Comentarios desactivados en La archidiócesis de Nueva Orleans es investigada por tráfico sexual de menores
Arzobispo Gregory Michael Aymond
La archidiócesis de Nueva Orleans ya se declaró en bancarrota Por casos de abusos
La Policía Estatal de Luisiana ha iniciado una investigación criminal contra la Archidiócesis de Nueva Orleans por sospechas de tráfico sexual de menores. Según una orden de registro aprobada por un juez, víctimas de abusos sexuales alegan haber sido trasladadas a diferentes parroquias y estados, donde sufrieron más abusos.
La declaración jurada por la que se solicita la orden de registro, de la que ha tenido conocimiento radio WWL de Nueva Orleans, alega que múltiples víctimas de abusos sexuales han prestado declaraciones en las que afirman que fueron trasladadas a otras parroquias y fuera de Luisiana, donde sufrieron abusos sexuales. También alega un plan dentro de la archidiócesis en el que se ordenaba a los niños víctimas de abusos que hicieran “regalos” a determinados sacerdotes, con la intención de señalar que los niños eran objeto de abusos sexuales.
Según las alegaciones de la declaración jurada, múltiples víctimas informaron de que fueron llevadas al Seminario de Nueva Orleans, donde se les ordenó “nadar desnudos en la piscina y fueron agredidos o abusados sexualmente”. También alega que los investigadores descubrieron que esto era “algo habitual” y que otros miembros de la archidiócesis estaban presentes.
“Basándose en estos hallazgos, así como en las acusaciones de abusos sexuales a menores generalizados, se determinó que era necesaria una mayor investigación en la archidiócesis de Nueva Orleans”, escribió el investigador Scott Rodrigue en la declaración jurada.
La juez Juana Lombard concedió a la policía la orden de registro la semana pasada, pero las alegaciones de la orden no se hicieron públicas hasta el martes 30 de abril. La orden permite a la policía registrar expedientes personales, registros financieros, comunicaciones y otros documentos relacionados con las acusaciones de abusos sexuales.
La orden reconoce que la policía tiene motivos fundados para sospechar que se ha infringido la ley que prohíbe la “trata de menores con fines sexuales”.
Aunque las alegaciones contenidas en la orden no indican cuándo se produjo el presunto tráfico, la información que llevó a sospechar de tráfico sexual fue obtenida por la policía durante una investigación anterior sobre un sacerdote jubilado llamado Lawrence Hecker, acusado de violar a un adolescente menor de edad en la década de 1970. Hecker fue acusado del presunto delito, pero aún no ha sido juzgado.
La declaración jurada alega que los documentos obtenidos durante la investigación de Hecker muestran que “los arzobispos anteriores… no sólo conocían los abusos sexuales generalizados y no informaron de todas las denuncias a las fuerzas de seguridad, sino que también gastaron fondos de la archidiócesis para apoyar al acusado”.
Uno de los documentos citados en la declaración jurada afirma que un arzobispo en concreto “era consciente de los abusos sexuales generalizados en toda la archidiócesis”, pero la declaración omite el nombre del arzobispo.
En la declaración jurada se alega, sin indicar el período exacto, que la archidiócesis “ignoró” o “encubrió” las denuncias de abusos sexuales generalizados. Alega que, en muchos casos, las denuncias de abusos “no se comunicaron a las fuerzas del orden”. En algunos casos, la archidiócesis proporcionó “pagos monetarios” a las víctimas o a sus familias “para desestimar las denuncias”, según la declaración jurada.
Los investigadores realizaron “un gran número de entrevistas” a personas que denuncian abusos sexuales generalizados contra niños en la archidiócesis, según la declaración jurada. Todavía se están realizando entrevistas.
La archidiócesis de Nueva Orleans se declaró en bancarrota en mayo de 2020 en medio de problemas financieros causados por la pandemia de COVID-19 y los costos de litigios y acuerdos relacionados con presuntos abusos sexuales.
