Otra vez una adolescente trans se ha quitado la vida en España. En esta ocasión ha ocurrido en Móstoles (Madrid). A pesar de que se desconocen públicamente muchas de las circunstancias que rodearon su suicidio, las reacciones no se han hecho esperar. No es de extrañar. Las recientes campañas tránsfobas de HazteOír, la desesperante lentitud con la que se están acometiendo los cambios legislativos necesarios para abordar de una vez la realidad de los menores trans y el recuerdo de Alan y de Ekai, otros dos adolescentes trans que también se quitaron la vida, pesan demasiado.

La noticia la difundía este viernes el colectivo Móstoles feminista en su página de Facebook. «Hoy tenemos también una lamentable noticia, ayer una mujer trans de 17 años se suicidó, aquí en nuestra ciudad, vecina y alumna de una compañera. Thalía acababa de comenzar su tratamiento hormonal. Algo, ese algo que a menudo se llama presión social, maltrato institucional o acoso, llevo a Thalía a quitarse la vida. Sentimos y nos indignamos con casos como el suyo. Nunca, nadie, debería decirnos como tenemos que ser», contaba Móstoles Feminista.

Carla Antonelli se hacía eco poco después en su cuenta de Twitter, denunciando la «insoportable presión social» que sufren las personas trans menores de edad y los discursos de odio a los que se tienen que enfrenta :

De nuevo día muy oscuro, como informa @MostFeminista, una adolescente trans 17 años, Thalia, se ha quitado la vida en Mostoles, insoportable presión social, discursos #IdeologíaDelOdio que llevan al limite vidas que rompen en mil añicos, DEP, #NosQueremosVivxs #ThaliaContigo❤️ pic.twitter.com/n009Lc3B06

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 5 de mayo de 2018

La Plataforma por los Derechos Trans, por su arte, ha expresado su gran dolor por la «reiterada y lamentable forma con que los jóvenes trans ‘gritan’ al mundo, que esta sociedad está enferma si no es capaz de crear condiciones culturales, sociales y participativas, donde todas y todos quepamos y donde el derecho a ser sea un derecho que vertebre la convivencia social». «Hay que dar urgentemente una respuesta transversal e integral a todas las situaciones y ámbitos donde las personas trans son objeto de discriminación; la educación, atención sanitaria, inclusión laboral, el deporte y la identidad legal, han de proteger el derecho a la identidad sexual y expresión de género”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

Los detalles sobre el suicidio de Thalía se desconocen públicamente. Según ha podido saber dosmanzanas de fuentes que la conocen, su historia es compleja y en ella entran también en juego otras circunstancias personales ajenas a la condición trans de la chica. Pero no nos cabe la menor duda de que la realidad social a la que hoy día siguen teniendo que enfrentarse las personas trans menores de edad ha contribuido.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

En febrero de este año otro adolescente trans, Ekai, se suicidó en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre. Quizá no sea suficiente para acabar totalmente con la sangría, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans.

Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado. Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por último, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros.

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El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia ha publicado su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recoge el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

El informe, según apuntan sus responsables, «es el resultado del trabajo solidario y desinteresado de voluntarios y voluntarias del Observatorio y de otras entidades que, durante su tiempo libre han acudido, de forma altruista, a cada una de las personas que han sufrido una agresión y que han necesitado la mano de una persona amiga para reponerse, denunciar y exigir justicia, respeto y dignidad». Su interés ha ayudado a articular un registro y seguimiento de la violencia, que ha dado como resultado un «verdadero mapa de la discriminación», añaden. El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Las personas son atendidas por el Observatorio a través de diferentes vías (bien por su oficina técnica, por el teléfono de atención continuada, por vía telemática o derivados por las entidades integrantes). En todos los casos se rellena una ficha con fines estadísticos y una autorización para el tratamiento de datos personales. Es el paso previo a una atención personalizada que incluye acompañamiento, asesoramiento jurídico y asesoramiento psicosocial. Paralelamente, se rastrean prensa y redes sociales y se consulta con Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad para registrar agresiones que no hayan sido comunicadas al Observatorio.

De los 79 incidentes registrados por el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, se ha prestado asesoramiento e información en 39 ocasiones. Esto quiere decir que en el 49,4% de los casos se informó a la víctima de sus derechos y de los servicios disponibles. Del total de consultas, 14 derivaron en actuaciones del servicio jurídico del Observatorio, entre los que se incluyen asesoramiento para interponer la denuncia penal o la demanda judicial, personación en la causa como acusación particular o asesoramiento letrado. En 32 ocasiones se prestó atención psicosocial.

Agresiones verbales y amenazas, las mása frecuentes

De los 79 incidentes registrados por el Observatorio, la mayor parte (21, un 39,3%) corresponden a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 han sido catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela:

El mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual:

Por lo que se refiere a la edad de las víctimas, el mayor número (21) corresponde a la franja de edad de 18 a 25 años. Le sigue la franja de edad de 26 a 35 años (17). Uno de los casos registrados corresponde a una menor trans de solo cuatro años, cuyo padre niega su identidad de género. En el otro extremo, un hombre gay de 79 años denunció pintadas obscenas en su propiedad:

Por provincias, es Alicante en la que el Observatorio ha recogido un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8). Hay que recordar, no obstante, que el colectivo promotor del Observatorio, Diversitat, tiene su sede precisamente en Alicante. Habrá que dar un mayor margen de tiempo al registro para discernir si este mayor número de incidentes registrados en Alicante es el resultado de un sesgo o responde a una tendencia real.

Un recuerdo a Javer Abil y Lyssa da Silva

Puedes descargar el informe en su integridad en este enlace. Es, sin duda, un comienzo prometedor para una entidad que sin duda tiene mucho recorrido por delante.

Un documento que por cierto se abre con el más que merecido recuerdo a dos víctimas de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana: Javier Abil, un chico gay brutalmente asesinado en Gandía en 2014, y Lyssa da Silva, una chica trans que murió en 2015 a consecuencia de una brutal paliza y a la que sus asesinos abandonaron moribunda en un ascensor. En ambos casos, además, la justicia se mostró complaciente con sus verdugos (al asesino de Abil se le retiró la agravante de homofobia, mientras que los de Lyssa llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que vieron reducidas sus penas). Que su recuerdo sirva para darnos fuerzas y continuar la lucha.

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Alex y Tara, ambas personas transexuales, sufrieron una brutal paliza por parte de un vecino que les insulta y amenaza de forma habitual.

Según los hechos denunciados ante la policía, Alex ha relatado que el pasado día 28, mientras esperaba el ascensor, un vecino salió de su domicilio para golpearle con puñetazos y patadas.  Al escuchar los gritos, Tara, su pareja, salió a ayudarle  resultando también agredida. La paliza finalizó cuando otro vecino acudió en su auxilio consiguiendo que el agresor regresara a su casa.

Según un comunicado hecho público por la Federación Andalucía Diversidad LGBT, una pareja formada por dos personas trans ha denunciado una agresión de carácter tránsfobo en la mañana del pasado sábado, 28 de abril en Torremolinos. La pareja lleva un año siendo acosada por un vecino que constantemente hace gala de su LGTBfobia. Un acoso que culminó con la agresión del sábado.

Las víctimas refieren que este vecino, cuyo apartamento colinda con el suyo, lleva acosándoles desde que se mudaron a vivir hace año al edificio, con insultos del tipo de «maricones hijos de puta, os voy a echar de aquí», «cerdos» u «os voy a matar». Además les martillea las paredes e incluso ha llegado a escupirles cuando se cruzan con él.

