidad sexual no es un disfraz, es un derecho humano, y en consonancia a esta las personas nos socializamos y relacionamos”, asegura su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual el nombre por el cual las personas desean ser llamadas forma parte del derecho al honor, intimidad y la propia imagen de las personas trans.

La Plataforma recuerda que no solo diversas leyes autonómicas reconocen como un derecho la libre determinación de la identidad y de la expresión de género, sino también distintas directivas y declaraciones internacionales “que hacen que la libre determinación de la identidad tenga rango de derecho humano fundamental”. “Denominar pseudónimo al nombre libremente elegido con el que la joven Cassandra se socializa y vive su identidad es una forma de ridiculizar y no respetar la identidad de esta joven, y por ende de todas las personas trans, constituyendo un retroceso y un revés a todos los avances en derechos ya en vigor en muchas comunidades del Estado español” añade Erik García, vocal de juventud de la entidad.

“Estos lamentables e inaceptables hechos, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación específica para las personas trans que garantice la libre determinación de la identidad y expresión de género. Es inaplazable seguir demorando el registro inminente de la propuesta de ley trans estatal que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar y que hará de España el epicentro del respeto y la protección jurídica de las personas trans”, concluye el comunicado.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Cadena Ser, Cassandra Vera, Discriminación, Erik García, Identidad de género, Mar Cambrollé, Marta Sorlí, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, Público, Transexualidad, Transfobia

Melissa Ede, una mujer trans del norte de Inglaterra (Reino Unido), comienza una nueva etapa en su vida. Actualmente tiene 57 años y venía desempeñándose profesionalmente como taxista. El pasado sábado compró un boleto de la lotería británica de 10 libras (algo más de 11 euros) en una gasolinera, después de efectuar el repostaje del vehículo. La fortuna le ha sonreído y Ede ha ganado el premio gordo de 4 millones de libras (unos 4,5 millones de euros). Pero el motivo por el que su caso se ha viralizado en las redes y ha saltado a los medios internacionales es por haber dejado claro que no compartirá el dinero con ninguno de sus cuatro hijos, ya mayores de edad. Desde que saliera del armario como mujer trans hace 12 años, todos sus descendientes rechazaron su identidad de género y le dieron la espalda. Por ello, aunque “todavía los quiero”, añade que “no quiero su amor falso porque ahora tenga dinero”.

Distintos usuarios de las redes sociales señalan que “el karma” les viene de vuelta a los hijos de Melissa Ede, por la incomprensión, la falta de apoyo y el mal trato que tuvieron hacia ella desde que hace ya más de una década saliera del armario como mujer trans. Ahora que, gracias al premio gordo de la lotería británica, ha cambiado radicalmente su situación económica y vivirá desahogadamente, sus hijos no verán ni una libra del premio, al menos por el momento. Ede asegura que no se ha olvidado de ellos (tienen 19, 29, 30 y 39 años, respectivamente), pero no quiere que la busquen ahora solo por el dinero que ha obtenido a través del citado juego de azar.

“Sé que todos deberíamos amar a nuestros hijos incondicionalmente, pero me sacaron de sus vidas. No estuvieron allí durante mis momentos más difíciles y me rechazaron”, se lamenta Melissa Ede. Cuando compartió con su familia que su verdadera identidad de género era femenina, allá por 2006, encontró un rechazo mayoritario como respuesta y ha salido adelante sin su apoyo.

“Mis hijos también me repudiaron y cambiaron sus apellidos para no tener nada que ver conmigo”, añade. Sus hijos se defienden de las acusaciones e incluso alguno de ellos ha dicho públicamente que no quieren su dinero, con declaraciones contradictorias y controvertidas. Ede, no obstante, alega que “solo les daría dinero a corto plazo si uno de ellos estuviera gravemente enfermo y mi dinero pudiera ayudar”.

“I just thought if I can win £100 this will be great.” Congratulations to Melissa Ede, a taxi driver and campaigner for transgender rights from Hull, who’s won a top prize on our £4 Million Blue #scratchcard! 🎉 pic.twitter.com/WRFkZfCS7u

— The National Lottery (@TNLUK) 3 de enero de 2018

Melissa Ede revela que está deseando mudarse de su alojamiento alquilado y comprar una casa y un automóvil. También planea organizar a una gran boda con su novia Rachel. Asimismo, ha contado que llevaba un tiempo solicitando ayuda para recaudar dinero para la odontología cosmética, pero ahora está “deseando pagar” el tratamiento por sí misma.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Familia, Melissa Ede, Reino Unido, The National Lottery (Reino Unido), Transexualidad, Transfobia

El pasado sábado día 5 adelantábamos los datos referidos a Madrid, hoy lo completamos con los de Cataluña con este artículo de Dosmanzanas:

Si bien no se han publicado todavía cifras oficiales, los recuentos provisionales que las diferentes entidades LGTB que trabajan sobre el terreno están dando a conocer apuntan a un incremento considerable de los incidentes por LGTBIfobia en 2017. Si a ello unimos que las noticias de agresiones en diferentes zonas de la geografía española no nos han dado respiro, está claro que hay serios motivos para la preocupación. Existen, pese a todo, aspectos positivos que resaltar: poco a poco las víctimas pierden el miedo a denunciar. El número creciente de agresiones, por otra parte, puede significar también que estamos ante unos niveles de visibilidad LGTB sin precedentes.

Ya desde principios de año nos llegaban noticias de una brutal agresión homófoba en pleno centro de Madrid, que dejó inconsciente a una de las víctimas. Asimismo, uno de los eventos considerados como más gay friendly, el Carnaval de Sitges, fue el escenario de otra agresión contra un joven gay. El mes de marzo se cerraba con dos brutales agresiones más también en Cataluña: una paliza a un joven homosexual en el barrio de Sants de Barcelona, y una agresión a una pareja de dos chicos a las puertas de una discoteca en Berga. El colectivo trans también fue el blanco de agresiones como la ocurrida en Sevilla el pasado mes de mayo, o en Valencia en julio -el autor de este último ataque se encuentra ya en prisión provisional– .

También la lesbofobia fue motivo de una agresión física este verano en Lleida, donde una pareja de chicas fue golpeada por un grupo de personas. El World Pride, celebrado el pasado verano en Madrid, fue también el escenario de una agresión homófoba por parte de un grupo neonazi. En octubre, tuvieron lugar dos ataques más en el metro madrileño en un intervalo de pocas semanas, poco después de una agresión a una mujer trans en esta misma ciudad.  Otras ciudades como Gijón o Ciudad Real presenciaron también graves incidentes homófobos este pasado otoño.

