El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado a favor de los dueños de una pastelería de Irlanda del Norte, que en su día se negaron a elaborar una tarta con un mensaje a favor de matrimonio igualitario. Según la sentencia, la denegación del servicio no fue motivada por la orientación sexual de los clientes, sino por la consigna política que deseaban que incluyera el producto solicitado, por lo que no cabe alegar que haya habido discriminación. Mientras que algunas asociaciones LGTB han lamentado el fallo, por temor a sus posibles implicaciones en la denegación de servicios motivadas por la orientación sexual o identidad de género, otros activistas en defensa de los derechos civiles lo han acogido de manera positiva, por estimar que es una victoria de la libertad de expresión y que también protegerá a los proveedores de servicios que sean LGTB de clientes que pretendan que elaboren productos con mensajes LGTBfobos.

La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido da fin a un litigio que se ha prolongado durante cuatro años. Gareth Lee, un activista de la asociación LGTB norirlandesa Queer Space, celebró una fiesta reivindicativa para sus amigos en 2014, para conmemorar el Día Internacional Contra la Homofobia. Se daba la circunstancia, además, de que la celebración ocurriría tan solo unos días después de que la Asamblea de Irlanda del Norte rechazara el matrimonio igualitario por tercera vez consecutiva(posteriormente lo ha hecho en dos ocasiones más, siempre por el bloqueo del conservador Partido Unionista democrático).

Para el encuentro, Gareth encargó a la pastelería Ashers de Belfast una tarta, en la que debía aparecer la imagen de los conocidos personajes de Barrio Sésamo Epi y Blas con el mensaje «Apoya el matrimonio gay». El pedido fue inicialmente aceptado y pagado. Pero, tras examinar los detalles, los dueños de Ashers, Daniel y Amy McArthur, se negaron a cumplir con el encargo, con la excusa de que el mensaje entraba en conflicto con sus creencias cristianas evangélicas, y propusieron a Gareth Lee un reembolso.

Pero Gareth consideró que esa negativa suponía una discriminación por razón de su orientación sexual, y decidió demandar a los pasteleros. Ellos arguyeron ante el tribunal que su negativa no estaba motivada por la orientación sexual de su cliente, sino porque el mensaje «estaba en desacuerdo con los preceptos de la Biblia». El juez, sin embargo, falló a favor del demandante, al estimar que había sido discriminado por razón de su orientación sexual y sus convicciones políticas, algo prohibido expresamente por la Ley de Igualdad norirlandesa de 2006, y condenó a los demandados a abonar una multa de 560 euros.

Daniel y Amy McArthur decidieron apelar la sentencia, pues consideraban que elaborar una tarta con ese mensaje significaba que lo apoyaban, y eso vulneraba su libertad religiosa. Para ello contaron con la ayuda legal y financiera del Instituto Cristiano, bien conocido por su actitud LGTBfoba. Gareth Lee, por su parte, consiguió el apoyo legal de la Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte, un organismo de financiación pública.

Tras cuatro días de sesiones, el 24 de octubre de 2016 el Tribunal de Apelaciones de Belfast dictaminó a favor de Gareth Lee, confirmando la sentencia del tribunal de primera instancia, que encontró «ajustada a derecho», pues los dueños de Ashers «discriminaron al demandante directamente por motivo de su orientación sexual, lo que contraviene la Ley de Igualdad de 2006».

Los dueños de la pastelería decidieron seguir litigando y recurrir al Tribunal Supremo del Reino Unido, la última instancia posible. Tras dos años de espera, el alto tribunal dio a conocer su dictamen el pasado 10 de octubre. La sentencia, cuya ponente ha sido la jueza Lady Hale, niega el hecho de que la denegación del servicio se produjera por razón de la orientación sexual del cliente, sino por el contenido político del mensaje. Es más, en la argumentación alude a un caso semejante ocurrido en los Estados Unidos en el que los dueños de una pastelería se negaron a elaborar una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo. En esa ocasión, estima la jueza Hale, sí que se discriminó a los clientes por razón de su orientación sexual, pues no se les hubiera denegado el servicio si se hubiera tratado de una pareja heterosexual.

