La escuela dijo que incluso hablar sobre las personas LGBTQ+ es “divisivo”. Los estados dicen que el silencio solo alienta el acoso escolar.

Por Mira Lazine viernes 30 de agosto de 2024

En una acción poco común, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales estatales más el Distrito de Columbia presentaron dos escritos amicus curiae en apoyo de una maestra de Georgia que fue despedida de una escuela pública por leer un libro con temas LGBTQ+ en su clase.

“La participación del Departamento de Justicia y los estados refleja el impacto significativo de este caso en el futuro de la educación pública en todo el país”, dijo el subdirector legal interino del Southern Poverty Law Center, Michael J. Tafelski a LGBTQNation. “Todos los estudiantes merecen la libertad de aprender en escuelas donde se afirme su identidad, y claramente el Departamento de Justicia y los estados de todo el país están de acuerdo”.

El caso es Rinderle v. Cobb County School District. (Rinderle contra el Distrito Escolar del Condado de Cobb), una demanda presentada en febrero de este año después de que la maestra de quinto grado Katherine Rinderle fuera despedida del Distrito Escolar del Condado de Cobb después de leer el libro My Shadow is Purple (Mi sombra es morada) a su clase en la Due West Elementary School (escuela primaria Due West) en marzo de 2023. El libro estuvo en la Feria del Libro Scholastic de la escuela y trata sobre un niño que busca aceptación por su no conformidad de género.

Rinderly está demandando en virtud del Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la educación. La administración Biden ha interpretado que esto incluye la prohibición de la educación anti-LGBTQ+, ya que es imposible discriminar a las personas LGBTQ+ sin tener en cuenta el sexo. Una maestra y un estudiante también son demandantes en el caso que alega que su despido es indicativo de un entorno hostil plagado de discriminación por motivos de sexo contra personas no conformes con su género.

El escrito del Departamento de Justicia establece que Estados Unidos “no toma posición sobre los méritos del reclamo del Título IX de los demandantes, ni sobre la exactitud de las alegaciones que respaldan ese reclamo” y, en cambio, quiere que el tribunal considere los efectos de las políticas de la escuela sobre los estudiantes.

El Departamento de Justicia sostiene que el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta, que tiene jurisdicción en este caso, tiene que evaluar el mérito de las reclamaciones basándose en la totalidad de las pruebas, con especial atención a las políticas de la escuela. Además, el Departamento de Justicia dijo que su interés en el caso es que los maestros – “quienes a menudo poseen un conocimiento único y directo de la discriminación que sufren los estudiantes en sus escuelas” – puedan hablar sin enfrentar represalias.

El distrito escolar invocó una interpretación de sus políticas de “Conceptos divisivos” que prohíben el contenido LGBTQ+ en el aula. Un correo electrónico de un padre que se quejó de la lectura del libro decía que “cualquier cosa en el género ‘LGBTQ’ y ‘queer’” cuenta como “divisivo”. El director reenvió ese correo electrónico a la oficina central del distrito, y Rinderle fue suspendida varios días después y despedida unos meses después.

El Departamento de Justicia sostiene que la afirmación de los acusados de que el Título IX no se aplica porque se trata de un caso de discriminación contra las personas LGBTQ+ es válida. En respuesta, el Departamento de Justicia hace referencia a las decisiones del Departamento de Educación, la Corte Suprema y tres tribunales de apelaciones para respaldar la legitimidad de citar el Título IX para las políticas de no discriminación contra las personas LGBTQ+.

También citaron acusaciones de acoso e intimidación anti-LGBTQ+ dentro del distrito escolar, que el Departamento de Justicia cree que las políticas escolares han permitido.

El escrito concluye: “Por lo tanto, al evaluar, a los efectos del reclamo por represalias del Título IX de Rinderle, si la Demanda alega de manera plausible que ella razonablemente y de buena fe creía que existía un ambiente hostil basado en el sexo para los estudiantes LGBTQ y no conformes con su género, este Tribunal debe considerar, como parte de la totalidad de las circunstancias, los supuestos efectos de la interpretación y aplicación por parte del Distrito de sus Políticas de “Conceptos Divisionarios”.