Por otro lado, Cataluña cierra el 2017 con dos brutales agresiones homófobas en los últimos meses del año: una de ellas ocurría en un tren de Renfe, donde una pareja de dos chicos era golpeada en presencia de otros viajeros; la otra, frente a la playa de la Mar Bella, en Barcelona, donde dos jóvenes sufrieron una brutal agresión.

Todas estas noticias suponen tan solo la punta del iceberg. Y es que, a estas agresiones físicas que han tenido más repercusión mediática, hay que añadirles otros tantos casos de agresiones, amenazas, insultos y episodios de discriminación que han ocurrido este 2017 en diferentes puntos del Estado, muchos de los cuales probablemente ni siquiera han sido denunciados.

Cataluña y Madrid: aumento de incidentes registrados por los observatorios

En el ámbito de Cataluña, los datos provisionales del Observatori contra l’Homofòbia indican un total de 112 incidencias por LGTBIfobia durante el año 2017, de las cuales 18 son agresiones físicas. Según este recuento provisional, en 2017 se habrían registrado 28 incidencias más que el año anterior (en 2016 se registraron 84 incidencias). Por lo que se refiere a Madrid, el recuento provisional del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia cifra en 287 el número de incidentes, 47 más que los recogidos por la misma entidad a lo largo de 2016. Es cierto que dicho crecimiento puede responder tanto a un aumento real de la LGBTIfobia como a una mayor tendencia por parte de las víctimas a denunciar lo sucedido.

En 2017 hemos visto también una creciente tendencia a la aprobación de leyes contra la LGBTIfobia a nivel autonómico, como la reciente ley andaluza de igualdad LGBTI. No obstante, también persiste la escasa implantación de algunas de estas leyes. Es el caso de la ley catalana, una de las más avanzadas del mundo en este ámbito, pero que sin embargo cuenta con una escasa aplicación práctica. Dicha ley prevé un régimen de infracciones y sanciones administrativas por actos LGBTIfóbicos que quedan fuera del Código Penal, pero que podrían ser sancionables por la administración autonómica. Sin embargo, el Observatori contra l’Homofòbia viene denunciando hace tiempo la falta de aplicación de dicho régimen sancionador por parte del Departamento de Igualdad de la Generalitat de Catalunya –que es el órgano competente para ello–.

La importancia de las entidades LGTBI en el proceso de denuncia

Lo que es evidente es que, ante el repunte de agresiones, las entidades LGTB -como el Observatori en Cataluña, el Observatorio Madrileño, y varias otras- se han convertido en los espacios de referencia para denunciar la LGTBIfobia. Espacios seguros donde dar una atención integral a las víctimas. Afrontar la problemática de este tipo de agresiones no es una tarea sencilla, y la perspectiva LGBT con la que trabajan estas entidades es clave para poder dar una atención adecuada a las víctimas de estos delitos.

En esencia, los delitos de odio no son más que una de las manifestaciones de las dinámicas de poder de una sociedad. Las agresiones por LGTBIfobia se utilizan como mecanismo para asegurar la jerarquía heteropatriarcal, según la cual el varón cisheterosexual mantiene una posición privilegiada. La violencia es utilizada, entonces, para reafirmar la identidad heterosexual del agresor -y el privilegio que ello conlleva- , una identidad que siente amenazada por la presencia de personas que no lo son. El agresor utiliza la violencia contra la persona LGTB para recordar a la víctima su posición inferior, y para dejar clara su identidad heterosexual. El problema de los delitos de odio por LGBTIfobia es que no solo mandan una amenaza a la víctima, sino que dicha amenaza se extiende a todo el colectivo LGTB, dejando claro que cualquiera que se comporte de una forma que el agresor considera “inaceptable” es una potencial víctima.

Las entidades LGTB, conocedoras de todas estas dinámicas discriminatorias, deben tener un papel fundamental a la hora de afrontar este aumento de la violencia LGBTIfóbica. Pueden ser cruciales para contrarrestar los peligros de la “normalización” o “trivialización” de las agresiones por parte de las víctimas, lo cual supone un gran obstáculo para denunciar. Pueden ayudar a la víctima de una agresión a superar el miedo a revelar la propia orientación sexual o identidad de género -cosa inevitable en muchos casos si se quiere denunciar una agresión- así como el miedo a posibles represalias o la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial.

Pese al aumento de agresiones, hay motivos para ser optimistas: la comunidad LGTB está más organizada que nunca y cuenta con cada vez más entidades repartidas por todo el Estado. Además, el número creciente de agresiones puede significar también que estamos ante unos niveles de visibilidad LGTB sin precedentes, a lo que algunos reaccionan violentamente ante la impotencia de ver como el colectivo está cada vez más empoderado.

General, Homofobia/ Transfobia. Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, España, Homofobia, Lesbofobia, LGTBfobia, Madrid, Observatori contra l'Homofòbia, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Transfobia

Las nuevas directrices de reclutamiento del Pentágono que entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 aclara que las personas trans serán tratadas con dignidad y respeto y se respetará su autodeterminación de género.

El ejército estadounidense da así un revés a las políticas tránsfobas de Trump. 

El verano pasado Donald Trump dijo a través de Twitter  que iba a prohibir a las personas trans servir en el Ejército,  reinstaurando la prohibición de servir en el Ejército, lo que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). Pero medio Estados Unidos se le tiró encima. La decisión, que tomó con la única intención de contentar a la extrema derecha y asegurarse la financiación para el muro con México, no sentó nada bien ni al colectivo LGTB+ ni al propio ejército de los EE.UU. que lleva décadas teniendo reclutas trans y nunca han tenido ningún problema.

Mientras varios jueces federales han detenido la puesta en marcha de esa prohibición por considerarla discriminatoria y anticonstitucional, desde el Pentágono aún no habían hecho ninguna declaración oficial sobre el tema.

Se esperaba que en enero de 2018 el ejército estadounidense presentara una nueva serie de directrices sobre las personas trans en sus filas. La Casa Blanca ha intentado en las últimas semanas detener judicialmente la publicación de esas directrices, conscientes de que iban a ir contra la decisión del presidente. Aunque el ejército no se había pronunciado oficialmente sobre el tema el militar de mayor rango del país dejó claro durante una investigación en el Congreso que él no había hablado con Trump del tema y dejó caer que el presidente mentía al asegurar que lo había consultado con expertos militares.