El pasado sábado por la mañana, uno de los miembros de la pareja, de nombre Álex, salió de su casa rumbo a su trabajo. Mientras esperaba el ascensor, el vecino salió de su piso y comenzó de nuevo a increparle, acusándolo de haber llamado a su puerta. Álex le pidió que se relajara, ante lo cual el agresor comenzó a golpearlo con puñetazos y patadas, alcanzando la cara y el cuerpo y arrojandole las gafas al suelo (uno de los cristales se fracturó). La pareja de Álex, al escuchar los ruidos, salió de su vivienda e intentó detener al agresor, pero también recibió varios golpes. Finalmente, según consta en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, «con ayuda de un vecino de la comunidad logran que el autor deponga su actitud». Como resultado de la agresión, Álex sufrió, según el parte de lesiones adjunto a la denuncia, contusión con herida sangrante de encía superior, contusiones faciales y erosiones en muñeca derecha (ver imagen). A su pareja se le detectó inflamación en el dedo de una mano.

Santiago Rubio, Presidente de COLEGA Torremolinos, que ha estado atendiendo a las víctimas, ha declarado que estas «se encuentran en un estado de estrés y shock muy alarmante. Están viviendo un calvario». «Álex ha vuelto a menstruar después de dos años de tratamiento hormonal tras esta brutal agresión», ha detallado. «Tristemente somos testigos, una vez más, de como la homofobia y la transfobia siguen muy presentes hoy en día. Esta pareja sólo hacía su vida como cualquiera de nosotros y fue agredida sin ningún motivo más allá del odio injustificado que sienten ciertas personas  hacia el colectivo LGBT+», ha denunciado por su parte Natalia Ronco, del Observatorio Andaluz contra la LGBTIfobia, entidad vinculada a la Federación Andalucía Diversidad LGBT y a la Confederación COLEGAS.

Finalmente, Antonio Ferre, Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones LGBTI Andalucía Diversidad, señala que «esta pareja se ha atrevido a denunciar, a poner sobre la mesa el grave problema al que nos enfrentamos, pero aún hay mucha infradenuncia, muchas personas no se atreven a denunciar porque piensan que no sirve para nada, porque tienen miedo. Desde aquí animamos a que lo hagan, es la única manera de parar los pies a la homofobia y transfobia, no podemos dar el mensaje de que este tipo de acciones intolerables quedan impunes».

Fuente | Andalucía Diversidad

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Foto: Facebook/Trans Action Pakistan

Hace apenas unas semanas nos hacíamos eco de que Marvia Malik se convertía en la primera presentadora abiertamente trans en un canal de noticias en Pakistán. Sin duda, una buena noticia procedente de un país en el que la comunidad LGTB no lo tiene fácil. Prueba de ello es el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena se ha convertido en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo desde 2015. Entre ese año y 2017, además, se han contabilizado un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado). Así pues, los ligeros avances de la comunidad trans en Pakistán chocan con los abusos físicos y verbales, la actitud humillante de los policías, médicos en hospitales, funcionarios públicos y los informes de palizas.

Ha ocurrido en Swabi, una ciudad con más de 123.000 habitantes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (al noroeste de Pakistán). Sheena, una mujer trans de procedencia afgana, era asesinada a tiros por pura transfobia. Con ella ya son 56 las personas trans que han fallecido por muerte violenta desde 2015. La asociación Trans Action Pakistan ha expresado a través de su cuenta de Facebook que están «desolados». Además, en el muro de esta red social también han publicado fotos del estado del cadáver de la víctima tras los disparos (unas imágenes que hemos optado por no reproducir en esta noticia). Al parecer, la policía busca a dos sospechosos, de los que todavía no ha trascendido su identidad.

Como ya hemos referido, la igualdad real de las personas trans sigue estando muy lejana en Pakistán, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En enero de este mismo año, por ejemplo, recogíamos la noticia de la espantosa agresión a dos activistas de TransAction Pakistan, organización que ofrece refugio y apoyo a quienes son víctimas de discriminación por su identidad de género. Cualquier ley que favorezca a las personas trans, en este sentido, es más que necesaria.

La semana pasada, el activismo trans realizaba algunas relevantes demandas para el colectivo. La presidenta de Pakistan Shemale Foundation, Almas Boby, denunciaba que no hay pabellones separados para las personas trans en los hospitales de este país del sur asiático, por lo que reclaman la habilitación de salas específicas o al menos una habitación en cada hospital para evitar problemas de discriminación.

La muerte de la activista trans Ayesha (tenía 23 años) en un hospital de Peshawar el año pasado es un recordatorio de los peligros a los que se enfrenta la comunidad. La activista, que recibió siete disparos y necesitaba inmediatamente asistencia médica, ni siquiera fue atendida por una enfermera hasta que los miembros del personal decidieran si admitirla en la sala masculina o femenina. Ella murió en medio de esta confusión de los empleados.

Ligeros avances en visibilidad y derechos de la comunidad trans pakistaní

Hace apenas unas semanas nos hacíamos eco de que Marvia Malik se convertía en la primera presentadora abiertamente trans en un canal de noticias en Pakistán. Sin duda, una buena noticia que visibiliza de forma positiva a la comunidad trans de este país. Algo muy necesario teniendo en cuenta que las condiciones de vida de la comunidad LGTB son muy duras, aunque al menos las personas trans gozan de una cierta aceptación social (que convive también, como explicábamos en párrafos anteriores, con la violencia tránsfoba de algunos sectores). Incluso se han desarrollado algunas medidas políticas. En julio de 2009 la Corte Suprema, por ejemplo, daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas trans y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo».

En marzo de 2017 una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans, y en agosto del año pasado comenzó a tramitarse un proyecto de ley que reconoce el derecho de las personas trans a decidir sobre su propia identidad de género, a modificar sus documentos para que se ajusten a la misma y prohíbe la discriminación en una serie de ámbitos, como la educación, el empleo, la salud, la prestación de servicios, el transporte, la vivienda o el acceso a cargos públicos. El proyecto, tras una serie de modificaciones, fue aprobado de forma unánime por el Senado de Pakistán a principios de marzo.

Fuente Dosmanzanas

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Grave denuncia la que ha hecho pública la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera), según la cual en la madrugada del 21 al 22 de abril, Elizabeth, una chica trans de 24 años, fue objeto de vejaciones y maltrato en dependencias policiales tras ser expulsada con violencia de una discoteca de Algeciras. Una expulsión que según refiere la joven se debió a su condición de mujer transexual.

Según consta en la denuncia interpuesta por Elizabeth ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, la joven fue expulsada de la discoteca Kube de Algeciras por un empleado de seguridad del local, que ya previamente la había obligado a abandonar la «zona VIP» de la misma, a la que había sido invitada a subir por dos conocidos. Siempre según la denuncia, la expulsión fue ejercida con violencia y motivada, en opinión de la denunciante, por su condición de mujer transexual. Una vez fuera del local la joven, se acercó a un coche de policía y contó lo sucedido, pero los policías no le hicieron caso alguno a ese respecto. Ella, que había bebido, entró entonces un estado de gran nerviosismo, ante lo cual los policías la esposaron y la condujeron a un centro de salud, donde sin su consentimiento le inyectaron medicación calmante. Posteriormente fue trasladada a dependencias policiales y encerrada eb una celda, «como si de una delincuente se tratara».

Según cuenta en su denuncia, a la joven se la mantuvo esposada con las manos por detrás del cuerpo, con los brazos sobre el borde del respaldo, y cuando se quejaba le realizaban «palanca con los brazos hacia abajo». Según el parte de lesiones que acompaña a la denuncia, la joven presentaba de hecho «hematomas en resolución de forma rectangular, de 10 x 15 cm. en cara anterior y superior de miembro superior derecho y de 14 x 9 cm. en cara anterior de miembro superior izquierdo». También presentaba «hematomas en resolución» y «lesiones eritematosas lineales» en ambas muñecas.