El escrito de los estados y del Distrito de Columbia incluye a los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Vermont. Todos ellos afirman que las políticas del distrito escolar que censuran el contenido LGBTQ+, denominadas “políticas de censura”, son de “’carácter inusual’ –únicas en su amplitud y en su incapacidad para promover de manera significativa objetivos pedagógicos legítimos–, lo que proporciona una indicación adicional de que las políticas son constitucionalmente sospechosas”.

El argumento central del escrito es que las políticas dentro del distrito escolar perjudican a los jóvenes LGBTQ+. El escrito cita investigaciones sobre el tema.

Argumentan que los estados representados en el escrito amicus tienen políticas educativas más legítimas ya que sirven para proteger a los jóvenes LGBTQ+ con el objetivo de promover su educación.

“Los Estados Amici también reconocen el hecho indiscutible de que las personas LGBTQ son parte de la vida estadounidense y, por lo tanto, incluyen las experiencias y contribuciones LGBTQ en la educación en historia y estudios sociales”, escriben los estados. “Por estatuto, siete Estados Amici han promulgado requisitos curriculares de historia o estudios sociales relacionados con los estadounidenses LGBTQ. Otros Estados Amici han emprendido esfuerzos similares para actualizar los estándares curriculares para incluir a las personas LGBTQ”.

La investigación en la que se basan, que incluye datos de los Centers for Disease Control and Prevention, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), una revisión sistemática de la Cornell University, (Universidad de Cornell) el Michigan Department of Education, (Departamento de Educación de Michigan) y una encuesta de investigación GLSEN, entre otras publicaciones, sugiere que los jóvenes LGBTQ+ tienen más probabilidades de sufrir acoso que sus pares cisgénero y heterosexuales, lo que conduce a efectos más negativos en la salud mental de la población.

Concluyen argumentando que el escrito amicus curiae indica que podría ser necesario gastar costos adicionales para abordar los posibles efectos negativos de Georgia debido a la afluencia de jóvenes LGBTQ+ y sus familias que se mudan a sus estados.

Los escritos se oponen a los demandados: el Distrito Escolar del Condado de Cobb, el superintendente del distrito, la Junta de Educación del condado y Chris Dowd, un ex oficial del Departamento de Policía de Atlanta y actual empleado del distrito que fue demandado por actuar ilegalmente en una redada en un bar gay en 2009. Los demandantes están representados por Goodmark Law Firm, las Oficinas Legales de Gerry Weber, el Southern Poverty Law Center, la Asociación Nacional de Educación y la Fundación de Educación del Sur.

Fuente LGBTQNation

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Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaron que las protecciones ampliadas del Título IX del presidente Joe Biden no se pueden aplicar en 26 estados donde hay impugnaciones legales en curso.

El Título IX es una pieza histórica de legislación de derechos civiles que protege a las personas de la discriminación basada en el sexo en programas educativos o actividades que reciben asistencia financiera federal, y es más conocido por garantizar la igualdad de género en los deportes universitarios.

En abril, Biden finalizó las nuevas normas antidiscriminación (propuestas por primera vez en 2022), que tienen como objetivo proteger a las personas en las escuelas públicas de la discriminación y el acoso basados en el sexo, proporcionando protecciones explícitas para los alumnos LGBTQ+ y prohibiendo expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Sin embargo, antes de que las enmiendas pudieran entrar en vigor, varios estados controlados por los republicanos prometieron rechazar la ley, demandando a la administración Biden y etiquetando la legislación como “ilegal, antidemocrática y divorciada de la realidad”, alegando que pone “a las mujeres en riesgo”.

El viernes (16 de agosto), en una votación de 5 a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración de permitir que la mayor parte de las normas del Título IX entren en vigor cuando los tribunales han emitido órdenes judiciales que las bloquean temporalmente.