En un memorándum publicado por el Departamento de Defensa de EE.UU. se han añadido una larga serie de pasos a seguir en caso de que una persona trans quiera alistarse en el ejército. Y no solo no se les prohíbe el acceso, si no que se respetará su autodeterminación de género.

El texto asegura que las personas trans podrán alistarse según el género que prefieran y utilizar el baño y las instalaciones acorde a ese género. Desde la asignación de dormitorios a los exámenes médicos, la ropa interior suministrada… Todas esas decisiones y medidas se tomarán según su género sentido. Las personas trans, además, podrán pedir que se respete su privacidad cuando trabajen en grupo y se les ofrecerán chapas de identificación acorde a su género. El Ejército respetará la identidad de género de las personas trans y asegura que “todo aquél que se aliste será tratado con dignidad y respeto.“

Toda la experiencia de una persona trans en el ejército será idéntica a la de una persona cis sin importar las “características anatómicas de su sexo de nacimiento“, y en lo único que habrá diferencia será en un informa médico, conocido como DD 2807, que será estrictamente confidencial. En el caso de que una persona trans se haya sometido a cirugía de reasignación de sexo no podrá unirse al ejército hasta que se compruebe que lleva 18 años de estabilidad física y emocional.

La situación será diferente para los nuevos reclutas de género no binario. Los documentos oficiales del ejército no incluyen una tercera opción de género y por lo tanto estas personas serán obligadas a marcar su sexo de nacimiento como género oficial.

“Estamos sustancialmente satisfechas“, ha explicado la directora legal del National Center for Lesbian Rights, Shannon Minter, a NBC News; “Nuestro objetivo final era no tener una serie de reglas únicas. Solo queremos que las personas transgénero sean tratadas exactamente igual que todos los demás.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Donald J. Trump, EE.UU., Fuerza Armadas, National Center for Lesbian Rights, Shannon Minter, Transexuales, Transexualidad, Transfobia

Una carta enviada por la Conferencia Episcopal Estadounidense justo antes de Navidad anima a los padres a rechazar la ideología de género, tilda a las personas trans de “problemáticas” y anima a los padres a rechazar la identidad de género de sus hijos. 

Recientemente, un grupo de 20 líderes religiosos norteamericanos de diversas confesiones ha publicado una declaración donde rechazan la “ideología de género” (expresión que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente la lucha en favor de los derechos trans). Dicho pronunciamiento lleva por título Creados hombre y mujer. Carta abierta de líderes religiosos, y en él se declaran contra el principio de autodeterminación de genero. Con todo, una consideración más detenida muestra que su representatividad es limitada.

Y así, la Conferencia Episcopal de EE.UU. acompañada por representantes de otras confesiones, ha dejado claro que por mucho que sea Navidad, su homofobia les sale por los poros. Y acaba de animar a los padres a rechazar a sus hijos trans. Unos canallas. En una carta publicada estos días, los obispos católicos estadounidenses han señalado que las personas trans son “profundamente problemáticas” y que lo de cambiar de género es una “idea falsa“. Así animan a los padres de menores trans a negarse a aceptar a sus hijos y, por supuesto, a posicionarse radicalmente en contra de que transicionen.

Una vez más, líderes religiosos de cierto peso se hacen notar por su rechazo a reconocer la realidad trans. En esta ocasión, además, el pronunciamiento tiene un carácter ecuménico, al reunir a líderes de diferentes confesiones. Al expresar su rechazo,  los firmantes hacen ciertamente una salvedad al asegurar que “respetan” a quienes se sienten “insatisfechos” con el sexo que les fue asignado al nacer, pero niegan todo valor a esta experiencia, pues rechazan que se pueda cuestionar la noción de dos sexos fijados desde el nacimiento. Un  hecho, según ellos, marcado por la creación divina y que no puede ser contradicho por el hombre.

Hecha esta “aclaración”, el documento no duda en cargar duramente contra la manida y mentirosa idea a la que llaman “ideología de género”, acusándola de grandes males y cómo ésta ha sembrado la confusión en la sociedad: “Los niños son especialmente dañados cuando se les dice que pueden ‘cambiar’ su sexo o, más aún, que se les pueden dar hormonas que afectarán su desarrollo y hacerles estériles de adultos (…) La ideología de género daña a los individuos y sociedades al sembrar confusión y duda sobre sí mismo”, afirma. Pero va más allá, al culpar a esta “ideología” incluso de la discriminación que sufren las personas trans: “El movimiento actual, que quiere implementar la falsa idea de que un hombre puede convertirse en una mujer o viceversa, es profundamente perturbador. Obliga a la gente o a ir contra la razón  -es decir, aceptar algo que no es cierto- (…) o a enfrentar el ridículo, la marginación y otras formas de represalia”. “Los padres merecen una orientación mejor en estas importantes decisiones, y urgimos a las instituciones sanitarias a honrar el principio médico básico de no hacer daño.” dice la impresentable y antievangélica carta episcopal.

Siguiendo con la ideología de género,  después de justificar la transfobia, los obispos añaden que desean “salud y felicidad para todos los hombres, mujeres y niños” y por eso reclaman leyes que protejan “la verdad sobre la identidad sexual de las personas“., la carta asegura que “El propio estado tiene por lo tanto un gran interés en mantener las políticas que se basan en el hecho científico de la biología humana y de apoyar a las instituciones sociales y las normas que las rodean.” Por si esa frase te genera alguna duda, lo de “apoyar a las instituciones sociales” es, básicamente, un llamamiento a mantener los beneficios sociales y fiscales de la Iglesia. Y si no se protegen vendrán ellos a fomentar la discriminación que es lo que lleva al alto nivel de exclusión y suicidios de las personas trans para luego crear la falacia de que la culpable es la “ideología de género”.

“Creemos que Dios creó a cada persona hombre o mujer y, por lo tanto, la diferencia sexual no es un accidente o un error: es un regalo de Dios que nos ayuda a acercarnos los unos a los otros y a Dios. Lo que Dios ha creado es bueno.” Hay que remarcar, que esto lo están diciendo un grupo de señores que prometen celibato… y luego abusan de menores y se tapan entre ellos. Lo normal. “Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Dios nos creó según su imagen, Dios creó al hombre y a la mujer.”

