Un tribunal nigeriano libera sin cargos a dos hombres que fueron acusados de mantener relaciones homosexuales
Un tribunal nigeriano ha liberado sin cargos a dos hombres acusados de mantener relaciones homosexuales. La decisión se ha tomado después de que la defensa lograra demostrar que las confesiones que ambos efectuaron se habían obtenido con coacciones y malos tratos por parte de la policía. Aun así, los dos acusados han descrito su estancia en prisión provisional como “un infierno” del que apenas esperaban sobrevivir. De haber sido condenados, se hubiesen enfrentado a penas de hasta 14 años de cárcel.
El pasado mes de diciembre, la policía de la localidad nigeriana de Benin City procedió a la detención de Paul Frank, de 31 años, y Christian Ejimofor, de 22. Ambos fueron acusados de “conocimiento carnal ilegal”, por mantener relaciones homosexuales, así como de robo y conspiración. Según el fiscal del caso, O. A. Enebabor, los supuestos delitos se habían cometido “entre el 14 y el 17 de diciembre”.
Tras una audiencia preliminar que tuvo lugar el 4 de enero, se dictó prisión provisional para los dos detenidos, que habían confesado los hechos en las dependencias policiales. Cuando ya habían pasado 50 días en prisión, Tom Malanga, un abogado que desarrolla su labor en los Estados Unidos, tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicacion y quiso ofrecer sus servicios. En contacto con sus afiliados en Nigeria, solicitó fianza para ambos, que el juez fijó en 200.000 nairas (570 euros, 636 dólares) para cada uno.
Con la representación legal adecuada, se inició la vista el pasado 30 de mayo, con una Fiscalía que desplegó en principio toda su dureza. Sin embargo, la defensa objetó la presentación de unos vídeos en los que se mostraban las confesiones de ambos acusados, alegando que estas habían sido conseguidas bajo coacción, y que sus defendidos habían sido golpeados por los agentes de policía. El tribunal aceptó la alegación, impidiendo que los vídeos fueran presentados como evidencia. En ese momento, dado que no podía presentar más pruebas, la Fiscalía decidió retirar los cargos, y el juez dictó la libertad definitiva de los acusados.
Tom Malanga, sin embargo, también quiso denunciar públicamente el trato inhumano que habían recibido sus defendidos durante su estancia en prisión, donde fueron objeto de todo tipo de abusos y violencia. El infame maltrato había llegado hasta el punto de que Christian Ejimofor presentaba tras su liberación graves síntomas de desnutrición y un estado de salud muy delicado. Ambos describieron su estancia en la cárcel como “un infierno”, al que apenas hubieron podido sobrevivir unos pocos días más.
Debido a ello, el abogado Tom Malanga efectuaba las siguientes declaraciones tras el juicio: “Me siento lleno de orgullo y felicidad por que este día haya llegado, aunque todavía me enfurece que algo así haya sucedido, y también me entristece que haya otras personas LGTB cuyas detenciones no han sido dadas a conocer en los medios y están ingresadas en prisiones nigerianas en estos momentos”.
Nigeria: violencia social y de Estado
La homosexualidad es ilegal en Nigeria según los artículos 214 y 217 de su Código Penal y puede tener penas de hasta 14 años de cárcel. En Nigeria las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica). A principios de 2014, además, el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley que agravaba el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad, prohibiendo toda muestra de afectividad entre personas del mismo sexo y cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. No en vano, algunos la describieron como la ley para “encarcelar a todos los gays”. Desde su entrada en vigor, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.
En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.
En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.
En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.
En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.
En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.
Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisión por haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. En abril de este 2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.
Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.
Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.
Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de este mismo año nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.
Fuente Dosmanzanas
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