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Mujer a la que le aplicaron descargas eléctricas para “curar” su sexualidad pide al gobierno de Nueva Zelanda que admita la “tortura”

Viernes, 29 de noviembre de 2024
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IMG_8601Joan Bellingham estaba formándose para ser enfermera cuando fue ingresada en un pabellón psiquiátrico por ser lesbiana.

12 de noviembre. Escrito por Chantelle Billson

Una mujer a la que le aplicaron más de 200 descargas eléctricas (que le provocaron quemaduras graves y episodios de ceguera) en un intento de “curar” su sexualidad, ha pedido al gobierno de Nueva Zelanda que reconozca la tortura infligida a ella y a otras personas.

Joan Bellingham también ha sufrido pérdida de memoria como resultado de lo que ella llama “tortura”, que incluyó ser obligada a tomar un cóctel de medicamentos, mientras estaba bajo el cuidado del Hospital Princess Margaret, en Christchurch, entre 1970 y 1982.

Presentó una reclamación a través de la Accident Compensation Corporation (ACC) en 1987 por las quemaduras en su cuero cabelludo, pero tuvo que esperar 12 años antes de recibir NZ $10,000 (£4,600/$5,970) en compensación por las quemaduras y $1,500 (£695/$895) por los dolores de cabeza crónicos resultantes.

En 2012, se acercó a la Crown Health Funding Agency y recibió un “pago de bienestar” de $4,000 (£1,850/$2,390) y parte de sus costos legales, pero el acuerdo tuvo que permanecer en secreto y las autoridades se negaron a admitir ninguna irregularidad.

Pero, en declaraciones a Radio New Zealand, ahora pide al gobierno que reconozca la tortura que se practica bajo la apariencia de tratamiento médico en instalaciones de toda Nueva Zelanda.

“Un dolor horrible”

Los registros de la terapia electroconvulsiva (TEC) de Bellingham se han perdido, lo que significa que nunca se revelará por completo el alcance de lo que sufrió. Sin embargo, algunos documentos que quedan detallan los cientos de descargas a las que fue sometida.

Afirmó que le habían aplicado más de 200 descargas, simplemente por ser lesbiana. “Sabía que cada vez que entraba allí iba a experimentar este dolor horrible”, dijo. “Me inyectaron algo que me paralizó. Había alguien de pie allí con la caja de TEC, y alguien [que] estaba en recuperación [estaba] gimiendo y gimiendo. Sabía que esa sería yo, si sobrevivía. Cada vez, pensaba que iba a morir. Recuerdo el dolor, los horribles dolores de cabeza que me sobrevinieron después, los vómitos continuos, a veces la ceguera, las quemaduras graves en la cabeza, que supuraban. Me aplicaron de nuevo el mismo día un tratamiento de choque”.

‘Como una droga mortal’

La práctica pseudocientífica de la terapia de conversión va desde las descargas eléctricas que sufrió Bellingham hasta el psicoanálisis, los tratamientos de aversión, las drogas que provocan náuseas o simplemente “rezar para que desaparezca la homosexualidad”. Las organizaciones médicas y de salud mental tradicionales han rechazado todas las formas durante décadas.

Bellingham recordaba la “droga mortal”, que la dejó con un “dolor horrible”. Un médico le hizo “muchas preguntas sexuales inapropiadas”, añadió. “Si estuvieran haciendo algo para curar a alguien que estaba enfermo, sería una taza de té diferente. Cuando entré allí, no era una persona enferma. Me estaban dando un dolor indescriptible, me estaban quitando la memoria, me estaban quitando la personalidad, me estaban dejando ciega, me quemaron la cabeza.”

“Eso es una tortura para mí”.

También afirmó que un niño que también estaba recibiendo el “tratamiento” se suicidó más tarde.

La directora general del Ministerio de Salud, la Dra. Diana Sarfati, pidió disculpas el martes (12 de noviembre) a todos aquellos que sufrieron abusos en los centros de atención y salud estatales entre 1950 y 1999.

En una declaración a PinkNews, un portavoz del Ministerio de Salud dijo: “El Ministerio reconoce a los sobrevivientes que compartieron sus experiencias con la Comisión Real. El Ministerio también reconoce a aquellos sobrevivientes que no participaron, o ya no pudieron participar, en la investigación.

“El Ministerio de Salud, en particular, reconoce el daño experimentado por las personas en los servicios de salud y salud mental. Cualquier daño, y especialmente cualquier abuso como resultado de la confianza depositada en las instituciones gubernamentales, es inaceptable”.

Fuente PinkNews

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Travesticidio de Sofía Fernández: marcha frente a la comisaría de Pilar donde la mataron

Viernes, 16 de agosto de 2024
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Familiares y activismos marcharon hasta la comisaría 5ta. de Derqui (Pilar, pcia de Buenos Aires), donde en abril de 2023 la autopsia indicó que asesinaron y torturaron a Sofía Fernández, una docente trans. Hay 10 policías acusados pero el juez liberó a 9 aunque las pericias dicen que participaron más de dos personas. También le quitó el agravante de odio.

Fuente Agencia Presentes

31 de julio de 2024

María Eugenia Ludueña
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

A 15 meses de que Sofía Fernández “apareciera” muerta en una celda de la comisaría 5ta. de Derqui, partido bonaerense de Pilar, su hermana Mabel Valdez, junto a activistas, organizaciones y autoconvocades marcharon hasta esa dependencia policial.

“Nadie se suicida en una comisaría”. “Yo sabía, yo sabía, que a Sofía la mató la policía”. “Adonde vayan los iremos a buscar”. Con estos cantos unas setenta personas salieron de la estación de servicio en la esquina de ruta 8 y Las Magnolias, y marcharon unos 300 metros hasta la comisaría.

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***

Al frente Mabel sostuvo la bandera que dice: Justicia por Sofía Fernández, fue travesticidio. Estuvo acompañada por Higui de Jesús –llegó desde San Miguel junto a su perra Tita–, activistas trans y travestis, y representantes de organizaciones de género, políticas y sociales llegadas desde distintos puntos del conurbano. La movilización fue convocada por la Comisión de Justicia por Sofi.

Mabel Valdez, la hermana de Sofía Fernández

Qué pasó con Sofía

Sofía era profesora de Lengua, sufría discriminación como docente y estaba por iniciar la carrera de Enfermería. Fue detenida en lo que se presume una causa armada por policías municipales, que le asignaron un robo.

Entró a la comisaría de Derqui el 8 de abril de 2023. Sus familiares fueron a verla pero no los dejaron. El 11 de abril integrantes de Gendarmería les avisaron que Sofía había muerto en una celda. La autopsia reveló que falleció por asfixia. Tenía una bombacha y un pedazo de colchón obstruyéndole las vías aéreas. Y había sido golpeada, torturada y abusada.

Diez policías fueron acusados, cinco por homicidio y cinco por encubrimiento. Estuvieron presos pero finalmente fueron liberados por el juez  Walter Saetone, del Juzgado de Garantías N° 7 del Municipio de Pilar, por falta de mérito, a excepción de uno, Carlos Rodríguez, oficial ayudante. Aunque las pericias indicaron que se necesitaron más de dos personas para matarla.

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IMG_6544Qué se reclama

Existen varios reclamos impulsando la marcha: protestar por la liberación de nueve de los diez policías acusados y por la designación de los peritos para defenderlos, en la órbita del ministerio de Seguridad. Pedir a esa dependencia medidas de protección para familiares de la víctima (que la Justicia rechazó) y la cobertura de traslados cada vez que deben movilizarse por trámites judiciales y encarar viáticos que no alcanzan a costear. La hermana de Sofía también pide reunirse con el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, para transmitirle estos pedidos en persona.

Presentes se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense, pero no quisieron hacer declaraciones, con el argumento de tratarse de una causa en investigación que involucra policías y que debe atender la Justicia.

IMG_6543Higui de Jesús y Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández

Tensión en ruta 8

Hubo momentos de tensión con el tránsito que, sin nadie pudiera ordenar la calle, no tuvo contemplaciones con les manifestantes. Estaba dispuesto a pasarles con su vehículos por encima, aunque la marcha tras unos metros aceptara despejar un carril.

La propia policía cortó la ruta 8 cuando la manifestación llegó a la comisaría, rodeada de una docena de uniformades, muches con la cara cubierta. La hermana de Sofía se acercó lo más que pudo a las cintas con que estaba cercada la dependencia policial, y miró al personal policial a los ojos, mientras les decía: “Llegará el momento en que todos paguen. Será cuestión de tiempo que mi hermana tenga justicia. Sofi no descansa en paz porque sus asesinos están libre. Yo tampoco tengo paz”.

Mabel les preguntó: “¿Cuántos de ustedes vieron el cuerpo de una mujer después de varios días sin vida? ¿Cuántos de ustedes tienen a una persona trans en la familia?” Y recordó: “Sofía entró caminando en esta maldita comisaría y salió en una camilla sin vida por culpa de ustedes. Yo era la primera vez, tuve que verla. No me animaba ver a mi hermana en pedazos. como me la entregaron. Que la muerte de mi hermana no deje sus conciencias tranquilas”.

“Esto es una defensa corporativa”

Con el megáfono abierto tomaron la palabra activistas y autonconvocades. Entre elles, Higui de Jesús, absuelta en un juicio por defenderse de una violación “correctiva” por parte de una patota de varones. “Cuando nosotros entramos a una comisaría nos sacan foto de todo el cuerpo, como me pasó cuando estuve ocho meses presa y no había una gota de sangre de quienes me violaron”, les dijo. “Me gustaría mirar esas fotos de ustedes, asesinos y cómplices, de cómo la torturaron a nuestra compañera”.

Quimey Ramos, activista travesti por los ddhh y docente, expresó: “Esto es una defensa corporativa. No ha habido uno que se despegue a decir esto fue un crimen, no voy a ser parte. Por otro lado, toda la estructura, por fuera y por encima de la comisaría, se dedica a protegerlos. Ya cuentan con cuatro abogados defensores de Seguridad de la provincia. Y se les concedió que haya peritos que van a poner sus saberes profesionales para justificarlos, policías en actividad”, resaltó.

IMG_6545La activista Quimey Ramos junto a Higui de Jesús

Quimey vinculó el accionar policial a un contexto estructural. “Si pensamos que es solo una cuestión de maldad, terminamos creyendo que son cuestiones individuales. No se trata de buenos o malos”. Y dándose vuelta para mirar a les policías, les dijo: “Ustedes creen están cumpliendo con su trabajo. Pero la diferencia es el lugar que ocupamos en el mundo. Ustedes también han venido de familias humildes, en su mayoría. El problema es estructural: ser el brazo que dispara sobre les pobres. Este sistema crea desempleo, pobreza y vidas vulnerables y la única manera de sostenerlo en medio de tanto ajuste es manteniéndolos a ustedes sin poder cuestionarse que también son cómplices”.

“El caso de Sofía Fernández no debe quedar impune. Luchemos juntes!”, arengaba desde el micrófono la activista trans Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad. Y Fernanda Ludueña, desde la Defensoría de géneros, Feminismo clasista por la autodefensa, sumaba también el pedido de Justicia por Loan, “víctima de policías corruptos”.

“Mabel escucha tu lucha es nuestra lucha”, coreaban les presentes para abrazar a la hermana de Sofía. Ell viernes pasado Mabel estuvo acompañando a la familia de Tehuel en la última audiencia del juicio y marchó junto a otras madres víctimas de violencias.