Ya sabemos que a los obispos les encanta meterse donde no les llaman y, sobre todo, hablar sobre cosas que ni comprenden ni quieren comprender. Nadie le dice a los niños que pueden cambiar su sexo y por supuestísimo nadie les da hormonas como si fueran caramelos. Pero ¿desde cuándo a los obispos les ha importado decir la verdad?

Con esta carta los obispos católicos estadounidenses deciden mantenerse en sus posiciones tránsfobas y profundamente perjudiciales para los menores trans y sus familias.  Ellos que tanto dicen respetar las escrituras han decidido saltárselas a la torera (en la Biblia no hay ni una mención a las personas trans, por cierto) y predicar el rechazo y el odio hacia la diversidad sexual y de género.

El documento llama la atención también por sus firmantes. Son principalmente líderes de confesiones cristianas, aunque hay también algún representante musulmán. Entre ellos están obispos católicos marcadamente conservadores como Charles J. Caput, arzobispo de Filadelfia, así como Joseph C. Bambera, obispo de Scranton (Pensilvania), Joseph E. Kurtz (Louisville, Kentucky) y James D. Conley (Licoln, Nebraska). No están, sin embargo, obispos católicos que han mostrado actitudes muy diferentes, muy especialmente el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, quien ha vuelto a destacar recientemente por su apoyo público al jesuita James Martin, autor de un libro donde invita a tender puentes entre la iglesia católica y la comunidad católica.

Entre los firmantes, como hemos señalado, hay también miembros de otras confesiones cristianas, entre ellos obispos anglicanos como Foley Beach o luteranos como John F. Bradosky. En estos últimos casos, sin embargo, se trata sobre todo de representantes de grupos desgajados de las iglesias principales. Beach es obispo de la Anglican Church in North America, una iglesia escindida de la Iglesia Episcopaliana, principal rama anglicana en Estados Unidos, mientras que Bradosky lo es de la North American Lutheran Church, escindida de la Iglesia Luterana Evangélica de América. En ambos casos, además, la separación se produjo justamente por la integración de la realidad LGTB en la teoría y práctica de sus iglesias de origen.

Este documento, pues, no es otra cosa que un ejemplo más de “ecumenismo conservador”, al que no debería darse más valor del que tiene: los representantes de las iglesias protestantes pertenecen a ramas minoritarias. Incluso dentro de la jerarquía católica tampoco las voces de los firmantes son ya las únicas que se oyen. Aún así es preocupante que el texto, en teoría una “carta” que solo representa a los firmantes, haya sido publicada en la página web de la Conferencia Episcopal estadounidense.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana, Iglesia Católica, Iglesia Luterana Anglican Church in North America, Blase J. Cupich, Charles J. Caput, Conferencia Episcopal, Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Filadelfia, Foley Beach, Homofobia/Transfobia, Ideología de género, Iglesia Católica, Iglesia Episcopaliana, Iglesia Luterana Evangélica de América, James D. Conley, John F. Bradosky, Joseph C. Bambera, Joseph E. Kurtz, LGTBfobia, North American Lutheran Church, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Visibilidad LGTBI

La Fundación del Español Urgente ha escogido “trans” como una de sus doce candidatas de 2017 a palabra del año. Se trata de una lista de términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. 

“Trans”, según la Fundéu, “es un acortamiento válido de los adjetivos transexual y transgénero”. “Aunque en algunos contextos se emplean indistintamente las palabras transgénero y transexual para referirse a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, en otros la segunda se aplica solo a quienes, además, han iniciado un proceso de reasignación mediante tratamientos como la hormonación o la cirugía. Trans es un acortamiento adecuado desde el punto de vista lingüístico (como foto, tele, hetero o progre) que engloba los dos términos anteriores y es, en general, la forma preferida por las personas de este colectivo”, argumentaba en marzo de 2017 esta entidad.

“Al igual que transexual y transgénero, trans es un adjetivo que se emplea en ocasiones como sustantivo («un/una trans»). La comunidad LGTB rechaza este uso y prefiere que se utilice como adjetivo («una persona trans»). En todo caso, no es preciso destacarlo con cursivas ni comillas”, continuaba la Fundéu. “Para aludir al rechazo a las personas trans se emplea el sustantivo transfobia. El adjetivo preferible es tránsfobo, aunque la forma transfóbico no es incorrecta”, añadía.

Al hilo del término “trans”, la Fundéu hacía también una referenca al término “cis”: “El uso de los términos transexual y transgénero ha dado lugar, en este contexto, a la aparición de sus contrarios, cisexual y cisgénero, con los que se alude a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Se usa también, y es válido, el acortamiento cis”.

La Plataforma por los derechos Trans lo celebra

Tras conocer la inclusión del término entre las candidatas, la Plataforma por los Derechos Trans # Nadie Sin Identidad ha mostrado en un comunicado su satisfacción “por la visibilidad que supone para un colectivo que por ignorancia vive en la exclusión social y en una falta de protección jurídica que le garantice el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género como derecho humano fundamental”, en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé.

Para esta plataforma, “aunque desde hace aproximadamente 25 años los colectivos de gais y lesbianas nos incluyeron en el acrónimo LGTB, paradójicamente al tratarse de realidades distintas, orientación e identidad, las políticas LGTB han hecho más hincapié en las demandas y visibilidad de las personas gais y lesbianas”. “Lo que no se visibiliza, no existe, y lo que no existe, no tiene derechos, por ello es de suma importancia para nuestra comunidad la visibilidad de la palabra trans, máxime cuando estamos a las puertas de que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley integral para las personas trans”,  explica Alejandro Moreno, secretario de organización de la Plataforma.

La Fundéu, cada vez sensible a la terminología LGTB

La Fundación del Español Urgente (también conocida como Fundéu BBVA, o ya simplemente como Fundéu) fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Cuenta además con el asesoramiento de la Real Academia Española de la Lengua, aunque reacciona de forma mucho más rápida que esta por lo que a las necesidades de nuevas recomendaciones y términos se refiere.

La Fundéu comenzó a escoger “palabra del año” en 2013, con intención de destacar aquellos nuevos términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. En las ediciones previas las elegidas fueron escrache (2013), selfi (2014) y refugiado (2015). En 2016 la ganadora fue populismo, aunque una de las doce candidatas finales fue LGTBfobia”, como recogimos en su momento. Y que duda cabe que este 2017, debido sobre todo a la campaña de odio promovida por la organización HazteOír, palabras como “trans” y “transfobia” han estado muy presentes en los medios.

