Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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El Partido Socialista, el Comunista y el Bloque de Izquierda habían prometido esas leyes durante sus campañas para los comicios parlamentarios del mes pasado.

El Parlamento portugués aprobó leyes que permiten adopciones de niños por parejas homosexuales y que las lesbianas obtengan fertilización.

Menos de un año después de su última negativa, el Parlamento portugués ha aprobado este 20 de noviembre la modificación de sus leyes para permitir a las parejas casadas del mismo sexo adoptar hijos. Lo ha hecho, eso sí, después de que en las elecciones generales de octubre el centro-derecha portugués perdiera la mayoría absoluta y de que entre los partidos de izquierda se haya hecho general el sentimiento de que la situación era discriminatoria. Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

Hasta ahora no había sido posible

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. En mayo de 2013 el gobernante PSD (Partido Social Demócrata, que pese a su nombre es de centro-derecha) permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia. El PSD acabó haciendo suya la iniciativa de referéndum, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta), aunque la estratagema se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no podía preguntarse al mismo tiempo sobre coadopción y sobre adopción conjunta, puesto que generaba confusión y la respuesta a una de las preguntas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra. La iniciativa del PS volvió al Parlamento, donde fue derrotada por tan solo cuatro votos.

Los partidos de izquierda no renunciaron a dar la batalla y en enero de este año presentaron tres proyectos para permitir la adopción de menores por parte de las parejas casadas del mismo sexo. Las propuestas fueron derrotadas con los votos del PSD y de sus socios del CDS-PP, situados aún más a la derecha. La novedad, en este caso, fue el voto favorable del Partido Comunista, que en el pasado se había abstenido en las votaciones sobre la materia. Por parte de los dos grandes partidos hubo varios diputados que se saltaron las directrices de su formación: siete representantes del PSD apoyaron la iniciativa del PS y, en sentido contrario, tres socialistas se opusieron a la adopción homoparental.

La nueva mayoría permite el avance

El pasado 4 de octubre tuvieron lugar nuevas elecciones generales. Pese a que PSD y CDS-PP acudieron en esta ocasión coaligados, para no dispersar el voto de derecha, no pudieron revalidar la mayoría absoluta, a pesar de ser la fuerza más votada (36,86%, 102 diputados). El PS consiguió el 32,31% de los votos y 86 diputados, mientras que el Bloque de Izquierda (la formación de que una forma más sólida ha defendido en el pasado los derechos LGTB) ascendía y se situaba por primera vez como tercera fuerza política, con el 10,19% de los votos y 19 escaños. El Partido Comunista, coaligado con Los Verdes, consiguió el 8,25% de los votos y 17 diputados. El partido animalista PAN (Personas-Animales-Naturaleza) consiguió por su parte un diputado.

Las fuerzas de izquierda superaban en escaños al centro-derecha e incluso llegaban a un acuerdo de mínimos para desalojarlo del poder, a pesar de lo cual el presidente Cavaco Silva encargaba a su correligionario Pedro Passos Coelho formar gobierno. Un gobierno al que el Parlamento, lógicamente, negó su confianza el pasado 10 de noviembre. La resistencia de Cavaco a aceptar el resultado electoral, de hecho, mantiene a Portugal en una situación que bien podría considerarse kafkiana (él es quien tiene la prerrogativa de nombrar al primer ministro) y no se descarta que el país se vea obligado a ir a nuevas elecciones.

Sin embargo ello no impide que el Parlamento, ya constituido, pueda aprobar reformas legislativas, y así ha sucedido en el caso de la apertura de la adopción a parejas del mismo sexo. En realidad el Parlamento portugués ha votado (y aprobado) varias iniciativas similares, presentadas por PS, Bloque de Izquierda, Los Verdes y PAN. Sin entrar en el farragoso detalle de cada uno de los proyectos, la posibilidad de que las parejas casadas del mismo sexo puedan adoptar ha sido aprobada con los votos de prácticamente toda la izquierda (se abstuvo Isabel Oneto, una diputada socialista) e incluso ha recibido 19 votos favorables de las filas del PSD, entre ellos los de dos de sus vicepresidentes, Pedro Pinto y Teresa Leal Coelho, y el de la exministra de Justicia Paula Teixeira. Y es que el PSD, consciente de que sus diputados más progresistas eran favorables a la medida, decidió darles en esta ocasión libertad de voto.

El procedimiento parlamentario aún debe culminar

El paso dado, en cualquier caso, no es el definitivo. Los proyectos aprobados pasan ahora la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que deberá consensuar un texto unificado que volverá al pleno para su ratificación final.