El juez quitó el agravante por odio

La investigación del homicidio la lleva la Fiscalía. Este equipo lo integran Esteban Álvarez, fiscal de investigación de drogas ilícitas de San Isidro; Manuel Cayuela, del área de Género; y la ayudante fiscal Victoria Santamaría–. La fiscalía, explicó hoy a Radio Semilla el abogado querellante  Ignacio Fernández Camillo, había pedido la calificación del agravante por odio a la identidad de género y también la participación de dos o más personas. Pero el juez Saetone, “al liberar a nueve policías por falta de mérito, basándose en sus declaraciones, también quitó la participación de dos o más personas y el agravante por odio, algo esencial para el curso de la investigación”, señaló Camillo.

De las declaraciones de los policías,  “no surge nada que aporte a cómo murió Sofía”, explicó el abogado. “Pero de las declaraciones del jefe de la morgue de Lomas de Zamora y de la perito, surge que no fue un suicidio y que intervinieron mas de dos personas”, enfatizó el abogado.

(Pincha sobre las imágenes para ampliarlas.)

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Movilh alerta sobre el uso de ofensas homofóbicas en el Ejército para torturar soldados

Sábado, 11 de mayo de 2024
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IMG_4556Luego de conocerse que un conscripto falleció durante un ejercicio militar tras ser tratado de “maricón” y “cobarde” por un coronel, el Movilh instó al Ejército a adoptar medidas para erradicar “las ofensas homofóbicas que hoy se usan para denigrar o torturar soldados”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su solidaridad con los seres queridos del conscripto Franco Vargas  (19), quien murió  el pasado 27 de abril durante un ejercicio militar, además de rechazar  “la permanencia de acciones o discursos homofóbicos al interior del Ejército que son usados como mecanismo de tortura”.

La reacción del Movilh tuvo lugar luego de que el abogado Sebastián Andrade, quien representa a Rommuy Vargas, la madre del conscripto; diera a conocer algunos antecedentes del fallecimiento, teniendo como fuente a otros uniformados.

Andrade precisó que la marcha de instrucción se realizó en la mañana del 27 de abril con -15° y con los soldados vistiendo ropas delgadas, sin una primera capa.

“Antes de iniciar Franco le dice al coronel [el instructor militar] yo no me siento en condiciones, no creo que lo vaya a lograr y el coronel hace caso omiso. Salen a caminar, Franco se desvanece, se desmaya. El coronel repetidamente lo humilla, esto por testimonios de otros conscriptos, lo trata de cobarde, lo trata de maricón, lo trata de que ese no es un soldado y que no pueden tener a personas así”, dijo el abogado a Chilevisión.

El encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez, sostuvo que “este relato nos indigna especialmente, pues da clara cuenta de  que coroneles o instructores militares utilizan conocidas ofensas homofóbicas, como lo es  el vocablo maricón, para denigrar, denostar y hasta torturar a uniformados. Todo tipo de tortura u humillación es deleznable, pero los discursos de odio que acompañan estas horrorosas prácticas incrementan la gravedad de los  abusos”.

“Las “instrucciones”  que utilizan ofensas homofóbicas envían una señal de terror y amenaza  a todos/as los/as uniformados/as LGBTIQ+, además de promover entre uniformados heterosexuales el  odio o el desprecio hacia la diversidad sexual y de género, lo cual es gravísimo e ilegal a la luz de la Ley Zamudio”, añadió.

El Movilh puntualizó que “la homo/transfobia no daña solo a quienes son LGBTIQ+. Daña toda persona que es identificada o tratada como tal como el único fin de torturar o denigrar. Exigimos al Ejercito que en sus investigaciones en torno a este caso también sancione las ofensas homofóbicas o discursos de odio y adopte medidas para prevenirlas y erradicarlas. Esperamos que el Ministerio de Defensa recuerde a las Fuerzas Armada, de Orden y de Seguridad que la discriminación es ilegal y que el uso o promoción de los discursos de odio debe ser erradicado, jamás tolerado”.

Fuente MOVILH

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Un documental relata la historia de dos sobrevivientes trans detenidas y torturadas en la dictadura argentina

Viernes, 3 de mayo de 2024
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Fuente Agencia Presentes

22 de marzo de 2024
Agustina Ramos
 Edición: Ana Fornaro


“Donde habite la memoria” es un documental que cuenta la vida de Julieta González y Fabiana Gutiérrez, sobrevivientes del centro clantestino Pozo de Banfield.

HIJXS denuncia atentado político: una militante feminista de la agrupación fue golpeada y abusada

“Ahí está Judith, con ella yo estuve en el Pozo de Banfield. Esta soy yo, la Mosca Tse Tse, la Carla Pericles y la Marcela Ibañez en la Plaza de San Fernando. Plena dictadura esto”. Julieta Alejandra González, conocida como “La Trachyn”, sostiene entre sus uñas rosa pastel una foto en blanco y negro de sus amigas y de ella posando veraniegas ante el disparo de una cámara que inmortaliza el momento. La imagen pertenece al documental Donde habite la memoria, una producción audiovisual que condensa parte de las vidas de Julieta y Fabiana Gutiérrez, dos sobrevivientes trans de la última dictadura cívico militar, detenidas ilegalmente en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Pozo de Banfield” entre 1976 y 1977.

IMG_3701IMG_3702Fabiana Gutiérrez. Foto 2: Carolina Musso

“Tantas de mis compañeras ya no están más, de las que estuvieron detenidas en este Pozo. Era el Pozo del terror para nosotras”, dice Fabiana en un fragmento del mediometraje. En el Pozo de Banfield estuvieron secuestradas alrededor de 440 personas, de las cuales 170 fueron asesinadas o desaparecidas. 

En abril de 2023, cinco mujeres trans y travestis sobrevivientes de la dictadura -entre ellas, Fabiana y Julieta- declararon por primera vez en un juicio de lesa humanidad por las torturas y vejaciones que sufrieron durante el Terrorismo de Estado. El próximo martes a las 13.30 se leerá la sentencia en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, en el marco de esta causa que juzga los crímenes perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como Causa Brigadas.

“Nunca más alguien tiene que estar en esos lugares, sentir que ellos eran dueños de tu vida, que te basureaban como querían, te violaban. Y uno no podía decir nada de eso. Hoy poder contarlo es una alegría amarga. Es justicia”, expresó a Presentes Trachyn, que actualmente milita en la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Historias que hablan por otras 

El documental es una tesina de grado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, dirigido por María Clara Olmos y Carolina Musso. La semana pasada se presentó en el espacio de Memoria ex CCDTyE Pozo de Banfield, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. A este lugar regresaron las protagonistas -Fabiana por primera vez desde la vuelta de la democracia- en distintas escenas del film.

“Una decisión fuerte fue focalizar en ellas dos, que sean las protagonistas y que lo que guíe el documental sean sus historias, que si bien son particulares e individuales, con ellas se reflejan las historias de tantas otras compañeras del colectivo. Creemos que en eso individual está lo colectivo”, compartió a Presentes Olmos, quien es comunicadora y periodista de la agencia Télam.

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IMG_3703Julieta Alejandra González. Foto: Carolina Musso

A lo largo del documental, ambas relatan lo que vivieron durante sus detenciones ilegales: torturas físicas y psicológicas, abusos sexuales, trabajo forzado. “Les gustaba que nosotras sufriéramos de una manera absurda. No sé qué es lo que querían lograr con esta situación. Era una obsesión que tenían. Usaron el poder contra nosotras, nos hicieron muchísimo daño. A las que tenían un valor más fuerte que yo, que se sabían defender, a ellas las hicieron desaparecer. No podíamos tener un objetivo, una razón de vida”, Fabiana a Presentes, a través de una llamada desde Italia, donde se exilió en la década de 1980. Cuando fue detenida por primera vez contaba con 14 años y hoy, con 62.

Sus recuerdos no solo se centran en lo que vivieron en carne propia, sino también en lo que pudieron observar u oír sobre les demás detenides. “Todos los días de mi vida veo a esa chica jovencita que vi encerrada en un calabozo. Veo esa cara de tristeza, angustia, dolor, como diciendo por qué yo, por qué estoy en este lugar. Nada justificaba que esté esa chica ahí. Hoy ser la voz de ella y de esos chicos que nos preguntaban desde arriba ‘¿dónde estamos?’ Nosotras decíamos: ‘En el Área Metropolitana de Banfield’”, recordó Julieta.

En El Pozo estuvieron detenidas por lo menos 30 mujeres embarazadas, según los registros que existen. Entre 1976 y 1977 funcionó una maternidad clandestina, donde nacieron al menos ocho bebés, de los cuales seis recuperaron su identidad. Los llantos de algunos de ellos los recuerdan hasta el día de hoy las sobrevivientes.

Negacionismo y necesidad de reparación

El documental se estrenó a pocos días del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura argentina. En un momento en el que el presidente Javier Milei niega que haya habido 30 mil desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel promueve la teoría de los dos demonios, el mediometraje viene a dar luz en otro sentido.

“En el contexto socio-político actual, con un gobierno con expresos componentes negacionistas e incluso reivindicadores de la dictadura como el de Milei, hay un énfasis en la circulación de discursos que ponen en duda nuevamente el plan sistemático de violacion de derechos humanos implantado durante la dictadura. Creemos que el documental puede contribuir a desmitificar estos discursos con el relato de lo que vivieron Julieta y Fabiana por simplemente ser quienes son”, sostuvo Musso, técnica en Dirección de Fotografía y cámara cinematográfica por la Universidad del Cine.

IMG_3705Julieta Alejandra González

La realización del documental contó con el acompañamiento de los tutores Eduardo Morales, Silvina Manguía y María Rosa Gómez, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. “Este trabajo fue no solo nuestra tesis de grado, sino también una síntesis de todo nuestro paso por la carrera de Comunicación en particular y por la universidad pública en general, que tantas herramientas nos ha dado para seguir construyendo y abonando a la memoria de nuestro país”, compartió Olmos.

Por todo lo vivido, Julieta y Fabiana, en coincidencia con el activismo travesti trans, piden un reconocimiento. Se trata de una reparación monetaria para todas aquellas adultas mayores que vivieron violencia institucional. También reclaman por el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, que busca garantizar la inclusión social del colectivo y el ejercicio pleno de sus derechos.

“Fuimos combatidas y no nos dejamos combatir porque seguimos luchando, seguimos creyendo en nosotras. Sé que todas mis compañeras que no están en este momento lo hubiesen hecho igual como lo estoy haciendo yo: dando información para que la gente sepa”, concluyó Fabiana.

22 de marzo de 2024
Agustina Ramos
 Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

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Activistas denuncian que ‘Nadie está a salvo en Chechenia’: La vida del superviviente de la tortura acusado de ser gay está en riesgo.

Miércoles, 13 de septiembre de 2023
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IMG_0515Firmad, por favor, la acción para evitar su extradición a Rusia.

En 2020, un hombre huyó de Chechenia a Armenia después de que la policía lo encarcelara, lo golpeara y lo electrocutara, acusándolo de ser gay. Ahora, una campaña global está pidiendo al país que se asegure de que no sea extraditado a Rusia por cargos falsos.

El grupo global de defensa LGBTQ+ All Out y NC SOS –activistas que ayudan a personas LGTBIQ+ y otras personas marginadas en crisis en la región rusa del Cáucaso Norte– lanzaron una campaña pidiendo a las autoridades armenias que detengan la extradición de Salman Mukaev a Rusia y salven su vida.

Mukaev, un hombre heterosexual que nació y creció en Chechenia, huyó del país en marzo de 2020 después de ser arrestado y golpeado por una acusación de que era gay.