“En esta situación de emergencia en este tribunal, recae sobre el gobierno, como solicitante, la carga de demostrar, entre otras cosas, una probabilidad de éxito en su… argumento…”, se lee en el fallo. “Sobre la base de este registro limitado, el gobierno no ha proporcionado a este tribunal (con) una base suficiente para refutar las conclusiones provisionales de los tribunales inferiores de que las tres disposiciones que probablemente sean ilegales están entrelazadas con otras disposiciones de la norma y las afectan.

“El gobierno tampoco ha identificado adecuadamente qué disposiciones particulares, si las hay, son suficientemente independientes de la disposición de definición prohibida y, por lo tanto, podrían permanecer en vigor. Además… el Sexto Circuito ya ha acelerado su consideración del caso y ha programado los argumentos orales para octubre.

“El tribunal espera que los tribunales de apelación dicten sus fallos con la debida prontitud. A la luz de todas las circunstancias, el tribunal rechaza las solicitudes del gobierno de suspensión parcial de la ejecución de los autos”.

“Tácticas crueles e hipócritas”

En respuesta, Ria Tabacco Mar, directora del Proyecto de Derechos de las Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que dichas demandas están “utilizando los ataques a los niños trans como una forma de revertir otros derechos de las mujeres y las niñas”.

Continuó diciendo: “Atacar a las personas trans no hace nada para abordar los problemas reales que enfrentan las mujeres y las niñas. Estamos decepcionados de que la Corte Suprema haya permitido que estas tácticas crueles e hipócritas tengan éxito, incluso temporalmente. Seguiremos luchando para que todos los estudiantes aprendan en escuelas seguras e igualitarias”.

Jennesa Calvo-Friedman, abogada senior de la ACLU, dijo: “La nueva guía de la administración Biden es crucial para aclarar las protecciones bajo el Título IX para tantos estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero y otros estudiantes LGBTQ, estudiantes embarazadas y con hijos, y otros estudiantes que enfrentan acoso sexual. Pero incluso sin ella, los estudiantes no están desprotegidos.

“A pesar de lo que hizo hoy la Corte Suprema, los estudiantes aún pueden presentar demandas privadas contra las escuelas para reivindicar sus derechos bajo el Título IX, incluso basándose en su identidad de género o su estado de embarazo o paternidad, incluso en lugares donde la norma está bloqueada.

“Las escuelas deben ser conscientes de que la discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso, es ilegal, y los estudiantes aún pueden exigir responsabilidades a las escuelas. Es más, las escuelas no tienen que esperar a que se les imponga un mandato para adoptar prácticas que den la bienvenida a todos los niños. Las políticas transinclusivas siguen siendo legales, y las escuelas pueden –y deben– avanzar con ellas”.

Fuente PinkNews

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Juez Danny Reeves

Un juez federal bloqueó temporalmente las enmiendas al Título IX, que habrían aumentado la protección para los estudiantes LGBTQ+, en seis estados más.

El lunes (17 de junio), el juez de distrito Danny Reeves concedió una orden judicial preliminar, bloqueando enmiendas en Kentucky, Indiana, Ohio, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

El fallo se produce pocos días después de una decisión similar del juez de distrito Terry Doughty, quien bloqueó la entrada en vigor de la expansión en Luisiana, Mississippi, Montana e Idaho.

El Título IX es una pieza histórica de la legislación de derechos civiles que protege a las personas de la discriminación basada en el sexo, en programas o actividades educativas que reciben asistencia financiera federal, y es mejor conocido por garantizar la igualdad de género en los deportes universitarios.

El presidente Joe Biden finalizó en abril nuevas normas antidiscriminatorias del Título IX, propuestas por primera vez en 2022, que tienen como objetivo proteger a las personas en las escuelas públicas de la discriminación y el acoso por motivos de sexo, proporcionando protecciones explícitas para los alumnos LGBTQ+ y prohibiendo expresamente la discriminación por orientación sexual. e identidad de género.

Juez Terry Doughty

Sin embargo, los republicanos no estaban contentos con las medidas, las describieron como “políticas destructivas que ponen a las mujeres en riesgo” y han tomado medidas para demandar a la administración Biden.