«ATA-Sylvia Rivera condena esta nueva agresión a una chica trans y exige a la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la provincia de Cádiz una exhaustiva investigación que depure responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad como el sufrido por esta joven», denuncia el colectivo trans andaluz. «No podemos volver a tiempos pasados, donde las personas trans teníamos miedo de la policía por poder ser objeto de vejaciones y privación de libertad por el único delito de ser», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé. «Es hora que las leyes no sean declaraciones de buenas intenciones y cumplan con el fin con el que han sido propiciadas», ha añadido. «Exigimos a las instituciones locales y autonómicas una condena expresa y un compromiso para esclarecer estos hechos y que sobre los culpables recaiga el peso de la ley. Las personas trans también somos ciudadanía y como tal no nos merecemos como respuesta el silencio o mirar hacia otro lado», finalizaba Cambrollé.

Se da la circunstancia de que hace pocos días ATA denunciaba otra agresión de carácter tránsfobo ocurrida en una caseta de la Feria de Sevilla. Un grupo de jóvenes le dieron empujones, la insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores.

Fuente Dosmanzanas

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El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la «Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación», una norma que aborda de forma integral la realidad de las personas trans en el ámbito normativo y competencial aragonés. Lo ha hecho, además, por unanimidad, y dando respaldo a un texto en el que han participado activamente colectivos trans y LGTB aragoneses.

Los grupos parlamentarios han trabajado durante casi diez meses la propuesta, remitida en julio a las Cortes por el Gobierno aragonés (una coalición de PSOE y Chunta Aragonesista que cuenta con apoyo parlamentario de Podemos), aunque el texto había sido trabajado por organizaciones como Chrysallis, Towanda o SOMOS LGTB+ (entre otros).

Durante su tramitación parlamentaria se han estudiado más de 80 enmiendas de todos los partidos (los ya mencionados PSOE, CHA y Podemos, además de PP, Partido Aragonés, Ciudadanos e IU). Finalmente, este jueves la cámara aragonesa daba su visto bueno de forma unánime al texto propuesto por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, al que puedes acceder aquí. SOMOS LGTB+, unos de los colectivos que ha contribuido, lo celebraba en Twitter, donde publicaba además algunas fotos de la alegría de los activistas presentes:

Se ha aprobado por unanimidad la Ley Trans de la Comunidad de Aragón!!! Enhorabuena y gracias! 💙💗💙💗💙💗 pic.twitter.com/ySMKmWJTs4

— SOMOS (@SOMOSLGTB) 19 de abril de 2018

La nueva ley incorpora el principio de autodeterminación de género y supone la despatologización de las identidades trans en el ámbito competencial de la comunidad autónoma. Reconoce, por ejemplo, el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa. También regula la atención sanitaria a las personas trans en el servicio aragonés de salud e incorpora numerosas medidas a nivel educativo, laboral y empresarial, social y familiar y en campo del ocio, la cultura y el deporte.

Por lo que se refiere a los menores trans, en concreto, la ley aragonesa les reconoce el derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar. En menores de 14 años el consentimiento lo deberán prestar sus padres o tutores legales, aunque los menores tendrán que ser escuchados. En mayores de esa edad lo prestarán ellos mismos (salvo que estén legalmente incapacitados), con la mera asistencia de sus padres o tutores legales, que podrán en cualquier caso recurrir a la justicia en caso de que consideren que existe un perjuicio. La ley establece, en este sentido, que toda intervención pública deberá estar presidida por el criterio de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad autopercibida.

La ley incorpora también un apartado dedicado a las personas intersexuales, estableciendo de forma expresa que el sistema sanitario público velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos, salvo que ello sea imprescindible para proteger su salud.

El texto incorpora un capítulo sancionador que enumera una serie de infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales. Las posibles sanciones van desde el apercibimiento o multa de 200 a 3.000 euros (infracciones leves) hasta las multas de 20.001 hasta 45.000 euros, que pueden ir acompañadas de la prohibición de acceder a ayudas públicas o de la inhabilitación temporal para prestar servicios públicos por un periodo de hasta tres años (en el caso de las sanciones muy graves).

Leyes autonómicas de transexualidad 

La aprobación de la nueva ley aragonesa es una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana.  última de las leyes integrales de transexualidad aprobadas. Hay además leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB que, no siendo específicas de transexualidad, sí que incluyen muchos de los aspectos recogidos en las leyes integrales mencionadas (es el caso de la ley extremeña, la catalana, la murciana o la balear). El siguiente mapa te las muestra de un vistazo:

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

¿Y a nivel estatal?

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

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Dos agresiones por LGTBfobia denunciadas públicamente y ante la Policía Nacional han empañado el desarrollo de la Feria de Sevilla 2018. En la madrugada del martes a miércoles, una chica trans de 22 años fue vejada y agredida por un grupo de jóvenes. Lo ha denunciado la Asociación de Transexuales de Andalucia (ATA-Sylvia Rivera), según la cual la agresión se produjo en la caseta del PSOE. Un chico de 25 años, por su parte, ha denunciado que, también en la madrugada del miércoles, un vigilante de seguridad le impidió el paso a otra caseta diciéndole que «aquí no entra un puto maricón» y le agredió físicamente.

Según la información aportada por el colectivo ATA-Sylvia Rivera, la joven trans agredida, de nombre Simone, fue agredida y vejada por un grupo de jóvenes que se encontraban en el interior de la caseta del PSOE, que la dieron empujones, insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores. La joven, que asegura que nadie intervino para mediar, ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional, adjuntando el correspondiente parte de lesiones. 

Desde ATA-Sylvia Rivera exigen a los responsables de la caseta que depuren responsabilidades ante la inacción del servicio de seguridad. El colectivo trans andaluz también denuncia que Simone dice haberse dirigido a un furgón de Policía, quienes según versión de la agredida no la trataron de acuerdo a su identidad femenina. «Nuevamente desde esta asociación vemos con urgencia la formación de los cuerpos de seguridad y la necesidad de un protocolo de actuación ante agresiones por LGTBIfobia», expresa ATA en su comunicado.

El colectivo que preside Mar Cambrollé ha evitado de todas formas culpar al PSOE de lo sucedido en la caseta. «El PSOE en Andalucía se ha destacado por su respaldo y defensa de la diversidad sexual y de género y gracias a su incondicional apoyo, Andalucía cuenta con leyes ejemplares en el reconocimiento de derechos y de protección ante los delitos por LGTBIfobia», destaca su comunicado, que añade que en cualquier caso «la Junta de Andalucía debe aplicar el régimen sancionador que contempla la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía».

Se da la circunstancia de que ya en 2014 ATA denunció otra agresión tránsfoba en la caseta del PSOE de la Feria de Sevilla.

«Aquí no entra un puto maricón»

Por lo que se refiere a la denuncia interpuesta por el otro joven, este asegura que el vigilante de seguridad de la caseta situada en el número 189 de la calle Pascual Márquez del recinto ferial sevillano (cuyo titular es el sindicato FASGA) le impidió el acceso diciéndole «aquí no entra un puto maricón», le propinó patadas y puñetazos e incluso lo tiró al suelo. Los hechos sucedieron pasadas las tres de la madrugada del miércoles. El joven ha explicado que otros años ha acudido a la misma caseta con amigos gais y nunca había tenido problema alguno. En esta ocasión iba acompañado de unas amigas, pero se da la circunstancia de que ellas entraron a la caseta mientras él se quedó fuera hablando por teléfono. Al finalizar la llamada y pedirle al vigilante que lo dejara entrar ya que sus amigas estaban dentro, aunque él no llevaba invitación, fue cuando el vigilante le llamó «puto maricón».

El denunciante le respondió que aunque no tuviera invitación y no lo dejara pasar no tenía derecho a insultarle, momento en el que según su relato el vigilante lo agredió físicamente. El joven intentó grabar a su agresor con el móvil, pero otro compañero del vigilante se lo quitó y lo tiró al suelo. Al ver pasar un furgón de Policía, el joven pidió ayuda a los agentes, quienes identificaron al presunto agresor y a su compañero. El joven ha presentado denuncia policial, acompañada del correspondiente parte de lesiones.