Las acusaciones son extremadamente peligrosas dada la violenta “purga gay” llevada a cabo por las autoridades en Chechenia. La represión anti-LGBTQ+, revelada por primera vez en 2017, vio a decenas de hombres secuestrados, torturados y asesinados por su orientación sexual real o percibida.

Durante siete días, Mukaev fue atado, estrangulado, electrocutado y obligado a declarar que había tenido una relación sexual con un amigo.

Después de soportar tal tortura, el checheno fue obligado a firmar hojas de papel en blanco bajo la amenaza de que las autoridades lo acusarían de cargos inventados de almacenamiento ilegal de municiones si no cooperaba con ellas.

Las fuerzas de seguridad chechenas presionaron a Mukaev para que se reuniera con hombres homosexuales en línea y los atrajera a un departamento especial donde serían detenidos por las autoridades. Pero Mukaev se negó valientemente y huyó del país temiendo por su vida el mismo día en que fue liberado.

Actualmente, Mukaev se encuentra en Armenia, pero el país amenaza con enviarlo de regreso a Rusia debido a un caso criminal falso iniciado en el país. Si es extraditado, los activistas temen que lo devuelvan a las autoridades chechenas, donde podrían ejecutarlo.

La próxima audiencia de su caso está prevista para el 12 de septiembre, por lo que la urgencia de salvar su vida es real.

Yuri Guaiana, director senior de campañas de All Out, dijo que la “horrible experiencia” de Mukaev arrojó luz sobre la “realidad escalofriante e inmediata” que enfrenta mucha gente en Chechenia. Por eso es importante que la gente se una en apoyo de Mukaev y ayude a salvar su vida.

All Out cree que, al unirse, la gente puede presionar a las autoridades armenias para que concedan asilo a Mukaev en el país o le permitan un paso seguro a algún otro lugar de Europa.

Aleksandra Miroshnikova, portavoz de NC SOS, dijo a PinkNews que el caso de Mukaev subraya aún más el hecho de que “nadie está a salvo” –especialmente las personas LGBTQ+– en Chechenia o incluso en Rusia. “No pueden simplemente ir a otra región de Rusia como Moscú o San Petersburgo y simplemente vivir sus vidas”, dice. “Ni siquiera están seguros en otros países… porque Salman abandonó el país. Es una persona libre. Puede ir a donde quiera y tiene un país europeo esperándolo y dispuesto a conseguirle asilo. Pero ahora no puede salir de Armenia debido a un caso criminal inventado en Rusia”.

Miroshnikova describió a Mukaev como “el hombre más corriente que puedas encontrar en Chechenia”. No es “una especie de activista” o político. Él, como muchos otros, son simplemente ciudadanos “corrientes” que fueron procesados por las autoridades sin motivo alguno, dijo Miroshnikova.

La república rusa de Chechenia ha estado bajo fuego desde que surgieron historias de la “purga gay” por parte de las autoridades hace cinco años.

En 2017, los ojos del mundo se centraron en Chechenia después de que surgieran informes de que la región rusa era un foco de graves atrocidades contra su comunidad LGBTQ+.

Se hicieron públicas historias horribles de detenciones masivas, torturas y asesinatos. Los desgarradores informes provocaron indignación y protestas a nivel mundial, pero no detuvieron la persecución.

El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos estima que las fuerzas de seguridad chechenas arrestaron, encarcelaron y torturaron a más de 150 personas entre 2017 y 2020. La mayoría eran hombres homosexuales.

Cuando se le preguntó sobre la violencia contra LGBTQ+ en la región, Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia designado por el Kremlin, dijo que cualquiera que defienda a “los grupos de derechos humanos y a los gays” es “agente extranjero” que “vendieron a su país, a su gente, a sus religión, todo”.

Se ha atacado a defensores de los derechos humanos y periodistas por hablar. El año pasado, un político checheno amenazó con “decapitar” a la familia de un activista contra la tortura cuya madre fue arrestada y devuelta a la fuerza a la república.

Las autoridades chechenas han perseguido a las mujeres en esta región profundamente conservadora. Hay informes de que los crímenes de honor –la mayoría de las veces, el asesinato de una mujer o una niña por miembros de la familia que afirman que la víctima deshonró el apellido– todavía ocurren en la región.

Miroshnikova dijo que la historia de Mukaev es sólo una de muchas personas que han enfrentado persecución en Chechenia. Pero muchas personas “tal vez no sobrevivan” o no puedan abandonar la región para poder contar sus historias al mundo, razón por la cual se necesita desesperadamente lograr un resultado positivo en el caso de Mukaev.

“El caso de Salman es uno de muchos, muchos casos”, dijo. “La razón principal por la que deberíamos subrayar este caso e involucrar a la mayor cantidad de personas posible es porque si una decisión fuera positiva para Salman, crearía un precedente para los ciudadanos que han inventado casos criminales en Rusia y se puede demostrar que esto El caso es inventado, y de la manera que puedo seguramente puedo probarlo porque tenemos las torturas y el contexto de abandonar Chechenia y demás.

“Y si puede demostrar que su caso fue inventado, entonces probablemente estará a salvo en Armenia y en algunos otros países postsoviéticos.

“Si la decisión fuera positiva para Salman, también lo sería para muchas otras personas que pueden estar en la misma posición que Salman”.

La “purga gay” de Chechenia

300x300_rusia-investiga-chechenia-gays_fb_thumbDos psicópatas: El tiránico líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov con Vladimir Putin

Innumerables activistas, periodistas y sobrevivientes han acusado a las fuerzas de seguridad chechenas de arrestar, torturar y matar a personas LGBT+.

 En 2017, comenzaron a surgir informes de una “purga gay” en Chechenia, El periódico Novaya Gazeta informó de que más de 100 hombres homosexuales habían sido detenidos y dijo que al menos tres habían muerto en ejecuciones extrajudiciales.que involucró detención masiva, secuestro, tortura y abuso de los derechos humanos contra la comunidad LGBT +. Fue en febrero de 2017 cuando este reportaje publicado en el periódico ruso  Novaya Gazeta, destapaba la persecución brutal a la que el líder checheno, un aliado muy cercano de Vladimir Putin, estaba sometiendo a la población LGTB+. Varios supervivientes que pudieron escapar del país explicaron que el gobierno había habilitado antiguas prisiones como campos de concentración a los que se llevaba a cualquier persona sospechosa de ser LGTB+ para ser torturada y, en muchos casos, asesinada de forma totalmente impune.

La policía torturó a los hombres con descargas eléctricas y hambre, y les exigió que revelaran los nombres de sus parejas y líderes de la comunidad LGBT+, dijeron sobrevivientes a Human Rights Watch. Los familiares de los detenidos también fueron a menudo torturados y presionados.

Cuando se le presionó sobre la llamada “purga gay”, un portavoz del líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, dijo a Novaya Gazeta: “No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no existen en la república. Si tales personas existieran en Chechenia, las fuerzas del orden no tendrían que preocuparse por ellas, ya que sus propios familiares las habrían enviado a donde nunca podrían regresar”.

La comunidad internacional reaccionó con cierta frialdad a esas denuncias.  Líderes internacionales, como Angela Merkel y Emmanuel Macron habrían exigido a Vladimir Putin que pusiera fin a estos abusos, lo que llevaba a Rusia a abrir una investigación para esclarecer los hechos, que finalmente determinaría que «no hay víctimas de persecución, amenazas o violencia» en la República de Chechenia. Ante la pantomima que se traduce de esta investigación, Novaya Gazeta publicaba la lista de hasta 27 personas que habrían sido asesinadas a manos de los funcionarios de Kadyrov por el mero hecho de ser gays o bisexuales. Mientras tanto, siguen llegando testimonios de personas que denuncian haber sido sometidos a torturas en campos de concentración clandestinos, para sufrir después el escarnio ante sus propios familiares a los que culpabilizan de deshonor.

Pero finalmente se exigió a Moscú que investigara la situación, lo que llevó a Rusia a asegurar ante la ONU que en Chechenia no existen las personas LGTB+. Una estupidez muy en la línea de lo que declaraba el propio Kadyrov al ser entrevistado por la televisión norteamericana: “No tenemos ese tipo de gente aquí. No tenemos ningún gay. Si lo hay, lleváoslo a Canadá. Alabado sea Dios. Lleváoslos lejos para que no los tengamos en casa. Para purificar nuestra sangre, si hay alguno, lleváoslo. Son demonios. Están a la venta. No son personas.”

El líder de Chechenia, Ramzan Kadryov, que había negado los informes la existencia de personas LGBT + en la región. El líder de la región autónoma rusa, un aliado clave de Vladimir Putin, había eludido en gran medida toda responsabilidad a pesar de años de alarma de grupos de derechos humanos sobre la violencia y las “desapariciones” dirigidas a la comunidad LGBT + de Chechenia. Finalmente fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en julio de 2020 por las atrocidades.

El gobierno del Reino Unido también ordenó que se impongan sanciones estrictas a tres altos funcionarios chechenos acusados de torturar a personas LGBT + en la “purga gay de la región en diciembre de 2020”. Magomed Daudov, portavoz del parlamento checheno, Aiub kataev, jefe del Ministerio del Interior y Apti Alaudinov, viceministro y mayor general de la policía, estarán sujetos a prohibiciones de viaje y congelación de activos bajo las sanciones globales de derechos humanos del Reino Unido.

A pesar de las numerosas peticiones a nivel internacional, las autoridades de Rusia no habrían abierto ninguna investigación oficial en relación a lo sucedido en la república caucásica. En diciembre de 2018, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) publicaba un informe que consideraba probada la existencia de pruebas manifiestas de la persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales en Chechenia, acusando a las autoridades rusas de una ausencia de voluntad política para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Una dejación que alentaba una segunda oleada de violencia homófoba desde enero de 2019.

El esfuerzo de represión se renovó en 2019. Los informes de tales atrocidades han continuado en los años posteriores. En 2019, Rachel denb, subdirectora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, dijo que la impunidad por la purga de 2017 había “sancionado una nueva ola de tortura y humillación en Chechenia”. La The Russian LGBT Network (Red LGBT de Rusia) dijo en un informe que al menos dos personas fueron asesinadas y alrededor de 40 hombres y mujeres confinados en una celda de prisión improvisada. Una vez más, mientras la policía chechena llevó a cabo la redada masiva, enfrentaron pocas repercusiones por parte de las autoridades federales.

Los oficiales comenzaron la segunda ola de encarcelamientos al traer al moderador de una sala de chat en línea para para personas homosexuales.

La Red LGBT rusa dijo en ese momento que había ayudado a más de 140 personas LGBT+ chechenas a huir a otros países europeos y Canadá. Aquellos que se quedan, al igual que Magamadov e Isayev, a menudo enfrentan tiempo tras las rejas por cargos falsos.

Según el Centre for Eastern Studies, Centro de Estudios Orientales, las colonias de régimen estricto ven la vida de los reclusos profundamente restringida. Los presos viven en celdas superpobladas compartidas con otros 20 a 50. Las colonias penales comunes todavía están muy supervisadas, y los reclusos viven en grandes barracones por los que no pueden moverse libremente.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras

Lunes, 17 de julio de 2023
Comentarios desactivados en Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras

20230710-carceles-Honduras-1200x600Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.

La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias.  “Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.

