El gobernador de Pensilvania Tom Corbett ha comunicado que no presentará apelación contra la sentencia del tribunal federal que ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. Con la confirmación de que la administración de Oregón tampoco recurrirá la sentencia del mismo sentido del juez federal Michael McShane, Oregón y Pensilvania se han convertido, respectivamente, en los estados decimoctavo y decimonoveno en permitir el matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

Desde la página web de la oficina del gobernador de Pensilvania, se comunicaba la decisión de no apelar la sentencia favorable a los derechos LGTB del juez John E. Jones en los siguientes términos:

He revisado a fondo las consideraciones del juez Jones en el caso Whitewood. Dado el alto umbral legal establecido por el juez Jones en este caso, es altamente improbable que una apelación tenga éxito. Por lo tanto, después de esta revisión y con el asesoramiento del equipo jurídico del  estado, he decidido no apelar la decisión del juez Jones.

Como católico romano, no ha vacilado la enseñanza tradicional de mi fe. Sigo manteniendo la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mi deber como gobernador requiere que acate las leyes según la interpretación de los tribunales y juzgar la probabilidad de éxito de una apelación.

A lo largo del debate sobre este importante y significativo asunto, he sostenido que los funcionarios y organismos del estado seguirían las disposiciones de la ley de matrimonio de Pensilvania, al menos hasta que un tribunal dijera lo contrario. El tribunal ha hablado, y me aseguraré de que mi administración cumpla las disposiciones de la orden del juez Jones con respeto para todas las partes.

Tengo la esperanza de que mientras la importante cuestión de las relaciones entre personas del mismo sexo continúe siendo abordada en nuestra sociedad, todos los involucrados se traten con respeto.

Por su parte, tanto la Fiscalía General como el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, ya han indicado que tampoco apelarán la sentencia del juez McShane que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en su estado, aunque en este caso su motivación ha sido su pleno acuerdo con la sentencia, ya que incluso no defendieron el ordenamiento jurídico de Oregón sobre este asunto ante el tribunal federal.

La igualdad matrimonial alcanza al 43,5 % de la población

De esta manera, se amplía a diecinueve el número de estados de los Estados Unidos que permiten el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Pensilvania, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales. Como curiosidad, con la inclusión de Pensilvania, la igualdad matrimonial ya es plena en todos los estados de la región del Noreste. Con la de Oregón, lo es en todos los estados de la división del Pacífico, excepto Alaska.

Esto supone que, a día de hoy, aproximadamente el 43,5 % de la población estadounidense vive en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Estas cifras aumentarían considerablemente si se tomaran en cuenta los estados donde se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dichos dictámenes se encuentran en suspenso en espera de que se decida su apelación. De hecho, en algunos de ellos, como Utah, Michigan o Arkansas, ya se han celebrado legalmente matrimonios entre personas del mismo sexo antes de que se suspendieran las sentencias.

Así pues, si añadimos a la lista a Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho,  el  total de estados alcanzaría los 26, más de la mitad de los 50 que conforman los Estados Unidos. Sumando su población, obtendríamos que un 61,2 % de los estadounidenses vive en estados donde se permite el matrimonio igualitario o se ha declarado en primera instancia la inconstitucionalidad de su prohibición.

Fuente Dosmanzanas

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Añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de sentencias favorables a los derechos de las personas LGTB de este mes de mayo, el juez federal John E. Jones ha resuelto que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que establecen las leyes de Pensilvania es inconstitucional. El juez Jones no ha dictado una suspensión temporal de su fallo, pero sí ha ordenado la inmediata expedición de licencias de matrimonio a las parejas el mismo sexo que las soliciten, hecho que ya se ha producido. Sin embargo, las leyes de Pensilvania obligan a una espera de tres días hábiles desde que la licencia es expedida hasta que el matrimonio pueda llevarse a cabo, a menos que un juez exima a la pareja de esa dilación. La oficina del gobernador aún no ha comunicado si apelará la decisión del tribunal federal.

La Constitución del estado de Pensilvania no recoge una prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 1996 fue aprobada una ley en ese sentido, que además impedía reconocer los matrimonios de este tipo celebrados en otros estados donde son legales. Contra esta ley presentaron una demanda conjunta diez parejas del mismo sexo de Pensilvania, dos de sus hijos y una viuda. En la demanda arguían que impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados basándose en que se trataba de parejas del mismo sexo vulneraba sus derechos a la igual protección y debido proceso reconocidos por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Pensilvania, Kathleen Kane, se negó a defender dicha ley ante el tribunal federal, declarando que “no puedo defender éticamente la constitucionalidad de la ley de Pensilvania (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo), porque creo que es completamente inconstitucional”. El gobernador, Tom Corbett, que llegó a argumentar su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo comparándolo con el incesto o los matrimonios con menores de 12 años, decidió contratar a un despacho privado de abogados para que defendiera la ley ante el juez Jones, cuya tarifa ascendía a más de 400 dólares a la hora.

Otra sentencia favorable

Ese dispendio de dinero público no parece haber demostrado su utilidad, pues finalmente el juez Jones ha dictaminado a favor de las parejas demandantes, estimando que, efectivamente, sus derechos constitucionales a la igual protección y debido proceso eran vulnerados por la legislación de Pensilvania.

El preámbulo de la sentencia evidencia lo que ya es un proceso imparable: “nos unimos a los doce tribunales federales de distrito de todo el país que, cuando se han enfrentado a estas desigualdades en sus propios estados, han llegado a la conclusión de que todas las parejas se merecen la misma dignidad en el ámbito del matrimonio civil”.