En su fallo, Reeves escribió: “Hay dos sexos: masculino y femenino. Hace más de 50 años, el Congreso reconoció que las niñas y las mujeres no recibían oportunidades educativas iguales a las que tenían sus homólogos masculinos.

“Intentó remediar esta desigualdad histórica mediante la aprobación de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972, comúnmente conocida como Título IX. Y durante más de 50 años, las instituciones educativas de todo el país corren el riesgo de perder fondos federales si no cumplen con los dictados del estatuto”.

Pero el poder ejecutivo del gobierno estadounidense ahora busca “alterar drásticamente el propósito y el significado del Título IX”, añadió.

“Seis estados, una asociación de educadores cristianos y una niña de 15 años se oponen. Como argumentan correctamente, la nueva norma contraviene el texto plano del Título IX al redefinir “sexo” para incluir la identidad de género, viola los derechos de la Primera Enmienda de los empleados gubernamentales y es el resultado de una elaboración de normas arbitraria y caprichosa.

“Si se permite que la nueva norma entre en vigor el 1 de agosto, todos los demandantes sufrirán un daño inmediato e irreparable.

“Debido a que es probable que los demandantes prevalezcan sobre los méritos de sus reclamos, y el interés público y las acciones favorecen enormemente su posición, se prohibirá la nueva regla y se suspenderá su aplicación”.

Fuente PinkNews

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He aquí por qué las reglas no cubren el candente tema de los estudiantes-atletas transgénero.

Las nuevas reglas, que invalidan numerosas políticas anti-transgénero desarrolladas durante el gobierno del expresidente Donald Trump, entrarán en vigor el 1 de agosto, antes del inicio del próximo año escolar. Se espera que cualquier escuela que reciba fondos federales siga las reglas o se arriesgue a demandas federales, una investigación del DOE y una posible pérdida de fondos.

Las reglas revisadas se basan en la decisión de 2020 de la Corte Suprema. Bostock contra el condado de Clayton decisión, que decía que las leyes que prohíben la discriminación basada en el sexo incluyen la orientación sexual y la identidad de género. Como tal, las nuevas reglas prohíben el comportamiento discriminatorio o de acoso hacia todos los estudiantes, incluidas las que están embarazadas o han interrumpido un embarazo.

Es probable que las nuevas reglas molesten a los republicanos que han pasado los últimos años impulsando políticas que prohíben a los educadores atender a estudiantes trans.

La administración Trump pasó cuatro años luchando contra la idea de que las leyes que prohíben la discriminación “basada en el sexo” prohíben la discriminación anti-LGBTQ+, particularmente en las escuelas. En 2017, la entonces Secretaria de Educación, Betsy DeVos, emitió una guía para las escuelas diciendo que el Título IX no protegía a los estudiantes LGBTQ, poco después de que ella y el Fiscal General Jeff Sessions revocaran una guía de la administración del expresidente Barack Obama que decía lo contrario.

La Administración Biden había prometido presentar las reglas recién reveladas en enero, pero el DOE dijo que su publicación se retrasó debido a una cantidad sin precedentes de más de 240.000 comentarios presentados durante el período de respuesta pública de 30 días de las nuevas reglas.

Las reglas recientemente reveladas no mencionan a los atletas trans. En marzo, dos fuentes anónimas de la administración dijeron a The Washngton Post que Biden quería evitar el tema durante un año electoral, para que no ayudara a la base de votantes republicanos antitransgénero de Trump.

Sin embargo, en abril pasado, el DOE propuso una regla que impediría que las escuelas adopten políticas que permitan que los estudiantes-atletas transgénero sean excluidos por completo de los equipos deportivos que coincidan con su identidad de género.

Las organizaciones LGBTQ+ celebran pero dicen que se necesita más

La directora del Proyecto de Derechos No Binarios y Transgénero de Lambda Legal, Sasha Buchert, de la organización de defensa LGBTQ+, elogió las nuevas reglas y escribió: “Aplaudimos la acción de la administración Biden para rescindir la norma legalmente errónea, cruel y peligrosa sobre acoso y agresión sexual de la administración anterior”.