En el caso norirlandés, sin embargo, la magistrada estima que los dueños de la pastelería también se hubieran negado a elaborar la tarta con ese mismo mensaje aunque los clientes no pertenecieran al colectivo LGTB, pero que hubieran aceptado realizar el pedido para el mismo cliente si la tarta no incluyera ese tipo de mensaje. En la resolución, la jueza Hale afirma que «es profundamente humillante, y una afrenta a la dignidad humana, negarle un servicio a alguien por su raza, género, discapacidad, orientación sexual o cualquiera de las otras características personales protegidas. Pero eso no es lo que sucedió en este caso». Por tanto, falla a favor de los demandados y resuelve la anulación de las sanciones establecidas anteriormente.

Desde asociaciones de defensa de los derechos LGTB, como la norirlandesa The Rainbow Project, se ha acogido el fallo del Tribunal Supremo con gran preocupación. Su director, John O’Doherty, afirma que «creemos que se trata de una discriminación directa para la cual no puede haber justificación. Sin embargo, nos tomaremos tiempo para estudiar esta sentencia del Tribunal Supremo y entender por completo sus implicaciones para los derechos de las personas LGBT de acceder a bienes, instalaciones y servicios sin discriminación. Sin embargo, lo más dañino de todo ha sido el intento de los políticos de utilizar este caso para justificar la modificación de la ley para permitir que las empresas discriminen a las personas LGBT con la llamada “cláusula de conciencia”».

Por su parte, el activista por los derechos humanos, y especialmente los LGTB, Peter Tatchell, se ha felicitado por el fallo del alto tribunal, por entender que se trata de «una victoria para la libertad de expresión». Según Tatchell, la sentencia «además de significar que los Ashers no pueden ser obligados legalmente a ayudar a promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, también significa que los pasteleros homosexuales no pueden ser obligados por ley a decorar pasteles con lemas contra los matrimonios homosexuales. Las empresas ahora pueden rechazar legalmente la solicitud de un cliente de poner un mensaje político si alegan una objeción de conciencia al respecto. Esto incluye el derecho a rechazar mensajes que sean sexistas, xenófobos o antigais, lo cual es bueno. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con la oposición de Ashers al matrimonio igualitario, en una sociedad libre, ni ellos ni nadie deberían ser obligados a fomentar una idea política a la que se oponen».

Fuente Dosmanzanas

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Por quinta vez consecutiva, el matrimonio igualitario ha sido rechazado por la Asamblea de Irlanda del Norte, el único territorio del Reino Unido en el que no es legal. Sin embargo, en esta ocasión los representantes de la Asamblea sí que votaron mayoritariamente a favor de instar al gobierno a legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el Partido Unionista Democrático utilizó la cláusula que exige que la votación alcance un alto porcentaje en cada uno de los dos bloques, unionista y nacionalista irlandés, para ser considerada favorable.

La diferencia entre esta votación y las cuatro anteriores es que, por primera vez, la propuesta de que el gobierno norirlandés legisle el matrimonio igualitario ha sido respaldada por la mayoría de los votantes de la Asamblea. Aunque, ciertamente, esa mayoría ha sido exigua, pues tan solo ha habido un voto de diferencia: 53 representantes han votado a favor y 52 lo han hecho en contra. Han respaldado la propuesta todos los representantes del Sinn Féin y el Partido Socialdemócrata y Laborista (ambos partidarios de la anexión con Irlanda y de tradición católica), a los que se han unido 4 representantes unionistas independientes. En contra han votado todos los diputados del Partido Unionista Democrático y el resto de unionistas (a favor de la permanencia en el Reino Unido y de tradición protestante).

Tras la victoria de los partidarios de la igualdad LGTB, los miembros del gobernante Partido Unionista Democrático han hecho valer la “petition of concern”, una cláusula que exige que las propuestas obtengan una mayoría mucho más amplia, y por parte de ambos bandos (unionista y nacionalista). En concreto, las proposiciones deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La “petition of concern” debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, con lo que han bastado las firmas de los 37 diputados del Partido Unionista Democrático para hacerla valer.

La “petition of concern” fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores. Por ello han arreciado las críticas por su utilización respecto a un asunto de derechos civiles de las minorías como es el matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como de la protestante, aunque en esta última el sostén, aun siendo también mayoritario, es significativamente menor.

De hecho, eegún una encuesta, el 64 % de la ciudadanía de Irlanda del Norte está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que el principal partido político protestante en la provincia continúa bloqueando la legalización de este tipo de uniones.