Comentarios desactivados en Desde las fauces de la esclavitud moderna
Rescatada de la trata de personas recibe premio al empoderamiento de la mujer en India
Manos Unidas presenta un emocionante ejemplo de lucha frente al tráfico humano
Cerca de 330 mujeres y 230 niños desaparecen cada día en Chhattisgarh para ser traficados
Las Hermanas Misioneras de María llevan muchos años trabajando en este ámbito a través de campañas de prevención en las aldeas y rehabilitación de las niñas rescatadas
“Acabé con una “señora” que me drogó y me dejó en manos de dos hombres que abusaron sexualmente de mí“
(Manos Unidas).- Cerca de 330 mujeres y 230 niños desaparecen cada día en Chhattisgarh para ser traficados. En su mayoría, son mujeres jóvenes y niños carentes de toda educación que viven en condiciones de pobreza extrema y son susceptibles de ser engañados por parte de los traficantes que les prometen un trabajo digno en las ciudades.
Las Hermanas Misioneras de María llevan muchos años trabajando en este ámbito a través de campañas de prevención en las aldeas, la denuncia de casos ante la policía y los tribunales y la rehabilitación de las niñas rescatadas. La hermana Annie, directora de un proyecto apoyado por Manos Unidas, nos envía la historia y el testimonio de dos chicas de 13 años que, deseosas de huir a Delhi para evitar matrimonios forzados, o simplemente para poder ganarse la vida, fueron engañadas por supuestos «protectores» que les prometieron un trabajo digno e independiente. En ambos casos, estas personas desconocidas empujaron a las chicas a las garras de los que se dedican a la explotación de jóvenes.
«Me llamo Sneha Kujur. Pasé por un par de familias en las que me maltrataban, obligándome a realizar jornadas de 20 horas. En mi desesperación, acabé con una “señora” que me drogó y me dejó en manos de dos hombres que abusaron sexualmente de mí. No pude demostrar nada, pero quedé embarazada y mi “protectora” me llevó a abortar en condiciones deplorables. Sobreviví de milagro. Finalmente, decidí contactar con mi familia, que me informó de la existencia de la hermana Annie y de la organización Jeevan Jharna Vikas Sanstha (JJVS) que me rescataron con la ayuda de la policía».
“Dos chicas de 13 años que, deseosas de huir a Delhi para evitar matrimonios forzados, o simplemente para poder ganarse la vida, fueron engañadas por supuestos «protectores»“
«Soy Parwati Chowan. Afortunadamente, las hermanas de JJVS llegaron a tiempo y pudieron evitar que los “protectores” me llevaran hacia Delhi y me acogieron en su centro. Colaboré en la apertura de la pastelería “Bety Zindabad Bakery” y actualmente soy la encargada y estoy enseñando a todas mis compañeras».
Panadería en la que se forman las chicas víctimas de explotación y trata
Con el apoyo de Manos Unidas y JJVS, ambas jóvenes han podido recibir formación de costura y de panadería y sus esfuerzos han sido recompensados y reconocidos.
El pasado año, el Ministerio de la Mujer otorgó a la pastelería, de manos del Presidente de la India, el premio al empoderamiento de la mujer. Ahora son ellas las que están dando los cursos de formación a otras 12 chicas también rescatadas.
Este es uno de los ejemplos de los proyectos que Manos Unidas apoya en Asia para luchar contra el tráfico humano mediante la prevención, el rescate y la rehabilitación de las mujeres, niños y niñas víctimas de esta forma de esclavitud moderna.