Esta segunda agresión ha derivado, además, en una extraña polémica entre colectivos, aparentemente ya zanjada. Mientras que la asociación sevillana Adriano Antinoo solicitaba desde el primer momento a las autoridades abrir expediente a los titulares de la caseta y aplicar el régimen sancionador que contempla la ley andaluza contra la LGTBIfobia, Andalucía Información recogía que la Federación Arco Iris consideraba lo sucedido «una situación de tensión mal resuelta en un ámbito y contexto ajeno a la realidad que se vive y respira dentro de la caseta», pero sin que por ello debiese considerarse un acto de homofobia. Algo que Adriano Antinoo les ha reprochado en redes sociales: «Lamentamos profundamente que Arco Iris LGBTI niegue el carácter homófobo de la agresión (…) infligiendo un daño terrible a la víctima. Justificar o minimizar agresiones empodera a agresores y humilla a víctimas». La Federación Arco Iris respondía en Twitter a Adriano Antinoo restando validez a la información de Andalucía Información, que atribuía a las declaraciones de un vocal de la organización, pero negando que esa fuese la postura de la organización y expresando de forma explícita que sí consideraban lo sucedido un episodio de homofobia.

No es la primera vez, en cualquier caso, que agresiones por LGTBfobia en la Feria de Sevilla trascienden a los medios. En 2011, por ejemplo, una pareja gay fue expulsada de una caseta por darse un beso. Un año después, otra pareja era también expulsada por querer bailar unas sevillanas. Y en 2014 ATA denunciaba la agresión tránsfoba arriba mencionada. Está claro que queda mucho trabajo por hacer…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Adriano Antinoo, Andalucía, ATA, Delitos de Odio, Discriminación, FASGA, Federación Andaluza Arco Iris, Feria de Sevilla, Homofobia, LGTBfobia, Mar Cambrollé, Policía Nacional, PSOE, Sevilla, Transfobia

Eugeni Rodríguez (OCH) tilda de “muy grave” que “la incidencia más registrada por el OCH en Cataluña en 2017 sean las agresiones verbales y físicas”

Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”

Pocos días después de que lo hiciese su homólogo madrileño, el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2017 (puedes descargar aquí sus 99 páginas). Los datos no son precisamente tranquilizadores: el Observatori tuvo conocimiento de 111 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán en el año 2017, lo que supone un aumento del 32,2% respecto a los 84 casos registrados en 2016.

Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 47,7% de las incidencias. El capítulo de agresiones, de hecho, ha experimentado un fuerte incremento en los tres años en los que el Observatori lleva ya publicando su informe, pasando del 30,9% de las incidencias en 2015 al 47,7% en 2017.

A continuación se situaron los episodios de odio en internet y redes sociales (12,6%), así como los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (9,9%):

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (51,4%). En segundo lugar se situaron las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (18%), seguidas muy de cerca por las incidencias contra el colectivo de personas trans (17,1%). En el 10,8% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:

Viendo la evolución de los tres años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, pasaron al 15,5% en 2016 y han constituido el 17,1% en 2017. En este sentido, parece que Cataluña no es inmune a la corriente tránsfoba que de un tiempo a esta parte parece haberse intensificado en Europa y América.

Por lo que se refiere a la edad, la edad media de las víctimas registradas por el Observatori fue de 30,2 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 18 a 25. No obstante, el propio informe reconoce que solo 52 de las personas que registraron alguna incidencia reveló su edad, por lo que el dato no es demasiado consistente:

Por lo que se refiere al itinerario de los 111 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 31 (el 27,9%) fueron denunciados directamente por las víctimas a través de la ley catalana contra la LGTBIfobia. Otras 22 incidencias (el 19,9%) fueron denunciadas por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su “deber de intervención” cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTBI. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de dicha ley, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico el pasado octubre. El tercer grupo más numeroso de denuncias interpuestas formalmente fue el correspondiente a los procesos penales (18, el 16,2%), que han experimentado un sensible aumento respecto a 2015 (9,7%) y 2016 (2,4%). El aumento de las agresiones registrado en 2017 se encuentra, sin duda, detrás de este repunte de procesos penales:

Eso sí, otras 31 de las 111 incidencias recogidas por el Observatori (27,9%) no fueron denunciadas a través de ningún mecanismo.

Por lo que se refiere a la distribución territorial, y como parece lógico por su peso demográfico, la provincia de Barcelona es la que mayor número de incidencias registra (81,2%), seguida de Tarragona (8,2%), Girona (7,1%) y Lleida (3,5%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (34,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (24,5%). Girona registra el 22% y Lleida el 19,2%. De hecho, si se analiza la evolución entre 2015 y 2017, la tendencia más preocupante es la de Tarragona, que ha pasado del 8,1% en 2015  al 24,5% en 2017, mientras que mejora la de Barcelona.

El Observatori contra l’Homofòbia reclama medidas

En palabras del presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, durante la presentación ayer jueves del informe, “las agresiones verbales y físicas han aumentado escandalosamente respecto a 2016”. A Rodríguez le preocupa especialmente la presencia de tantas personas jóvenes, entre las víctimas, por lo que puso el acento en la necesidad de “políticas y campañas de prevención, información y formación entre los más jóvenes para que conozcan sus derechos”.

Rodríguez consideró urgente “reactivar de forma inmediata el grupo de trabajo entre el Observatori contra l’Homofòbia y los Mossos d’Esquadra para poder denunciar en todas las comisarias de Cataluña, independientemente del carácter penal o administrativo”. En ese sentido, destacó que las líneas de trabajo deben dirigirse hacia “una atención integral” a la víctima, destinando para ello “todos los recursos económicos y asistenciales necesarios”.

Eugeni Rodríguez volvió a insistir una vez más en la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo e implementación efectiva de la ley catalana contra la LGTBIfobia, con especial atención al régimen sancionador, “ya que hasta la fecha solo se han sancionado 6 casos”. Rodríguez también exigió la creación de un organismo coordinador independiente de políticas LGBTI con capacidad de sancionar de manera efectiva las denuncias administrativas, la ampliación de un protocolo sobre el “deber de intervención” en el que puedan participar las asociaciones, así como respetar la resolución del Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) que establece que el Observatori contra l’Homofòbia “debe formar parte de todos los casos denunciados alrededor de la Ley 11/2014”.

Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”

Por su parte, la directora del informe, Elena Longares, quiso destacar que tras la publicación del tercer informe del Observatori ya es posible establecer pautas sobre cómo es la LGBTIfobia en Cataluña. Entre los hechos destacados por Longares, el hecho de que más de una cuarta parte de las víctimas registradas (el 27,9% que mencionamos arriba) no denuncia las agresiones. “El estudio extrae que las personas que sufren agresiones revelan una necesidad de visibilizar los hechos y anteponen la denuncia social a la denuncia penal o administrativa”, aseguró. Añadió además que las entrevistas recogen que “en el proceso de denuncia, los cuerpos policiales tienden a no percibir la posible situación de odio y LGBTIfobia en la que se encuentran las víctimas”. “Cuando los incidentes se dan en espacios de ocio, se asocian las agresiones a simples peleas”, explicó. De ahí la importancia, a su juicio, de trabajar “la atención integral de la víctima” y de “formar y sensibilizar a profesionales de la salud, jurídicos y de la seguridad para que no se produzcan situaciones de desamparo y de no atención integral”.

***

Puedes descargar el informe completo del Observatori contra l’Homofòbia (99 páginas) pinchando aquí. 