“En cambio, la regla de hoy subraya apropiadamente que las protecciones de los derechos civiles del Título IX cubren claramente a los estudiantes LGBTQ+, así como a los sobrevivientes y estudiantes embarazadas y con padres de todas las razas e identidades de género”, agregó Buchert. “Las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes puedan aprender y prosperar libres de acoso, discriminación y otros abusos”.

El representante gay Mark Takano (D-CA) escribió: “El Departamento de Educación y la administración de Biden mostraron verdadero coraje hoy, cumpliendo una promesa de larga data de garantizar que el gobierno federal haga más para proteger a todos los estadounidenses, especialmente a los estadounidenses LGBTQ, de discriminación. Esta norma innovadora es una gran victoria, pero aún nos queda mucho por hacer. Necesitamos consagrar y ampliar sus protecciones aprobando la Ley de Igualdad porque para muchos estadounidenses, sus derechos y protecciones dependen del código postal en el que viven”.

En una declaración que celebraba y criticaba las reglas recientemente reveladas, el National Women’s Law Center (Centro Nacional de Derecho de la Mujer) escribio: “Al celebrar este hito, reconocemos que esta regulación no va lo suficientemente lejos para dejar claras las protecciones de la ley para todos los estudiantes atletas”. La declaración fue firmada por otras 22 organizaciones, incluidos grupos de defensa LGBTQ+ como GLSEN, Human Rights Campaign, PFLAG National y el National Center for Transgender Equality (Centro Nacional para la Igualdad Transgénero).

“Actualmente, el 37% de los jóvenes transgénero, no binarios e intersexuales viven en estados con leyes que les prohíben participar en deportes consistentes con su identidad de género”, continúa el comunicado.

“Hacemos un llamado al presidente Biden y a su administración para que terminen el trabajo proporcionando más aclaraciones sobre las protecciones inclusivas en el atletismo y haciendo cumplir enérgicamente el Título IX para garantizar que todos los estudiantes, incluidos los estudiantes atletas transgénero, no binarios e intersexuales, cumplan con las protecciones completas de la ley, porque todos Los estudiantes merecen la libertad de ser ellos mismos, aprender y hacer lo mejor que puedan en la escuela”, concluyó el comunicado.

Fuente LGBTQNation

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  El cruel arzobispo Mitchell Rozanski,

Las propuestas para extender las protecciones federales del Título IX a los estudiantes LGBTQ+ están ganando terreno en los EE. UU., lo que ha llevado a algunas organizaciones católicas a retroceder, incluida una arquidiócesis que se retiró de un programa para alimentar a niños con inseguridad alimentaria.

El mes pasado, la Arquidiócesis de St. Louis anunció que una docena de escuelas católicas se retirarían preventivamente de un programa gubernamental de almuerzos escolares para ayudar a alimentar a los niños hambrientos. La arquidiócesis, dirigida por el arzobispo Mitchell Rozanski, se retiró de los fondos federales porque no quería que las escuelas observaran las protecciones de no discriminación LGBTQ+ que pueden convertirse en parte de la política del Título IX.

El Título IX es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier escuela o programa educativo que reciba fondos federales. Los nuevos cambios propuestos al Título IX incluirían un lenguaje que aborde la orientación sexual y la identidad de género, ampliando el alcance de las protecciones para los estudiantes LGBTQ+.

Según Only Sky, las escuelas probablemente habrían estado exentas como instituciones religiosas, como indicó el Departamento de Agricultura, si de hecho se hubieran realizado los cambios propuestos, pero los funcionarios de la arquidiócesis optaron por retirarse de todos modos.

Los incidentes de organizaciones católicas y otras organizaciones religiosas que luchan contra las protecciones contra la discriminación LGBTQ+ propuestas por el Título IX también se están desarrollando en los tribunales.