La Fundéu también ha mostrado una capacidad de rectificación digna de agradecer en estos tiempos en los que reconocer errores propios es una rareza; el pasado noviembre retiró la recomendación de utilizar matrimonio homosexual en lugar de matrimonio igualitario tras analizar los argumentos contrarios que desde diferentes ámbitos del movimiento LGTBI se le hicieron llegar.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alejandro Moreno, BBVA, EFE, Fundéu BBVA, HazteOir, LGTBfobia, Lingüistica, Mar Cambrollé, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, RAE, Trans, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo

Foto Twitter de Kaím

La Comisión 19 de Marzo, un colectivo formado por activistas feministas y LGTB de Extremadura, ha denunciado públicamente la agresión sufrida por un chico transexual en una discoteca de Mérida, al intentar acceder al baño que correspondía a su identidad de género. El colectivo ha lamentado además la actitud de la Policía Nacional, que “no supo dar respuesta adecuada” a la víctima cuando acudió a interponer la correspondiente denuncia.

Los hechos ocurrieron, según el comunicado que ha difundido la Comisión 19 de Marzo, la semana pasada en la discoteca Poseidón de la capital extremeña. Un chico transexual, Kaím, intentó acceder al baño de hombres, hecho que desencadenó la agresión tanto al joven como a un acompañante que lo defendió. “No solo quisieron impedirle el acceso, sino señalarle ante el resto de personas, agrediéndole tanto a él como a su amigo”, refiere la nota del colectivo. “Las víctimas denunciaron ante la Policía los hechos sucedidos (…) Desde la Comisión 19 de Marzo queremos recriminar no solo la agresión y el acto de humillación que se quiso hacer, también la actitud pésima de la Policía, que no supo dar respuesta adecuada a la víctima”, añade.

La Comisión 19 de Marzo, además de expresar su solidaridad con las víctimas, ha demandado a la Junta de Extremadura que “ponga en marcha ya los protocolos de actuación policial para que en las comisarias puedan saber cómo actuar y qué deben evitar cuando se encuentren ante un caso de LGBTIfobia”.

El propio Kaím, de hecho, ha contado en su canal de YouTube algunos detalles más de la agresión. Allí explica que el agresor (al que se unieron después varios más) lo conocía ya, y que el principal damnificado fue su cuñado y amigo, que sufrió, entre otras lesiones, un esguince y contusiones faciales. Por lo que se refiere a la actitud policial, aunque sí se tramitó la denuncia como un posible delito de odio, el joven comenta que una mujer policía le aseguró que lo recomendable es que use el baño en función de lo que diga su DNI, y no de su identidad de género.

Extremadura no es inmune a la LGTBfobia

En septiembre hacíamos referencia a un acto vandálico claramente planificado contra dos murales en favor de la igualdad LGTBI en Pizarro (Cáceres). Un par de meses antes, nos hacíamos eco de una agresión homófoba en Villanueva de la Serena (Badajoz). Y el junio recogíamos otro ataque vandálico de carácter homófobo, también perfectamente planificado, a “Los colores de Mérida”, un monumento a la diversidad LGTBI inaugurado pocos días antes en la capital de Extremadura.

Y es que Extremadura, una región en la que los colectivos han desarrollado un gran trabajo de concienciación sobre la realidad LGTB, no es ni mucho menos inmune a la LGTBfobia. Según la estadística del Ministerio del Interior sobre delitos de odio correspondiente a 2016, en Extremadura fueron denunciados tres incidentes relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Es cierto que son cifras bajas en comparación con otras comunidades, pero como el ejemplo de la agresión de Villanueva de la Serena ilustraba, en muchos casos (especialmente en entornos rurales en los que víctimas y agresores son conocidos) las víctimas presentan una escasa disposición a denunciar.

Extremadura cuenta, conviene recordar, con una avanzada ley de igualdad y no discriminación contra las personas LGTBI, aprobada por unanimidad en marzo de 2015 (en concreto, el 19 de marzo, fecha que precisamente da nombre al colectivo que ahora ha denunciado la agresión tránsfoba de Mérida). Sin embargo, más de dos años y medio después de su aprobación sigue sin tener un completo desarrollo reglamentario, como denunciaba el exdiputado regional Víctor Casco a raíz de la agresión de Villanueva de la Serena y como ahora denuncia el colectivo 19 de Marzo.

Algo que, por desgracia, parece estar convirtiéndose en costumbre en aquellas comunidades que han aprobado leyes similares, incluso antes que en Extremadura: el pasado mes de junio, por ejemplo, activistas catalanes ocuparon durante unos minutos el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat como protesta por la falta de aplicación y por el incompleto desarrollo regalmentario de la ley catalana contra la LGTBIfobia, aprobada en octubre de 2014.

General, Homofobia/ Transfobia. Comisión 19 de Marzo, Delitos de Odio, Discoteca Poseidón, Extremadura, Kaím, LGTBfobia, Mérida, Policía, Transexualidad, Transfobia

La Administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los investigadores y personal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés) que no utilicen determinadas palabras y términos en sus informes e investigaciones. No podrán utilizar las palabras “transgénero”, “diversidad”, “vulnerable”, “feto”, “derecho”, ni las expresiones “basado en las pruebas” y “basado en los datos científicos”. Se teme que lo que persiga la Administración sea la desaparición de las investigaciones y recursos sanitarios para las personas LGTB y otras minorías, así como llevar hasta los organismos encargados de la Salud Pública sus sesgos ideológicos respecto a los derechos de las mujeres y las minorías.

En una reunión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que tuvo lugar el pasado jueves 14 en Atlanta, el personal fue instruido de que una serie de términos y palabras quedaban vetados en los informes oficiales del organismo. Las instrucciones, que llegaron desde el Departamento de Servicios Financieros de la agencia, se referían a la utilización de las palabras transgender (transgénero*), diversity (diversidad), vulnerable, fetus (feto) y entitlement (derechos). Todas ellas quedaban prohibidas, así como los términos evidence-based (basado en las pruebas o evidencias) y science-based(basado en los datos científicos).

Los CDC forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, actúan a nivel federal y su función es el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de las enfermedades y salud ambiental, así como la realización de actividades de educación y promoción de la salud. Conforman una de las agencias más importantes del Sistema de Salud de los Estados Unidos, y sus recomendaciones son además una importantísima referencia a nivel internacional.