TEGUCIGALPA, Honduras. Los toletazos y golpes “llovieron” desde el 26 de junio sobre las personas hacinadas en el penal de Támara, a 30 kilómetros de Tegucigalpa. Las golpizas en el penal del centro de Honduras son una de las violaciones de derechos humanos que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) está cometiendo, tras haber tomado el control de las cárceles en la última semana de junio.

El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.

El decreto convirtió a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Así lo denuncian familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.

Golpes a personas trans, bisexuales y gays en Támara

De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.

Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.

“Así quedaron los cuerpos de privados de libertad”, publicó Hugo Maldonado, del Comité de Defensa de Derechos Humanos. “Tampoco se puede callar y volverse cómplices (de) estas acciones irregulares”, escribió Maldonado en su Twitter. Mostró imágenes tomadas a privados de libertad en el penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.

“Ya salieron unas fotos donde supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Habría que ver si no son ellos mismos que se están haciendo estas violaciones”, dijo José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, al programa Frente a Frente.

Castigadxs por denunciar

Ante las denuncias de defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país. Buscan implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.

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(Pincha en las fotos para ampliarlas)

Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.

“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.

Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.

Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensoras de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.

Defensoras en la mira de los ataques

La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La violencia abarca a reconocidas periodistas que alzaron la bandera de defensa de los derechos humanos.

Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.

La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.

Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime”.

El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.

Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad”.

“Esto es falso”, aseguró InSight Crime. “InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.

Calumnias y desprestigio

Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordóñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación.

La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.

A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.

Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.

Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.

“A mi que me investiguen”, dijo Rihanna Ferrera la defensora de derechos humanos ante las declaraciones de las cúpulas militares que varias organizaciones tienen supuestos vínculos con el crimen organizado y pandillas.

Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.

En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa”. Y que con eso “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.

Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.

“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.

También la mesa pidió investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien esta al frente de la PMOP. Hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”. Son frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos. Sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.

“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre” 

A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.

“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.

La directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.

“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.

Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.

Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.

Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.

Es necesario señalar que Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.

Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”

A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.

Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh), pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.

Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.

La militarización no es la respuesta

Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.

La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.

Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno.

“El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI.

Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.

El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.

Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.

Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que  dejó 46 muertas.

Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.

Violencia con más violencia

Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales”.

Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.

Controversias y oración

Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.

Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.

El Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.

“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.

10 de julio de 2023
Reportar sin Miedo y Reporteros de Investigación

Fuente Agencia Presentes

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Crimen de odio en Bali: Familia de la víctima denuncia por tortura a las autoridades

Sábado, 10 de septiembre de 2022
Comentarios desactivados en Crimen de odio en Bali: Familia de la víctima denuncia por tortura a las autoridades

536216CB-CFFF-4DE3-8AF7-B1C30702CBCCRodrigo y Sebastián el día de su boda

El activista y economista trans peruano Rodrigo Ventosilla murió en Bali en condiciones que se desconocen luego de que la policía lo torturara a él y su esposo Sebastián Marallano.

La familia del economista y activista trans peruano Rodrigo Ventosilla, fallecido en Bali el 11 de agosto, denunció a las autoridades por el delito de tortura.

“Desde la defensa de Rodrigo Ventosilla y Sebastián Marallano hemos interpuesto una denuncia por el delito de tortura. Es contra todos los funcionarios indonesios y peruanos que hubiesen participado en los atentados de la integridad física y derechos humanos de ambos”, dijo en conferencia de prensa Julio Arbizú, abogado de las familias.

El abogado se refiere a los hechos de la semana del 6 al 11 de agosto cuando un viaje de luna de miel de una pareja de hombres trans se convirtió en una pesadilla.

“En la denuncia que hemos interpuesto ante el Ministerio Público el cónsul peruano en Bali, Julio Tenorio, es imputado por el delito de comisión por omisión. Hay que entender que el Estado peruano tiene una obligación, a través de su Cancillería. Velar por la integridad física y vida de nuestros compatriotas es fundamental. Aquel que rehúya de esa obligación está cometiendo un delito como en este caso”, agregó el abogado.

La familia aún se encuentra a la espera del cuerpo de Rodrigo para que se realice el peritaje respectivo por parte del Instituto de Medicina Legal de Perú. Se buscan determinar la causa de su fallecimiento en un hospital, ya que es un aspecto que hasta el momento no ha quedado claro.
Cronología de las violencias

Tras su arribo al país asiático el 6 de agosto, Rodrigo Ventosilla fue detenido por la Policía en el aeropuerto de Denpasar. Lo acusaron de ser traficante de drogas por tener medicamentos vinculados a su tratamiento de salud mental. Él contaba con una prescripción médica de los mismos. Sebastián Marallano, su flamante esposo, llegaba en un vuelo distinto y también fue detenido cuando se dispuso a auxiliar a su pareja.

Los familiares aseguran que para dejarlos en libertad, la Policía indonesia les pidió primero 13 mil dólares y luego 100 mil.

El 7 de agosto la familia contactó al cónsul peruano, Julio Tenorio, y le informan sobre la situación por la que estaba atravesando la pareja. Pero, según relatan, la autoridad no se preocupó del caso y no se hizo presente.

La comunidad trans peruana pidió apoyo para recaudar fondos que permitan traer de vuelta a Sebastián y repatriar el cuerpo de Rodrigo. Rodrigo fue uno de los fundadores de la organización Diversidades Trans Masculinas (DTM). A través de las redes sociales se masificó el mensaje de ayuda, en medio de desconcierto y poca información sobre el caso. Mientras tanto, activistxs junto con la hermana de Sebastián iniciaron las gestiones para que ella viaje a Indonesia.

Por su parte, la familia de Rodrigo también viajó a Indonesia con la intención de esclarecer los sucesos que terminaron con la vida de su familiar e iniciar las diligencias para la repatriación del cuerpo. Esta situación se complic debido a una ineficiente labor de las autoridades peruanas en dicho país.

El rol de la Cancillería peruana

Ignorando las llamadas telefónicas y las comunicaciones a través de su WhatsApp personal, Julio Tenorio decidió ir al lugar recién un día después de la muerte de Rodrigo Ventosilla.

“Hay que recalcar que el Sr. Julio Tenorio sabiendo cuáles eran sus deberes para con sus connacionales esperó hasta el día 12 de agosto para asistir a Rodrigo y Sebastián”, precisó Luzmo Enriquez, vocero oficial del equipo de soporte de la familia.

El pasado 24 de agosto, a través de su cuenta oficial en Twitter, la Cancillería de Perú emitió un comunicado sobre el caso, donde le restan importancia a las denuncias de los ciudadanos peruanos. Ni mencionaron y dieron a entender que le dan la razón al Gobierno de Indonesia.

 

 

Tras el comunicado, la familia rechazó que la Cancillería negara que hubo transfobia. Consideran que revictimizan e invalidan el testimonio de Sebastian, además les resulta parcializado, insuficiente y poco empático.

Dos días después, el 26 de agosto, debido a las críticas recibidas, la Cancillería emitió un nuevo comunicado donde cambian el tono de su postura.

Sebas y Rodrigo

La historia de amor de Sebas y Rodrigo se selló en matrimonio el pasado 31 de mayo en Chile. Fueron allí porque en Perú las personas del mismo sexo no pueden casarse.

“Es loquis cómo operan los rituales sociales. Más allá de lo criticable de la función del matrimonio como figura patriarcal y dispositor de la heteronorma obligatoria, y todo ese rollo ‘woke’, para las personas trans como yo o mi amorcito es una representación de nuestros compromisos con nosotres. Es un pacto de entrega y la oportunidad de compartir este amor con nuestrxs seres queridxs y el mundo. Casarme con este bebito fiu fiu, colocarnos un anillo que nos dice que nos tenemos mutuamente se siente como una ráfaga de seguridad y merecimiento del que no siempre contamos, es muy bonito”, manifestó Sebastián el día de su boda.

Por la calidad humana de Rodrigo, gracioso y cariñoso, pero también resiliente y luchador es que los colectivos de personas trans han salido a las calles a exigir justicia. Además de ser un activista reconocido, Rodrigo era economista y estaba realizando estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.

Pedidos de justicia

 El pasado 26 de agosto se realizó un plantón frente al edificio de la Cancillería en el Centro de Lima, y el domingo 28 se hizo una vigilia en el frontis de la embajada de Indonesia, en el distrito de San Isidro.

Continuando con las manifestaciones sobre el caso, los defensorxs de personas trans, amigos y familiares están convocando a un nuevo plantón en nombre de Rodrigo, pidiendo que a la llegada de su cuerpo, se realice un proceso de necropsia lo más rápido posible.

29 de agosto de 2022
Gianna Camacho
Edición: Ana Fornaro

 

Fuente Agencia Presentes

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Chile: Condenan por secuestro calificado a cinco personas que atacaron e insultaron a joven por su orientación sexual

Sábado, 2 de julio de 2022
Comentarios desactivados en Chile: Condenan por secuestro calificado a cinco personas que atacaron e insultaron a joven por su orientación sexual

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Tres de los imputados fueron condenados a 15 años de presidio efectivo  y otros dos a 17 años. Los agresores  ataron con alambres a un palo a la víctima y le dieron golpes de pies, puño y electricidad cuando estaba desnudo, además de quemar cigarrillos en su cuerpo.

El cuarto tribunal de Juicio oral en lo Penal de Santiago condenó por secuestro calificado a cinco personas que en 2020 secuestraron, golpearon, quemaron con cigarrillos, dieron golpes de corriente e insultaron por su orientación sexual a F.J.A.S, quien al momento del abuso tenía 29 años, informó hoy  el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

El Movilh; cuyo abogado Mijal Guevara, representó a la víctima;  precisó que Betzabet Karen Soto Pastene (35), Priscilla Constanza Romo  Olivares  (34) y Ángelo Alejandro Sánchez Sánchez (31) fueron condenados a 15 años de presidio mayor en su grado medio y Rodrigo Alejandro González  Ayala (31)   y José Demesino Rodríguez  de la Vega  (29) a 17 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de secuestro calificado.

En todos lo casos las penas “deberán ser cumplidas efectivamente privados de libertad” y añaden la “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”, señaló la sentencia de la Jueza titular del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, María José García Ramírez y de los/as magistrados/as Cristina Cabello Muñoz y  Ramón Flores Ramírez.

agredido2El delito ocurrió el 5 de junio del 2020 en una casa Okupa de Estación Central ubicada en Francisco Zelada 028, donde la víctima fue torturada y secuestrada luego de que algunos de sus agresores se enteraran de que era bisexual.

“Este es uno de los abusos más crueles e inhumanos de los que tenemos registro.  Ser insultado por la orientación sexual en medio de torturas que pudieron tener un desenlace fatal son hechos que sobrecogen. Valoramos la fortaleza de la víctima para llegar hasta al final con el proceso judicial”, apuntó el Movilh

De acuerdo al fallo, Soto Pastene, Romo Olivares y González Ayala “con elementos contundentes comenzaron a agredir a la víctima en diversas partes del cuerpo,  despojándolo de sus vestimentas, amarrándolo de pies y manos, golpeándolo con  pies y puños, acción que fue grabada por ellos mismos y por el adolescente Á.I.GS”.

Añadió que luego llegaron a dicho lugar  Rodríguez de la Vega y Sánchez Sánchez, “quienes al igual que los demás co-imputados, golpean a la víctima con diversos elementos contundes, pies y puños, insultándolo y amenazándolo con matarlo y violarlo”, provocándole además “quemaduras al parecer con un objeto cilíndrico de características similares a un cigarrillo”.