Crux informó que la Asociación Nacional de Educación Católica (NCEA), la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB) y varias diócesis católicas se han unido a un escrito de amicus curiae que se presentó en un caso judicial que impugna los cambios del Título IX. El escrito pide a los tribunales que reconsideren una decisión judicial reciente de que el estado de exención de impuestos federales califica como asistencia financiera federal.

Bondings 2.0 ha informado anteriormente sobre las objeciones de la USCCB a las revisiones del Título IX para incluir a las personas LGBTQ+.

La rígida oposición de los grupos católicos a las protecciones ampliadas del Título IX no es una justificación digna del tremendo daño humano que resultará de la falta de financiación de los programas de almuerzos subsidiados. Al final, la determinación de algunos católicos de adherirse a una comprensión distorsionada de la libertad religiosa, en lugar de incluso una pequeña apertura hacia las personas LGBTQ+, ralentiza el progreso hacia una iglesia que da la bienvenida a todos.

—Grace Doerfler (ella/ella) y Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de octubre de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Biden ha anunciado un cambio propuesto al Título IX que ayudará a los jóvenes LGBT+

Los grupos LGBTQ+ han dado la bienvenida a la expansión propuesta por Joe Biden del Título IX para proteger a los estudiantes LGBTQ+.

El jueves (23 de junio), la administración de Biden anunció las enmiendas propuestas al Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, que prohíbe la discriminación basada en el sexo en las escuelas y los programas educativos financiados con fondos federales.

La propuesta, anunciada en el 50 aniversario de la promulgación de la legislación, garantizaría que los estudiantes LGBTQ+ estén protegidos por la ley. Sería la primera vez que los derechos de los estudiantes  LGTBI+ serían consagrados por el Título IX.

Entre los cambios, “impedir que alguien participe en programas y actividades escolares consistentes con su identidad de género causaría daño yuna violación del Título IX”, y se ampliaría la definición de acoso sexual.

La directora legal de The Human Rights Campaign (HRC), Sarah Warbelow, calificó las propuestas del Título IX como un triunfo.

“El cambio de regla propuesto llega al corazón de lo que se supone que debe hacer el Título IX: proteger a los estudiantes de la agresión sexual, el acoso sexual y la discriminación mientras están en el campus”, dijo Warbelow.

Agregó: “Al detallar las protecciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, se protegerá aún más a una población vulnerable que con demasiada frecuencia es presa. Es especialmente importante, dados los ataques a jóvenes transgénero en todo el país”.

Las enmiendas restaurarían las protecciones eliminadas por la administración Trump en 2020 que, según el Departamento de Educación, “debilitó las protecciones para los sobrevivientes de agresión sexual y disminuyó la promesa de una educación libre de discriminación”.

Según las revisiones de Trump, los niños transgénero pueden ser legalmente excluidos de los baños, vestuarios y programas y actividades separados por sexo, incluido el atletismo de acuerdo con su identidad de género.

La directora del proyecto de derechos transgénero de GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD), Jennifer Levi, también dio la bienvenida al anuncio de Biden.

Levi dijo: “Los jóvenes transgénero son especialmente vulnerables a la intimidación, el acoso y la violencia en los entornos escolares debido a la escalada de ataques legislativos estatales. Las reglas propuestas emitidas hoy por el Departamento de Educación envían un mensaje importante a los estudiantes LGBTQ y sus familias de que la ley federal los protege”.

El director ejecutivo de GLAD, Janson Wu, dijo: “Estas regulaciones propuestas demuestran un fuerte compromiso con la protección de las oportunidades educativas para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes LGBTQ.

“Especialmente a la luz de los ataques legislativos estatales en curso, estamos agradecidos por el fuerte apoyo de la administración a la juventud LGBTQ”.

En un comunicado de la Casa Blanca, Joe Biden dijo: “Durante los últimos 50 años, nuestra nación ha logrado un progreso monumental en el avance de la equidad y la igualdad para todos los estudiantes, incluso al reducir las diferencias de género en los deportes, ampliar las oportunidades en los campos de la ciencia y la tecnología, y proteger a los estudiantes de la discriminación sexual, incluido el acoso sexual y la violencia sexual”.