Denuncias de abuso en el derecho a veto

John O’Doherty, director de programas de The Rainbow Project, expresaba su desacuerdo con la actitud de los unionistas: “Es cierto que el Partido Unionista Democrático ha abusado de la ‘petition of concern’ para bloquear esta votación y está haciendo caso omiso de la voluntad de la Asamblea y del pueblo de Irlanda del Norte, pero no vamos a permitir que eso mengüe nuestra alegría… nuestra campaña continúa y no concluirá hasta que el matrimonio igualitario sea una realidad en Irlanda del Norte”.

Por su parte, Patrick Corrigan, director de programas de Amnistía Internacional en Irlanda del Norte, declaraba que “el abuso de la ‘petition of concern’ para restringir en lugar de defender los derechos de un grupo minoritario significa que la Asamblea ha fallado de nuevo en cuanto a mantener el nivel de legislación sobre igualdad de otras partes del Reino Unido e Irlanda. La batalla por la igualdad en Irlanda del Norte ahora se trasladará a los tribunales, donde las parejas del mismo sexo han sido forzadas a acudir para asegurar sus derechos como ciudadanos de este país”.

Efectivamente, con el frente parlamentario nuevamente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada el pasado 13 de enero ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

En todo caso, Irlanda del Norte sigue siendo el único territorio del Reino Unido sin matrimonio igualitario, tras la aprobación de las leyes de Inglaterra y Gales y posteriormente Escocia. Una situación que es aún más paradójica desde el resultado ampliamente favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo del  referéndum que se celebró el pasado mes de mayo en la vecina República de Irlanda.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara amarga

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Una pareja del mismo sexo, legalmente casada en Inglaterra, ha presentado una demanda contra la administración de Irlanda del Norte, su actual lugar de residencia, por no reconocer su matrimonio. Tras el reiterado rechazo de los unionistas a las mociones parlamentarias presentadas sobre este asunto, parece que la vía judicial es el único camino para que la igualdad LGTB alcance a todos los territorios del Reino Unido.

Tras la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Escocia el pasado 31 de diciembre, Irlanda del Norte se ha convertido en el único territorio del Reino Unido donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Los unionistas (partidarios de la pertenencia al Reino Unido y principalmente protestantes) han bloqueado reiteradamente todas las iniciativas legislativas que se han planteado al respecto por los nacionalistas (partidarios de la reunificación con la República de Irlanda y mayoritariamente católicos).

En mayo del pasado 2014 lo hicieron por tercera vez, con el rechazo de la moción para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo presentada, entre otros, por los nacionalistas del Sinn Féin. Aunque la moción fue rechazada por 51 votos frente a 43, el Partido Unionista Democrático llegó a anunciar que activaría la cláusula que regula el funcionamiento de la Asamblea de Irlanda del Norte surgido de los acuerdos de paz de 1998 para temas sensibles. Ello obliga a que, independientemente del resultado global, para que una votación se considere positiva debe haber alcanzado la mayoría en cada uno de los dos bloques.

Con el frente parlamentario prácticamente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, ha sido presentada el pasado 13 de enero ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que en principio desean mantener el anonimato. Ambos contrajeron matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. Tan solo se les reconocía automáticamente como integrantes de una unión civil, estatus que en ningún caso fue solicitado por la pareja.

The Rainbow Project, un grupo de defensa de los derechos LGTB, forma parte del equipo legal de los demandantes. Su director, John O’Doherty, estima que la situación norirlandesa en este asunto es “irracional, contraria a los principios del derecho constitucional británico, e incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos”. O’Doherty sostiene con convicción que están “decididos a mantener nuestro criterio de que nadie puede estar casado en una parte del Reino Unido y no estar casado en otra. Una vez que una pareja está casada legalmente en el Reino Unido, mantenemos que su relación no puede ser reclasificada como una unión civil sin su consentimiento, que es exactamente lo que la ley hace actualmente. La legislación dice que las personas legalmente casadas ya no están casadas. Eso es inadmisible y no se puede permitir que prosiga”.

El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

Los demandantes están preparados para un largo proceso, que estiman que puede prolongarse hasta dieciocho meses. También han declarado que, en el caso de que la corte norirlandesa no fuera favorable a sus argumentos, están decididos a llegar hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido e incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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