Mientras Sánchez Sánchez “le aplicó electricidad en diversas partes del cuerpo”, Soto Pastene “grababa como hacían todo, riéndose y haciendo video llamadas llamaba al Sánchez, al Pepe, al Pancho Chancho,  al Roberto y les decía que si querían entrenarse y jugar con un “hueón maricon” que estaba amarrado””, señala la sentencia.

“A raíz de lo anterior la víctima resultó con lesiones consistentes en fractura maxilofacial izquierda,  y lesiones en diversas partes del cuerpo de carácter grave”, apuntó el fallo.

Tras casi ocho horas el joven  fue liberado por las policías de  “las amarras que lo sujetaban a un palo de madera en el medio del patio del domicilio”, donde fue encontrado “solo con ropa interior, golpeado, con heridas visibles, mojado y en estado de shock”, apuntó la sentencia

“La víctima sufrió grave daño moral al ser expuesto en las redes sociales Facebook en el perfil de Bonnie Blue atado a un palo, sentado sobre algo de poca altura, solo con ropa interior, mojado y con evidentes lesiones físicas”, finalizó el fallo.

Pese a confirmarse que mientras estuvo secuestrada la víctima recibió repetidos insultos por su orientación sexual, el tribunal descartó aplicar la agravante de la Ley Zamudio, en tanto una de las agresoras sería también bisexual.

“Esto viene a demostrar una vez más la necesidad de aplicar la Ley Zamudio y de capacitar a magistrados. Suponer que se no puede aplicar agravante porque el victimario sería también LGBTIQA+ es absurdo. La homo/transfobia no tiene orientación sexual, ni identidad de género y bien pueden ser responsables de estos atropellos otras personas LGBTIQ+. Sin duda la Ley Zamudio merece reforma, más aún al recordar que en 10 años solo en cinco ocasiones hemos logrado aplicar su agravante, debido a que cada magistrado/a interpreta a su antojo los alcances de la ley”

Fuente MOVILH

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La policía de Uzbekistán tortura, extorsiona y amenaza a las personas LGBTQ+ con violarlas, según un inquietante informe

Jueves, 23 de junio de 2022
Comentarios desactivados en La policía de Uzbekistán tortura, extorsiona y amenaza a las personas LGBTQ+ con violarlas, según un inquietante informe

9ba0a4b6682f0a90ffd7907d302f9ff5La población  LGBT+ de Uzbekistán sigue enfrentándose a violentas violaciones de derechos humanos.

Un nuevo informe ha encontrado que la comunidad LGBTQ+ en Uzbekistán está bajo amenaza renovada ya que muchos enfrentan persecución, encarcelamiento, abuso y violaciones brutales de los derechos humanos.

Treinta y seis personas LGBTQ+ fueron condenadas en virtud del artículo 120 del Código Penal de Uzbekistán, que penaliza la homosexualidad en el país de mayoría musulmana, en 2021, según un nuevo informe de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos, Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central (AHRCA), y la Coalición Euroasiática sobre Salud, Derechos, Género y Diversidad Sexual (ECOM). Veinticinco de ellos fueron encarcelados.

La policía juega un papel clave en la persecución de la gente queer, exigiendo dinero a cambio de no revelar a las personas a sus familiares, y torturándolas y humillándolas.

Un joven relató su experiencia en un centro de detención en el informe y dijo: “Me colgaron del techo con esposas, me golpearon brutalmente e intentaron violarme con una porra. Nunca me han golpeado e intimidado así en toda mi vida. Quería morir para liberarme de esta tortura”.

La policía le dijo que pagara 2.000 dólares (1.623 libras esterlinas) o se enfrentaría a prisión en virtud del artículo 120. El hombre pagó a los agentes de policía y fue puesto en libertad.

En otra parte del informe, un hombre gay reflexionó sobre las actitudes de Uzbekistán hacia la comunidad LGBTQ+. Él dijo: “Es como si viviéramos en un planeta diferente, donde es normal odiar, encarcelar, discriminar y matar a las personas simplemente por lo que son”.

La nueva redacción del código penal en Uzbekistán hará la vida más difícil para las personas LGBT+.

Historias como esta continúan apareciendo en el antiguo país soviético, el único que aún no ha eliminado sus leyes anti-LGBTQ+ de la era soviética.

El informe incluso encontró que la policía usa información de los centros de VIH para encontrar personas con el fin de explotarlas y extorsionarlas.

Actualmente, según el artículo 120, la conducta sexual entre personas del mismo sexo puede ser un delito punible hasta con tres años. Uzbekistán está redactando actualmente un nuevo código penal, pero la ley simplemente transpondría el artículo 120 a un nuevo artículo 154, sin cambios en la redacción, según Human Rights Watch (HRW).

Entre 2017 y 2021, HRW informó que la policía llevó a cabo exámenes anales falsos y desacreditados para encontrar y enjuiciar a hombres por tener relaciones entre personas del mismo sexo, pero de hecho se descubrió que eran formas de tortura y abuso.

Los políticos se han interpuesto entre cualquier tipo de cambio legislativo.

En 2021, Alisher Kadyrov, líder del Uzbekistan’s National Revival – partido Renacimiento Nacional de Uzbekistán, incluso sugirió identificar a las personas LGBTQ+ en el país y quitarles la ciudadanía para que otros países pudieran ofrecerles refugio.

“Cuando presenté esta propuesta en las redes sociales, hasta 100 personas LGBT se pusieron en contacto conmigo y estuvieron de acuerdo con lo que había dicho”, dijo Kadyrov, según EurasiaNet.

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El ex presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, con Vladimir Putin.

La LGTBfobia de Estado en Uzbekistán se mantiene de Karimov a Mirziyoyev

En febrero de 2016, Islom Karimov, entonces presidente de Uzbekistán, realizaba unas declaraciones cargadas de odio homófobo: “la homosexualidad es repugnante para los uzbekos”. Karimov también dijo que la homosexualidad es una manifestación “vulgar” de la cultura occidental, en un nuevo ataque contra las personas LGTB en este país de Asia Central. Otra de sus perlas fue asegurar que “cuando los hombres viven con hombres y mujeres viven con mujeres, creo que debe haber algo mal aquí”, una opinión que trataba de justificar con un dicho uzbeko: “cuando Dios quiere revelar la vulgaridad de alguien, primero le quita la razón”.

El caso es que, seis meses después de esta ristra de declaraciones homófobas, Karimov moría, víctima de una hemorragia cerebral. Karimov presidía Uzbekistán desde 1989 (cuando fue elegido primer secretario del Partido Comunista) y en las distintas elecciones celebradas tras la caída de la Unión Soviética ha sido reelegido con victorias aplastantes. Eso sí, todas ellas han sido cuestionadas por la comunidad internacional, que ha llegado a denunciar parcialidad e incluso fraude electoral. Su última elección fue en 2015 con un supuesto 90% de los sufragios a su favor (una vez más, criticado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE).Shavkat Mirziyoyev, actual presidente de Uzbekistán

Con la muerte de Karimov, siguiendo con los trámites que marca la legislación uzbeka, el presidente del Senado asumía la presidencia del país de forma interina. Le correspondió a Nigmatilla Yuldashev, que previamente había ejercido el cargo de ministro de Justicia entre 2011 y 2015. Pero su escaso peso político no le ayudaría a mantener la presidencia, que finalmente recaía en Shavkat Mirziyoyev en diciembre de 2016. Mirziyoyev fue el primer ministro de Islom Karimov.

El respeto a los derechos humanos del colectivo LGTB fue inexistente durante la presidencia de Karimov, al que varias organizaciones y medios han tildado durante años de “dictador”, pero los dos sucesores (Yuldashev y Mirziyoyev, este último en el cargo) estaban en puestos de responsabilidad durante sus últimos mandatos y participaron en la persecución LGTBfóbica de Estado o, cuanto menos, no la combatieron. Del mismo modo que no lo han hecho al asumir la presidencia, legitimando la discriminación y poniendo a Uzbekistán en el mapa de la vergüenza (al ser uno de los más de setenta países que siguen criminalizando la homosexualidad).

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Detenciones arbitrarias contra comunidad LGTBI en Uganda y un proyecto de ley para endurecer la represión

Sábado, 16 de octubre de 2021
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Bandera-de-UgandaContinúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Uganda-denunciantes-torturasDemandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Uganda-detenidos-liberados-mayo-2020Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Uganda-detenidos-31-mayo-2021Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri-Museveni-presidente-UgandaYoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Homosexual afgano describe los horrores de los talibanes contra la comunidad LGBTQ: “Disfrutan matándonos”

Miércoles, 1 de septiembre de 2021
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19423600-8CD1-4F3D-8344-C183AAF4C887Aseguró que los torturan con fuego, los apedrean y los decapitan

“Si descubren que soy gay, me ejecutarán a tiros”: el miedo bajo dominio talibán

Silenciados y amenazados de muerte, los afganos de la comunidad LGBTIQ+ viven escapando de los insurgentes. “Antes nos enviaban a la cárcel, ahora nos matarán en el acto”.

Un homosexual atrapado en Kabul aseguró que los talibanes los “están cazando”, y realizó una dramática descripción sobre la vida que le espera a la comunidad LGBTQ bajo el gobierno de los extremistas.

El hombre, quien prefirió ocultar su identidad por cuestiones de seguridad, dijo que los talibanes se complacen en perseguir y matar a las personas LGBTQ, en una entrevista con el medio británico MailOnline. “Nos matan de forma muy brutal. No como a los demás, a los que matan con una pistola con una bala. Utilizan el fuego, o nos decapitan o apedrean, y disfrutan con ello: es aceptable para ellos”, describió.

Reveló que su mejor amigo se suicidó porque “nadie estaba aquí para escuchar su voz”. “Intenté animarlo, darle esperanzas, pero no va a volver y no puedo olvidar ese momento. Vivía como una sombra y se fue como una sombra”, agregó.

Tras el retorno de los talibanes, la comunidad LGBTIQ+ de Afganistán vive bajo amenaza de muerte. Así lo han evidenciado diversas voces de la diversidad en diálogo con Vice News: “La única diferencia entre antes y ahora es que antes nos enviaban a la cárcel, ahora nos matarán en el acto”.

Incluso antes del ascenso talibán, las leyes afganas ya prohibían la homosexualidad, establecían penas de prisión y sufrían persecuciones. Sin embargo, ahora, el futuro parece aún más preocupante. Las personas LGBTQ+ siempre han vivido vidas secretamente en Afganistán, donde la homosexualidad es condenada como inmoral. Para los jóvenes afganos que ya tienen un conflicto sangriento que vivir, las identidades queer rara vez se discuten.

Según el código penal afgano, el acto sexual entre dos hombres es catalogada como “pederastia” y se castiga con una pena de prisión prolongada. Algunos funcionarios talibanes dijeron anteriormente a los medios de comunicación que los hombres homosexuales serían castigados con la muerte bajo su régimen.

A principios de mes, Sulaiman se escapó de su ciudad natal. Es de Kunduz, una de las primeras ciudades afganas en caer en manos de los insurgentes antes de que el grupo extremista se apoderara del país el 15 de agosto.

Kunduz fue ocupada brevemente por los talibanes en 2015 y 2016. Cuando Sulaiman leyó la noticia de que las tropas estadounidenses se estaban retirando de Afganistán, huyó desenfrenado. “He visto el tipo de castigos que le daban a la gente, especialmente si son LGTBI”, dijo Sulaiman desde un lugar no revelado. Él es gay. Su nombre y los de otras fuentes se han cambiado para proteger su identidad. “No le he dicho a ningún afgano que soy gay. Sé que se lo dirán a los talibanes, y ese será mi fin”. Sulaiman está huyendo y buscando una forma de salir del país.