A los investigadores y resto de personal de los CDC no se les han ofrecido términos alternativos para la mayoría de los ahora prohibidos, excepto para las expresiones “basado en las pruebas o evidencias” y “basado en los datos científicos”. A partir de ahora, deberá afirmarse que “los CDC basan sus recomendaciones en los datos científicos, así como en la consideración de los estándares y deseos de la comunidad”.

La noticia, como no puede ser menos, ha sido recibida con estupor por parte de la comunidad científica. Los investigadores y educadores sanitarios tienen claro que la intención de la Administración es mediatizar la investigación científica y el acceso a los medios sanitarios con sesgos ideológicos. Para las personas transexuales supone su invisibilización, tanto en lo que respecta a la investigación como al acceso a tratamientos y programas de uso específico para su comunidad. También el resto de la población LGTB se ve afectada, pues no podrá hacerse mención de sus necesidades como colectivo diverso y vulnerable. Por poner un ejemplo, no podrá mencionarse ningún programa de prevención del VIH y otras ETS dirigido a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

La repercusión que puede tener esta medida es grande, dado que esos informes deben acompañar a los presupuestos en materia de salud que presentan ante el Congreso para su aprobación. Se estima que los presupuestos sanitarios para el 2019 estarán en manos del presidente Trump a principios del próximo mes de febrero, y que ya deberían estar adaptados a los nuevos vetos.

El doctor Dr. Loren Schechter, miembro de la Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero declaraba que “no estoy seguro de cuál es la razón fundamental para hacer esto, aparte de intentar borrar del mapa a ciertos tipos de personas”, en referencia a la prohibición de las palabras “transgénero” y “diversidad”. Ciertamente, la invisibilización de las personas transgénero, su expulsión de los ámbitos donde el Gobierno tiene responsabilidades, parece una obsesión del presidente. No hay que olvidar la orden, firmada por Trump, que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército, repetidamente paralizada por decisiones judiciales.

Desde Planned Parenthood, una organización de apoyo a la planificación familiar, afirmaban que “está más claro que nunca: esta Administración ha dado de lado la salud de las mujeres, las personas LGTBQ y la Ciencia desde el primer día”.

*En referencia a transgender, conviene precisar que en inglés este término es de uso más extendido que transgénero en castellano, y se utiliza además en numerosas situaciones en las que en castellano se usa el adjetivo transexual.

General, Homofobia/ Transfobia. Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, LGTBfobia, Loren Schechter, Planned Parenthood, Salud, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo

La organización ultraconservadora HazteOír celebró el pasado sábado en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid la 14º edición de sus premios anuales. Es un evento al que en condiciones normales no prestaríamos atención, pero la presencia de representantes oficiales de la Policía Nacional y Guardia Civil, que recogieron sendos galardones y que pronunciaron discursos elogiosos hacia HazteOír, no creemos que deba obviarse. Resulta altamente preocupante que mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confraternicen de esa manera con una organización que ha hecho de la lucha contra los derechos civiles de las personas LGTBI y de la promoción del odio tránsfobo su principal razón de ser. Máxime cuando este año el escenario estaba decorado con referencias al “autobús del odio” y a la propuesta de ley contra la LGTBIfobia.

Los premios HazteOír no son más que una expresión más de la ideología reaccionaria de dicha organización. Entre los premiados este año hay personajes como Alicia Rubio, autora de un libro contra “la ideología de género”, el sacerdote Custodio Ballester, que el pasado mes de junio pronunció una homilía homófoba en Hospitalet de Llobregat en la que calificó la homosexualidad de “pecado gravísimo” (fue denunciado ante la Generalitat por el Observatori contra l’Homofòbia, pero la denuncia fue archivada) o Nathalie de Williencourt, fundadora de Homovox, un grupúsculo francés formado supuestamente por homosexuales contrarios al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y que según HazteOír es “una de las asociaciones de homosexuales más importantes de Francia”.

Nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Si este año nos hacemos eco de estos premios es porque a su acto de entrega acudieron mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos habían sido también galardonados (por su actuación frente a las movilizaciones independentistas de Cataluña). En concreto, acudieron el general de la Guardia Civil Arturo Espejo y el comisario y jefe del Área de Publicaciones del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Mario Hernández. Y más allá de las corteses palabras de agradecimiento, ambos aprovecharon sus discursos para elogiar, aunque fuese sin entrar en detalles, a la organización HazteOír. El general Arturo Espejo, en su discurso, alabó la existencia de “catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad”, entre los que citó a “la familia”, “la religión” y “la educación”. Más explícito fue Mario Hernández, que aseguró que “los valores de dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales que promueve esta asociación [en referencia a HazteOír] son principios que nuestros conciudadanos han mandado proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

Habrá quienes consideren una muestra de simple educación que representantes cualificados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acudiesen a recibir unos premios que HazteOír les había concedido. A nosotros, sin embargo, no deja de llamarnos la atención que desde los Ministerios de Interior y Defensa, responsables últimos de ambos cuerpos, se tenga este gesto ante una organización que simple y llanamente promueve el odio contra una minoría. Especialmente preocupante resulta el tono cómplice de los discursos, que podrían haberse limitado a un agradecimiento genérico. O que, por el contrario, podrían haber incorporado una mención al carácter de garantes de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género, que se le suponen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Más aún cuando el acto de HazteOír, como bien puede apreciarse en el vídeo que lo recoge en su integridad, se abrió precisamente con alabanzas de los presentadores al “autobús del odio” contra los niños y niñas transexuales, y cuando los representantes de Guardia Civil y Polícia Nacional (y el resto de premiados) recogieron sus galardones y pronunciaron sus discursos de agradecimiento en un escenario decorado, entre otros elementos, con una reproducción del autobús y con un panel con la leyenda “Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos”. 

HazteOír se niega a pagar la multa impuesta por la Comunidad de Madrid

Precisamente este jueves se ha conocido la cuantía de la multa que la Comunidad de Madrid ha impuesto a HazteOír por la difusión de un panfleto, enviado en su momento a colegios de toda España, en el que denigraba los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI. En respuesta a una denuncia de Arcópoli, y en aplicación de la ley madrileña contra la LGTBfobia, la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha considerado a HazteOír merecedor de una sanción leve y le ha impuesto una multa de 1.500 euros por emitir en dicho panfleto “expresiones de carácter vejatorio hacia las personas LGTBI”.