Tras los argumentos jurídicos, semejantes a los considerados en las sentencias de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas,  Idaho y Oregón, el juez concluye con una reflexión de fondo, en la que llega a comparar la discriminación que supone la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo con las leyes de segregación racial vigentes en los Estados Unidos hasta mediados del pasado siglo:

El asunto que resolvemos hoy supone una división. Algunos de nuestros ciudadanos se sienten profundamente incómodos con la noción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo cause malestar en algunos no hace constitucional su prohibición. Tampoco puede prevalecer la tradición del pasado sobre las garantías constitucionales al debido proceso y la igual protección. Si no fuera así, la nuestra seguiría siendo una nación racialmente segregada según la doctrina ahora legítimamente descartada de ‘separados pero iguales’. En los sesenta años desde que se resolvió el proceso de Brown contra la Junta de Educación, afortunadamente se ha desvanecido de la historia el ‘separados’ y solo permanece el ‘iguales’. Del mismo modo, en las generaciones futuras será abandonada la etiqueta de ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ para ser reemplazada simplemente por la de ‘matrimonio’.

Somos un pueblo mejor que lo que representan estas leyes, y es hora de arrojarlas al vertedero de la historia.

Incierta apelación

Por el momento, la oficina del gobernador Corbett no ha anunciado si presentará la correspondiente apelación y petición de suspensión de la sentencia, como en los casos de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Al no haber dictado dicha suspensión el juez Jones, las licencias de matrimonio ya han sido expedidas, aunque, como comentábamos, la demora de tres días hasta que puedan ejecutarse proporcionaba en un principio un margen para que la apelación pudiera ser presentada antes de que se celebrara algún matrimonio. Sin embargo, al prever la ley que un juez pueda eximir de esa demora a una pareja solicitante, se ha informado de que ya ha tenido lugar el primer matrimonio legal de una pareja del mismo sexo en Pensilvania.

La delegación de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU (American Civil Liberties Union) en Pensilvana ha abierto una petición on-line para solicitar al gobernador que no apele la sentencia y que Pensilvania se convierta definitivamente en el decimonoveno estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

La que sí que ha formulado una declaración es la fiscal general Kathleen Kane, que desde la cuenta de Facebook de la Fiscalía expresaba su satisfacción por la sentencia, calificando esta fecha como “un día histórico” pues “se hace justicia a los ciudadanos de Pensilvania que han sufrido una protección desigual ante la ley debido a su orientación sexual”.

Estaremos pendientes de la decisión del gobernador al respecto para seguir informando.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Pensilvania se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho y Oregón. Sin embargo, exceptuando a Oregón, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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Informa Dosmanzanas de que la fiscal general de Nevada (Estados Unidos) ha comunicado que no defenderá la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la Constitución del estado ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que deberá decidir acerca de la demanda interpuesta por ocho parejas del mismo sexo contra el estado de Nevada por prohibirles el derecho a contraer matrimonio.

Catherine Cortez Masto, la fiscal general de Nevada, ha experimentado un cambio radical en su postura sobre la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. En enero causó gran polémica el informe que hizo llegar a la Corte de Apelaciones en defensa de la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la Constitución de Nevada desde 2002 mediante referéndum. La fiscal general argumentaba que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era comparable a la prohibición de la poligamia o del incesto, argumento muy criticado por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB.

Sin embargo, pocos días después se dio a conocer una sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, en la que se dictaba que no se puede rechazar a un miembro de un jurado por razones de su orientación sexual. La sentencia otorgaba el mismo grado de protección a la orientación sexual que la establecida para el sexo o la raza, el más alto. Este grado de protección otorgado por la Corte de Apelaciones a la orientación sexual sirvió para que la fiscal general de Nevada reflexionara sobre sus argumentos acerca de la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. “La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito parece afectar a los argumentos sobre el derecho a la igual protección y debido proceso realizados en nombre del Estado”, comunicaba Cortez Masto, añadiendo que evaluaría cuál sería la nueva posición de la Fiscalía General del estado de Nevada respecto al matrimonio igualitario.

Finalmente, el pasado 10 de febrero la Fiscalía General de Nevada comunicó la retirada de todos los informes presentados ante la Corte de Apelaciones y su renuncia a defender la prohibición del matrimonio igualitario. El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, apoyaba la decisión de la fiscal general, declarando que le parecía evidente que los argumentos a favor de la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo no eran defendibles ante los tribunales.

La fiscal general de Nevada se equipara así a los fiscales de Virginia y Pensilvania, que también han rehusado defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en sus estados. En el caso de Pensilvania, sin embargo, el gobernador Tom Corbett decidió contratar los servicios de un bufete privado para defender la prohibición estatal del matrimonio igualitario ante la justicia federal.

El matrimonio igualitario en Nevada

Con la renuncia de la Fiscalía de Nevada ha crecido el optimismo respecto a la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado, sin dejar de ser prudentes acerca de la decisión de la Corte de Apelaciones, que es imprevisible.

Un dictamen favorable acortaría un proceso, el de la igualdad matrimonial de las parejas del mismo sexo en Nevada, que en todo caso parece inevitable. A principios de 2013, tanto el Senado como la Asamblea de Nevada aprobaron iniciar el proceso para eliminar la prohibición constitucional del matrimonio igualitario. Se trata sin embargo de un proceso de largo recorrido, ya que debe ser aprobado en dos periodos legislativos consecutivos antes de ir a referéndum en noviembre de 2016.

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