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Los funcionarios talibanes aún no han hecho una declaración sobre los derechos LGBTQ+ desde su toma de posesión el 15 de agosto. VICE se puso en contacto con Suhail Shaheen, portavoz de los talibanes para los medios internacionales, pero no respondió.

Es que, según la interpretación extremista de la sharia que hacen los talibanes, la homosexualidad está estrictamente prohibida y se castiga con la muerte, en muchos casos de forma especialmente brutal. Las leyes de la sharia en otros países islámicos como Indonesia y Malasia también prohíben la homosexualidad, pero sus métodos de castigo palidecen en comparación con la interpretación que le han dado los talibanes, quienes incluyen lapidación, mutilación y ahorcamiento.

Rani, una mujer afgana que es lesbiana, dijo a VICE que los talibanes ven a la comunidad LGBTQ+ como “peor que los animales”. “Como mujer, perderé la libertad de estudiar, trabajar y vivir libremente. Como miembro LGBTQ+, ni siquiera me reconocen”, añadió. Muchas fuentes queer con las que habló VICE compartieron mensajes de sus amigos poco después de la ocupación de los talibanes.

“Me estoy volviendo loco. No puedo continuar con esta vida. Soy gay y no he salido de mi casa esta semana”, decía otro. Algunos mensajes llevaban pensamientos suicidas e intenciones de autolesión.

Omid, que no ha conocido una vida sin guerra en Afganistán, dijo que la gente queer “simplemente no puede sobrevivir al bárbaro gobierno de los talibanes. Créame, si descubren que soy gay, me ejecutarán a tiros en el acto”, dijo el joven de 21 años. “Los talibanes han pronunciado discursos sobre perdonar a los afganos. Eso es solo una postura para el mundo. No es real.”

En una entrevista con el medio Fox News a principios de esta semana, el francotirador de las fuerzas especiales estadounidenses Tim Kennedy, que sirvió tanto en Afganistán como en Irak, afirmó haber visto a combatientes talibanes quemando vivos a homosexuales y arrojándolos desde los tejados.

Mientras que Nancy Kelley, directora ejecutiva de la organización benéfica de derechos LGBT Stonewall, dijo a i News que “durante años, los afganos LGBTQ han tenido que soportar la discriminación, el abuso y la persecución habituales, incluso por parte del Estado” y que con los talibanes esperan que “la situación se deteriore aún más”.

“Los talibanes nunca van a reconocer al colectivo LGTBI, yo creo es que los ejecutarán”, lamentó en diálogo con el medio español La Sexta Artemis Akbary, afgano gay refugiado en Turquía, que al mismo tiempo ha reconocido que sus amigos, también homosexuales, están desesperados por salir de Afganistán.

“La mayoría están asustados por el futuro incierto. No saben qué es lo que les va a pasar”, aseguró Akbary, porque, si descubren su condición sexual, se enfrentan a la pena de muerte. Así lo reconoce abiertamente el juez talibán Gul Rahim: “Sólo hay dos penas para los homosexuales: la lapidación o pararse detrás de un muro, de entre 2,5 y 3 metros, que cae sobre él”. Las peticiones de auxilio a organizaciones LGTBI se suceden a diario.

El periodista y activista por los derechos del colectivo, Nemat Sadat, que fue el primer afgano en reconocer públicamente su homosexualidad, asegura que no fue fácil hacer pública esta cuestión personal. “En mi propia experiencia, cuando salí del armario en agosto de 2013, recibí numerosas amenazas de muerte”. Ahora, exiliado desde hace años en Estados Unidos, pide ayuda para que algún país facilite la evacuación de 252 afganos gays, que en muchos casos, cuando son repatriados, siguen escondiendo su orientación sexual por miedo a las represalias hacia su familia.

Fuente Infobae/VICE

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Brasil conmocionado por la bárbara violación en grupo y tortura de un joven gay de 22 años

Viernes, 11 de junio de 2021
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homofobiastop La violencia contra las personas LGBT es alarmantemente alta en el país.

Los activistas temen que el aumento de los ataques contra la comunidad LBGT del país esté impulsado por una imparable cultura de homofobia.

Un acto de violencia “bárbara” en el que un hombre gay de 22 años fue violado en grupo y torturado ha provocado una reacción feroz en Brasil y es evidencia de una creciente ola de delitos de odio en el país, según activistas de derechos humanos.

La víctima, que no ha sido identificada, fue agredida por tres hombres armados en Florianópolis, Santa Catarina, la semana pasada. Empuñando objetos afilados, obligaron a la víctima a tallar insultos homofóbicos en sus piernas.

Los transeúntes se sorprendieron al encontrar al hombre retorciéndose de dolor en medio de la calle donde lo dejaron, dijeron activistas al periódico The Guardian .

Fue trasladado de urgencia al hospital en estado grave y ahora se está recuperando en su casa. La policía ha iniciado una investigación; no se ha realizado ningún arresto en el momento de redactar este informe.

Para los activistas en un Brasil, cada vez más acostumbrado a la violencia anti-LGBT + – su presidente profundamente homofóbico – el “crimen aterrador” no fue de ninguna manera sorprendente.

“Es muy común en Brasil y la violencia, no solo contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, sino también contra las mujeres, los negros y los inmigrantes, está empeorando”, dijo Lirous Ávila, presidente de la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos.

La asociación, que ayuda a las víctimas de la violencia en la capital, está apoyando a los seres queridos de las víctimas.

Pero el incidente, que tuvo lugar durante el Mes del Orgullo, ha provocado la ira nacional y la homofobia de los brasileños, dijeron los defensores. Ávila dijo que algunos han buscado justificar el ataque porque la víctima era gay. “Es absurdo justificar la violencia brutal y bárbara”, dijo.

Brasil es también uno de los lugares más mortíferos del mundo para las personas trans, y anualmente supera las cifras de los grupos de defensa sobre el número de delitos violentos contra las personas trans que tienen lugar. Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch, dijo que si bien la Corte Suprema prohibió la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en 2019, “el gobierno debe tomar medidas urgentes adicionales para evitar esta epidemia de violencia contra las personas LGBT. ”.

“La violencia contra las personas LGBT en Brasil ha crecido mucho recientemente”, dijo Margareth Hernandes, abogada con sede en Florianópolis y presidenta de la comisión de derecho de género. “Brasil es el campeón mundial de asesinatos LGBT. Somos un país muy conservador donde todavía hay muchos prejuicios. El discurso de odio termina propagando la violencia ”.

En 2020, 237 personas LGBT murieron en situaciones de violencia; hubo 224 asesinatos y 13 suicidios, según el Grupo Gay da Bahia, la organización de derechos LGBT más antigua de América Latina. La Defensoría del Pueblo de la Nación informó a Human Rights Watch que, entre enero y junio de 2020, recibió 1.134 denuncias de violencia, discriminación y otros abusos contra personas LGBT. Los datos de la línea directa del gobierno para denunciar abusos revelaron que entre 2011 y 2017, hubo 12.477 denuncias de violencia contra personas LGBT en Brasil.

Solo el año pasado, 175 personas trans fueron asesinadas, según el grupo de defensa Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil. Según sus estimaciones, una persona trans es asesinada cada dos días en una nación de 211 millones.

En el informe del grupo, una cifra sorprendente capturó la aparente impunidad que sienten los transfóbicos violentos: siete de cada 10 muertes de personas trans en Brasil ocurrieron en un espacio público.

Hernandes, junto con Ávila, atribuye este aumento de la violencia en parte a la actitud del liderazgo en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro tiene una larga historia de comentarios LGBT-fóbicos y misóginos, incluso diciendo que es un “orgulloso homófobo”. “Tenemos un presidente que agravó esta violencia”, dijo Ávila. “Parece que la población siente que tiene derecho a cometer estos actos violentos contra la población LGBT +, influenciada por Bolsonaro”.

Ha habido otros ataques homofóbicos en el país donde se han utilizado objetos sobre la víctima. El profesor Luiz Mott, un activista por los derechos de los homosexuales y fundador del Grupo Gay da Bahia, citó el caso de Wesner Oliveira, de 17 años, que murió después de que los atacantes empujaran una manguera de aire comprimido de un túnel de lavado dentro de él. Mott dijo que los atacantes a veces matan y luego mutilan a las víctimas, incluso cortándoles los genitales.

Los autores de delitos motivados por prejuicios a menudo quedan impunes, añadió Mott. “Un problema grave en relación con los delitos homofóbicos y transfóbicos es la impunidad”, dijo. “La policía, por razones de homofobia o incapacidad estructural, no investiga todos los asesinatos. Esta impunidad trae consigo nuevos delitos ”.

 

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Brasil, una situación muy complicada para el colectivo LGTB

Hace unos días, informábamos de que habíá sido asesinado en Paraná(Brasil) Lindolfo Komaski, activista LGBTI y del MST. En marzo pasado, Una pareja gay  fue obligada a devolver a su bebé que habían adoptado 12 días antes… y en las mismas fechas, conocíamos que al menos 175 mujeres trans fueron asesinadas en 2020 en Brasil.

En 2018, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo de ese año recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente The Guardian/Cristianos Gays

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Sri Lanka acusado de torturas a presos LGTB+

Miércoles, 28 de octubre de 2020
Comentarios desactivados en Sri Lanka acusado de torturas a presos LGTB+

Screenshot-2020-10-22-at-16.52.44Recluso en una cárcel de Sri Lanka (Sena Vidanagama / AFP / Getty)

El gobierno de Sri Lanka ha sido acusado de imponer “pruebas” abusivas de virginidad anal y vaginal a personas LGBT + en un intento de probar la conducta homosexual.

Según un impactante informe de Human Rights Watch, al menos siete personas han sido obligadas a someterse a exámenes físicos “crueles, inhumanos y degradantes” desde 2017.

Junto con la organización sin fines de lucro Equal Ground, Human Rights Watch pide el fin de los espantosos exámenes, que la Organización Mundial de la Salud ha denunciado como una forma de tortura.

“Nadie debe ser arrestado, y mucho menos sometido a tortura y violencia sexual, debido a su orientación sexual percibida”, dijo Neela Ghoshal, directora asociada de derechos LGBT de HRW. “El Ministerio de Justicia de Sri Lanka debería prohibir inmediatamente a los funcionarios médicos judiciales que realicen exámenes anales forzados, que violan flagrantemente la ética médica y los derechos básicos”.

Los exámenes anales forzados implican la inserción de dedos u otros objetos en el ano en un intento de determinar si la persona ha tenido sexo anal. La práctica se basa en la teoría desacreditada de que la penetración anal puede probarse por el tono o la forma del esfínter anal.

Los expertos médicos desacreditan universalmente las pruebas de virginidad anal y vaginal por violar la ética médica y carecer de cualquier base científica, y la Asociación Médica Mundial ha pedido a los médicos que dejen de participar en la práctica.

A pesar de esto, un abogado le dijo al perro guardián que en los últimos 12 meses los seis acusados que representó en casos de conducta homosexual fueron sometidos a exámenes anales, que los fiscales utilizaron en el tribunal como “evidencia” de penetración anal pasada.

Los acusados alegaron haber sido sometidos a otros abusos, entre ellos azotes con alambres. Se ordenó a tres hombres que se sometieran a pruebas de VIH sin su consentimiento, cuyos resultados se hicieron públicos en el tribunal.