Entre 6.000 y 10.000 inmigrantes y refugiados rohingya y bangladeshíes, a la deriva en el sureste asiático tras la campaña contra el tráfico humano lanzada por las autoridades tailandesas
Indonesia, Tailandia y Malasia han decidido expulsar a los barcos de sus costas, abandonando a su suerte barcos cargados de personas sin agua ni alimentos
Muchos traficantes están abandonando sus barcos, con sus ocupantes a bordo, para evitar ser detenidos
Mapim
En las imágenes se ven familias enteras a bordo de barcazas de madera, anegadas por el oleaje y la lluvia. Padres llorosos e impotentes con niños aterrados y demacrados que parecen amontonados, sin apenas espacio para moverse, que viajan hacinados en endebles embarcaciones donde se agotan las reservas de alimentos y agua potable, soportando las altas temperaturas sin destino fijo. Partieron hace dos meses con destino a Malasia pero hace varios días la tripulación abandonó el barco a nado, para evitar ser detenidos. De las costas malasias fueron rechazados, como les ocurrió en las aguas territoriales tailandesas. Hoy, los pasajeros beben su propia orina y lanzan por la borda los cadáveres de aquellos que no superan la travesía. A gritos, contaban a los periodistas que se acercaron a ellos que ya llevan 10 muertos.
Hablamos sólo de un barco con 350 pasajeros pero son miles los refugiados e inmigrantes que, en estos momentos, pasan por la espeluznante experiencia de haber sido abandonados en alta mar y que se enfrentan a una muerte segura si nadie les rescata. No se trata del Mediterráneo sino de la Bahía de Bengali y el estrecho de Malacca, entre el Pacífico y el Indico. Es allí donde unas 6.000 personas, según las estimaciones más conservadoras, y 10.000 según las más alarmistas corren el riesgo de morir de hambre y sed o, simplemente, de ahogarse después de que las autoridades de Malasia, Tailandia e Indonesia hayan anunciado que rechazarán toda embarcación que se acerque a sus costas. “No dejaremos que se acerque ningún barco extranjero salvo que se esté hundiendo”, ha anunciado el responsable de la agencia marítima malasia, Tan Kok Kwee. “En caso contrario, les entregaremos provisiones y les obligaremos a marcharse”. La postura es similar a la adoptada por Indonesia. “No deberían haber entrado en aguas indonesias sin permiso”, denunciaba el portavoz del Ejército Fuad Basya.
Según UNCHR, agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, un millar de personas han muerto desde marzo en esta huida desesperada por el mar. Fallecen de hambre, deshidratación o golpeados hasta la muerte por los traficantes, y la cifra aumentará en las próximas horas si prosigue el rechazo a lanzar operaciones de rescate para auxiliar a los barcos que permanecen en alta mar a la espera de una costa segura donde atracar. “Francamente, tienen pocas posibilidades de sobrevivir sin agua ni alimentos”, evalúa John Lowry, portavoz de la Organización Internacional de Migraciones. “Las condiciones a bordo deben ser horribles”.
Sólo en 2014, se estima que casi 55.000 birmanos rohingya o bangaldeshíes tomaron estos barcos como último recurso para escapar de la persecución o de la miseria, una cifra rebasada con creces este año: sólo en los tres primeros meses, 25.000 rohingya pagaron una fortuna para escapar.
Mapim
El problema que ahoga hoy a centenares no es nuevo, simplemente ha sido ignorado hasta que la realidad de las fosas comunes ha estallado en la cara de los dirigentes. Hace dos semanas, el hallazgo de un campo de tráfico humano en la jungla tailandesa con una treintena de fosas removía conciencias. Fueron hallados 26 cadáveres de inmigrantes bangladesíes o refugiados birmanos de la comunidad rohingya, una de las más perseguidas del mundo.
En su país, Birmania, esta minoría musulmana (800.000 habitantantes) no tiene derechos. Ni siquiera es llamada por su nombre. “Llevan sufriendo desde hace muchos años abusos y persecución estatal. Hay unas 150.000 personas en situación de apartheid y eso les lleva a embarcarse”, explica el director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, desde Bangkok. Los rohingya viven confinados en poblados rodeados por el Ejército, sin posibilidad de trabajar y por tanto sin futuro: una situación tan desesperada que todo aquel que puede reunir los 2.000 dólares necesarios, los paga a una mafia de inmigración para que le ayude a escapar a Malasia, Estado musulmán vecino donde siempre hay un familiar o amigo que, confía, le ayude a empezar una nueva vida, o a cualquier otro destino donde no sean perseguidos.