En este sentido, hay que tener en cuenta que hay variaciones entre las propuestas aprobadas. La del Bloque de Izquierda, por ejemplo, recoge también una serie de modificaciones en el Registro Civil para permitir, por ejemplo, que los dos miembros de una pareja del mismo sexo que tenga un hijo mediante reproducción asistida sean considerados sus progenitores.

Esperemos que el proceso, en este sentido, culmine pronto y bien y no se vea interrumpido por los vaivenes políticos.

Fuente Dosmanzanas

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Informa Dosmanzanas del giro del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, que tras dejar en mayo que prosperara una iniciativa de “coadopción” (la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro), ahora ha promovido la aprobación por el Parlamento portugués de un referéndum sobre la materia, que también preguntará sobre la adopción conjunta. La izquierda en bloque, e incluso un sector minoritario del propio PSD, se oponen a la convocatoria de un referéndum al que aún deben dar su visto bueno el Tribunal Constitucional y el Presidente de la República.

La propuesta fue aprobada por 103 votos de los socialdemócratas y contó con 93 votos en contra del Partido Socialista (PS), BE (Bloque de Izquierda), PEV (Verdes) y Partido Comunista. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas.

Conviene hacer memoria y recordar lo sucedido meses atrás, cuando el proyecto de coadopción, presentado por el PS con la intención de dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes (de forma que por ejemplo si el padre legalmente reconocido fallece el otro mantenga la custodia de los hijos) fue votado en primera lectura. Entonces la ausencia (todo apunta que intencionada) de un numeroso grupo de diputados del PSD, unido a los votos afirmativos de 16 de ellos, permitieron su aprobación. Una actitud que al parecer causó malestar entre las bases más conservadoras de dicho partido, frontalmente opuestas a reconocer derecho de parentalidad alguno a las parejas del mismo sexo. Ello ha derivado en que ocho diputados pertenecientes a las juventudes del PSD presentaran como alternativa la propuesta de convocar un referéndum sobre la materia, para así evitar tener que posicionarse en el Parlamento.

El grupo parlamentario del PSD aceptó la propuesta, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre la coadopción y otra sobre la adopción conjunta plena) e impuso a sus diputados la disciplina de voto, lo que ahora ha causado malestar entre los diputados más progresistas. Teresa Leal Coelho, vicepresidente del PSD y del propio grupo, se ausentó por ejemplo de la votación y presentó su dimisión del último cargo por estar en contra de que este tema se someta a referéndum.

La decisión del PSD, en cualquier caso, fue recibida por la oposición con grandes muestras de protesta y es vista -como bien señala hoy el editorial del diario portugués Público– como un ejercicio de cobardía política. También ha provocado malestar el hecho de que el PSD imponga un referéndum en el que en lugar de limitarse a preguntar sobre el proyecto de ley en disputa (la coadopción) incluya una pregunta sobre la adopción conjunta plena, una posibilidad que el proyecto ni siquiera contempla.

Un poco de historia

La ley portuguesa de matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobada en febrero de 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. Una limitación impuesta por el entonces gobernante PS contra el criterio de otros grupos de izquierda y que muchos consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual.

De hecho, la ley de matrimonio fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, pero curiosamente la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional. En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero ya entonces varios diputados del PS expresaron su intención de promover un nuevo proyecto que legalizara al menos la coadopción.

¿Qué pasará ahora?

El hecho de que el Parlamento portugués haya aprobado la convocatoria de un referéndum no significa necesariamente que este se vaya a celebrar. Por lo pronto, se necesita el visto bueno del Tribunal Constitucional portugués y del Presidente Cavaco. Y en ninguno de los dos casos es seguro que vayan a darlo.

A la luz de los antecedentes, no es descartable en primer lugar que el Tribunal Constitucional considere inconstitucionales las preguntas, lo que abriría un interesante proceso en función de sus razonamientos. En caso de que no fuera así, el propio Cavaco puede decidir no convocar un referéndum que le resultaría muy incómodo y devolver la pelota al tejado del Parlamento. En caso de veto presidencial sería necesario el voto de una mayoría absoluta de 116 diputados para levantarlo, algo que en la coyuntura descrita no parece probable.

Los activistas LGTB portugueses, entretanto, han recibido la noticia con desencanto e indignación, aunque muchos ya temían algo así. Es el caso de Fabíola Cardoso, madre de dos hijos de 9 y 11 años e enferma de cáncer, que ve como a día la otra madre de sus hijos sigue sin ser reconocida lealmente como tal. Cardoso, aún así, confíó en una ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos diputados del PSD que no se llegó a producir. “Esperaba que en el último momento hubiese un sentimiento mínimo de decencia”, cuenta.

Existe en cualquier caso entre los activistas el convencimiento de que, por las razones expuestas, el referéndum no se llegará a celebrar y de que lo sucedido no es en realidad más que una estrategia dilatoria del PSD.

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