Fuente Nota de Prensa del Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), vía Dosmanzanas/ EstoyBailando/ Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Barcelona, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Discriminación, Elena Longares, Eugeni Rodríguez, Girona, Homofobia, Lesbofobia, LGTBfobia, Lleida, Observatori contra l'Homofòbia, Tarragona, Transfobia

Leo Etherington se suicidó…

La Universidad de Texas ha realizado uno de los estudios más amplios —y con mayor diversidad entre sus participantes— sobre los jóvenes transgénero. Según las conclusiones de los autores, el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuye drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e, incluso, los propios intentos de suicido. El trabajo ha sido realizado por el mismo equipo que, el pasado año, estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

El estudio ha estado dirigido por el profesor Stephen T. Russell, titular del departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia de la Universidad de Texas, con sede en Austin, y ha sido publicado por la revista Journal of Adolescent Health en coincidencia con el Día de la Visibilidad Trans. En el trabajo de investigación también han colaborado Amanda M. Pollitt, de la Universidad de Texas; Gu Li, de la Universidad de Columbia Británica; y Arnold H. Grossman, de la Universidad de Nueva York.

Los investigadores han entrevistado a 129 jóvenes transgénero, de edades comprendidas entre los 15 y 21 años, de tres zonas geográficas distintas. También se ha procurado que el grupo de personas entrevistadas fuera lo más diverso posible, de tal manera que el profesor Russell destaca que la muestra «es étnica y geográficamente diversa de manera remarcable, y también diversa en términos de clases sociales».

Uno de los descubrimientos que más ha impactado al equipo investigador se refiere al respeto al nombre elegido por adolescentes y jóvenes transgénero por parte de su entorno. «Muchos chicos y chicas transgénero han elegido un nombre distinto al que se les dio al nacer», explica el profesor Russell, «mostramos que en cuantos más contextos o situaciones podían usar su nombre preferido, más fuerte era su salud mental».

A los adolescentes y jóvenes entrevistados se les preguntó si podían usar su nombre elegido en su centro escolar, en su casa, en su trabajo o con los amigos. Entre quienes podían utilizar su nombre en estos entornos había un 71 % menos de casos de depresión severa, un 34 % menos de casos reportados de pensamientos suicidas y un 65 % menos de casos de intentos de suicidio. «He estado investigando sobre jóvenes LGTB durante 20 años», comentaba el profesor Russell «y hasta yo me sorprendí de ver una relación tan clara».

La conclusión del estudio no puede ser más evidente, según el profesor Russell: «Lo sensato es apoyar a los jóvenes en el uso de su nombre elegido. Es respetuoso y apropiado para su desarrollo».

Stephen T. Russell también dio a conocer el pasado 2017 otro estudio, publicado en prestigiosas revistas científicas con revisión por pares, en el que se constataba que los adolescentes trans duplicaban el porcentaje de pensamientos suicidas con respecto a sus coetáneos cisgénero y se veían más abocados al consumo de estupefacientes, aun cuando se controlaran el resto de factores de riesgo. Según la investigación (que reunió datos sobre 25.000 estudiantes), las principales causas para que se dieran estos altos porcentajes se hallaban en la depresión y el acoso escolar.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Amanda M. Pollitt, Arnold H. Grossman, Día de la Visibilidad Trans, Gu Li, Journal of Adolescent Health, Jóvenes, LGTBfobia, Personas transgénero, Stephen T. Russell, Transexualidad, Transfobia, Universidad de Texas

Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado sábado día 7 (pinchad en las imágenes para ampliarlas).

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado su segundo informe anual, correspondiente al año 2017. Un año durante el cual la entidad recogió un total de 321 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número significativamente mayor que el recogido en 2016 (240). Aun así, el Observatorio considera que esta cifra no es más que la punta de un inmenso iceberg cuya mayor parte continúa invisible bajo la superficie.

El informe fue presentado de modo oficial el pasado miércoles en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid y que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Celia Meyer. Es, en cualquier caso, un documento accesible para todos. Puedes descargarlo en formato PDF desde la página web del Observatorio, aunque te desgranamos a continuación algunos de sus datos.

Por lo que se refiere al tipo de incidente la casuística es muy diversa. Los más frecuentes fueron las agresiones verbales (120), seguidos de los discursos de odio (70), las agresiones físicas (57), las amenazas (27) y la denegación de servicios (18), aunque no han faltado, por ejemplo, las agresiones sexuales (8, entre ellas dos violaciones a un chico gay y a un chico trans) o las expulsiones del hogar (4):

Gais entre 20 y 24 años, la “víctima tipo”

Por lo que se refiere a las víctimas, el Observatorio tiene registradas un total de 299, un número inferior al de incidentes al no incluir este recuento a las víctimas de los discursos de odio en redes sociales. El perfil más frecuente es el de hombre gay cis (208 casos, un 70%), seguido de las mujeres lesbianas cis (40 víctimas, un 13%) y de las personas trans, con independencia de su orientación sexual (37, un 12%). De estas 37 víctimas trans, 29 fueron mujeres y 8 hombres.

Otras 9 víctimas (un 3%) fueron personas cis heterosexuales (que también pueden ser víctimas del odio LGTBfobo, ya sea por ser confundidas con personas LGTB o por acompañarlas). En concreto, 6 mujeres y 3 hombres. Otras 5 víctimas (algo menos de un 2%) fueron personas bisexuales (en este caso los cinco fueron hombres):

Por lo que se refiere a la edad, solo constan datos de 143 personas. El tramo con más víctimas es el de 20 a 24 años, seguido del de 25 a 29. Hay que tener en cuenta, en este sentido, la cada vez mayor visibilidad de los jóvenes LGTB, aunque no puede descartarse el sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio por su mayor publicidad en redes sociales:

Por lo que se refiere a los agresores, el propio Observatorio reconoce que su estudio es muy complicado, “ya que la víctima por lo general no se centra tanto en el agresor, sino en lo que le ha sucedido”. En cualquier caso, el recuento reconoce 209 agresores diferentes, de los cuales la inmensa mayoría (89%) fueron varones. Su edad solo se ha podido registrar en 89 casos. Entre estos, el colectivo más numeroso es el de los menores de 18 años (25), seguido del intervalo de 30 a 39.

La ciudad de Madrid, a la cabeza 

Por lo que se refiere a la localización física de los incidentes, el grupo más numeroso es el que se produjo directamente en la calle (59), seguido de internet y redes sociales (51) y transporte público (29). Por municipios, y tal y como sucedió el año anterior, es la ciudad de Madrid la que registró un mayor número de incidentes (196), seguida de Móstoles (14), Alcalá de Henares (7) y Alcobendas, Fuenlabrada, Leganés y Parla con 5. A continuación está Getafe con 4 incidentes; Arganda del Rey, Collado Villaba, Galapagar, Pinto y Pozuelo de Alarcón con 3; Majadahonda y Torrelodones con 2, y finalmente Alcorcón, Algete, Boadilla, Ciempozuelos, Fuente El Saz de Jarama, Guadalix de la Sierra, Las Rozas, Navalcarnero, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro y Villaviciosa de Odón con 1 incidente cada una.

Dentro de la ciudad de Madrid, y también como sucediera en 2016, es el distrito Centro (aquel en el que se produce la mayor visibilidad) el que concentra la mayoría de las agresiones (81), seguido de Moncloa-Aravaca (13) y Retiro (13). Vicálvaro es el único distrito en el que no consta ningún incidente.

Denuncias: solo el 31%

De los 321 incidentes registrados, solo 101 han sido denunciados de una forma u otra, ya sea directamente a la Policía Nacional (48 casos), a la Fiscalía (36), a las diferentes policías municipales (15), la Guardia Civil (1) o al Juzgado de Guardia (1). Este número supone solo el 31% de los incidentes registrados, una cifra baja pero algo mayor que la registrada el año anterior (un 25%).