Una sanción que, pese a su levedad, ha sido saludada por Arcópoli por su carácter simbólico, pero que HazteOír ya ha anunciado que se niega a pagar. Sin duda animada por sus recientes victorias en los conservadores tribunales madrileños, la organización ultraconservadora está dispuesta a seguir batallando en los tribunales. Medios no le faltan para ello. Recordemos, además, que gracias a su declaración como “entidad de utilidad pública” en 2013, y que el Ministerio del Interior se niega a retirarle, los donantes y socios de HazteOír se benefician de ventajas fiscales. Según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones, los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

General, Homofobia/ Transfobia. Alicia Rubio, Arcópoli, Arturo Espejo, Comunidad de Madrid, Custodio Ballester, Discriminación, Guardia Civil, HazteOir, Homofobia, Homovox, LGTBfobia, Mario Hernández, Ministerio del Interior, Nathalie de Williencourt, Policía, Policía Nacional, Restaurante Pedro Larumbe, Transfobia

Sasha Alister Patterson, una activista trans de 28 años, ha sido asesinada a tiros y abandonada en el parque Nelson Mandela de Puerto España, capital de la república caribeña de Trinidad y Tobago. Con la muerte de Patterson, las víctimas por violencia en el archipiélago trinitario en los últimos días alcanzan la veintena. El activista Jason Jones ha explicado que “cuando presenté mi caso por primera vez, hice algunos cursos de capacitación sobre el VIH con personas de la comunidad. Sasha estaba tratando de desarrollar programas para la comunidad trans en Trinidad y Tobago. Ella fue una persona clave en la difusión de mensajes de sexo seguro”. El colectivo LGTB en este país es víctima de una fuerte represión por parte de las autoridades y de la propia sociedad. De hecho, no existen leyes que protejan el reconocimiento de la libre identidad de género y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, con penas que pueden alcanzar los 25 años.

Aunque la policía detenía a dos hombres tras el asesinato en Puerto España de la activista Sasha Alister Patterson, todavía no se ha confirmado su supuesta relación o responsabilidad en los hechos. Según la versión de los agentes, la joven de 28 años (natural de Tobago) estaba en el parque Nelson Mandela cuando unos hombres se le acercaron y le dispararon varias veces. Posteriormente, la arrojaron a una pila de basura y la abandonaron (desconocemos si en ese momento Patterson seguía con vida).

En declaraciones a medios locales (que, por otra parte, no respetan su auténtica identidad femenina), vecinos del entorno en el que se produjo el crimen han asegurado que “escucharon varias explosiones fuertes”. También “observaron un vehículo de motor Suzuki a toda velocidad”. Pocos más datos se han hecho públicos sobre este lamentable y trágico suceso. En cualquier caso, el asesinato de Patterson ha golpeado al activismo LGTB de Trinidad y Tobago. La joven era una activista por los derechos de las personas trans y estaba implicada en la prevención del VIH.

Colin Robinson, presidente de Coalition Advocacy for Inclusion of Sexual Orientation, ha responsabilizado a los “horribles” reportajes de los medios y los comentarios de las redes sociales sobre el asesinato de Patterson por agregar más violencia hacia la comunidad. Anderson Bridgelal, un activista LGTB con el que compartió su lucha la víctima, añade que Patterson “fue mucho más valiente de lo que me atrevo a aventurar”.

En la misma línea, el activista Jason Jones también ha expresado su lamento por la pérdida de Sasha Alister Patterson: “es una gran pérdida. Era una persona genuinamente encantadora, lo siento profundamente por toda la comunidad”. Jones vive en el exilio, pero tendrá que viajar a Trinidad y Tobago el próximo año para seguir enfrentándose a las leyes LGTBfóbicas del país en los tribunales. Respecto a este punto, está financiando los costes, los viajes y las demandas a través del ‘crowdfunding’. No obstante, ya ha recibido más de 50 amenazas de muerte (que no puede tomarse a la ligera, después del asesinato de su mejor amigo frente a su casa).

Jones dice que se encuentra “muy asustado” tras el asesinato de Patterson: “tanto como hablar sobre los riesgos y las dificultades en un país donde somos criminalizados”. Y añade que “esto ha marcado un tono oscuro a medida que entramos en el caso en enero, lo que hace que mi seguridad sea aún más un problema”.

El mismo activista denuncia que en los viajes que realiza a Trinidad y Tobago carece protección y debido a la persecución y violencia que está padeciendo la comunidad LGTB, ni siquiera se reunirá con sus amigos por temor a ponerlos en el punto de mira de extremistas LGTBfóbicos: “no quiero ser un objetivo que los ponga en riesgo”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Anderson Bridgelal, Asesinatos, Coalition Advocacy for Inclusion of Sexual Orientation, Delitos de Odio, Jason Jones, LGTBfobia, Puerto España, Sasha Alister Patterson, Transexualidad, Transfobia, Trinidad y Tobago

El Tribunal Constitucional de Turquía elimina la esterilización forzosa de la lista de requisitos para que las personas trans puedan modificar su género en los documentos oficiales.

La esterilización es una práctica declarada contraria a los Derechos Humanos por el Tribunal Europeo pero que sigue exigiéndose en decenas de países europeos.

Aunque Turquía está muy lejos de ser un país respetuoso con el colectivo LGTB el Tribunal Constitucional del país acaba de dar un paso (de gigante) en la igualdad de las personas trans. Aunque eso no implique, por desgracia, que vayan a sufrir menos discriminación y ataques de los que ya sufren.

En junio de este año una mujer trans de la región de Edirne denunció que las autoridades le exigían presentar un certificado de esterilización para poder obtener una tarjeta de identidad de género femenino. En Turquía las tarjetas identitarias se ofrecen en color azul para los hombres y en rosa para las mujeres. Para que una persona trans pueda cambiar su género legalmente el artículo 40 del Código Civil les exige estar solteras, tener más de 18 años, ser “transexual por naturaleza” (¿?) y tener un diagnóstico de disforia de género. Además se les obliga a someterse a cirugía de reasignación de sexo y, hasta ahora, tenían que someterse a un procedimiento de esterilización.

El tribunal que aceptó la demanda de esta mujer estimó que la esterilización forzosa iba en contra de los derechos humanos de la demandante y derivó el caso al Tribunal Constitucional para que analizara todo el artículo 40. El pasado día 30 el Consejo General de dicho organismo determinó que la esterilización era un paso innecesario y, aunque siguen manteniendo el resto de requisitos, estimaron que la cirugía de reasignación de género era suficiente para permitir que las personas trans cambien su género legalmente.

