En un nuevo intento por mermar las prestaciones del Obamacare, la Administración de Donald Trump aprueba una normativa que autoriza la restricción del acceso a los anticonceptivos en los seguros médicos por motivos religiosos, así como abre a la discriminación laboral al permitir a las empresas rechazar candidatos o despedir trabajadores por motivos, no sólo religiosos, sino meramente morales.

Sigue adelante el plan de Donald Trump para «hacer grande América de nuevo», para lo que su única estrategia parece no ser otra cosa que deshacer todas y cada una de las medidas aprobadas por Barack Obama. Después de que en marzo le fuera imposible revocar el Obamacare al votar en su contra los «halcones» republicanos, este viernes, 6 de octubre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos aprueba una nueva normativa dirigida al personal sanitario a quienes amplia el margen para la discriminación por motivos morales y religiosos, que afectaría principalmente a las mujeres y al colectivo LGBT.

Una de las prestaciones del Obamacare era cubrir los métodos anticonceptivos de la mujer, pero con esta nueva normativa, las asociaciones sin ánimo de lucro, grandes compañías y empresas privadas tienen autorización para dejar de ofrecer anticonceptivos a través de sus planes de seguro de salud si tienen una «objeción religiosa o moral sinceramente sostenida». Pero además, esta misma disposición se extiende a pequeñas empresas y organizaciones que tengan objeciones «sobre la base de la convicción moral que no sea base en ninguna creencia religiosa particular».

Según Helth and Human Services, el impacto de esta medida afectaría solamente a un «99,9 % de las mujeres», basándose en que la mayoría de las 165 millones de mujeres que viven en los Estados Unidos no están en edad de procrear y teniendo en cuenta que sólo alrededor de 120.000 podrían ser afectadas al trabajar en alguna de las 200 entidades que han estado relacionadas con alguna demanda sobre el control de la natalidad. Sin embargo, expertos legales como Tim Jost, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee, argumentan que esta medida podría abrir la puerta a que cientos de empresas abandonen esta cobertura basándose en la libertad religiosa, como podrían ser los cientos de hospitales católicos, hogares de ancianos y organizaciones vinculadas con la iglesia, que simplemente podrían dejar de proporcionar preservativos de manera gratuita.

«La protección constitucional de las creencias religiosas y el derecho a ejercer esas creencias han servido bien a este país, nos han hecho uno de los países más tolerantes del mundo y también han ayudado a convertirnos en los más libres y generosos (…). El presidente Trump prometió que esta administración predicaría con el ejemplo en lo relativo a la libertad religiosa, y está cumpliendo esa promesa», declara Jeff Sessions, el ultraconservador fiscal general de la administración Trump, aludiendo a aquella afirmación de su presidente cuando aseguraba en marzo que «jamás, nunca defenderemos la discriminación religiosa, nunca, nunca». De acuerdo a la directiva del gobierno estadounidense, esta medida tiene efecto inmediato, algo que ha sido aplaudido por los sectores más conservadores, aunque organizaciones como la Unión americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional de la Mujer, el Centro de Derechos Reproductivos y hasta la oficina del Fiscal General de California, Xavier Becerra, se han apresurado a interponer diferentes demandas con el objetivo de impedir su aplicación inmediata. 

Pero esta normativa va mucho más allá, dado que en favor de la libertad religiosa, entre los 20 «principios» que señala se encuentra la posibilidad de permitir a estas organizaciones, empresas y compañías la posibilidad de contratar únicamente a aquellas «personas cuyas creencias o conductas sean consistentes con los preceptos religiosos del contratante», permitiendo indirectamente que se pueda despedir a cualquier personas en base a su orientación sexual su identidad de género, o si simplemente son madres solteras, personas divorciadas o profesen otra religión. Una medida que en realidad ya había sido aprobada en marzo, aparte de que su administración ya se habría posicionado en contra del colectivo LGBT en los juicios contra empresas como Masterpiece Cakeshop y Altitude Express Inc, la primera por no querer hacer un pastel de boda a una pareja gay y la segunda por despedir a uno de sus trabajadores por ser gay. Asimismo, esta normativa permitiría que hospitales católicos podrán negar tratamientos a personas homosexuales o transexuales, como ya sucede en los servicios de salud mental en algunos estados.

Fuente Universogay

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