Más incidentes, sí… Pero también más visibilidad

A la hora de evaluar las cifras, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lo tiene claro. “Hay un constatable aumento de los delitos de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid desde hace unos años. Esto se produce porque las generaciones más jóvenes son más visibles que las generaciones que tienen más de 30 años. En especial las y los jóvenes considerados como ‘millennials’ son especialmente visibles en lugares donde el resto de las personas LGTB les cuesta más”, expresa el informe. “Hoy en día la visibilidad sigue siendo el principal factor a tener en cuenta. La sociedad es proLGTB en lo que se denomina la corrección política pero en cuanto hay que visibilizar a las personas LGTB en ámbitos más novedosos como puede ser unos semáforos inclusivos o la colocación de una bandera del arcoíris en un balcón oficial como se hace con otras muchas banderas en un guiño de inclusión social, provocan airadas protestas, que algunas de ellas llegan
a ser constitutivas de delitos de odio”, añade.

El Observatorio, en concreto, destaca como ejemplo lo sucedido con los semáforos inclusivos en la ciudad de Madrid, que “generaron más de 200 ataques en redes al colectivo LGTB”. “Palabras como ‘desequilibrado, raro, anormal, enfermo, aberrante, desorientación sexual, desviados, denigrante, asqueroso, putos enfermos, conducta sexual desordenada, depravados, desvergonzados, deficientes, contra natura, abominable, denegerados, degradación moral, asquerosos mugrosos chupadores de trancas, tarados, invertidos, vacas locas que son tontos de nacimiento, repugnantes, perversión, sodomita’ fueron algunas de las que se localizaron por la visibilidad de los semáforos en la ciudad”, relata el informe.

La mayoría de los incidentes no se recogen: el ejemplo del cruising

Pese a todo, el Observatorio lo tiene claro: los incidentes de los que tienen conocimiento siguen siendo solo la punta del iceberg. “Son un número muy inferior al que realmente se produce. Desde nuestra percepción y tras ver cómo las víctimas, incluso formadas como activistas, no llegan a denunciar ni siquiera comunicar al Observatorio los casos hasta que no les preguntas directamente o que muchas siguen interiorizándolo como algo ‘normal’, creemos que aproximadamente registramos en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios que realmente ocurren en nuestra región”, expresa el informe.

“Tenemos numerosas sombras de actuación. En lugares como los de cruising no llegamos. Hemos realizado un registro de casi un centenar de zonas en la Comunidad de Madrid donde se practica cruising de forma asidua y no tenemos forma de llegar más que a una o dos de esas zonas. Y seguimos sospechando que el cruising es un foco de incidentes de odio oculto”, añade el texto. En este sentido, el informe reconoce que incluso entre el propio colectivo el cruising “sigue siendo visto de forma peyorativa y es complicado que se reconozca que se estaba practicando. Por ello cuando surge un incidente de odio en estas
circunstancias, en la gran mayoría de las veces queda en ese espacio de sombra al que no accedemos. Esto lo hemos podido comprobar en 2017, cuando hemos podido actuar con un caso claro de ataque homófobo a varios chicos practicando cruising y dos de las víctimas nos han relatado varios incidentes de ese mismo día, así como otros muchos incidentes que han
podido vivir en los últimos tiempos, algunos de ellos muy graves, y que en ningún momento se hicieron públicos”.

218 páginas que conviene leer

El informe del Observatorio, en el que además de los colectivos promotores participan los 14 ayuntamientos madrileños conveniados hasta la fecha, cinco universidades, así como Metro de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid y UGT Madrid es, sin duda, un trabajo encomiable, que también recoge, en sus 218 páginas, una comparativa nacional e internacional sobre los delitos de odio al colectivo LGTB, así como un repaso a los nuevos observatorios que han ido surgiendo en España y recomendaciones específicas a las diferentes administraciones involucradas. El Observatorio también señala, y lo hace de forma muy detallada, la falta de desarrollo reglamentario de dos importantes leyes regionales relacionadas con el colectivo: la ley integral de transexualidad y la ley contra la discriminación por LGTBfobia.

En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli, el informe del Observatorio “es una pieza fundamental a la hora de poder luchar contra la LGTBfobia tanto a nivel autonómico como local, ya que proporciona una radiografía real de las incidencias, y el poder hablar directamente con las víctimas nos concede una forma inmejorable de poder observar tanto las deficiencias institucionales como las necesidades futuras”.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Y que nos explique alguna, qué tiene que ver esto con la Gestación Subrogada…

La brutal agresión verbal y física que termina con el asesinato de Dandara dos Santos fue recogida en un vídeo que se vuelve viral cuando es publicado en YouTube. Un juez condena a prisión a cinco individuos por tortura y asesinato, mientras que cuatro menores que participaron en la agresión seguirán un programa de rehabilitación. 

En abril del año Brasil (y otros países), quedaron conmocionados por el asesinato de una persona transgénero a través de un sobrecogedor vídeo que se vuelve viral tras ser publicado en YouTube. La terrible escena había tenido lugar dos meses antes, el 15 de febrero, en la localidad de Frontera, en el estado de Ceará, donde un grupo de varios individuos retienen contra su voluntad a Dandara dos Santos, de 42 años de edad, para después agredirla verbal y físicamente a la vez que la desnudan y le dan una paliza con todo tipo de objetos, desde zapatos hasta tablas de madera, burlándose en todo momento de ella mientras la transportan en una carretilla hasta que finalmente la asesinan de un disparo. La policía detenía a siete sospechosos de haber participado en la agresión dos días después de la publicación del vídeo, y 18 desde su asesinato. Después de que un jurado popular los declarara culpables, este viernes, 6 de abril, un juez de Fortaleza condena a cinco individuos a diferentes penas en función de su implicación con el asesinato de Dandara dos Santos.

Advertimos de que las imágenes son durísimas, pero no podemos ocultar el sufrimiento de tantas personas por el simple “delito” de ser LGTBI

Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., la persona que disparó finalmente sobre Dandara dos Santos, es condenado a una pena de 16 años (aunque en algunos medios acreditan 21), misma pena que cumplirán Jean Victor Silva Oliveira, quien le golpeó con un tablón de madera, y Rafael Alves da Silva Paiva y Francisco Gabriel dos Reis, que participaron en la paliza que le dieron a Dandara dos Santos; mientras que un quinto acusado, Isaías da Silva Camurça, quien se limitó a agredirle verbalmente mientras los demás le daban la paliza, ha sido condenado a 14 años y medio de cárcel. Dos de los condenados, han adelantado su intención de apelar la sentencia. Los cargos que se imputan a los condenados incluyen homicidio y tortura, con el agravante de transfobia.

Otras siete personas fueron acusadas de participar en el crimen, de los que cuatro de ellos, siendo menores de edad, han sido internados en un programa de rehabilitación, otros dos son prófugos y el último ha sido puesto en libertad por falta de pruebas. «¿Nadie mató a Dandara? ¿Fue un rayo lo que cayó sobre su cabeza? ¿Una piedra que cayó del edificio?», reclama Marcus Renan Palacio, fiscal del caso, después de que los condenados negaran haber matado a Dos Santos a pesar de haber admitido que la habían atacado.

Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., llega a disculparse con los familiares de su víctima en el tribunal, alegando que había sido «engañado», pero que «había aprendido que debemos tener amor en nuestro corazones» tras una revelación que le ha llevado a encontrarse con Jesús. «Este no es el convento de las Carmelitas. Este es el Tribunal de Justicia», le ha respondido el fiscal, argumentando que podía «pedirle al Todopoderoso» que le perdone, pero que el sistema judicial iba a castigarles por sus actos.

Si Brasil es uno de los países más violentos del mundo, con un triste récord de 62.000 homicidios en 2017 en lo que supone un incremento de un 30 % con respecto al año anterior, la violencia contra los miembros del colectivo LGBT es una de las más altas del mundo, produciéndose una media de más de un asesinato al día, siendo además el país que acapara la mitad de los asesinatos de personas transexuales del planeta. En lo que va de año han sido asesinadas 35 personas transexuales en Brasil.