La esterilización forzosa para que las personas trans puedan cambiar su género es una práctica habitual en varios países, incluidos varios supuestamente avanzados de la Unión Europea. Francia derogó ese requisito el año pasado, meses antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciara que la práctica (realizada en países como Italia, Noruega, Irlanda, Bélgica o Suiza) va en contra de los derechos humanos.

La sentencia del Tribunal no surtió demasiado efecto y algunos de esos países, como Finlandia, anunciaron que iban a continuar exigiendo la esterilización a las personas trans que quisieran modificar su género legal. El proceso, además, sólo está disponible para personas mayores de 18 años.

Pincha en el mapa para ampliarlo.

En España hace unos días se aprobó (con los votos en contra del Partido Popular) la toma en consideración de una propuesta presentada por el PSOE para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Con esta propuesta el grupo socialista propone despatologizar la transexualidad de forma oficial, eliminando el requerimiento de un diagnóstico médico y basando el proceso en el derecho a la autodeterminacion del género de todas las personas mayores de 16 años. Los menores tendrán que tener la autorización de sus padres o tutores legales y, en caso de discrepancia, será un tribunal el que decida teniendo siempre en cuenta el interés del menor.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Esterilización, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Turquía

La historia de Carla González Aranda ha sido ya recogida en otros medios, pero merece la pena que también nosotros la contemos. Por desgracia, es una historia con la que muchas personas LGTBI se sentirán identificadas: la del rechazo de tu propia familia. Carla es una chica trans. Su madre, Marcela Aranda, es una activista evangélica, directora del denominado “Observatorio Legislativo Cristiano”, y que ha hecho de la transfobia una de sus causas. Ella fue una de las organizadoras del periplo chileno del “autobús del odio”, puesto en marcha por CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, y que hasta la Cámara de Diputados de Chile rechazó por amplia mayoría. Carla ha querido lanzar un mensaje de esperanza para ayudar a otras personas que puedan encontrarse en una situación parecida. 

Carla González Aranda, de 19 años, compareció la pasada semana en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) para, tras presentarse como hija de Marcela Aranda, una de las caras más reconocibles del odio tránsfobo en Chile, explicar públicamente su condición de mujer trans y anunciar el inicio del proceso judicial con objeto de modificar su nombre y sexo registral. “Soy Carla González Aranda, soy hija de Marcela Aranda. Quiero hacer público esto para poder brindar apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a esta. De que se puede salir adelante, sin importar las circunstancias”, explicó.

Carla quiso enviar dos mensajes fundamentales, uno para los padres y madres de personas LGTBI y otro para los niños, niñas y adolescentes LGBTI. A estos últimos, les insistió en que no están solos. “Es un proceso complicado, personalmente es difícil de llevar. Que busquen apoyo; independientemente si es en la familia biológica, amigos, o en la familia que uno se va haciendo, en instituciones; salir adelante. Tomar la decisión de mantenerse firme en su postura y no doblegarse, no dejarse pisotear por la presión social, aunque es complicado, ese el mensaje”, aseguró.

A los padres y madres les pidió ser más “abiertos de mente”. “No se cierren solo a una opción, ni a lo que les dicen, busquen información, infórmense más. Si no están seguros de algo, busquen apoyo. Si su hijos les dicen que se sienten de una forma, no los juzguen por eso, sino que apóyenlos, estén con ellos. Para un niño lo más difícil es su infancia es lo que los marca por el resto de sus vidas. Debería haber más apoyos para ellos. Yo soy una persona adulta ya, tengo mi familia, aparte de mi familia biológica, y el apoyo que necesito es el de la familia que tengo ahora”, contó. “Yo quería utilizar esto para poder enviar un mensaje a todas las personas que están pasando a un proceso parecido como yo, que se puedan acercar a una institución como el MOVILH, que puedan saber que no están solos, que lo que están pasando no tienen que pasarlo, sufrir a oscuras”, añadió.

Carla González Aranda explicó que lleva ya unos tres años sin comunicarse con su madre, precisamente el tiempo que ha pasado desde que le reveló su condición de mujer trans. Una situación que de hecho no ha cambiado después de que Marcela Aranda, que sigue refiriéndose a ella como si fuese un hombre, se haya convertido en una conocida activista en contra del reconocimiento de la realidad de los menores trans. “Yo no puedo negarle su derecho a expresarse. Si ella quiere mencionarme como ella quiera es su problema, pero me hace sentir mal como se refiere a mí”, explicó. “Marcela es mi progenitora, yo no la consideró una madre”, añadió, dejando claro que en este momento su verdadera familia no es otra que su actual pareja y su familia, que la ha aceptado con total normalidad.

Carla respondió además a las acusaciones de “utilización” que su madre lanzó al MOVILH, y que de hecho Marcela Aranda hizo públicas un día antes de que su hija se explicase públicamente. “El MOVILH en todo momento mantuvo mi solicitud de apoyo de la manera lo más privada posible, siempre fue el apoyo completo y no buscaron lucro por ninguna parte. A mí en ningún momento se me pidió que hiciera algo. De hecho esta conferencia de prensa la pedí yo”, afirmó.

Rolando Jiménez, representante del MOVILH, aseguró por su parte que desde hace unos tres o cuatro meses la organizacion ha estado brindando asesoría legal y psicológica a Carla, “a quien admiramos”. “Su valentía, su fuerza, su ausencia de rencor, su capacidad de salir adelante es un ejemplo para todas y todos”, añadió. Jiménez criticó duramente a Marcela Aranda por hacer visible la identidad de género de su hija antes de que ella pudiese explicarse. “Eso es inmoral, como también lo es tratar a la joven como hombre. Como también lo es hablar de educación para los hijos, cuando abandonaste y discriminaste a los tuyos”, explicó.

Sin duda, una mujer valiente, a la que transmitimos todo nuestro cariño.

Os dejamos, para finalizar, con el vídeo de la mencionada conferencia de prensa de Carla González Aranda y Rolando Jiménez:

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla González Aranda, Chile, CitizenGO, HazteOir, Iglesias Evangélicas, Marcela Aranda, MOVILH, Rolando Jiménez, Transexualidad, Transfobia, Videos, Visibilidad LGTBI, Visibilidad trans

El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

General ACLU, Ash Carter, Colleen Kollar-Kotelly, Discriminación, Donald Trump, Ejército, Estados Unidos, GLAD, Jim Mattis, Joshua Block, LGTBfobia, Marvin J. Garbis, NCLR, Pentágono, Transexualidad, Transfobia