Unos 140.000 rohingya ya han seguido ese camino desde que en 2012 la violencia religiosa se cobrara 280 muertos. En cuanto a los bangladeshíes, la pobreza les lleva a buscar oportunidades a cualquier precio.
Se trata de un negocio que mueve 250 millones de dólares al año, valoran en Tailandia, y una oportunidad de oro para las mafias sin escrúpulos que han desarrollado una industria intermedia, la del secuestro: tras pagar sumas astronómicas por un pasaje en una barcaza ilegal, sin apenas agua ni alimentos, que a veces tarda meses en consumarse –dependiendo de si se llena o no la barcaza y de los controles marítimos- muchos traficantes les obligan a parar en la costa tailandesa. Allí les hacen andar a pie por la jungla con la promesa de hacerles cruzar la frontera con Malasia a pie, pero antes deben parar en campamentos provisionales erigidos por la jungla donde son confinados, a veces encadenados, por guardianes armados.
Allí el agua escasea, los alimentos son casi inexistentes y los abusos están a la orden del día. Pueden hacer una llamada telefónica a sus familiares, durante la cual serán golpeados para añadir dramatismo: en ella, pedirán a sus seres queridos que paguen un rescate a sus secuestradores. Otros 2.000 dólares que no todos pueden recaudar. En el caso de no pagar –mediante un intermediario en su país de origen- a las mafias, hay variantes: pueden ser golpeados hasta la muerte o vendidos como esclavos a barcos pesqueros, en el caso de los varones, o como esclavas sexuales en el caso de las mujeres.
El relato de Mohammed Tasin, un joven rohingya de 18 años de Sittwe, en el Estado de Rakhine (Arakan) resume bien esa realidad. El joven abandonó Birmania en 2012 en un barco que llevaba a un centenar de mujeres, hombres y niños. “Nos arrestaron las autoridades tailandesas en el mar”, explicaba a la ONG Fortify Rights. “Nos dieron agua potable y cortaron el ancla remolcando el barco al oeste por un día y una noche. Después, nos dejaron marchar”. El barco terminó encallando en una isla tailandesa, donde volvieron a ser detenidos. Durante 11 meses, el grupo permaneció arrestado en un centro de inmigrantes ilegales de Ranong. Después, los oficiales tailandeses les entregaron a traficantes de personas que se llevaron a Mohammad y al resto a un campo situado en lo más remoto de la jungla. Entre torturas, les exigían 60.000 bath (unos 2.000 dólares) por persona. El joven describió cómo asistió al asesinato de varios secuestrados: los traficantes les obligaron a cavar fosas comunes donde enterrar sus cadáveres. “En las últimas semanas, 17 personas murieron. Los enterramos al amanecer. A veces, cuando regresábamos al campo, encontrábamos que otro había muerto”.
El negocio del secuestro de refugiados e inmigrantes era un secreto a voces en Tailandia, como ya contamos en Periodismo Humano, pero las autoridades negaban su existencia hasta que las imágenes de las fosas y de los famélicos supervivientes hallados al borde de la muerte fueron publicadas en la prensa. En un momento, además, sensible para las autoridades ya que el próximo mes Estados Unidos revisará su Informe de Tráfico de Personas (Tailandia, que ocupa el último escalón, intenta mejorar su graduación para así evitar sanciones) y la UE acaba de sacar ‘tarjeta amarilla’ amenazando con prohibir las importaciones de pescado a Tailandia si Bangkok no se compromete con el final de la pesca ilegal y de la esclavitud en los barcos pesqueros. Leer más…
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