Fuente Universogay

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La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha sustituido la placa en recuerdo a las personas homosexuales que sufrieron la represión franquista y que fueron encarceladas en la antigua prisión provincial, para incluir en el texto al colectivo transexual. En un acto presidido por el director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, se ha recordado a las víctimas de la dictadura, muchas de ellas homosexuales y transexuales, que pasaron por esta cárcel tras ser condenados por la denominada Ley de vagos y maleantes.

Este viernes hemos recuperado, aunque sea solo un poquito, la memoria de las personas trans. La placa que desde 2014 reconocía la memoria de los homosexuales represaliados durante la dictadura en la antigua prisión de Huelva ha sido sustituida por otra que incluye también a las personas trans. Un gesto que llevaba mucho tiempo solicitando la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA).

Como bien saben nuestros seguidores (y los que no lo sepan deberían aprenderlo), la prisión de Huelva era uno de los establecimientos carcelarios en los que preferentemente se encerraba a homosexuales y mujeres trans. Otro era el de Badajoz. Penales infames en los que, además de las correspondientes penas de cárcel, con algunos presos se experimentaba aplicándoles electrochoques y diferentes “terapias” aversivas. Todo ello como consecuencia de la aplicación, en primer lugar, de la “Ley de Vagos y Maleantes”, y posteriormente de la “Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social”. No fue, de hecho, hasta enero de 1979, más de tres años después de la muerte del dictador, cuando se despenalizó como tal la homosexualidad. 

Las víctimas, sobre todo, fueron los varones homosexuales de las clases menos privilegiadas y las mujeres trans, a las que la legislación de la época trataba como presos masculinos, sometidos además a todo tipo de humillaciones y vejaciones. “La gran mayoría de personas homosexuales a las que el franquismo encerró entre rejas no eran gais sino mujeres transexuales, porque fuimos las trans las que no podíamos ocultarnos en los armarios y teníamos vitrinas de visibilidad incluso aunque nos jugáramos la vida, la libertad y fuéramos apaleadas por todo un régimen fascista que fue inmisericorde con los cuerpos que desafiábamos la normatividad franquista”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de ATA.

Desde este colectivo se llevaba mucho tiempo solicitando la actualización de la placa de la antigua prisión de Huelva para incluir en ella el recuerdo de las personas trans. La petición, de hecho, fue aprobada hace un año por unanimidad del Ayuntamiento de Huelva a requerimiento de Izquierda Unida, y finalmente este viernes la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática descubría la nueva leyenda.

“Para una generación de españoles este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social a quienes decidieron ejercer su libertad de ser y amar de forma diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales y personas trans que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna generación tendrá que pasar por nada semejante”, reza el texto.

Giráldez ha señalado que “hoy es uno de los días más importantes de la última etapa porque llevamos mucho tiempo preparando este acto, con el que recordamos a las personas que sufrieron represión por su orientación sexual”.

En esta línea ha hecho hincapié en el marco normativa que ha desarrollado la Junta y el Parlamento andaluz con la Ley de Memoria Democrática y la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares.  Giráldez ha agregado que “de esta forma, cumplimos con nuestro deber de Memoria, que es un deber para las instituciones, y que para las familias, protagonistas y víctimas es un deber ciudadano”.

En el acto también ha participado la concejal socialista de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, quien ha recordado que “hoy se hace justicia al colectivo transexual, con este homenaje a miles de mujeres que sufrieron además de vejaciones y privación de libertad, la negación de su identidad de género”.

Mar Cambrollé, que estuvo presente en el acto, ha agradecido que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, además de “todos los grupos políticos andaluces, sindicatos y entidades civiles que han apoyado este reconocimiento” hayan mostrado “sensibilidad y voluntad de reparar la memoria” de las mujeres transexuales. La presidenta de ATA espera que “nunca más se vuelvan a repetir los episodios tan negros que tuvieron lugar en la prisión de Huelva, donde las mujeres transexuales, además de ver negada su identidad y ser tratadas en masculino, sufrieron torturas y violaciones por policías y funcionarios de un régimen franquista que nos perseguían de día y nos deseaba de noche”.

Cambrollé también ha mostrado su deseo de que algún día se modifique la ley de amnistía, “una ley de olvido de los crímenes franquistas”, para que se pueda juzgar y “poner luz a toda la violencia que sufrimos las mujeres transexuales durante los oscuros años de la dictadura”. “Siento que esas personas que estuvieron presas en esas celdas y que gritaban justicia, quedan hoy satisfechas y resarcidas porque esta placa las menciona”, ha concluido.

Fuente Agencias, vía Dosmanzanas

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Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

• Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
• Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
• Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

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El 22 de marzo el perfil oficial en Twitter de la Armada Española felicitaba a la primera mujer que conseguía un ascenso al empleo de suboficial mayor, “el mayor empleo que se puede alcanzar en la Escala de Suboficiales en las Fuerzas Armadas”. El texto se acompañaba de la fotografía de la militar, posando en uniforme:

Asciende la primera mujer en la #Armada al empleo de suboficial mayor.

El empleo de suboficial mayor, es el mayor empleo que se puede alcanzar en la Escala de Suboficiales en las Fuerzas Armadas.

¡Enhorabuena! pic.twitter.com/b7QhfeTlBj

— Armada Española (@Armada_esp) 22 de marzo de 2018

La mujer no es otra que Carolina Meléndez, una militar abiertamente transexual. Según señalaba El Español en un artículo publicado el pasado jueves, para conseguir ascender a suboficial mayor se requieren decenas de años en grados inferiores del escalafón, por lo que solo una mujer trans, que hubiera iniciado su carrera militar bajo una identidad legal masculina antes de que  las mujeres pudieran incorporarse oficialmente al Ejército español (1988), ha podido hacerlo hasta ahora. “Tiene muchísimo mérito. Fue uno de los primeros hombres en cambiarse el sexo dentro de la Armada. Es una persona muy amable y, sobre todo, trabajadora”, señala un compañero de la nueva suboficial mayor al diario digital.

Como era de esperar, las redes sociales se han hecho eco de la noticia, con numerosos comentarios positivos. Destacamos por ejemplo la felicitación en Twitter de Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid:

#Felicidades, Carolina Melendez, primera mujer transexual suboficial mayor @Armada_esp, rango + alto escala suboficiales, mucho orgullo de los grandes avances hacia igualdad real, pero horrorizada con los comentarios al tuit, mucho x andar, demasiado camino aún #AdelanteSIEMPRE ¡ https://t.co/OhuBbr7nRH

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 29 de marzo de 2018

Y es que tampoco han faltado, por desgracia, las actitudes y comentarios tránsfobos. Basta hacer un repaso al hilo generado por el tuit de la Armada para ver cómo inmediatamente la transfobia hace acto de aparición. Ya en el segundo comentario, de hecho:

En cualquier caso, Carolina Meléndez es una persona valiente, capaz de visibilizarse en un ambiente, como es el militar, especialmente conservador. Y es por ello que desde Cristianos Gays también nos sumamos a la felicitación.

Fuente Dosmanzanas

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Se llama Marvia Malik, y desde hace unos días es una de las presentadoras del canal pakistaní de noticias Kohenoor News. Los medios internacionales se refieren a ella como la primera mujer abiertamente transexual en presentar noticias en su país.

A sus 21 años, Marvia Malik ya ha desarrollado una carrera como modelo en su país, pero en este momento apuesta por desarrollar su faceta televisiva. “Tengo varias ofertas como modelo que estoy considerando, pero quiero hacer algo por mi comunidad (…) Allá donde voy, a las personas transexuales se nos mira con desprecio. Pero no hay nada que no podamos hacer: tenemos educación, tenemos títulos, pero no oportunidades, no se nos anima. Quiero que esto cambie. Igual que abrí camino en la industria de la moda, quiero hacer lo mismo en la industria de los medios”, ha declarado.