El trato espantoso se cometió en virtud de los artículos 365 y 365A del Código Penal de Sri Lanka, que prohíbe las “relaciones carnales contra el orden de la naturaleza” y la “indecencia grave entre personas”.

Human Rights Watch también documentó que otras leyes, incluida una Ley de Vagancia redactada de manera vaga y una disposición del código penal que prohíbe el “engaño por personalidad”, también se utilizan para apuntar a personas transgénero y no conformes con el género para arrestarlas.

Sin embargo, el gobierno de Sri Lanka ha negado sistemáticamente el abuso, y el fiscal general de Sri Lanka afirmó en 2014 que el código penal no se usó para atacar a las personas LGBT + y que hacer cumplir la ley de manera discriminatoria era inconstitucional.

Las relaciones entre personas del mismo sexo en Sri Lanka están penadas, al menos sobre el papel, como una conducta “inmoral”; en la práctica, sin embargo, no se suele aplicar el código penal heredado de la época colonial británica. Lo cual no quiere decir que la situación en el país sea aceptable: el acoso y la violencia contra las personas LGTB o percibidas como tales son una constante.

El artículo 365 del Código Penal de Sri Lanka, heredado de la época colonial británica, castiga explícitamente el “coito carnal contra natura con hombre, mujer o animal” con pena de cárcel que puede llegar a los diez años. El artículo 365 A, por su parte, castiga los actos de “indecencia grave”, ya sean cometidos en público o en privado, con penas que puede llegar a los dos años de cárcel.

Dos artículos que convierten en ilegales los actos homosexuales, algo que el Gobierno de Sri Lanka quiere mantener inalterado. Es por eso que ha procedido a la eliminación de las alusiones a la no discriminación por razones de orientación sexual que habían sido incluidas en el Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2017-2020, al considerar que ello hubiera dado argumentos a los partidarios de despenalizar la homosexualidad ante los tribunales.

Las explicaciones del entonces portavoz del Gobierno, Rajitha Senaratne, no dejaban por otra parte lugar a dudas sobre la hipocresía de la postura gubernamental. Tras argumentar que “incluso en Europa hay países muy católicos que no apoyan la homosexualidad” y que “nosotros, que somos un país budista, también en estamos en contra de ella”, el también ministro de Sanidad restó importancia a la criminalización, argumentando que nadie va a meterse en los espacios privados de la gente para saber si mantienen o no relaciones homosexuales. “No estamos deteniendo a nadie por esto. Es algo que no se hace a la vista. ¿Cómo puede alguien probarlo?”, ha declarado.

Lo cierto es que, aunque en la práctica dichos artículos no se apliquen, su mera existencia sigue constituyendo una espada de Damocles sobre el colectivo LGTB de Sri Lanka y les deja en situación de absoluta desprotección ante el acoso y la discriminación. Baste recordar lo que le ocurrió al ministro de Exteriores, Mangala Samaraweera, que simplemente por votar contra una propuesta homófoba de Rusia en Naciones Unidas (Rusia quería evitar que la institución reconociese las uniones del mismo sexo contraídas por sus empleados) fue acusado por otro parlamentario del delito de “indecencia grave”. Cuál no será la situación, por tanto, para una persona LGTB.

Fuente Pink News/Cristianos gays

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Declaran admisible querella del Movilh contra seis neonazis que secuestraron y torturaron a joven en razón de su orientación sexual

Lunes, 21 de septiembre de 2020
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neonazis-movilh-820x394El joven fue atado a un palo y recibió golpes de corriente, en una casa okupa de Estación Central,

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó una querella contra los  seis neonazis que el pasado 5 de junio secuestraron y torturaron en razón de su orientación sexual al joven Francisco Aranda (29). La acción legal fue hoy declarada admisible por el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

La querella criminal, patrocinada por la abogada del Movilh, Mónica Arias, precisa que la tortura que tuvo lugar en una casa Okupa, ubicada en Estación Central, donde se configuró el delito de secuestro con lesiones graves, siendo además aplicable el agravante de la Ley Zamudio, toda vez que los atropellos se originaron luego de descubrirse que el joven era bisexual.

Entre otras diligencias, el Movilh solicitó que la Policía de Investigaciones “pericie todos los dispositivos electrónicos de propiedad de los querellados”, que se “encargue a Carabineros de Chile el empadronamiento de testigos” y que se “practique una pericia de las lesiones sufridas por la víctima”.

La querella fue presentada contra Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González, José Rodríguez, Priscila Romo y el menor de edad, A.I.G.S.

Entre los abusos, los agresores desnudaron, golpearon y amarraron  a un palo a la víctima, todo en medio de  golpes de corriente y de amenazas de que sería violado.

La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié  con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo.

“Este es un hecho gravísimo, de violencia extrema, que no queremos vuelva a  ocurrir nunca más en este país. Esperamos y exigimos la máxima pena posible, así como una mayor preocupación del Estado en torno a grupos neonazis que suelen actuar con total impunidad y de manera cotidiana”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Fuente MOVILH

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Neonazis secuestran y torturan a joven en razón de su orientación sexual

Lunes, 24 de agosto de 2020
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agredido2Lo ataron a un palo y le dieron golpes de corriente. El Movilh pidió la intervención del Ministerio del Interior

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y repudió hoy que cuatro neonazis, uno de ellos menor de edad, secuestraran y torturaran a un joven de 29 años, luego de enterarse de la orientación sexual de la víctima.

“Este es un hecho deleznable, sobrecogedor, merecedor del repudio de toda la sociedad y de la máxima sanción establecida en la legislación, considerando por cierto la agravante de la Ley Zamudio. Es inhumano atacar personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Estamos muy impactados por lo ocurrido. Hemos solicitado la intervención del Ministerio del Interior y evaluamos la presentación de una querella”,  señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

El dirigente añadió que “hoy hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior todos los antecedentes del caso, de manera que el Gobierno se haga parte presentando una querella, así como brindando a la víctima toda la asesoría legal y psicológica que necesite”.

El joven de 29 años fue golpeado y secuestrado  el pasado 5 de junio durante cinco horas por cuatro sujetos, todos neonazis, con quienes compartía una casa okupa de Estación Central. Los agresores fueron detenidos y formalizados ayer.

El Movilh precisó que “la agresión se habría provocado luego de que los victimarios se enteraran de la orientación sexual homosexual de la víctima, tras lo cual la desnudaron, golpearon y amararon en un palo ubicado en la casa okupa, todo en medio de  golpes de corriente y de amenazas de que sería violado ”.

La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié  con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo

Luego de meses de indagatorias,  la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI detuvo ayer a los responsables. Se trata de Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S. Para los primeros el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva y para el adolescente arresto domiciliario, fijando un plazo de 20 días para la investigación

culpable2-300x200culpableuno-300x200culpable3-300x200El Jefe (s) de la zona metropolitana de la PDI, Juan Pardo, explicó que ”se procedió a la detención por el delito de secuestro con lesiones graves. Los sujetos de tendencia neonazi procedieron a secuestrar a la víctima  y la mantuvieron detenida por alrededor de cinco horas, causándole lesiones con objetos contundentes, además de golpes de corriente en su cuerpo”

Añadió que los agresores “corresponden a una célula neonazi, relacionada con la Legión 38 y otra relacionada con La Rapada”.

Por su lado, la fiscal Centro Norte, Pamela Contreras, anunció que invocará la Ley Zamudio, aprobada en 2012 e inspirada en el crimen de odio de Daniel Zamudio, un joven gay que fue asesinado por una banda de neonazis, en circunstancias parecidas a las de este caso, lo cual fue calificado de “justo y muy pertinente” por el Movilh, organismo que también estudia presentar acciones legales.

De acuerdo a un estudio del Movilh, en base a cifras del Poder Judicial, entre el año 2012 y el 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por Ley Zamudio en todo el país. Sólo en el 23,7% de los casos se dictó sentencia, la mayoría desfavorables para las víctimas.

***

Habla joven torturado durante seis horas por neonazis: “asumí que me iban a matar y solo me entregué”

El joven, quien denuncia fue atacado por ser bisexual, autorizó al Movilh a hacer público su testimonio. El Movilh prepara querella

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El joven que el pasado 5 de junio  fue secuestrado, torturado y recibió golpes de corrientes por seis neonazis  en una casa okupa de Estación Central, decidió dar su testimonio, autorizando al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a hacerlo público.

Se trata del joven tatuador Francisco Aranda (29), quien junto con aclarar que no tiene ninguna relación con la  ideología neonazi, recuerda que conoció a los agresores hace años.

“Desde pequeño me junté en el Eurocentro,  el cual era punto base de junta para tribus urbanas, a las cual yo pertenecí. Ahí conocí a estos “neonazis” cuando eran supuestos punks, dark, etc”, dijo en referencia a los agresores Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S, que ayer fueron formalizados, y sobre José Rodríguez y Priscila Romo, detenidos hoy.

Añadió que a la casa okupa, donde fue torturado, llegó en febrero pasado por problemas económicos, y que al poco tiempo comenzaron los problemas, los cuales se agudizaron en razón de su orientación sexual.

“Últimamente (en la casa okupa) veníamos teniendo problemas de convivencia por diversas razones, nunca una en en especifico; alcohol, drogas hacían que la convivencia fuese cada vez peor y de a poco violenta”, señaló,

Por eso, añadió, “llegó el día donde empecé a retirar mis cosas de ahí porque ya no me sentía cómodo. Fui a sacar un bolso con mi ropa y a buscar unas agujas para tatuar”.

Los neonazis “ahí estaban carreteando y me hicieron “La encerrona”. Mi mina estaba embarazada en ese momento, habíamos tenido una discusión y me acompañó a buscar mis cosas allá”.

En la ocasión Rodrigo González “me amarró a un palo junto a la Betzy (Betzabet Soto) y la Pila. Me pegaron con fierros, palos, me tiraban agua constantemente, mientras el hijo de la Betzy (menor de edad) me grababa y aprovechaba de golpearme”.

“Me trataban de “weco y maricón”, sus golpes iban acompañados de insultos homofóbicos. Me grabaron,  me sacaron fotos, se dieron el tiempo de sacarse selfies conmigo desnudo y amarrado, ensangrentado y semi inconsciente”, sostuvo.

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Denunció que “la Betzy llamó a varios tipos skinheads de índole NS (neonazis) para que me pegaran. Involucró a gente que yo ni siquiera conocía, y llegaron solo a golpearme. Mientras yo estaba amarrado.me dieron golpes de corriente incluso”.

Agregó que “quedé con fractura maxilofacial, fractura en la costilla. Llegué con hipotermia ya que estuve 6 horas amarrado,  me tiraban agua helada constantemente, y nunca pararon de golpearme. Quedé inconsciente y llegó un momento en que asumí realmente que me iban a matar. Ya no di más y solo me entregue a lo que venía”.

“Me iban a violar, pero no lo concretaron porque debido a mis gritos los vecinos llamaron a los pacos, los cuales no hicieron nada.  Yo solo quería salir de ahí cuando llegaron y debido al estrés comencé con convulsiones, llegué inconsciente a la mutual que está en el Metro Ecuador.

“Debo aclarar también que nunca estuve de acuerdo con denunciar ya que estuve constantemente bajo amenazas yo  y mi familia si es que esto se hacía público. Fui torturado por 6 horas, las peores 6 horas de mi vida donde me hicieron sentir que valía nada”.

“Comparto esto ahora para que se haga público y tengan cuidado con estos sujetos, porque lamentablemente esto seguirá  pasando si no cambiamos como sociedad”, dijo.