Sin embargo, Biden dijo que hay más trabajo por hacer para proteger a las personas LGBTQ+.

“Estoy comprometido a proteger este progreso y trabajar para lograr la plena igualdad, inclusión y dignidad para las mujeres y las niñas, los estadounidenses LGBTQI+, todos los estudiantes y todos los estadounidenses”, dijo.

Fuente Pink News

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Un juzgado federal da la razón a Gavin Grimm, un chico trans que denunció a su instituto por no permitirle usar los baños del género con el que se identifica.

El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el caso porque, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el gobierno cambió su política respecto a la ley que prohíbe la discriminación sexual en lugares públicos. 

Ya hace tiempo que publicamos la historia del joven trans Gavin Grimm.  Gavin es un chico trans de Gloucester, Virginia (EE.UU.) que en 2014 demandó a su distrito escolar porque le prohibieron utilizar el baño de chicos. Lo curioso del caso es que los problemas de Gavin empezaron cuando protestaron los padres de algunos alumnos al enterarse de que Gavin utilizaba el baño de chicos, porque entre los alumnos no hubo nunca ningún problema durante los dos meses que estuvo usándolo.

La denuncia de Gavin dio muchas vueltas, primero un juzgado dio la razón al distrito escolar pero luego un tribunal de apelaciones se la dio a Gavin. Y así el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que devolvió la demanda a un juzgado federal porque el nuevo presidente Donald Trump, anuló nada más llegar a la Casa Blanca la directriz de Obama que obligaba a los centros públicos (incluidos centros escolares) a permitir que las personas trans utilizaran el baño del género con el que se identifican.

Ahora la jueza Arenda L. Wright-Allen, del Tribunal del Distrito Este de Virginia, ha sentenciado que Gavin tiene razón. Y punto.

Tras la decisión del Supremo de devolver el caso al tribunal federal el distrito escolar solicitó a la jueza Arenda L. Wright-Allen que desestimara el caso. Pero la jueza dijo que no. Wright-Allen analizó el caso y ha sentenciado que el centro y el distrito vulneraron el Título IX y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución.

El meollo aquí está en el Título IX. El Título IX es una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación en base al sexo en edificios públicos, como por ejemplo los colegios e institutos que reciben financiación del estado. Durante su mandato Obama ordenó que la discriminación por identidad de género también se considerara discriminación sexual, pero Trump dio marcha atrás a esa orden en cuanto entró en el Despacho Oval.

Y ése es el motivo por el que la victoria de Gavin es tan importante: porque un juzgado federal ha sentenciado que la discriminación por identidad de género también es discriminación sexual y, por lo tanto, está prohibida por el Título IX. De ahí que la jueza Wright-Allen haya ordenado al equipo legal de Gavin (que está siendo asistido por la ACLU) y al distrito escolar a que se sienten para llegar a un acuerdo en 30 días. Aprovechó, además, para señalar el daño gratuito provocado por la junta escolar tanto por “la localización de los baños” como por “la estigmatización y la angustia física y mental infligida sobre el Sr. Grimm.”

“Siento un increíble alivio“, ha declarado Gavin a través de un comunicado publicado por la ACLU, “Tras luchar esta política desde que tengo 15 años, finalmente tengo una sentencia judicial que dice que lo que la Junta Escolar del Condado de Gloucester me hizo estaba mal e iba en contra de la ley. Estaba dispuesto a no rendirme porque no quiero que ningún otro estudiante tenga que sufrir la misma experiencia por la que tuve que pasar.”

Tanto la ACLU como la Human Rights Campaign han celebrado la sentencia. Sarah Warbelow, directora legal de la HRC, ha declarado que “con la sucesión de ataques de la administración Trump-Pence a las personas LGTB+ en este país, incluyendo a los menores, nos alegra que otro juzgado federal haya reafirmado los derechos legales y la dignidad de las personas trans“.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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