Las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los “delitos antinaturales”, que cometerá “quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal”.

Los condenados por estós “delitos” “serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa”. La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, a parte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

Por eso, sin duda, una buena noticia que visibiliza de forma positiva a la comunidad trans de Pakistán. Algo muy necesario en un país en el que las condiciones de vida de la comunidad LGTB son muy duras, aunque al menos las personas trans gozan de una cierta aceptación social, que se ha acompañado incluso de medidas políticas. En julio de 2009 la Corte Suprema, por ejemplo, daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un “tercer sexo”. En marzo de 2017 una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans, y en agosto del año pasado comenzó a tramitarse un proyecto de ley que reconoce el derecho de las personas trans a decidir sobre su propia identidad de género y a modificar sus documentos para que se ajusten a la misma y prohíbe la discriminación en una serie de ámbitos, como la educación, el empleo, la salud, la prestación de servicios, el transporte, la vivienda o el acceso a cargos públicos. El proyecto, tras una serie de modificaciones, fue aprobado de forma unánime por el Senado de Pakistán a principios de este mes de marzo, y ahora debe ser discutido en la Asamblea Nacional.  Y hace unos días publicábamos que Zulfikar Ali Bhutto, nieto del expresidente de Pakistán Bhutto y sobrino de la expresidenta Benazir Bhutto, salía del armario como gay

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En enero de este mismo año, por ejemplo, recogíamos la noticia de la espantosa agresión a dos activistas de TransAction Pakistan, organización que ofrece refugio y apoyo a quienes son víctimas de discriminación por su identidad de género. Cualquier ley que favorezca a las personas trans, en este sentido, es más que necesaria.

Os dejamos, para terminar, con una entrevista a Marvia Malik con motivo de su nueva responsabilidad como presentadora de Kohenoor News. Lamentablemente no podemos ofreceros una traducción de la misma (no dominamos el urdu) pero nos parece interesante insertarla como documento audiovisual:

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El diccionario de Suecia incluye oficialmente un pronombre de género neutro

“Hen”, el pronombre neutro que ya es oficial en Suecia

La Iglesia de Suecia usará el género neutro para referirse a Dios

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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El condenado llevaba humillando a la víctima desde el año 2011.

Llegó a presentarse en su trabajo para exigir que la despidieran.

Observatori contra l’ homofòbia y al presidente de la FELGTB les parece que la condena es “buena y ejemplar”

El acusado ha reconocido los hechos, con lo que ha evitado la celebración del juicio. Ha admitido que desde 2011 la insultaba cuando la encontraba. Le llamaba “maricón de mierda”.

El juzgado de lo penal número 20 de Barcelona ha condenado a un joven de 32 años a 6 meses de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 500 por un delito de lesiones de la dignidad, pero dejando en suspenso la prisión condicionándola a que no vuelva a delinquir en dos años…

Un joven estanquero de 32 años de edad ha aceptado una condena de seis meses de cárcel y 860 euros de multa e indemnización por insultar durante años a una transexual en Barcelona, hasta el punto de que llegó a exigir que la despidieran del bar en el que trabaja la víctima.

En la sentencia, el juzgado de lo penal número 20 de Barcelona impone al acusado, en virtud del acuerdo de conformidad que alcanzó con la Fiscalía, una pena de seis meses de cárcel por un delito de lesiones de la dignidad, si bien la pena de prisión queda en suspenso durante dos años, condicionado a que no vuelva a delinquir.

Además, el juez también ha impuesto al acusado una multa de 360 euros y le ha ordenado indemnizar con 500 a la víctima.

Según la sentencia, el condenado insultó de forma frecuente, al menos desde 2011, a una transexual que se encontraba por el barrio de Barcelona en el que ambos trabajaban.

De hecho, el acusado, que regenta un estanco, le tiró en ocasiones despectivamente el tabaco o las monedas del cambio a la víctima, cuando acudía a comprar a su establecimiento, o incluso escupía al suelo a su pase por la calle por delante del local en el que trabaja.

 El acusado también se dirigió el 3 de octubre a la terraza del bar de la Rambla de Brasil de Barcelona en la que trabaja la víctima para insultarla y exigir al dueño que la despidiera.

El juez también ha impuesto al acusado una condena de dos años de inhabilitación para trabajar en centros educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre y una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o de comunicarse con ella por cualquier medio durante un año.

Desde luego, humillar a una persona trans sale barato: 860 euros pero…

Ejemplar noticia: Condenan a prisión a un estanquero por vejar a un transexual en Barcelona https://t.co/L8mGOk8M9Z vía @elmundoes

— Jesús Generelo (@JesusGenerelo) 21 de marzo de 2018

Molt bona sentència contra l’ agressor a una dona trans #NoTransfòbia https://t.co/9o5cENV3FO pic.twitter.com/MGoLCCNpoY

— ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) 21 de marzo de 2018

Fuente Cáscara Amarga

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Barack Obama, Corte de Apelaciones del 2º Circuito, Corte de Apelaciones del 7º Circuito, Discriminación, Donald Trump, Donald Zarda, ENDA, Estados Unidos, FADA, Homofobia, Jeff Sessions, LGTBfobia, Mike Lee, Partido Republicano, Transfobia

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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La piragüista francesa Sandra Forgues, que compitiendo bajo una identidad social masculina consiguió un oro olímpico en Atlanta y cuatro campeonatos del mundo, ha salido del armario como mujer transexual.“Mi vida íntima estaba en prisión”, ha declarado Forgues, de 48 años. 

Hace solo seis meses que Sandra Forgues vive públicamente como la mujer que siempre ha sido. “Vivo un sueño. Hasta entonces, yo tenía una vida social, familiar y profesional exitosa. Estaba involucrada en millones de cosas. Pero mi vida íntima estaba en prisión. Siempre había pensado que era o una cosa o la otra. Y mientras no sufriese demasiado, daba prioridad a lo más fácil, a mi vida social como hombre, viviendo mis momentos femeninos en secreto para poder soportarlo”, asegura la deportista en una entrevista a L’Équipe. Sentimientos que se remontaban a su niñez. Con 6 o 7 años “todas las noches rezaba para amanecer siendo una niña”, explica.

Durante años Sandra Forgues se refugió en el deporte, desarrollando una más que exitosa carrera como piragüista. Ganó dos medallas olímpicas (un oro en Atlanta y un bronce en Barcelona) y conquistó cinco campeonatos del mundo compitiendo en varias modalidades de canoa. Por entonces su identidad social era masculina y era conocida como Wilfrid Forgues. Hoy, de hecho, Forgues sigue vinculada al mundo del deporte (preside el consejo de administración de un organismo de recursos deportivos en Toulouse).

Aguantó en ese estado hasta septiembre de 2016. Según asegura en la citada entrevista, el sufrimiento se hacía cada vez mayor, acentuado además por el hecho de ver como otras personas trans daban el paso que ella no se atrevía a dar. “Miraba vídeos de personas que habían hecho su transición, que me dejaban paralizada media hora. Yo sabía que para ser feliz tenía que hacer la transición (…) Pero me lo prohibía, acelerando  mi vida femenina clandestina”, comenta. Sin embargo, no fue hasta que su esposa encontró por casualidad algunas de sus piezas de ropa de mujer cuando el proceso se aceleró.

Hoy Sandra Forgues se siente liberada, como antes ocurrió con otras mujeres trans que habían tenido una exitosa carrera deportiva (como la estadounidense Caytlin Jenner o la británica Philippa York, conocida cuando competía como ciclista como Robert Millar). Ha iniciado una nueva vida en la que yo se ve obligada a esconder su faceta íntima, y lo ha hecho además con el apoyo de su esposa. Un nuevo ejemplo de que nunca es tarde para asumirse como uno o una es realmente.

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