Puntualizó que “no necesito contarle mi orientación sexual bisexual a todo el mundo, ya que es algo personal. Me basta con que mi familia lo sepa. No es un tema que, según yo, sea relevante ante esta sociedad ya que mantengo al margen mi privacidad”.

Tras una conversación telefónica entre el joven y el Movilh se acordó además la próxima presentación de una querella contra los responsables.

Fuente MOVILH (1, 2)

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Chile: Interno de Complejo Penitenciario de Rancagua denuncia que fue torturado por siete gendarmes

Sábado, 23 de mayo de 2020
Comentarios desactivados en Chile: Interno de Complejo Penitenciario de Rancagua denuncia que fue torturado por siete gendarmes

movilh-golpes-225x300Acusa discriminación en razón de su orientación sexual y condición de VIH.

Un interno del Complejo Penitenciario de Rancagua, J.M.M, denunció que ha sido torturado por siete funcionarios, además de ser discriminado en razón de su orientación sexual y condición de VIH, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El afectado, quien se encuentra recluido en el módulo 93, precisó que fue agredido con lumas en distintas partes de su cuerpo, además de ser rociado con gas pimienta. Entre los siete gendarmes responsables, habría liderado el operativo uno de apellido Cornejo.

“También hemos recibido denuncias respecto a condiciones totalmente insalubres y la carencia de medidas para enfrentar el Covid-19, mientras que otros seis internos estarían castigados en condiciones inhumanas en el módulo 92”, señaló el dirigente del Movilh, Ramón Gómez.

Junto con repudiar que “estos abusos ya sean recurrentes en Gendarmería”, Gómez envío todos los antecedentes a la Unidad de Protección de Derechos de la institución, a objeto de que adopten medidas inmediatas a favor de las afectados y contra los responsables. Del mismo modo es deseable que el INDH intervenga este recinto y analice a todos la situación en todas las cárceles.

Fuente MOVILH

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Elena Milashina, la periodista que reveló la persecución contra los homosexuales en Chechenia, amenazada por el presidente Kadýrov

Martes, 28 de abril de 2020
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Elena_Milashina_IWOC_award_2013La vida de Elena Milashina, la periodista rusa que sacó a la luz los secuestros, torturas y asesinatos de homosexuales en Chechenia, podría correr peligro. Ramzán Kadýrov, el presidente de la república rusa del Cáucaso, la ha amenazado de muerte por un nuevo reportaje de investigación sobre su gestión de la pandemia de coronavirus. Los Gobiernos de Alemania y Francia han pedido a Rusia que investigue los hechos y proteja a Milashina. Desde que la periodista reveló la existencia de una persecución organizada contra la población homosexual, se han confirmado varias oleadas de represión homófoba promovida por las autoridades chechenas.

Hace ahora tres años, en abril de 2017, la comunidad internacional se estremeció ante las noticias publicadas por la periodista rusa Elena Milashina en el diario ruso Novaya Gazeta, que apuntaban a una persecución orquestada por las autoridades chechenas contra su población homosexual. A partir de ese momento, salieron a la luz informaciones que indicaban la existencia de auténticos campos de concentración en Chechenia, donde se detenía y torturaba a personas «sospechosas» de ser homosexuales para que delataran a otros miembros del colectivo. Mientras que algunos de los detenidos murieron en dichos campos, otros fueron asesinados por sus familias en lo que se conoce como «crímenes de honor».

A pesar de las numerosas peticiones a nivel internacional, las autoridades de Rusia no han abierto ninguna investigación oficial en relación a lo sucedido en la república caucásica. En diciembre de 2018, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) publicaba un informe que consideraba probada la existencia de pruebas manifiestas de la persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales en Chechenia, acusando a las autoridades rusas de una ausencia de voluntad política para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Una dejación que alentaba una segunda oleada de violencia homófoba desde enero de 2019.

Las informaciones de Milashina, la primera en alertar de esta situación, le han costado caras. En febrero fue agredida a golpes por una turba de quince personas en un hotel de Grozni, la capital de Chechenia, junto con la abogada Marina Dubrovina. Ahora la ha puesto en el punto de mira el propio presidente checheno Kadýrov, que desde su cuenta de Instagram ha advertido: «Si quieres que cometamos un crimen y nos convirtamos en criminales, dilo y ya está». La amenaza se producía después de que Milashina publicara un artículo alertando sobre la represión con la que el régimen checheno está gestionando la crisis producida por la pandemia de coronavirus.

Los responsables de Derechos Humanos de los Gobiernos alemán y francés han pedido a Rusia que investigue las amenazas de Kadýrov. La república caucásica, que disfruta de un elevado nivel de autonomía, forma parte de la Federación Rusa, aunque en las relaciones entre Moscú y Grozni intervienen muchos factores e intereses mutuos. Desde el año 2000 han sido asesinados cinco empleados del Novaya Gazeta, entre ellos la periodista Anna Politkóvskaya en 2006.

Fuente Dosmanzanas

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Corte IDH declara a Perú responsable por torturas y violación a una persona LGBT

Miércoles, 8 de abril de 2020
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azulPor Vero Ferrari

En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por las torturas y violación sexual que sufrió Azul Rojas Marín de parte de agentes policiales de la Comisaría de Casa Grande (Trujillo), el 25 de febrero del 2008, cuando fue interceptada, según la policía “para identificarla”. Allí fue retenida cuatro horas en la dependencia policial, siendo torturada y violada sexualmente por cuatro policías. Cuando Azul intentó interponer la denuncia en la comisaría ese mismo día, no se la recibieron, por lo que fue a los medios de comunicación. Dos días después volvió a la comisaría para interponer nuevamente la denuncia. Dos días después se le realizó un reconocimiento médico legal y una pericia psicológica que revelaron lesiones y afectación psicológica por lo vivido.

Un proceso judicial que duró una década

24 de marzo de 2008, la Fiscalía peruana dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito “contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual” en agravio de Azul. Es ahí que empieza todo el arsenal de defensa de la impunidad contra Azul. Policía, Fiscalía y Poder Judicial rechazaron, negaron, pusieron en duda y no valoraron la violencia vivida por Azul como un daño efectivo contra su integridad física y psicológica.

21 de octubre de 2008, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual agravada y abuso de autoridad en perjuicio de Azul.

9 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope “declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público” y “sobreseyó el proceso por ambos delitos y contra los tres imputados”, ordenando el archivo del expediente, indicando que no existía credibilidad en la versión de la presunta víctima, que ella no había sido uniforme en su declaración sobre los hechos, y además, había continuado con sus labores habituales el 25 de febrero, y que el examen médico se realizó cuatro días después de los hechos por lo que las pericias generaban una duda razonable en su contra.

22 de enero de 2009, Azul interpuso un recurso de apelación contra la resolución anterior. El 23 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope lo declaró improcedente de plano por extemporáneo. Es ahí cuando Azul recurre a instancias internacionales.

20 de noviembre de 2018, la Segunda Fiscalía Supraprovincial, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso la apertura de investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura, pero el 4 de diciembre de 2018, la Quinta Fiscalía Superior de La Libertad declaró nulo el requerimiento. El 16 de enero de 2019, la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope solicitó al Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía. El 14 de agosto de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar improcedente el pedido de nulidad argumentando que el expediente tenía autoridad de cosa juzgada y que las recomendaciones de la Comisión no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope presentó recurso de apelación, señalando que el Estado debía hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión. El 3 de septiembre de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación por considerar que no respetaba los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa procesal penal peruana.

Lo que ordenó la Corte

Gracias a esta sentencia, el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por Azul, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante.

Como medidas de satisfacción, la sentencia deberá publicarse en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y deberá realizarse u acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Así también, se le deberá dar asistencia médica y psicológica a Azul de forma gratuita e inmediata; y como garantías de no repetición, se deberá adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, se sensibilizará y capacitará de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, se diseñará e implementará de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y se eliminará el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.

También se ha fijado una compensación por daños materiales e inmateriales contra Azul y su madre, que deberá ser pagado por el Estado. 70 mil dólares para Azul y 20 mil para su madre.

Fuente Agencia Presentes

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Seis policías de Santa Fe (Argentina) detenidos por torturar a una pareja gay

Sábado, 30 de marzo de 2019
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0036337495Seis policías de la provincia de Santa Fe fueron detenidos luego de que una pareja gay denunciara en Asuntos Internos haber sufrido detenciones ilegales, torturas y abusos por parte de ellos.

Seis policías del Comando Radioeléctrico fueron detenidos luego de que dos jóvenes denunciaran en Asuntos Internos haber sufrido detenciones ilegales, torturas y abusos en la Comisaría 12ª de Santo Tomé, provincia de Santa Fé.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes. La fiscal que interviene decidió detener a seis involucrados. Habría otros nueve efectivos vinculados a la causa que por el momento seguirán en libertad.

Una vez que se difundió el caso, el jefe de la Unidad Regional I, Ricardo Motta, brindó una conferencia de prensa en la que negó los hechos reportados por las víctimas y confirmó a los agentes en sus funciones. Sin embargo, la fiscal interviniente, Mariela Jiménez decidió intervenir para poder investigar lo ocurrido y librar las órdenes de detención.

Alexis y Nahuel denunciaron que, cuando llegaban a su casa de Santo Tomé el lunes por la madrugada, un grupo de policías que los interceptaron en la vía pública, los persiguieron hasta la casa de uno de ellos, los obligaron a salir de la vivienda y los llevaron a la Comisaría 12ª, donde los golpearon brutalmente durante cuatro horas.

Los jóvenes contaron que la violencia se agravó cuando los uniformados descubrieron que son una pareja gay. En ese momento comenzaron las vejaciones de índole sexual.

santfe

Las torturas siguieron hasta que uno de ellos, que es discapacitado, perdió el conocimiento por los golpes. En un video filmado por los familiares se puede ver cómo dos policías lo trasladan en una silla, casi inconsciente.

El médico policial de la Seccional 1ª constató las lesiones y los jóvenes presentaron ese informe al momento en Asuntos Internos, acompañado por fotografías que muestran las lesiones sufridas.

Fuente: Minuto Uno, vía SentidoG

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Chile: Comisión de DDHH de la Cámara citará al Ministro de Justicia y a Gendarmería por torturas a internos LGBTI en las cárceles

Jueves, 2 de agosto de 2018
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220px-carmen_hertz_cadizTras reunión del Movilh con la Comisión. También será citado el INDH y se oficiará al Ministerio de Salud.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Carmen Hertz (en la fotografía), acordó ayer citar al ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, a raíz de los continuos abusos, torturas y discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género que están padeciendo internos/as LGBTI en distintos recintos penitenciarios del país.

La medida se adoptó ayer luego de que el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiéménez, expusiera ante la Comisión detalles de todos los abusos ocurridos en los últimos tres año, pese a existir siete fallos de tribunales que obligan a Gendarmería a terminar con los atropellos y a garantizar un trato libre de discriminación a los reclusos LGBTI.

El hecho más reciente está afectando a internos trans y gays del Centro Penitenciario de La Serena, y en particular, a la reclusa María del Pilar López Barrera, quien han sido discriminada y torturada en diversos penales del país debido a sus denuncias ante tribunales.

En gran parte de estos graves hechos “ha debido intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que también serán citado al Congreso Nacional para conocer su versión de los hechos. De igual manera la Comisión de DDHH de la Cámara oficiará al Ministerio de Salud para que se garantice el tratamiento sobre VIH/SIDA en las cárceles, pues varios reclusos son impedidos de estos derechos en represalia a sus denuncias”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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